ACAFREMIN
28/02/2020
Hallazgos preliminares de un informe comisionado por la Alianza Centroamericana contra la Minería (ACAFREMIN) presentados en el Encuentro de los Pueblos por el Agua en Tegucigalpa – Honduras, encuentran que el estado hondureño es responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de comunidades de Tocoa, departamento de Colon, afectadas por los impactos de las concesiones mineras ASP I and ASP II propiedad de la empresa Inversiones los Pinares.
El equipo de investigación, compuesto por el Dr. Bernie Hammond y Dra Amanda Grzyb – Western University de Canada, Dr. Michael Berghoef – Ferris State University de EE UU, Dra. Ainhoa Montoya – Universidad de Londres, Inglaterra y el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris, realizó una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019, con la misión de verificar informes de violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón propiedad del empresario Lenir Pérez, vinculado a la familia Facusse.

Los autores sitúan la investigación dentro del contexto de eventos históricos y políticos recientes en Honduras, pero se enfocan en la última década a partir del golpe de estado del 2009: las raíces del conflicto actual en el Bajo Aguan y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.

Según el estudio, gobiernos sucesivos han profundizado políticas neoliberales, establecidas en la década de los 1990s, al intensificar la inversión en industrias extractivas por parte de las élites nacionales y las corporaciones transnacionales. Estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad. Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.

En la cuidad de Tocoa, el estado hondureño se ha enfrentado a las comunidades que se oponen a las actividades extractivas de Inversiones los Pinares y los impactos ambientales de su proyecto minero con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas. Las víctimas y los testigos entrevistados identificaron a los cuerpos militares, la policía y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo claro de la violencia generalizada que sufren los defensores de derechos, líderes indígenas y sociales, y pequeños agricultores en Honduras cuando desafían la legalidad de megaproyectos corporativos y las industrias extractivas.

Específicamente el reporte encuentra que en el caso las licencias otorgadas a la empresa Inversiones los Pinares.

1. Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
2. Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resulto en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
3. El estado ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
4. Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del rio Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos corporativos.
5. Ocho de los 31 defensores criminalizados continúan detenidos ilegalmente, el resto, junto a sus familiares y amigos, continúan estigmatizados y obligados a vivir en un estado de temor y ansiedad.

A pesar de la represión, el equipo de investigación encontró una comunidad fuerte y firme en su oposición a la mina, determinada a defender las fuentes de agua de su río Guapinol, su forma de vida y sus familias, con todos los medios a su alcance.

“La comunidad de Tocoa es una comunidad unida, heredera de décadas de organización y lucha agraria contra grandes terratenientes en su territorio. Está unidad es creativa, capaz e increíblemente valiente ante la amenaza continua y real. Son y siguen siendo una comunidad en resistencia”, declaro el Dr. Bernie Hammond, coordinador del estudio.

La supuesta institucionalidad creada por el gobierno hondureño para controlar la violencia contra los defensores ambientales y los derechos humanos, los abogados que los defienden y los periodistas que informan acerca de ellos, parecen ser gestos vacíos destinados a crear una fachada de legitimidad. Como en otras regiones de Honduras, las vidas de los defensores ambientales en Tocoa que se oponen públicamente al gobierno siguen en riesgo. Los que sobreviven se ven obligados a soportar la ansiedad diaria de persecución estatal, y el acoso de sus amigos, vecinos y familiares.

