Exactamente hace un año atrás, como comunidad de toda la cuenca del Valle del Huasco comenzábamos a escuchar con preocupación los rumores de sondajes del proyecto Nueva Unión en mitad del río Huasco, en el sector Maitencillo, Freirina; el que entre otras cosas proyecta pasar un mineroducto a 24 metros debajo de sus aguas.

Los rumores se hicieron realidad y fue así como el 2 de mayo agricultores, regantes, dueñas de casa, pobladores, habitantes, crianceros y artesanos de toda la cuenca nos volcamos al sector que sería intervenido con la fuerte convicción de frenar ese flagelo y daño a nuestro río, que es nuestra vida.

Investigamos y comprendimos que las obras no contaban con evaluación ambiental, por tanto que eran ilegales, y con horror nos informamos que la empresa había y estaba efectuando más de 193 sondajes en toda la cuenca, todos ellos también sin evaluación; y los cuales ya habían causado graves daños a las aguas, flora y fauna, entre otras dolorosas consecuencias.

Fue así como, en paralelo de intentar de paralizar las obras in situ e instaurar una vigilancia comunitaria, de pedir los permisos a la empresa que nunca llegaron y de que, incluso vecinos fueran tomados detenidos, ingresamos un recurso de protección, que fue declarado admisible y el que además dio curso a una medida cautelar que paralizó todo sondaje hasta la fecha. Posteriormente, fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Copiapó quien lamentablemente erró en una serie discernimientos. Por lo que apelamos a la Corte Suprema, siendo acogida a trámite y por la cual este 29 de abril se realizan sus alegatos.

Este es otro caso escandaloso que da cuenta de que los derechos básicos como son el bien común, a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, supuestamente asegurados en nuestra Constitución no se respetan si es necesario mantener el sistema y modelo. La abogada de la comunidad, Alejandra Donoso de la Defensoría Ambiental es tajante en valorar la importancia de la causa y de los alegatos que se desarrollarán: “El abuso del Derecho en que se incurre al basarse en un desequilibrio en el acceso a la información, participación y a la justicia ambiental, para conseguir fines individuales, en desmedro de la protección del patrimonio ambiental, es una conducta que se reitera en nuestro país, y que es necesario que la más alta magistratura revise. En este caso, esta actitud ha permitido la materialización de un gran número de sondajes en un lugar con un frágil equilibrio ecosistémico, a sabiendas de la autoridad administrativa y judicial, sin que la propia autoridad fiscalizadora tenga claro cuál es el universo real de impactos al que nos enfrentamos cuando hablamos del proyecto Nueva Unión”.

Por su parte desde el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco y la Coordinadora por la Vida del Valle del Huasco con claridad insisten en que este proyecto no tiene ni tendrá Licencia Social para su ejecución.

El plan de contingencia de las cuatro divisiones de Codelco, que redujo en un 30% sus contratistas y suspendió su proyecto Mina Chuquicamata subterránea, sumado al cierre de Minera El Abra, impactan en la densidad de trabajadores.
Negocios e industria

Rajo Chuquicamata
29/04/2020

(El Mercurio de Calama) Los planes de contingencia contra la propagación del Covid-19 que ha implementado Codelco y las cuatro divisiones que integran su distrito norte, sumado a la decisión de Minera El Abra de cerrar sus operaciones desde este lunes como parte del nuevo plan minero de Freeport-McMoRan, han reducido las dotaciones mineras en la zona en cerca de 7.500 personas.

Entre los esfuerzos de Codelco se considera la suspensión de las obras remanentes del proyecto Mina Chuquicamata subterránea, informada el miércoles 25 de marzo, en práctica desde el 3 de abril y por espacio de 15 días que ya fueron extendidos.

