Javier Suazo 26/09/2024
Fuentes: Rebelión [Imagen: COPINH, Honduras]
“Hermana Bertha cómo hago para hablar con el rio, simplemente sígueme rio arriba” (Juan López)
Con el Ajuste Estructural Agrícola en 1990 se profundizaron los negocios y actividades extractivas en Honduras, al permitirse la privatización del recurso forestal y agro negocios tóxicos como la palma africana y explotación camaronera sin control que destruye el bosque de mangle. A ello se suman la ganadería extensiva y contaminación del agua, por el uso de contaminantes en cultivos como el café.

Después del huracán y tormenta tropical Mitch (1998), en el gobierno de Carlos Flores Facusse (1998-2001), se aprobó la Ley General de Minería, mediante Decreto N. 292-98 del 6 de febrero de 1999, que otorga concesiones mineras y permite la explotación de cielo abierto y uso de cianuro. El gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-junio 2009), prohibió este tipo de minería, declarándose inconstitucional la legislación después de protestas de pobladores afectados por dichas concesiones. Su Plan de Gobierno enfatizaba en la aprobación de una nueva Ley de Minería benigna con el ambiente y salud de la población, además de la elaboración del mapa mineralógico nacional que no se concluyó.

Aunque se aprobó también una nueva Ley Forestal, donde se eleva a la categoría de sector al subsector forestal, se cuestionó la aprobaciónde la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables (Decreto N. 70-2007 de octubre de 2007), que permite el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica con recursos naturales, otorgándose incentivos a la inversión nacional y extranjera, caso de la exoneración del pago de impuestos, como aquellos cobrados a la importación de equipos y maquinarias, tasas, aranceles, derechos de importación, impuesto sobre la renta y activo neto, entre otros.[1]

El golpe de Estado a Manuel Zelaya trajo consigo, entre otras “reivindicaciones” al capital, una Nueva Ley de Minería que, curiosamente, deja el espacio libre para la explotación a cielo abierto y uso del cianuro, aunque en teoría se fortalece la institucionalidad en la materia. Esta Ley fue aprobada en el gobierno de “Pepe” Lobo (2010-2013), acusado de tener vínculos con el narcotráfico, el 2 de abril de 2013, mediante decreto 238-2012. El argumento de fondo, además de los esfuerzos por consensuar el anteproyecto de Ley con varios actores desde el Congreso de la Republica, fue la adhesión de Honduras a la Iniciativa para las Trasparencia de las Industrias Extractivas (IEITI, por sus siglas en ingles), lo que supone una garantía de trasparencia, rendición de cuentas y responsabilidad aplicable a las actividades extractivas.

Para el movimiento ambientalista, las violaciones a esta legislación han sido evidentes: El ARTÍCULO 19 reza que la “Autoridad Minera, en ningún caso otorgará la Concesión de Explotación o de beneficio, en tanto el concesionario no acredite la correspondiente licencia ambiental, la que será emitida por la autoridad correspondiente en un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles. Y el ARTÍCULO 20 dice que en “la construcción de las obras y en la ejecución de los trabajos de Explotación, deben adoptarse y mantenerse las medidas sobre Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, Comunitaria y disponer del personal y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a la empresa y de terceros, de conformidad con las normas vigentes. El Estado adoptará estrictas medidas de supervisión, para garantizar la conservación y manejo adecuado de los recursos”.[2]

A ello se suma la evidencia que parte de las explotaciones mineras penetran las áreas protegidas declaradas como Patrimonio Público Forestal, zonas productoras de agua y aquellas donde se reclaman derechos ancestrales sobre las tierras y bienes comunales por las comunidades étnicas y pueblos originarios. Estas concesiones se otorgan por decreto, sin consulta a las comunidades o en cabildos abiertos controlados por los alcaldes municipales, muchos de ellos acusados de corruptos y estar ligados al Narcotráfico.

