Chile

Glaciólogo advierte que en próximos años tendríamos al “río Maipo seco desde finales de la primavera y todo el verano”

Basta de eufemismos. A raíz de la sequía, la situación sobre el centro-norte del país es crítica. Una alerta que levantamos con el aval de los expertos, uno de ellos, es Francisco Ferrando Acuña, glaciólogo y académico de la Universidad de Chile.

El profesor de hidrología señala que estamos en presencia de una “sequía severa”. Luego agrega que “esto sumado al alza en las temperaturas y, por ende, a la evaporación de la poca agua que hay, la situación es crítica. Estamos asistiendo a un balance de masa negativo en los glaciares y a una reducción en la cubierta de nieve.

Además, cada vez, la Isoterma 0 se marca más arriba, por lo que estamos recibiendo lluvia (cuando la hay) a mayor altitud, entonces, estamos perdiendo importantes superficies de nieve. Y eso significa que los recursos de agua en estado sólido para el verano se han minimizado”.

Río Maipo, la gran fuente de agua

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, “el agua que consume Santiago depende en un 88% del Maipo. Los glaciares aportan cerca de un 10% del caudal hídrico anual del río Maipo en promedio. Pero en un año de sequía pueden aportar hasta el 60% del agua”.

Con esta realidad, entonces conviene preguntarse cómo está la situación de los principales glaciares de la zona central. Según Francisco Ferrando, “el río Maipo, en relación con la estacionalidad, tenía su máximo caudal de agua en la primavera por la fusión de la nieve. Y, el segundo máximo, en el invierno”.

“Este régimen cambió, porque hay menos nieve y más temperatura. Entonces cuando llueve, el agua escurre rápidamente por los cauces como verdaderos aluviones provocando una mayor erosión y no alcanzando a filtrar esas aguas hacia las napas subterráneas”, añadió.

Ante las circunstancias, y de seguir como estamos, “lo más probable es que en los próximos años tengamos un río Maipo seco desde fines de la primavera y todo el verano”, anticipa el especialista.

– En los próximos años, ¿cuántos?

“Uno no le puede poner una fecha exacta, pero que de seguir así, se dará. En el largo plazo, si las condiciones de cambio climático no se frenan, esta falta de agua se agudizará. Las conexiones dentro del complejo ciclo hidrológico presentan cada vez más complicaciones”.

– ¿Cuáles son los principales glaciares que abastecen al Maipo?

“El campo de glaciares Olivares da origen al río Olivares. Este, a su vez, es afluente del río Colorado. Y este, del Maipo. Ahí tenemos la principal masa de glaciares ubicadas en la cabecera del río Olivares. A ellos les sumamos otros glaciares de menores dimensiones que están por el lado de los volcanes Maipo y San José. Todos esos glaciares contribuyen a mantener con caudal el río”.

– ¿A qué ritmo se están derritiendo los glaciares en la zona central del país?

“Se han medido derretimientos por fusión con retrocesos de entre 5 y 10 metros en promedio por año en la zona central. A eso debemos sumarle el adelgazamiento de los glaciares, lo que significa del orden de 2 a 3 metros por año en promedio como cifra general. Eso se traduce en una reducción drástica en el volumen de hielo”.

Faena minera y ley de glaciares

En el límite de las regiones Metropolitana y de Valparaíso se ubican las mineras Los Bronces (Anglo American) y Andina (Codelco) dedicadas a la extracción de cobre. Faenas cercanas a importantes glaciares como los campos Olivares, El Plomo, La Paloma, El Altar, entre otros.

De acuerdo con los estudios que maneja Francisco Ferrando, toda esta actividad “está afectando el balance de la masa de los glaciares, lo cual configura un escenario complejo”.

El glaciólogo añade que “la presencia de la actividad minera con dos centros importantes en esa parte han tendido un rol destructivo en el pasado, porque muchos glaciares, incluso rocosos, ya no existen. Ahora estas empresas están asumiendo, según dicen, que eso no debe ocurrir en sus faenas. Ese es un objetivo imposible de logar, porque siempre generaran un impacto”.

Mientras, Argentina ratificó una ley que prohíbe la intervención minera en sus glaciares, en Chile la iniciativa que pretende proteger estas fuentes de agua congelada aún se discute en el congreso.

La ley de protección a los glaciares es necesaria. Porque más allá del compromiso de las distintas empresas que están en la cordillera, sobre todo las mineras, se requiere establecer un sistema de control y monitoreo. Es muy necesaria para saber si cumplen o no con los estándares medioambientales”, afirma Ferrando.

Todo lo anterior porque ese respaldo hídrico que nos entrega la cordillera de Los Andes se está destruyendo por efectos del cambio climático, la variabilidad natural y las faenas mineras. Y, de no actuar rápido, esto tendrá consecuencias insospechadas en el mediano plazo.

 

Fuente:https://www.chvnoticias.cl/trending/glaciologo-advierte-rio-maipo-seco-primavera-verano_20190827/?fbclid=IwAR0acVDg3PFsXewuskxPdfNI_diVQj6l3YdJYcYFk5l-RBpbMQLhGkPlFZA

Chile, Litio

Lithium firms depleting vital water supplies in Chile, analysis suggests

Evidence uncovered by E&T appears to show that lithium-mining company SQM is playing a direct role in damaging the local environment in Chile’s Atacama salt flats, as its activities reduce water levels in an already dry region, with severe effects on local communities, protected lagoons and areas of alluvial muds.

As worldwide battery demand is expected to triple and reach a value of $100bn by 2025, failing to boost lithium supply could make or break the global electric vehicle supply chain and jeopardise global climate efforts, a new investigation by E&T finds.

To ensure supply, lithium mining must increase or otherwise a deficit may harm progress, warn experts. Most of the world’s lithium production takes place in South America, where 70 per cent of global reserves are concentrated. Chile, accounting for 38 per cent of the production, is in a difficult spot. Firms are doing their best to exploit reserves, but environmental concerns increasingly challenge their endeavours.

Since the lithium rush started, corporations like Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), a multibillion-dollar Chilean chemical company, as well as US-headquartered Albemarle Corporation, bet on one effective way to extract lithium from the Atacama salt flats: lithium extraction from brine.

A method dating from the 1950s, it has encountered more and more scrutiny because it affects surrounding water reserves and could affect the climate. With pressure on Chile’s lithium demand and anticipated regulatory hurdles, the price of lithium has skyrocketed, according to data by the US Geological Survey (see chart).

What is lithium extraction from brine?

The way lithium is ‘water-mined’, says Ingrid Garcés, a researcher from Chile’s University of Antofagasta and chemical civil engineer, is by pumping saline groundwater up from the subsurface. The brine contains around 0.15 per cent lithium, and is pumped through a cascade of ponds where impurities or by-products are precipitated by solar evaporation, wind, and chemical additives.

The problem with this comparatively cheap method is that up to 95 per cent of the extracted brine water is lost to evaporation and not recovered, researchers estimate. As the brine water is in hydrodynamic relation with its surroundings, the water-intensive mining process in this extremely arid region causes aquifers to deplete and affects the water balance. This is leading to continuing outcry among local communities living in close proximity to the Atacama salt flat.

Cristina Dorador, a Chilean biologist who studies microbial life in the Atacama desert, says, “San Pedro de Atacama and other small towns are drying out”. Also drying out is Peine, a small township declared a National Monument in 1982 and situated only a stone’s throw away from gigantic lithium-brine mines.

“It is a paradox in Chile. On one side we are talking about decarbonisation, [to mitigate] climate change and the loss of biodiversity and on the other side we exploit the environment for resources to power the electric mobility revolution that supports climate change,” Dorador says.

Albemarle change 2015-2019

E&T, in collaboration with satellite analytics firm SpaceKnow, has been able to produce further quantitative evidence that lithium brine mining efforts between 2015 and 2019 by SQM took a heavy environmental toll on a fragile water ecosystem within the Atacama salt flats.

The analysis found a strong inverse relationship between water reservoir levels at SQM’s ponds and the lagoons. As water levels in SQM’s ponds increased, those in the lagoons would drop. SQM’s second pond (see graphic) correlated with water reservoirs in alluvial muds. The firm’s first pond (see graphic) is linked to the fragile lagoons of the Soncor area, part of the Los Flamencos National Reserve. It is an important nesting ground for Andean flamingos. The statistical analysis can also prove causality, confirming that as brine extraction operation expanded, nearby areas suffered environmental degradation (see methodology notes).

Showing the study regions for E&T investigation

While anecdotal evidence from local community members is abundant and mounting and researchers have long had some inkling of the environmental damage, few gathered quantitative evidence on specific damage until recently. Open-source satellite imagery and machine learning have helped to change that.

Dorador adds that the evidence was obvious. Many flamingos reportedly left the lagoons. Understanding what happens with microorganisms is a bit more complicated, but they would basically exhibit the same symptoms and diagnosis: “There is no recharge of the water in the Atacama salt flat. Much of the water is being evaporated in the process. This isn’t sustainable”.

San Pedro-based Ramón Morales Balcázar from the Plurinational Observatory Of Andean Salt Flats – a network of people from the communities, NGOs and research universities in the region – says the only way to challenge the loss of water is by drastically cutting water extraction by the companies operating in the region.

Government figures issued by the Comité de Minería No Metálica (the Nonmetallic Mining Committee) confirm that the current extractive development in the Basin of the Atacama salt flat provokes hydrological imbalances. With a brine output of 8,842 litres per second, and a recharge capacity of 6,810 litres per second, it was found be more than 2,000 litres per second above a rechargeable threshold.

Adding to the concerns is the ambition by Chile’s government to open up more land to brine mining, says Balcázar. “There are actually 59 salt lets in Chile and the ministry of mining is now calling for their exploitation, as soon as possible. That is really worrying to us.”