Construcción que hoy mantiene sólo personal acotado, para resguardar la seguridad de las instalaciones y los equipos. Esta medida, según detalló la cuprífera, significó la salida de al menos 2.500 contratistas de la división.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario] https://www.mercuriocalama.cl/impresa/2020/04/29/full/cuerpo-principal/6/?utm_source=pagina&utm_campaign=soychile&utm_medium=7

(La Tercera / Pulso) Minería rechaza con fuerza las mociones de glaciares y de royalty

Con inquietud miran el Congreso los gremios productivos ante el atropello de mociones o ideas que pueden obstaculizar el funcionamiento de la economía. Ahora los ojos están puestos en los cambios anunciados a la ley de protección al empleo que fue enviado a comisión mixta, con la advertencia de que se impondrán más condiciones a las empresas grandes que se acojan al beneficio.
27/04/2020
Aunque hay dos voces en la minería, no hay duda respecto de los proyectos que el sector rechaza, porque pueden poner en peligro el desarrollo futuro de las inversiones en este rubro. El consenso entre la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el Consejo Minero se refiere a que miran con mucha atención las iniciativas de protección de glaciares, el establecimiento de un royalty minero, y la desalinización del agua.

“Nos preocupan algunos proyectos de ley de iniciativa parlamentaria que de aprobarse limitarían el desarrollo futuro de la minería. Entre estos destacan el del senador Girardi, sobre protección de glaciares que es más un proyecto antiminería. La certeza jurídica constituye un factor fundamental a considerar, y en este sentido no podemos hipotecar nuestra reputación de país serio con actitudes voluntaristas que no se ajustan al espíritu de la ley y al sentido común, o con proyectos testimoniales o populistas”, señaló el presidente de la Sonami, Diego Hernández.

Asimismo, el titular del Consejo Minero, Joaquín Villarino, precisó que el proyecto de glaciares tiene “serias deficiencias técnicas”, y se refirió a los efectos negativos del texto que establece un royalty por la explotación del cobre y el litio. “No compartimos los fundamentos de este proyecto debido a que el actual Impuesto Específico a la Actividad Minera tiene toda la naturaleza y fundamento de un royalty. Cabe destacar que las compañías mineras del país cuentan con una carga tributaria total en torno al 43%, cifra que solo es superada por Australia y que sitúa a Chile sobre la media mundial en este aspecto. Estimamos que no debe analizarse el monto del royalty individualmente”, subrayó.

Al respecto, Hernández recordó que si este royalty estuviera vigente en una coyuntura como la actual, “como es un impuesto a las ventas y no al margen operacional, alrededor de 40% de las operaciones mineras estarían paralizadas”.

Entre otros temas, la Sonami destacó el proyecto que podría nacionalizar la explotación de litio; mientras que el Consejo Minero se enfocó en que el proyecto de reducción de jornada no afecte a las jornadas especiales que se han pactado en las faenas ya que podrían incidir en la productividad.
Construcción propone dar urgencia a iniciativas de proinversión y notarios

Más que por el avance de proyectos, la Cámara Chilena de la Construcción está preocupada por iniciativas que hace unos meses caminaban en el Congreso, y que hoy en vista de la urgencia de la pandemia han dejado de ser prioridad.

Este es el caso del proyecto que promueve la inversión que tras varias negociaciones había salido humo blanco en enero, y aún espera su ratificación en la Comisión de Economía del Senado. “Es necesario acelerarlo porque da sustento normativo y financiero para que las Direcciones de Obras Municipales puedan operar en línea, ya que el cierre de diversas DOM ha paralizado proyectos”, comentó el presidente del gremio, Patricio Donoso.

La misma situación, acotó, ocurre con el proyecto de notarios: “Se requiere una urgente modernización, mediante el uso de tecnologías, de la labor de notarías y conservadores de bienes raíces”.

Respecto de las urgencias actuales, la Cámara está atenta a lo que suceda con el proyecto que perfecciona la ley de protección de empleo: “Es importante que se definan sus alcances con absoluta precisión y sin alterar su objetivo final, que es proteger al trabajador con independencia del tipo de empresa en la que se desempeña”, recalcó Donoso.

