En 2022 se cumplen 10 años desde que Ecuador firmó el primer contrato de minería a gran escala y a cielo abierto: Cóndor Mirador, un mega proyecto de explotación de oro y cobre, liderado por la empresa China Ecuacorriente S.A.

Texto: Mishell Mantuano @MishellMantuan2
Video: Viviana Erazo @Vivianaerz

En marzo de 2012, Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables durante el gobierno de Rafael Correa, firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala, que permitió la explotación a cielo abierto de cobre y otros minerales, por un tiempo de 25 años renovables. Pero, ¿qué ha pasado en estos diez años?

En marzo de 2012, Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables durante el gobierno de Rafael Correa, firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala, que permitió la explotación a cielo abierto de cobre y otros minerales, por un tiempo de 25 años renovables. Pero, ¿qué ha pasado en estos diez años?

Mishell Mantuano y Viviana Erazo visitaron la parroquia de Tundayme, en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonía Sur de Ecuador, donde está situado el proyecto, para ver de cerca las consecuencias de la explotación minera, la afectación al medio ambiente, la migración forzada y el despojo de identidad que vivieron y continúan viviendo los y las comuneras y las comunidades indígenas shuar, quienes han sido desalojados de manera violenta y forzosa más de una vez de su territorio y quienes fueron engañados cuando, hace diez años, se les prometió escuelas y hospitales que jamás llegaron.

En un recorrido de dos días por la parroquia, las periodistas observaron la afectación a los ríos y el medio ambiente, además de hablar con hombres y mujeres que aún resisten a la minería.

***

Desde la Casa Comunal de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, se observa un gran asentamiento, que de lejos parecen casas donde habita otra comunidad. Pero no, cuando te acercas hasta el asentamiento estas son campamentos y letreros que indican que estás en “Propiedad Privada” de Ecuacorriente S.A, empresa China.

Por este proyecto minero, más de 32 familias indígenas fueron desalojadas de manera violenta entre los años 2014 al 2022, además de vivir graves consecuencias de contaminación a sus territorios.

En una ranchera, la tarde del 08 y 09 de abril de 2022, salimos de la Casa Comunal, Cascomi, para ver de cerca los campamentos y el proyecto minero por el cual la comunidad fue desalojada. En compañía de los y las comuneras de Tundayme; líderes y lideresas de otras zonas del país, que también resisten a la minera y el extractivismo; y parte del Colectivo Geografía Crítica, quienes acompañan procesos en defensa del territorio, los derechos colectivos y de la naturaleza, realizamos un recorrido de dos horas por la zona para observar las afectaciones al medio ambiente.

–Miren, observen, registren, vayan a la ciudad y cuenten lo que pasa, cuenten nuestra realidad y todo el daño que nos ha causado la minera Ecuacorriente S.A y el Estado. Pero, sobre todo, digan que necesitamos su ayuda, que necesitamos de la gente de la ciudad para continuar esta lucha, porque lo que hacemos no es solo por nosotros, es por ustedes, por todas y todos; es por defender los territorios y nuestros ríos, el agua. Nos prometieron escuelas, hospitales, mejor calidad de vida. No tenemos nada. Además, nosotros no queremos dinero ni oro, solo queremos nuestras tierras, agua limpia, recuperar nuestra vida.

Esas son las palabras de Luis Sánchez, líder indígena, defensor de los derechos de la naturaleza y parte de La Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador, Cascomi, una organización comunitaria que lleva años resistiendo las consecuencias del despojo cometido por la Fuerza Pública y la empresa minera china en Tundayme. Luis, junto a varias familias de la comunidad, han sufrido desalojos desde el 2014 por parte de la empresa minera china ECSA y ahora resisten desde su Casa Comunal, de la cual también hoy los quieren desalojar.

Luis cuenta que la empresa minera destruyó el tejido social comunitario “con toda la venganza y con las formas más perversas llevaron a cabo los despojos para intimidar a la gente”.

Luis habla mientras caminamos sobre el puente por donde pasa el rio Wawayme, uno de los principales de la parroquia y que ahora se ve espumoso y con su caudal reducido producto de la contaminación.

–Ya no podemos consumir agua de este río, nos hace daño – dice Luis.

Mientras continuamos el recorrido, converso con varias personas que viven las consecuencias de la explotación minera. Una de ellas es Carmen.

–Yo nací y crecí en esas tierras –dice Carmen, mujer indígena amazónica, mientras mira con desconsuelo el campamento de la empresa, cruza sus brazos, suspira, pasa las manos por su cabellera larga y mira a su esposo que está a pocos metros de ella, le sonríe y permanece en silencio por unos minutos.

