I. El contexto de la criminalización contra defensores y defensoras de Guapinol y San Pedro

En marzo de 2019, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), realizó un análisis de coyuntura sobre la lucha por la defensa de su territorio y de sus ríos, que desde el año 2018 comenzaron a hacer visible los habitantes de los sectores conocidos como San pedro y Guapinol[1], comunidades del departamento de Colón, Honduras, que defienden sus ríos de la irrupción de  una empresa minera que pretende explotarlos.

En ese análisis se puntualizaron tres escenarios que podían suscitarse en los siguientes meses: 1) Cancelación de la concesión minera, 2) Radicalización del conflicto y profundización de la criminalización y, 3) Militarización del territorio, la continuidad de proyecto minero y la desaparición del movimiento territorial.

La coyuntura territorial en las comunidades de Guapinol y San Pedro durante el período de abril a septiembre de 2019, se ha movido en los tres escenarios arriba mencionados. Sin embargo, los escenarios 2 y 3 son los que marcan el contexto actual. Las acciones de criminalización, judicialización y militarización acontecen en un clima social de rechazo generalizado hacia la instalación de una empresa minera en el Parque Nacional Carlos Escalera, ubicado entre las comunidades de Guapinol y San Pedro.

En un reciente estudio publicado por el CESPAD[2], el 96% de la población encuestada expresó estar en contra del proyecto minero, un 39.4% afirmó que las causas que originaron el conflicto están relacionadas con los daños al medio ambiente. Para el 30.7% el conflicto se debió a la ausencia de consulta ciudadana para la instalación de la empresa minera y el 22.8% estableció que se debió a la ilegalidad en el proceso de concesión en favor de Empresas Los Pinares.

En ese marco, entre abril y mayo del 2019, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y su cuerpo de abogados, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que declare inconstitucional la concesión minera otorgada a Empresa Los Pinares, y de esa manera acabar con el origen del conflicto, por estar dentro del perímetro del área protegida donde está ubicado el Parque Nacional Carlos Escaleras.

Hasta la fecha, la CSJ no se ha pronunciado sobre ese recurso y la lucha territorial se ha mantenido en medio de ese limbo judicial. Entre junio, julio y agosto se realizaron diversas acciones de protestas que estuvieron orientadas a:

• Presionar a la Corporación Municipal de Tocoa (toma de la municipalidad)
• Evidenciar públicamente el descontento por el accionar de Empresa Los Pinares (toma del plantel de dicha empresa)
• Caminata de manifestantes de Tocoa a Progreso (posicionando el conflicto territorial en los medios de comunicación) y.
• La instalación de un campamento de resistencia frente al Ministerio Publico (MP) (exigiendo un juicio transparente contra los defensores de Guapinol y San Pedro).

En ese contexto de resistencia, el desalojo de los pobladores estuvo acuerpado por las fuerzas policiales y militares. Entre abril y julio la intimidación, hostigamiento, estigmatización y persecución encontraron su punto más álgido, mediante campañas de desprestigio por las redes sociales, patrullajes permanentes por las comunidades, retenes que controlan las entradas y salidas de las comunidades, la militarización del territorio, persecución y vigilancia hacia los defensores y defensoras[3].

En ese contexto adverso para la lucha territorial, la criminalización, durante los meses de agosto y septiembre, alcanzó altos niveles de tensión política: asesinatos y prisión preventiva. El 28 de agosto fueron asesinados los defensores Roberto Argueta y José Mario Rivera. Los crímenes provocaron que la Secretaría de Derechos Humanos[4], Karla Cueva, exigiera públicamente investigar los crímenes y reconociera la contribución de los ambientalistas en la protección del medio ambiente[5]. Hasta la fecha de realización de este análisis los entes policiales y judiciales no se han pronunciado al respecto.

El viacrucis carcelario de los defensores de Guapinol

El 26 de agosto del 2019, ocho defensores acusados de asociación ilícita, incendio agravado y privación de libertad se presentan voluntariamente a los juzgados. El 1 de septiembre, una jueza de jurisdicción nacional dictó prisión preventiva contra esos 8 defensores, únicamente por el delito de incendio agravado, a pesar que en marzo de 2019, a 13 defensores imputados por los mismos delitos, un juez de jurisdicción nacional les dictó sobreseimiento definitivo, por falta de pruebas contundentes.

El dictamen de la jueza estableció que los defensores se trasladaran al centro penal de Olanchito, departamento de Yoro. Sin embargo, permanecieron recluidos en la Penitenciaría Nacional ubicada en Támara, Francisco Morazán, hasta que el  5 de septiembre, por órdenes del Instituto Nacional Penitenciario (desobedeciéndose la orden de la jueza), los defensores fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad denominada “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso. En esta prisión se ha denunciado la práctica de torturar a los privados de libertad, en especial a quienes se han llevado a prisión por pertenecer a la oposición política y social del país.

En ese marco de lucha territorial, el Gobierno de Honduras ha puesto en marcha una política de criminalización, presuntamente para apoyar a la empresa Pinares, que trata a los defensores y defensoras como criminales con una pretensión clara de convertirlos legalmente en delincuentes para eliminarlos de la escena político-social.

El actual proceso en contra los defensores y defensoras de Guapinol y San Pedro, presenta al menos 4 estrategias: estrategia política (criminalización de la protesta social), estrategia de desinformación (estigmatización y desprestigio), estrategia mediática (discursos de odio y violencia) y estrategia de persecución penal (judicialización y cárcel).

En este análisis se desarrollan ampliamente esas estrategias. Previamente se indaga sobre el marco legal que se utiliza para judicializar a las y los defensores, las características y la lógica de política de criminalizaron, las principales modalidades represivas y los actores involucrados en el actual proceso de criminalización y judicialización.

II. El marco legal y las principales características de la estrategia de criminalización en Guapinol y San Pedro

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece en sus distintos informes que la criminalización significa “atribuir carácter criminal a alguien o algo”. También enfatiza, que la criminalización no solo es la represión, es una política más compleja, que incluye el entramado político/ jurídico/ social y hasta el cerco mediático comunicacional que permite que la protesta social sea mirada como un factor de delito.

A. El marco legal

En Guapinol y San Pedro, las figuras utilizadas para la judicialización de los defensores y defensoras del medio ambiente son: delitos de usurpación, daños, secuestro, incendio agravado, asociación ilícita, portación ilegal de armas y privación injusta de la libertad, los cuales están contenidos en el Código Penal. El marco legal utilizado para judicializarlo/as presentan dos características principales: la instrumentalización del sistema de justicia y las irregularidades en la aplicación del derecho penal.