Y en el plano más sectorial criticó el proyecto que modifica la ley de ductos, porque eleva los costos de construcción.
Comercio atento a la mixta que verá cambios a ley de protección del empleo

Alertas a lo que pueda suceder con los cambios anunciados a la ley de protección del empleo están en la Cámara Nacional de Comercio (CNC). “Es preocupante que quieran reformar este articulado que recién está en vigencia.Quieren regular el acceso y que las grandes empresas no la usen sino que sea solo para pymes”, sostuvo el presidente del gremio, Manuel Melero.

Recordó que presenció la última discusión en el Congreso sobre el tema, comentando que hay muchos discursos que parecieran olvidar lo que está sucediendo en su sector desde el 18 de octubre. “Hay un discurso contra las grandes empresas, se dicen una cantidad de cosas que me dejaron muy alarmado porque no entienden lo que está pasando. En el comercio llevamos 6 meses de ventas bajísimas y ahora, nulas, entonces es difícil pagar las remuneraciones que representan como el 70% de los costos. Me preocupa que echen abajo esta ley porque en nuestro sector han habido decenas de miles de despidos y si no fuera por este seguro serían mucho más, es una situación muy difícil para el sector, es terrible”, manifestó.

Otros proyectos que la CNC monitorea son la reducción de jornada, y la protección de datos personales. Y aún están a la espera que se le dé urgencia a un proyecto que salió de la mixta en octubre para sancionar el comercio informal, “nos parecía que era extraordinariamente importante pero ahora si lo digo, me crucifican”.
SNA llama a apurar el TPP 11 y el plan especial para apoyar La Araucanía

-La reforma al Código de Aguas sigue siendo el principal tema de preocupación para la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), cuyo trámite lleva 9 años en el Congreso ante la imposibilidad de encontrar acuerdos respecto de la caducidad de los derechos de agua.

No obstante, en los últimos meses se han agregado dos proyectos que inquietan: la reforma de pensiones y de reducción de jornada. “El aumento de las pensiones es una necesidad país y un deber moral. Sin embargo, nos preocupa que solo se continúen encareciendo los costos laborales que, a la larga, solo generará un desincentivo a la contratación de mano de obra” manifestó el presidente del gremio Ricardo Ariztía.

Por otro lado, la SNA aboga por el avance de dos iniciativas que si bien fueron muy anunciadas, hoy duermen en las oficinas del Congreso. Uno, es el Plan Especial de Inversiones para La Araucanía que ingresó en octubre de 2017 a la Cámara de Diputados y no ha experimentado ningún avance. El segundo, es la ratificación del TPP 11 que tras el estallido social no ha estado en tabla para votación en la sala del Senado: “Los 11 países constituyen un mercado de 498 millones de personas, el 13,3% del PIB mundial. Chile no puede darse el lujo de quedarse fuera por mitos que no resisten el más mínimo análisis”, recalcó Ariztía.
Sofofa con el ojo puesto en el proyecto de no pago de servicios básicos

-Dada la heterogeneidad de los integrantes de la Sociedad de Fomento Fabril, la Sofofa está encima de varias de las iniciativas que han proliferado en los últimos días de la mano de mociones parlamentarias, en especial aquellas referidas a servicios domiciliarios.

“Algunas mociones refundidas, tanto de los diputados como de los senadores, buscan regular prohibiendo el corte de suministro de servicios básicos por mora en el pago y extendiendo los plazos y el universo de beneficiarios sin ningún tipo de compensación a las empresas”, indicó el director de Políticas Públicas de la entidad, Rafael Palacios, recordando que las empresas habían acordado con el gobierno ofrecer facilidades a los clientes del 40% más vulnerable.

Con atención también observan la aplicación de los dos paquetes económicos especiales aprobados. Respecto al de ampliación de garantías del Fogape solicitan urgencia a los procedimientos: “especialmente relevante es la velocidad para que las líneas de liquidez fluyan rápido a las empresas”. Y en cuanto a las de protección del empleo recalcó que “aún quedan aspectos relevantes por resolver, como por ejemplo, la factibilidad de la entrega por el empleador de beneficios o complementos adicionales a los ingresos del seguro de cesantía. Estos aspectos requerirán de un dictamen de la Dirección del Trabajo que interprete de forma coherente y armónica las disposiciones”.