Finalmente, el estudio respaldado por tres universidades internacionales (Western University de Canadá, Ferris State University de los Estados Unidos y la Universidad de Londres, Inglaterra) hace 20 recomendaciones, entre las que figuran para el estado hondureño:
Liberar inmediatamente a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente que han sido encarcelados por sus acciones en relación con los proyectos mineros de Inversiones los Pinares, y desestimar definitivamente los procedimientos para los 31 defensores de crímenes falsos;
Reconocer públicamente el derecho de los defensores a defender sin violencia su territorio y sus recursos naturales, tal como se define en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos;
Una investigación exhaustiva, rápida e imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía militar y las fuerzas paramilitares, así como por miembros de COVIPERCE, contra defensores de derechos humanos y periodistas en Tocoa que se han pronunciado contra los proyectos mineros;
Dadas las irregularidades incurridas en la emisión de las licencias mineras ASP y ASP 2, que INHGEOMIN cancele las licencias mineras que se han otorgado en el área protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras;
La derogación del Decreto Legislativo 252-2013 que modificó la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras;
La inscripción inmediata del Parque Nacional Carlos Escaleras, así como de todas las demás áreas de Honduras declaradas protegidas por el SINAPH, en el Catálogo del Patrimonio Forestal Público Inalienable y el Registro de Bienes Raíces, para evitar futuros conflictos;
La derogación del Acuerdo Ministerial 1402-2018 que declara como confidencial la información técnica ambiental del proyecto minero, como la contenida en todas las solicitudes de licencias mineras.

COMUNICADO PUBLICO

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante la opinión pública local, regional, nacional e internacional, hace de conocimiento público lo siguiente:

1. Que las comunidades y población aglutinada en el Comité, siguen en resistencia y en oposición a los proyectos mineros ASP1 y ASP2 dados en concesión a Inversiones los Pinares en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña Botaderos. Tales proyectos son la expresión más evidente de la corrupción y amenazan literalmente con desaparecer al rio San Pedro y Guapinol y las comunidades ubicadas en las microcuencas de los ríos mencionados.

2. La resistencia y oposición es también contra la empresa Inversiones ECOTECK que construye el proyecto “Planta de Beneficio y Peletizado de Óxido de Hierro” y pretende mover ochocientas mil toneladas de material anualmente, admite que necesita cien galones de agua por minuto, consumiendo en un año 52 millones quinientos sesenta mil galones de agua. La cantidad de agua que consume toda la comunidad de Guapinol en cuatro años. Ambas empresas están bajo la representación legal de Lenir Pérez.

3. Inversiones ECOTECK recibió el 13 de febrero de 2018 la licencia provisional para el proyecto “Planta de Beneficio y Peletizado de Óxido de Hierro” debiendo entregar a MiAmbiente el punto de acta de socialización del proyecto en cabildo abierto para obtener licencia funcional. Al no lograrlo, Inversiones ECOTECK ha seguido un proceso perverso, corrupto y ha engañado a la secretaria del Ambiente, a las autoridades locales, a las comunidades y medios de comunicación porque entregó a MiAmbiente el punto de acta certificado #083-2016 del “Cabildo Abierto de consulta” celebrado en la Comunidad de Ceibita el 30 de junio 2016 y adjunta constancias y listados de asistencia de 2016 y 2017 donde Inversiones los Pinares engañó a dirigentes de Patronato y Juntas de Agua con proyectos de desarrollo suplantando al gobierno local y nacional. Dicha información no se relaciona con socialización ni consulta alguna.

4. El Comité mantiene firme posición en defensa del agua, el ambiente, el territorio y la paz. El gobierno Municipal no puede renovar el permiso de operación y MIAMBIENTE no puede renovar licencia ambiental a Inversiones los Pinares ni otorgar licencia ambiental a Inversiones ECOTECK. Son proyectos violatorios de la soberanía territorial, ambiental, destruyen los ríos San Pedro y Guapinol, son amenaza y potencial de desplazamiento forzoso de las comunidades del sector San Pedro, Guapinol, Ceibita, Cayo Campo y Asentamiento la Lempira, entre otras del sector Zamora.

5. La oposición está sustentada en la voluntad popular a través de diferentes actividades públicas y administrativas apegadas al derecho constitucional y Municipal. La voluntad popular soberana está plasmada en el acta de Cabildo Abierto #079-2019 donde se declaró al “Municipio de Tocoa libre de minería” el 29 de noviembre de 2019. El Comité repudia la corrupción, la campaña permanente de criminalización, intimidación, judicialización y encarcelamiento de personas en resistencia y responsabiliza a ambas empresas por cualquier hecho lamentable contra miembras o miembros del Comité, de las comunidades o de sus organizaciones miembras.