En relación con la instrumentalización del sistema de justicia, es el primer caso de ambientalistas acusados en juzgados de jurisdicción nacional, en los que se juzgan delitos relacionados al crimen organizado y asociación ilícita, ubicando a los defensores y defensoras en la categoría de delincuentes de alta peligrosidad.

También resalta la manera en que el Ministerio Público (MP) y la Dirección Policial de Investigación (DPI), al grado más cínico, han sido los entes encargados de fabricar pruebas falsas para judicializar a los defensores y defensoras a nivel nacional[6]. En este punto resalta el hecho de cómo la DPI usurpa funciones al realizar labores de inteligencia que solo pueden realizarse a través de la Dirección de Investigación Policial (DIPOL).

Asimismo, sobresale la manera en que la CSJ y el MP no actúan de oficio contra las denuncias y peticiones presentadas por las organizaciones territoriales.

En lo referente a las irregularidades en la aplicación del derecho penal, sobresale la manera en la que no se ha respetado el debido proceso, la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad del castigo, la legalidad del derecho, el respecto al debido proceso y el respeto a los derechos humanos

Además de un Código Penal que facilita los procesos de judicialización, hay todo un marco normativo que favorece los intereses del capital nacional y extranjero. Entre ellas sobresale la Ley General de Minería (Decreto 238-2012), la que no obliga a las empresas extractivistas a respetar los derechos humanos de las comunidades.

B. Características y principios de acción de la política de criminalización

Las actuales estrategias de criminalización contienen un carácter contrainsurgente. Dos son sus características principales: acciones encaminadas a debilitar la acción de resistencia y lucha territorial a través de “operaciones de tipo militar, policiales y de inteligencia” y acciones encaminadas a influir en los ánimos de la población, a través de propaganda y campañas de desinformación, estigmatización y desprestigio que funcionan como una especie de “guerra psicológica”que buscan confundir y generar división en las comunidades.

Alrededor de esas dos características se desprenden tres principios de acción sobre los que se materializa la política de criminalización. Principio acción estratégica, busca debilitar/desaparecer el actual proceso de expansión y radicalización de la lucha socioambiental. Principio de acción represivo, el Estado y la empresa intentan imponer el proyecto extractivo a través de la violencia y el uso excesivo de la fuerza. Principio de acción institucional, se instrumentaliza gran parte de la institucionalidad pública para emprender acciones de criminalización y judicialización.

Esos principios de acción tienen grandes implicaciones políticas para el trabajo de defensoría que realizan los defensores y defensoras. Las implicaciones del principio estratégico, las y los defensores son considerados como enemigos políticos que perturban el orden público y atentan contra la seguridad del Estado. Sobre el principio represivo, una de las mayores implicaciones es que los defensores y defensoras son considerados como subversivos, criminales y delincuentes de alta peligrosidad. Y respecto al principio de acción institucional, se promueve un tipo ideal de control social, mediante modalidades represivas que operan como mecanismos de control funcionales a los intereses de las empresas extractivistas.

Las características y los principios básicos de acción, como elementos rectores de la criminalización, están poniendo en riesgo la vida y la integridad física de los defensores y defensoras, lo cual se evidencia mediante las acciones de represión que se han venido recrudeciendo entre los meses de abril y septiembre del 2019.

C. Principales modalidades represivas

Por modalidad represiva vamos a entender aquellos mecanismos sobre los cuales se llevan a cabo los principios de acción de la estrategia política de criminalización. En el caso de Guapinol y San Pedro, identificamos las siguientes modalidades represivas:

1. Creación de enemigos públicos y políticos: Estado y empresa han convertido a los defensores y defensoras en enemigos públicos, sosteniendo que se oponen al desarrollo de las comunidades y como personas que perturban el orden público y atentan contra la seguridad del Estado.
2. Vigilancia individual y colectiva: Como manifestación de la persecución política, los defensores y defensoras son vigilados constantemente en el plano individual (labores diarias) y en el plano colectivo (quehacer organizativo).
3. Vigilancia comunitaria: En el afán de mantener el control y generar miedo en las comunidades, las fuerzas policiales y militares realizan constantemente patrullajes por las comunidades Acciones que buscan infundir miedo y terror hacia los pobladores.
4. Intimidaciones: Se han manifestado a través de hostigamiento, amenazas persecución, ataques y atendados, como mecanismos de advertencia que busca que los defensores y defensoras desistan de sus acciones de defensoría (el derecho a defender derechos).
5. División y enfrentamientos en las comunidades: Ante la solidez y legitimidad de la organización territorial, las empresas emprenden acciones orientadas a generar división en las comunidades, por ejemplo, la conformación de grupos armados.
6. Represión policial y militar: La violencia y uso de la fuerza como modalidad represiva para contrarrestar los procesos de resistencia territorial, las que en la mayoría de los casos es acompañada por los guardias de seguridad de la empresa minera.
7. Acoso hacia las mujeres:  Las mujeres participan activamente en acciones de defensoría y cumplen un rol estratégico en el actual proceso de lucha territorial. Eso ha conllevado a que las fuerzas policiales y militares, viertan expresiones (intimidación, sexuales) que ponen en peligro su vida y labor de defensoría.
8. Uso indebido del derecho penal: Procesos de persecución penal que no respetan el debido proceso y violentan los derechos humanos de las y los defensores.
9. Asesinatos selectivos: Cuando las anteriores modalidades represivas no logran apagar las voces de las y los defensores, se opta por poner en práctica el asesinato selectivo de líderes territoriales.

Estas modalidades represivas son mecanismos de control social que en el corto plazo buscan los siguientes objetivos: desaparecer la actual lucha socioambiental, asegurar la instalación/operación del proyecto minero e infundir miedo y terror hacia otras comunidades del territorio nacional que en el corto plazo intenten sublevarse contra la actual política extractivista.

D. Los actores de la criminalización

Las modalidades represivas son ejecutadas por una serie de actores, los que haciendo uso de la institucionalidad pública son los responsables de la actual infracción de derechos humanos hacia los defensores y defensoras.

El actor principal es el Estado, a través de sus diferentes órganos tales como las secretarías de Estado, Presidencia, Fiscalías, alcaldes y juzgados. La empresa Inversiones Los Pinares es otro actor significativo.

