El nuevo cronograma para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental se determinará oportunamente, conforme al resultado del estudio de optimización, y considerando las condiciones de mercado.
Nueva Unión informa que si bien espera completar su estudio de factibilidad a fines de 2019, tal como estaba planeado, ha decidido realizar un proceso de optimización del proyecto durante el 2020, incluyendo la evaluación de alternativas de puerto.
Por medio de un comunicado, detallan que como resultado de esta decisión, «se ha resuelto postergar el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental ante el Sistema de Evaluación, por lo que no será presentado a fines de este año como estaba previsto originalmente».
«El nuevo cronograma para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental se determinará oportunamente, conforme al resultado del estudio de optimización, y considerando las condiciones de mercado», explican desde NuevaUnión.
«Durante todo este período, NuevaUnión continuará trabajando estrechamente con la comunidad para el desarrollo de su proyecto», añade.
Cabe destacar que el proyecto NuevaUnión es una empresa conjunta de las compañías Teck y Newmont Goldcorp que combina sus proyectos anteriores Relincho y El Morro, respectivamente.
La iniciativa contempla una inversión estimada de US$7.200 millones y una vida útil de, al menos 38 años.
Camilo Hornauer y Carolina Ruiz de Fundación Plantae nos comparten hoy una columna que habla acerca de la expansión minera y el riesgo que esta impone sobre los glaciares, abriendo la interrogante de si será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a los tiempos y realidades de hoy.
El pasado 19 de julio, la minera Anglo American ingresó a tramitación el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto de expansión “Los Bronces Integrado” en la cordillera de la Región Metropolitana, y a solo 40 kilómetros de la capital. Esto a pesar de que se emplazará -a todas luces- en medio de ecosistemas frágiles y necesarios para el territorio donde habita un 40% de la población del país, más precisamente en la parte alta de la cuenca de los ríos Mapocho y Colorado, este último el principal afluente del Maipo.
Como queda demostrado en el propio documento del EIA, el proyecto tendrá faenas parciales en un área protegida, el Santuario de la Naturaleza de Yerba Loca, y en zonas colindantes con glaciares rocosos, cubiertos y blancos como el Bien Nacional Protegido Rio Olivares. En concreto, la compañía incluirá faenas subterráneas (660 m profundidad promedio) con “tecnología sustentable” y una expansión del actual rajo abierto, que supuestamente no afectará los glaciares.
Si nos vamos al detalle y en concreto a la afectación de glaciares, vemos que poca importancia le dan a la escasa distancia de las operaciones con los glaciares infiernillo y observatorio (que por ser del tipo “Glaciares cubiertos”, pudieran no verse a simple vista) que se podrán ver duramente afectados por la evidente generación de polvo y material particulado, las vibraciones de procesos, maquinarias y tronaduras y la filtración de agua desde los mismos glaciares en la fase subterránea. Y esto no es algo que nosotros simplemente creemos, los daños históricos en glaciares, como en el infiernillo, han sido documentados por varios estudios entre 1992 y 2010, y confirman que el impacto de estos proyectos es real.
Si ampliamos aún más el foco, también nos encontramos con que la expansión pasará muy cerca de un Bien Nacional Protegido poniendo en riesgo los glaciares Olivares Alfa y Beta los cuales registran las mayores reducciones de superficie de la zona central de Chile. Estos glaciares se encuentran inmediatamente al norponiente de la explotación Los Bronces y Andina (de CODELCO), donde con vientos del noreste, es evidente la deposición de polvo y partículas. Una situación que no debiera ser despreciable si consideramos que estos glaciares contienen la mayor reserva de agua dulce de la región Metropolitana.
Con esto surge la duda y la preocupación de si las figuras de protección por si solas son suficientes o si requerimos de miradas e instrumentos más integrales a escala territorial para hacer conservación. En este sentido, que se sigan gestando esta clase de mega proyectos nos hace pensar que los esfuerzos de conservación aislados, como los BNP o las áreas protegidas, no son suficientes si a su alrededor se desarrollan industrias extractivas y energéticas con evidentes impactos y que, en este caso, quieren ampliarse de forma subterránea intentando convencer que de esta manera lograran la anhelada sustentabilidad. Lo más aterrador de todo esto, es que esta intención es en rigor un derecho que le otorga la ley minera a los titulares la cual les transfiere total soberanía bajo el subsuelo dotándoles de un poder que es absoluto.
Con lo anterior, queda claro que el derretimiento acelerado de los glaciares, atribuible en gran medida al cambio climático, ya no es la única amenaza para las reservas de agua de esta zona, ahora lo es también su mala gestión e incipiente protección. La expansión minera y el riesgo que ésta impone sobre los glaciares y el agua de la alta cuenca del Rio Olivares y Mapocho (Santiago) es evidente, y lamentablemente se mantendrá latente mientras no se modifique nuestra arcaica legislación y no se materialice una protección y planificación efectiva del territorio por parte del Estado.
Por dar algunas cifras, según Sernageomin, en las cuencas Olivares y Colorado, solo Angloamerican cuenta con al menos 75 concesiones (de exploración y explotación) lo que corresponde a aproximadamente 12.000 hectáreas, de las cuales una fracción de ellas están inmediatamente bajo glaciares. La dimensión del interés y potencial minero de este territorio quedan confirmados al contabilizarse más de 200 concesiones de explotación y aproximadamente un 50% de la superficie de este territorio con algún tipo de concesión (ver foto 3).
Resulta curioso además que Aes Gener, una empresa generadora de energía y dueña de Alto Maipo, tenga gran cantidad de concesiones mineras otorgadas a su nombre (compradas a Aguas Andinas según convenio de junio 2011) principalmente en el cauce del rio Colorado. ¿Será acaso qué el código minero es usado también como mecanismo para llevar a cabo otros fines? Esto nos hace pensar que si hidroeléctricas y sanitarias también poseen concesiones mineras, lo que involucra una afectación sobre el recurso agua, la dimensión y gravedad del impacto es enorme para la soberanía sobre nuestros recursos naturales, imprescindibles para nuestra vida y para la sustentabilidad del desarrollo.
De concretarse la expansión minera en los territorios antes mencionados, no solo se estaría contribuyendo al deterioro y derretimiento acelerado de los glaciares, sino que además se les estaría entregando en bandeja las aguas que pudieran caer en su propiedad. Si, leyó bien, porque de acuerdo al código de agua de 1981 y al de minería de 1983, quienes sean titulares de una concesión minera tendrán el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores mientras sean utilizadas para sus trabajos de exploración y explotación. Un “beneficio legal” pensado justamente para fomentar la actividad minera sobretodo en el norte donde la disponibilidad de este bien preciado es escasa. Actualmente en la reforma al código de agua se busca regular el uso de este derecho, el cual se les seguiría otorgando con la salvedad de que el titular deberá justificar a la DGA que efectivamente están haciendo uso de estas aguas en sus faenas. Sin embargo, dado el escenario actual de escases hídrica que azota nuestro país – y fuertemente a la RM – pareciera ser que esta medida sigue siendo bastante débil, descontextualizada e insuficiente.
Todo lo anterior parece irónico cuando se contrasta con los resultados entregados por el Instituto Mundial de Recursos Hídricos (WRI), a un mes del ingreso del SEI del Proyecto de expansión de los Bronces, el cual sitúa a Chile en el lugar número 18 del ranking global de países con estrés hídrico lo que significa que nos encontramos en riesgo alto de vivir una gran crisis, lo que significa alta vulnerabilidad. Sumado a esto, Fundación Chile en su informe “Transición Hídrica: El futuro del agua en Chile” posiciona a la región Metropolitana en una situación extremadamente alta.
