El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, junto con la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, es reconocido como la principal herramienta jurídica internacional para garantizar los derechos de los pueblos, incluso el derecho a la consulta libre, previa e informada. Pero la forma cómo dicha herramienta ha sido implementada por los países ha causado descontentos en pueblos de diferentes partes de Latinoamérica.

La interpretación más obvia para entender estos descontentos gira alrededor de que los Estados Nación son los responsables por la tergiversación del significado y del uso de la consulta indígena, promoviendo procesos de consultas dudosos para facilitar la entrada de empresas a sus territorios.

Esta interpretación obvia se ha desmoronado cuando los mismos altos funcionarios de la OIT declararon, recientemente, que la Consulta no confiere a los pueblos el derecho al veto. O sea, un reglamento internacional que, en la interpretación del propio órgano que lo creó, no garantiza la autonomía de los pueblos.

Un documento obtenido por Avispa Midia permite ir un poco más adelante en el entendimiento sobre las reales intenciones de la OIT en cuanto a la Consulta Libre, Previa e Informada, a partir de un caso concreto, la construcción del proyecto de Ley de Consulta Libre, Previa e Informada de Honduras. El documento se trata de comentarios tejidos por el Departamento de Normas Internacional de Trabajo de la OIT, firmado por su directora, Corinne Vargha, respecto al Anteproyecto de Ley de la Consulta en Honduras. El anteproyecto fue enviado, con el respaldo de la OIT, recientemente al Congreso Nacional del país y está a punto de ser aprobado.

El documento, dirigido al secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, es una respuesta a la nota STSS-090-A-18 donde el gobierno de Honduras solicita a la OIT comentarios técnicos sobre el anteproyecto. De acuerdo con el mismo documento, su objetivo es proponer “ciertas modificaciones que tienen por objetivo alcanzar una mejor adecuación del Anteproyecto de Ley a las disposiciones del Convenio”.

El órgano dio su visto bueno a un texto que no garantiza la libre determinación de los pueblos. Para el Artículo 2 del anteproyecto, por ejemplo, que establece claramente que los pueblos no tienen el derecho al veto, la OIT hace la siguiente observación:

“En el párrafo 2 (del anteproyecto), se proponen los siguientes cambios editoriales con el fin de alcanzar una redacción aún más acorde con las disposiciones del artículo 6, 1), a) y 6, 2) del Convenio: La finalidad de la presente Ley es establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades de los PIAH respecto a todas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda. La Consulta no implica derecho a veto”, aclara el documento de la OIT.

El envió de recomendaciones no fue el único momento de intervención del órgano internacional en la construcción del Anteproyecto. “Los comentarios de la Oficina al Anteproyecto que presentan a la continuación completan los comentarios iniciales enviados al Gobierno el 22 de enero de 2018 y se inscriben en el marco de la conversación llevada a cabo entre funcionarios técnicos de la Oficina Internacional del Trabajo y el señor Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social en la sede de la Organización, el 28 de febrero de 2018”, consta en el documento de la OIT.

En otro documento, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, donde resume el proceso de construcción del Anteproyecto, el gobierno de Honduras reconoce la participación de la OIT: “Es importante destacar en este apartado que el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo OIT tanto en asistencia técnica, como el acompañamiento a todo el proceso en virtud de los acuerdos manifestados en la 105 Conferencia de la OIT, donde se establecieron compromisos con Honduras para acompañar y direccionar este ejercicio”, trae el documento.

Otro órgano internacional también estuvo involucrado en la construcción del Anteproyecto. “El papel de los veedores ha sido determinante en este proceso, particularmente en el caso del Programa de Naciones Unidos para el Desarrollo (Pnud), quienes han brindado un apoyo financiero y técnico en 16/18 talleres desarrollados, mostrando un compromiso significativo con los Pueblos Indígenas y afro hondureños y con el Gobierno de Honduras, además de actuar en muchos tramos como interlocutor en aspectos técnicos”, sostiene el documento de la Secretaría de Trabajo.

Seguridad jurídica para los inversionistas

El Estado de Honduras después de más de dos décadas de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT comenzó, desde el año 2012, un proceso de elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada, con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Pnud.

La iniciativa surge por presiones principalmente de los compromisos asumidos por el Estado hondureño en el marco del programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques en los países de desarrollo (Programa ONU-REDD+). La reglamentación de la consulta previa también forma parte de los compromisos del Estado relacionados con la negociación de Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA-Flegt), bajo la iniciativa de la Unión Europea, que versa sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de productos de la madera con destino a la Unión Europea. O sea, para a implementación de proyectos conservacionistas en territorio hondureño.

Así que no es mera coincidencia que, al mismo tiempo en que el gobierno hondureño envió el Anteproyecto al Congreso Nacional para votación, la Unión Europea firma finalmente un convenio sobre AVA-FLEFT con Honduras, establecido el 14 de junio.

El proceso

El Estado procedió en el 2012 a la creación de un anteproyecto de Ley, que derivó en tres versiones elaboradas por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (DINAFROH) y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH).

En el 2016, el PNUD contrató al peruano Ivan Lanegra, quien se encargó de crear una copia de la Ley de Consulta Perú, la que pasó por un proceso de socialización que el PNUD y el estado de Honduras denominaron consulta. El 30 de mayo de 2016, ODHPINH presentó ante el Congreso un anteproyecto de Ley de Consulta para la obtención del Consentimiento, Previo, Libre e Informado, la cual hasta la fecha se encuentra engavetada, ante las presiones existentes del poder ejecutivo el que viene fraguando la imposición de la versión de Ley, promovida por el PNUD y el Programa REDD.