–Estamos cansados de luchar, han sido muchos años, hemos caminado de un lugar a otro, dejando a nuestros hijos e hijas muchas veces solos –dice Carmen, mientras agacha su cabeza, sus ojos se llenan de lágrimas y continúa –¿De qué ha servido?, solo nos ha dejado cansancio y dolor. Hemos querido actuar como personas civilizadas, actuar con base en las leyes, pero para ellos no hay ley que valga.

Continuando el recorrido por Tundayme y el proyecto minero, hicimos una parada en la zona donde antes estaba la casa y la comunidad a la que pertenecía Luis y otros de sus compañeros y compañeras; ahora ese terreno está lleno de monte y maleza, producto de la tala de árboles, desde ahí se logra ver grandes bosques y una roca que de lejos parece ser el rostro de una persona.

–Detrás de esos grandes bosques hay arroyos o mini ríos como nosotros les llamamos –dice Luis. Al pasar por la vía se puede ver un canal que, según Luis, es para llevar el agua hasta un asentamiento militar, negándoles a las comunidades de la zona su derecho al agua, establecido en el artículo 318 de la Constitución, que dice, que “el agua es un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización”.

Los desalojos: una forma de debilitar la comunidad

–Los policías ingresaron y nos desalojaron en el año 2014, a pesar que habíamos interpuesto una acción de protección para evitar que sucediera– recuerda Luis Sánchez, líder de la comunidad Cascomi. En el desalojo la Policía destruyó el Centro Comunitario de San Marcos, la escuela y la iglesia

–Todo lo rompieron las maquinarias, con ayuda de los Policías.

Pero la acción que marcó el punto de quiebre fue en agosto de 2015 cuando arrancó la gran marcha del pueblo desde la parroquia Tundayme, liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Para la marcha “se dieron cita delegaciones de todo el país para sumarse a las personas que se dirigieron hacia Quito para reivindicar sus demandas en torno a la protección de la Cordillera del Cóndor ante la mega minería”. Asimismo, la marcha fue en rechazo a la minería a gran escala y especialmente a la empresa ECSA, según un boletín de prensa publicado por la COANIE.

“En ese tiempo ya nos encontrábamos en la resistencia”, dice Luis. Y recuerda que ese año el presidente Rafael Correa Delgado “se molestó tanto que, en septiembre del mismo año, mandó a desalojarnos. De ahí en adelante los despojos han continuado”.

135 efectivos de la Policía Nacional y guardias de la empresa minera Ecuacorriente, según datos del Ministerio del Interior y recogidos en un comunicado de INREDH, ingresaron a la parroquia de Tundayme para desalojar a varias familias de la zona que habitaban el lugar.

En total, 32 familias, formadas por 116 personas, fueron desalojadas entre septiembre de 2015 y febrero de 2016 por policías, militares, guardias y trabajadores contratados por la empresa minera, Ecuacorriente S.A., por el notario del cantón Pangui, funcionarios de Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, y la Intendencia de Policía de Zamora Chinchipe.

María de los Ángeles García y su familia fueron parte de las personas desalojadas.

– Con las máquinas tumbaron todo, las casas, entre esas la mía. Yo tenía gallinas, pollos, cuyes, cerdos, todo eso se perdió. Lo destruyeron. Con lo poco o nada que me quedó tuve que ir a la casa de mis suegros en Gualaquiza– dice María con gran nostalgia, mientras respira por unos segundos para continuar con el relato.

– ¿Pero sabes qué fue lo peor de todo eso? –me pregunta y, enseguida, sin darme tiempo a responderle, dice:

–Todo eso lo vimos desde afuera, porque ya no pudimos ingresar a nuestra casa, los policías y los trabajadores de la minera nos entregaron un par de cosas y todo lo demás se perdió.

Después de eso, María y las familias desalojadas recibieron ayuda de personas externas quienes les brindaron ropa y alimentos. Ahora, María trabaja cuidando niños y niñas, con eso, dice, pudo lograr que sus hijos terminen el colegio, pero la Universidad no.

– Porque no tengo dinero para eso, en la ciudad no hay comida, no hay nada. Al menos con la finca que teníamos podíamos sostenernos con la siembra y la cosecha de naranjilla y yuca, además de la leche que sacábamos de las vacas.