Para seguir sumando, el propio Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR2) y la Dirección meteorológica de Chile (DMC), confirman la megasequía en la zona central de Chile, que se extiende por al menos 10 años, alcanzando para este año, al mes de julio, un déficit anual del 72% en las precipitaciones, y que está generando bajas en los caudales del rio Maipo en un 50% (mínimos históricos el año 2019). Y como si fuera poco, y en pleno invierno, el Ministerio de Agricultura acaba de decretar emergencia agrícola en la zona y desde el gobierno anuncian la creación de una mesa nacional de la sequía.
Con estos antecedentes, parece lógico pensar que los glaciares y su protección toman un rol absolutamente clave. ¿Tendrá sentido proyectar y operar un proyecto de extracción minera en estos territorios por las próximas décadas poniendo en riesgo un ecosistema que provee de agua a los 7 millones de personas que viven aguas abajo, y pudiendo afectar negativamente al Santuario de la naturaleza Yerba Loca y los glaciares que alberga el Bien Nacional Protegido Rio Olivares?
A nuestro parecer la respuesta es que por ningún motivo se debe aceptar mas proyectos en este territorio, y esto validado también por la ciudadanía, quien se encuentra tremendamente preocupada. La empresa propietaria de los Bronces y su proyecto de expansión recalca que ha invertido varios años de trabajo con comunidades. Sin embargo, no han logrado convencerlos a todos ya que actualmente vecinos del sector de Farellones están llamando a través de sus redes sociales para movilizarse en contra de este proyecto y defender los glaciares. Una lucha difícil de dar dado el maratónico plan de audiencias de Anglo American, que según el portal infolobby registra en lo que va del año 140 audiencias, siendo éstas realizadas con servicios públicos, instituciones y ministerios, muchos de los cuales deben manifestarse en la evaluación ambiental del proyecto de expansión. Angloamerican es el top 1 del país en lobby.
Si vamos resumiendo, la cordillera de Santiago está viendo amenazada sus aguas y por ende nuestra seguridad hídrica, tenemos un “saludo a la bandera” con la conservación de ecosistemas frágiles y un precedente impresentable sobre la vulnerabilidad directa de un área protegida e indirecta de un Bien Nacional Protegido. Y, por otro lado, proyectos mineros con alto nivel de lobby y escaso o nulo apoyo ciudadano.
Al mismo tiempo que entra este EIA minero al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ocurren otros tres importantes hitos para la institucionalidad ambiental y que consideramos pertinente mencionar. Por un lado, se discute el Proyecto de ley sobre protección de Glaciares y por otro lado se vota en el Senado la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y se intenta reformar el SEIA.
Según lo que se pudo observar en una de las últimas sesiones de la comisión de energía y minería del senado sobre la Ley de protección de Glaciares, hay presión minera y del propio ministerio de la cartera por limitar sus contenidos, definiciones y restricciones, e incluso relativizar su pertinencia y existencia. En simple, estamos frente a un Gobierno que no está de acuerdo con el proyecto de ley porque no quiere dificultar el camino a la actividad minera, y se escuda diciendo que conservación y minería son compatibles, y anteponiendo argumentos relativos al efecto en el empleo y la merma en los ingresos que ocasionaría la promulgación de esta ley. Esta postura viene a confirmar y mantener abierto el camino, no solo para que mineras emplazadas en áreas de alto valor de conservación (por ejemplo, aquellas cercanas a fuentes de agua) sigan operando, sino que permite la futura expansión de sus operaciones, nuevos proyectos y prospecciones en casi cualquier territorio.
La ciudadanía, al mismo tiempo que comienza a desconfiar del mito que la minería es el “Sueldo de Chile”, plantea legítimas dudas sobre los potenciales impactos de algunos proyectos mineros sobre los glaciares, áreas protegidas y ecosistemas cordilleranos, así como de la robustez y confiabilidad del actual Servicio y Sistema de Evaluación Ambiental (SEA y el SEIA respectivamente) en su tarea de preservar nuestro medio ambiente y la biodiversidad.
Es por ello que la declaración de nuevas Áreas Protegidas Oficiales -que incluyan Glaciares- se perfila como una medida real y urgente para la zona central de Chile, siempre y cuando contemple además la implementación de medidas accesorias, pero muy relevantes, como declararlas áreas de interés científico para efectos mineros – que traspasa la responsabilidad del Intendente al Presidente de la República para aprobar el uso minero dentro de estas áreas – y que se considere en su diseño zonas buffer para protegerse de externalidades generadas por industrias colindantes. Sin embargo, la real y anhelada solución sería que con el solo hecho de que un territorio tenga una categoría protegida se prohibiera explícitamente el ingreso de la minera dentro y alrededor de estas.
De modo general, la existencia de Parques Nacionales y el uso de infraestructura verde, son medidas fundamentales de mitigación y adaptación ante el cambio climático y un escenario de escasez hídrica. El gobierno debe involucrarse y hacerse cargo de su responsabilidad, pero con una visión holística, coherente e integrativa con las comunidades.
Número y superficies de glaciares en las áreas protegidas del SNASPE.
En paralelo al despertar ciudadano en lo que refiere a materias ambientales, su importancia y urgencia, y la necesidad de involucrarse ante el escaso compromiso del Estado y el desmesurado interés económico, resuenan cada día con más fuerza las iniciativas civiles que intentan cuidar y preservar estos territorios de montaña y sus recursos. Un objetivo necesario a seguir empujando y presionando -con argumentos científicos y con base en lo socioambiental- desde la ciudadanía y las ONGs debe ser redefinir el código minero y el código de agua, ambos instrumentos que no hacen otra cosa que prolongar la agonía del país y amenazar nuestra propia supervivencia. Asimismo, deben buscarse soluciones basadas en la justicia ambiental o ecológica, y en un entendimiento más profundo y ético de nuestra relación con la naturaleza.
Vemos que las autoridades enfrentan la megasequía desde una óptica cortoplacista y asistencialista, con un foco claro en infraestructura gris y tecnificación, con subsidios parche y con un claro interés en seguir aumentando los suelos agrícolas regables y otras actividades económicas con alta demanda de agua, continuando de paso con la privatización del agua. No parece razonable ni ético que, en estos días, estando en una situación de crisis hídrica alarmante, el Estado siga rematando más derechos de agua para el desarrollo de actividades económicas privadas, con un sobreotorgamiento del recurso, como el reciente caso del Rio Renaico.
En todo caso, aunque la tecnificación, la racionalización, la concientización sobre su consumo y la infraestructura son obligatorias como estrategias para la gestión del recurso, es impensable e inaceptable que el gobierno no vaya al origen, a la naturaleza misma del agua, entendiendo su ciclo, y a cuidar su fuente y a priorizar el consumo humano, que es un derecho, por sobre el uso industrial.
Es seguro que se intentará desviar la atención de la ciudadanía alejándola del real origen del problema y de las estrategias de mitigación más acertadas, y se presentarán como brillantes soluciones las carreteras hídricas y el bombardeo de nubes, o poner énfasis en la responsabilidad a la ciudadanía (y no en la agricultura e industria) como se insinúa con la cuestionada campaña “dúchate en 3 minutos”. Todas estas iniciativas son a nuestro juicio incoherentes y no atacan el problema de raíz.
En el escenario actual de cambio climático donde se constata un severo estrés hídrico y donde la institucionalidad ambiental y el modelo económico están en crisis ¿qué opción nos queda?, ¿Estamos suficientemente informados de los proyectos que se están perfilando a solo kilómetros de nuestros hogares y sus consecuencias?, ¿Nos damos cuenta que estos proyectos están amenazando nuestros derechos, como es el agua y una naturaleza libre de contaminación?, ¿Actuamos en coherencia cuando vemos que nuestros territorios y recursos son sacrificados por el mero interés económico?, ¿No será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a nuestros tiempos y realidad? ¿Qué opina Ud?
