15/04/2020
Punta Negra

Consejo de Defensa del Estado acusó que la minera, operada por BHP, ha provocado un daño “continuo, acumulativo, permanente e irreparable” al salar de Punta Negra.

El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, acogió hoy a trámite una demanda por daño ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Minera Escondida, de la australina BHP. Esto, “por el daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del salar de Punta Negra”.

En su demanda, el CDE señaló que el daño ambiental causado se funda en siete aspectos: disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo del sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida del hábitat lo que afecta a la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.

Entre los argumentos entregados por el organismo de defensa fiscal está en que se sustenta “por la conducta de la empresa al mantener una extracción permanente y continua de agua fresca subterránea proveniente del acuífero del salar para satisfacer las necesidades de sus faenas mineras entre los años 1990 a 2017”.

Se funda, además, en que “dicha extracción sostenida fue tal que el acuífero no podrá recuperarse por sí solo en un orden de 100 años, lo cual a provocado a su vez, un impacto significativo” sobre la flora, fauna y biodiversidad del sector.

Otro de los aspectos de la demanda fue que hasta el año 2017 (fecha en la cual se cesa la extracción de agua) a lo menos cinco proyectos o actividades de la empresa contemplan el uso de aguas extraídas desde campos de pozos ubicados en el salar, los que tenían Resolución de Calificación Ambiental, RCA, favorable, no obstante, “en ninguno de ellos se reconocen ni evalúan los impactos significativos sobre el componente hídrico, ni tampoco medidas de mitigación o compensación asociadas”.

Para el Consejo de Defensa del Estado, si bien la empresa históricamente hizo uso de sus derechos de aprovechamiento de aguas previamente constituidos, ello no evitó que la extracción causara un menoscabo o deterioro significativo sobre el acuífero del salar.

Según el abogado y jefe del área de Medio Ambiente de Elías Abogados, Jorge Cash, es especialmente relevante analizar los argumentos de la demanda del CDE, en lo referido a la calificación “continua” e “irreversible” del daño.

“Por un lado, está indicando que la prescripción de la acción solo podrá comenzar a computarse una vez que cesa el daño, lo que a juicio del CDE no ha ocurrido, más aún, persiste la extracción permanente de agua subterránea que ha impedido la capacidad de regeneración del acuífero. Por otra parte, será importante determinar cómo se acredita la irreversibilidad del daño generado en el acuífero, por cuanto dicha supuesto abre una discusión muy relevante en materia de indemnización de perjuicios”, indicó.
Fuente: Pulso
http://www.nuevamineria.com/revista/tribunal-acoge-demanda-del-cde-contra-minera-escondida-por-dano-ambiental-en-salar/

02/04/2020
En Chile, el despojo y saqueo extractivo, genera múltiples impactos y violaciones a los derechos humanos. Uno de ellos, es el derecho al agua. En el actual momento de pandemia por el COVID-19, la escasez de agua gana proporciones aún más graves para la población en situación de mayor vulnerabilidad.

La consigna “No es sequía, es saqueo” se ha masificado en el contexto del estallido social en Chile. Esta es la expresión de los cientos de conflictos por el agua y medioambientales que han surgido en las últimas décadas frente al saqueo de la minería, el sector energético, el agronegocio y las empresas forestales. El desarrollo extractivo en Chile va de la mano de una gran presencia de capital extranjero. Las inversiones canadienses es una de las más importantes, principalmente en la minería, la electricidad, y en el lucrativo negocio de las empresas sanitarias.

Es importante resaltar que en Chile, el agua fue privatizada bajo la dictadura de Pinochet en la constitución de 1980. A través del código de aguas, entregó “derechos de aprovechamiento” a privados, de forma perpetua y gratuita, lo que ha privilegiado la creciente demanda de la industria extractiva.

El Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), conversó con movimientos y organizaciones sociales que luchan por la defensa del territorio y por la recuperación del agua. La lucha del Movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medioambiente (MODATIMA) ha sido emblemática en Chile, como nos cuenta Rodrigo Faundez: “La situación en Chile es muy crítica en distintos lados del país porque atravesamos un stress y una crisis hídrica que se viene acumulando cerca de 10 años producto de varios factores. Pero sumado a eso Chile es un país que tiene privatizadas sus aguas y un modelo primario exportador que exporta materias primas. Es uno de los exportadores mundiales de cerezas, paltas, cítricos, vinos y tiene muchísima superficie plantada en la zona central del país plantada por este tipo de cultivos. Esto genera un alto stress sobre los suelos de los territorios donde se emplazan estas actividades productivas. Esto ha generado con el tiempo sobretodo en la última década un número creciente de conflictos territoriales que se enfrentan a empresas que contaminan y es tanto el nivel de producción que terminan secando esteros, ríos y fuentes de aguas naturales. Entonces nosotros decimos que el saqueo extractivo efectivamente se expresa en las grandes empresas de distintos rubros, sobreexplotan el agua, la tierra, contaminan, y esta sobreexplotación amparada en la legislación privatizadora del agua y privatizadora y de todos los bienes comunes naturales termina por hacer estallar conflictos en distintas latitudes del país. La situación de robo de parte de las grandes empresas en cantidades industriales, el conflicto que se empezó a producir por distintas comunidades por el acceso humano y el derecho al agua decantó en la creación de este movimiento que lleva cerca de 10 años de existencia y de lucha a nivel nacional y que hoy estamos en distintas regiones del país. Ya estamos en 11 de 16 regiones del país porque la lucha por el agua ha crecido, se ha multiplicado y el movimiento ha pasado a ser uno de los más importantes en la denuncia nacional y a nivel internacional sobre el derecho al agua interviniendo en distintos debates públicos sobre el tema”.

En pleno estallido social, Chile participó al encuentro más importante del sector minero que tuvo lugar en marzo de este año en Toronto, Canadá. Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) nos comenta sobre esto: “El litio en Chile se encuentra en salares donde viven comunidades indígenas, donde hay ecosistemas frágiles, especies en peligro de extinción y el ministro de minería va a Toronto a ofertar la posibilidad de explotar los 52 salares que existen en el norte de nuestro país. No sólo el Salar de Atacama que es el salar más importante que tiene nuestro país sino que todos los salares que algunos de ellos incluso están protegidos por convenciones ambientales internacionales como la convención de Ramsar (ya confirmado que se escribe así) en este caso de humedales alto andinos”.

Chile otorga a las concesiones mineras un derecho preferente para usar las aguas sin ninguna restricción. Gran parte de la matriz energética en Chile proviene de las hidroeléctricas, siendo el mayor consumidor de esta energía el sector minero. Esto ha impulsado el desarrollo hidroeléctrico en el sur del país principalmente en territorios de comunidades mapuches.
Ximena Cuadra, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) que hace parte del Movimiento por el agua y los territorios (MAT), nos cuenta sobre la situación en la zona centro-sur del país: “En este territorio, los principales conflictos en torno al agua están asociados a los dos grandes procesos extractivos que se viven en el sur de Chile. Uno es la industria forestal y el segundo es la expansión de la hidroelectricidad. Para explicar el conflicto del agua con respecto al sector forestal, lo que es importante señalar es que las expansiones de tierra que ocupan las forestales son miles dentro del país. Las empresas forestales capturan una cantidad importante de agua que se produce a través de las napas subterráneas. Por lo tanto van secando las fuentes de agua de la que disponen comunidades aledañas a las empresas forestales las napas y eso tiene consecuencias directas en la población. Con respecto a los conflictos con las centrales hidroeléctricas, estas capturan el agua para construir embalses. En Chile la constitución reconoce el sistema privado del mercado de las aguas y por lo tanto el agua que corre por los ríos no es de quien posea la tierra, por lo tanto las centrales hidroeléctricas han acumulado derechos de agua más allá de los que utilizan. Entonces en la región de la Araucanía sólo el 3% de los derechos del agua se utiliza para el consumo y está en manos de sanitarias, comunidades mapuches y comités de agua potable. El resto de los derechos de agua están concentrados en el riego y para la hidroelectricidad. El 21,5% de las viviendas en la región de La Araucanía accede a agua potable en camiones aljibes y eso representa a 42 mil personas”.