Y en el largo plazo, los proyectos que la Sofofa monitorea con especial celo son la reforma del sistema de impacto ambiental que esperan sea reformulada, y la que fija una Ley Marco de Cambio Climático. “Su avance es fundamental para contar prontamente con los instrumentos que le permitan al sector privado catalizar acciones de mitigación y adaptación, pero se requiere mejorar algunos aspectos de la gobernanza climática”, apuntó Palacios.
https://www.mch.cl/2020/04/27/los-proyectos-de-ley-que-intranquilizan-al-sector-privado-en-medio-del-covid-19/

20/04/2020
Se trata del proceso que el Tribunal Ambiental de Santiago acogió el año 2016, donde también está participando el Consejo de Defensa del Estado.

Un nulo avance ha tenido el proceso que tiene a los pescadores de la bahía de Quintero en conversaciones con las 11 empresas que operan en la zona llamada de sacrificio y que ha sido víctima de varios escenarios de contaminación. Se trata del proceso que el Tribunal Ambiental de Santiago acogió el año 2016, donde también están participando el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo de Defensa del Estado.

De hecho, son estos dos organismos los que han dilatado la potencial conciliación a la que se ha estado apelando en las últimas sesiones. Así se consigna en el acta de la última sesión que se realizó en febrero -la citada para fines de marzo se suspendió por el coronavirus-, en la que se plantea que la justificación de los organismos del Estado es que algunas de las peticiones de los demandantes van más allá de las facultades que en este caso tiene el ministerio que dirige Carolina Schmidt y pide un prórroga para entregar más detalles sobre las acciones que puede realizar, pero las partes y también las empresas solicitan que el organismo sea más preciso en las facultades que tiene.

“Lo que se ha escuchado del ministerio es insuficiente. Afirma que esto va más allá de la gestión del Estado en la bahía. Señala que es la última oportunidad para que el Estado se haga cargo del problema. Lo entendemos como una decisión política de no querer continuar. No sé si tiene sentido la prórroga solicitada ya que opinar sobre gobernanza no es suficiente. Sin el Estado, el proceso de conciliación no tiene mucho sentido”, señala la abogada de la demandante, Cristina Lux Acuña, según consta en el registro de la audiencia de febrero pasado.

Los demandantes reclaman que se reconozca y repare el daño ambiental del que han sido víctimas, “daño que ha sido ocasionado por la contaminación de las bahías de Quintero y Ventanas que se produce desde hace más de 50 años por el ejercicio irresponsable de la actividad económica de las industrias en el Complejo Industrial Ventanas, así como por el actuar negligente y omisivo del Estado al aprobar indiscriminadamente los proyectos ahí emplazados, fiscalizarlos escasa e ineficazmente y no actualizar oportunamente las normas, políticas y demás instrumentos de gestión ambiental que podrían haber evitado o al menos disminuir significativamente la contaminación que estas empresas han emitido y siguen emitiendo”.

El rol de Medio Ambiente en acuerdo conciliatorio por la contaminación de Quintero

15/04/2020
Punta Negra

Consejo de Defensa del Estado acusó que la minera, operada por BHP, ha provocado un daño “continuo, acumulativo, permanente e irreparable” al salar de Punta Negra.

El Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, acogió hoy a trámite una demanda por daño ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Minera Escondida, de la australina BHP. Esto, “por el daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable del salar de Punta Negra”.

En su demanda, el CDE señaló que el daño ambiental causado se funda en siete aspectos: disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo del sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida del hábitat lo que afecta a la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.

Entre los argumentos entregados por el organismo de defensa fiscal está en que se sustenta “por la conducta de la empresa al mantener una extracción permanente y continua de agua fresca subterránea proveniente del acuífero del salar para satisfacer las necesidades de sus faenas mineras entre los años 1990 a 2017”.

Se funda, además, en que “dicha extracción sostenida fue tal que el acuífero no podrá recuperarse por sí solo en un orden de 100 años, lo cual a provocado a su vez, un impacto significativo” sobre la flora, fauna y biodiversidad del sector.

