Un grupo de pescadores de una comunidad indígena en Guatemala exigió conocer el impacto ambiental de una mina de ferroníquel implantada en sus tierras ancestrales. Uno de ellos fue asesinado, y un periodista local fue criminalizado por cubrir la historia. Forbidden Stories, un consorcio internacional de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación, unió fuerzas para continuar el trabajo del reportero. Este artículo forma parte de la serie “Green Blood”, un proyecto que sigue indagando las historias de periodistas amenazados, encarcelados o asesinados mientras investigaban temas medioambientales.
Si no fuera por un periodista que tomó fotos ese día, algunos podrían decir que no está claro cómo ocurrieron los últimos momentos de Carlos Maaz. Había una nube de gas lacrimógeno, el caos de una protesta improvisada, el eco de balas y rocas volando entre la multitud. En una fotografía, sin embargo, se le ve parado, en medio de la calle, entre los manifestantes, con las manos en los costados, sin arma. Un minuto después, el cuerpo del pescador yace sobre el pavimento y un policía, echado atrás en la parte trasera de una camioneta pickup, con la pistola en la mano, apunta hacia la cámara. Las imponentes montañas verdes de la Sierra de Santa Cruz permanecen impasibles en el fondo, testigas de un asesinato cometido por un hombre en uniforme. La serie de fotografías, durante mucho tiempo la única prueba concreta de lo que sucedió ese día.
Según su esposa, Maaz fue abandonado durante medio día antes de que los aldeanos, conscientes de que las autoridades no iban a mover el cuerpo, lo recogieran y lo enterraran. Carlos Maaz era miembro de la comunidad Maya, Q’eqchi, de Guatemala, un grupo indígena con un apego especial a la tierra. Era un pescador artesanal, preocupado por la sospecha de contaminación del lago que era su medio de vida. También era padre y esposo.
“Él nos proveyó y nos cuidó”, dice su viuda Cristina Maaz Pop. “Cuando fue asesinado, ni siquiera pensé en ser feliz. Desde ese día ya no me siento segura en ningún lugar. Y ahora no hay quién me ayude”.
La sociedad que está en la raíz de las preocupaciones de los pescadores es Solway, un grupo con dirección rusa, con sede en Suiza y una sociedad de cartera en Malta. Se instaló en 2011 en El Estor, un municipio remoto oculto en medio de montañas y colinas, para tomar el control de una mina de ferroníquel llamada Fenix Project, que vende el precioso mineral a diversas industrias, como la construcción o la electrónica.
Impunidad policial
Durante la conferencia de prensa posterior a la protesta, la policía negó que alguien haya muerto. Era simplemente una mentira, según Carlos Choc, periodista de la página web de noticias mayas Prensa Comunitaria, quien tomó la foto del cuerpo sin vida de Maaz. El periódico digital de la comunidad acababa de iniciar un proyecto, de un año de duración, que iba a cubrir el impacto social y ambiental de la mina. El proyecto quedó detenido ese día. La investigación criminal sobre la muerte de Maaz estaba paralizada, mientras que las autoridades llegaron incluso a abrir una causa penal contra Carlos Choc.
Forbidden Stories, un consorcio de 40 periodistas que publican en 30 medios de comunicación en el mundo, incluyendo Prensa Comunitaria, han retomado el trabajo de Choc. Después de una investigación de ocho meses, descubrimos que tanto las autoridades guatemaltecas como la compañía han mentido de forma repetida sobre lo que le sucedió a Maaz, así como sobre el impacto ambiental de la mina. También descubrimos que los reporteros que investigan estos hechos han sido criminalizados erróneamente por hacer su trabajo. Y que las comunidades Maya Q’eqchi que viven en El Estor tienen razón al preocuparse por su tierra y salud.
Una mancha roja “misteriosa”
El día que murió, Carlos Maaz, participaba a una protesta con un grupo de pescadores. La causa de su preocupación: una mancha roja que apareció en marzo de 2017 en el lago Izabal, el lago más grande de Guatemala, y que atribuyeron a la mina de ferroníquel.
Pidieron un estudio ambiental. Un mes después, el gobierno tomó muestras de agua y concluyó que la maleza acuática era la culpable de la coloración del lago.
Aquella era causada por la Hydrilla, una planta acuática invasiva, dijo Alfonso Alonzo, el ministro del Medio Ambiente, “que es roja, la mancha roja es parte del ecosistema del lago. Esa Hydrilla creció gracias al agua contaminada por bacterias, por causa de la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales en el río Polochic”.
Sin embargo, los expertos que consultamos llegan a una conclusión diferente. Según el biólogo brasileño especializado en contaminación del agua, Lucas Barreto Correa, “todos los resultados de los análisis existentes muestran una clara evidencia de los elementos característicos de las actividades mineras. Hay inconsistencias en las declaraciones oficiales, y se necesita una información gubernamental más consolidada con respecto a la contaminación presente en el lago”.