Si quieres hacer seguimiento a la evaluación del EIA de los Bronces, ingresa aquí.
Autor: Paula Huenchumil , Interferencia.cl Conflicto Relacionado: Collahuasi- Pica
La Asociación Indígena Aymara de Coposa presentó una reclamación contra la Superintendencia de Medio Ambiente, por la resolución de esta en que aprobó el programa de cumplimiento de la minera Doña Inés de Collahuasi, mediante la cual la empresa se asegura la extracción de agua hasta 2040.
El miércoles 2 de octubre el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta realizó la audiencia de reclamación de la Asociación Indígena Aymara de Coposa contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por la resolución con que esta aprobó el Programa de Cumplimiento de la Compañía Minera doña Inés de Collahuasi, suspendiendo además el procedimiento administrativo sancionatorio en su contra.
En una sesión que duró cerca de tres horas, el Primer Tribunal Ambiental -con sede en Antofagasta- escuchó los alegatos que interpuso la Asociación Indígena Aymara de Coposa que pretende dejar sin efecto la resolución exenta del 16 de mayo de 2019 que benefició a Collahuasi, puesto que considera que la decisión de la SMA no es admisible por tratarse de un infractor con imcumplimientos reiterados y graves a la normativa medio ambiental.
Collahuasi pertenece a la británica Anglo American (44%, la que también es dueña de la mina Los Bronces en conflicto con los glaciares cordilleranos frente a Santiago), la multinacional suiza Glencore (44%) y al consorcio de compañías japonesas lideradas por Mitsui & Co., Ltd. (12%). Según señala la memoria anual de 2018 de la compañía, la cual opera sus propias minas en la I Región de Tarapacá, en 2018 tuvo ingresos por 3.241 millones de dólares y utilidades netas por 1.014 millones de dólares.
En 2018, Collahuasi produjo una cantidad de cobre fino de 559.147 toneladas, “la producción más alta en sus más de 20 años de operación”, dicen en su memoria anual 2018 (el promedio del precio del cobre en 2018 fue de 2,96 dólares la libra).
Respecto a su relación con los pueblos indígenas, en el sitio web de Collahuasi se señala que su trabajo se fundamenta en una Política de Desarrollo Sustentable, en la cual enfatiza que la compañía «reconoce, valora y respeta las culturas, costumbres, patrimonio y valores de las comunidades y pueblos originarios, basándose en el cumplimiento de sus valores y de los principios voluntarios a los que adhiere, así como la legislación y los tratados y acuerdos internacionales vigentes en Chile».
El reclamo
Sin embargo, la comunidad indígena reclama lo contrario y señalan que están enfrentadas a la minera por los recursos hídricos y el daño medioambiental causado al Salar de Poposa. La reclamación representada por Wilson Challapa Choque y la abogada Carolina Sagredo Guzmán, enfatiza en que las operaciones de Collahuasi afectan directamente el territorio indígena que han habitado ancestralmente la cuenca de Coposa, ubicada en el altiplano en la comuna de Pica, Región de Tarapacá, donde históricamente los aymaras han llevado una forma de vida basada en el pastoreo, en un lugar de un ecosistema que presenta características únicas.
El reclamo destaca la importancia del vínculo de la comunidad con el ecosistema, como un ser vivo más, donde suceden sus formas de subsistencia, reproducción y organización de su cultura.
La reclamación en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, fue atendida por Mauricio Oviedo y los ministros Marcelo Hernández y Cristián Delpiano, mientras que Carolina Sagredo Guzmán representó a la comunidad indígena; Javier Vergara a la minera Minera doña Inés de Collahuasi y Pamela Torres Bustamante a la SMA.
Según informa el Primer Tribunal Ambiental, la abogada reclamante solicitó dejar sin efecto la «resolución del órgano fiscalizador y que se rechace el programa de cumplimiento presentado por la empresa minera con el fin de que dicho organismo continúe con el proceso sancionatorio».
En la audiencia la abogada Sagredo señaló que la resolución de la SMA es inadmisible pues se trata de un «infractor con incumplimientos reiterados y graves a la normativa medio ambiental», cuyo comportamiento infraccionado habría provocado ya grave daño ambiental al Salar de Coposa. «La compañía ofrece un nuevo plan hidrogeológico con el fin de extender sus operaciones al 2040 y seguir extrayendo agua», argumentó Sagredo.
En tanto, la abogada litigante de la SMA señaló que «es cierto que la empresa no realizó todos los monitoreos de ave y fauna», pero que la existencia de una infracción no es suficiente como para que «no se pueda presentar un programa de cumplimiento”. Por su parte, el defensor de la minera manifestó que la reclamación se presentó fuera de plazo y que Collahuasi intenta convivir adecuadamente con las comunidades indígenas.
El Primer Tribunal Ambiental ahora deberá resolver si aceptan o rechazan la reclamación, proceso que podría durar algunos meses.
Autor: Marcelo Castro, Radio Profeta.cl Conflicto Relacionado: Huasco-Nueva Unión
Comunicado emitido por la empresa:
Nueva Unión informa que si bien espera completar su estudio de factibilidad a fines de 2019, tal como estaba planeado, ha decidido realizar un proceso de optimización del proyecto durante el 2020, incluyendo la evaluación de alternativas de puerto.
Como resultado de esta decisión, se ha resuelto postergar el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental ante el Sistema de Evaluación, por lo que no será presentado a fines de este año como estaba previsto originalmente.
El nuevo cronograma para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental se determinará oportunamente, conforme al resultado del estudio de optimización, y considerando las condiciones de mercado.
Durante todo este período, NuevaUnión continuará trabajando estrechamente con la comunidad para el desarrollo de su proyecto.
Acerca de NuevaUnión, es un proyecto minero de cobre, oro y molibdeno, cuyos yacimientos se ubican en la provincia del Huasco, Región de Atacama.
El Proyecto NuevaUnión es una empresa conjunta de las compañías Teck y Newmont Goldcorp que combina sus proyectos anteriores Relincho y El Morro, respectivamente. Sus principales características son su enfoque participativo, la reducción de su huella ambiental y el uso de agua de mar desalinizada para sus operaciones industriales.
La compañía aspira a implementar una gestión responsable en términos ambientales, sociales y laborales, sustentada en la optimización de recursos como la energía, el agua y el cuidado del medioambiente, priorizando la seguridad e integridad de los trabajadores.
El proyecto NuevaUnión contempla una inversión estimada de 7.200 millones de dólares y una vida útil de, al menos 38 años. Los valores que sustentan a la compañía son seguridad, respeto, integridad, responsabilidad y excelencia.
Mientras la Dirección General de Aguas constató, a través de un estudio, una reducción de estas masas de hielo del 8 por ciento desde 2014, el Gobierno pretende flexibilizar el proyecto de ley que se discute en el Senado y así responder al lobby minero, que según especialistas, está detrás de la iniciativa oficial.
“La disminución de los glaciares en el país se debe a la acción del cambio climático”. Esta frase emitida por el titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Oscar Cristi, en la Comisión de Minería y Energía del Senado, causó el rechazo generalizado de organizaciones ambientalistas, científicos y parlamentarios.
Todo esto en el contexto de las cifras preliminares entregadas por la misma autoridad que, entre otros aspectos, dan cuenta que los glaciares de Chile han experimentado un retroceso en su masa del ocho por ciento en los últimos cinco años.