La Relatora Tauli-Corpuz emitió sus comentarios sobre el anteproyecto de Ley el 22 de diciembre de 2016 y ante las posteriores aberraciones jurídicas incorporadas a la versión de Ley promovida por Ivan Lanegra emitió sus observaciones adicionales en junio de 2017. La Relatora entre otras manifestó “exhorto al Estado de Honduras a garantizar que se respeten los estándares internacionales sobre consulta previa y otros derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Con el aval obtenido por el Estado de Honduras por parte de la OIT, en el que incluye en su artículo 2, “la consulta no implica derecho a veto”. Al respecto, en las observaciones la Relatora Especial expresa su profunda preocupación sobre las interpretaciones del Convenio 169 que “parecen indicar ciertos retrocesos en el entendimiento y aplicación de los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

Pueblos dicen no

Con la participación de más de 400 Garífunas, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), provenientes de las diferentes comunidades, se efectúo el 13 de junio, en la ciudad de Trujillo, una asamblea extraordinaria del pueblo Garífuna, en relación al anteproyecto de Ley de Consulta Previa. La asamblea comunitaria rechazó de forma rotunda la imposición que pretende el Estado de Honduras.

La Asamblea después de analizar la versión de Ley respaldada por la OIT fue enfática en señalar que el Estado ignoró las recomendaciones de la relatora, y procedió a agregar una serie de adefesios jurídicos que descalifican el sentido de la consulta, convirtiéndola en un trámite administrativo, donde solo existe la posibilidad de aceptar las imposiciones del estado y los empresarios.

Líderes  comunitarios y defensores del territorio ancestral denunciaron como el Estado ha venido aprobando una serie de leyes que afectan a los pueblos indígenas, sin haber consultado en ningún momento a las comunidades que pueden ser afectadas. Desde las ciudades modelo (ZEDE) hasta los proyectos hidroeléctricos, así como una Ley de Incentivos al Turismo, a través de la cual se entregarán hasta las áreas protegidas a los inversionistas extranjeros.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), así como OFRANEH, rechaza el Anteproyecto de Ley del Estado.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/07/documento-obtenido-por-avispa-media-devela-la-postura-de-la-oit-sobre-la-consulta-indigena/

Tegucigalpa. – Tras una semana de tener tomada la alcaldía del municipio de Tocoa en el departamento de Colón, los pobladores siguen esperando al alcalde Adán Fúnez y a la corporación municipal para realizar un cabildo abierto con miras a declarar el municipio libre de minería.

Juan López, coordinador del Comité de Defensa de los Bienes Comunes del municipio de Tocoa, manifestó que en una semana de estar tomada la municipalidad, ellos no tienen ninguna comunicación ni con el alcalde ni con ninguno de los regidores del municipio.

La única que se dio,  fue el miércoles 6 de junio con la participación de Juan Frañó del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), quien les manifestó que el viernes anterior los iba a recibir la corporación municipal y la reunión se dio, pero cuando les tocaba hablar sobre el tema, el alcalde se retractó y dijo que no podías hablar con ellos porque son personas que no tienen base legal y no están en condiciones de representar a las comunidades.

López señaló que, esta situación es lamentable por la negativa de las autoridades, mientras ellos se mantienen en pie de lucha en las instalaciones de la municipalidad esperando que aparezcan las autoridades.

Añadió que, la asamblea permanente ha decidido quedarse hasta que el alcalde y la corporación en pleno atienda la comisión nombrada y que es representativa de sectores territoriales de 27 comunidades con sus patronatos y representación de organizaciones no gubernamentales como la Fundación San Alonso y de la iglesia católica.

López manifestó que, de existir esta negativa por parte de las autoridades edilicias, vendrán movilizaciones en las calles, porque para el próximo jueves 14 se ha girado una comunicación por parte de la corporación donde manifiestan que la reunión será para dar a conocer el estatus legal de los proyectos mineros.

“Frente a esta legalidad, nosotros estamos poniendo la contaminación por sedimentación y por otros contaminantes en el río Guapinol”, señaló López.

Fuente:https://criterio.hn/2018/06/12/pobladores-de-tocoa-colon-siguen-esperando-a-la-corporacion-para-declarar-el-municipio-libre-de-mineria/

Acusan directamente al alcalde y a la corporación municipal de estar confabulados con las compañías mineras para desarrollar los proyectos, sabiendo que son dañinos para las comunidades.

La población del municipio de Tocoa en el departamento de Colón aglutinada en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, están en pie de lucha para no permitir que seis proyectos mineros se desarrollen en su municipio.

Según la información de la base de datos de INHGEOMIN, son 6 proyectos mineros otorgados en el Municipio a las empresas; Industrial Mining Group S.A de C.V., Corporación Minera La Virtud S.A., Emco Mining Company S.A. de C.V. (Inversiones Pinares) juntas suman 3,500.00 hectáreas de territorio concesionado sobre la cabecera de los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, quebrada Ceibita, rio Tocoa y Taujica.

Los pobladores denuncian que estos proyectos destruirán los ríos que dan vida a ese municipio y sin los ríos, nadie vivirá feliz. Por tanto, la decisión corresponde al pueblo a nivel Municipal, no a un grupo de dirigentes patronales que han sido manipulados y engañados por la empresa con la complicidad y colaboración directa de las unidades del gobierno municipal.

Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos

Ante la opinión pública local, nacional e internacional expresamos lo siguiente: El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colon, somos una expresión de unidad de organizaciones comunitarias, sectoriales, sociales, campesinas, instituciones no gubernamentales, iglesia y población no organizada que está bajo riesgo por el extractivismo minero y energético en el Municipio.