Balcázar is not alone in his apprehensions. Sergio Cubillos, heading Chile’s indigenous council, told Bloomberg that the government is encouraging more and more companies to come to explore and mine lithium. Capacity to oversee all of this would be nonexistent.

E&T has learned from a source that only last week, the Servicio de Evaluación Ambiental, Chile’s environmental assessment service, permitted the company Wealth Minerals Chile SpA, a natural resources company concentrating on developing lithium brine property packages in Chile, to explore the northern part of Salar de Atacama. The location would lie near a Ramsar site – defined as a wetland site designated to be of international importance under the Ramsar Convention – as well as based near tourist attractions where water supply is critical to provide local people with income.

Service of Enviromental Evaluation

At the beginning of August, state-owned Codelco (National Copper Corporation of Chile) and mining and metals company Minera Salar Blanco announced an agreement to explore the possibility of developing a lithium project at the Maricunga Salt Flat (see image). E&T was told that this happened without any consultation with the indigenous Qulla communities. The corporations are also allowed access to a national park area, the Nevado Tres Cruces (a massif of volcanic origin in the Andes Mountains, see map) as well as a Ramsar site, including Laguna Negro Francisco and Laguna Santa Rosa (map).

In Balcázar’s view, this could lead to consideration of “legal ways to protect indigenous rights, as well as social protests”, similar to those that took place in 2018 after the announcement of the deal between CORFO and SQM, he told E&T.

A comprehensive research study that was published this year supports the findings of E&T’s investigation and the satellite analysis. Wenjuan Liu and her research colleagues at the School of Sustainability at Arizona State University found that lithium mining in the area bore strong negative correlations with the vegetation and soil moisture – meaning, the more mining, the rarer plants and water become in the soil.

Arguably not 100 per cent caused by brine mining – a booming tourism industry and a slight population increase also contributed – the research identified lithium brine mining activities as one of the major stresses affecting local environmental degradation. Two decades, 1997-2017, were studied, recording soil moisture, vegetation and temperature. An expansion of lithium brine mining area of one square kilometre was found to correspond to a significant decrease in the average level of vegetation and in soil moisture.

One of four scenarios of land degradation

Other environmental consequences are observable in changes in the region’s microclimate. When climate changes, natural disasters can strike more often. At the beginning of the year, the area encountered a period of devastating rains, most untypical for the arid area. Ironically, the amount of water precipitated was insufficient to recharge the aqua-reserves, but did cause destructive floods, Balcázar recalls. “San Petro was isolated for almost a month in February due to flooding. The water is now coming also with a lot of salts, with heavy metals, which are naturally present in the environment. It is also affecting the communities that live in these territories”, he told E&T.

Sudden flooding in the Atacama salt flat in Feb 2019

A temperature rise over the course of two decades was observed that may be connectable to the rise in mining activities in the Atacama salt flat. Daytime land surface temperatures were found to have increased considerably from approximately 28.4°C to 32.9°C in the summer. Winter daytime temperatures climbed to 14.1°C, from 8.3°C in 1997.

Francisco Mondaca, coordinator of environmental issues at the Atacama People’s Council, says mining companies’ assessments of their environmental impacts do not take account of warming temperatures which accelerate the drying process, (according to a report by Bloomberg).

How do these trends link to climate change? In a report published in early August by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), researchers presented themselves as highly confident in their assumption that current levels of global warming are associated with moderate risks from increased dryland water scarcity; soil erosion; vegetation loss; wildfire damage; permafrost thawing; coastal degradation, and tropical crop yield decline – many symptoms found by researchers in the Atacama salt-flat mining area.

Dr Rich Crane, a lecturer in sustainable mining at the University of Exeter’s Camborne School of Mines, cautions that these brine ponds – effectively working as salt pans – not only result in huge amounts of potentially useful groundwater being lost to the atmosphere, but also require large areas of land for such evaporation. This results in widespread habitat removal. The irony, he says, lies in the fact that “the very regions where such brine ponds are so effective, i.e. those which have low rainfall, are often by definition those which can be water-scarce”.

Records for 2018 issued by the Comité de Minería No Metálica shows that the companies’ pumping efforts are not illegal, just astonishingly high. Not only brine water but also fresh water is being vacuumed up from the subsurface at a great rate – especially in the case of copper mining, which takes place not far from the brine extraction mines and uses huge amounts of fresh water.

As part of the production process, copper-rich rocks are crushed into a dust that’s mixed with water to flow through giant pipes. The water is then mixed with chemicals to separate the copper from the slurry.

Despite watertight water-pumping rights, the corporations’ alibi for causing damage has flaws. Brine water is typically 70 per cent water, 30 per cent salt. Despite this, the Law of Mining (Código de Minería) defines it not as water but as a mineral. The definition would require reformulation to see any progress in water loss, Balcázar argues. The presence of bacteria and other living organisms in the brine sustaining life should count as a scientific argument to ‘prove’ that salty water is still water, he says.

The history of how SQM and Albemarle acquired extraction rights is long. Handed to SQM during a period of dictatorship, they were not given under the current environmental law, says Balcázar. He also laments that the members of the local community were not consulted about the rights to operate near their territories.

Albemarle’s mineral extraction rights with respect to the Salar de Atacama in Chile cover an area of around 16,700 hectares. They are based on a long-term contract with the Chilean government, which was originally entered into in 1975 by one of the company’s predecessors. It was subsequently amended and restated, according to the company’s latest annual report. Nonetheless, moving forward quickly appears difficult. At present, researcher Garcés told E&T, Albemarle’s quota increase is delayed because its carbonate plant is not fully operational.

SQM

Showing change for SQMs brine ponds between 2015 & 2019

Comparably little has changed on SQM’s brine pond property between 2015 and 2019, as the following interactive graphic shows:

The case of SQM appears to be slightly different from Albemarle’s. The company is known to have influence in government circles, but Chilean newspaper La Nacion has reported several cases where people associated with the company have faced investigation or trial on matters such as tax evasion and bribery. In 2017, the US Securities and Exchange Commission said SQM had agreed to pay more than $30m to resolve parallel civil and criminal cases, finding that it violated the Foreign Corrupt Practices Act by making improper payments to Chilean political figures and their associates.

There is also a question of whether SQM knew about the damage its brine pumping operation had on freshwater reserves before independent studies reviewed it. SQM claimed in earlier reports that lakes and salt flats were separate, isolated water systems and that brine and freshwater would not blend. Without an independent report, this was taken as the truth until recently, when SQM acknowledged that there was some interaction between the systems. The truth, that the two water systems do indeed mix – brine and fresh water – which according to research jeopardises nearby freshwater reservoirs, came only to light after independent scientific studies began to publish their own results. However, Garcés says “it is possible” that SQM could have been aware of the fact earlier than independent reviews, given that the company had studied the area in detail.

Under the brine extraction rights, Albemarle’s environmental impact appears the lesser of two evils. SQM can pump much more – around 1,700 litres per second, compared with Albemarle’s 400.

Now a new letter to the Chilean ministry of mining has warned of the inconclusive results issued by SQM’s lithium-mining operation. The letter sent by a chemical engineer to the ministry and seen by E&T warns authorities that SQM’s records for production would not correspond to the actual figures delivered. At the time of writing, the ministry has not yet responded to the letter, E&T’s source claims.

SQM's figures do not add up - efficiency rates for SQM and Albemarle companies in lithium mining

In other words, parts of the total lithium extracted by SQM, numbers for the raw mineral and the final product simply don’t add up. The difference would be worth several billion dollars. Balcázar, who came across the letter, has not seen any response from the ministry, so far.

Researcher Ingrid Garcés is worried. “This is very serious,” she says. On the question of whether the Chilean government should impose harsher regulatory measures on the exploitative water pumping practices by SQM and Albemarle, Garcés says there should be sanctions and prosecutions and any penalties should be exemplary. She has little hope this will happen under the current government: “It is unlikely, as it was under the previous one”.

Warning signs of water scarcity problems in the Atacama salt flat were visible to companies six years ago, but were largely ignored, as a government inspection report showed. 32.4 per cent of the native Algarrobo trees prosopis chilensis on SQM’s property – a drought-tolerant species, sending their roots deep into the underground to survive – were found dying as early as 2013 due to the effects of water shortages.

Large Prosopis chilensis tree in the Talampaya National Park, La Rioja, Argentina

Large Prosopis chilensis tree in the Talampaya National Park, La Rioja, Argentina

Nowadays, to overturn negative public sentiment, it appears Albemarle’s strategy is to hand out money to municipalities, local universities and communities, Balcázar says. “In this way, Albemarle is very different [from SQM]. They give money to all these communities in the Atacama salt flat, so they can solve basic problems inherited from centuries of systematic abandonment and discrimination by the State”.

This practice effectively replaces the role of the state, he argues, with the effect that the government loses control over what mining companies actually do. With no government accountability for the damage, “and no actual chance to say no to these projects”, he says, communities are made responsible for controlling and monitoring the levels of water and the operations of the mining projects with the very money the companies give them.

“Although participation and access to first-hand information by local communities is their indisputable right, it is a state duty to look after and ensure water for future generations”, Balcázar adds.

Garcés takes a similar view, warning that the Chilean state is failing in its duty to oversee and protect assets that belong to all Chileans. “How is it possible that we have a General Water Directorate in the region with one inspector?“ she asks. E&T has been told that the directorate has now added two more inspectors.

Garcés asserts that compensation payments paid [by Albemarle] to the local communities are not fair. “It is a major fallacy to think so. The income from extractive activities is not distributed equally among the Chilean population due to structural problems; moreover the money given to local communities, as has happened in many other cases in the country, can be used at will and there is no public control on its use or distribution, which may provoke conflicts and divide the population of San Pedro de Atacama”, she said.