Pero los desalojos no han parado. Rosa y Aurelio es una pareja de la tercera edad, ella tiene 65 años y él tiene 73, vivían de la siembra y la cosecha que realizaban en su tierra, en sus chacras; además, criaban animales como cuyes, gallinas y tenían algunas vacas para ordeñar y vender la leche para su propio sustento. Ellos vivían cerca del río Wawayme Alto hasta que el 10 de abril de 2022, comuneros de la parroquia de Tundayme les alertaron que la empresa minera China Ecuacorriente S.A los iba a desalojar, esa alerta preocupó y asustó mucho a su hija Jenny Morocho.

Doña Rosa, como la conocen en la parroquia, desde que era una niña ha vivido en estas tierras, y aquí se casó y formó una familia. Ella, al igual que su esposo Aurelio, no querían dejar sus tierras ni la vida que había construido durante muchos años. Por eso, su hija Jenny Morocho y Luis Sánchez, como líder de la comunidad, alertaron a organizaciones de derechos humanos y el colectivo Comunálisis para que intervengan y logren detener el desalojo a Rosa y Aurelio.

Sin embargo, las acciones de organizaciones de derechos humanos fueron en vano y el 26 de abril de 2022 la empresa minera ECSA desalojó a Rosa y Aurelio con alrededor de 25 efectivos de la Policía Nacional y maquinaria, sin contar con una orden oficial para efectuar la acción, según Luis Sánchez líder de la comunidad.

Michelle Báez, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha trabajado algunos años con la comunidad y el colectivo Geografía Crítica, para ella “el Estado está apoyando un proyecto mega minero que significa un muy buen negocio para las pocas personas que se benefician de él, donde se ve claramente un vínculo de complicidad entre el capital y el Estado”.

Este proyecto, el más grande en Ecuador, inició su exploración inicial en 1994. “Ahora, en 2019, es una realidad luego de cumplir con todas las fases mineras de exploración inicial, avanzada, evaluación económica, construcción de infraestructura y finalmente explotación y beneficio”, así lo anunció, Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, durante el gobierno de Lenin Moreno.

Pero nada de esto favorece a Tundayme. El Colectivo Geografía Crítica en 2019, publicó el Informe sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto minero Mirador, motivado por la preocupación sobre estos impactos y la posibile vulneación de los derechos humanos y de la naturaleza.

Karolien van Teijlingen, en 2019, realizó el estudio: Un análisis de los proyectos de minería a gran escala Mirador y Llurimagua, donde revela que la minería metálica a gran escala es una actividad que está en auge en el Ecuador. También el estudio denuncia que el 15% del territorio continental está concesionado por empresas mineras y que es muy probable que este porcentaje siga en aumento. Además, la investigadora ya advertía que la actividad minera en “ecosistemas sensibles como la Cordillera del Cóndor puede generar graves impactos al ambiente y a las comunidades indígenas y campesinas que habitan en estos lugares”.

Hoy, esos impactos son una realidad, donde antes había árboles, vegetación y ríos limpios, ahora solo queda el recuerdo. De lejos se observa una rivera donde la empresa desecha los lodos tóxicos de la extracción de los minerales, hay un dique que retiene el cauce del río Tundayme, el principal de la parroquia. Maquinarias que se mueven de manera ordenada, casi mecánica. Desde donde estoy no logro ver qué es lo que transportan. Hay hombres construyendo altas plataformas con varillas y cemento. A mi lado, está una lideresa a quien escucho decir:

–Solo te queda llorar.

A simple vista es muy difícil entender lo que está pasando, por eso los aportes del Colectivo Geografía Critica y los estudios que han realizado alrededor de este proyecto son necesarios para lograr comprender todo el panorama y las graves afectaciones al medio ambiente.

Según las valoraciones del Colectivo Geografía Crítica, la mina utilizará 166 540m3 de agua diariamente para procesar las 60.000 toneladas de material crudo y obtener un concentrado de minerales de valor. Pero ¿cómo extraen los minerales y dónde irán los desechos? La extracción de minerales como el cobre consiste en la remoción de la roca usando perforadoras y explosivos para después excavarla y separar los metales de las rocas, para ello se trituran las rocas hasta obtenerse una arena fina, la cual es mezclada con agua y químicos que ayudan a los metales a separarse de la arena y flotar en burbujas hacia la superficie. Todo el material restante, que además es tóxico, va a parar a los relaves, los cuales contienen roca molida y agua, pero también contienen los químicos aplicados en el proceso de separación de los metales como cianuro, arsénico, plomo, cadmio, zinc y mercurio.