Los miembros de la fuerza pública, la policía y los militares, aunque son parte del Estado, son un actor particular y determinante en este fenómeno, pues actúa con una lógica diferente a la de los demás sectores del Estado, priorizando el uso de la violencia.

III. Estrategias de criminalización presentes en el caso de Guapinol y San Pedro

En el caso de Guapinol y San Pedro están presentes las siguientes estrategias de criminalización:

A. Estrategia política: la protesta social

La protesta social es una forma de reclamo, como una vía no institucional, es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional que no está reconocido con ese nombre, pero que está implícitamente reconocido en la libertad de pensamiento, en la libertad de conciencia, en la libertad de expresión, en la libertad de reunión, en la libertad de opinión y en la libertad de asociación.

Principal objetivo

El objetivo político de esta estrategia de criminalización es debilitar la fuerza creciente de la lucha territorial, inmovilizar las denuncias y demandas de las organizaciones territoriales. De igual forma, se busca mandar un mensaje de terror y temor hacia las comunidades y a todos aquellos territorios que actualmente resisten contra la instalación de proyectos extractivos.

Métodos utilizados

Para criminalizar la protesta social, el Estado e Inversiones Pinares han hecho uso del marco normativo legal existente, han recurrido a las principales instituciones públicas y solicitado apoyo de las fuerzas militares y policiales, además de empresas de seguridad privada, para ejercer acciones de represión de protestas, persecución, intimidación, hostigamiento, vigilancia comunitaria y militarización del territorio.

B. Estrategia de desinformación: estigmatización y desprestigio

Gozar de información objetiva y transparente es un elemento básico para la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la vida democrática. Lo anterior permite la solución de los conflictos mediante mecanismo de diálogo y participación de los actores involucrados, en el marco de la deliberación política, respeto y tolerancia.

Principal objetivo

El objetivo de esta estrategia de criminalización ha sido la estigmatización y desprestigio de los defensores y defensoras de los bienes comunes. Con esta acción ha quedado clara la política de terror que se esconde detrás del proyecto minero, a través de fines concretos: generar rechazo por parte de la población hacia el trabajo de defensoría; desacreditar, discriminar, excluir y exponer de manera pública a los defensores como enemigos del desarrollo y del Estado.

Métodos utilizados

En las sociedades democráticas los medios de comunicación son generadores de opinión pública y el puente sobre el cual llegan los problemas sociales a los representantes del pueblo. En ese marco los conflictos se gestionan democráticamente y la opinión pública abre el debate sobre los temas de fondos que generan los conflictos y expone objetivamente las principales demandas de los actores en disputa.

C. Estrategia mediática: discursos de odio y violencia

Principal objetivo

El objetivo político de la criminalización mediática, ha sido pretender desplazar el tratamiento del conflicto socioambiental hacia lo judicial, como una estrategia de control social por parte del poder dominante. En ese marco, el discurso mediático ha estado orientado en mostrar dos aspectos: la violencia y el temor de alterar la paz social, que se le atribuye a la protesta social y a las acciones del movimiento socioambiental.

La cobertura mediática del conflicto en Guapinol y San Pedro han estado marcadas por una presentación de carácter violenta, construyendo una imagen del conflicto “callejero y vandálico”, obviando el tema de fondo: la cancelación de la concesión minera y los impactos ambientales. La segunda vía, mediante un discurso mediático que se trasmitió a través de columnas de opinión, notas periodísticas, programas televisivos y noticieros con mensajes que hacían referencia al caos, desorden y alteración de la paz social y obviando los planteamientos y demandas de las comunidades.

Métodos utilizados

Para la criminalización mediática se ha movilizado a algún sector de los medios de comunicación al igual que al sector privado empresarial, el que mediante sus discursos y posicionamientos han profundizado la criminalización mediática.

D. Estrategia de persecución penal: la judicialización y cárcel

El derecho penal cumple con la función de proteger a la sociedad de sí misma, mediante la aplicación de una serie de leyes que regulan la vida del hombre en sociedad. En el derecho penal la aplicación de la ley no es arbitraria ni antojadiza ya que se encuentra regulada por una serie de principios:  la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad del castigo, la legalidad del derecho, el respecto al debido proceso y el respeto a los derechos humanos.

Principal objetivo

La criminalización encuentra su punto político más alto en el tema de la judicialización de defensores y defensoras. En el caso de Guapinol y San Pedro, se ha caracterizado por violentar los principios básicos del derecho penal y por la manipulación del sistema de justicia penal. Entre los aspectos más importantes podemos mencionar: la imputación de delitos (asociación ilícita, incendio agravado, usurpación), la realización de audiencias en juzgados de competencia nacional (ventilan casos de crimen organizado) y por la construcción de pruebas falsas por parte del Ministerio Público.

El objetivo detrás de esta estrategia de criminalización ha sido impedir el ejercicio legítimo de los defensores y defensoras al derecho a defender los derechos humanos y desacreditar las causas que motivan el ejercicio de resistencia territorial.

Métodos utilizados

La CIDH establece que el principal método utilizado es el derecho penal, en el que se presentan una serie de actores estatales que intervienen en el proceso, como legisladores, jueces, fiscales, ministros, policías y militares. También intervienen actores no estatales como las empresas privadas nacionales y guardias de seguridad privada.

IV. Demandas al Estado y recomendaciones al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa

Se le demanda al Estado de Honduras que asuma su responsabilidad política y le dé respuesta a las causas de fondo que han generado el conflicto socioambiental en las comunidades y los actuales procesos de criminalización, judicialización y asesinatos.

Primera demanda. La derogación del Decreto No. 252-2013, que reduce la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera y la cancelación de los permisos de operación a Inversiones Los Pinares para las concesiones ASP1 y ASP2.

Segunda demanda. Reconocer públicamente el papel fundamental que ejercen las defensoras y defensores de derechos humanos para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho. De igual forma, velar por que los tipos penales la legislación estén formulados de manera conforme con el principio de legalidad.

La tercera demanda. Abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores y que sugieren que así como las organizaciones de derechos humanos, actúan de manera indebida o ilegal solo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos.

La cuarta demanda. El Estado debe asegurar que el Sistema de Justicia trámite diligentemente las denuncias interpuestas por defensores y defensoras, con el objetivo de judicializar a los actores responsables de generar el conflicto en las comunidades en resistencia. De igual forma, investigar los asesinatos ocurridos en el marco del conflicto.