Otro de los aspectos de la demanda fue que hasta el año 2017 (fecha en la cual se cesa la extracción de agua) a lo menos cinco proyectos o actividades de la empresa contemplan el uso de aguas extraídas desde campos de pozos ubicados en el salar, los que tenían Resolución de Calificación Ambiental, RCA, favorable, no obstante, “en ninguno de ellos se reconocen ni evalúan los impactos significativos sobre el componente hídrico, ni tampoco medidas de mitigación o compensación asociadas”.

Para el Consejo de Defensa del Estado, si bien la empresa históricamente hizo uso de sus derechos de aprovechamiento de aguas previamente constituidos, ello no evitó que la extracción causara un menoscabo o deterioro significativo sobre el acuífero del salar.

Según el abogado y jefe del área de Medio Ambiente de Elías Abogados, Jorge Cash, es especialmente relevante analizar los argumentos de la demanda del CDE, en lo referido a la calificación “continua” e “irreversible” del daño.

“Por un lado, está indicando que la prescripción de la acción solo podrá comenzar a computarse una vez que cesa el daño, lo que a juicio del CDE no ha ocurrido, más aún, persiste la extracción permanente de agua subterránea que ha impedido la capacidad de regeneración del acuífero. Por otra parte, será importante determinar cómo se acredita la irreversibilidad del daño generado en el acuífero, por cuanto dicha supuesto abre una discusión muy relevante en materia de indemnización de perjuicios”, indicó.
Fuente: Pulso
http://www.nuevamineria.com/revista/tribunal-acoge-demanda-del-cde-contra-minera-escondida-por-dano-ambiental-en-salar/

02/04/2020
En Chile, el despojo y saqueo extractivo, genera múltiples impactos y violaciones a los derechos humanos. Uno de ellos, es el derecho al agua. En el actual momento de pandemia por el COVID-19, la escasez de agua gana proporciones aún más graves para la población en situación de mayor vulnerabilidad.

La consigna “No es sequía, es saqueo” se ha masificado en el contexto del estallido social en Chile. Esta es la expresión de los cientos de conflictos por el agua y medioambientales que han surgido en las últimas décadas frente al saqueo de la minería, el sector energético, el agronegocio y las empresas forestales. El desarrollo extractivo en Chile va de la mano de una gran presencia de capital extranjero. Las inversiones canadienses es una de las más importantes, principalmente en la minería, la electricidad, y en el lucrativo negocio de las empresas sanitarias.

Es importante resaltar que en Chile, el agua fue privatizada bajo la dictadura de Pinochet en la constitución de 1980. A través del código de aguas, entregó “derechos de aprovechamiento” a privados, de forma perpetua y gratuita, lo que ha privilegiado la creciente demanda de la industria extractiva.

El Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), conversó con movimientos y organizaciones sociales que luchan por la defensa del territorio y por la recuperación del agua. La lucha del Movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medioambiente (MODATIMA) ha sido emblemática en Chile, como nos cuenta Rodrigo Faundez: “La situación en Chile es muy crítica en distintos lados del país porque atravesamos un stress y una crisis hídrica que se viene acumulando cerca de 10 años producto de varios factores. Pero sumado a eso Chile es un país que tiene privatizadas sus aguas y un modelo primario exportador que exporta materias primas. Es uno de los exportadores mundiales de cerezas, paltas, cítricos, vinos y tiene muchísima superficie plantada en la zona central del país plantada por este tipo de cultivos. Esto genera un alto stress sobre los suelos de los territorios donde se emplazan estas actividades productivas. Esto ha generado con el tiempo sobretodo en la última década un número creciente de conflictos territoriales que se enfrentan a empresas que contaminan y es tanto el nivel de producción que terminan secando esteros, ríos y fuentes de aguas naturales. Entonces nosotros decimos que el saqueo extractivo efectivamente se expresa en las grandes empresas de distintos rubros, sobreexplotan el agua, la tierra, contaminan, y esta sobreexplotación amparada en la legislación privatizadora del agua y privatizadora y de todos los bienes comunes naturales termina por hacer estallar conflictos en distintas latitudes del país. La situación de robo de parte de las grandes empresas en cantidades industriales, el conflicto que se empezó a producir por distintas comunidades por el acceso humano y el derecho al agua decantó en la creación de este movimiento que lleva cerca de 10 años de existencia y de lucha a nivel nacional y que hoy estamos en distintas regiones del país. Ya estamos en 11 de 16 regiones del país porque la lucha por el agua ha crecido, se ha multiplicado y el movimiento ha pasado a ser uno de los más importantes en la denuncia nacional y a nivel internacional sobre el derecho al agua interviniendo en distintos debates públicos sobre el tema”.