Un ejemplo es la reforma al Decreto Legislativo 127-2012 que reduce el área núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras[3], mediante la aprobación de un nuevo decreto N. 252-2013, con el propósito que la empresa Inversiones Los Pinares amplié sus operaciones con mayores áreas de extracción minera, siendo la reducción mayor a 217 has. de tierra.

El conflicto se agravó por la judicialización de la defensa de derechos sobre la tierra y demás recursos naturales, penalizando las acciones reivindicativas de los pobladores como delitos comunes, lo cual abarca a miembros de la Comunidad de Guapinol en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

“Varios habitantes de Guapinol dicen que, en lugar de ayudar, el Gobierno los ha afectado al aprobar concesiones mineras que han puesto en peligro sus fuentes naturales como el agua y la tierra. Es el caso del proyecto en construcción de Inversiones los Pinares, de los empresarios Lenir Pérez y Ana Facussé, ubicado en el Parque Nacional Carlos Escaleras —al que también llaman Montaña Botaderos—. Es por eso que, desde que inició este proyecto, la comunidad de Guapinol y otras aldeas vecinas se mantienen en una resistencia que les ha costado la vida y el encarcelamiento de varios compañeros”. [4]

En octubre de 2021, la Organización de las Naciones Unidas exigió la liberalización de ocho (8) defensores del ambiente pertenecientes al Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), de la comunidad de Guapinol, los que fueron liberados hasta febrero de 2022, con el gobierno de Xiomara Castro, y después de ser privados de su libertad desde 2019. Con el asesinato de Juan López, hay evidencia que el expediente por delitos ambientales sigue abierto al presentarse requerimientos fiscales en contra dedefensores ambientales e implicados “supuestamente” en delitos contra el ambiente de la montaña “Botaderos”.

Las protestas por el asesinato de Juan López no se han hecho esperar, desde organizaciones de sociedad civil que trabajan en la protección de los recursos naturales y fuentes de agua, iglesia, derechos humanos y agencias de cooperación internacional, que exigen la captura de los responsables, sean ejecutores directos o miembros de grupos de poder en contra de las acciones que ejecutan organizaciones ambientales. Bajo el liderazgo del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se han generalizado las protestas y exigencias para que el gobierno capture a los responsables de su asesinato.

Recién el Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra Lenir Pérez y demás socios y participantes, acusándolos de explotación ilegal de recursos naturales, daños ambientales y violaciones a la normativa ambiental vigente. Las organizaciones y grupos ambientalistas esperan que se paren las actividades de las empresas que conforman el complejo empresarial creado, ya que, además de los daños al ambiente, los costos futuros para las comunidades, pobladores y país resultarán prohibitivos.

Una crítica de los defensores de derechos humanos al gobierno, es que no se garantizó la protección debida al ambientalista y su familia, tal como lo demandada la Corte Internacional de Derechos Humanos, por lo que Honduras puede enfrentar una demanda internacional que implique altos costos para las finanzas públicas y el país e institucionalidad, en tanto han habido varios asesinatos de dirigentes ambientales, como es el caso de Bertha Cáceres.

En temas ambientales y agrarios, el tiempo se acabó. Las acciones a ejecutarse incluyen:a) La revisión y/o derogación de Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA); b) Revisión de toda la legislación ambiental y forestal vigente, por falta de aplicación y violaciones a su normativa y reglamentos técnicos; c) Cierre total de la carretera denominada el “corredor” narco en la Mosquita y Patuca Hondureño; d) Programa de descentralización de competencias, recursos y poder del Estado a favor de gobiernos locales y comunidades; e) Consulta Previa, Libre e Informada a los pobladores para ejecutar proyectos como práctica en todos los municipios de Honduras, f) Derogación de Ley de Minería ( hay que aprender de Costa Rica), g) Política Nacional de Derechos Humanos; h) Protección efectiva de los defensores ambientales y sus familias; i) Integración de los dirigentes ambientalistas a las instancias de decisión y coordinación del gobierno como los consejos ambientales, coordinación forestal y agroalimentarios; j) Deforestación “Cero” y hoja de “Coca” Cero, tal como lo han propuesto las FFAA y la presidenta Xiomara Castro.