Según OLCA, diversas regiones del país se han declarado como “Zonas de emergencia agrícola” afectando a más de 11 millones de personas. A esto se suma, las 147 comunas en situación de escasez hídrica, según lo denunciado por MODATIMA. Rodrigo Faundez, nos comenta cómo se enfrenta esta situación frente al COVID 19: “Por la crisis hídrica se multiplican cada vez más esa forma de abastecimiento de agua en las zonas rurales y eso significa que es probable que también sean una fuente de contagio y un vector del coronavirus porque no hay fiscalización ni vigilancia sobre esa red de camiones que distribuye agua potable en las zonas rurales. Estamos también demandando que los sectores relacionados con el agua vigilando que empiezan a imponer sus intereses especulativos y financieros en el covid o post covid en estos temas”.

Canadá es el tercer país que más invierte en Chile si se suma a su participación en la minería, al del sector eléctrico y de aguas sanitarias. Si consideramos solo el sector minero, Canadá es la principal fuente de capital extranjero, con más de 40 sociedades mineras y más de 100 proyectos en el país. Existen diversas instancias del gobierno canadiense que contribuyen a facilitar sus inversiones en el extranjero, como nos explica Lucio Cuenca de OLCA: “Una de las grandes problemáticas que ha profundizado la desigualdad y ha empobrecido nuestro país y ha precarizado la vida en muchas dimensiones son las inversiones extranjeras en la explotación de los recursos naturales y específicamente en la explotación de la minería. En ese ámbito, Canadá tiene un rol fundamental. Para eso, se ha contado con una política sistemática del Estado, del gobierno canadiense a través de la Agencia de crédito para las exportaciones de Canadá que otorgan créditos a empresas, pero no sólo eso sino que también entregan el respaldo político para que estas operaciones se puedan realizar en nuestro país. Ha negociado en condiciones favorables estos créditos y que todos sabemos, tienen beneficios para las empresas pero son condicionados por el gobierno canadiense para que se negocie directamente con otras empresas canadienses para proveer servicios, tecnologías, etc. por lo tanto son relaciones extremadamente interesadas y que hacen omisión a las violaciones de derechos humanos en Chile”.
El Fondo de pensiones de profesores de Ontario-Canadá es propietario de cuatro empresas sanitarias que proveen de agua potable, tales como Aguas del Valle, Nuevo Sur, ESVAL y ESSBIO. Controla así más de un tercio del lucrativo mercado sanitario. Según datos de MODATIMA, de las 10 ciudades con la tarifa de agua más cara en América latina, 7 de ellas son de Chile alcanzando un precio de hasta 346$ USD mensuales. De igual forma, el Fondo de pensiones de profesores de Ontario posee el 50% de la empresa de distribución y transporte de electricidad SAESA. Esta empresa está asociada a una serie de conflictos y violaciones de derechos humanos en territorios de comunidades indígenas al sur de Chile.

Uno de los casos más emblemáticos ha sido el conflicto con la comunidad newen de Tranguil asociado al feminicidio empresarial de Macarena Valdés, aún impune. Además, la empresa SAESA busca implementar una serie de torres de tendido eléctrico de alto impacto en la comunidad Mapuche Williche Alto Fundo Gamboa.