Para la vocera de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, Stefanía Vega, es imposible dejar de lado la injerencia y el daño que, durante un extenso período, ha hecho la industria minera en sectores alto andinos, donde están presentes estas estructuras naturales de hielo.
Precisó que ocultar esta verdad no es más que otra de las consecuencias del fuerte lobby que han realizado las compañías extractivistas nacionales e internacionales hacia el Gobierno y el Parlamento, para así, seguir permitiendo la extracción de minerales en zonas donde imperan los glaciares.
“Todos los proyectos de ley que se han propuesto del año 2005 en adelante, que son seis, incluyendo el actual en discusión en el Senado, han sido bajados por el gremio minero, que son Codelco, Cochilco, los trabajadores. O sea, aquí existe un lobby gigante y corrupción, ya que sin duda estas leyes han sido modificadas si no hubiese sido porque aquí ha corrido mucho dinero”, afirmó.
Recordemos que el Gobierno presentó recientemente una indicación sustitutiva al proyecto de ley sobre protección de glaciares en la Cámara Alta, indicación que busca compatibilizar la actividad económica minera con la protección de dichas estructuras.
La idea en el fondo enfrenta a la moción impulsada, entre otros, por el Senador Guido Girardi, que prohíbe intervenciones directas e indirectas sobre las masas de hielo descubiertos y cubiertos, su entorno, remoción, traslado y cubrimiento.
Para el parlamentario del PPD, la idea del Ejecutivo derechamente es un traje a la medida de las compañías estatales y privadas de la minería.
“Esta es una indicación que vulnera los glaciares, que busca destruir e intervenir las estructuras de roca, por ejemplo. Sólo dice que aquellos hielos andinos que están dentro de parques nacionales ya están protegidos, pero la mayoría de los glaciares de la zona centro norte del país, que son los más importante desde el punto de vista hídrico, no tienen resguardo”, argumentó.
Por otro lado, dicha incertidumbre regulatoria medioambiental, sumado a la tardanza en la aprobación de reformas económicas comprometidas por el Gobierno, han hecho que se haya deteriorado la confianza entre el Ejecutivo y los privados.
A esto se suma el protagonismo que, eventualmente, muestra el Ejecutivo de cara a la próxima reunión de la COP25, con una agenda que en lo discursivo ha incomodado a los empresarios.
Por esta razón, el glaciólogo y académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, Francisco Ferrando, se manifestó pesimista sobre acuerdos concretos que se puedan alcanzar en la Conferencia de las Partes.
“Creo que en todo esto existe un doble estándar, yo soy bastante negativo en esperar que, a partir de esta reunión y en su entorno, donde se florean muchas autoridades a través de discursos, pero posteriormente en la práctica, no vemos ningún efecto concreto”, subrayó.
Ferrando también reafirmó que por años ha existido el lobby impulsado por las grandes mineras para obstaculizar prenormativas que buecan proteger íntegramente a los glaciares y su entorno.
Para el especialista, las indicaciones del Ejecutivo son imprecisas, ya que deja fuera de protección a otras estructuras de hielo cordilleranos, como son los glaciares rocosos. Formaciones importantes desde el punto hidrológico -precisó- así como los entornos. Un sistema de aporte de nieve y de condiciones de temperatura que favorecen la conservación de estos cuerpos que van desapareciendo.
Autor: Arnaldo Pérez Guerra , El Ciudadano Conflicto Relacionado: Caimanes-Los Pelambres
La comunidad de Mauro, en la Región de Coquimbo, lucha por lo que les arrebató, en mayo de 2001, el multimillonario Andrónico Luksic -“el faraón de Chile”-, y su Minera Los Pelambres.
El grupo Luksic -a través de Antofagasta Minerals S.A.-, construyó sobre el Fundo El Mauro, luego de apropiarse del territorio, el segundo tranque de relaves más grande del mundo, del que hoy también participa un consorcio de empresas japonesas: Marubeni, Nippon Mining & Metals, Mitsubishi Materials, y Mitsubishi Corp.
Los comuneros maurinos libran desde hace casi dos décadas “una batalla a muerte” por tierra, justicia y dignidad, tras el “despojo” y el “engaño” de Luksic y compañía.
Mauro era un asentamiento campesino, una comunidad en el nacimiento del valle del Pupío. “Éramos una familia, vivíamos allí desde generaciones, una comunidad cien por ciento autosustentable… Cuando nos expulsaron habíamos unas doscientas personas, subsistiendo principalmente de la agricultura, la ganadería, y el queso de cabra”, recuerda Cristián Flores Tapia, vocero de la Asamblea Territorial El Mauro.
ENGAÑOS Y ARTIMAÑAS DE PELAMBRES
Los maurinos relatan que en su comunidad existía un bosque nativo “de miles de años”, de más de setenta hectáreas, principalmente canelos, chequenes, arrayanes y quillayes, que fue “quemado y arrasado por Luksic y su minera”.
Con la llegada de Los Pelambres y su “patota” la vida de los maurinos cambió completamente en solo dos o tres meses. Denuncian haber sido “engañados, amenazados y expulsados” de su territorio. Hoy desperdigados, su forma de vida fue “arrasada” -señalan-, por “palabrerías y artimañas”. La minera los desalojó tras señalarles -dicen-, “que se había hecho dueña de la tierra”.
Pedro Enrique Tapia relata con un nudo en la garganta: “Éramos todos como una familia, cincuenta y tantas familias, como una sola… Era bonito vivir en Mauro… si había de todo, teníamos de todo… Cuando llegó Minera Los Pelambres eso se acabó, todo se vino abajo, y nos obligaron a salir, nos sacaron… Nos dijeron que ‘Pelambres había comprado el fundo’, y tuvimos que salir obligados… Después nos vinimos a dar cuenta que a nosotros nos pertenecía por lo menos la mitad del fundo”, dice.
Añade que “representantes de la minera” se apersonaron en la comunidad junto con las autoridades locales: “Entraron a meter cuco, ‘que teníamos que salir, porque si no…’, ‘que la minera ya había comprado el fundo’, y así… Y nos sacaron de nuestra comunidad… De una manera u otra tuvimos que lanzar todas nuestras pertenencias, y los animales. Hubo animales que se vendieron o se dieron ‘a medias’, pero después, algunos se devolvieron al fundo y simplemente se perdieron”, dice.
Que la minera se haya adueñado del lugar y les haya echado le parece muy injusto: “Es muy injusto lo que hizo la empresa, pero yo voy a las autoridades, que lo permitieron… Porque hace años que estamos en esta lucha y no hay nada de justicia para el pobre. ¿No hay justicia para el pobre porque no tiene plata? Muy injusto lo que sucedió… Para que haya justicia, está en la autoridad no más. Justicia sería recuperar lo que era de nosotros”, agrega.
Esa es la solución que quieren los maurinos: recuperar todo lo que les pertenecía: “Que nos devuelvan lo que era de nosotros… Y ser como éramos antes: una comunidad, y juntarnos todos, en cualquier lugar, pero que sea como éramos en Mauro… Que tenga de todo: agua y donde trabajar y sembrar… Yo creo que sí es posible, pues todos estamos unidos”, concluye.
Su hermana, Julia Tapia Tapia, añade con lágrimas y sollozos: “No me acostumbro donde vivimos hoy. Ya no siento ese aire libre. No podría explicarme… Siento un pena muy inmensa en mi corazón… A mi padre se le fue la vida de a poco porque él nos decía que echaba de menos su tierra, su Mauro, por eso le digo que no soy capaz de explicarme… No sabe usted la inmensa pena que siento. Mi padre se fue para nunca más verlo…”, expresa.