Notas:

[1]Un problema de fondo lo fue la falta de regulación de las concesiones otorgadas y la ejecución de los proyectos sin consenso con los pobladores, muchos de ellos en tierras de reserva forestales y áreas pertenecientes a las comunidades. Fue evidente también la prestación de nombres para desarrollar los proyectos, pero que eran promovidos y propiedad de empresarios no muy visibles.

[2] Ver Ley General de Minería, Decreto 238-2012.

[3]Carlos Escaleras Mejía, dirigente ambientalista y de derechos humanos, del municipio de Tocoa, Departamento de Colón, asesinado la noche del 18 de octubre de 1997 por oponerse a la instalación de una planta extractora de aceite de palma en el margen del rio Tocoa, por lo cual el gobierno de Honduras fue condenado internacionalmente.

[4]Ver Contracorriente (medio digital), “Entre el conflicto y el abandono estatal, Guapinol resiste con alternativas económicas y sociales”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Luto y repudio por el asesinato de Juan López, líder ambientalista

M. Torres
21/05/2024

Con toma de carretera pobladores de la comunidad Brisas de Tramade de Puerto Cortés, exigen el cierre de empresa minera que los está dejando sin recursos naturales en el sector y con múltiples enfermedades por la contaminación.

Pese a que la empresa suspendió sus operaciones temporalmente, los pobladores exigen su cierre definitivo porque están cansados de los múltiples daños en las estructuras de sus casas.

Señalan que las empresas lo único que ocasiones es daño en el sector por lo que apelan a las autoridades gubernamentales para que se les de una respuesta favorable y no se siga practicando la minería a cielo abierto.

Continúan protestas exigiendo cierre definitivo de mineras en Puerto Cortés

12/07/2022
Ambientalistas y pobladores de Tocoa, Sabá, y Bonito Oriental (Colón), San Esteban y Gualaco (Olancho), se congregaron en este último municipio.

GUALACO, Olancho. Representantes de grupos ambientalistas y pobladores de Tocoa, Sabá, y Bonito Oriental, en el departamento de Colón, al igual que de San Esteban y Gualaco, en Olancho, expresaron su rotundo no a la minería a cielo abierto, en una asamblea, en la plaza cívica de esta comprensión municipal.

El propósito fue lanzar una advertencia a las autoridades para que no otorguen permisos de operación para explotar minas a cielo abierto, ya que con ello afectan la salud y la vida de los habitantes de la región.

Una dirigente ambientalista de Tocoa, Lilian Castro, indicó que los ríos y las quebradas fueron dejados por Dios y, por lo tanto, no pueden ser explotados de forma salvaje por empresarios nacionales y extranjeros, a quienes no les interesa la vida de los demás.

Los habitantes de todo el corredor afectado por la explotación de minas de óxido de hierro existente principalmente en Gualaco, no han recibido más que deterioro ambiental, denunciaron.

De la zona de San Esteban, Ramón Hernández, dijo que en su municipio no hay minas, pero los efectos colaterales de una explotación minera en la comunidad de El Venado, los sufren poblados cercanos.

AFECTA A POBLADORES
Los manifestantes pidieron a las autoridades que no otorguen permisos de operación para explotar minas a cielo abierto.

El alcalde de Gualaco, Edwin Cabrera, indicó que la posición de las autoridades debe ser a favor y en defensa de las comunidades, al tiempo de confirmar que una compañía ya tiene pagado un permiso para extraer óxido de hierro por un valor de 200 mil lempiras efectivos desde agosto del año pasado.

Autorizar la extracción de la actividad minera traería consigo afectar a unos 41 mil habitantes en la zona fronteriza entre Olancho y Colón, señaló el jefe edilicio.

Luego indicó que le ofrecieron seis millones de lempiras representantes de una de las mineras para que firmara documentos y otorgara permisos de explotación en su territorio.