De igual forma, Karolien van Teijlingen en su estudio señala que además de los contaminantes utilizados “existe la posibilidad de que ciertos elementos de los relaves reaccionen cuando entran en contacto con agua y oxígeno, generando ácido. Por estas características potencialmente tóxicas, los relaves tienen que permanecer resguardados en infraestructuras herméticamente cerradas”. Estos relaves están separados por diques, que son estructuras de tierra, hormigón, piedra u otro material. En el proyecto minero Mirador que se desarrolla en Tundayme se prevé construir otra relavera de 270 metros, según mencionó Luis Sánchez

José Cueva, parte del Observatorio Ambiental Social y Minero del Norte del Ecuador de la provincia de Imbabura, está de pie desde donde se puede observar una relavera donde la empresa desecha los lodos tóxicos. El proyecto Mirador, dice José, “fue el experimento social para el desalojo de comunidades y la violación múltiple de derechos ambientales como de las personas”.

Cueva, además, explica las consecuencias de la minería a los ríos “este proyecto de gran escala traerá consecuencias gigantes a nivel ambiental y social, empezando por la contaminación de los ríos cuando la empresa lleva operando poco tiempo. Y sin construirse la relavera de 270 metros que es el principal peligro de este problema”.

Cueva explica las consecuencias de la construcción de un depósito tan grande y una relavera de tantos metros como la que la empresa pretende construir en una zona amazónica como la de Tudayme y, además, hay que considerar el nivel de sismicidad que tiene Ecuador, agregó Cueva “están prohibidas, porque no se han visto ni en América, menos en China, causaría una bomba de tiempo, porque aquí no hay experiencia minera, no hay control”. Para él las relaveras son el principal peligro de la minería a gran escala porque al acumularse millones de toneladas de desechos tóxicos se genera un drenaje ácido de minas, es decir, los ácidos concentrados en la relavera empiezan a drenarse por las paredes y contamina agua superficial y subterránea y puede viajar cientos de kilómetros y “una vez que eso sucede no hay como pararlo, no tiene solución”, indicó Cueva.

Esto sería aún más grave para la parroquia de Tundayme, que está atravesada por 3 ríos: Tundayme, Wawayme y Quimi de los cuales, los dos primeros están contaminados, ya no conservan su color natural el agua es espumosa, además, varios ríos están canalizados. El rio Wawayme ya perdió su color natural, ya perdió su caudal y se ve una espuma blanca, causada por los químicos. De la misma forma, el río Tundayme ya perdió fuerza y pasa por un canal de cemento hasta llegar a un estanque, construido por trabajadores de la minera.

El temor de la comunidad y los ambientalistas es que al construirse una relavera tan alta se puede generar un desastre como lo ocurrido en Brasil, donde el 25 de febrero de 2019, colapsó una relavera minera de la compañía Vale en el municipio de Brumadinho, al sudeste de Brasil, y provocó 179 muertos, 131 desaparecidos e incalculables pérdidas ambientales y económicas, según el informe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Mónica Brito, parte del Colectivo Geografía Critica, también estuvo presente en el recorrido por Tundayme. Para ella otra de las consecuencias del proyecto minero, es la migración forzada a causa de los desalojos y la violencia de género generada por la creciente masculinización en la zona debido a la presencia de las fuerzas armadas, trabajadores del Estado y de la empresa minera.

La resistencia tiene rostros de mujeres

Llegamos a la Casa Comunal, Cascomi para realizar la socialización del proyecto y sus consecuencias. A mi lado está Mercedes Taish, parte del pueblo Shuar Arutam.

Ella recuerda que durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa los mandaron a desalojar, los maltrataron, los llamaron terroristas, delincuentes, subversivos. Su testimonio no difiere de lo que cada persona de la comunidad mantiene en la memoria.

– Es lamentable lo que hace el Estado ecuatoriano. Nosotros somos originarios del pueblo amazónico y seguiremos resistiendo hasta las últimas consecuencias. Aquí está nuestra vida, no hemos venido de otro lugar para tener que dejar nuestros territorios. No aceptaremos migajas.

Mientras su esposo habla en la Asamblea a la que asistimos en la Casa Comunal, Mercedes me dice:
–Él es mi esposo –y recuerda que, durante los desalojos, su esposo, al igual que los esposos de las demás mujeres y sus hijos hombres tuvieron que huir.

–Nos quedamos en el territorio resistiendo las mujeres, los niños y niñas. No podíamos dejar que los militares capturen a nuestros esposos, porque se los llevarían presos, actuarían con violencia –cuenta.

De las mujeres que quedaron, Mercedes es una de las pocas que permanece en el territorio.

– Hoy, esas mujeres ya no están, unas migraron, de las otras no supe nada más, perdí su rastro – dice y mueve su cabeza de arriba hacia abajo.