Por su parte, Mercedes Tapia, anciana de unos 80 años, y madre de ambos, declara: “Muy malo lo que hizo la minera… muy malo todo lo que hicieron… ¿Por Dios, no? Todos los días nos acordamos de esto, pero ahí no más la herida sigue… Me gustaría volver a un lugar como Mauro para vivir con mis hijos. Eso sería hacer justicia… Si yo pudiera hablar con Luksic, le diría muchas cosas… Ahora como estoy de salud, tengo marcapasos, no puedo hacer mucho… Me da pena, pena, mucha pena. Ojala haya una solución antes que Dios me recoja…”, concluye.
EL ABUSO DE LA MINERA
Olfa del Rosario Tapia Plaza, quien añade que nació y fue criada en Mauro, explica que muchos “se fueron antes del golpe que llegó desde Pelambres”.
“Al final -dice- quedábamos unas veintiocho familias, y no teníamos pensado irnos porque vivíamos ahí de nuestras siembras, de las cabras y otros animales… Cuando nos obligaron a salir, mi padre tenía cerca de seiscientas cabras, pero todas las perdimos… Nos echaron el 30 de mayo, ‘que el que se quedaba lo sacaban con fuerza pública’, esa era la amenaza”, explica.
Revela que se reunían con “el abogado de Pelambres, Jaime Andrade”, quien era gerente de asuntos corporativos de la minera, junto con “la señora Adriana Muñoz, que era diputada”, y “el alcalde de Los Vilos, Carlos Salinas”.
“Nos decían que nos apoyaban, pero hacían ver a la gente ‘que tenían que aceptar lo que decía la minera’. Andrade le decía a la gente ‘que tenían dos opciones para salir’. Ofrecían diez millones de pesos por irse, y que podían quedarse siete años más, ‘pero no se iban a ir con esa cantidad, sino con menos’… Mi padre a sus noventa años no quería irse de Mauro por nada. Él quería morir y ser enterrado ahí. Por eso cuando hubo que desarmar todo, se enfermó y cayó en cama. Además, poco antes había fallecido su hijo menor”.
Con mucho dolor Olfa agrega que a su padre lo sacaron “de la cama a un furgón que le prestó un sobrino… Estaba muy triste. No quiso ver el destrozo de las casas, no quería salir, y ni miró para atrás… El sacrificio de todos sus años lo arrasaron… En el camino nos topábamos con las excavadoras de la minera… Para mi papá fue muy duro. Perdió todos sus animales. Para él sí que fue duro de ver todo eso… Nunca se sacó de la mente el que la tierra fue perdida bajo engaños… Pienso que fue un abuso porque lo hicieron a sabiendas, todo lo que hicieron lo sabían muy bien… La gente no sabía leer. Que se aprovecharan que no teníamos estudios… De todo eso se valieron. No había letras en Mauro, la gente no sabía lo que pasaba… Mi padre se daba cuenta sí, pero fue imposible volver atrás”, dice.
Berta Tapia Plaza, su hermana, explica: “Salí de Mauro con un sabor amargo, porque yo era la que más dejaba el hollejo allá, y perdimos todo, quedamos sin nada… Fue un abuso por donde se le mire. Nuestro padre sufrió mucho, además venía ya enfermo… Fue mucho el error que hicieron ellos -la minera-, de ir a molestar allá donde vivía tranquila la gente. Acá, ahora, estamos encerrados, no tenemos libertad… Fue un abuso el de la empresa. Nos vinieron a botar como a pájaros silvestres… Podría haber justicia pero hay que reclamar donde corresponde”.
“Adriana Muñoz y Carlos Salinas nos dijeron que ‘saliéramos conformes’, que ‘ellos iban a ver cómo fue la cosa’, ‘que nos iban a ayudar’… Pero nosotros salimos sin nada. Solo a mi padre le dieron la supuesta ‘indemnización’, a nadie más de la familia. Nos miraron como a pajaritos. Con su engaño nos quitaron todo”, dice.
CONSTRUIR UN NUEVO MAURO
Alejandro Mauricio Tapia, manifiesta: “En el Mauro la vida era feliz. Cuando yo era un niño había unos cuarenta menores. Yo tenía veinticuatro años cuando nos desalojaron, y me di cuenta de lo que pasaba, pero estaba en Illapel, accidentado… Me di cuenta que era un abuso, que se aprovechó la empresa de la ignorancia de la gente… Y no hay justicia, no hay todavía… Lo justo es que devuelvan la tierra, pero no lo pueden hacer pues está inundada. Entonces, que devuelvan una tierra parecida a Mauro, que tenga lo mismo que allá: vertientes, agua de vertientes, un campo que sea similar… Eso sería justo…”, dice.
Agrega, con lágrimas en sus ojos, que Los Pelambres gana millones de millones de dólares diarios por haberlos sacado de Mauro: “La gente, por su ignorancia, no sabía. Les ofrecieron un poco de plata… Me emociono recordando el abuso que sufrimos… Después de todo el daño que hizo Luksic, lo justo es que nos devuelvan un territorio, porque siguen dañándonos todavía. Mauro lo destrozaron y todos los días nos hacen daño… Ya no quedan canelos, están todos bajo el relave, tampoco hay agua… Yo un año fui, trabajé, y ellos le colocaron fuego al bosque de canelos, la empresa. Y como que le echaban la culpa a ‘la gente que iba a Mauro hacían incendios’, y eran ellos, gente de la empresa. Mientras vivíamos ahí nunca hubo un incendio… Cuando fueron las autoridades medioambientales a ver, estaba ya quemado el bosque. Fue un destrozo inmenso. Yo estuve trabajando ahí las máquinas, echando quillayes abajo, bosque nativo… un destrozo muy grande”.
“Luksic sabe lo que hizo, él no más sabe… Debe devolvernos lo que nos corresponde. Obtuvo el fundo no de ‘manera legal’ sino que con pillerías. Él sabía… Sabía de la ignorancia de la gente y se aprovechó. Así se le hizo muy fácil poder sacarnos de Mauro. A la gente la urgió, les dio un plazo, ‘de aquí a mayo tienen que salir’, y la gente, en su ignorancia, no sabía, no se daba cuenta. Creo nunca en la vida habían pasado por una situación así. Entonces, se sintieron presionados y ‘aceptaron’… Así fue como se aprovecharon de nuestros padres y abuelos. La minera los presionó para que no pensaran mucho, y de marzo a mayo tuvieron que salir de sus tierras. Así no les dio tiempo a pensar. Y todos tenían pocos estudios también. De eso fue de lo que más que se aprovechó Luksic…”.
Agrega que vivir en Tahuinco no es lo mismo que la vida en Mauro: “En este año malo por la sequía, tenemos que estar comprando forraje para los animales, pero ya no nos quedan recursos… En Mauro, aunque hubiera un año malo, siempre había algo de pasto para los animales. Acá en Tahuinco el campo es malo, todo se muere, no hay agua. En Mauro siempre hubo mucha agua, hartas vertientes”.
Alejandro Tapia se emociona fuertemente. El dolor y la impotencia le impiden hablar por algunos segundos: “Fue un abuso muy grande, aprovecharse de la ignorancia de nuestros padres y abuelos, que tuvieron que marcharse arriba de la carga de los camiones, arriba de sus enseres, con sus perros y algunos animales, engañados, dolidos, y sin ninguna seguridad… Así nos sacaron, fue una tragedia… Una tragedia tremenda para nuestros padres y abuelos… En ese momento no me emocionaba, pero ahora sí… Como no sabíamos defendernos, se aprovecharon… Pero ahora está nuestra voluntad y la unión para luchar por recuperar todo lo que nos arrebataron. Depende de todos nosotros construir un nuevo Mauro”.