6. El Comité llama a todas las comunidades, organizaciones, instituciones y personas de buena voluntad a mantener la resistencia y la oposición con firmeza pacifica, mantener la serenidad ante la campaña de mentiras y no firmar ningún documento que les comprometa con la corrupción.

7. Exigimos libertad para la Montaña Botaderos, libertad para los ríos, libertad para el ambiente, libertad para el territorio. Exigimos libertad para las nueve personas, defensores presos políticos encarcelados por mandato de las empresas extractivas. Un día que está pronto la verdad, la justicia y la libertad se impondrán sobre el dinero que corrompe y el sol brillará sobre la casa común. ¡Alto a la corrupción, la mentira y la impunidad de Inversiones los Pinares e Inversiones ECOTECK!

¡Por el agua, el ambiente, el territorio, la paz y la libertad de los presos, justicia ya!

Tocoa, 04 de febrero de 2020
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

La declaratoria “libre de minería”, de Tocoa, Colón, representa un logro importante para el pueblo organizado y no organizado que, desde hace más de 4 años viene denunciando las concesiones mineras otorgadas por el Estado de Honduras, en la montaña “Parque Nacional Carlos Escaleras”, dijo en Radio Progreso la líder social Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (Copa) y el Comité Municipal Ambiental.

Más de 6 solicitudes escritas y una cumbre por el agua que reunió a más de 5 mil personas en el municipio el pasado 20 de enero de 2019, obligaron a las autoridades municipales a convocar a un cabildo abierto para hacer la declaratoria.

El cabildo se realizó el 29 de noviembre, bajo la demanda “Fuera Minas”, “Tocoa libre de minería”, “Fuera Adán”, haciendo referencia al actual alcalde municipal Adán Fúnez, denunciado por supuestos vínculos con la empresa Minera “Inversiones Los Pinares”.

Las comunidades de Tocoa que se oponen públicamente a la explotación minera, acusan al alcalde de tener fuertes intereses económicos en las concesiones ASP 01 y ASP 02, así como en la fábrica peletizadora Ecotek, que construye el empresario minero Lenir Pérez en el Sector de Ceibita, para procesar la piedra con hierro que extraerá de la montaña.

Inversiones Los Pinares ha publicitado que esa fábrica será la más grande de Centroamérica en la producción de hierro. El terreno donde se construye la fábrica pertenecía a la cooperativa de Guapinol, quien vendió cada manzana de tierra a 2 millones de lempiras, evidenciando el poder adquisitivo del empresario.

“Desde la municipalidad se renuevan los permisos de operación”, a pesar que las comunidades han exigido al alcalde no otorgarlos más, porque se está violentando el legítimo derecho al agua y la libertad de la gente que vive en Guapinol y Ceibita, dice Esly Banegas afirmando que, son millones de lempiras los que están en juego con esa concesión, por ende, las autoridades municipales y del gobierno central han dejado clara su postura a favor de la empresa, a pesar que se está pasando por encima de la dignidad y vida de la gente.

La concesión minera en la montaña Carlos Escaleras se dio en 2013, cuando era presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández, actual gobernante inconstitucional de Honduras. Previo a la concesión, ese congreso aprobó la reducción de la zona núcleo del parque en 217 hectáreas, las que fueron entregadas en concesión a Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé propietarios de Inversiones Los Pinares.

 

El primer permiso de operación municipal la empresa lo obtuvo el 20 de enero de 2014. Adán Fúnez se justifica diciendo que él asumió el cargo 5 días después del hecho. Si bien es cierta su justificación, también es cierto que él era regidor en ese tiempo, y guardó información al no advertirle al pueblo sobre la concesión minera que amenaza las fuentes de agua en el municipio. “También ha renovado los permisos de operación anuales a la empresa”, apunta Esly.

En Tocoa desde el 2012 reina la incertidumbre por las amenazas de explotación minera. En ese año las comunidades de la Abisinia comenzaron a organizarse ante los rumores que tomaron fuerza con la visita de algunos empresarios mineros en la zona y de políticos del Partido Nacional.