La corporación Municipal hizo declaración oficial respecto al Comité en conferencia de prensa el día jueves 7 de junio. El Alcalde Adán Fúnez y seis regidores que firmaron la declaración intentan limpiar una situación muy delicada en relación a derechos fundamentales del pueblo en el Municipio producto del concesionamiento territorial para minería. Entendemos que los proyectos mineros los otorga INHGEOMIN como autoridad minera estatal.

El 20 de enero de 2014, el ex Alcalde Héctor Hernández junto a 5 regidores aprobaron la entrada de empresas mineras al Municipio y la siguiente administración que entró 5 días después encabezada por el Alcalde Adán Fúnez no dijo nada sobre todo esto, su silencio la hace cómplice y los permisos de operación la hace responsable de los desastres sociales, ecológicos, ambientales y humanos que se avecinan.

La toma del edificio Municipal desde el lunes 04 de junio es una expresión de alerta ante los impactos que se ciernen sobre la vida en el Municipio. Se va levantando un muro entre las comunidades y dirigentes consientes de la amenaza y las comunidades amenazadas, pero bajo control de la empresa y el gobierno Municipal. Muchos dirigentes de Patronatos de las comunidades de influencia de la empresa están a favor de la minería y responde a una relación muy personal entre los dirigentes y el Alcalde, por eso la Corporación quiere reunión con tales dirigentes. Lo expresado en la declaración en relación al pueblo en resistencia ante la amenaza minera es un desprecio de parte del Alcalde y la Corporación.

Según la información que viene de la base de datos de INHGEOMIN, son 6 proyectos mineros otorgados en el Municipio a las empresas; Industrial Mining Group S.A de C.V., Corporación Minera La Virtud S.A., Emco Mining Company S.A. de C.V. (Inversiones Pinares) juntas suman 3,500.00 hectáreas de territorio concesionado sobre la cabecera de los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, quebrada Ceibita, río Tocoa y Taujica. Estos proyectos destruirán los ríos que dan vida en el Municipio y sin los ríos, nadie vivirá feliz. Por tanto, la decisión corresponde al pueblo a nivel Municipal, no a un grupo de dirigentes patronales que se merecen nuestro respeto, pero que han sido manipulados y engañados por la empresa con la complicidad y colaboración directa de las unidades del gobierno Municipal.

La Corporación Municipal dice que el comité no es legal y, por tanto, no puede representar al pueblo. La legalidad es asunto de formalidad, lo primero es la legitimidad y esa, las asambleas comunitarias, sectoriales y de organizaciones se la han dado a la gente delegada para tal misión. No respetar esa decisión es una violación al derecho de participación, pues el gobierno no tiene más responsabilidad que ejecutar las decisiones del soberano. La manipulación de los liderazgos comunitarios y llevada cual oveja al matadero por el gobierno y las empresas, ha sido una forma constante de mantener control de los territorios y las decisiones que golpean a la población.

El Alcalde personalmente no quiere en la comisión al representante de la Iglesia Católica, de la Coordinadora de organizaciones Populares del Aguan y de la Fundación San Alonso Rodríguez. Ha acusado de “grupos oscuros” que utilizamos el tema minero para posicionar otros temas, estas declaraciones solo dejan en evidencia publica un vacío moral y ético que llenan con insultos nada más alejados de la verdad. La Corporación ha solicitado la investigación y deducción de responsabilidades penales para quienes estamos en lucha, nos alegra, la verdad debe respirar y demostrar públicamente quien tiene responsabilidades penales y administrativas. En este sentido se entiende la actitud de ayer viernes, cuando a través del Delegado departamental del CONADEH pidió que fuéramos a reunión con la corporación como se acordó el miércoles 06, en el último minuto cambió de opinión porque en la comisión no iban las personas que puede manipular, yendo 6 personas de patronatos y junta de agua que representan a 28 comunidades de los sectores abisinia, San Pedro y Guapinol.

Desmentimos la declaración del Alcalde en relación a que los manifestantes tenemos amenazados a los empleados municipales, son personas como nosotros y nadie puede ser objeto de amenaza de nuestra parte. En relación al ingreso de la Unidad de Fiscales Contra la Impunidad y la Corrupción UFECIC, desde el día martes que lo solicitaron accedimos e ingresaron al edificio con personal Municipal el viernes 08. Dejamos constancia que el jueves 07 la responsable de Desarrollo Comunitario ingreso a las oficinas y llevo documentación. La campaña de criminalización mediática, asumida legalmente en la declaración de la Corporación pone en riesgo la seguridad y la vida de los manifestantes.

Expresamos públicamente que el municipio está bajo riesgo por los proyectos mineros otorgados y por la actitud prepotente, autoritaria del gobierno Municipal. Lógicamente, esta actitud se deriva del peso que la mano peligrosa del diputado Oscar Nájera impone sobre la administración Municipal. El pueblo no claudicará en la lucha, para nosotros la defensa del agua, la dignidad humana y la soberanía territorial es asunto de vida o muerte. Puede la Corporación Municipal estar segura que no guardamos odio ni rencor alguno, no denigramos, no insultamos, y no negociamos lo sagrado que brota del costado de Jesucristo presente en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía. La sangre de Carlos Escaleras está de pie junto al agua de nuestros ríos y quebradas y nos llama a declarar el Municipio libre de minería.

Tocoa, Colon, 09 de junio 2018

Fuente:https://criterio.hn/2018/06/10/pobladores-de-tocoa-colon-en-pie-de-lucha-contra-proyectos-mineros/

Varias familias de aldeanos hondureños emprenden acciones legales para detener a una compañía minera que está desenterrando tumbas para conseguir oro. Una empresa minera transnacional, Aura Minerals, ha estado excavando tumbas en el cementerio de 200 años de antigüedad cerca de la comunidad de Azacualpa, La Unión, para despejar el camino en busca de oro. Nada es sagrado en el camino de los mineros del oro en el noroeste de Honduras, ni siquiera las tumbas de los muertos.