Albemarle would reach agreements with communities through signing a value agreement, she explains. Three per cent of the sales would be directly paid to communities. This does not solve the structural problem of uneven distribution of wealth in the country – caused by exploitation of minerals – and payments given directly to communities might be unequally distributed. By talking to several community members, “money provided does not end up fairly in locals’ pockets”. One scenario possible, she says, is that a lack of control by the state might lead to corruption and could spark disputes.

Risks and hurdles for brine mining in Atacama salt flat

There are financial and environmental problems concerning land use. Dr Crane points out that “such [evaporation] pools can require an operation time of several years and as such can be susceptible to the inherent boom-and-bust nature of the mining industry: if the lithium price were to undergo a significant downturn then there could be a major problem”.

At the end of last year, the Chilean environmental regulators rejected plans by Albemarle to expand its output from the Salar de Atacama salt flat, according to filings with Chile’s Environmental Assessment Service. Albemarle did not present the “details necessary to rule out significant adverse impacts on the quantity and quality of renewable natural resources, including the soil, water and air.”

Andrew Miller, head of price assessments at Benchmark Mineral Intelligence, confirms the commotion in the market: “On the supply side, extending the production for these companies was challenged by regulators”. Companies in Chile tried to expand their production around 2016 and 2017 but various government agencies in Chile challenged them.

Economic challenges as well as regulatory challenges may lie ahead. Brine grew to be the primary source for lithium production for a generation because it is a low-cost source. Despite the extraction and evaporation process being cost-effective for now, changes in demand in the future could present issues for the producers’ bottom lines.

Miller explains that the two main chemicals resulting from lithium extraction are lithium carbonate and lithium hydroxide. Brine mining is most competitive for lithium carbonate. This would still be the primary chemical on the market – still, a lot more lithium carbonate is produced than lithium hydroxide. The crucial question from a battery standpoint is whether there will be a shift towards cathode chemistries more dependent on lithium hydroxides.

Lithium hydroxide is not where brine extraction and the likes of SQL and Albemarle would excel, says Miller. This is because an additional step is required in the process. “They have to produce lithium carbonate first and then convert it to lithium hydroxide, adding additional costs and pressure on the costs curve”.

This raises questions on how responsive supply can be to the big surge in demand expected in the market, Miller says. It appears certain that hard-rock lithium mining will grow ever more dominant. This is confirmed by data from the US Geological Survey.

Whether or not the days of brine extraction are numbered, companies like US-based Albemarle today increasingly seek to cover their backs by diversifying their portfolios. According to its annual report, Albemarle entered into an agreement to acquire a 50 per cent interest in Mineral Resources Limited’s Wodgina Project, located in the Pilbara region of Western Australia, forming a joint venture with Mineral Resources to own and operate the Wodgina Project to produce battery-grade lithium hydroxide. The deal is expected to conclude in the second half of the year.

Missing data expected to remain a problem going forward

One way in which Chile’s lithium producers are attempting to appease public concern, as well as that of the regulators, is by increasing lithium output while using less brine. According to Reuters, Albemarle is developing a process to boost Chilean lithium output by 30 per cent without extracting more brine from the Atacama. It would re-inject salts into the ponds to effectively increase the concentration of the white metal in successive evaporative steps.

Garcés remains highly sceptical of the apparent good news. The yield – the amount of lithium extracted from the brine – remains brutally low to the present day, only around 30 per cent in SQM and a little more for Albemarle, is her guess, she told E&T. Even this would be hard to judge: “They keep it a state secret”. This ambiguity raises questions about how much lithium is really lost to inefficient practice by operators. “Why so much secrecy if it is so easy to calculate it? It is not a matter of secret patented process, either”, she says.

SQM was approached by E&T but was not immediately available for comments and did not respond to E&T’s enquiries.

One of the biggest problems is transparency, say many researchers. The correct calculation of how much water is being lost, according to Garcés, is faulty in so far as actual data is being withheld by companies. “Unfortunately the balances are made theoretically and then you estimate the performance or efficiency of the process,” she says.

It has been possible for E&T to piece together an estimate of how much water has been lost to the environment due to brine evaporation over the course of the past three decades, 1985-2017. E&T’s estimate puts the figure at around 433 billion litres for water lost as a result of lithium exploration over the period. Albemarle’s extraction contracts previously belonged to Sociedad Chilena del Litio (today under the name of Rockwood).

If that volume of water was laid out with a kilometre-square footprint across the city of London, the block would protrude nearly half a kilometre into the sky (see graphic), or around four and a half times the height of Big Ben. The amount would also rival the annual fresh water withdrawal rates of small countries like Papua New Guinea or the West Bank and Gaza, according to World Dank data.

E&T’s calculations were made on the basis of figures provided by the Nonmetallic Mining Committee as well as calculations for Albemarle’s lithium brine production history by the head of the Lithium Committee from IIMCh. It was produced under the assumption that two million litres of water would be evaporated in mining ponds for each tonne of lithium extracted. As the lithium extraction process evaporates around 95 per cent of the brine water, it was possible to compute how much water actually disappeared.

Perhaps even more worrying are extrapolations for the future, based on projections for Albemarle’s lithium extraction between 2018 and 2043. 1.5 trillion litres of water may be at stake within the Atacama salt flat, according to the same principle of calculation as above. With SQM pumping nearly four times as much brine as Albemarle, it is not unreasonable to assume that rates could be much higher.

Water use of Albemarle corporation

Albemarle Corporation was given the chance to respond to allegations and issued a statement to E&T saying it updated its hydrogeological model of the Salar de Atacama in March with the measurements of the last few years, making it the most up-to-date tool that exists, and that it “serves as a basis for authorities, communities and other companies with operations in the area”.

While monetary payments were not mentioned in the response, the company confirms it has established a “series of voluntary commitments with the authority to ensure the proper care of the Salar ecosystem” – entailing “a monitoring system of 150 wells in the Salar basin and a permanent plan for water and lake level monitoring, flamingo monitoring and an Early Warning Plan”. All of this would be “always available to the authority and the communities,” Albemarle said, adding: “we all benefit from sustainable management of the Salar de Atacama.”

The state’s aspiration to toughen regulation is high but action is scarce. In January, after an investigation proved that SQM did in fact overdraw lithium-rich brine from the Atacama salt flat, the Superintendencia del Medio Ambiente (Chile’s environmental regulator) approved a compliance plan including an online system to monitor SQM’s extraction rates as well as its use of fresh water alongside its industrial process. Whether this is enough to stop overdrawal of brine and prevent environmental damage, many doubt.

Recent changes by mining companies on how they monitor wells without authorisation, according to Chile’s environmental regulator, make it ever more complex to monitor what companies do.

“If you want to exploit, the companies must determine the amount of water they can safely extract without compromising the ecosystem and the wildlife, including the loss of flamingos and other species,” Balcázar says.

Another problem for regulators and the public is to access unbiased information. So far, the only information available about the Atacama salt flats are the details shared by the companies. “The state doesn’t have its own models. This is very basic stuff. You cannot exploit something that you don’t know. If you don’t know the real damage, you cannot regulate it. The state wouldn’t respect this principle”, says Balcázar.

However, efforts to monitor adverse effects independently seem to be under way. In May, the Atacama People’s Council built a monitoring station in a lagoon on the salt flat. Its installation was the first in a series – 14 more stations are expected soon – to continuously monitor water levels, as opposed to the once-per-month measurements overseen by mining companies.

Before the Chilean President Sebastián Pinera took office last March – when his administration disbanded a group working on this – the Committee of Non-Metallic Mining began to work on a model that could have allowed the government to independently monitor environmental changes.

How and whether the Chilean government will vindicate its lithium mining ambitions and the effects climate change has in its land in front of a global audience at the upcoming COP 25 – a global climate change conference taking place in Santiago in December – remains to be seen. Microbiologist Dorador asserts that it is an important opportunity for the country, with regard to mining.

Next to climate change and environmental issues, lithium production companies are accused of providing poor working conditions for their staff. On Chile’s brine deposits, workers suffer poor health and safety standards, according to an E&T interview with Lisa Belenky, senior attorney at the Center for Biological Diversity, a nonprofit organisation fighting to protect endangered species through legal action and activism.

Solutions to the water evaporation frenzy

Instead of increasing the quota to pump more brine, companies must replace the current evaporation process in the pools with a truly sustainable one, say researchers like Ingrid Garcés.

Answers to the prayers of those asking for a cleaner mining process are in the works. Different technological solutions appear viable in the lab, but many remain very far from being a commercial reality. Dr Crane is confident that science can come up with alternatives: “In academia, there is a lot of research currently being conducted to improve how we can remove lithium from the earth. Solutions include electrodialysis, nanofiltration and adsorption, as well as recent progress in using graphene-based filtration approaches.

″[Some of these techniques] have real potential to herald a new paradigm for the mining industry. If someone can invent a truly cost-effective, environmentally friendly, adaptable and rapidly deployable method to extract the lithium from water, they would be very successful”.

To solve the problem in the Atacama Desert, one may not need to look much further than the United Kingdom. Even without the ultra-dry climate, the county of Cornwall has what it takes, geologists argue. To start with, it has been found to host the fifth-largest lithium deposits in the world. A company called Cornish Lithium is developing a solution that should soon allow the pumping of Cornish geothermal brine and direct extraction of lithium from it in a climate-friendly way, without the use of chemicals, the CEO of the project has assured. Heat extracted from the brine would provide additional benefits. After lithium and energy were extracted, the brine would be cleanly re-injected into the subsurface.

“There is no water loss, there are no chemicals going into the water. The heat brought up with the brine, we can use in an environmental friendly way”, Jeremy Wrathall, CEO of Cornish Lithium, explained.