Pero fue hasta 2016, cuando se publicó la investigación “Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras, a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro) “, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) en coordinación con el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, que las comunidades se informaron sobre la cantidad de concesiones mineras que el Estado ha otorgado en el departamento de Colón.

El estudio refleja que hasta 2016, solo en departamento de Colón existen 28 concesiones mineras en etapa de exploración, 25 en solicitud y 7 en operación. Siendo el municipio de Tocoa el más afectado con un total de 34 concesiones para la explotación minera a cielo abierto.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/tocoa-la-lucha-contra-un-modelo-que-explota-desplaza-y-criminaliza/?fbclid=IwAR3RN2SXO-qNQbdEbvumD4VvcTggvICvQBtuhiIveKVorCGSnDBaK2p8lkA

 

Libre de minería, así se  declaró hoy el municipio de Tocoa durante un Cabildo abierto que se celebró en esa localidad.

Ante la presencia del expresidente Manuel Zelaya Rosales, el Comité por la Defensa de los Bienes Comunes, donde participan distintos partidos políticos, exigió a la autoridad municipal no tener empresas mineras en su ciudad.

De tal forma, que el acta que firmó el alcalde Adán Fúnez y el resto de la Corporación Municipal será llevada al Congreso Nacional. El objetivo es que los diputados ordenen a la empresa Inversiones Los Pinares de Guapinol, y a cualquier otra que pretenda proceder, retirarse de la zona.

Lo anterior, lo exigieron habitantes de la comunidad antes mencionada, de San Pedro y otros sectores que aseguran que el afluente de agua está siendo contaminado por dicha compañía minera.

Es por eso, que los miembros de esas comunidades manifestaron que la «empresa minera ya no representa los intereses de la población».

Alcalde no da declaraciones

Durante muchos meses, el alcalde Adán Fúnez -del Partido Libertad y Refundación- fue duramente criticado porque no quería hacer el cabildo abierto.

Además, de que él apoyó la instalación de la maquinaria de Inversiones Los Pinares en Guapinol, una zona en conflicto por la causa minera y la defensa del agua y la vida.

Es así que este día, optó por aprobar lo que todos los presentes exigieron en el cabildo abierto. Sin embargo, prefirió no dar declaraciones a los medios de comunicación.

Por su parte, la presencia de «Mel» Zelaya» fue contradictoria para algunas personas. La razón: por el protagonismo que obtuvo. Ya que supuestamente el pueblo «no pudo expresarse ni ser escuchado como esperaban» según informaron.

Lucha sangrienta

La comunidad de Guapinol ha sido la principal afectada en una lucha sangrienta entre fuerzas militares y policiales y pobladores.

Lo anterior, por la represión que hubo en distintas fechas pasadas ante las protestas que habían en contra de Los Pinares.

Además, hay defensores criminalizados y encarcelados, a quienes se les ha negado la libertad por un proceso legal que sus abogados y familiares consideran arbitrario.

 

Fuente:https://tiempo.hn/tras-lucha-sangrienta-tocoa-se-declara-libre-de-mineria/?fbclid=IwAR2E0QEdyqXx7KIyJ_kAGPEHse8-fbsL_-M7b5tfzuf2JnwSgKjffXQ0pM4

A través de una consulta soberana realizada el domingo 17 de noviembre, la población de Namasigüe, Choluteca, al sur de Honduras, dejó clara su postura de rechazar los proyectos extractivos; las concesiones mineras y los parques fotovoltaicos.

Con un padrón electoral de 15,860 votantes, todos mayores de 18 años, el 97% de la población, es decir; 11,673 personas rechazaron rotundamente las mineras y fotovoltaicas. A favor de los proyectos votó únicamente el 1%, lo que equivale a 78 votos. 150 en blanco y 91 nulos. Para un total de participación de 11,992 personas.

Félix Pedro Pastrana, líder comunitario y director de la radio comunitaria Namasigüe, calificó como exitoso el ejercicio soberano. Explicó que, ahora se inicia un proceso donde se solicitará a la alcaldía municipal que de alguna forma valide la decisión expresada en la consulta. Además de iniciar acciones para que, a nivel central, se tomen decisiones encaminadas a proteger los bienes naturales del municipio.