La quinta demanda. El Estado, mediante los entes encargados, debe de promover la cultura de diálogo y respeto a través de acciones vinculantes encaminadas a detener las actuales campañas de estigmatización y desprestigio promovidas desde los diferentes espacios de generación de información y opinión pública.

A continuación, se proponen una serie de recomendaciones al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, con el objetivo de fortalecer el actual proceso político y legal contra la criminalización de las y los defensores.

Primera recomendación. El reciente encarcelamiento en “La Tolva” de los 8 defensores del agua y vida, obligan al Comité de Bienes Comunes realizar un replanteamiento estratégico de su lucha y consolidar las redes de apoyo al conflicto. El replanteamiento puede girar en tres vías: organizativo-estratégico, hegemónico- político y colectivo-mediático.

1. Organizativo- estratégico: es importante promover espacios de encuentro y articulación entre las distintas organizaciones territoriales y organizaciones que acompañan el actual proceso de lucha socioambiental en Honduras. Obtener “consenso crítico” sobre los actuales retos y desafíos que enfrentan las organizaciones territoriales es el punto de partida para pensar acciones nacionales orientadas a frenar la ola creciente de criminalización, judicialización y asesinatos.
2. En lo hegemónico-político: es pertinente unificar en una propuesta global todas las reivindicaciones, o al menos las más urgentes para todos, con el objetivo de establecer agendas hegemónicas de lucha en común orientadas a darle respuestas a las causas de fondo que generan las actuales políticas de criminalización contra las y los defensores de los bienes comunes en el país. El “consenso hegemónico”, orienta las acciones políticas y permite el logro los objetivos trazados en cada uno de los procesos de resistencia territorial.
3. En lo colectivo-mediático: la acción política debe de trascender el carácter vanguardista y coyuntural, sino que debe de enfocarse en los problemas de fondo que generan las actuales políticas de criminalización y judicialización. Las autonomías políticas fragmentan y las fragmentaciones aíslan las luchas, es por ello que es necesario la constitución de un solo bloque social que actúe colectivamente: solos y aislados lo mediático es débil.

Segunda recomendación. Ante el actual “Estado de excepción”, producto de las actuales políticas extractivistas, es de suma importancia la construcción de redes comunitarias de vigilancia, resguardo y cuidado, orientadas a preservar la vida y la integridad física de las y los defensores que actualmente se encuentran en riesgo y peligro de ser asesinados.

Tercera recomendación. Reforzar el actual proceso de incidencia política que se realiza a nivel nacional e internacional, como un móvil encaminado a presionar al Estado para que tome medidas políticas vinculantes encaminadas a darle respuesta a los problemas de fondo que han generado el conflicto y el actual proceso de criminalización.

Cuarta recomendación. Es de suma importancia darle mayor fuerza y consistencia a la acciones políticas y legales encaminadas a detener los principales actores que promueven las distintas estrategias de criminalización presentadas en el actual conflicto, como medida de presión orientada a disminuir los riesgos que presentan las y los defensores en su trabajo de defensoría.

AnálisisCoyuntura – CESPADGuapinol

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/coyuntura-desde-los-territorios-que-estrategias-utiliza-la-empresa-minera-para-criminalizar-a-las-y-los-defensores-del-agua-en-guapinol-y-san-pedro/?fbclid=IwAR3rDUJofz5LPghKUtq-njAJH0vlto3uCelbvqrOZWRNJPWHCStdwnM7XPA

Cerca del 20 por ciento de las concesiones mineras y de producción de energía e hidrocarburos en Honduras se encuentran en territorios indígenas y negros, aumentando la conflictividad en el país considerado uno de los más peligrosos para la defensa del medioambiente.

Para el director del Comité por la Libre Expresión, Edy Tábora, el procedimiento para la instalación de los proyectos extractivistas y la resistencia de los pueblos, “siempre es [de] la misma manera”, es decir “el Congreso Nacional da una licencia una concesión sin hacer ninguna consulta a los Pueblos Indígenas o a las comunidades, luego las municipalidades dan un permiso de operaciones también inconsulta, y luego la comunidades se organizan, hace resistencias, pero después la empresa privada presenta las denuncias ante el Ministerio Público”, criminalizando a los defensores.

Sobre la consulta previa y en el marco del el Foro Regional contra la Minería, la líder garífuna y coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Mirian Miranda, expuso “el gobierno a través de la Republica de Honduras dice que los pueblos indígenas no tenemos derecho a veto es a decir que no, eso es vergonzoso, pero a lo que tenemos derecho es a la libre determinación que son cosas diferentes a tomar las decisiones en nuestros propios territorios nuestras propias comunidades, las comunidades pueden ejercer la autonomía y la resistencia”.

Las luchas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza están brotando desde las comunidades más humildes del país. Los pobladores y pobladoras han comprendido, porque lo viven día a día, que los bienes comunes de la naturaleza representan la vida de está humanidad cada vez más devastada ambientalmente.

A pesar de la criminalización y persecución que el Estado hondureño ha montado contra los luchadores y luchadoras que defienden el medio ambiente, las comunidades organizadas de varios municipios del país continúan con el proceso para evitar que estos proyectos de muerte se instalen y acaben con sus bienes naturales.

En el país más de 45 municipios, en las distintas regiones han realizado declaratorias contra los proyectos mineros e hidroeléctricos.

La declaratoria más reciente se realizó en el municipio de Santiago de Puringla en el departamento de La Paz, a través de un cabildo abierto donde decenas de comunidades indígenas lencas dijeron: No a los proyectos mineros e hidroeléctricos. La decisión se ratificará a través de una consulta que se desarrollará en los meses próximos.

Félix Vázquez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo UTC, asegura que el cabildo abierto fue convocado por las organizaciones campesinas e indígenas, en el mismo se movilizaron al menos 2,000 personas de las diferentes comunidades.

Dijo que, la consulta soberana se realizará posiblemente en enero porque durante el tiempo restante se trabajará en una propuesta que será consensuada con todas las comunidades.

El líder comunitario dice que la iniciativa de la declaratoria surge a raíz de las intenciones que tiene una empresa minera de instalarse en la zona, asimismo, existe la amenaza de construir represas hidroeléctricas en los principales ríos que abastecen de agua a las comunidades.

Guajiquiro

Cansados que sus recursos naturales sean entregados a manos de empresarios y políticos de la zona, al menos 45 comunidades presionaron a las autoridades municipales de Guajiquiro, La Paz, para declarar al municipio libre de proyectos hidroeléctricos y mineros.