Such plans for domestic lithium extraction have multiple advantages. Local production could abolish the need to ship lithium around the world and reduce the carbon footprint connected to lithium-ion battery production. It could also help to alleviate the pressures on Chile’s lithium supply and allow the government to regulate Chile’s lithium mining companies without the risk of pushing global battery supply into turmoil.

What Cornish Lithium develops may not immediately bear direct application in the Atacama desert, as easy access to power would be needed. If a geothermal power plant could be connected to the brine extraction, though, self-sufficiency may be in sight, Wrathall says. Some companies in Chile could already explore the idea, but to Wrathall’s knowledge, it is early days for those projects. In contrast, in Europe, a lot more is going on. Alongside Cornish Lithium, an array of other European companies are chasing the idea of domestic lithium extraction.

From a market perspective, new technical developments are crucially needed, according to Benchmark analyst Miller. Even with the investments expected going into the market, he expects an upcoming deficit in 2023. Processes in development that may not be commercial today could add that “critical extra bit to the lithium supply balance in the next couple of years” when the electric vehicle penetration kicks off and lithium demand explodes.

Methodology and comments:

* To bring evidence forward, a satellite imagery analysis model was created to test the relationship between lithium brine extraction between hydration and vegetation levels of nearby lagoons and alluvial muds located in the north of SQMs and Albemarle’s evaporation ponds.

Fuente:https://eandt.theiet.org/content/articles/2019/08/lithium-firms-are-depleting-vital-water-supplies-in-chile-according-to-et-analysis/?fbclid=IwAR0j9BKvRouMgVDe_QNXz4NeSuln0YUQVnHOrqELMrGqiESADQHO2wNwd_4

Chile

Core pide al SEA explicar por qué Medio Ambiente no fue parte de la consulta de proyecto en el salar

Proceso resolvió la pertinencia solicitada por Wealth Minerals que busca realizar una campaña de exploración de minerales cerca de la laguna Tebenquiche. Comunidades, cpor su parte, advierten que la empresa no tiene el permiso aún.

Durante la última sesión del Consejo Regional sus integrantes aprobaron que se solicite argumentar al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), su decisión de dejar a la seremi de Medio Ambiente fuera de la consulta de pertinencia solicitada Wealth Minerals, firma canadiense que busca desarrollar una exploración de minerales en el sector norte del salar de Atacama.

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Chile

Los glaciares chilenos tienen un enemigo

La minería, una de las actividades más lucrativas de Chile, pone en riesgo una de las fuentes de agua más importantes del país.
El geólogo del gobierno Gino Casassa se baja del helicóptero y mira consternado a su alrededor. Casassa está de pie al pie de un glaciar a 4 mil 200 metros sobre el nivel del mar.
El cielo sobre los Andes es de un azul profundo, pero algo no está bien: es julio (mediados de invierno en América del Sur) y, sin embargo, el termómetro está por encima de los 0 grados. Se quita la chamarra de esquí naranja y camina sobre una roca.
«Todo esto debería estar cubierto de nieve en esta época del año», dice, señalando Olivares Alfa, uno de los glaciares más grandes del centro de Chile, a pocos metros de distancia. «Solía haber un solo sistema de glaciares que cubría todo este valle; ahora se ha retirado tanto que se ha dividido en cuatro o cinco glaciares más pequeños».
Chile tiene una de las mayores reservas de agua dulce del mundo fuera de los polos norte y sur, pero los abundantes glaciares que son la fuente de ese preciado producto se están derritiendo rápidamente. No se trata solo de un desastre ecológico, se está convirtiendo rápidamente en un dilema económico y político para el gobierno de la nación más rica de América Latina.
Un cóctel tóxico de temperaturas crecientes, el periodo más seco en nueve años registrados y la actividad humana, incluida la minería, resultan letales para el hielo de la región central de Chile, que retrocede un metro por año en promedio.
En menos de dos décadas a partir de ahora, algunos glaciares habrán desaparecido, mientras que el volumen total de todos los glaciares en Chile se habrá reducido a la mitad para fines de siglo, afirma Casassa. Ese es un problema grave ya que Chile, que tiene el 80 por ciento de los glaciares de América del Sur, también es el país del continente con mayor riesgo de estrés hídrico extremadamente alto, según el Instituto de Recursos Mundiales.
Más de 7 millones de personas que viven en los alrededores de la capital, Santiago, dependen de los glaciares para alimentar la mayor parte de su suministro de agua en tiempos de sequía.
El gobierno de Chile es muy consciente del problema. Una unidad de glaciares se estableció en 2008 y se encargó de producir un inventario con el objetivo de protegerlos y crear conciencia sobre su importancia. Pero sus recursos son limitados: tenía solo siete empleados el año pasado (Casassa es el director de la unidad) y hasta ahora ha publicado un único registro de glaciares, en 2014, utilizando datos de hace una década. La unidad emitirá un segundo inventario a finales de este año que permitirá la primera comparación de todos los glaciares de Chile.
Un proyecto de ley de la oposición ahora ante el Congreso tiene como objetivo asegurar la protección legal de los glaciares. Pero el gobierno del presidente Sebastián Piñera se opuso, argumentando que si se implementan las medidas dañarían el desarrollo económico de Chile, específicamente su lucrativa industria minera.
Los glaciares cubren algunos de los depósitos de cobre que hacen de Chile el mayor productor mundial de metal, con aproximadamente un tercio de la producción mundial proveniente de sus minas cada año. La minería es clave para la economía de Chile, ya que representa el 10 por ciento de su PIB y comprende poco más de la mitad de sus exportaciones.
Esa realidad económica está en el corazón del dilema del gobierno, que evalúa las compensaciones requeridas para proteger el medio ambiente, al tiempo que respalda una industria valorada en unos 19 mil millones de dólares para la economía. El ministro de minería de Chile, Baldo Prokurica, insiste en que ambos objetivos no son excluyentes.
El proyecto de ley propone que todos los glaciares y sus alrededores se conviertan en áreas protegidas, prohíbe las intervenciones no científicas y considera cualquier violación de las reglas como delitos. Es demasiado para el gobierno, que planea su propia legislación. «Creo en la preservación de los glaciares, pero también en la minería», dijo Prokurica.
Actualmente se sabe que los glaciares ayudan a bajar las temperaturas y a aumentar la humedad del aire en un radio de 50 kilómetros. También son la razón por la cual los ríos en el centro de Chile transportan casi el mismo volumen de agua durante la sequía extrema que en condiciones normales.
El resultado es que a medida que las condiciones de sequía se vuelven más frecuentes en el mundo, Chile permanece relativamente protegido. Un 70 por ciento de la población de 18 millones del país vive en áreas donde los glaciares marcan la diferencia.
Pero esa red de seguridad natural está bajo una tensión creciente. Si bien la mayoría de las minas en Chile se encuentran en el desierto del norte de Atacama, los mineros se mueven hacia el sur y encuentran glaciares en el camino.
Casi todas las grandes compañías mineras que operan en Chile han afectado los glaciares, incluida Anglo American Plc. en su mina Los Bronces y Antofagasta Plc. en Los Pelambres, según un artículo académico de 2010.
La operación Los Bronces de Anglo American y la mina Andina de Codelco están explotando el depósito de cobre más grande del mundo en los Andes, a unos 64 kilómetros de Santiago. Solo una cresta de roca los separa del glaciar Olivares Alfa. Los dos pozos gigantes, camiones mineros y el polvo de las explosiones son claramente visibles desde un helicóptero.
Los mineros rechazan los señalamientos. Joaquín Villarino, presidente del grupo industrial Consejo de Minería, mencionó que los glaciares se están reduciendo debido al cambio climático, y que la contaminación del transporte y otras actividades en Santiago tienen un impacto. La factura del glaciar contiene «errores graves», dijo.
De todos modos, los mineros están tomando medidas. Mientras Codelco está realizando trabajos de ingeniería en una expansión de su mina a cielo abierto Andina, su mina hermana, Los Bronces, irá parcialmente bajo tierra en un plan de 3 mil millones de dólares para evitar el impacto en la superficie.
Anglo American «reconoce la importancia de los glaciares y tiene la convicción de que la actividad minera y la preservación del medio ambiente pueden coexistir», respondió la compañía por correo electrónico. Codelco declinó hacer comentarios sobre sus planes para Andina.
La administración de Piñera va a la ofensiva. La aprobación del proyecto de ley de glaciares obligaría a cuatro minas, incluidas Andina y Los Bronces, a detener las operaciones, con un costo de miles de millones de dólares y más de 34 mil 500 empleos, según un informe de la comisión de cobre del gobierno. La producción caería un 11 por ciento hasta 2030, impactando los mercados mundiales de metales, dijo.
Casassa ve que el impacto del cambio climático se está acelerando, pero comparte la evaluación del gobierno de que no hay necesidad de legislación específica sobre glaciares.
Sin embargo, el gobierno no puede detener el proyecto de ley, ya que carece de mayoría legislativa. Guido Girardi, un senador de oposición, estima que la ley podría pasar en ambas cámaras para principios del próximo año, un resultado que él considera de importancia mundial.
«Todos los cambios que estamos viendo, todas las catástrofes climáticas en todo el mundo son solo el comienzo», dijo. «Los glaciares de Chile son estratégicos, no solo para nuestro país, sino para toda la humanidad».
Con información de Bloomberg
Fuente:http://www.elexpres.com/2015/nota.php?story_id=207948&fbclid=IwAR336nQkbtUPmLi0M-mLoW8dv2ectMvAaNi5cCrh8Qv-F-ZM6eLIsB8guwk
Chile, Litio

BBC: Cómo la apuesta de Chile por el litio está desatando una disputa por el agua en Atacama

Dos empresas están extrayendo litio en el Salar de Atacama, en el norte de Chile. Pero las cantidades de agua que necesitan para esta actividad preocupa a los campesinos de la zona.