Desde otros territorios del Ecuador, hay más mujeres resistiendo en sus territorios, de la misma forma en como lo hace Mercedes. Tal es el caso de Elizabeth Durazno, dirigenta de la Organización de Mujeres Sinchi Warmi, de la comunidad de Río Blanco, parroquia Molleturo, Cuenca, que, desde hace más de 20 años, resiste a la minería. Ella visitó la parroquia de Tundayme y fue parte del recorrido realizado, para conocer los efectos, porque es algo que no quiere que pase en su territorio.

Al terminar el recorrido en la ranchera y llegar a la Casa Comunal, Cascomi, pasamos a tomar un refrigerio y mientras tanto, todo se organiza para generar un debate de lo visto. Para Elizabeth lo más importantes fue la participación de las mujeres en defensa de los territorios.

– Estamos nosotras poniendo el cuerpo en los territorios, en nuestros hogares, los hombres salen a trabajar y nosotras nos quedamos produciendo, sembrando en los huertos y cosechando nuestros alimentos y cuidando de los animales.

A pesar de esto, para Elizabeth, la participación de las mujeres es más difícil.

– Porque los hombres piensan que les estamos quitando su derecho y eso no es así. Más trabajamos las mujeres que los hombres y se trata de involucrarnos todos en la lucha por intereses en común. Es importante involucrarnos para defender nuestros hogares e incluso a nuestros esposos, para que no sean criminalizados o perseguidos, porque a ellos se los llevan presos y cuando eso sucede nos quedamos sin el sustento de nuestros esposos que es un complemento, porque nosotras también sustentamos los hogares –lo dice mientras se sienta y se acomoda en una de las sillas desocupadas. Mira en dirección a los campamentos de la empresa minera y me dice:

–Tengo una reflexión de lo visto en el Proyecto Minero Mirador –lo dice con sus ojos que no logran contener las ganas de llorar. Así entre pausas y suspiros, evitando desmoronarse por la impresión que la causó ver lo avanzado del proyecto minero, además de la contaminación, dice:

–En 2017 vine a visitar Tundayme, hice el recorrido para ver lo que la empresa minera Ecuacorriente S.A estaba realizando. Pero no estaba tan avanzado, hoy, cinco años después regresé y me dan ganas de llorar.

Respira por unos segundos, como intentando tomar valor para terminar su idea y continúa

–Me da decepción ver cómo el gobierno o las mineras que hablan de minería tecnificada, tecnología de punta, solo destruyen. ¿Dónde está la tecnología de punta si vemos cómo terminaron totalmente con los bosques, con las montañas, con el agua? –Lo dice mientras abre sus manos y levanta sus brazos, mostrando el asentamiento de la minera que puede verse desde la Casa Comunal.

­–Este proyecto demuestra la violencia al derecho del agua. El agua debe ser libre, tener su propio caudal y no estar desviado por un túnel de cemento que genera daños al medio ambiente y a los seres humanos cuando se nos quita nuestros territorios solo para beneficio del Estado y de las transnacionales que sacan el dinero del país.

Refiriéndose a la manera en que el rio Tundayme está canalizado por túneles de cemento y la pérdida de su fuerza y color natural.

Elizabeth debía estar presente en la mesa de debate que realizó Geografía Crítica junto a los y las comuneras de Tundayme y otros líderes y lideresas. Ella está ahí para aprender de los efectos y compartir la información en su comunidad en Azuay:

–Las mineras chinas no solo están en Tundayme. Están en Río Blanco y otros territorios. Por eso la lucha es necesaria.

Elizabeth participó en el debate para reflexionar sobre el recorrido realizado. Entre las participantes estaba Aracely Nugra vocal de la comuna de indígenas San Sebastián de Sígsig en la provincia de Azuay, quien recordó que desde el 2008 la naturaleza tiene derechos, reconocidos en la Constitución en el artículo 71 de la Constitución , pero para ella “esto es solo papel muerto, no se cumple. Por eso es importante nuestra lucha, levantar nuestras voces como mujeres que buscamos visibilizar lo que sucede en nuestros territorios y la contaminación que se genera a raíz de las actividades destructivas”.

Con el debate, las reflexiones de líderes y lideresas además de las aportaciones del Colectivo Geografía Crítica, finalizó el Encuentro para la Articulación en Defensa de los Territorios y el Rechazo a la Minería y el Extractivismo. Al final, con dinámicas, cantos, refranes e improvisaciones comuneros, comuneras, líderes y lideresas asumieron su compromiso y solidaridad con el territorio de Tundayme.

Abrazos, apretones de manos y mensajes de fortaleza no faltaron para Luis Sánchez, líder de Cascomi, para las mujeres y hombres de la comunidad que cada día tratan de recuperar, no solo sus territorios, sino la identidad de la cual fueron despojados al momento de los desalojos, y quienes siguen resistiendo desde su Casa Comunal.