Julián Mendoza representante del Comité para la Protección de la Microcuenca Cancire, dice que en la zona la diputada Gladys Aurora López, a través de su empresa “Inversiones Aurora”, ha intentado convencer a las comunidades para instalar un nuevo proyecto hidroeléctrico, en una de las principales fuentes de agua del municipio.

Agregó que, aunque ya ha quedado plasmado en actas municipales que se prohíben las concesiones en el municipio, las comunidades y organizaciones continuarán con el proceso de organización.

La Paz es uno de los departamentos con mayor cantidad de municipios que se han declarado libres de proyectos mineros e hidroeléctricos.

Campaña de estigmatización

Las comunidades indígenas Lencas del departamento de La Paz enfrentan una oleada de conflictos generados por la defensa de sus territorios amenazado constantemente por el gran capital que, en nombre del desarrollo, busca despojarlos de sus bienes comunes.

En la zona continúa imparable la persecución, criminalización y las campañas de desprestigio contra los defensores y defensoras del ambiente.

Martín Gómez Vásquez representante del Movimiento Independiente Lenca La Paz Honduras MILPAH, asegura en las últimas semanas, a raíz de la lucha contra la instalación de represas hidroeléctricas, en Guajiquiro, se han incrementado los ataques y las campañas de odio contra líderes ambientalistas.

El líder comunitario asegura que los ataques vienen de gente ligada con los proyectos mineros e hidroeléctricos, liderados por la diputada nacionalista Gladys Aurora López.

Según del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Milpa, son unos 40 conflictos que hasta ahora han documentado, todos relacionados a su defensa de la autodeterminación del Lenca.

Según Global Witness, Honduras es el país más peligroso para defender el planeta. Desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas que se opusieron a las represas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/municipios-de-la-paz-se-suman-a-declaratorias-de-zonas-libres-de-mineria-e-hidroelectricas/?fbclid=IwAR0nXpmWqOxHM0bodOzhKk12OVKCkSJ86lFmPXg4MmISNMZN29Qr6PcuOGE

Una jueza con competencia nacional dictó esta noche prisión preventiva por el delito de incendio agravado a siete ambientalistas que se oponen a un proyecto minero, que se construye al margen de la ley en  la comunidad de Guapinol, ubicada en el municipio de Tocoa, Colón.

Los siete pobladores fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” de Támara, Francisco Morazán, tras una intensa audiencia inicial desarrollada en los Tribunales en Materia Antiextorsión de Tegucigalpa.

El director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, que además forma parte de los abogados defensores de los ambientalistas, denunció que el juicio está plagado de irregularidades.

El defensor de los derechos humanos citó entre las irregularidades que el agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Wilmer Márquez, usurpó funciones al realizar labores de «inteligencia» que solo pueden realizarse a través de la Dirección de Investigación Policial (DIPOL). “Lo que queda claro en la audiencia inicial, es que estos agentes para realizar los informes se basan en chismes», dijo Tábora.

Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, quienes han venido realizando acciones en defensa del río Guapinol, concesionado en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.

Inicialmente los ambientalistas habían sido acusados por los delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas.

El proceso judicial involucra a nueve personas. Entre las que figura insólitamente, Antonio Martínez Ramos, fallecido el 5 de abril del año 2015 y otro ambientalista que está recluido en el centro penal de La Ceiba, Atlántida. Sin embargo, el requerimiento fiscal del Ministerio Público, presentado en septiembre de 2018, incluye un total de 32 ambientalistas.

El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.

El conflicto ha dejado al menos seis personas muertas y la criminalización de decenas de ciudadanos, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales.

Los defensores han sido arrinconados a los Juzgados con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad.

Fuente:https://criterio.hn/2019/09/01/dictan-prision-preventiva-a-ambientalistas-de-guapinol-los-remiten-a-carcel-de-tamara/?fbclid=IwAR1qKDGULp2Y7nsU9ssQ0Ye9paYVkGBe5GqOmOTON-47INAstz3hHtuzbWo

Este 21 de agosto, mujeres de diferentes pueblos y territorios aglutinadas en el espacio Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, se manifestaron frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, denunciando el saqueo sistemáticos de tierras y bienes comunes, la criminalización de la protesta y la judicialización de defensores y defensoras, la militarización de territorios, el racismo y la violencia contra las mujeres.

El 28 de junio pasado, a diez años del golpe de estado, más de 1200 mujeres y aproximadamente 350 niños y niñas de seis pueblos originarios de Honduras, se reunieron en el territorio garífuna de Vallecito para hacer memoria histórica, pensar, articular luchas, acuerparse y gritar ante la violencia estructural que las agobia.

De este encuentro surgió la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, un espacio para continuar a debatir, fortalecer las prácticas políticas “con el fin de transformar radicalmente la realidad hondureña, el ejercicio de la política y generar propuestas antirracistas, antipatriarcales y anticapitalistas”, se lee en el Manifiesto publicado el día de hoy.

“Hay que construir otra Honduras. Las mujeres rebeldes estamos luchando y defendiendo los territorios y los bienes comunes, como es el caso de Vallecito que vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Tenemos que construir otra forma de gobernar, y no para ir a negociar puestos, sino para que los pueblos sean escuchados y consultados, para que no haya más impunidad, para que se detenga la militarización, la represión, la persecución, para que se vaya este régimen ilegal e ilegítimo. No es posible que no podamos movernos libremente por el país porque estamos siendo amenazadas y nuestra vida está en peligro. No es posible que sólo nos queden dos opciones: emigramos o nos quedamos para que nos maten”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

Actualmente, varios territorios están siendo amenazados por varios proyectos extractivos, así como por la expansión de monocultivos y proyectos energéticos y turísticos. Las mujeres y feministas son las que más sufren los embates de la persecución.

“Guapinol en Tocoa, Río Blanco en Intibucá, La Tigra en Francisco Morazán, Alemania en El Progreso, Chinda y otras comunidades en Santa Barbara, Azacualpa en Copán, Zacate Grande y Choluteca en el sur del país y el territorio de la Mosquitia, entre otros”, son sólo algunos de los territorios bajo asedio.

Finalmente, las Mujeres Luchadoras se declararon en alerta activa para acompañar la Causa Berta Cáceres, liderada por el Copinh y otras organizaciones aliadas. Todavía las siete personas condenadas por el delito continúan sin sentencia y el inicio del juicio contra David Castillo, cercano a los actores intelectuales del asesinato que todavía gozan de total impunidad, aún no tiene fecha segura.