Peine, el pueblo polvoriento donde vive Sara Plaza en el norte de Chile, se encuentra en una ladera junto al Salar de Atacama, que se extiende 3.000 kilómetros cuadrados dentro del desierto más seco del planeta.

Plaza dice que la gente solía llevar a sus animales a pastar al borde de Atacama, bajo las montañas gigantes de los Andes.

«Solía haber hermosas lagunas allá abajo, con cientos de flamencos», dice. «Ahora está todo seco y los pájaros se han ido».

Plaza dice que la extracción de litio en Atacama está utilizando toda el agua dulce de los acuíferos de la región, que son capas de roca porosa bajo el suelo que sirven de depósitos de agua.

«Era tan verde, ahora es un terreno duro y agrietado. Ya no podemos mantener llamas», se lamenta Plaza.

El litio, un metal blanco, plateado y suave, se utiliza para fabricar baterías de celulares, laptops y automóviles eléctricos. Su demanda se ha disparado en los últimos años, con una producción mundial que se triplicó desde 2005 a 85.000 toneladas en 2018, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Un metal al alza

Chile es el segundo mayor productor de litio del mundo, solo precedido por Australia. El año pasado, su producción ascendió a las 16.000 toneladas, todas salidas de Atacama. Con un valor de US$949 millones, esto supuso un aumento del 38% en comparación con 2017.

Actualmente solo hay dos empresas que extraen litio aquí: la estadounidense Albemarle y la chilena SQM.

Bajo el salar hay un enorme depósito subterráneo natural de agua salada que contiene sales de litio disueltas. Para extraerlas, los mineros bombean esta salmuera a la superficie, donde dejan que se evapore con el sol, de modo que el carbonato de litio quede listo para recoger. Esta sal puede ser transformada en litio metálico.

Si bien hay preocupación respecto al impacto que la extracción de esta agua salada está teniendo en el ecosistema, incluidas las afirmaciones de que las lagunas de agua salada de los flamencos se están secando, el problema más apremiante para Plaza y otros residentes locales es que las empresas mineras también están accediendo a los suministros de agua dulce.

Necesitan agua dulce para limpiar maquinaria y tuberías y también para producir un producto auxiliar de la salmuera, la potasa, que se usa como fertilizante.

De pie entre matorrales amarillentos de hierba que solían ser pastizales, Plaza, que monitorea los suministros de agua para su comunidad indígena, señala una pequeña estación de bombeo que extrae agua dulce subterránea y la conduce a las minas de litio.

A unos 40 km más al norte, Jorge Cruz cultiva maíz y alfalfa en una pequeña parcela de tierra en el pueblo de Camar, otra comunidad indígena cercana al salar.

Él dice que si las compañías mineras continúan usando agua dulce al ritmo actual, su pueblo no sobrevivirá.

«Las aves se han ido, ya no podemos tener animales», dice. «Cada vez es más difícil cultivar. Si empeora… tendremos que emigrar«.

Diego Hernández, presidente de la sociedad minera chilena, Sonami, dice que la cantidad de agua dulce utilizada por las compañías de litio es insignificante. Pero está de acuerdo en que todos los niveles de agua deben ser mejor monitoreados por las autoridades.

Jorge Cruz dice que ya no puede criar animales debido a la falta de agua dulce.

«El gobierno no tiene un modelo hidrológico de todo el acuífero», afirma. «Debería ser capaz de tomar decisiones informadas basadas en datos técnicos. Pero en Chile tenemos más normas y leyes que dinero para ejecutarlas».

Tanto Albemarle como SQM realizan su propio monitoreo de agua subterránea.

«Tenemos las herramientas más avanzadas en la industria para monitorear la salud del Salar de Atacama», dice Eric Norris, presidente de Albemarle.

Todas las mediciones de Albemarle están disponibles para las autoridades y las comunidades locales, agrega. Y los ingenieros de la firma están trabajando en nuevas tecnologías para producir mayores cantidades de litio utilizando menos agua, porque son conscientes de la necesidad de administrar la región de manera sostenible.

«Estamos muy interesados en proteger este ecosistema», dice.

Ambas compañías tienen cuotas de la cantidad de agua que pueden extraer cada año. Sin embargo, las dos han sugerido alguna vez que la otra incumple esos límites.

Albemarle dice que está autorizada a bombear 442 litros por segundo de salmuera y 23,5 litros por segundo de agua dulce.

Alejandro Bucher, vicepresidente de medio ambiente de SQM, dice que su compañía también está comprometida a llevar a cabo sus operaciones de manera sostenible.

Pero afirma que los ecosistemas de Atacama son extremadamente dinámicos y muestran variaciones importantes de un año al otro. Bucher agrega que los observadores no deben interpretar estas variaciones como cambios permanentes en el entorno local.

«Nuestro monitoreo medioambiental a largo plazo, que es evaluado regularmente por las autoridades medioambientales, muestra que los ecosistemas están intactos, incluidas las áreas de vegetación, lagunas y poblaciones de flamencos», dice.

Sin embargo, algunos organismos gubernamentales se muestran preocupados, incluida la agencia estatal de desarrollo, Corfo.

El año pasado descubrió que había más agua dulce y salmuera que salía del sistema por bombeo y evaporación de la que regresaba a través de la lluvia y la nieve. Pero no pudo determinar si la extracción de litio o cobre era específicamente la culpable. Las minas de cobre, a más de 80 km de distancia, acceden a las mismas fuentes de agua dulce y la canalizan a sus instalaciones.

Trabajo en conjunto

A los grupos locales les gustaría un enfoque más en conjunto para administrar el agua de Atacama, y quieren que el gobierno se asegure de que las comunidades cercanas tengan suficiente agua dulce para la agricultura y su propio consumo.

«El nivel (actual) de extracción de agua está causando un daño real al ecosistema y a las comunidades cercanas», dice Gonzalo Pimentel de la Fundación del Desierto de Atacama, una institución sin fines de lucro que apoya a las comunidades locales.

Sin embargo, lo que no se hará será frenar la extracción de litio.

Varias compañías internacionales están en negociaciones con el gobierno sobre las licencias para unirse a Albemarle y SQM en la extracción de litio en Chile.

El congresista oficialista Guillermo Ramírez dice que, como país minero, Chile ha tenido que equilibrar las necesidades de agua de los ciudadanos con las demandas de la industria.

Él dice que el gobierno siempre garantizará que las comunidades tengan agua y que la clave es una buena regulación de la industria minera. No obstante, cree que el potencial del litio es demasiado valioso como para ignorarlo.

Pero Sara Plaza tiene miedo: «Nos dejarán aquí sin agua, sin animales, sin agricultura, sin nada».

Fuente:https://www.t13.cl/noticia/nacional/bbc/como-la-apuesta-de-chile-por-el-litio-esta-desatando-una-disputa-por-el-agua-en-atacama

Chile

Álvaro Montaña denuncia concesión minera en la ciudad de Ancud

  • La organización Defendamos Chiloé denuncia públicamente a la empresa Inversiones e Inmobiliaria Santa Lucía S.A,  tras presentar al Sernageomin una solicitud minera de explotación en la ciudad de Ancud, la cual se encuentra en estado de tramitación. Advierten que la empresa se instalaría en el pleno cerro Huaihuén,  un lugar rodeado de escuelas, centros de salud, poblaciones y otras instituciones.

 

El aumento exponencial de las concesiones mineras en el Archipiélago de Chiloé durante los últimos años, ha sido una preocupación permanente para las organizaciones sociales y la ciudadanía en general de Chiloé, que ven el fantasma de la minería un peligro permanente. Defendamos Chiloé ha puesto en la agenda local el tema. Uno de sus miembros, el geógrafo Álvaro Montaña, ha monitoreado permanente el estado y avance de las concesiones mineras en el territorio chilote. La última novedad fue el descubrimiento de una solicitud en medio de la ciudad de Ancud, tras lo cual denuncia públicamente los impactos y problemas que traería a la comuna.

La solicitud fue ingresada Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) por  la empresa Inversiones e Inmobiliaria Santa Lucía S.A. Se trataría de un tipo de «explotación» minera, que se ubicaría en pleno cerro Huaihuén, en medio de la ciudad de Ancud que si bien no está en el centro de la ciudad,sin embargo el lugar  está rodeado de escuelas, centros de salud, poblaciones y otras instituciones.

Sobre el tipo de concesión, Álvaro comenta que “se trata de una concesión minera de explotación, las cuales son a perpetuidad y caducan solamente si se dejan de pagar las contribuciones u otras causales de este tipo”. Además el geógrafo al referirse al uso explica que “Muy probablemente esta concesión minera que se entregaría no es para fines mineros sino que buscaría asegurar para siempre la propiedad del subsuelo, esto dado que el código de minería y la constitución vigente establece que la propiedad minera del subsuelo es diferente a la propiedad de la tierra”.

En cuanto a las implicancias que tendría la solicitud, “se provocaría efectos jurídicos y conflictos legales entre los dueños de la tierra que quieran desarrollar proyectos, actividades que impliquen una remoción del suelo, provocando conflictos con los dueños del subsuelo”.

Por último desde Defendamos Chiloé remarcan la gravedad de esta situación y hacen un llamado a las autoridades y la ciudadanía a manifestarse en contra, y para organizar e impedir que esta concesión se apruebe.