Unos 350 cuerpos han sido exhumados por la filial hondureña de la compañía, Minerales de Occidente (Minosa) desde que el proceso comenzó el otoño pasado. El problema ha dividido a Azacualpa, una comunidad productora de café situada cerca del borde de la mina de oro a cielo abierto San Andres, de décadas de antigüedad, y ha abierto brechas dentro de las familias.

Algunos residentes temen que el cementerio sea la última línea de defensa antes de que la compañía que cotiza en la bolsa de valores vea a la comunidad como su próximo sitio de extracción.

Genaro Rodríguez, un trabajador de la construcción y productor de café de 60 años que vive en Azacualpa, espera que un desafío legal ponga fin a la debacle: un tribunal ha ordenado detener temporalmente las exhumaciones en espera de nuevas investigaciones.

“Lo que queremos es que el cementerio no se toque”, dijo Rodríguez.

En el cementerio, a unos 50 metros de donde la ladera excavada cae en picado en la mina, las tumbas dañadas indican que ya se han eliminado algunos ataúdes.

Floresmira López recientemente se paró frente a la tumba de su padre y bloqueó a los trabajadores para que no se lleven sus restos. Ella culpa a la compañía minera de los problemas de salud inducidos por el estrés y de los conflictos familiares que han estallado durante la excavación de tumbas.

Las exhumaciones tienen sus raíces en un acuerdo de 2012 entre Azacualpa y la filial hondureña de Aura Minerals, Minerales de Occidente (Minosa). El acuerdo prometió un proyecto de reubicación de viviendas para 400 familias a cambio de permiso para explotar un puñado de sitios, incluida la colina donde se encuentra el cementerio.

Una adenda al acuerdo dio a las personas el derecho de aceptar las tumbas de sus seres familiares desenterrados, lo que permite a la compañía exhumar los restos con el consentimiento de un solo familiar. Se dice que familias enteras terminaron en desacuerdo entre sí.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/honduras/item/40898-denuncian-a-una-minera-por-desenterrar-tumbas

Necesitan periodistas, defensores y acompañantes, comida, agua, …
Con garrote en la mano, Floresmira López (de Azacualpa, La Unión, Copan) obligo a los forenses – trabajando a favor de la minera Canadiense Aura Minerals (y MINOSA, su subsidiaria) – a que depositaran de nuevo los restos de su padre en la tumba.  Aura Minerals/MINOSA exhumo el cuerpo de su padre Celeo Villanueva Rodriguez, sin el concentimiendo de ella, sus hermanas y un hermano. (Informacion de ASONOG, Ramiro Lara)

“El día de ayer (19 abril de 2018) visite la comunidad de Azacualpa en apoyo a un grupo de personas que se mantienen manifestándose frente al cementerio de la comunidad. Había en ese momento 25 personas presentes.  En hora de la mañana (20 de abril) el grupo fue mayor.  Su decisión es seguir con la toma los días que sean necesarios.  En los dos días que han estado presentes con esta acción la empresa no ha hecho exhumaciones, hoy tampoco se hicieron presentes.  Anoche a eso de las 8:00 pm la empresa introdujo maquinaria en el sitio denominado Isla de Combustible, es el lugar de acceso al cementerio, un grupo de aproximadamente 20 jóvenes llegaron al lugar y les obligaron a retirarse.  En este momento llegaron nuevamente a ese lugar en donde también se encuentra un  grupo de manifestantes intentando desalojarlos.” (Informacion de Ramiro Lara, ASONOG)

ALERTA – ALERTA
Se teme mas represión del Estado Hondureno, a favor de la minera Canadiense Aura Minerals, apoyado directamente por el gobierno de Canada.

Mientras que militares y policías hondureños asesinaban a más de 40 personas durante las protestas en contra de las elecciones robadas el 27 de noviembre de 2017, Aura Minerals y MINOSA (la empresa subsidiaria de ésta en Honduras) han desenterrado al menos 89 cadáveres, empleando actos de coerción y pagando a familias que viven en la pobreza por el “derecho” de trasladar a sus muertos.

En varias ocasiones, Aura Minerals/MINOSA han desenterrado “los cadáveres equivocados”, es decir, aquellos que pertenecen a familias que siguen oponiéndose a la profanación y destrucción del cementerio de 200 años de antigüedad, y al traslado de sus muertos – a pesar del amedrentamiento y la represión de soldados, policías y miembros de la seguridad de la empresa.

Con el apoyo de autoridades e inversores canadienses y del gobierno y las fuerzas armadas hondureñas, el día 5 de setiembre de 2017, Aura Minerals / MINOSA empezó con el proceso grotesco y depravado de intentar despejar este lugar sagrado. Vea el videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=sQWtlh8XloQ

«La historia detrás del reportaje: lo que Aura Minerals no quiso que viéramos en Azacualpa”
Aquí, se presenta un documental de 4 minutos (en ingles) en que Maggie Padlewska registra la manera en que la empresa, los soldados y la policía intentaron evitar que una delegación de canadienses visite la mina y el cementerio de Azacualpa en 2016: https://www.youtube.com/watch?v=T1uY6E6zs7Q.

Este intento de destruir el cementerio de Azacualpa ocurre después de años de funcionamiento de esta mina de oro a tajo abierto que filtra cianuro que provoca: múltiples daños a la salud, la deforestación, la contaminación del aire y del agua, el agotamiento y la  destrucción de la economía local, además de la represión y la criminalización de los miembros de la comunidad.  Muchos de estos miembros de la comunidad participan activamente en el Comité Ambiental de Azacualpa, documentando y protestando estos daños y violaciones.