“Este resultado es muy importante para nuestras comunidades, porque se ve reflejada la opinión de la ciudadanía que rechaza las mineras y fotovoltaicas. Esperamos que este sea el inicio para que nuestra palabra se respete por las autoridades.

Las mineras y las fotovoltaicas únicamente han traído contaminación, destrucción, muerte y división en las comunidades. Estos proyectos son los responsables de que año con año nuestras fuentes de agua se contaminen y en casos extremos desaparezcan”, expresa el líder comunitario.

Consultas

Las consultas ciudadanas se han convertido en una alternativa para que la población opine sobre sus bienes naturales. Desde el 2016, 8 municipios del país han desarrollado las encuestas soberanas.

Carlos Padilla, representante del Centro Hondureño para el Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, dice que los procesos han sido bastante fructíferos y han permitido desarrollar estrategias de lucha una vez se ha concluido con las consultas. Señala que, el simple hecho que las convocatorias sean masivas, significa un mensaje para las autoridades, quienes deben tomar en cuenta la opinión de las comunidades que se ven afectadas por los proyectos de muerte.

“Los resultados de las consultas son muy importantes, porque a corto plazo son un instrumento para obligar a las municipalidades a tomar decisiones. En El Triunfo, Choluteca y la Unión, Olancho, sirvieron para convocar a un cabildo abierto donde los resultados fueron ratificados por la población”, recuerda Padilla.

El experto dice que, el pueblo tiene derecho a ser consultado. Además, señala qué el origen de los conflictos socio ambientales en el país es la falta de consulta a la ciudadanía.

La primera consulta ciudadana realizada fue desarrollada en Santa Elena, departamento de La Paz, con el tema de las hidroeléctricas y el catastro.  Luego en San José del Potrero y Minas de Oro, en el departamento de Comayagua, con una consulta de sobre la minería. En Nahuaterique, La Paz, la población fue consultada si estaba de acuerdo con ser declarado como el municipio número 20 del departamento de La Paz. En la Unión, Olancho y El Triunfo, Choluteca se consultó sobre la minería y en el municipio de El Porvenir, Atlántida la ciudadanía fue consultada sobre las hidroeléctricas.

Amenazas en el sur

La minería y las fotovoltaicas nos son la única amenaza que tienen las comunidades en el sur de Honduras. El monocultivo de la ocra, melón, plantaciones de caña de azúcar y la entrega del territorio para la construcción de las Zonas Especiales de Desarrollo, (ZEDES), forman parte de la problemática que agobia a la ciudadanía.

La instalación de empresas extractivas golpea con fuerza a la población de Choluteca y Valle, que ancestralmente se han dedicado a la pesca y cultivo de granos básicos para sobrevivir. Esta zona está plagada de empresas camaroneras, agroindustriales, fotovoltaicas y mineras que con el aval del gobierno extraen las riquezas de la zona dejando a la gente sumergida en la miseria.

La implementación del modelo extractivo avanza a pesar de la oposición de las comunidades, quienes denuncian los daños ambientales y sociales que se presentan en sus regiones. Una clara muestra de esa apuesta gubernamental es la implementación de un parque minero industrial en la zona sur de Honduras, una región que ha pagado con sangre y miseria la extracción de los minerales.

 

Fuente:https://wp.radioprogresohn.net/en-consulta-soberana-namasigue-choluteca-rechaza-proyectos-mineros-y-fotovoltaicos/

Con las energías renovadas, los rayos de un sol resplandeciente y la esperanza de seguir construyendo en colectividad, se continuo con el segundo día del Encuentro de Pueblos y Comunidades: Hacia un Estado Intercultural  en Honduras.

La jornada dio inicio con el panel: El impacto del modelo extractivista y estrategias de lucha y resistencias desde las organizaciones territoriales, acompañados por Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Diego Aguilar del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)  y Esly Banegas, de la Coordinadora Popular del Aguán (COPA).