Niegan daños ambientales
Durante una visita a la mina realizada por los reporteros de Forbidden Stories, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que opera en la mina, negó categóricamente cualquier daño al medio ambiente. “No daña al lago porque, de hecho, tanto Pronico [la planta de procesamiento de metales]como CGN tienen programas de monitoreo ambiental”, dijo Carlos Fernández, director de una reserva natural administrada por la mina.
“Tenemos certificaciones [de la Organización Internacional de Normalización], y estamos comprometidos con los estudios de impacto ambiental autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, y esos compromisos son una gran responsabilidad que cumplimos como empresa”. La empresa matriz Solway dijo que los niveles de contaminación no habían cambiado desde que la planta comenzó a operar.
Los pescadores no lo creyeron y afirmaron que la sospecha de contaminación les estaba afectando significativamente.
“No podremos vivir de los peces si continúan contaminando nuestra agua”, dijo Alfredo Maquin, uno de los pescadores. “¿De qué vamos a vivir, qué les daremos a nuestros hijos? ¿Dónde vamos a trabajar?”
Finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente anunció en una nota sumamente corta que se celebraría una reunión a 60 kilómetros de distancia del pueblo para abordar las inquietudes de los pescadores según el padre Ernesto Rueda Moreno, sacerdote que ejercía como contacto local para las autoridades.
Sin embargo, había rumores de que se inciaban procedimientos penales contra ellos por bloquear el paso de los camiones desde la mina unas semanas antes. “Los pescadores temían ser arrestados”, recuerda el padre Ernesto.
David y Goliath
Cuando se reunieron al amanecer del 27 de mayo de 2017, se dieron cuenta que las autoridades guatemaltecas los habían abandonado. La respuesta de los pescadores fue organizar un bloqueo. No era el primero que armaban. Por su parte, la policía ya estaba de camino. Cuando los pescadores comenzaron a tirar piedras, los policías respondieron con balas. Una hora y media después, Maaz yacía sangrando y muerto en el suelo, herido en el pecho por un policía.
Dos años y un informe de balística más tarde, el ministro de Medio Ambiente todavía niega que una persona haya muerto. Cuando periodistas de Expresso (Portugal) y Le Monde (Francia) lo enfrentaron en su oficina de la ciudad de Guatemala, él continuó dándole vueltas a un tecnicismo: “No se hizo ninguna investigación, no se pudo hacer ninguna investigación, ningún fiscal ni nadie del estado oficialmente estuvo ahí para verificar si esa persona había muerto”, dijo.
Por ende, nadie ha sido responsabilizado por el asesinato de Carlos Maaz. En cambio, han sido criminalizados tanto los pescadores como los periodistas. Las órdenes de detención emitidas en agosto de 2017 acusaron a siete de ellos de “amenazas”, “incitación a cometer delitos” y “asociación ilícita”.
Los pescadores fueron inicialmente procesados por una manifestación anterior durante la cual bloquearon una carretera en El Estor y acusados por detener en su coche a empleados de la mina. Choc y su colega Jerson Xitumul solo fueron mencionados en los expedientes judiciales posteriormente.
“Creemos que los hechos presentados por la compañía como acusación no fueron suficientes para justificar una orden de arresto”, dijo el abogado de Choc. “De lo que hemos analizado en el expediente, hemos visto que se basa en identificaciones hechas por el abogado de la empresa que no estaba presente en el momento de los hechos”.
Según José Felipe Baquiax, un juez que preside la sala de lo criminal del Tribunal de Guatemala, los tipos de cargos presentados contra los pescadores y los periodistas suelen ser los que se usan contra el crimen organizado, no contra los manifestantes. “La libertad de expresión está reconocida en la Constitución, por lo que esto no constituye un delito”, subrayó Baquiax. “Debo decirle que no he visto aquí, desde que empecé como juez hasta ahora que soy magistrado, a nadie condenado por haber participado en una manifestación”.
Para los dos reporteros de Prensa Comunitaria, estos cargos significaban la amenaza de arresto. Jerson Xitumul pasó un mes en una de las cárceles más peligrosas del país antes de que se le permitiera regresar a casa bajo arresto domiciliario. En julio de 2018 se retiraron todos los cargos contra él, pero decidió abandonar el periodismo.
Cuando Carlos Choc vio lo que le había pasado a su colega, decidió esconderse. “Tenía que vivir clandestinamente”, recuerda. “Todo mi corazón está en mi ciudad, mi pasión por mi trabajo periodístico está en El Estor, pero hubo momentos en los que me desesperé”. Durante ese tiempo, Choc se separó de sus hijos y tuvo que vender la mayor parte de sus posesiones al no poder trabajar.