¿Pretenden la destrucción del pueblo de Azacualpa?
La mayoría de miembros de la comunidad no sólo desean poner fin a la destrucción de su cementerio – tienen cientos de seres queridos enterrados allí – sino que saben que Aura Minerals busca más que sólo el oro que yace debajo del cementerio. Esta empresa también quiere el oro que existe al otro lado del cementerio, subiendo la cuesta de la montaña, es decir, el mismo pueblo de Azacualpa que queda a unos pocos kilómetros más allá.

¿Clamor?
¿Hasta qué tan grotesco y dañino tendrá que mostrarse la minería de origen canadiense, antes de que digan ¡basta! los políticos, los medios de comunicación, los inversores y la industria en Canadá? En nombre de los muertos y los vivos en Azacualpa, compartan esta información con familiares, amigos, los medios de comunicación, los políticos que los representan, etc. para poder dar a conocer la manera en que las empresas canadienses trabajan en otros países.

Continuarán estos abusos – incluso la profanación de los muertos – hasta que la población de los países de origen de empresas mineras – Canadá en este caso – responsabilice a estas empresas, a los inversores y sus gobiernos, y exija que rindan cuentas en lo legal y lo político, por los daños al medio ambiente, por la violación a los derechos humanos y la represión causada por la minería.

Grahame Russell, Rights Action (Derechos en Acción)
info@rightsaction.org

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Gobierno de Canada en Honduras
Embajador James Hill, Embajada de Canadá en Costa Rica, Honduras y Nicaragua: James.Hill@international.gc.ca, tglpa@international.gc.ca
Emabajada canadiense para Honduras, Bertrand-Xavier Asselin: Bertrand-Xavier.Asselin@international.gc.ca; Isabelle Solon Helal: Isabelle.SolonHelal@international.gc.ca; Kyle Sundstrom: Kyle.Sundstrom@international.gc.ca

Aura Minerals
Rodrigo Barbosa, Presidente y Principal Director Ejecutivo
William Monti Reed, Gerente de minas – Honduras: info@auraminerals.com, www.auraminerals.com;

La lluvia ácida no es una leyenda, lo saben los habitantes de El valle de Siria, ubicado a unos 120 kilómetros de Tegucigalpa. Las comunidades de Cedros, El Porvenir, y San Ignacio –tres municipios en la parte más oriental del departamento de Francisco Morazán– fueron afectadas por la minería de cielo abierto. Una variante del modelo extractivista. Contaminadas las aguas de sus ríos la lluvia en algún momento tenía que caer cual profecía bíblica. El derrumbe moral aquí es inminente ante la voracidad de los resultados de un modelo que ha heredado generaciones enfermas y empobrecidas. Aquella idea del desarrollo económico y la bondad de las empresas mineras es una que se desmitifica con la misma facilidad con la que cae una línea hecha con piezas de dominó.

Aquí vive Cristi, ella tiene dieciocho meses. No sabe que está enferma, no sabe que el cabello se le cae, no tiene la más mínima conciencia que un futuro lleno de incertidumbre le espera. Aneli, es madre de Cristi. Con dieciocho años, a ella también se le cae el cabello, sus problemas de salud comenzaron desde su nacimiento. Las dos nacieron enfermas, nacieron con la marca de la minería en sus cuerpos, una marca que llegó al valle a principios del 2000 y se instaló en las aguas de los ríos: las fuentes de agua que las comunidades del valle usaron siempre. Se abastecieron de estos ríos muchos años antes de la llegada de la minera, los usaron durante los ocho años de explotación de la Mina San Martín, y los siguen usando tras siete años de haber declarado el cierre de la mina, un cierre que para muchas organizaciones de derechos humanos –como OXFAM, El Centro Hondureño de Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) y el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras– y para las mismas comunidades, está lleno de irregularidades.

En 2002, la empresa «Minerales Entre Mares de Honduras» extrajo 129,435 onzas de oro, lo que significó remover un aproximado de 2.5 millones de toneladas de tierra, solamente en esos doce meses. Esto habría que multiplicarlo por los 8 años de su operación. Tomando en cuenta que la cotización de una onza de oro en 2002 fue de 310 dólares -actualmente supera los 1,200-, se calcula para la compañía un ingreso ese año de 40.1 millones de dólares, producidos por una planilla que no superaba los 200 empleados.

Según la Ley de Minería vigente en Honduras, las empresas mineras solo pagan un 6% del total exportado en impuestos anualmente, una cantidad que no logra resarcir los daños ambientales que deja esta actividad.

La empresa minera Entremares subsidiaria de la trasnacional Goldcorp que también tiene proyectos en México, Guatemala, Argentina, República Dominicana, Canadá y Estados Unidos  explotó durante ocho años un total de catorce mil cien hectáreas en la zona de El Valle de Siria, y aunque la empresa declaró el cierre de la Mina San Martín para 2008, tiene aprobadas otras concesiones en estado de explotación por un total de cuatro mil cuatrocientas hectáreas en los municipios de Mapulaca, Lempira (1700), Distrito Central, Francisco Morazán (1400), y Marcovia, Choluteca (1300), datos que revela el Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos.

–¿La has llevado al médico?
–No.
–Y vuelve a quedarse callada. Aneli no dice mucho, apenas da respuestas monosilábicas. Dice «no» y vuelve al ensimismamiento –quizá provocado por la cámara, quizá provocado por tener que contestarle a un extraño– y la mirada tierna clavada en el rostro de su hija.