En la asamblea se dio a conocer un manifiesto donde piden, en otros puntos, que se derogue el decreto legislativo 252-2013 para liberar el parque nacional “Carlos Escaleras” y revertir las concesiones que tienen sustento en esa normativa.

Demandaron la suspensión y cancelación inmediata de las operaciones del proyecto minero El Venado, en territorio de Gualaco, habiendo demostrado oposición popular en un cabildo abierto desarrollado meses atrás, así como exigen la inmediata inscripción del parque nacional Montaña de Botaderos, en el catálogo de patrimonio público forestal inalienable. (FS)
En la asamblea advirtieron que la extracción de la actividad minera causaría daños a unos 41 mil habitantes en la zona fronteriza entre Olancho y Colón.
https://www.latribuna.hn/2022/08/12/municipios-de-colon-y-olancho-rechazan-mineria-a-cielo-abierto/

06/08/2022
Dina Meza
La Policía Militar del Orden Público, PMOP, llegó a la comunidad de Guapinol pero para proteger a la empresa minera Inversiones Los Pinares, de acuerdo a lo que han denunciado los pobladores, que se han visto en la necesidad de realizar acciones de protesta contra la compañía que continúa sus operaciones a pesar que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro anunció en febrero pasado la cancelación de las licencias y Honduras libre de minería a cielo abierto.

La PMOP fue el brazo derecho del expresidente Juan Orlando Hernández, quien apostó a crearla para tener su propio cuerpo de seguridad y sus actuaciones lesivas a los derechos humanos dejaron múltiples violaciones a los derechos humanos en las protestas pacíficas de la población en especial durante la reelección ilegal de Hernández en el 2017 y años subsiguientes de su mandato.

A pesar de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos sobre que este cuerpo armado no podía ejercer funciones policiales, la PMOP permaneció en funciones y se creía que el gobierno de Xiomara Castro la iba a desarticular, pero en julio pasado el ministro de Defensa anunció que se incorporaría a las funciones en el apoyo a la Policía Nacional debido al incremento de los hechos delictivos en el país.
PMOP para proteger las operaciones de inversiones Los Pinares

Según ha publicado Diario Colon Hn en día 05 de agosto de este año, ese medio constató que los militares se desplazan en motocicletas a hacer trabajo conjunto con los guardias de seguridad de la minera. Los altos mandos estarían siendo objeto de regalías por la empresa y de combustible el cual llegan a traer en barriles de la planta Ecotek en la comunidad de Ceibita, en Tocoa, Colón.

Esto llama la atención debido a que los militares no podrían estar protegiendo a la Minera Los Pinares si no fueran autorizados por la autoridad superior y en este caso la presidenta Castro es la Comandanta en Jefe de las Fuerzas Armadas, lo que contradice su política pro derechos humanos en la cual ha insistido desde qque era candidata a la silla presidencial.

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, señaló en un comunicado de prensa este día en el marco de las protestas de la población que “La Policía Militar del Orden Público creado por el Narcotraficante Juan Orlando Hernández como una estructura armada peligrosa al servicio de la minera de Lenir Pérez amenazando y en claro riesgo para las comunidades y población que lucha por la defensa del agua, los ríos, el bosque y en su conjunto el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía”.

Hicieron una alerta urgente las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, de Solidaridad y a la Comunidad Internacional ante el riesgo que representa la explotación minera en los nacimientos de nuestros ríos y la protección de la empresa por la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en un claro riesgo a las comunidades y los defensores; una situación grave ante las denuncias de Escuadrones de la muerte, paramilitares y grupos armados al servicio de los terratenientes y empresas extractivas.
Este es el comunicado completo:

A 4 AÑOS DEL CAMPAMENTO POR EL AGUA Y LA VIDA SEGUIMOS DEFENDIENDO NUESTROS RÍOS

A las Organizaciones Nacionales e internacionales expresamos que miles de habitantes en las comunidades de Tocoa Colón rechazan la minera Pinares/Ecotek que destruye ilegalmente área protegida.