Para Gustavo, los dueños del poder, llamados élite u oligarquía, le temen a la articulación de las organizaciones territoriales y en algunas instancias han tenido que ceder derechos pero en otras ocasiones deciden cancelarlos.

“Han venido pisoteando cantidad de derechos conquistados, por ejemplo: el estatuto del docente, el derecho a la protesta, criminalizada fuertemente, no solo en el presente. Además buscan convertir los bienes comunes en mercancías».

De igual manera recalcó que el papel protagónico que desempeña el Estado es para entregar concesiones a favor de las empresas y esto genera un choque entre dos proyectos: el de la vida y la muerte y frente a esta muerta que genera la industria extractiva, la resistencia que ha nacido desde los territorio contiene la potencialidad  de un proyecto transformador y alternativo.

Por su parte, Esly hizo un recuento de la lucha que han sostenido desde la recuperación de tierras por grupos campesinos del bajo Aguán y la defensa del río en los sectores de San Pedro y Guapinol.

“Hemos estados inmersos en una lucha que se refiere a la agraria. Más de 500 campesinos asesinados desde el golpe de estado y acá campea la impunidad. Y no se resuelve el conflicto agrario y ahora nos llevan al ambiental. Concesiones que han sido otorgadas mediante un proceso corrupto”.

Además recalcó que la postura de las organizaciones es firme en contra de la minería y que han deicidio defender el agua y la vida de las comunidades afectadas y la urgencia de seguir articulando a nivel nacional.

De la misma forma, Diego compartió las experiencias vividas desde el MADJ. “Lo de Guapinol, no es aislado de lo que sucede en Pajuiles y Arizona. Está forma de operar, es la forma más estructural”.

Y cuestionó el trato diferenciado que viven las mujeres y hombres de las pueblos indígenas y  garifunas y la hegemonía del conocimiento que se produce en las aulas de la universidad y ante esto se están formando abogados y economistas que solo están pensando en responder a los interés del capital.

 

Apuestas en común

Los diálogos, el debate, el intercambio de ideas, las experiencias compartidas y las apuestas en común retornaron a cada uno de los grupos que se formaron el día anterior para concretar y definir las posibles acciones que responda a las dinámicas de las organizaciones presentes.

Para la mesa uno,  el avanzar en los procesos de alianza y articulación de movimientos socio-territorial desde la visión de las mujeres, debe pasar por: la organización, capacitación, aliados estratégicos, incidencias, fortalecimiento de los liderazgos, relevo generacional, visibilizar las luchas, construcción de alianzas, la sororidad y recuperar los saberes y practicas ancestrales.

“Hemos concluido que lo primero es la organización de nosotras como mujeres, como nos agrupamos, nos aliamos entre nosotras. Aparte de eso la capacitación que viene a la par, una mujer empoderada, con conocimientos. Saber con quienes nos vamos aliar y para qué objetivos. Debemos acudir a todos los medios, así como lo hace el gobierno para invisibilizar las acciones que nosotras hacemos, nosotras tenemos que tener nuestras propias estrategias”,  indicó Kenia Zerón de la Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión del Riesgo.

Para Ada Díaz las alternativas que se plantearon en la mesa dos, son las incidencia con otras organizaciones nacionales y locales a las que no se ha logrado llegar, por ejemplo trabajar con los patronatos y las juntas de agua que se han mostrado indiferentes a los proceso organizativos. Y la articulación por regiones, que concluya en una Confederación Nacional.

Emilia Gómez del Movimiento Indígena Lenca Independiente de la Paz (MILPAH), hace un llamado a las organizaciones no gubernamentales para que acompañen de manera continua las luchas de los territorios y a la universidad a no seguir indiferente y gestionar becas para los jóvenes de las organizaciones.

Las propuestas de la mesa tres  y cuatro se enfocaron en desligar el fundamentalismo religioso que se muestra intolerante a las diferencias culturales. También replantearse un cambio radical en el modelo educativo con la creación de de nuevos contenidos con los saberes de cada cultura, diseñar materiales didácticos con las lenguas maternas, re-elaborar la malla curricular, permitir el intercambio de estudiantes con integrantes organizaciones como COPINH y OFRANEH, y la creación de centros educativos gestionados por las comunidades.