(*) En el valle del Pupío, región de Coquimbo, Chile.
En pleno contexto de debate medioambiental, a nivel internacional y nacional, hacemos una recopilación de algunos casos emblemáticos de conflicto ambiental en donde empresas mineras han estado involucradas.
El debate medioambiental se encuentra al centro de la opinión pública a nivel internacional y nacional. Se expresó en la grave situación que afectó a la Amazonía, en los incendios sucedidos en sectores de África, en sequías en distintos lugares del mundo, entre otros varios preocupantes hechos que grafican la crisis ambiental producto del cambio climático y la destrucción de la naturaleza por parte del capitalismo.
Esta situación ha generado una respuesta mediante movilizaciones y protestas en distintos países del mundo- con el movimiento #FridaysForFuture a la cabeza y la activista Greta Thunberg-, y la activación de diversos gobiernos y estados que buscan contener el descontento y posicionarse a favor del medioambiente tras los profundos cuestionamientos, especialmente, por parte de la juventud.
Es en este contexto que se abren diversos cuestionamientos que apuntan a la destrucción del medioambiente, por parte de empresas y trasnacionales que han saqueado durante décadas recursos naturales, con el propósito de obtener suculentas ganancias, sin importar el daño que se cometa a la naturaleza, a comunidades, y a la vida de los sectores más empobrecidos, especialmente si hablamos de países atrasados y saqueados por potencias imperialistas.
Si pensamos en Chile, este saqueo y destrucción ambiental se expresa en el sur del país con las grandes forestales- en manos de las familias Matte y Angelini- que han destruido los bosques nativos y robado territorios a comunidades mapuche, y también con la gran minería en manos, principalmente, de trasnacionales imperialistas, las que no solo se han enriquecido gracias a los recursos naturales del territorio, sino que también se han visto implicadas en conflictos ambientales.
Casos de daño al medioambiente y comunidades por parte de empresas mineras
La extracción de minerales en un territorio no es en sí un problema, sino que el conflicto recae en cómo se realiza el trabajo, en beneficio de quiénes, y en la consideración que se tome hacia el medio ambiente, la naturaleza, los animales y los habitantes del sector. La clase empresarial y las autoridades del país han demostrado que el impacto ambiental y la contaminación provocada por las empresas mineras no es un asunto de relevancia para ellos, pues primero que todo están las millonarias ganancias que se obtengan de la explotación de la tierra y de los minerales. Tampoco es importante la situación laboral de los trabajadores que laboran en minas, menos su seguridad, lo que ha quedado demostrado en las variadas muertes de obreros en yacimientos mineros.
Los problemas medioambientales y de contaminación que afectan principalmente a las personas que viven en las cercanías de yacimientos mineros y de empresas, son variados e impactan desde distintos frentes. El Centro de Computación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile (CEC) en uno de sus documentos (1) establece ocho situaciones donde la extracción minera perjudica al entorno:
1) Daño a la tierra, donde se ha estimado que “el uso de tierra para uso minero entre 1976 y 2000 es de 37.000 km2; esto es cerca del 0,2% de toda la superficie terrestre (…) El grado de recuperación de esos terrenos es creciente y muchos hoyos antiguos se han utilizado para botar desperdicios de minas antiguas o domésticos”; 2) Liberación de sustancias tóxicas, donde “los metales no solo son importantes para el uso que hacemos de ellos, sino que también son parte integral de nuestra naturaleza y de otros organismos vivos (…) En el medio natural los excesos pueden generarse por drenajes de aguas de minas, de desmontes o de relaves mineros”; 3) Drenaje ácido de minas, lo que provoca las aguas ácidas “generadas por la minería actual o pasada resultan de la oxidación de minerales sulfurados principalmente pirita en presencia de aire, agua y bacterias (…) Esta agua pueden venir de tres fuentes principales: sistemas de desagüe de minas, tranques de relaves y desmontes”; 4) Salud y seguridad de los trabajadores, debido a que “existe el riesgo de exposición de los trabajadores mineros a materiales tóxicos derivados de las menas en las minas, plantas y fundiciones (ej. Cd, Pb, Hg) y a los reactivos químicos utilizados en el procesamiento de menas, para lo cual deben considerarse las medidas de protección adecuadas”, situación que no se toma con responsabilidad por parte de las empresas mineras y que se traduce en diversas enfermedades que afectan todos los años a los obreros, debido a la constante exposición a sustancias tóxicas.
El documento continúa graficando otras cuatro situaciones provocadas por la extracción de minerales, 5) Polvo, por lo que “el control de polvo debe ser importante en cualquier mina en la cual se genere polvo silíceo puesto que este puede producir silicosis y enfermedades pulmonares asociadas”, situación que hace recordar las movilizaciones convocadas por los habitantes de Antofagasta, bajo la consigna de “Este polvo te mata”- durante el 2015-, haciendo alusión a los problemas de salud generados por la empresa Antofagasta Terminal Internacional S.A. (ATI) del grupo Luksic; 6) Ruido, debido a que “las operaciones mineras, plantas y fundiciones usualmente tienen altos niveles de ruido. Este es uno de los peligros ocupacionales más comunes”; 7) Desmontes y relaves, producto de que “la minería frecuentemente involucra mover mucho material estéril o de leyes no económicas y depositarlos en desmontes en las cercanías de las minas”, un problema que viven en la actualidad los habitantes de Caimanes, debido a la contaminación del agua que ha provocado la minera Los Pelambres; y por último 8) las fundiciones que “emiten SO2, el cual junto con NOx y CO2 origina lluvia ácida. Esto también ocurre en plantas eléctricas termoeléctricas que usan carbón. Las fundiciones de Caletones de Codelco y Ventanas de Enami liberan alrededor de 400 toneladas al día de SO2 al aire”.
Los conflictos medioambientales y la respuesta de la población
“Este polvo te mata”, como se mencionó anteriormente, es la consigna con que miles de antofagastinos salieron a las calles en 2015 para evidenciar un grave problema de contaminación que afecta a la salud de la población del sector. La empresa responsable de esta situación es Antofagasta Terminal Internacional S.A. (ATI) del grupo Luksic, la que provocó que en enero de dicho año 143 niños que asisten a dos jardines infantiles que se ubican cerca del Puerto de Antofagasta, presentaran fuerte presencia de arsénico y plomo en su sangre. Debido a esto, miles de personas se movilizaron en repudio a dicha empresa que genera graves problemas a la salud a los habitantes.
Los habitantes de Caimanes estuvieron por lo menos 14 años luchando por la demolición del tranque de relaves El Mauro de la minera Los Pelambres, con el objetivo de permitir el escurrimiento de las aguas del estero Pupío a la comunidad de la zona. Fueron miles de personas las que se movilizaron y realizaron diversas protestas con el objetivo de visualizar esta situación que estuvo oculta durante años por los medios de comunicación tradicionales.
La dura represión policial y del Gobierno en más de una ocasión violentó a los habitantes de Caimanes, los que denunciaron en varios momentos esta situación. Producto de la intensa lucha de las personas, en marzo de 2015 el Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos ordenó la demolición del tranque, sin embargo, minera Los Pelambres anunció que apelaría legalmente.
Por su parte, en noviembre de dicho año se difundió una resolución legal que estableció que el Estado de Chile debía indemnizar a pobladores de Arica, debido a los perjuicios provocados por la contaminación causada por un acopio de minerales en un sector residencial ubicado en el cerro Chuño.