La lucha pacífica de las Comunidades del Sector San Pedro, Guapinol, Sector Zamora, Asentamiento Campesino de la Lempira, Barrios y Colonias de la Ciudad Tocoa y las organizaciones en rechazo a la explotación minera de la empresa Inversiones los Pinares/Ecotek que de manera ilegal están destruyendo el Parque Nacional, las fuentes de agua de las comunidades, Río San Pedro y río Guapinol en Tocoa Colon. Exigimos a la Presidenta Xiomara Castro la Cancelación de inmediato de las Concesiones Mineras ante el peligro a la Vida de nuestra Población afectada.

La Policía Militar del Orden Público creado por el Narcotraficante Juan Orlando Hernández como una estructura armada peligrosa al servicio de la minera de Lenir Pérez amenazando y en claro riesgo para las comunidades y población que lucha por la defensa del agua, los ríos, el bosque y en su conjunto el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.

Exigimos a MI AMBIENTE resolver las oposiciones y peticiones presentadas en base a la ley por los derechos sagrados de la población garantizados en la Constitución de República y la declaración de los derechos humanos.

Exigimos a INHGEOMIN la cancelación del contrato minero ya que la minera ha violentado el contrato y las leyes hondureñas, destruyendo ilegalmente el área protegida.

Exigimos al Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro el cumplimiento de la promesa realizada en la Campaña electoral, en la toma de posesión motivo por el Cuál nos volcamos a darle todo nuestro apoyo y seguimos respaldando.

Hacemos un llamado de ALERTA URGENTE a las Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, de Solidaridad y a la Comunidad Internacional ante el riesgo que representa la explotación minera en los nacimientos de nuestros ríos y la protección de la empresa por la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en un claro riesgo a las comunidades y los defensores; una situación grave ante las denuncias de Escuadrones de la muerte, paramilitares y grupos armados al servicio de los terratenientes y empresas extractivas.

Dado en Tocoa Colón a los 5 días del mes de Agosto del año 2022.

Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa
https://www.pasosdeanimalgrande.com/es-co/component/k2/item/6165-violatoria-presencia-policia-militar-llego-para-proteger-a-la-minera-inversiones-los-pinares-en-guapinol

M. Torres
05/08/2022
Los pobladores de Guapinol, decidieron tomarse la carretera CA-13, para hacer sentir su malestar contra la minería en el departamento de Colón.

Es por ello que los manifestantes le realizaron un llamado a la presidenta de la República Xiomara Castro, que frene los proyectos mineros en el sector.

¡No hay paso! Pobladores de Guapinol se toman la CA-13 en protesta contra la minería en Colón

31/03/2022
Las autoridades hondureñas ordenaron a una subsidiaria de la canadiense Aura Minerals suspender la extracción de oro a cielo abierto en un cementerio indígena, dijo el miércoles el abogado de una comunidad en el oeste del país, que se opone a la extracción.

La filial, Minerales de Occidente Sociedad Anónima (MINOSA), opera desde 2009 la mina San Andrés en el occidente del país, donde una veta de oro se extiende hasta un cementerio donde están enterrados miembros de la etnia maya chortí.

Los residentes han acusado al minero de exhumar cadáveres ilegalmente en el sitio y han bloqueado las carreteras del área en varias ocasiones.

“Se ordena a MINOSA la suspensión inmediata de todas las actividades que se están realizando en el área del proyecto Tajo La Buffa”, dijo el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente a la empresa en un documento, que fue visto por Reuters.

Un abogado que representa a los residentes, Pedro Mejía, dijo a Reuters que MINOSA ha exhumado cadáveres del panteón de casi 200 años de antigüedad en una comunidad a unos 191 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa, la capital.

El ministerio también solicitó en el documento que la empresa debe probar que tiene autorización legal para exhumar cuerpos antes de reanudar las actividades en el sitio.