Lucio Cuenca de OLCA nos comenta sobre los intereses que están en juego para Canadá frente al estallido social. El gobierno canadiense ha hecho caso omiso de la situación de violación de derechos humanos: “Mucho de la precarización que se vive hoy en los territorios corresponde a la intervención de empresas canadienses. La apropiación del agua en muchos territorios que incluso dejan sin posibilidad de desarrollar la vida a muchas comunidades indígenas o campesinas del norte de Chile. La política de relaciones comerciales e inversiones entre Chile y Canadá es fuertemente impulsada por el gobierno canadiense y su embajada acá en Santiago. Esto se debe a la incursión de las inversiones canadienses en nuestro país donde la embajada canadiense por ejemplo actúa casi como una agencia de apoyo de estas empresas para ejercer presiones políticas, para buscar soluciones a los inconvenientes que tienen estas inversiones en nuestro país. Por lo tanto hay una relación muy íntima entre la inversión canadiense en minería, la apropiación de los recursos naturales no sólo mineros, sino que también en este caso en el agua y la violación de derechos humanos que ocurre en muchos lugares de Chile y por lo tanto ahí entendemos por qué el gobierno canadiense ha dado silencio luego del estallido social y de la revuelta social que hemos vivido en los últimos meses. No ha tenido una condena a la vulneración de los derechos humanos que ha cometido el gobierno de Piñera”.

Desde Canadá, reporta Christina Ayala del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL).

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Según un estudio de la consultora Plusmining, los principales factores que inciden son los cortes de dotación y la focalización en continuidad productiva, lo que posterga labores de desarrollo.
13/042020

(La Tercera / Pulso) En las últimas semanas, las mineras han ido anunciando distintos planes de contingencia, con el objetivo de tener continuidad operacional en sus faenas y disminuir los riesgos de contagio del Covid-19.

La mayoría de ellas optó por reducir su dotación y ya han reducido su fuerza laboral en un rango de entre 30% y 60%. Otra medida ha sido priorizar la extracción de mineral, postergando desarrollos como proyectos de inversión, decisión que ya tomaron la minera Teck, con el proyecto Quebrada Blanca Fase 2, y Codelco, con tres iniciativas en construcción: Chuquicamata Subterránea, Traspaso Andina y las obras tempranas de Rajo Inca.

A pesar de que la crisis aún continúa y que los efectos aún no se pueden determinar por completo, desde la consultora Plusmining realizaron una estimación del efecto que todas estas medidas tendrán en la producción de cobre para este año. De acuerdo con ese análisis, si las medidas adoptadas por las mineras se extienden por un mes, la producción nacional de cobre disminuiría en 5,5% este año, es decir, unos 320 mil toneladas de cobre menos que lo esperado originalmente.

En caso de que las medidas se prolonguen por dos o tres meses, Plusmining estima una disminución de la producción de 6,1%, lo que representa unas 358 mil toneladas de cobre; y 6,3%, es decir 365 mil toneladas de cobre. Así, si las medidas de precaución y restricción se prolongan, los impactos podrían incluso extenderse en el año 2021, aunque más tenuemente. El efecto financiero, aunque eso dependerá del precio del cobre, se estima en unos US$700 millones.

“Es una estimación que busca reconocer que, debido a los cortes de dotación laboral y focalización en la continuidad productiva, postergando labores de desarrollo, existiría una merma en la capacidad productiva en el mediano plazo, en caso de que las operaciones no tomen medidas que permitan recuperar los trabajos atrasados una vez superada la crisis”, sostuvo el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo.
Medidas

Desde la consultora también explicaron que la materialización de estas pérdidas va a depender de la capacidad de las operaciones mineras para compensar las medidas tomadas durante el año. “Por ejemplo, algunas compañías podrían hacer ajustes como extraer mineral de sectores con mejores leyes, utilizar más intensivamente algunos stocks, adaptar el plan minero, incrementar el uso de contratistas una vez superada la crisis, entre otras medidas”, dijo el ejecutivo. Además, explicó que las estimaciones no incluyen casos de paralización total de operaciones mineras y que si eso ocurriese, se profundizaría el impacto negativo sobre la producción.
https://www.mch.cl/2020/04/13/medidas-tomadas-por-la-mineria-por-el-covid-19-reduciran-en-55-produccion-de-cobre-este-ano/

Expertos apuntan además a dificultades que podrían existir en caso de que extiendan restricciones a regiones con mineras, ya que para suspensión de labores se deben solicitar permisos.