“Estamos aquí hoy para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, para exigir la libertad de los presos políticos, para realmente decirles, hermanas y hermanos, que vamos a construir otro país, otro modelo, otra vida”, aseveró Miranda.

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=15290&fbclid=IwAR0efYjiUD4dXKTXbE6-Ib3qiYYAZzXX-ZsGxPit1LOBGjuLRM2T9BTvRsc

Siete ambientalistas que se oponen a un proyecto minero en la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, fueron remitidos a prisión este lunes, acusados por los delitos de portación ilegal de armas y asociación ilícita.

Los pobladores del litoral atlántico, a quienes se les dictó la medida de prisión preventiva durante la audiencia de imputados en los juzgados capitalinos, fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en la comunidad de Támara, Francisco Morazán.

Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, quienes han venido realizando acciones en defensa del río Guapinol, concesionado en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.

El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Parque      Nacional Carlos Escaleras, para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.

El conflicto ha dejado al menos seis personas muertas y la criminalización de decenas de ciudadanos, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales. Como muestra de ese estigma 18 personas que forman parte del “Campamento Guapinol en Defensa del Agua y la Vida”, que se mantiene desde hace varios meses como acto de resistencia y protesta contra el proyecto minero, han sido judicializadas, acusadas por los delitos de usurpación y daños, en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares”.

Los defensores han sido arrinconados a los Juzgado con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad.

Fuente:https://criterio.hn/2019/08/26/honduras-envian-a-prision-a-siete-ambientalistas-que-se-oponen-a-contaminacion-del-rio-guapinol/?fbclid=IwAR1c5PX76ORGNuIvG06kkDkSr65N0t8EgO-G9hu42ssA0t3W6Nki-Rpknqs

La policía militar a destacado un batallón en la comunidad de Yorito en el departamento de Yoro debido a que la comunidad rechaza la instalación de un proyecto minero en la comunidad de Mina Onda.

La Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan COPA denuncia que hay represión Brutal de la policía y militares al pueblo por protestar en defensa de sus territorios comunitarios y contra la explotación de minería que amenaza sus bosques y fuentes de agua en la cual han dejado varias personas heridas de bala policial y militar.

En un comunicado condenan el papel de la policía Nacional y militares contra el pueblo que defiende sus derechos legítimos y las condiciones de Vida en sus comunidades de leyes y proyectos que amenazan su existencia en sus territorios. Con ésa actitud sólo demuestran que no les importa los derechos y la expresión de rechazo de las comunidades y quieren imponer por la fuerza de las armas la explotación de minería que venga a destruir y asesinar tanto el ambiente como la vida humana.

Además, condenan la irresponsabilidad de las autoridades Municipales, INHGEOMIN y Mi Ambiente por otorgar permisos de explotación de minería sin respetar la decisión de las comunidades y sin un proceso libre, previo e informado sobre los verdaderos impactos ambientales y a la Comunidad sobre la explotación y más bien engañar y promover en Colisiones con las empresas mineras, generando conflictos entre las comunidades, fuerzas represivas, grupos armados y las empresas mineras.

COPA exige responsabilidad a los entes estatales y pide cancelar las concesiones mineras en conflicto y las que están en zonas protegidas, zonas productoras de agua y en las comunidades indígenas ya que no se puede poner en riesgo la vida por dinero de la explotación de minería de las empresas.

También piden el Retiro inmediato de la empresa minera de las comunidades en Yorito Yoro, en Tocoa colón la empresa minera inversiones Los Pinares ya que han sido rechazadas por los sectores de los municipios y otras que ya se hayan declarado Municipios libres de Minería.

Finalmente piden solidaridad y estar alerta las Organizaciones Nacionales e internacionales ante los abusos e imposiciones por la fuerza de las armas los proyectos de minería en Honduras y a la forma de criminalización contra defensores y defensoras de derechos humanos y de los Bienes Naturales.

Fuente:https://criterio.hn/2019/08/17/copa-condena-la-represion-policial-y-militar-contra-el-pueblo-de-yorito-yoro/

Entre las frescas montañas indígenas tolupanes del municipio de Yorito, Yoro, resurge el grito y la rebeldía de “Cicumba” (líder de la resistencia tolupan en la época colonial). En esta ocasión, “como población nos hemos levantado a una sola voz contra una empresa minera que amenaza las fuentes de agua, el bosque y la vida misma”, dijo Luís Navas, del Comité Pro Defensa del Medio Ambiente, de dicho municipio.

“Unas 400 personas subieron a la montaña y detuvieron los trabajos de la maquinaria de la empresa minera que estaba extrayendo barita (nombre del mineral), y que estaba contaminando los ríos Tepemechín y Aguán. Dos retroexcavadoras y  dos tractores que realizan los trabajos, fueron obligados a salir del lugar”, manifestó Navas.

La concesión está ubicada en el Cerro Nuevo Plan. El Gobierno habría extendido un permiso de explotación minera a la empresa Comercializadora de Agregados de Honduras S.A. de C.V.  (CEASA).  Este territorio pertenece a la tribu Tolupan, Nuevo Plan, jurisdicción Yorito, por lo que la mayoría de la población se ha sumado a las jornadas de protestas que se han desarrollado.

El municipio de Yorito, colinda al norte con el municipio de Yoro, al sur con Sulaco, al este con Marale, y al oeste con el municipio de Victoria. La población indígena de la zona teme que dicha explotación minera, genere destrucción de la biodiversidad, tal como ya ha ocurrido en otros lugares de Honduras en donde operan empresas mineras.

Ante esta situación, y haciendo uso de su autodeterminación, el Comité Pro Defensa del Medio Ambiente de Yorito, dará otro gran paso en rechazo al modelo extractivista. “Nosotros nos encaminamos a auto declararnos «territorio libre de explotación minera y de represas hidroeléctricas». Esta decisión la tomaremos en un cabildo abierto que estamos por programar junto a la corporación municipal”, indicó Gerson Torres, líder comunitario.

Violentaron la consulta previa

La consulta previa, libre e informada, es un derecho específico de los pueblos indígenas reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas, mismo que ha sido ratificado por el Estado hondureño, en diversos tratados internacionales.

Para el caso, el Convenio 169 de la OIT, compromete a los Estados firmantes a preguntar a los pueblos interesados sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, con la finalidad de llegar a un acuerdo y consentimiento sobre dicha medida.