En pleno estallido social, Chile participó al encuentro más importante del sector minero que tuvo lugar en marzo de este año en Toronto, Canadá. Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) nos comenta sobre esto: “El litio en Chile se encuentra en salares donde viven comunidades indígenas, donde hay ecosistemas frágiles, especies en peligro de extinción y el ministro de minería va a Toronto a ofertar la posibilidad de explotar los 52 salares que existen en el norte de nuestro país. No sólo el Salar de Atacama que es el salar más importante que tiene nuestro país sino que todos los salares que algunos de ellos incluso están protegidos por convenciones ambientales internacionales como la convención de Ramsar (ya confirmado que se escribe así) en este caso de humedales alto andinos”.

Chile otorga a las concesiones mineras un derecho preferente para usar las aguas sin ninguna restricción. Gran parte de la matriz energética en Chile proviene de las hidroeléctricas, siendo el mayor consumidor de esta energía el sector minero. Esto ha impulsado el desarrollo hidroeléctrico en el sur del país principalmente en territorios de comunidades mapuches.
Ximena Cuadra, de la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) que hace parte del Movimiento por el agua y los territorios (MAT), nos cuenta sobre la situación en la zona centro-sur del país: “En este territorio, los principales conflictos en torno al agua están asociados a los dos grandes procesos extractivos que se viven en el sur de Chile. Uno es la industria forestal y el segundo es la expansión de la hidroelectricidad. Para explicar el conflicto del agua con respecto al sector forestal, lo que es importante señalar es que las expansiones de tierra que ocupan las forestales son miles dentro del país. Las empresas forestales capturan una cantidad importante de agua que se produce a través de las napas subterráneas. Por lo tanto van secando las fuentes de agua de la que disponen comunidades aledañas a las empresas forestales las napas y eso tiene consecuencias directas en la población. Con respecto a los conflictos con las centrales hidroeléctricas, estas capturan el agua para construir embalses. En Chile la constitución reconoce el sistema privado del mercado de las aguas y por lo tanto el agua que corre por los ríos no es de quien posea la tierra, por lo tanto las centrales hidroeléctricas han acumulado derechos de agua más allá de los que utilizan. Entonces en la región de la Araucanía sólo el 3% de los derechos del agua se utiliza para el consumo y está en manos de sanitarias, comunidades mapuches y comités de agua potable. El resto de los derechos de agua están concentrados en el riego y para la hidroelectricidad. El 21,5% de las viviendas en la región de La Araucanía accede a agua potable en camiones aljibes y eso representa a 42 mil personas”.

Según OLCA, diversas regiones del país se han declarado como “Zonas de emergencia agrícola” afectando a más de 11 millones de personas. A esto se suma, las 147 comunas en situación de escasez hídrica, según lo denunciado por MODATIMA. Rodrigo Faundez, nos comenta cómo se enfrenta esta situación frente al COVID 19: “Por la crisis hídrica se multiplican cada vez más esa forma de abastecimiento de agua en las zonas rurales y eso significa que es probable que también sean una fuente de contagio y un vector del coronavirus porque no hay fiscalización ni vigilancia sobre esa red de camiones que distribuye agua potable en las zonas rurales. Estamos también demandando que los sectores relacionados con el agua vigilando que empiezan a imponer sus intereses especulativos y financieros en el covid o post covid en estos temas”.

