La lluvia ácida no es una leyenda, lo saben los habitantes de El valle de Siria, ubicado a unos 120 kilómetros de Tegucigalpa. Las comunidades de Cedros, El Porvenir, y San Ignacio –tres municipios en la parte más oriental del departamento de Francisco Morazán– fueron afectadas por la minería de cielo abierto. Una variante del modelo extractivista. Contaminadas las aguas de sus ríos la lluvia en algún momento tenía que caer cual profecía bíblica. El derrumbe moral aquí es inminente ante la voracidad de los resultados de un modelo que ha heredado generaciones enfermas y empobrecidas. Aquella idea del desarrollo económico y la bondad de las empresas mineras es una que se desmitifica con la misma facilidad con la que cae una línea hecha con piezas de dominó.
Aquí vive Cristi, ella tiene dieciocho meses. No sabe que está enferma, no sabe que el cabello se le cae, no tiene la más mínima conciencia que un futuro lleno de incertidumbre le espera. Aneli, es madre de Cristi. Con dieciocho años, a ella también se le cae el cabello, sus problemas de salud comenzaron desde su nacimiento. Las dos nacieron enfermas, nacieron con la marca de la minería en sus cuerpos, una marca que llegó al valle a principios del 2000 y se instaló en las aguas de los ríos: las fuentes de agua que las comunidades del valle usaron siempre. Se abastecieron de estos ríos muchos años antes de la llegada de la minera, los usaron durante los ocho años de explotación de la Mina San Martín, y los siguen usando tras siete años de haber declarado el cierre de la mina, un cierre que para muchas organizaciones de derechos humanos –como OXFAM, El Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) y el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras– y para las mismas comunidades, está lleno de irregularidades.
En 2002, la empresa «Minerales Entre Mares de Honduras» extrajo 129,435 onzas de oro, lo que significó remover un aproximado de 2.5 millones de toneladas de tierra, solamente en esos doce meses. Esto habría que multiplicarlo por los 8 años de su operación. Tomando en cuenta que la cotización de una onza de oro en 2002 fue de 310 dólares -actualmente supera los 1,200-, se calcula para la compañía un ingreso ese año de 40.1 millones de dólares, producidos por una planilla que no superaba los 200 empleados.
Según la Ley de Minería vigente en Honduras, las empresas mineras solo pagan un 6% del total exportado en impuestos anualmente, una cantidad que no logra resarcir los daños ambientales que deja esta actividad.
La empresa minera Entremares subsidiaria de la trasnacional Goldcorp que también tiene proyectos en México, Guatemala, Argentina, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos explotó durante ocho años un total de catorce mil cien hectáreas en la zona de El Valle de Siria, y aunque la empresa declaró el cierre de la Mina San Martín para 2008, tiene aprobadas otras concesiones en estado de explotación por un total de cuatro mil cuatrocientas hectáreas en los municipios de Mapulaca, Lempira (1700), Distrito Central, Francisco Morazán (1400), y Marcovia, Choluteca (1300), datos que revela el Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos.
–¿La has llevado al médico?
–No. –Y vuelve a quedarse callada. Aneli no dice mucho, apenas da respuestas monosilábicas. Dice «no» y vuelve al ensimismamiento –quizá provocado por la cámara, quizá provocado por tener que contestarle a un extraño– y la mirada tierna clavada en el rostro de su hija.
Oneida, madre de Aneli, abuela de Cristi, podría estar enferma también. No lo dice, no hay necesidad. Sus hijos nacieron enfermos porque ella consumió agua que resultaría contaminada con metales pesados. Ella se ve más interesada por saber los vínculos familiares. Si mi apellido es originario de dónde, y que en El Pedernal –su aldea– también hay Cálix. Hace que se esconde de mis preguntas y de la cámara. No hago mayor intento. Sé que he invadido la frágil cotidianidad en la que transcurren los días para ella y su familia.
Las mujeres en El Valle de Siria fueron siempre invisibles. Ellas no figuraron nunca en los cuadros estadísticos de nada. De nada, excepto quizá en los censos electorales. Las mujeres como Oneida, y como Aneli, han estado relegadas a los roles eternos: cuidar de la infancia, los quehaceres domésticos, ser esposas abnegadas que con dedicación cuidan de sus maridos. Ellos, sus maridos, sus hijos, los campesinos convertidos en obreros con la llegada de la minera, serían la base fundamental de una empresa que haría de sus comunidades un territorio habitado por la desolación.