De igual forma Luis hace un llamado a las personas de las ciudades a luchar por la conservación de los bosques y del agua, porque “del campo ellos viven, toman el agua que viene de las Cordilleras”. Para él el proyecto de minería representa “una violación de derechos sistemática. Porque al violarse un derecho, se violan todos. La justicia no funciona y nunca va a funcionar con esa estructura organizativa del Estado que es caduca, corrupta y todo lo demás, la cual hay que cambiar; pero hasta que eso pase, todos a las calles a resistir, pero no cada quien, por su lado, sino articulados”.

El gobernador de Loja acudió a la zona para dialogar con los manifestantes.
Protesta de comuneros indígenas en la vía Loja-Cuenca se extendió por doce horas. Foto: Erdwin Cueva
06/06/2022
Durante alrededor de doce horas la vía Loja – Cuenca estuvo cerrada al tránsito vehicular, este lunes 6 de junio de 2022.

Comuneros e integrantes de organizaciones se tomaron el tramo Saraguro-Loja, en el sector de Loma del Oro, como medida de hecho en rechazo a las labores de extracción minera en el cerro de Fierro Urco, que desarrolla una compañía.

Los denominados por la dirigencia indígena como los “guardianes de Fierro Urco” ejercieron este método de resistencia por la conciencia colectiva, según ellos, de la defensa del páramo, el agua, la soberanía alimentaria y la producción campesina amenazada por la minería metálica. Al evento llegó también el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.

De igual manera, el gobernador de la provincia de Loja, Mario Mancino, quien está saliendo de un complicado cuadro de COVID-19, llegó al sector para hablar con los manifestantes para finalmente disponer acciones que fueron acogidas de buena manera por el sector indígena.

El gobernador de Loja, Mario Mancino, y el dirigente del Pueblo Saraguro, Álvaro Medina, llegaron a un acuerdo para poder abrir la vía Loja – Cuenca, la tarde de este lunes 6 de junio. Foto: Erdwin Cueva

“Estamos en política para defender la vida (…) el cerro sagrado de Fierro Urco es una zona de recarga hídrica, no estamos inventando, sino vamos a ver cuántas lagunas sirven para las comunidades en este caso. No a la minería” sostuvo el líder de la Conaie.

Fierro Urco: El páramo donde nacen cuatro ríos importantes del sur del país está amenazado por el avance de la exploración minera

Mancino, quien dijo haber vivido 30 años de la agricultura, mantuvo un diálogo con los manifestantes.

”Si mañana dejo el cargo, yo regreso a mis vacas, regreso a mi llacta, y para eso necesito agua. Yo puedo garantizar la integridad y la vida de las personas que están defendiendo Fierro Urco”, dijo el gobernador Mancino.

La autoridad dispuso a la comandancia de la Policía del sector retirar las fuerzas policiales de la zona.

Pasadas las 18:00, la vía fue habilitada al paso vehicular. (I)
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/grupo-de-indigenas-bloqueo-la-via-cuenca-loja-como-protesta-contra-la-mineria-en-fierro-urco-nota/

Los comuneros dicen que no han sido escuchados por las autoridades sobre las afectaciones de la minería ilegal.
Redacción Guayaquil 30/05/2022

Con pancartas y gritos los ciudadanos mostraron su malestar por la actividad minera, la que aseguran contamina las fuentes de agua de la población.
“La vía El Guabo – Ponce Enríquez está cerrada al momento”, alertó el sistema de emergencias ECU 911.

Protesta indefinida
Según los ciudadanos, el paro tiene la característica de indefinido. Esto, debido a que señalan que no han sido escuchados por las autoridades sobre las afectaciones de la minería ilegal en el cantón.

“Estamos luchando por una causa justa como es el agua”, dijo una de las manifestantes.

En lo que va del 2022, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han realizado operativos en la zona, en los que han incautado maquinaria pesada, explosivos, hidrocarburos y herramientas para practicar la minería de manera clandestina. También se apoderaron de armas de fuego.
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Hasta el momento, no existe un pronunciamiento de las autoridades.
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/comuneros-ponce-enriquez-protesta-mineria-ilegal.html

Takeshi Chacon
En Napo, de las 34 denuncias registradas -durante 2020 y 2022- ninguna ha tenido una resolución, informó Fiscalía General del Estado.
El pasado 13 de febrero de este año, 1.600 militares y policías ejecutaron un operativo contra la minería ilegal en la zona de Yutzupino, al sur de Napo.