Fuente:https://www.re-vuelta.cl/news/alvaro-montana-los-impactos-de-la-concesion-minera-en-la-ciudad-de-ancud/
Chile

Pampa Colorada: Intento de mayor extracción de aguas por minera Escondida

Pampa Colorada se ubica en la cercanía de los poblados de Peine, Socaire y Toconao, al sur este del pueblo de San Pedro, en el altiplano de la comuna de San Pedro de Atacama, a 4 mil metros sobre el nivel del mar y cerca de la frontera con Argentina.

Este conflicto enfrentó, durante los años 2006 y 2007, a las comunidades indígenas atacameñas de la zona, contra Minera Escondida, empresa que pretendía extraer agua subterránea desde acuíferos en las cuencas alto andinas ubicadas en la zona de Pampa Colorada. La resolución de este conflicto marca un importante precedente, pues constituye uno de los pocos casos en que el Estado negó a la empresa minera los permisos para la explotación de los recursos hídricos locales. Constatándose con ello un rol distinto del Estado, que ejerció como garante de los derechos territoriales ancestrales y los recursos hídricos atribuidos a las comunidades indígenas.

Para la ampliación de sus faenas, Minera Escondida requería un total de 648 millones de metros cúbicos de agua adicional en la comuna de San Pedro de Atacama, para lo cual solicitó una tasa de extracción media anual máxima de 32,4 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a un caudal de extracción medio anual máximo de 1.027 litros por segundo. El proyecto de ampliación de la minera implicaba una inversión aproximada de 300 millones de dólares para extender en 20 años su vida útil. El inicio de la fase de construcción de este proyecto estaba previsto para el segundo semestre de 2008, pero finalmente no sucedió.

La empresa pretendía extraer recursos hídricos desde napas subterráneas en la zona cercana a Peine y Socaire, para llevarla por 190 kilómetros hasta sus faenas mineras a través de un sistema de tuberías, por una ruta con centenares de sitios arqueológicos prehispánicos. El proyecto contempla una inversión de 300 millones de dólares, valor que implica un quinto del costo si se utiliza agua de mar para la faena.

Este proyecto de explotación de recursos hídricos generó muchas dudas desde el momento mismo en que fue presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el estudio de la empresa reducía el área de influencia de los impactos del proyecto, ya que se iban a extraer los recursos hídricos de las lagunas Miscanti y Miñiques, y un poco más abajo del Salar de Atacama, ambos sitios protegidos por la Reserva Nacional Los Flamencos; pero estas lagunas no estaban consideradas dentro del área de influencia del proyecto que la empresa presentó en su Estudio de Impacto Ambiental. Por ende el estudio no reflejaba, en su línea de base informativa, los verdaderos impactos del proyecto.

Actualmente existe consenso en que la explotación hídrica de Pampa Colorada habría provocado el mismo impacto irreversible que ocurrió en Pichincha, donde la extracción de agua destruyó irreversiblemente el Salar de Michincha, y degradó gravemente el Salar de Coposa. El importante triunfo de la comunidad de Socaire al impedir la explotación del agua en Pampa Colorada, marcó un importante precedente para el futuro de los recursos hídricos en el país.

Pampa Colorada pertenece al área de desarrollo indígena «Atacama La Grande», que presenta importantes atractivos paisajísticos y gran potencial turístico. Destacan como sitios de interés en esa área el salar de Aguas Calientes II y la Laguna Tuyaito. Si el proyecto de extracción hídrica de Minera Escondida se hubiese materializado, se habría comprometido gravemente la existencia de importantes ecosistemas de la Puna alto andina, las actividades de etnoturismo que desarrollan las comunidades indígenas de Peine y Socaire, y la continuidad de su economía y cultura en el frágil desierto de Atacama.

Los principales actores confrontados en este conflicto son la Compañía Minera Escondida, sociedad anónima de propiedad de BHP Billiton (57,5%), Río Tinto PLC (30%), Jeco Corporation (consorcio japonés liderado por Mitsubishi Corporation) (10%) y la Corporación Financiera Internacional, filial del Banco Mundial, (2,5%). El proyecto Pampa Colorada, fue presentado por la empresa, para posibilitar la expansión de sus faenas extractivas, como estrategia para aprovechar el auge del precio internacional de los metales en general, y del cobre en particular, en el mercado mundial.

Dicha pretensión de la empresa motivó la confrontación con las comunidades atacameñas de Peine, Socaire, Toconao y San Pedro, que subsisten de la agricultura, la ganadería y el turismo; además de las repercusiones culturales y sociales por emplazarse el proyecto en territorios ancestrales reclamados por las comunidades.

Entre los actores directamente involucrados en este conflicto entre las comunidades indígenas y Minera Escondida, destaca el Consejo de Pueblos Atacameños, el cual reúne a 27 comunidades indígenas del Alto Loa. Los miembros de este Consejo manifestaron en diversas instancias su malestar contra el proyecto de Pampa Colorada. Por ejemplo, la presidenta de la comunidad indígena de Peine, María Barrera, una de las responsables de la campaña contra el plan de expansión de la minera, señalaba en ese entonces «No queremos que nos saquen el agua», «El proyecto es descabellado y las cantidades de agua son espantosas. Nosotros captamos 1,5 litros por segundo para consumo y no nos alcanza. ¿Y ellos quieren sacar esa cantidad?» (1.027 litros por segundo) se preguntaba con indignación.

Sandra Berna, alcaldesa de San Pedro de Atacama, comuna a la que pertenecen las localidades de Peine, Socaire y Toconao que se oponían al proyecto, también exigió rechazar la extracción de agua. «Si en San Pedro escasea el agua, ¿cómo es posible que de un día para otro digan que van a sacar mil litros por segundo para hacer funcionar una minera? Son millones de metros cúbicos que van a usar por 20 años”. Ella y las comunidades cuestionaban además, “que nadie les podía explicar si esos recursos se iban a recuperar.

¿Quién les aseguraba que iban poder seguir viviendo en esta región?». La alcaldesa señaló que en San Pedro la carencia de agua es del 40% y recalcó que «Estamos con 12 litros por segundo y necesitamos 20. Nosotros no usamos ni un pelo de lo que ellos quieren sacar y sin embargo, no tenemos los recursos para sacar agua».

La alcaldesa también hizo notar su desconfianza en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Minera Escondida. «De las mineras sólo quedan los hoyos», comentaba en ese entonces. «Dicen que se van a preocupar de no impactar, pero lo dudo. Los resultados no son los mismos que quedan en el papel. El papel aguanta mucho». Refiriéndose al desequilibrio e inequidad del sistema de evaluación ambiental, que les impide como comunidad, por falta de recursos, hacer un estudio de impacto ambiental paralelo para presentar como contraparte al que realizan las empresas mineras, denunció que por esta razón el sistema de evaluación se va viciando, al considerar el estudio de impacto de un sólo sector, es decir la posición de quien quiere que se le apruebe el proyecto.

Para las comunidades atacameñas es crucial conservar los bofedales, base de la ganadería altiplánica, además de preservar el respetuoso culto que le rinden al recurso, explicó la alcaldesa. «Para ellos el agua no tiene precio, es de las comunidades de San Pedro y no hay ningún negocio que hacer, sólo cuidarla». Lo exitoso de esta cruzada fue que las comunidades y el municipio se unieron, ya que ellos manifestaban que “no necesitaban plata, sino la seguridad de que iban a vivir muchos años más en sus tierras”.

Entre los actores ciudadanos también cabe destacar al Programa Chile Sustentable, que junto con asesorar al Consejo de Pueblos Atacameños, participó en el proceso de observaciones contra la viabilidad ambiental del proyecto. Su fundamento principal, además de las prohibiciones que establece la ley vigente sobre protección de vegas y bofedales del Norte Grande, fue que la autoridad debía rechazar el proyecto, porque el titular no se hizo cargo de los efectos, características y circunstancias establecidas en el Artículo 11 de la Ley 19.300 de Bases del Medioambiente:

a) El proyecto afecta a acuíferos protegidos mediante la Ley 19.145 de protección de vegas y bofedales de la I y II Región, y la Resolución Nº87/2006, Dirección General de Aguas9, que establece explícitamente que la protección de estos acuíferos tiene como propósito la protección de los humedales ubicados en las zonas delimitadas, pues ellos sustentan ecosistemas únicos y frágiles que se hace necesario conservar y preservar.

b) La intervención en ecosistemas únicos y frágiles contradice lo especificado en la Convención de Protección de la Diversidad Biológica, suscrita por Chile en la Cumbre de Río en el año 1992, y ratificada por el país en mayo de 1995 (D. S. Nº1963/1995, Ministerio de Relaciones Exteriores); y también contradice lo expresado en el Plan de Acción País para la Implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, en cuya Línea de Acción 1.2 se refiere al establecimiento de Programas para la Conservación y uso Sostenible de los Humedales de Alto Valor Biológico.

c) La realización del proyecto contradice lo comprometido en la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (ratificada mediante D. S. Nº2065/1997 del Ministerio de relaciones Exteriores) y la Convención Relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas (Convención de Ramsar), que establecen como obligación la conservación de ecosistemas frágiles de alta relevancia para la diversidad biológica; alimentación y anidamiento de aves migratorias.

Entre los actores públicos, los más relevantes, por sus atribuciones sectoriales y su participación en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de este proyecto fueron: la Dirección General de Aguas (DGA), que decide directamente sobre la viabilidad de utilización de los recursos hídricos; la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), encargada de velar por la legislación indígena y los derechos de las comunidades existentes en el Area de Desarrollo Indígena Atacama la Grande; el Ministerio de Bienes Nacionales, bajo cuya tutela fiscal están los territorios de esta área, a pesar de la reclamación ancestral por parte de las comunidades; la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a cargo de resguardar el territorio de la Reserva Nacional los Flamencos, parte constitutiva del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE); SERNATUR, institución encargada de velar por la Zona de Interés Turístico (ZOIT) establecida en la comuna de San Pedro de Atacama; y finalmente la CONAMA, que coordina el proceso de evaluación ambiental pública del proyecto y las instancias de participación ciudadana.