Choc comenzó a trabajar en el mundo del periodismo hace 12 años y se unió a Prensa Comunitariaen diciembre de 2016. Prensa Comunitaria es la página web de noticias mayas en Guatemala cuyo objetivo es “documentar la voz de la comunidad y sus diferentes luchas”.
Choc describe su trabajo simplemente como “decir la verdad”. Su pasión por el periodismo se remonta a su adolescencia. “Cuando tenía 15 años, recuerdo que a mi padre realmente le gustaba escuchar fútbol”, recuerda sonriendo. “Recuerdo que cuando él ponía la radio, a veces me gustaba narrar el juego. Ahí es donde nació mi trabajo como periodista. Luego, fui conociendo un poco más y también descubrí la necesidad que existe en nuestras ciudades y en nuestro pueblo de poder informar de la realidad de las cosas”.
Las tensiones entre las comunidades maya Q’eqchi, las autoridades y la mina han ido aumentando durante décadas. En El Estor, la operación minera de ferroníquel ha significado una reducción del gigantesco pulmón verde que era el bosque. Desde el cielo, ahora se puede ver una mancha de color naranja allí donde estaban los árboles: edificios y tuberías cubiertas de polvo de mineral.
En 2007 y 2009, las expropiaciones originales, necesarias para el establecimiento de la mina, provocaron acusaciones de violaciones y asesinatos por parte de la policía y las fuerzas de seguridad de la mina. En ese entonces, la mina era propiedad de una compañía canadiense, Skye Ressources, antes de que la compraran otros canadienses, la compañía, Hudbay, quienes finalmente la vendieron a Solway.
Empleados arriesgan sus vidas
En El Estor, los rusos reemplazaron a los canadienses en 2011, pero la compañía operadora sigue siendo la Compañía Guatemalteca de Níquel. La seguridad industrial de la empresa ha sido cuestionada repetidamente. En 2016, la explosión de una caldera mató a cinco trabajadores. “Muchos de nosotros les advertimos que esta caldera era peligrosa y lo ignoraron”, explicaba Manuel Ramos Ochoa, exempleado. “Están interesados en producir, producir, producir… ¡No les importa la vida de nadie!”
La viuda de uno de los trabajadores muertos en el accidente cuenta una historia similar. Ella desea permanecer en el anonimato por temor a que, al hablar, la compañía pueda quitarle la compensación financiera que recibe como resultado de la muerte de su esposo.
“Cuando él murió, siguieron trabajando”, dice. Su esposo había advertido varias veces sobre los problemas con la caldera hasta el día fatal de la explosión. “Su jefe dijo que no importaba, que siguiera trabajando, que nada iba a suceder. Incluso dijo que había más muertos [en Rusia]y que eso no era nada, que estaban acostumbrados a perder personas”.
En una declaración, el presidente del Consejo de Solway, Dan Bronstein, confirmó que en la mañana del 13 de agosto de 2016, el día que explotó la caldera, ocurrieron problemas en un almacén temporal de desperdicio, una unidad auxiliar de la caldera. “El personal de la planta térmica detectó que el muro de la tolva se había descompuesto”, dijo.
Pero “de acuerdo a la documentación del diseño de una caldera de este tipo, este tipo de desviación no requiere detener el trabajo”, señaló sobre la decisión de no apagarla. Agregó que la compañía está reemplazando la caldera dañada con otra de un fabricante diferente y que otra caldera, idéntica a la que explotó ha sido apagada. Expertos contratados por la compañía operadora y una investigación gubernamental fueron incapaces de establecer la causa de la explosión, aseguró.
Contaminan de noche
Fuera de la mina, las preocupaciones sobre su impacto ambiental están creciendo. Si bien no hay pruebas definitivas de que las operaciones mineras hayan causado problemas a los pescadores y a las personas, existen pruebas de un daño ambiental creciente. Los aldeanos reportaron haber visto humo rojo saliendo de la mina de noche.
“Por la noche, quitan los filtros, cuando están procesando sus productos”, dijo Ochoa. “Piensan que la gente no lo ve, y al final, nadie dice nada al respecto”. Un portavoz de la mina negó que su planta de procesamiento emitiera vapores rojos por la noche, a pesar de la evidencia fotográfica de lo contrario.
Forbidden Stories probó la calidad del aire durante un mes con un sensor ambiental. Los resultados muestran picos de concentraciones de partículas finas seis veces más altas que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. “Estos son los niveles que se pueden medir en China durante los principales episodios de contaminación”, dijo el científico atmosférico Boris Quennehen.
En un comunicado, Solway dijo que “las concentraciones excesivas de [partículas finas] en las comunidades están asociadas con fuentes de polvo no relacionadas con las plantas: polvo de la carretera, incineración de residuos en los campos y madera utilizada para cocinar”.