De acuerdo con las autoridades, en las riberas del río Jatunyacu, se han detectado a mineros ilegales lavando oro y contaminando el agua.
Cifras

Según la Fiscalía General del Estado, las denuncias por minería ilegal han aumentado 30% entre 2020 y 2021; sin embargo, las investigaciones no avanzan.

De hecho, en Napo, de las 34 denuncias registradas durante 2020 y 2022, ninguna ha tenido una resolución.

Un panorama que se extiende a nivel nacional, pues de las 253 denuncias totales en 2021, solo 11 han tenido sentencia condenatoria y 206 continúan en investigación previa, es decir, el 80%.

Mientras que, en 2020 de las 184 denuncias solo 23 tuvieron sentencia. Y 102 aún siguen en investigación, más de la mitad.

El Oro, por ejemplo, es la provincia donde más denuncias por minería ilegal se registran.

De las 69 inscritas en 2021, solo cuatro tienen sentencia condenatoria, y 58 se encuentran en investigación previa.

En esta provincia se encuentra Zaruma, donde la noche del 15 de diciembre de 2021, dos casas consideradas patrimonios culturales se desplomaron.

Y alrededor de 300 personas tuvieron que ser desalojadas debido a actividad minera ilegal, según el Gobierno.

Asimismo, durante el año anterior, se concentraron en las provincias de Zamora Chinchipe (48), Imbabura (22), y Azuay (17). En total 87 denuncias y ninguna ha tenido una resolución.

Viajeros hicieron un llamado a las autoridades para facilitar el tránsito en la zona.
Viajeros se encuentran varados en la vía a Ponce Enríquez por manifestación minera. Foto: CTE
14/03/2022
Un grupo de mineros bloquea por varias horas la vía a Camilo Ponce Enríquez ocasionando un intenso tráfico. A través de redes sociales varios viajeros han reportado la situación y hacen un llamado a las autoridades para que se facilite el tránsito en la vía que conecta Guayaquil con Machala (por la Panamericana).
Desde la mañana de este lunes, los mineros se manifestaron para pedir a las autoridades que investiguen supuestos hechos de corrupción de la concesión en la zona de Muyuyacu.
La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) indicó a las 16:00 que la vía se encontraba cerrada. Hasta las 23:00 ninguna autoridad se pronunciaba sobre el hecho.
Los ciudadanos han señalado que la situación lleva más de ocho horas. (I)
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/continua-bloqueo-de-carretera-a-camilo-ponce-enriquez-por-protesta-de-mineros-nota/

10/02/2022
En la ciudad amazónica de Tena se realizó una masiva marcha a favor de la vida y en contra de la minería ilegal, legal y artesanal. Foto: Cortesía Coica
Redacción El Comercio (I)

Cientos de habitantes, organizaciones indígenas y colectivos a favor del ambiente protestaron en la ciudad de Tena contra la minería ilegal que se realiza en la provincia de Napo.

En una multitudinaria marcha efectuada el 9 de febrero de 2022 los manifestantes denunciaron que la contaminación de ríos y de la violencia que se vive en la zona carece de todo tipo de control. “¡Napo ama la vida, no a la minería!, coreaban las personas.

Dirigentes amazónicos aseguran que en las riberas del río de Yutzupino al menos 150 retroexcavadoras y cerca de 4 000 personas desarrollan actividades de minería ilegal.

Denuncias ciudadanas señalan la falta de atención de las autoridades. La violencia se ha instalado en la zona y no se permite el ingreso de policías ni militares, indican.
Una panorámica de la destrucción a causa de la minería en el sector de Yutzupino, en la provincia del Napo. Foto Cortesía Una panorámica de la destrucción a causa de la minería en el sector de Yutzupino, en la provincia del Napo. Foto Cortesía

“Yutzupino, Anzu, Arosemena Tola y la cabecera del río Tena, en la provincia de Napo, son los puntos donde decenas de maquinarias y cientos de personas trabajan en la minería ilegal. No hay controles, ni operativos para detener la devastación y contaminación ambiental”, sostuvo el periodista Javier Gallo en su cuenta de Twitter.

Los comuneros dicen que “hablar de la minería ilegal y de sus conexiones es más peligroso que hablar de narcotráfico”. Hay temor, destrucción y contaminación, sostienen.

Gregorio Mirabal, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), levantó su voz de protesta en la movilización “Napo sin minería”. “Ya es más de dos años que se están llevando a cabo procesos de minería ilegal en las parroquias de Arosemena Tola, Puerto Napo, Pano, Tena y el Talag, y las autoridades no han tomado acciones, ni han dado respuesta frente a este peligroso daño ambiental”.