(El Mercurio) Un difícil escenario enfrenta la minería, en medio del desplome del cobre y el avance del covid-19 entre sus propios trabajadores, pese a las extremas medidas de seguridad implementadas.

A esto se suma que este año las firmas deben realizar una auditoría respecto a sus planes de cierre de faenas, presentados en su momento ante el Sernageomin, y que son aquellas condiciones que deben cumplir los yacimientos al fin de su vida útil. La medida incluye a todas las mineras medianas y grandes, con producción mensual sobre 10.000 toneladas, por lo que se espera una renovación de más de 70 planes.

Puede seguir leyendo esta noticia aquí https://digital.elmercurio.com/2020/04/08/B/E53PLDCK#zoom=page-width
https://www.mch.cl/2020/04/08/mas-de-70-mineras-deben-auditar-planes-de-cierre-de-faenas-en-medio-de-complejo-escenario/

La compañía pone fin a sus faenas en el puerto, en el marco del proceso de paralización programada iniciado en 2019

6/4/2020
(Pulso) Este viernes zarpó desde isla Riesco la motonave Elena para transportar el último stock de carbón de Mina Invierno. A partir de este hito, se detienen las faenas en el puerto, tal como lo hizo a principios de año con la operación minera.

El proceso de paralización programada se inició en el segundo semestre del año pasado, luego que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anulara la aprobación ambiental que autorizaba el uso de tronaduras en Mina Invierno. Como consecuencia directa del dictamen, en 2019 la extracción de carbón se redujo en 48,1% y el número de embarques en 53% respecto de lo proyectado.

Tras el despacho del último stock de carbón, la empresa trabajará con una dotación de personal propio y externo de no más de 80 personas, que se encargarán de realizar la mantención de las instalaciones y del equipo minero-portuario, así como del seguimiento de compromisos medioambientales.

Por otra parte, señaló la empresa, esta continúará haciendo esfuerzos para intentar revertir la decisión del tribunal ambiental ante la Corte Suprema, a través de un recurso de casación, el que se suma a los ingresados por los trabajadores y el Servicio de Evaluación Ambiental, lo que podría reactivar la operación.

El gerente general de la compañía, Guillermo Hernández, señaló que último embarque “simboliza la pérdida de casi 1.000 empleos de calidad directos en la operación”. Agregó que “esta triste y lamentable situación, en un momento en que la creación de empleos tiene tanta importancia, no la generó la pandemia del coronavirus, sino el mal uso y abuso de la legislación ambiental, que hacen personas que no buscan mejorar iniciativas que generan trabajo, crecimiento y mejor calidad de vida, sino que obstruyen y destruyen sin ser capaces de ofrecer alternativas”.
https://www.mch.cl/2020/04/06/mina-invierno-concreta-suspension-de-faena-y-realiza-ultimo-embarque/

6/4/2020
Proyecto INCO – Antofagasta Minerals

Minera Los Pelambres. (Foto: Antofagasta Minerals)

La medida, que se tomó frente a la imposibilidad de realizar trabajos de forma normal, regirá en principio en un período estimado 120 días y se espera que en la mayoría de los casos no haya término de los contratos.

La expansión del coronavirus en Chile obligó a endurecer las medidas adoptadas por Antofagasta Minerals. Frente a la imposibilidad de realizar trabajos de forma normal producto de la emergencia sanitaria, el brazo minero del grupo Luksic decidió suspender temporalmente los contratos con parte de las empresas colaboradoras que están construyendo el proyecto Infraestructura Complementaria (INCO) de Minera Los Pelambres que contempla una inversión de US$ 1.300 millones.