“Estamos preocupados porque eso tiene un impacto a largo plazo”, dice Anibal Coti, director de un centro médico en El Estor. “Hay personas que ingresan con problemas bronquiales, problemas de asma, bronquitis, neumonía”.
Confrontan a ministro
Durante una visita a la mina en abril, los reporteros de Le Monde y Expresso enfrentaron a Maynor Alvarez, gerente de asuntos comunitarios de la CGN. Él simplemente les respondió: “El monitoreo se lleva a cabo, no solo para el agua: para el agua, el polvo y el ruido. Y el monitoreo se lleva a cabo periódicamente de acuerdo con lo que la ley ordena. Tenemos fe, yo como Pronico, yo como autoridad, yo como comunidad, tenemos fe en estos monitoreos”.
En cuanto al gobierno, los aldeanos sienten que se han ignorado en gran medida sus preocupaciones. “Los gobiernos nunca piensan realmente en los pueblos indígenas”, explica Cristóbal Pop, el líder de la asociación de pescadores. “Lo que les importa son solo los intereses, dónde hacer dinero con las empresas, que les puede dar buenas ganancias, independientemente de la vida de la gente, del campesino, de los indígenas”.
Después de pasar un año y medio escondido, el periodista Carlos Choc finalmente pudo ver a un juez en enero y logró evitar la prisión preventiva. Ahora está esperando una audiencia sobre su caso.
“Nunca pensé, durante los 12 años que trabajé como periodista, que algún día pasaría por esto debido a mi trabajo”, dijo. “Sé que las falsas acusaciones van a terminar. Y cuando todo esto termine, no quiero llorar”.
Fuente:https://www.proceso.com.mx/588937/en-guatemala-una-foto-compromete-una-mina-ruso-suiza?fbclid=IwAR189-AhPRpzvbDshSY_Z4_Rc22u2TiG1MwUEXaRad2jVurnbqyMHIb_wNg
La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de manera temporal la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, frente al Lago de Izabal, que opera la Compañía Guatemalteca de Níquel.
El 3 de Julio, 2019, la coordinadora de la red Rompiendo el Silencio presentó una carta firmada por sesenta y siete organizaciones gualtematecas e internacionales al fiscal general del ministerio publico de Guatemala. En la carta, las organizaciones expresan su solidaridad y exigen que se cumpla con las medidas de proteccion para el abogado Xinca, Lic. Quelvin Jimenez y las comunidades en resistencia pacifica contra la mina Escobal en Guatemala.
Representantes del Parlamento Xinka y Rompiendo el Silencio dirigirán una conversación sobre la situación local actual dos años desde de la suspensión de la mina, y como se puede mostrar solidaridad con las comunidades en resistencia.
227 organizaciones y redes guatemaltecas e internacionales firmaron la carta que fue entregada hoy a instancias del gobierno guatemalteco y la embajada de los Estados Unidos en Guatemala. En ella se denuncia la demanda de US$300 millones de dólares de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA) en contra del estado centroamericano por ser un intento descarado de socavar la voluntad de las comunidades afectadas por su proyecto así como la decisión de las cortes en Guatemala. La empresa presentó su demanda en diciembre de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones al Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Organizaciones denuncian amenazas de muerte contra el abogado que representa al Parlamento Xinka en consulta sobre la mina Escobal
A la Guatemala profunda, la que cultiva caña y café como se hacía hace mil años, se llega por carreteras endiabladas. Más de 4 horas en camioneta han empleado María Lucas, de 64 años, su hija y otros dos vecinos de Sipacapa, un municipio del departamento de San Marcos fronterizo con México, para recorrer los 65 kilómetros que separan sus casas de Santa Cruz. Acuden porque el Consejo de Pueblos del Quiché (CPK) ha convocado una asamblea con los líderes y lideresas indígenas que aun aguantan la presión de las todopoderosas oligarquías locales. Los datos de los siete primeros meses de este año alumbran el desastre: 137 dirigentes comunitarios agredidos, otros 22 asesinados y un número indeterminado de detenidos, todos bajo acusaciones que las élites utilizan para aplastar una cultura confrontada con el orden del mercado libre que engorda sus insaciables bolsillos. María, su hija y los dos vecinos de Sicapaca son cuatro rostros más entre los cuatro millones de indígenas sentenciados a vivir en la pobreza extrema.
|La resistencia indígena contra la explotación de una mina de plata de Guatemala, obligada a cerrar por los tribunales, es una advertencia a todas las empresas mineras internacionales para que consideren las perspectivas indígenas con más cautela o sufran las consecuencias.
Un conflicto minero en Guatemala inquieta a la industria en toda Latinoamérica
Durante los días 15, 16 y 17 de noviembre se realizó en Guatemala, el V Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4.