Vídeos subidos en las redes sociales dan cuenta de una zona devastada en la que se trabaja por las noches.

A través de un comunicado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) enfatizó que la contaminación del agua y la destrucción de la naturaleza generan graves afectaciones en la Amazonía.

La organización consideró necesarios los procesos de consulta previa libre e informada sobre prácticas extractivas mineras, pues insistió que se hace caso omiso a las acciones de protección y más bien se afectan los recursos hídricos.

El usuario Emilio Cobo también se refirió al tema en su cuenta de Twitter: “Inaceptable depredación del río Jatunyaku, en la comunidad de Yutzupino. ¿Quiénes son los propietarios de esta maquinaria? Todo vehículo tiene matrícula, no hay excusas para sancionar esta barbarie”.

El periodista Paúl Romero, de Ecuavisa, aseveró en redes sociales que la minería ilegal causa devastación. “En Yutzupino, Napo, hay más de 70 excavadoras, grupos ilegales armados. No pueden ingresar policías ni militares, les sacan a palos. El Estado perdió soberanía. Es evidente el contubernio de políticos y autoridades. El nuevo Buenos Aires”, enfatizó.
https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/masiva-protesta-mineria-ilegal-tena.html

En Cartas a Resumen
31/01/2022
Las comunidades de Intag exigen a la justicia constitucional que levante el proyecto minero Llurimagua que tiene en serio riesgo a Intag, su biodiversidad y sus comunidades humanas y no humanas. Asimismo, han exigido al Estado que cumpla con su deber fundamental de proteger derechos y deje de ser agente de extinción de especies y destrucción de vidas y de la naturaleza.
Por DECOIN y OLCA
Este lunes 31 de enero de 2022, y luego de haber sido reagendada, se llevará a cabo la Audiencia por la Acción de Protección presentada por comuneras y comuneros afectados por el proyecto minero Llurimagua y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

La acción se dirige contra el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Ministerio de Energía y Recursos Renovables debido a la amplia cantidad de vulneraciones de derechos constitucionales protagonizados por la iniciativa de explotación minera liderada por la Corporación Nacional del Cobre de Chile – CODELCO y la Empresa Nacional Minera del Ecuador, considerando el peligro inminente en el que está el territorio de Intag ante el proyecto que pretende explotar más de 200.000 toneladas de cobre al año.

La zona donde busca instalarse este proyecto es el hogar de diversas especies, entre las que se encuentran las ranas nodriza confusa (Ectopoglossus confusus) y arlequín hocicuda (Atelopus longirostris). La primera en peligro de extinción, y la segunda oficialmente extinguida y redescubierta en 2016, según la Unión Mundial por la Naturaleza (UICN). Ambas especies solo existen en esta zona del planeta, pero no son las únicas en riesgo. Con ellas, hay otras quince especies más en peligro de extinción en el lugar que busca ser explotado.

El año pasado, en un caso que hizo noticia mundial, las ranas ganaron una acción constitucional que luego fue anulada por la Corte Provincial de Imbabura. El nuevo juez del caso lo desestimó sin motivos.
Esta nueva acción busca proteger tanto a las especies en peligro de extinción como a las comunidades humanas violentadas en su derecho a consulta. Todo, en aplicación de los artículos 73, 398, 61 (numeral 4) y 71 de la Constitución de Ecuador.

Pese a que el derecho a la consulta ambiental está reconocido desde 1998, el Estado ecuatoriano lo ha violado sistemáticamente a comunidades a las que afecta con actividades extractivas. Sin consulta previa, el Estado ha actuado como emisor de licencias con mediocres estudios de impactos ambientales que expresamente ignoran información relevante sobre biodiversidad única, procesos de la naturaleza y las vidas de comunidades.

Las comunidades de Intag exigen a la justicia constitucional que levante el proyecto minero Llurimagua que tiene en serio riesgo a Intag, su biodiversidad y sus comunidades humanas y no humanas. Asimismo, han exigido al Estado que cumpla con su deber fundamental de proteger derechos y deje de ser agente de extinción de especies y destrucción de vidas y de la naturaleza.

En este sentido, también se ha emplazado a la empresa Codelco, estatal chilena, exigiendo el retiro del proyecto Llurimagua y dando término a las vulneraciones de derechos protagonizadas por ambas empresas estatales, tanto a las comunidades que habitan el territorio como también a los de la propia Naturaleza.
https://resumen.cl/articulos/proyecto-llurimagua-operado-por-las-estatales-codelco-de-chile-y-enami-ep-ecuador-va-a-juicio-por-vulneracion-de-derechos