Según anunció este domingo la compañía, esta decisión permite reforzar las medidas generales de higiene y de aislamiento social, protegiendo así la salud tanto de los trabajadores como de las comunidades.

Con esta puesta en pausa, que en principio tendrá una duración de máxima de 120 días, la firma espera evitar, en la mayoría de los casos, poner término en este momento a los contratos.

El vicepresidente de Proyectos de Antofagasta Minerals, Francisco Walther, aseguró que quieren mantener una relación contractual con la mayor parte de las empresas contratistas con las que hoy están trabajando, pero reconoció que “debemos aceptar que, dadas las condiciones actuales, muchas no pueden hacer el trabajo para el cual están contratadas”.

Por esto, agregó la compañía, en lugar de poner fin ahora a todos los contratos del proyecto, como han hecho otras empresas, la compañía ofreció este camino que busca construir soluciones y tratar de evitar, en lo posible, dicho escenario.

“Es una suspensión temporal, que se aplica por la imposibilidad de continuar con las labores de construcción del proyecto según estaba originalmente previsto, y que se irá revisando periódicamente. Esperamos retomar los trabajos tan pronto podamos hacerlo, ojalá mucho antes del tiempo definido como plazo inicialmente”, explicó Walther.

Las condiciones que regirán para las empresas contratistas durante este período de congelamiento de la relación contractual serán convenidas en los próximos días según caso a caso. Sin embargo, la firma indicó que buscará mantener, cuando sea posible, un ingreso de $500 mil brutos por cada trabajador y evitar poner fin en este momento a la relación laboral. Además, si legalmente procediese, este beneficio se sumaría a los que eventualmente puedan corresponder conforme a la ley.

Walther sostuvo que “todos debemos hacer un esfuerzo para que el costo de esta crisis afecte lo menos posible a los trabajadores contratistas del proyecto INCO. Por eso, como compañía estamos haciendo un aporte de recursos para que, cuando sea posible, estas personas no queden sin ingresos en estos difíciles momentos”.

En tanto, en el caso de la operación regular de Minera Los Pelambres, se mantienen las suspensiones de labores que ya estaban implementadas, con el objetivo de asegurar las condiciones sanitarias necesarias para resguardar la salud de quienes trabajan en faena y las comunidades. En cada caso, la compañía revisará la situación y acordará las condiciones contractuales con cada una de las empresas involucradas.

El pasado 20 de marzo Antofagasta Minerals disminuyó temporalmente en alrededor de un 30% el número de trabajadores propios y contratistas que ingresan a sus faenas y en un 75% el personal que trabaja en la construcción del proyecto INCO de Minera Los Pelambres.
Fuente: Diario Financiero

AMSA suspende contratos con empresas a cargo de ampliación de Minera Los Pelambres

The pit at El Abra operations, Calama, Chile

Cuprera de Freeport-McMoRan informó que decidió suspender la construcción del proyecto por lo complejo que se ha vuelto el desplazamiento de los trabajadores contratista hacia y desde la faena ubicada a 76 kilómetros de Calama.
Negocios e industria

1/4/2020
(El Mercurio) En respuesta a las dificultades que se han originado por la expansión del contagio del COVID-19 en el país, la estadounidenses Freeport-McMoRan decidió suspender indefinidamente y de manera inmediata, la construcción de la Fase II del proyecto Sulfolix de Minera El Abra, filial de Codelco emplazada a unos 76 kilómetros al noreste de Calama.

[Puede seguir leyendo esta noticia aquí https://www.mercuriocalama.cl/impresa/2020/04/01/full/cuerpo-principal/8/]
https://www.mch.cl/2020/04/01/minera-el-abra-detiene-indefinidamente-sulfolix-fase-ii-por-dificultades-asociadas-al-covid-19/