Oneida, madre de Aneli, abuela de Cristi, podría estar enferma también. No lo dice, no hay necesidad. Sus hijos nacieron enfermos porque ella consumió agua que resultaría contaminada con metales pesados. Ella se ve más interesada por saber los vínculos familiares. Si mi apellido es originario de dónde, y que en El Pedernal –su aldea– también hay Cálix. Hace que se esconde de mis preguntas y de la cámara. No hago mayor intento. Sé que he invadido la frágil cotidianidad en la que transcurren los días para ella y su familia.

Las mujeres en el Valle de Siria fueron siempre invisibles. Ellas no figuraron nunca en los cuadros estadísticos de nada. De nada, excepto quizá en los censos electorales. Las mujeres como Oneida, y como Aneli, han estado relegadas a los roles eternos: cuidar de la infancia, los quehaceres domésticos, ser esposas abnegadas que con dedicación cuidan de sus maridos. Ellos, sus maridos, sus hijos, los campesinos convertidos en obreros con la llegada de la minera, serían la base fundamental de una empresa que haría de sus comunidades un territorio habitado por la desolación.

En San Ignacio pasó exactamente lo mismo. Otras mujeres dirán lo mismo. Que lo único que se multiplicó en sus vidas fueron los cuadros clínicos severos. En San Ignacio se ha documentado el caso de cinco mujeres afectadas por la contaminación. Algunas de ellas vinculadas en labores de aseo y cocina con la empresa, otras dedicadas a sus roles en sus hogares. Cinco mujeres a quienes se les tuvo que someter a operaciones en donde se les extrajo la matriz. Era eso o morir.

–¿Qué le dijeron?
–Nada. A mí sólo me la sacaron.

Sulay tiene 52 años. Es dueña de una mirada profunda y una sonrisa esquiva. Ella es una de las cinco. Su cuerpo se contaminó con plomo, arsénico y talio –me dice– porque ella lava la ropa de su esposo quien antes trabajaba en la mina. Miguel, su esposo, llega montado a caballo, es un día bueno, ha logrado montar a «Payaso» –un caballo blanco cruce de caballo español y yegua peruana– después que estuvo cuatro meses sin poder hacerlo debido a un problema en su columna. «Payaso» baila, lo sigue a donde va, se hace el dormido. El caballo parece disfrutar tanto como Miguel esa relación que yo veo de lejos, que no entiendo.

Miguel es uno de treinta cinco ex trabajadores de la minera que se asociaron en el año 2009, luego de que la Mina San Martín cerró operaciones. Se asociaron para pedir una indemnización al Estado hondureño que la empresa no les dio por sus problemas de salud. Ahora padecen de enfermedades que han deteriorado sus cuerpos por haber estado expuestos a la contaminación en el proceso de extracción del oro y la plata. Columnas con discos dislocados o con artritis, y distintos tipos de cáncer, son parte del cuadro clínico general que los ex mineros narran. Otros han muerto ya, dicen. Los casos de mujeres que sufrieron aborto producto de la contaminación –calculan los mismos ex empleados de la mina y sus compañeras– implican una cifra difícil de calcular. Ellos y ellas dicen que fueron atendidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que allí les perdieron los expedientes, que fueron atendidos en Clínicas Viera, donde sus expedientes eran modificados para hacerlos pasar como personas que estaban bien de salud. Otros análisis les fueron hechos por un científico italiano del que me hablan pero no me muestran ningún resultado médico como si bastara con empeñar la palabra en un país donde sólo creemos lo que vemos, y lo que vemos es el hondo abismo.

Miguel fue operario de maquinaria pesada, de volquetas y retroexcavadoras, de ésas grandes como las que salen en las revistas, en los programas de NatGeo y en internet. Y me muestra uno de sus compañeros una foto en su celular buscada en google. Se ríen, y no se entiende bien porqué se ríen. Que no saben pero de alguna forma aprendieron el oficio de ser mineros. Aquello les gustaba. Aquello les daba sueños. Aquello les daba la esperanza de sacar de la pobreza a sus familias. Rolando se guarda el celular en el que me ha mostrado la foto de la volqueta. Me dice que lo que le sucede a él es casi lo mismo, que su columna se ha debilitado con el paso del tiempo, que a sus cuarenta y siete años tiene días en los que su cuerpo no responde, que le toca quedarse en cama.

–La presión la ando siempre a punto de darme un paro cardiaco.
–E inhala de su cigarrillo, y contesta una llamada que lo aleja de la conversación.

Marilú, es esposa de Rolando y también está enferma. A ella le da dolores de cabeza, y le duele la espalda. Sus hijas padecen enfermedades respiratorias –cuenta– que no se pueden curar. Dicen que son enfermedades de las que los médicos no explican mucho, nada en realidad.

En la comunidad de San José de Palo Ralo, a pocos kilómetros del casco urbano de San Ignacio –aunque utilizar el concepto de urbanidad sea más un eufemismo para describir un par de calles pavimentadas– viven dos mujeres, dos hermanas, Maritza de veintiocho años y María de cuarenta y uno. Las dos son madres solteras. Las dos consumieron durante sus embarazos agua contaminada que sacaban de un pozo que la minera bajo autorización de la Secretaría de Recursos Naturales les hizo en la propiedad donde vive toda su familia, una familia extendida, llena de mujeres y niños pequeños. De hombres mayores. Algunos jóvenes, pero la mayoría han decidido apostarle por el sueño americano, y ya se han ido, hace años que comenzaron a irse.