En San Ignacio pasó exactamente lo mismo. Otras mujeres dirán lo mismo. Que lo único que se multiplicó en sus vidas fueron los cuadros clínicos severos. En San Ignacio se ha documentado el caso de cinco mujeres afectadas por la contaminación Algunas de ellas vinculadas en labores de aseo y cocina con la empresa, otras dedicadas a sus roles en sus hogares. Cinco mujeres a quienes se les tuvo que someter a operaciones en donde se les extrajo la matriz. Era eso o morir.
–¿Qué le dijeron?
–Nada. A mí sólo me la sacaron.
Sulay tiene 52 años. Es dueña de una mirada profunda y una sonrisa esquiva. Ella es una de las cinco. Su cuerpo se contaminó con plomo, arsénico y talio –me dice– porque ella lava la ropa de su esposo quien antes trabajaba en la mina. Miguel, su esposo, llega montado a caballo, es un día bueno, ha logrado montar a «Payaso» –un caballo blanco cruce de caballo español y yegua peruana– después que estuvo cuatro meses sin poder hacerlo debido a un problema en su columna. «Payaso» baila, lo sigue a donde va, se hace el dormido. El caballo parece disfrutar tanto como Miguel esa relación que yo veo de lejos, que no entiendo
Miguel es uno de treinta cinco ex trabajadores de la minera que se asociaron en el año 2009, luego de que la Mina San Martín cerró operaciones. Se asociaron para pedir una indemnización al Estado hondureño que la empresa no les dio por sus problemas de salud. Ahora padecen de enfermedades que han deteriorado sus cuerpos por haber estado expuestos a la contaminación en el proceso de extracción del oro y la plata. Columnas con discos dislocados o con artritis, y distintos tipos de cáncer, son parte del cuadro clínico general que los ex mineros narran. Otros han muerto ya, dicen. Los casos de mujeres que sufrieron aborto producto de la contaminación –calculan los mismos ex empleados de la mina y sus compañeras– implican una cifra difícil de calcular. Ellos y ellas dicen que fueron atendidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que allí les perdieron los expedientes, que fueron atendidos en Clínicas Viera, donde sus expedientes eran modificados para hacerlos pasar como personas que estaban bien de salud. Otros análisis les fueron hechos por un científico italiano del que me hablan pero no me muestran ningún resultado médico como si bastara con empeñar la palabra en un país donde sólo creemos lo que vemos, y lo que vemos es el hondo abismo.
Miguel fue operario de maquinaria pesada, de volquetas y retroexcavadoras, de ésas grandes como las que salen en las revistas, en los programas de NatGeo y en internet. Y me muestra uno de sus compañeros una foto en su celular buscada en google. Se ríen, y no se entiende bien porqué se ríen. Que no saben pero de alguna forma aprendieron el oficio de ser mineros. Aquello les gustaba. Aquello les daba sueños. Aquello les daba la esperanza de sacar de la pobreza a sus familias. Rolando se guarda el celular en el que me ha mostrado la foto de la volqueta. Me dice que lo que le sucede a él es casi lo mismo, que su columna se ha debilitado con el paso del tiempo, que a sus cuarenta y siete años tiene días en los que su cuerpo no responde, que le toca quedarse en cama.
–La presión la ando siempre a punto de darme un paro cardiaco. –E inhala de su cigarrillo, y contesta una llamada que lo aleja de la conversación.
Marilú, es esposa de Rolando y también está enferma. A ella le da dolores de cabeza, y le duele la espalda. Sus hijas padecen enfermedades respiratorias –cuenta– que no se pueden curar. Dicen que son enfermedades de las que los médicos no explican mucho, nada en realidad.
En la comunidad de San José de Palo Ralo, a pocos kilómetros del casco urbano de San Ignacio –aunque utilizar el concepto de urbanidad sea más un eufemismo para describir un par de calles pavimentadas– viven dos mujeres, dos hermanas, Maritza de veintiocho años y María de cuarenta y uno. Las dos son madres solteras. Las dos consumieron durante sus embarazos agua contaminada que sacaban de un pozo que la minera bajo autorización de la Secretaría de Recursos Naturales les hizo en la propiedad donde vive toda su familia, una familia extendida, llena de mujeres y niños pequeños. De hombres mayores. Algunos jóvenes, pero la mayoría han decidido apostarle por el sueño americano, y ya se han ido, hace años que comenzaron a irse.
Maritza y María son madres de niños que nacieron enfermos. A Jeferson, hijo de Maritza, le aquejan las enfermedades respiratorias. A Antony, hijo de María, lo que le sucede es un problema de crecimiento, problemas al hablar –poco le entiendo pero en su balbuceo su madre se pierde como quien se pierde en un laberinto y no sale más–, también nació con malformaciones físicas que le impedirán caminar, aunque María tiene la esperanza que con una operación se solucione.