Aura Minerals y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente no respondieron de inmediato las solicitudes de comentarios.

En 2021 la nación centroamericana recaudó USD 293 millones de la minería, de los cuales USD 163,8 millones provinieron del oro , según datos del Banco Central de Honduras.
Fuente: Reuters

Honduras ordena a filial de Aura Minerals suspender explotación de oro

01/03/2022
La iniciativa estaba prevista en el programa de gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

El gobierno de Honduras canceló la aprobación de los “permisos de explotación extractivista” que atentan “contra los recursos naturales, la salud pública y el acceso al agua como derecho humano”, según informó la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas en un comunicado.

Además, la Secretaría de Energía informó que se ha declarado «todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto» y que se intervendrán «de forma inmediata» todas las áreas naturales de «alto valor ecológico» para asegurar «su conservación y los beneficios comunes para el pueblo».

Ambas iniciativas estaban previstas en el programa de gobierno para el período 2022-2026 de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

La decisión gubernamental se conoció unos días después de la liberación de seis ambientalistas hondureños que habían sido condenados por el conflicto con una empresa minera.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ordenó su liberación, en el marco de un juicio por conflictos con la minera Los Pinares. La condena de los ambientalistas, que estaban detenidos desde 2019, había sido cuestionada por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas y por Amnistía Internacional.

Honduras es uno de los países más peligrosos para los líderes ambientales. Según la organización Global Witness, en 2020 hubo 17 asesinatos de ambientalistas en el país.

Uno de los casos más paradigmáticos y de resonancia internacional es el de Berta Cáceres, asesinada en 2016 por su oposición a la construcción de una represa hidroeléctrica en un territorio indígena ubicado al occidente del país. En agosto de 2021, la Fiscalía de Honduras condenó a uno de los responsables del proyecto energético como autor intelectual del crimen.

La decisión gubernamental de frenar la minería a cielo abierto fue celebrada por organizaciones ambientalistas locales, como el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC). «Hemos venido luchando contra estas concesiones desde hace muchos años y hoy Honduras dice ¡No a la Minería a Cielo Abierto!», escribió la organización en su cuenta de Twitter.
https://delfino.cr/2022/03/gobierno-de-honduras-prohibe-la-mineria-a-cielo-abierto

La disposición resulta trascendente en el seno de una sociedad con un fuerte pasado extractivista. | Foto: EFE
01/03/2022
Carlos Aznarez
La medida fue adoptada sobre los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales.
La Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras declaró este lunes al país centroamericano, como territorio libre de la explotación minera a cielo abierto.

Como parte del Programa de Gobierno 2022-2026 de la presidenta Xiomara Castro, el organismo expresó mediante un comunicado que: «Se cancelan la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano».

De igual forma, en el segundo punto de la disposición, se declara a todo el territorio hondureño como territorio libre de la explotación minera a cielo abierto a partir de los principios de justicia climática, respeto y protección a los recursos naturales.

Asimismo, el comunicado dispone de la moratoria minera para la exploración y explotación metálica y no metálica mediante la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones.

Como punto final, se implementa la intervención inmediata de las áreas naturales de alto valor ecológico, con el fin de garantizar su conservación para disfrute común y beneficio popular.

Esta medida constituye un antes y un después en la sociedad hondureña teniendo en cuenta la historia extractivista del país, la cual ha provocado la pobreza a más del 70 por ciento de la población, así como grandes flujos migratorios.

Según el más reciente reporte de las Naciones Unidas “Informe alternativo para el Examen periódico universal”, más de 140 activistas de los bienes comunes y la tierra fueron asesinados entre 2010 y 2019.

La iniciativa del gobierno de Xiomara Castro materializa el reclamo popular que durante años ha provocado la muerte y situaciones de violencia a líderes sociales.