Maritza y María son madres de niños que nacieron enfermos. A Jeferson, hijo de Maritza, le aquejan las enfermedades respiratorias. A Antony, hijo de María, lo que le sucede es un problema de crecimiento, problemas al hablar –poco le entiendo pero en su balbuceo su madre se pierde como quien se pierde en un laberinto y no sale más–, también nació con malformaciones físicas que le impedirán caminar, aunque María tiene la esperanza que con una operación se solucione.

Antony y Jeferson –los dos de seis años– dejaron de ir al médico. Perdieron la rutina de sus citas médicas porque sus madres no pudieron más con la carga económica que implicaba viajar desde su comunidad –una pequeña aldea de San Ignacio– a Tegucigalpa. Maritza no podía seguir costeando los mil doscientos lempiras ($50) de movilización para que su hijo fuera atendido en el Hospital Escuela.

–Para nosotros el valle es la vida, para algunas organizaciones es venir, sacar algunas fotos, porque eso significa la posibilidad de justificar presupuestos. La gente está cansada. –Me dice alguien, y me dice que puedo decir lo que me ha contado, pero que no use su nombre. Se lo prometo, que no lo haré. Pero entiendo en su mirada que es poco lo que me cree.

Las mujeres en El Valle de Siria fueron siempre invisibles. Ellas no figuraron nunca en los cuadros estadísticos de nada. La minera sólo contrató a unas pocas para atender los quehaceres domésticos de los ejecutivos extranjeros de la empresa. Para lavarles la ropa. Para que les cocinaran. Para que mantuvieran siempre limpia la casa hospedaje que ahora ha sido convertida en el Centro Turístico San Martín, donde la noche cuesta cuarenta y cinco dólares, y no se le permite a ningún huésped, por ninguna razón, que lleven aparatos fotográficos y de video.

–Sacar fotos está prohibido.
–¿Y entonces qué tiene de divertido?
–No lo sé. Pero no te dejarán sacar fotos.

En algún momento, porque nadie recuerda bien las fechas en una historia común que tiene mayores implicaciones que la percepción temporal, el Comité Ambientalista de El Valle de Siria denunció la contaminación de las aguas en los ríos que atraviesan el valle justificando la denuncia en estudios que se hicieron a las aguas. En 2009, la Agencia Católica de Ayuda para Inglaterra y Gales (CAFOD, por sus siglas en inglés) realizó dos investigaciones que estuvieron a cargo del Dr. Adam Jarvis y el Dr. Jaime Amazega de la Universidad de Newcastle, sobre los niveles de acidez del agua en los afluentes de la zona del valle, los estudios revelaron que el agua alcanzó un pH entre 2,5 y 3, y altos niveles de cadmio, cobre y hierro, estos resultados serían recogidos en el documento «Ficha de Registro Impactos Negativos de la minería Centroamérica: San Martín» publicado por CEICOM. La empresa –dicen los ambientalistas– respondió con el montaje de criaderos de tilapia. Que las aguas no estaban contaminadas, dijeron. Pero contrataron después maquinaria de la municipalidad de San Ignacio para que les hiciera el favor de enterrar los peces. Que nada quedara de ellos.

La economía del valle antes de la minera era eminentemente agrícola. Pero el ganado comenzó a morirse. El maíz dejó de darse. Y ahora lo que siembran es caña para pastizal de la ganadería. Lo que se ve a través de los largos caminos de tierra que comunican las comunidades del valle son animales famélicos. Acomodados en grandes extensiones de tierra infértil donde a la maleza le cuesta crecer. El imponente paredón vacío que la minera provocó en una de sus montañas. Ríos cuyas aguas son sospechosas de arrastrar oro, pero también los metales que han enfermado la vida de las comunidades.

En los postes del incipiente servicio de energía eléctrica ondean las banderas de los partidos políticos que ahora mismo se encuentran en franca carrera electoral. Los rostros sonrientes de los candidatos con las mismas promesas que han sido incapaces de cumplir desde hace más de veinte años. Un puente –o más bien, la idea de uno– destruido por las crecida salvaje del río sobre el que está, y cuyo costo oficial aproximado rondó la temeraria cifra de los seis millones de lempiras. Casas pequeñas de adobe y repelladas con cal donde viven familias numerosas, anónimas, que se resisten a la idea de morir o de irse, porque todo lo que conocen es la vida del valle, aunque el valle ya no tenga mucho que ofrecerles a sus habitantes.

–La juventud está perdida. Sólo saben de beber y drogarse. –Me dice el conductor de la mototaxi en la que me transporto.
–¿Qué drogas?
–Marihuana, coca…
–¿Y dónde la consiguen?
–Ahora esto es un corredor para la droga. Y los que no se drogan se van para los Estados Unidos.
–Pero los chicos tienen opciones, hacen deporte, juegan fútbol, ¿y las chicas?
–Embarazarse, cuidar de la casa, beber y drogarse. Aquí hay niñas de trece años embarazadas.

Tiene treinta y dos años, y ha estado seis veces en los Estados Unidos, ya lleva varios años conduciendo una mototaxi para alimentar a su familia. Tiene tres hijos, con distintas mujeres me dice. Que el primero lo engendró cuando tenía trece y que entonces no estaba preparado, no supo que hacer. Ahora está pensando en volver a intentarlo en el norte. No hay trabajo. No hay salud. Y como suele venir en este paquete de infortunios, las posibilidades educativas son escasas.

Alguien que conoce bien los problemas educativos del valle es la profesora Jesús. Ejerce el oficio desde 1987. Es maestra de veintiún niños y niñas del primer grado en la Escuela José Trinidad Cabañas. El centro educativo tiene una población estudiantil aproximada de 350 niños y niñas de la comunidad de El Pedernal en el municipio de El Porvenir.