“Recordemos que la educación intercultural bilingüe es el modelo educativo que los pueblos indígenas y afrohondureños están procurando implementar en sus comunidades desde los años 90. En realidad hasta el momento no ha llenado las expectativas de los pueblos indígenas. Se necesita repensar el modelo y eso fue lo que discutimos en la mesa. Reconstruir esas expectativas”,  mencionó Scott , del pueblo Misquito.

En el caso de la mesa cinco y seis, establecer alianzas, organizar a las comunidades para defender su patrimonio, realizar acciones que frenen los proyectos que quieran instalarse en las zonas y la creación de nuevas radios comunitarias, permitirá mantener el patrimonio cultural y ancestral de los pueblos originarios.

A modo de conclusión final del encuentro, las organizaciones presentes acordaron seguir encontrándose en espacios que le permitan evidenciar el trabajo, mostrar los logros y buscar las estrategias conjuntas para construir autonomía desde sus visiones. El Encuentro finalizó en el Parque de Santa Rosa de Copán con la lectura del comunicado construido entre todos y todas las participantes.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/11/hay-que-seguir-articulando-la-organizacion-y-el-pensamiento/

En complicidad con autoridades estatales y el acompañamiento de elementos policiales y militares, la Empresa canadiense Aura Minerals (MINOSA), comenzó nuevamente la exhumación de cadáveres del Cementerio de Azacualpa, La Unión, Copán en busca de más oro.

Ante la oposición y resistencia de los familiares, vecinos y autoridades de la comunidad, que previamente declararon mediante cabildo abierto “NO CERRAR NI TRASLADAR EL CEMENTERIO”, la empresa MINOSA ha estado  provocado con reiteradas detonaciones el derrumbamiento del cerro del cementerio, con el objeto de obligar a las familias a aceptar el proceso. Ha amenazado, además, con presentarse junto a personal del Sistema Nacional de Gestión de riesgos (SINAGER) y seguridad del Estado, quienes avalarían la necesidad de decretar el área como zona de riesgo, y evitar, a la vez, que el pueblo se manifieste en contra.

La ambición de MINOSA ha provocado daños ambientales severos provocados por las excavaciones. Sin embargo, la oposición de la comunidad ha dejado: procesos judiciales en contra de líderes locales, daño a las estructuras físicas de las viviendas, la escuela, del centro comunitario y de la iglesia; destrucción y desaparición de la flora y fauna. Al igual que de 13 fuentes de agua que abastecen a las comunidades contaminadas.

Frente a este contexto de abusos y violación de derechos humanos, el Centro de Estudio Para la Democracia (CESPAD), exigimos:

1. Al Estado y Gobierno de Honduras, respetar la voluntad del pueblo de Azacualpa y evitar que se continúen las exhumaciones de los cuerpos que aún quedan en el cementerio de la comunidad.
2. A MINOSA, cesar sus actividades de abuso a la dignidad humana de las comunidades y reparar los daños causados a los familiares.
3. A INHGEOMIN, incidir para poner un alto a los enormes daños ambientales que han generado en la zona las detonaciones de los cerros y montañas de la comunidad de Azacualpa, al igual que el uso de químicos para la extracción minera.
4. A la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), vigilar y garantizar el cumplimiento efectivo de las recomendaciones realizadas al Estado de Honduras por mecanismos de protección de derechos humanos, teniendo en cuenta la relación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos.

Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a solidarizarse con la defensa del derecho a la paz y autodeterminación de los pueblos.