Al mismo tiempo, coloca por encima de los intereses de las transnacionales la protección al medio ambiente en correspondencia con las normas internacionales establecidas al respecto.
https://www.telesurtv.net/news/honduras-territorio-libre-mineria-cielo-abierto-20220301-0011.html

A Planeta se alegra de que 8 de las personas que conformaban la larga lista de presas y presos por el Planeta fueron declaradas inocentes y por tanto serán puestas en libertad. Se trata de los 8 de Guapinol, de Honduras. La Corte Suprema de Honduras decidió este pasado 11 de febrero sobreseer el caso de 8 de Guapinol, defensores del río del mismo nombre y de su ecosistema y comunidad, dejándoles en libertad. Estos han estado ilegalmente detenidos mas de 900 dias. Entre otras muchas organizaciones que se han alegrado por la decisión se encuentra la propia ONU y Amnistía Internacional.

La explotación minera se inició sin la consulta previa a las comunidades, obligatoria según la legislación hondureña. La comunidad inmersa en la movilización, intentó la última opción, el acampar en el terreno licitado a la empresa e impedir la entrada su maquinaria. La acampada duró 89 días que tras varios intentos de desalojo fue al final disuelta. El encarcelamiento de los 8 de Guapinol es parte de la gran represión desatada después.

Los procesados fueron apoyados fuera de la Corte por el Campamento Feminista Viva Berta, el mismo que en julio del año pasado siguió el juicio contra uno de los autores intelectuales del asesinato de la activista Berta Cáceres, David Castillo, consiguiendo que le declararan culpable. Ahora faltan que sigan escalando la autoría hasta llegar a la familia Atala Zablah. Sin duda, tanto el cambio de gobierno como la presión popular ha tenido influencia en este resultado.

Honduras es un país que ha estado a merced de la derecha, que se deshizo del gobierno legítimo en 2009, y que desde entonces ha impuesto proyectos de gran impacto para el medio ambiente y las comunidades, y pisoteados los derechos humanos más elementales. Este enero, Xiomara Castro fue investida como nueva presidenta de Honduras, con lo que se ponía fin a 22 años de gobiernos anti-democráticos.

A continuación incluimos el artículo publicado en Gara a la defensora de derechos humanos hondureña Dalila Argueta y Pedro Ibarra. Dalila Argueta es de Guapinol. Debido a la escalada de violencia y a amenazas de muerte contra ella se vio obligada a abandonar su país. Actualmente Dalila reside en Euskal Herria, en concreto en el proyecto Basoa, espacio solidario de Arratia. Esperamos que igual que para los 8 de Guapinol su situación también se encauce y pueda restablecer pronto su vida, y también que Inversiones los Pinares detenga su proyecto minero y restablezca la paz en ese lugar.
La justicia en Honduras

por Dalila Argueta y Pedro Ibarra

Un relato de represión judicial que ejemplifica como el poder judicial esta al servicio del poder político que, a su vez, actúa al servicio del poder económico. Un relato que ejemplifica lo que pasa en Honduras.

Guapinol es una comunidad del Departamento de Colón de la Zona Norte de Honduras que se enfrenta al gran amenaza de la empresa extractiva de hierro Inversiones los Pinares. Desde 2018 las comunidades se organizaron y manifestaron para defender sus fuentes de agua en manifestaciones pacíficas enfrentándose a la violencia y amenazas por parte de sicarios pagados por la empresa.

Entre el 2018 a 2021 las comunidades Guapinol y sector San Pedro llevan exigiendo la libertad de ocho compañeros, defensores de la lucha en contra de estas empresas. El poder judicial por orden del Estado de Honduras emitió órdenes de captura contra los habitantes de estas dos comunidades, de los cuales trece en 2018 se presentaron voluntariamente para someterse a la investigación de los falsos delitos que los causaban. Tras once días en audiencias se logro que se defendieran en libertad. Otros ocho compañeros se presentaron también en setiembre de 2019 sometiéndose al mismo proceso. A ellos se les priva de su libertad. Movimientos hondureños e instituciones internacionales exigen que se les libere. Demandas inútiles. Llevan más de dos años en prisión sin una sola prueba ni testimonio que justifique tal medida. Se trata sin más de un secuestro decidido e impuesto en ultima instancia por el Gobierno hondureño, por el Estado de Juan Orlando Hernández, hoy afortunadamente sustituido por un líder de izquierdas. Ahora están siendo juzgados y, probablemente, serán condenados.