Estos tres ejemplos mencionados son solo algunos de los problemas medioambientales y de salud provocados por empresas mineras, las que son responsables directas de los perjuicios hacia la población, mientras cada año obtienen millonarias ganancias a costa de la explotación de los trabajadores y la depredación del medio ambiente.
Este el 15° Diálogo que realizan Cochilco y Jogmec, el que se enmarca dentro de un acuerdo de colaboración suscrito por ambas instituciones.
Con el objetivo de analizar las inversiones mineras previstas para los próximos 10 años en Chile, la situación del mercado del litio y sus perspectivas, así como la demanda de consumo eléctrico del país, se reunieron esta semana el Vicepresidente Ejecutivo (S) de la Comisión Chilena del Cobre(Cochilco), Jorge Cantallopts; y el presidente de la agencia estatal japonesa Jogmec, Tomonobu Uchida, junto a sus respectivos equipos de trabajo.
Este el 15° Diálogo que realizan Cochilco y Jogmec se enmarca dentro de un acuerdo de colaboración suscrito por ambas instituciones para intercambiar información estratégica del sector minero.
El Vicepresidente Ejecutivo (S), Jorge Cantallopts, señaló que estos encuentros son muy importantes para Cochilco ya que se puede obtener, de primera mano, información sobre la economía de Japón, sus perspectivas de demanda de diferentes minerales, especialmente cobre y litio, y su expectativas para invertir en minería, siendo Chile uno de los principales países de interés.
Sobre este punto, el analista de Cochilco, Cristián Cifuentes, presentó el Catastro de Inversiones Mineras 2019-2028, destacando los proyectos mineros previstos a materializar en el próximo decenio que suman US$ 72.504 millones, esto es 10,7% más que lo identificado en el Catastro del año pasado.
Cifuentes explicó que estas inversiones son producto de ajustes inversionales provenientes de la puesta en marcha de cuatro iniciativas el año 2018, de las 44 consideradas en el catastro anterior, entre ellas Chuquicamata Subterránea, la salida de una iniciativa de minerales industriales en busca de mejoras en sus ingenierías y el ingreso de cinco nuevos proyectos avaluados en US$ 7.309 millones.
Consumo de energía
Respecto a la demanda de energía de las empresas mineras en Chile, al analista de Cochilco, Andrés Gonzalez, señaló que se ha visto en el país un aumento progresivo en el consumo energético, superior a los aumentos en la producción de cobre, lo que se atribuye a causas estructurales y de producción en la industria del cobre nacional.
Por el lado de las causas estructurales, explicó, se encuentra el envejecimiento de las minas, lo que a su vez se relaciona con menores leyes del mineral, a una roca más endurecida y a mayores distancias de acarreo, situación que en su conjunto aumenta los requerimientos energéticos, especialmente de combustibles.
En paralelo, agregó, hay que considerar la escasez hídrica, que ha impulsado a varias empresas a instalar plantas de desalación e impulsión de agua marítima hacia las faenas, proceso que es altamente intensivo en electricidad.
Atendiendo a las causas productivas, destacó la sucesiva mayor producción de concentrados de cobre, lo que incrementa la necesidad de energía, sobre todo eléctrica, por dos vías. La directa, mediante el proceso mismo de concentración de mineral intensivo en energía eléctrica. La indirecta, por el mayor uso de agua en este proceso, lo que a su vez refuerza la tendencia al uso de agua de mar, intensivo en energía eléctrica.
A pesar de estos desafíos, sostuvo, actualmente el escenario de suministro energético en el país se presenta más favorable para el desarrollo de la minería del cobre que en años anteriores, en términos de que los precios de combustible y energía eléctrica se han mantenido relativamente estables y lejos de los altos niveles alcanzados diez años atrás.
La entidad, que lidera Oscar Cristi, está finalizando un inventario de glaciares, que revisa tanto la cantidad de estos cuerpos de agua en el país como la superficie total. Y en ambos casos hay malas noticias: además de una reducción de la masa total, se observó un mayor número de glaciares por la división de algunos de ellos.
Cifras preocupantes son las que revelará un estudio sobre glaciares que está en proceso de elaboración por parte de la Dirección General de Aguas (DGA).
Este miércoles, en la sesión de la comisión de Minería y Energía del Senado, el titular de la DGA, Oscar Cristi, dio a conocer algunos resultados preliminares de este estudio, denominado inventario de glaciares. Su participación en la instancia parlamentaria se dio en el contexto de la discusión del proyecto de ley de protección de glaciares, que promueven parlamentarios de oposición, y cuyo avance el gobierno mira con preocupación, dado que podría restringir la actividad de algunas faenas mineras.
El estudio ya tiene un 95% de avance y las cifras oficiales estarán disponibles en las próximas semanas. La idea de la autoridad es que esté terminado para la COP 25.
Pero, a modo de avance, Cristi adelantó que mientras en 2014 en Chile había 23.641 km2 de glaciares, hoy la cifra es de 21.647 km2. Es decir, 1.894 km2 menos en cinco años. Esto representa un 8% de disminución.
Además, el análisis detectó que algunos glaciares mayores se han dividido en dos o más cuerpos: según el análisis de la DGA, en 2014 se contabilizaron 24.114 glaciares y las cifras que se están obteniendo este año muestran que ahora hay 25.725, es decir, un aumento de 1.611 glaciares.
Ambas cosas Cristi las atribuyó al cambio climático. “Por lo tanto, no es una buena noticia”, manifestó.
Defensa del gobierno
En la misma comisión, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, junto con el subsecretario de la misma cartera, Ricardo Irarrázabal; expusieron las indicaciones que habían presentado hace unas semanas por proyecto de protección de glaciares. Explicaron que el escrito se hizo sobre la base del trabajo de un comité técnico que estuvo compuesto por ex-autoridades, academia y expertos.
Prokurica dijo que “nosotros queremos de verdad proteger los glaciares, y eso significa más que poner una distancia, establecer parámetros que se refieran al resultado de la actividad que se haga. Puede haber una actividad que esté más cerca y que no le produzca daño al glaciar, y puede haber una que esté mucho más lejos, pero que le produzca más daño al glaciar”.
El subsecretario de Minería propuso que para la retroactividad, es decir, para incluir en la ley los proyectos que ya están operando, que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) haga análisis de los planes de seguimiento de los proyectos que tengan en su área de influencia glaciares.
La idea del gobierno es que en todos los proyectos a desarrollarse en las cercanías de los glaciares, si se advierte un cambio en la contribución hídrica la SMA pueda realizar análisis y solicitar medidas adicionales al permiso ambiental, a fin de cautelar de mejor forma el cuidado de los glaciares.
Actualmente vivimos un momento de inflexión, un tiempo en que los valores universales están en cuestión, tal vez estamos a la espera que luego de un período recesivo comience una fase expansiva y este nuevo ciclo traiga nuevos lenguajes para entender y resolver.
El proceso de globalización ha configurado cambios en el ritmo productivo y de consumo y las implicancias ambientales de aquello, han significado la aceleración del tiempo geológico frente al tiempo histórico. Mientras las temporalidades de la naturaleza fueron siempre más permanentes frente al tiempo humano, este aumento de velocidad ha implicado cambios transcendentales en cuestiones que siempre fueron estables; como el clima, los ecosistemas o las líneas de costa, que actualmente pueden modificarse en menos de una generación humana.