Antony y Jeferson –los dos de seis años– dejaron de ir al médico. Perdieron la rutina de sus citas médicas porque sus madres no pudieron más con la carga económica que implicaba viajar desde su comunidad –una pequeña aldea de San Ignacio– a Tegucigalpa. Maritza no podía seguir costeando los mil doscientos lempiras ($50) de movilización para que su hijo fuera atendido en el Hospital Escuela.
–Para nosotros el valle es la vida, para algunas organizaciones es venir, sacar algunas fotos, porque eso significa la posibilidad de justificar presupuestos. La gente está cansada. –Me dice alguien, y me dice que puedo decir lo que me ha contado, pero que no use su nombre. Se lo prometo, que no lo haré. Pero entiendo en su mirada que es poco lo que me cree.
Las mujeres en El Valle de Siria fueron siempre invisibles. Ellas no figuraron nunca en los cuadros estadísticos de nada. La minera sólo contrató a unas pocas para atender los quehaceres domésticos de los ejecutivos extranjeros de la empresa. Para lavarles la ropa. Para que les cocinaran. Para que mantuvieran siempre limpia la casa hospedaje que ahora ha sido convertida en el Centro Turístico San Martín, donde la noche cuesta cuarenta y cinco dólares, y no se le permite a ningún huésped, por ninguna razón, que lleven aparatos fotográficos y de video.
–Sacar fotos está prohibido.
–¿Y entonces qué tiene de divertido?
–No lo sé. Pero no te dejarán sacar fotos.
En algún momento, porque nadie recuerda bien las fechas en una historia común que tiene mayores implicaciones que la percepción temporal, el Comité Ambientalista de El Valle de Siria denunció la contaminación de las aguas en los ríos que atraviesan el valle justificando la denuncia en estudios que se hicieron a las aguas. En 2009, la Agencia Católica de Ayuda para Inglaterra y Gales (CAFOD, por sus siglas en inglés) realizó dos investigaciones que estuvieron a cargo del Dr. Adam Jarvis y el Dr. Jaime Amazega de la Universidad de Newcastle, sobre los niveles de acidez del agua en los afluentes de la zona del valle, los estudios revelaron que el agua alcanzó un pH entre 2,5 y 3, y altos niveles de cadmio, cobre y hierro, estos resultados serían recogidos en el documento «Ficha de Registro Impactos Negativos de la minería Centroamérica: San Martín» publicado por CEICOM. La empresa –dicen los ambientalistas– respondió con el montaje de criaderos de tilapia. Que las aguas no estaban contaminadas, dijeron. Pero contrataron después maquinaria de la municipalidad de San Ignacio para que les hiciera el favor de enterrar los peces. Que nada quedara de ellos.
La economía del valle antes de la minera era eminentemente agrícola. Pero el ganado comenzó a morirse. El maíz dejó de darse. Y ahora lo que siembran es caña para pastizal de la ganadería. Lo que se ve a través de los largos caminos de tierra que comunican las comunidades del valle son animales famélicos. Acomodados en grandes extensiones de tierra infértil donde a la maleza le cuesta crecer. El imponente paredón vacío que la minera provocó en una de sus montañas. Ríos cuyas aguas son sospechosas de arrastrar oro, pero también los metales que han enfermado la vida de las comunidades.
En los postes del incipiente servicio de energía eléctrica ondean las banderas de los partidos políticos que ahora mismo se encuentran en franca carrera electoral. Los rostros sonrientes de los candidatos con las mismas promesas que han sido incapaces de cumplir desde hace más de veinte años. Un puente –o más bien, la idea de uno– destruido por las crecida salvaje del río sobre el que está, y cuyo costo oficial aproximado rondó la temeraria cifra de los seis millones de lempiras. Casas pequeñas de adobe y repelladas con cal donde viven familias numerosas, anónimas, que se resisten a la idea de morir o de irse, porque todo lo que conocen es la vida del valle, aunque el valle ya no tenga mucho que ofrecerles a sus habitantes.
–La juventud está perdida. Sólo saben de beber y drogarse. –Me dice el conductor de la mototaxi en la que me transporto.
–¿Qué drogas?
–Marihuana, coca…
–¿Y dónde la consiguen?
–Ahora esto es un corredor para la droga. Y los que no se drogan se van para los Estados Unidos.
–Pero los chicos tienen opciones, hacen deporte, juegan fútbol, ¿y las chicas?
–Embarazarse, cuidar de la casa, beber y drogarse. Aquí hay niñas de trece años embarazadas.