Y por supuesto la empresa sigue en marcha. Esta situada a lado de río Guapinol y a cien metros de la comunidades: la planta de óxido de hierro es la mas grande de Mesoamérica. En estos días se escuchan los impactos de dinamita en la altura de las montañas. O sea daños a la estructura de los hogares, sin olvidar la contaminación, despojo, muerte, intimidación, y desintegración familiar.

Reproducimos ahora el texto de un activista de Guapinol: «El fuego del amor trae esperanza y cambio, este amor hecho fuego debe quemar todas las estructuras del crimen organizado que han secuestrado al Estado hondureño. Por ahora nos mantenemos alerta, preparando el siguiente paso en la ruta que hemos asumido, llamando a todos los sectores, movimientos y organizaciones a unir los sueños y la lucha. Somos los de abajo, los excluidos y maltratados, somos la verdad ante la farsa del gran capital. Nuevas órdenes de captura pueden venir, todas las que quieran, sin orgullo y sin prepotencia, con la dignidad y el honor de quienes han encontrado la razón de vivir sin ataduras, chocaran contra la dignidad y la pasión por la vida en nuestro territorio, en nuestra hábitat. Habrá justicia, todos los responsables de esta criminalidad sobre una zona protegida parque nacional, los ríos y las aguas, el ambiente y la justicia, tendrán que responder, todas y todos».

Un relato de represión judicial que ejemplifica como el poder judicial esta al servicio del poder político que, a su vez, actúa al servicio del poder económico. Un relato que ejemplifica lo que pasa en Honduras. Describe la dramática situación en la que vive el pueblo hondureño. Una sociedad en la cual la represión es dura y arbitraria; sin ninguna norma que la justifique. Brutal represión incluidos, por supuesto, los asesinatos, que constituye lo habitual, lo establecido. Represión y muerte, especialmente sobre aquellos que se movilizan y luchan contra el sistema político. Especialmente, pero no sólo, comunidades campesinas, que, como en el caso de este juicio/farsa, luchan contra el establecimiento de proyectos económicos que destruyen su forma y condiciones de vida. Proyectos económicos que no sólo imponen sus estrategias al poder políticos, sino que sus empresas están penetradas por los mismos líderes políticos.

El dramático modelo hondureño es el modelo dominante en Centroamérica y en muchos otros países latinoamericanos. Regímenes políticos autoritarios sin ningún control a la hora de ejercer la represión. Extremas desigualdades sociales. Crecientes sectores de la población en imposibles condiciones de vida. Y añadido a este escenario… otro poder autoritario. El de las multinacionales que imponen con la ayuda del poder político proyectos económicos que destruyen comunidades y medioambiente.

Hace unos meses Josep Borrell, el responsable de política exterior de la Unión Europea, denunciaba el abandono de la UE. Decía que no estaba presente, no actuaba en Latinoamérica. Así es. Aunque quizá debía haber añadido que algunas poderosas instituciones europeas –nos referimos a grandes empresas europeas– sí están en Latinoamérica agravando la miseria y la injusticia en muchos pueblos y comunidades.

El relato de esta dramática situación nos lo cuenta Dalila. Dalila, que esta ahora con nosotros, es una defensora de derechos humanos hondureña que ha tenido que abandonar –la represión no cesa– su país. Dalila participa y vive en Basoa, espacio solidario en Arratia. Ella nos dice lo que pasa en su tierra. Y ella nos pide a todos que hagamos lo que sea posible para acabar con el drama de su tierra.

Cumplan la resolución de la Corte Suprema y liberen a los 8 de Guapinol