Esta aceleración del tiempo ha significado que el surgimiento de nuevas situaciones y desafíos también se precipite, no permitiendo producir el conocimiento experiencial necesario para enfrentarlos, de manera que nuestra capacidad para leer estos problemas, analizarlos y diseñar, o disoñar como diría Arturo Escobar, las soluciones, no alcanza el ritmo de su instauración. Consideremos además que estamos -de acuerdo a Kondratieff- en una etapa depresiva o recesiva en términos de la formulación de nuevas tecnologías que implican también nuevas perspectivas y modelos, por tanto, el diseño de soluciones se hace aún más lenta de lo necesario. Desde otra perspectiva Maturana indica que no hemos creado los lenguajes para entender estos recientes problemas, es decir, aun no contamos con las palabras que los hagan existir, por lo que ni siquiera podemos comprenderlos todavía, menos aún resolverlos.
Actualmente vivimos un momento de inflexión, un tiempo en que los valores universales están en cuestión, tal vez estamos a la espera que luego de un período recesivo comience una fase expansiva y este nuevo ciclo traiga nuevos lenguajes para entender y resolver.
Pero, ¿desde donde surgirán estas nuevas ideas, estas nuevas tecnologías? Sin duda esto implica la conjugación de una serie de factores y actores que producen estas revoluciones. Cada uno de los agentes implicados tiene además diferentes temporalidades de reacción y de acción frente a los problemas, tal vez para la transformación que urge se necesite una coordinación entre estos actores y sus tiempos de tal modo que permita acelerar también la resolución de los enormes desafíos que actualmente enfrentamos.
De cierta forma el neoliberalismo pretende acelerar el tiempo en ‘espacios lentos’, vale decir, instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, al expulsar o desplazar a comunidades rurales, campesinas o indígenas, violentando procesos de decisión ciudadana.
Es por esta situación que el rol que han adquirido los movimientos sociales de base es fundamental. Los efectos del desarrollo desigual o progreso selectivo han implicado procesos de injusticia social y ambiental que han acelerado su reacción frente a los problemas, de este modo los pobres, indígenas, las mujeres, los pescadores artesanales, los campesinos, nos han advertido sobre la grave tensión entre naturaleza y sociedad, han denunciado, resistido y han producido los conflictos ambientales, que pueden ser vistos como graves problemas de gobernanza pero también como oportunidades de democratización, concientización, participación y sin duda instalación de nuevos valores territoriales.
Estos grupos han estado a la vanguardia de los temas ambientales, porque siendo los más afectados han empujado a otros actores, transformando nuestra sociedad. Por ejemplo en el caso Pascua Lama de Barrick Gold, fueron las comunidades locales quienes al momento de la participación ciudadana obligatoria, preguntaron a la empresa que pasaría con los glaciares de la alta cordillera los que no se habían considerado dentro de las informaciones entregadas, esta observación y el conflicto que provocó, significó una lucha de casi dos décadas, que ha permitido primero, la instalación del tema de los glaciares en la opinión pública, segundo, el Estado debió crear una institucionalidad que reconociera la importancia de estos cuerpos de hielo, realizando una Estrategia Nacional de Glaciares en 2009, que incluía un Catastro Nacional que finalizó recién en 2014 y una propuesta de Política para su protección y conservación. Luego la modificación de la Ley 19.300 y su reglamento para incluirlos en el Sistema de Evaluación Ambiental.
Desde el 2005 han existido 6 proyectos de ley para regular los ecosistemas glaciares, solo 2 de ellos continúan vigentes pero aún no logran sortear el principal obstáculo, la influencia del sector minero. En 2018 se presentó un nuevo catastro donde se declara que los glaciares se han reducido significativamente entre 2002 y 2015 sobre todo los cuerpos mayores como campos de hielo. En junio recién pasado, uno de los proyectos de ley vigentes se aprobó por el Senado, sin embargo aún debe ser evaluado por la Comisión de Minería y Energía, justamente el grupo que es reconocido como su principal amenaza.
En tanto el mundo científico, que usa las demandas y el conocimiento procedente en los espacios locales, ha contribuido a producir información y con esto mayor concientización. Sus limitantes están en los mecanismos de difusión de los resultados de la investigación científica y en su propia incidencia en los cambios. También el conocimiento científico necesita tener definiciones éticas claras, recordemos lo ocurrido con la contaminación del Santuario Carlos Andwandter por parte de la celulosa Celco Valdivia, donde hubo opiniones científicas diversas e incluso contrastadas para lo ocurrido. Los resultados finales se obtuvieron 8 años después del conflicto confirmando la culpabilidad de la empresa.
El mundo político de cierta forma, es el más lento en reaccionar ya que no logra asimilar la situación de urgencia y de crisis ambiental, así como no consigue hacer los cambios necesarios para que desde las políticas globales, nacionales y locales, se produzcan las transformaciones. Si lo analizamos nuevamente desde la situación de los glaciares, el Estado ha demorado 17 años discutiendo una ley de protección que aún tienen deficiencias enormes, tales como; que protege solamente los glaciares que estén en el registro y que tengan una extensión mayor de 1 hectárea, es decir, desprotege y condena a todos los pequeños glaciares que alimentan los ríos del norte del país.
La urgencia climática, su comprensión y las posibilidades que tenemos frente a ella, son una situación completamente nueva, nos enfrentamos a un desafío al que nunca antes nos habíamos enfrentado como humanidad. Es por esto que necesitamos reacciones creativas y novedosas, además de rápidas y concretas, sin desestimar que ellas sean pensadas y consensuadas. En las últimas décadas hemos construido variados y numerosos diagnósticos, por tanto, las acciones a emprender son claras, la cuestión es que debemos tener la convicción suficiente para tomarlas.
Nueva Unión informa que si bien espera completar su estudio de factibilidad a fines de 2019, tal como estaba planeado, ha decidido realizar un proceso de optimización del proyecto durante el 2020, incluyendo la evaluación de alternativas de puerto.
Camilo Hornauer y Carolina Ruiz de Fundación Plantae nos comparten hoy una columna que habla acerca de la expansión minera y el riesgo que esta impone sobre los glaciares, abriendo la interrogante de si será hora de cambiar el modelo de desarrollo por uno acorde a los tiempos y realidades de hoy.
La Asociación Indígena Aymara de Coposa presentó una reclamación contra la Superintendencia de Medio Ambiente, por la resolución de esta en que aprobó el programa de cumplimiento de la minera Doña Inés de Collahuasi, mediante la cual la empresa se asegura la extracción de agua hasta 2040.
Comunicado emitido por la empresa:
Mientras la Dirección General de Aguas constató, a través de un estudio, una reducción de estas masas de hielo del 8 por ciento desde 2014, el Gobierno pretende flexibilizar el proyecto de ley que se discute en el Senado y así responder al lobby minero, que según especialistas, está detrás de la iniciativa oficial.
La comunidad de Mauro, en la Región de Coquimbo, lucha por lo que les arrebató, en mayo de 2001, el multimillonario Andrónico Luksic -“el faraón de Chile”-, y su Minera Los Pelambres.
En pleno contexto de debate medioambiental, a nivel internacional y nacional, hacemos una recopilación de algunos casos emblemáticos de conflicto ambiental en donde empresas mineras han estado involucradas.
Este el 15° Diálogo que realizan Cochilco y Jogmec, el que se enmarca dentro de un acuerdo de colaboración suscrito por ambas instituciones.
Cifras preocupantes son las que revelará un estudio sobre glaciares que está en proceso de elaboración por parte de la Dirección General de Aguas (DGA).
El proceso de globalización ha configurado cambios en el ritmo productivo y de consumo y las implicancias ambientales de aquello, han significado la aceleración del tiempo geológico frente al tiempo histórico. Mientras las temporalidades de la naturaleza fueron siempre más permanentes frente al tiempo humano, este aumento de velocidad ha implicado cambios transcendentales en cuestiones que siempre fueron estables; como el clima, los ecosistemas o las líneas de costa, que actualmente pueden modificarse en menos de una generación humana.