La Profesora Jesús tiene cincuenta y tres años, y padece de problemas dermatológicos desde 2009. Año en el que la minera dicen que cerró operaciones. Pero ya no se trata más la alergia y laceraciones que se le acrecientan en la temporada de calor. Una temporada que ya no saben en qué época del año es, porque el clima ha cambiado drásticamente en la zona del valle. Ella y sus alumnos están enfermos. Lo sabe. Pero también sabe que es poco lo que se puede hacer ya. Y aunque su mirada es clara, atraviesa sus ojos vidriosos para decir cosas que apenas entiendo. Acaso la tristeza de saberse una comunidad con pocas posibilidades.

El reto actual de las comunidades del valle es evitar un mayor avance del modelo extractivista que amenaza las únicas fuentes de agua que quedan sin contaminar: sus aguas termales. Ocho mil hectáreas del valle han sido concesionadas por cincuenta años a la empresa «12 tribus» y cuya concesionaria es Ormat Technologies de origen israelita para la instalación de una empresa generadora de energía térmica. Que judíos lleguen al Valle de Siria hasta parece una broma de mal gusto, o una paradoja de lo mal que están pasando algunas cosas en el mundo.

Luego de ir al valle una verdad de la que me doy cuenta es que estas personas me han dado mucho contándome sus historias, y yo no les he dejado nada, apenas este texto que se publica en formato digital. Así que las posibilidades que lo lean son escasas. Pero si existe una verdad que pesa más que todo el oro y la plata de las montañas que rodean el valle es que el resarcimiento moral que el Estado hondureño tiene en comunidades como las de El Valle de Siria es enorme, quizá impagable. Aquí donde la consigna de «vida mejor» es una caja vacía.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/04/valle-de-la-desesperanza-de-goldcorp-inc-entre-mares/

Las autoridades de Honduras informaron que detuvieron este viernes al presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), David Castillo, acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato de la líder indígena Berta Cáceres.

A dos años del crimen, distintos medios locales señalaron que la captura se realizó cuando Castillo intentaba abandonar el país por el aeropuerto Ramón Villeda Morales de la ciudad San Pedro Sula, en el departamento de Cortés (noroeste).

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá (oeste), cuando un grupo de desconocidos forzaron la entrada de su vivienda para ejecutarla. Según la investigación que dirige el Departamento de Delitos Contra la Vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el empresario Castillo proporcionó la logística y los recursos necesarios a uno de los autores materiales del hecho.

Recordemos que el investigador Juan Carlos Cruz y el ex policía Miguel Arcándel Rosales Izcano, ya fueron procesados por presentar pruebas falsas para desviar la investigación por el asesinato de la ambientalista hondureña.

Asimismo, en enero de este año, el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa ordenó abrir un juicio oral contra el ex viceministro de Recursos Naturales y Ambiente, Darío Cardon, luego de que el Ministerio Público cuestionara “los múltiples retrasos improcedentes” en el proceso judicial por parte de la defensa de Cardon, la cual ha dejado de “hacer uso del derecho que le asiste a su representado de contestar cargos, tratando con ello de dilatar injustificadamente el proceso, lo que constituye un acto de deslealtad con la Justicia”. Desde agosto de 2017 la audiencia preliminar se reprogramó cinco veces.

Cardon es acusado de abuso de autoridad asociada a la ampliación de una licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, iniciado hace cuatro años por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), con financiación de bancos extranjeros, autorizando la ampliación de la licencia ambiental sin consultar a las comunidades de la etnia lenca.

Hasta el momento, al menos ocho personas están detenidas en el marco de este caso, entre ellos el gerente de DESA, Sergio Ramón Rodríguez Orellana; el ex militar Douglas Geovanny Bustillo; y los civiles Edilson Atilio Emerson, Eusebio Duarte Meza y Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.

Fuente:https://www.elciudadano.cl/latino-america/honduras-dos-anos-del-crimen-detienen-al-autor-intelectual-del-asesinato-berta-caceres/03/02/

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina OCMAL, frente a la situación que vive el pueblo de Honduras declara:

1.-Que vemos con gran preocupación el desarrollo de los hechos acontecidos a partir de las elecciones recién pasadas y la demora en dar a conocer los resultados, que a todas luces apuntan a una salida a la crisis democrática que viene viviendo Honduras desde el golpe militar que derrocó al presidente Zelaya.

2.- Que acompañamos moralmente a nuestras amigas y amigos que luchan por el restablecimiento de los derechos democráticos, humanos ambientales y las garantía civiles y democráticas del pueblo hondureño.

3.-Que denunciamos los intereses mezquinos y usurpadores de empresas y gobiernos que buscan despojar a las y los hondureños de sus riquezas naturales y sus bienes comunes a costa de la vida y el sufrimiento de lideresas y líderes de los diferentes sectores democráticos y populares de ese país.

4.- Que nuestras organizaciones están atentas a los acontecimientos últimos frente a la embestida dictatorial que pretende arrebatar al pueblo su deseo de recuperar la esperanza, la libertad y la autonomía en las decisiones que le atañe, por sobre los intereses económicos usurpadores de grandes empresas y gobiernos cómplices.

5.- Que hacemos un llamado a las personas, organizaciones e instituciones con espíritu democrático inquebrantable, a sumarse a la defensa de los derechos de las y los hondureños en estos difíciles momentos.

6.- A todas las organizaciones internacionales les solicitamos encarecidamente condenar la violencia contra el pueblo hondureño y exigir el respecto a los derechos humanos y la voluntad popular, como lo recomienda el Comunicado de la Secretaría General de la OEA respecto a las recientes elecciones presidenciales en Honduras", con inmediato recuento de los votos y verificación de la participación en la votación de algunos departamentos no considerados.