“Este derecho debe de aplicarse de manera obligatoria en las comunidades indígenas, antes que un proyecto, ya sea hidroeléctrico o minero, se instale. Aquí se exige toda la información necesaria de manera objetiva para que desde su autodeterminación, el pueblo tome la decisión de dejarlo pasar o detenerlo”, indicó el doctor Joaquín Mejía, especialista en Derecho Humano Internacional.

“Si no se desarrolla, la Consulta Previa, cualquier proyecto extractivo que se apruebe desde el Gobierno, el Congreso o las municipalidades cae en la ilegalidad porque violentan tratados internacionales, que están por encima de la misma Constitución de la Republica. Desgraciadamente en Honduras, se violenta en todos los proyectos aprobados”, acotó Mejía.

¿Destrucción y muerte?

En un reciente artículo, el sociólogo y ecologista mexicano, Gustavo Castro Soto, quien sobrevivió de una bala cuando asesinaron a lideresa indígena Berta Cáceres, aseguró que la “empresa canadiense Blackfire Exploration, lleva años explotando las montañas para extraer barita en el estado de Chiapas, México”.

Indica que “los campesinos de la zona, denuncian la contaminación del agua y la muerte de ganado. El óxido de bario es un irritante. Puede provocar dolor y enrojecimiento en los ojos o la piel, pero es mucho más peligroso cuando se ingiere. Puede causar náusea y diarrea, parálisis muscular, arritmia cardíaca e incluso provocar la muerte”.

A renglón seguido dijo que, “muchos vertederos de residuos peligrosos contienen ciertas cantidades de Bario que afectan a quienes viven cerca de ellos y están expuestos a respirar polvo, por contacto con la piel, por comer tierra o plantas, o beber agua que está contaminada con bario”.

¿Para qué se usa la Barita?

Principalmente se usa en la industria del petróleo ya que al ser mezclada la barita no produce chispas. Esto permite que en las perforaciones petroleras no haya riesgos de explosión por las fricciones o por bolsas de gas.

Los compuestos del Bario también se usan en la industria del aceite y gas para fabricar lubricantes para taladros. Para hacer pinturas resistentes a los ácidos; o en la fabricación del litopón (polvo blanco que consta de 20% de sulfato de bario, 30% de sulfuro de zinc y menos del 3% de óxido de zinc) como pigmento de pinturas blancas. El cromato de bario, cromo limón o amarillo cromo, se emplea en pigmentos amarillos y fósforos de seguridad.

Los compuestos del Bario son también usados en la industria de la cerámica para prevenir la eflorescencia en arcillas para loza, o en la fabricación de azulejos; como fundente en la industria del vidrio o para producir diversos tipos de vidrio, o como vidriado en alfarería y en vidrio óptico. Otro uso que se le da es en la fabricación de balatas para frenos de automóviles. También como aislante del plomo en las radiaciones. Como protección en los cuartos de rayos X por absorber la radiación.

En la medicina se usa para ser bebido con el fin ayudar al contraste en las radiografías del aparato digestivo y en preparaciones medicinales. El óxido de bario se usa como recubrimiento para cátodos calientes y en tubos de rayos catódicos. Para fabricar alambres de bujía en aleación con el níquel. Pero también en aleación con plomo y calcio para producir el metal de Frary. También se usa para recubrir los filamentos de las lámparas frías. La industria lo usa con el fin de aumentar la refracción en diversos fines industriales o como catalizador.

Fuente:https://movimientom4.org/2019/08/poblacion-tolupana-de-yorito-expulsa-a-empresa-minera/

Asesinato de Líder Ambientalista Santos Isidro Cruz

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, frente al asesinato de líder ambientalista hondureño Santos Isidro Cruz declara:

1.- Que con gran consternación hemos tomado conocimiento de los hechos que indican que nuevamente, un luchador por la defensa del ambiente, la calidad de vida, la salud de la población, la conservación de los
ecosistemas y la denuncia de su destrucción, ha pagado con su vida el querer proteger los derechos de las comunidades en la localidad El Guante, Cedros, Francisco Morazán, Honduras.

2.- Que a pesar de las reiteradas amenazas denunciadas ante los organismos del Estado hondureño, Santos Isidro Cruz fue víctima de la más brutal acción contra un defensor de derechos humanos, ambiente, salud, e integridad: el crimen y la crueldad contra su persona. Se ha informado con anterioridad que el Comité Ambientalista del Valle de Siria ha recibido amenazas por oponerse al desarrollo de proyectos extractivos, entre ellos de empresas mineras transnacionales.

3.- Que vemos cómo día a día en Honduras la seguridad e integridad de defensoras y defensores de los derechos humanos y la naturaleza es amenazada sin que haya siquiera intentos de protegerles por parte de
los organismos del Estado que deben cuidar de las personas que cumplen esta noble labor en bien de sus comunidades, el país y el planeta.

4.- Que nuestros llamados a hacer justicia frente a los crímenes de lesa humanidad que afecta a defensoras y defensores de derechos humanos son ignorados consagrándose así la impunidad tan peligrosa y perjudicial para cualquier sociedad que pretenda resolver sus problemas y controversias en paz y democracia.

5.- Que las empresas, incluidas las transnacionales, por el contrario, gozan de protección para ejercer destrucción, persecución amedrentamiento y actos violentos contra comunidades indefensas afectadas por
actividades extractivas de diversa índole.

MANIFESTAMOS

La necesidad urgente de terminar con los actos de violencia de cualquier tipo contra la defensa de los derechos humanos y el ambiente en Honduras, sin distinción de orientación política, credo u otra identificación de las y los defensores de derechos humanos.

La urgencia de prestar apoyo y protección a quienes de forma desinteresada realizan actividades tendientes a garantizar una vida sana, digna y segura para las comunidades afectadas por la destrucción del ambiente por parte de actividades económicas diversas.

Que el Comité Ambientalista del Valle de Siria, organización a la que pertenecía Santos Isidro Cruz es miembro del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL desde 2008 por tanto es un crímen que nos afecta a todas las organizaciones integrantes de Ocmal.

EXIGIMOS

El inmediato inicio de las acciones pertinentes para aclarar el crimen de que fue víctima Santos Isidro Cruz.

Del mismo modo, exigimos investigaciones independientes, diligente, efectivas y eficientes para aclarar el crimen cometido, castigar a quienes tengan responsabilidad material e intelectual.