Tiene treinta y dos años, y ha estado seis veces en los Estados Unidos, ya lleva varios años conduciendo una mototaxi para alimentar a su familia. Tiene tres hijos, con distintas mujeres me dice. Que el primero lo engendró cuando tenía trece y que entonces no estaba preparado, no supo que hacer. Ahora está pensando en volver a intentarlo en el norte. No hay trabajo. No hay salud. Y como suele venir en este paquete de infortunios, las posibilidades educativas son escasas.
Alguien que conoce bien los problemas educativos del valle es la profesora Jesús. Ejerce el oficio desde 1987. Es maestra de veintiún niños y niñas del primer grado en la Escuela José Trinidad Cabañas. El centro educativo tiene una población estudiantil aproximada de 350 niños y niñas de la comunidad de El Pedernal en el municipio de El Porvenir.
La Profesora Jesús tiene cincuenta y tres años, y padece de problemas dermatológicos desde 2009. Año en el que la minera dicen que cerró operaciones. Pero ya no se trata más la alergia y laceraciones que se le acrecientan en la temporada de calor. Una temporada que ya no saben en qué época del año es, porque el clima ha cambiado drásticamente en la zona del valle. Ella y sus alumnos están enfermos. Lo sabe. Pero también sabe que es poco lo que se puede hacer ya. Y aunque su mirada es clara, atraviesa sus ojos vidriosos para decir cosas que apenas entiendo. Acaso la tristeza de saberse una comunidad con pocas posibilidades.
El reto actual de las comunidades del valle es evitar un mayor avance del modelo extractivista que amenaza las únicas fuentes de agua que quedan sin contaminar: sus aguas termales. Ocho mil hectáreas del valle han sido concesionadas por cincuenta años a la empresa «12 tribus» y cuya concesionaria es Ormat Technologies de origen israelita para la instalación de una empresa generadora de energía térmica. Que judíos lleguen al Valle de Siria hasta parece una broma de mal gusto, o una paradoja de lo mal que están pasando algunas cosas en el mundo.
Luego de ir al valle una verdad de la que me doy cuenta es que estas personas me han dado mucho contándome sus historias, y yo no les he dejado nada, apenas este texto que se publica en formato digital. Así que las posibilidades que lo lean son escasas. Pero si existe una verdad que pesa más que todo el oro y la plata de las montañas que rodean el valle es que el resarcimiento moral que el Estado hondureño tiene en comunidades como las de El Valle de Siria es enorme, quizá impagable. Aquí donde la consigna de «vida mejor» es una caja vacía.
Fuente:https://www.contracorriente.red/2017/10/05/el-valle-de-la-esperanza/
El pastor Erlin Henrriquez es un hombre que está promoviendo el amor de Dios, la vida y la justicia en todas las comunidades donde ha vivido y ejercido su labor de evangelización por lo tanto es muy querido por la comunidad de la Abisinia en Tocoa, Colón.
COPÁN, HONDURAS. Días atrás, circuló la información de que una considerable cantidad de peces han muerto en el Río Lara, de la Aldea Azacualpa, jurisdicción de La Unión y occidente del país.
En Copan Ruinas todos vienen a visitar el sitio arqueológico Maya. Pero los mayas en esta área, ¿son realmente algo del pasado? Ser Maya-Chortí parece ser un asunto ciertamente complicado en esta zona. Mientras muchos Chortí son marginados y sienten vergüenza por su descendencia, su nombre y identidad fueron cooptados y su cultura llegó a ser una exhibición. Pero otros Chortí tomaron acción. Su lucha es para recuperar su cultura y su tierra. En una batalla contra un proyecto minero, la reivindicación de su identidad Chortí de pronto se volvió un arma. Quizás este nuevo orgullo en la identidad Chortí fortalezca su lucha por la tierra.
Las últimas evidencias sobre el asesinato de Berta Cáceres apuntan al Estado hondureño como responsable. Los tres militares implicados en el caso habrían recibido entrenamiento contrainsurgente de parte de los EE.UU. Los acusados del asesinato de Berta Cáceres recibieron entrenamiento en Estados Unidos y pertenecían a las fuerzas de inteligencia militar de Honduras de acuerdo a lo reflejado en el expediente jurídico del caso, reseña el periódico británico The Guardian.
Foto: El Heraldo Honduras
A más de diez meses de ocurrido el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de homicidio en perjuicio del defensor ambientalista Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos A.C., aún el Ministerio Público no ha comunicado ninguna acusación contra la persona que le disparó a él.
Tegucigalpa: El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa entregó ayer carta de libertad definitiva a líderes ambientalistas del Valle de Siria, quienes habían sido acusados por el delito de obstaculización de un plan de manejo en perjuicio de Haydee Urrutia Mejía.