Canadá es el tercer país que más invierte en Chile si se suma a su participación en la minería, al del sector eléctrico y de aguas sanitarias. Si consideramos solo el sector minero, Canadá es la principal fuente de capital extranjero, con más de 40 sociedades mineras y más de 100 proyectos en el país. Existen diversas instancias del gobierno canadiense que contribuyen a facilitar sus inversiones en el extranjero, como nos explica Lucio Cuenca de OLCA: “Una de las grandes problemáticas que ha profundizado la desigualdad y ha empobrecido nuestro país y ha precarizado la vida en muchas dimensiones son las inversiones extranjeras en la explotación de los recursos naturales y específicamente en la explotación de la minería. En ese ámbito, Canadá tiene un rol fundamental. Para eso, se ha contado con una política sistemática del Estado, del gobierno canadiense a través de la Agencia de crédito para las exportaciones de Canadá que otorgan créditos a empresas, pero no sólo eso sino que también entregan el respaldo político para que estas operaciones se puedan realizar en nuestro país. Ha negociado en condiciones favorables estos créditos y que todos sabemos, tienen beneficios para las empresas pero son condicionados por el gobierno canadiense para que se negocie directamente con otras empresas canadienses para proveer servicios, tecnologías, etc. por lo tanto son relaciones extremadamente interesadas y que hacen omisión a las violaciones de derechos humanos en Chile”.
El Fondo de pensiones de profesores de Ontario-Canadá es propietario de cuatro empresas sanitarias que proveen de agua potable, tales como Aguas del Valle, Nuevo Sur, ESVAL y ESSBIO. Controla así más de un tercio del lucrativo mercado sanitario. Según datos de MODATIMA, de las 10 ciudades con la tarifa de agua más cara en América latina, 7 de ellas son de Chile alcanzando un precio de hasta 346$ USD mensuales. De igual forma, el Fondo de pensiones de profesores de Ontario posee el 50% de la empresa de distribución y transporte de electricidad SAESA. Esta empresa está asociada a una serie de conflictos y violaciones de derechos humanos en territorios de comunidades indígenas al sur de Chile.

Uno de los casos más emblemáticos ha sido el conflicto con la comunidad newen de Tranguil asociado al feminicidio empresarial de Macarena Valdés, aún impune. Además, la empresa SAESA busca implementar una serie de torres de tendido eléctrico de alto impacto en la comunidad Mapuche Williche Alto Fundo Gamboa.

Lucio Cuenca de OLCA nos comenta sobre los intereses que están en juego para Canadá frente al estallido social. El gobierno canadiense ha hecho caso omiso de la situación de violación de derechos humanos: “Mucho de la precarización que se vive hoy en los territorios corresponde a la intervención de empresas canadienses. La apropiación del agua en muchos territorios que incluso dejan sin posibilidad de desarrollar la vida a muchas comunidades indígenas o campesinas del norte de Chile. La política de relaciones comerciales e inversiones entre Chile y Canadá es fuertemente impulsada por el gobierno canadiense y su embajada acá en Santiago. Esto se debe a la incursión de las inversiones canadienses en nuestro país donde la embajada canadiense por ejemplo actúa casi como una agencia de apoyo de estas empresas para ejercer presiones políticas, para buscar soluciones a los inconvenientes que tienen estas inversiones en nuestro país. Por lo tanto hay una relación muy íntima entre la inversión canadiense en minería, la apropiación de los recursos naturales no sólo mineros, sino que también en este caso en el agua y la violación de derechos humanos que ocurre en muchos lugares de Chile y por lo tanto ahí entendemos por qué el gobierno canadiense ha dado silencio luego del estallido social y de la revuelta social que hemos vivido en los últimos meses. No ha tenido una condena a la vulneración de los derechos humanos que ha cometido el gobierno de Piñera”.

Desde Canadá, reporta Christina Ayala del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL).

Enlace para descargar, Reproductor de Audio:
https://aler.org/node/7214?fbclid=IwAR1Wwh0h5c12AdS7Xxi_wvDA7E0PP_4SgfAU9i99FUlhsJJEDATmBSMk-JI