Relación con el marco jurídico vigente.

El objetivo principal del proyecto Pampa Colorada, de Minera Escondida, era la explotación de recursos hídricos en la provincia del Loa. Por ello, uno de los cuerpos legales centrales en el estudio y evaluación de dicho proyecto tenía relación con el Código de Aguas y la Ley 19.145 (de 1992) que protege vegas y bofedales de la I y II Región.

Al momento de la presentación del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la comunidad de Socaire tenía derechos de aguas ya constituidos sobre el río Socaire y las vertientes Quepe; mientras que la comunidad de Peine tenía constituidos los suyos sobre las vertientes Tulán, Chasquesoque, Ossa y Viste, y sobre el río Tarajne. Por ello, la DGA solicitó a Minera Escondida indicar, si había conexión y afectación del proyecto sobre esas fuentes y sobre los derechos de agua de las comunidades.

En la misma fecha, la empresa contaba con varias fuentes de extracción de aguas. Dos subterráneas -los pozos de Punta Negra y Monturaqui- y una planta desalinizadora en Antofagasta que permitía a la minera bombear 500 litros por segundo desde el océano.

El principal argumento jurídico, utilizado por la DGA contra la explotación de agua por parte de Minera Escondida, es lo establecido en la Ley 19.145 (que protege vegas y bofedales de la I y II Región), en el sentido de prohibir la realización de nuevas explotaciones en zonas que corresponden a acuíferos que alimenten vegas y bofedales del Norte Grande. Razón por la cual consideró legalmente improcedente autorizar un proyecto que afectaría las vegas de Aguas Calientes II y laguna Tuyaito, sistemas que de ser intervenidos podrían afectar a otros 6 humedales, ubicados en la precordillera de la misma cuenca.

Un segundo problema legal que enfrentó la empresa, fue que los terrenos en donde se pretendía realizar la extracción de aguas estaban siendo saneados por las comunidades atacameñas de Peine, Socaire, Talabre, Camar y Toconao, en virtud de los artículos 12, 63 y 3 transitorio de la Ley Indígena, para oficializar su propiedad. Por ello la CONADI de la Región de Antofagasta argumentó que, antropológica y sociológicamente, esas tierras les pertenecían a las comunidades atacameñas, pues las han ocupado el lugar ancestralmente, aunque jurídicamente son fiscales. «En el futuro esas tierras serán legalmente de esas comunidades con un título. Es un trabajo lento y complejo. Y aunque no sean dueños legales de esos terrenos, la aprobación del proyecto debería serles consultada igual, tal como lo dice los artículos 34 y 35 de la Ley indígena».

En consecuencia, en la evaluación del proyecto se consideró prioritariamente la Ley Indígena como marco legal de los derechos indígenas, la propiedad y soberanía sobre los territorios que pretendía intervenir la empresa; en segundo término el Código de Aguas, dada la regularización de derechos de agua ya realizados por las comunidades atacameñas, y finalmente la Ley 19.145 de Protección de Humedales. Aunque los aspectos vinculados a impactos sobre biodiversidad y áreas protegidas fueron también parcialmente incorporados, particularmente por CONAF, no tuvieron la misma fuerza vinculante para fundamentar el rechazo en la tramitación ambiental.

Finalmente cabe destacar que el marco legal establecido en la Ley Indígena, y la Ley de Protección de Humedales en territorios indígenas, hoy ha sido reforzado por la vigencia del Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Posición y acción del Estado.

En este conflicto el Estado jugó un rol distinto del comportamiento habitual de privilegiar los intereses de los inversionistas en desmedro de los derechos e intereses de las comunidades locales. La denegación del permiso para la extracción de aguas de Pampa Colorada, significó una resolución favorable a las comunidades atacameñas, con fundamento en la Ley Indígena en el caso de la CONADI, actuando el Estado como garante de los derechos territoriales e hídricos sustentados por la comunidad.

La DGA a su vez fundamentó su rechazo del proyecto, señalando que el Código de Aguas no permite efectuar nuevas explotaciones en zonas de acuíferos que alimentan vegas y bofedales del Norte Grande12, por lo que, según ese servicio, el proyecto era legalmente improcedente. En su afán por relativizar la postura de la DGA, la empresa respondió que “esa es una discusión jurídica que hay que resolver con la DGA para ver qué significa afectación de vegas y bofedales. Creemos que con las adecuadas medidas de mitigación no se van a afectar».

La CONAF también recomendó el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental realizado por Minera Escondida expresando lo siguiente, «Hemos evaluado estudios de impacto ambiental de estas características desde hace 10 años, y se requiere mayor control y monitoreo para manejar la disponibilidad del recurso hídrico en condiciones de explotación porque son proyectos invasivos. Sería ingenuo pensar que un proyecto así no dañe el entorno. Este proyecto pondría en peligro el ecosistema».

En paralelo, conocida la opinión negativa de los servicios públicos sobre el proyecto de explotación hídrica en Pampa Colorada, 16 parlamentarios, liderados por el diputado de la zona Marcos Espinosa (PRSD), firmaron, el 9 de octubre de 2007, un Proyecto de Acuerdo Nº 473, ”Rechazo al EIA de Suministro de Agua Pampa Colorada”, mediante el cual llaman a la COREMA de Antofagasta a rechazar el proyecto en los siguientes términos:“A pesar de lo que indica el Estudio de Impacto Ambiental encargado por Minera Escondida, la oposición de diversos entes del gobierno y de la misma comunidad cercana de Pampa Colorada, los diputados que suscribimos tenemos la impresión de que la extracción afectaría el maravilloso y frágil ecosistema altiplánico, como la vida de las comunidades indígenas”.

Los parlamentarios aludieron en su “Acuerdo” a la posición de rechazo de la Dirección General de Aguas (DGA), del Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad de San Pedro de Atacama, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), expresados durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

En base a estos antecedentes y pronunciamientos técnicos, el día 24 de octubre de 2007, la COREMA de Antofagasta rechazó el proyecto de suministro de agua Pampa Colorada de Minera Escondida, que pretendía la extracción de mil veintisiete litros por segundo (1.027 lt/seg.) durante 20 años, desde la cuenca alta del Salar de Atacama.

Posición, acción y propuestas de la comunidad en torno al conflicto.

La posición de la comunidad fue de rechazo al proyecto. Desde que tuvo conocimiento de éste, comenzó a movilizarse para poder resguardar los recursos que permiten su subsistencia y estilo de vida. Organizada a través del Consejo de los Pueblos Atacameños, y con la asesoría de organizaciones ambientales, mantuvo la posición de que la extracción de agua en Pampa Colorada provocaría un daño irreversible a los acuíferos del salar.

Según la comunidad indígena, los acuíferos de la cuenca estaban interconectados y por tanto su función de recarga de las vegas de Aguas Calientes II, de la laguna Tuyaito y del Salar de Atacama no podían reemplazarse con medidas de mitigación. Sostenían que de prosperar el proyecto, se afectaría la biodiversidad de la zona, que por la existencia del agua permitía la supervivencia de especies de flora y fauna del altiplano; y por tanto la mantención de las comunidades indígenas.

La comunidad siempre señaló que con una intervención como la de Minera Escondida, sobre las vegas y bofedales de la zona, éstos podrían desparecer; lo cual además habría afectado la supervivencia de llamas, guanacos, vicuñas, ñandúes y flamencos. Como antecedente de este tipo de impactos, presentaron el caso de la destrucción de los salares de Michinca y Coposa, a consecuencia de la extracción hídrica de las mineras, en la provincia de Iquique.

Las comunidades adujeron que los recursos naturales, bosques, tierra, agua, tienen un doble estatus para los pueblos indígenas. Por una parte, constituyen dones que confieren identidad cultural y simbolizan la relación con la divinidad, los antepasados o los héroes fundadores. Por otro lado, son los proveedores del sustento material y espiritual de la comunidad. El uso de los recursos para estas comunidades se regula no por la apropiación, sino por medio de la imposición de ritos. En tal sentido las comunidades criticaron la falta de una visión antropológica de las distintas leyes sectoriales, que privilegian el acceso y extracción de “recursos naturales” para beneficio de las empresas, ignorando el valor cultural y la visión integrada de la naturaleza que poseen las comunidades ancestrales.

En el marco de las propuestas las comunidades atacameñas fundamentaban que el sistema de riego de las comunidades indígenas era solidario con los ecosistemas. Ello, porque desde tiempos ancestrales, el sistema de aplicación de riego ha sido gravitacional y de eficiencia a nivel predial; como las aguas derramadas superficialmente y su escurrimiento aflora aguas abajo, alimentan la cuenca y pueden ser captadas por otras personas que las utilizan nuevamente para riego, lo que se traduce en que la eficiencia global a nivel de la cuenca y sector es muy alta.

Los métodos de riego utilizados por los atacameños son por surco, que se emplea principalmente en el maíz, orégano, papas y verduras en general. Por inundación, para regar pequeñas áreas, ubicadas en forma escalonada de terrazas a través de la ladera de los cerros, en las que se cultivan verduras en general; y por tendido, usado para riego de alfalfa y en superficies mayores de siembras de orégano15.

Entre las principales propuestas de la comunidad destacan:

– Ampliar el catastro de bofedales protegidos por la Ley 19.145 de Protección de Vegas y Bofedales del Norte Grande, debiendo el Estado proteger el agua que las sustenta.

– Realizar un acabado análisis del río Loa, con el fin de restaurar su caudal ecológico, y con ello preservar los ecosistemas que nacen y subsisten en base a su caudal.