Exigimos la garantía de que este tipo de hechos o cualquier otro que ponga en riesgo la integridad y los
derechos de las y los defensores de la naturaleza y las comunidades no se repetirá en Honduras.

SOLIDARIZAMOS

A la familia de nuestro compañero Santos Isidro Cruz, le manifestamos nuestra solidaridad y sentir por los duros momentos que deben vivir.

Al Comité Ambientalista del Valle de Siria el apoyo público irrestricto y el acompañamiento en sus luchas por la naturaleza, los ecosistemas, la salud de las comunidades y los derechos sociales y ambientales.

Nos mantendremos alertas para desplegar cualquier acción necesaria de solidaridad y apoyo frente a los intentos de eliminar la justa y legítima protesta social de nuestras y nuestros hermanos de Honduras.

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL. Junio de 2019.

Tegucigalpa.-El ambientalista, Santos Isidro Cruz, fue asesinado el jueves en la comunidad de El Guante, municipio de Cedros, al norte de Francisco Morazán, en el sector del Valle de Siria.

De acuerdo a una publicación del sitio Defensores en Línea del Comité de Familiares de Honduras (Cofadeh) el cadáver de la víctima, que recibió tres impactos de bala, tenía señales de tortura.

El ambientalista fue encontrado con vida, por lo que fue trasladado al Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, donde murió.

Relato de Defensores en Línea:

Su esposa e hijas desconocen porque “Chilo” fue impactado con tres balas en el pecho y el abdomen, y señales de forcejeo en sus brazos, por lo que presentaron la denuncia a la policía del municipio de Cedros, a 95 kilómetros al norte de Tegucigalpa, capital de Honduras, donde residía el defensor de los bienes comunes de la naturaleza.

Cruz, de unos 40 años de edad, era Vocal del Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS), entidad que tiene casi 20 años en oposición permanente de la explotación minera, en una región conocida internacionalmente por los efectos en la salud que deja el extractivismo a cielo abierto.

El miércoles, Chilo salió de su casa en motocicleta, con destino al instituto de educación media “Alma Latina” en la comunidad de “El Guante”, donde trabajaba de vigilante le pidió a su esposa que lo acompañara porque iba a recibir su decimos cuarto mes de salario, pero ella no pudo.

Y al no volver a su hogar, empezó la preocupación y búsqueda. La policía lo encontró a la orilla de la calle, con las heridas de bala y a bordo de una patrulla lo trasladaron a Tegucigalpa, para ser atendido en el Hospital.

La familia no constató si Chilo tenía el dinero -que se supone habría cobrado- cuando la policía lo encontró. En virtud de lo anterior, su hija presentó denuncia en la posta de Cedros para que se investigue este crimen.

El CAVS pide que se investigue el hecho que hoy los tiene de luto, ante el clima de criminalización de la defensa de los bienes comunes y temor que se impone con la persecución de los líderes ambientales.

El Comité ha recibido amenazas por denunciar el proyecto de muerte “San Ignacio” I, II Y III, y defender de río Playa, el que ya sufrió daños con la empresa minera “Entremares”, y que con las nuevas mineras desconocen el impacto real en la región donde se extrae oro a cielo abierto, y la broza que exportan las concesionarias, detalló su dirigencia.

Informes dados a conocer el 2 de noviembre de 2011 por parte el Movimiento Amigos de la Tierra Internacional destacan que estudios forenses realizados en el 2007 en muestras de sangre y orina a 62 personas de tres municipios del valle de Siria, todas salieron contaminadas con metales pesados, porque hay concentración  de cianuro, plomo, mercurio y arsénico en la sangre-.

Para evitar más daños a la salud humana, fauna y flora, el ambientalista José Isidro Cruz, lideraba la oposición al proyecto en el área del Chancuaco, Cedros, informó el CAVS, a Defensores en Línea, a pocas horas de dar sepultura al ambientalista.

Con más de 10 años de activismo ambiental, Cruz denunciaba el riesgo que enfrentaba al ser defensor de los bienes comunes, porque se enfrentan a grandes transnacionales coludidos con poderes facticos nacionales.

Honduras el país peligroso para los ambientalistas

Defensores del CAVS

Otros defensores y líderes sociales del Valle de Siria, que está entre los municipios de Cedros, Vallecillos y San Ignacio, han denunciado constante vigilancia, persecución, campañas de desprestigio y amenazas contra sus vidas. Estos defensores son: los profesores Carlos Amador, Roger Escober y Olguer Escober.

Recientemente Olga Velásquez, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita de país, que era objeto de intimidación y vigilancia por parte de hombres extraños en horas de la noche.

El CAVS sumará a sus demandas que el crimen contra Cruz, no quede en la impunidad. Y es que les toca luchar, según la organización Global Witness, en el país más peligroso para defender del planeta.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre las personas defensoras de los derechos humanos urge a los Estados a apoyar y proteger estas personas, pero en Honduras la justicia opera a la inversa, donde hay presos políticos por oponerse al régimen de Juan Hernández, defensores  con medidas sustitutivas a la prisión por defender el río, las playas, el territorio y el bosque, y asesinatos contra líderes indígenas y campesinas como Margarita Murillo, Berta Cáceres, José Ángel Flores, Salomón y Juan Samael Matute, por mencionar algunos casos.

Por su parte el Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), declaró que “el asesinato de Chilo, muestra que vivimos en un país hundido en la criminalización, persecución, miedo, terror y el asesinato. Sigue siendo Honduras uno de los países más peligrosos para los y las defensoras”.

El MAS, expresó su solidaridad y muestras de apoyo a su organización hermana en la defensa del ambiente. Por lo que demanda la pronta investigación y que se dé con los responsables intelectuales y materiales de este crimen.

Denunció a este régimen como responsable directo del asesinato de ambientalistas y defensores en Honduras. Y exigió que se haga justicia, cese a la represión y a este sistema que cada día contribuye a sembrar miedo y terror bajo la lógica de la militarización y control territorial. Y no probó de responsabilidad a los países que siguen reconociendo esta ilegal reelección que contribuye a dar seguimiento al golpe de estado político-militar del 2009.

Fuente:https://criterio.hn/2019/06/15/asesinan-a-ambientalista-en-el-valle-de-siria-francisco-morazan/?fbclid=IwAR2nipivZYSDLFnO3O8kLM-V-LSIEA5XPOUq7WdcBS2YBBCaGyQmj9UCNu4