 

Fuente:http://cespad.org.hn/2019/11/04/alerta-en-azacualpa-aura-minerals-continua-exhumando-cementerio-en-busca-de-mas-oro/?fbclid=IwAR0ACb7we-GD2u1rWA2bD1NL9orBQxpeKVk7zz90exjH8CeOl_cWVeu_w_g

Fuente:http://pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/denuncias/item/2589-honduras-aura-minerals-minosa-esta-por-volver-a-exhumar-ilegamente-cadaveres-del-camposanto-de-azacualpa?fbclid=IwAR0UIAN_oKmyjZy3A7dqsAv-Q6g3rqM_YUZm0gvYZG7QZHaYPpoitkz_tgU

Las luchas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza están brotando desde las comunidades más humildes del país. Los pobladores y pobladoras han comprendido, porque lo viven día a día, que los bienes comunes de la naturaleza representan la vida de está humanidad cada vez más devastada ambientalmente.

A pesar de la criminalización y persecución que el Estado hondureño ha montado contra los luchadores y luchadoras que defienden el medio ambiente, las comunidades organizadas de varios municipios del país continúan con el proceso para evitar que estos proyectos de muerte se instalen y acaben con sus bienes naturales.

En el país más de 45 municipios, en las distintas regiones han realizado declaratorias contra los proyectos mineros e hidroeléctricos.

La declaratoria más reciente se realizó en el municipio de Santiago de Puringla en el departamento de La Paz, a través de un cabildo abierto donde decenas de comunidades indígenas lencas dijeron: No a los proyectos mineros e hidroeléctricos. La decisión se ratificará a través de una consulta que se desarrollará en los meses próximos.

Félix Vázquez, secretario general de la Unión de Trabajadores del Campo UTC, asegura que el cabildo abierto fue convocado por las organizaciones campesinas e indígenas, en el mismo se movilizaron al menos 2,000 personas de las diferentes comunidades.

Dijo que, la consulta soberana se realizará posiblemente en enero porque durante el tiempo restante se trabajará en una propuesta que será consensuada con todas las comunidades.

El líder comunitario dice que la iniciativa de la declaratoria surge a raíz de las intenciones que tiene una empresa minera de instalarse en la zona, asimismo, existe la amenaza de construir represas hidroeléctricas en los principales ríos que abastecen de agua a las comunidades.

 

Guajiquiro

Cansados que sus recursos naturales sean entregados a manos de empresarios y políticos de la zona, al menos 45 comunidades presionaron a las autoridades municipales de Guajiquiro, La Paz, para declarar al municipio libre de proyectos hidroeléctricos y mineros.

Julián Mendoza representante del Comité para la Protección de la Microcuenca Cancire, dice que en la zona la diputada Gladys Aurora López, a través de su empresa “Inversiones Aurora”, ha intentado convencer a las comunidades para instalar un nuevo proyecto hidroeléctrico, en una de las principales fuentes de agua del municipio.

Agregó que, aunque ya ha quedado plasmado en actas municipales que se prohíben las concesiones en el municipio, las comunidades y organizaciones continuarán con el proceso de organización.

La Paz es uno de los departamentos con mayor cantidad de municipios que se han declarado libres de proyectos mineros e hidroeléctricos.

 

Campaña de estigmatización

Las comunidades indígenas Lencas del departamento de La Paz enfrentan una oleada de conflictos generados por la defensa de sus territorios amenazado constantemente por el gran capital que, en nombre del desarrollo, busca despojarlos de sus bienes comunes.

En la zona continúa imparable la persecución, criminalización y las campañas de desprestigio contra los defensores y defensoras del ambiente.

Martín Gómez Vásquez representante del Movimiento Independiente Lenca La Paz Honduras MILPAH, asegura en las últimas semanas, a raíz de la lucha contra la instalación de represas hidroeléctricas, en Guajiquiro, se han incrementado los ataques y las campañas de odio contra líderes ambientalistas.

El líder comunitario asegura que los ataques vienen de gente ligada con los proyectos mineros e hidroeléctricos, liderados por la diputada nacionalista Gladys Aurora López.

Según del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Milpa, son unos 40 conflictos que hasta ahora han documentado, todos relacionados a su defensa de la autodeterminación del Lenca.

Según Global Witness, Honduras es el país más peligroso para defender el planeta. Desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas que se opusieron a las represas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/municipios-de-la-paz-se-suman-a-declaratorias-de-zonas-libres-de-mineria-e-hidroelectricas/