– Prohibir la expansión extractiva de aguas subterráneas de las mineras, ya que como ocurrió en Michinca y Coposa, las aguas subterráneas alimentan las cuencas superficiales de los ríos, las que al ser extraídas indiscriminadamente ponen en riesgo la supervivencia de los diversos ecosistemas, como también de las comunidades indígenas.

– Establecer la obligación de impulsar agua de mar para las faenas y el uso de espesaje profundo por parte de las compañías mineras. Ambas tecnologías implican sustitución y ahorro en el uso de agua dulce, lo que permitiría devolver agua a las cuencas en la Región de Antofagasta, zona en donde este recurso es escaso y se están poniendo en riesgo las diversas actividades productivas y haciendo más vulnerables a las comunidades indígenas y a la población en general.

– Destacan que una de las tareas urgentes de Chile -a la hora de enfrentar el cambio climático- es incrementar la protección y eficiencia en el uso de los recursos hídricos. Por eso es necesario que las mineras trabajen para el uso y desalinización del agua de mar u otras técnicas, para evitar el uso de agua de las cuencas para traslado de minerales o para la instalación de tranques de relaves. Lo anterior, no sólo por el proceso de desertificación que afecta norte y centro del país, sino porque se sabe que la falta de agua será aun más crítica con el cambio climático.

– Demandan que el Estado debe garantizar recursos fiscales para que las comunidades locales cuenten con asesoría técnica y puedan contrarrestar los estudios presentados por la parte interesada en la realización de proyectos de inversión.

– Manifiestan que la implementación y profundización de la Estrategia de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas es una política que debe ser desarrollada en plenitud, pues aunque no es una herramienta de ordenamiento territorial, sí colabora en la protección del agua y ayuda a compatibilizar el uso de los recursos hídricos entre los sectores, y puede atenuar los conflictos que surgen entre las diferentes actividades productivas por el uso del recurso hídrico en una misma cuenca. Así, la Estrategia de Cuencas contribuiría al uso coordinado y equitativo del recurso hídrico de manera de no comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas.

– Finalmente manifiestan que a mayor avance minero, menor cantidad de agua para la población. Muestran el caso de San Pedro de Atacama como un ejemplo claro al respecto: a las 10 de la noche se corta el agua hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. Algunas veces, el corte de suministro se extiende por todo el día y puede ser mayor en verano. Por tanto, es necesario recuperar la gestión democrática del agua para evitar que el suministro para la población y los ecosistemas dependa de privados que tienen su propiedad.

 

Fuente:http://www.derechoalagua.cl/mapa-de-conflictos/pampa-colorada-intento-de-mayor-extraccion-de-aguas-por-minera-escondida/

Chile

Minera Salar Blanco: “Es absolutamente probable desarrollar un proyecto de litio con Codelco en Maricunga”

Cristóbal García- Huidobro, gerente general de la firma ligada a fondos australianos y canadienses, entrega nuevos detalles sobre el proyecto Blanco.

La atomización del salar de Maricunga, el segundo en importancia en Chile tras el salar de Atacama, se pre- senta como uno de los principales desafíos para explotar de manera comercial el depósito ubicado en la Región de Atacama.

Este hito está cada vez más cerca de cumplirse, después del acuerdo no vinculante que firmaron la esta- tal Codelco y la Minera Salar Blanco, las dos empresas con mayor canti- dad de pertenencias en el salar de Maricunga, las que en un plazo máximo de un año, deberán afinar la fór- mula para dar con un pro- yecto definitivo.

El gerente general de Minera Salar Blanco (MSB), Cristóbal García-Huidobro, asegura que pese a que existen más de cinco pro- pietarios es “absolutamente probable desarrollar un proyecto único junto con Codelco”.

Explica que incluso con las pertenencias de la firma que lidera ya sería viable. Agrega que con la potencial asociación con la Corporación “las 20 mil toneladas de produc- ción son el desde, y en caso de que se lograra alcanzar un acuerdo en los términos definitivos, y según se evalúe, podría decidirse aumentar la capacidad del proyecto o extender su vida útil” para una iniciativa que se espera se comience a construir en 2020.

Desde MSB comentan que la iniciativa que ellos ingre- saron al Sistema de Eva- luación de Impacto Ambiental se encuentra en su proceso de Icsara (In- forme Consolidado de Aclaraciones, Rectificacio- nes o Ampliaciones). En paralelo, se encuentran impulsando la estructura- ción del financiamiento del proyecto Blanco, que se estima en unos US$ 560 millones, para lo que ya existe contacto con institu- ciones financieras internacionales.

En esa línea, García-Huidobro advierte que iniciativas como la que se discute actualmente en el Congreso y que busca estatizar el litio, afecta directamente al desarrollo de nuevos pro- yectos. “Por supuesto que te genera preocupación, que son preocupaciones que, desde nuestro punto de vista, son innecesarias y que generan una situación un poco incomoda.

 

Fuente:https://www.nuevamineria.com/revista/minera-salar-blanco-es-absolutamente-probable-desarrollar-un-proyecto-de-litio-con-codelco-en-maricunga/

Chile

Realizan actividades de divulgación y reflexión ante proyecto minero de tierras raras en el Biobío

Durante las últimas semanas y con diversas actividades de divulgación y de reflexión colectiva, organizaciones socioambientales del Gran Concepción han manifestado su rotundo rechazo al proyecto minero de tierras raras RRE UNO Spa en Penco, también conocido como BioLantánidos. El proyecto ingresó su Estudio de Impacto Ambiental a fines de 2018, por lo que en estos momentos el Servicio de Evaluación Ambiental lo estaría analizando para su eventual aprobación. Esto ha generado gran preocupación y alarma en parte de la población de la ciudad de Penco y el Gran Concepción. Como respuesta se han organizado caminatas a la zona en donde pretende emplazarse la minera y asambleas intercomunales en donde decenas de participantes han analizado las nocivas consecuencias de este proyecto.

Desde hace aproximadamente 4 años que está operativa la planta piloto del proyecto minero BioLantánidos en los cerros aledaños a la ciudad de Penco. La planta piloto inaugurada en 2015 constituye la fase de experimentación y preparación de una faena minera a tajo abierto que utilizaría, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la empresa, 35.000 litros de agua por hora del Estero Penco y tendría una capacidad para procesar hasta 240 toneladas por hora de mineral.

Además, el Servicio de Evaluación Ambiental ha respondido a la anterior Declaración de Impacto Ambiental de la Empresa advirtiendo sobre la posibilidad de contaminación radioactiva destacando que el proyecto «no presenta antecedentes técnicos que permitan descartar la presencia de otros contaminantes en el mineral agotado el que será dispuesto en las quebradas, que producto de la extracción minera puedan ser liberados al medio, tales como sustancias radiactivas (Uranio, Torio, u otras), las que a consecuencia de la actividad de extracción, pudiesen aparecer en el material agotado, u otros que antes no estaban disponibles o lo estaban en forma muy limitada».

Por todas estas razones es que organizaciones socioambientales están realizando actividades para alertar a la población sobre los impactos de esta minera. Durante el sábado 10 de agosto la Coordinadora Penco Lirquén organizó una caminata al lugar afectado por el proyecto de minera BioLantánidos en la comuna de Penco, visitando los remanentes de bosque de queules que se ubican alrededor del estero Penco. Además, la actividad contó con la colaboración de la Fundación Keule para conversar acerca de la importancia de este árbol en peligro de extinción amenazado por la minera.
Según sus organizadores/as la actividad fue realizada como «un esfuerzo para dar a conocer en la comunidad, el patrimonio natural de nuestro pueblo, junto con informar los impactos que podrían provocar grandes proyectos extractivistas como la Minera BioLantánidos». La iniciativa tuvo gran asistencia, participando niños/as, familias y pobladores de Penco y el Gran Concepción que realizaron una excursión rodeando el estero Penco y adentrándose en la cordillera de la costa de la comuna.
Por su parte el sábado 17 de agosto en la comuna de Concepción se realizó la primera Asamblea Intercomunal como Red Biobío Sin Mineras, integrada por la Coordinadora Penco-Lirquén, Concepción Sin Mineras, Coordinadora Tomecina, Fundación Keule y Vocalía de Derechos Humanos UdeC. A la actividad asistieron decenas de personas que participaron en 5 mesas temáticas: Biodiversidad, Justicia Ambiental, Salud, Organizaciones sociales y pobladores y Comunicaciones. La jornada fue evaluada positivamente y es un paso más hacia la conformación de una organización socioambiental que pueda sortear el gran desafío para la región que implica la amenaza minera.
Para este 29 de agosto se realizará a las 17:00 horas en tribunales de justicia una nueva manifestación contra la instalación de mineras en el Gran Concepción.
Fuente:https://resumen.cl/articulos/realizan-actividades-de-divulgacion-y-reflexion-ante-proyecto-minero-de-tierras-raras-en-el-biobio
Chile

Concentración en rechazo a la Minera Biolantánidos , este 29 de Agosto.

A partir de la Asamblea Intercomunal realizada el sábado 17 de agosto, surgió la necesidad de convocar a un hito social en rechazo a la Minera Biolantánidos. Por este motivo, como Red Intercomunal Bio Bio Sin Mineras convocamos a una concentración para el día jueves 29 de agosto a las 17,00 hrs en los tribunales de justicia.

Consideramos que la protesta social es una herramienta válida y necesaria para luchar contra estos proyectos, los cuales sólo traen beneficios para los sectores acomodadas, sin importar el perjuicio y daño que puedan acarrear para los territorios y sus habitantes.

 

A defender la tierra y el mar!
Por la defensa de la vida y los territorios!

 

Organizado por: Coordinadora Penco-Lirquen
Vocalía de Derechos Humanos U.de C
Coordinadora Tomecina
Concepción sin Mineras