7/5/2020
Evidente ha sido como en las últimas semanas los empresarios nacionales y extranjeros definen qué es y no estratégico en la economía nacional. Dictan la pauta al gobierno en un escenario de contingencia sanitaria, nos exponen como trabajadores solo para asegurar sus millones.

Sobre esto, dirigentes denuncian lo expuestos que están como trabajadores y como las empresas BHP Billiton, Anglo American y Codelco privilegian sus ganancias por sobre la vida de las y los trabajadores.

Hermann Álvarez y Erwin Muñoz son dirigentes del sindicato Komatsu Reman, empresa declarada esencial por sus servicios a la gran minería, y se proponen contar la realidad que viven las y los trabajadores en medio de esta pandemia, además de compartir reflexiones que permitirían dar solución concreta a la crisis sanitaria.

Indican que hay bastante preocupación entre las y los trabajadores ante el posible contagio de uno de nuestros compañeros de trabajo, junto con esta “vuelta a la normalidad” y la entrega de salvoconductos para que sigamos operando la fábrica.

«Sabemos que la situación del país es compleja y sobre todo para nosotros quienes estamos todos los días en el trabajo, vemos que desde el gobierno sólo se resguarda las ganancias de empresarios, las suspensiones y despidos arrojan a miles de trabajadores a la pobreza, hay inflación del 20% en los artículos de primera necesidad, hospitales públicos repletos de contagiados y sin insumos para los trabajadores de la salud, ante esta realidad concluimos que los responsables son el gobierno y los gremios empresariales, ellos a toda costa quieren mantener la continuidad productiva, donde se propague el contagio y hacernos pagar esta crisis a los trabajadores con esta ley de protección al empleo» señala Erwin Muñoz.

«Recientemente la gerencia comenzó la entrega de salvoconductos, para que compañeros en cuarentena vuelvan a trabajar, ya que la fábrica pasó a ser considerada como «servicio esencial» por dar soporte a mineras como Bhp Billiton, Anglo American y Coldelco, ¿Pero acaso las mineras son esenciales para la vida? No son de primera necesidad, sino al contrario, destruyen el planeta y contaminan el medio ambiente, el gobierno las declara esenciales para que los empresarios sigan ganando riqueza a costa de nuestra vida» plantea Hermann Álvarez.

«Las fábricas y centros de distribución siguen funcionando con total normalidad, ya que cuentan con el respaldo del gobierno, sus ministerios y los empresarios mineros; se trabaja en comunas donde hay cuarentena y se nos presentan los salvoconductos como de libre elección, pero sabemos que si nos negamos se merma nuestro sueldo al fin de mes o podemos ser despedidos, es como si pusieran una pistola sobre la mesa» dice Erwin Muñoz.

“Pero ya que la fábrica se declaró como servicio esencial, podríamos vincular todo nuestro trabajo para ayudar a hospitales, nosotros trabajamos con fierros, perfectamente podríamos hacer catres y camas hospitalarias, incluso podríamos fabricar prototipos de respiradores mecánicos, esto si es primera necesidad» señala Hermann Álvarez.

“Sabemos las ganancias del holding fueron exorbitantes, sólo el 2019 se obtuvieron 1500 millones de dólares, perfectamente estas ganancias podrían ser administradas para adquirir las materias primas que necesitamos para la fabricación de camas y respiradores mecánicos, pero esto no es así todo se va para el capitalista japonés» dice Erwin Muñoz. Agrega «Además incluso con esa misma plata podrían subvencionar todos los bonos e incentivos de producción que quieren descontar a nuestros compañeros por haber estado en cuarentena, incluso que exista el goce total del sueldo para todos los trabajadores» .

«Existe la posibilidad que uno de nuestros compañeros de positivo con COVID-19, el compartió camarines, casino y el mismo trabajo al interior de la fábrica, ante esto es crucial que exista la implementación de test para todos los trabajadores de la fábrica, esta exigencia es tanto para la empresa como para el mismo gobierno, si no hay test masivos la gente infectada no podrá ser aislada y seguiremos contagiándonos» señala Hermann Álvarez.

«Hacemos un llamado a todos los trabajadores a organizarnos, prepararnos para enfrentar estos ataques por parte del gobierno de Piñera, y a denunciar los abusos por parte de los empresarios» finaliza Erwin Muñoz.
http://www.laizquierdadiario.cl/BHP-Billiton-define-y-el-gobierno-acata-industria-minera-es-declarada-esencial

El programa de cumplimiento de la minera había sido cuestionado con anterioridad ante el Tribunal Ambiental de Santiago por el mismo vecino de Alhué, ante lo cual la compañía presentó uno nuevo.
Negocios e industria

30/04/2020

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación interpuesta por Juan Gilberto Pastene Solís en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), asociada a la aprobación del programa de cumplimiento ambiental de Minera Florida, ubicada en la comuna de Alhué, Región Metropolitana.

El programa de cumplimiento de Minera Florida había sido cuestionado con anterioridad ante el Tribunal Ambiental de Santiago por el mismo vecino de Alhué. En esa oportunidad, el 24 de febrero de 2017 el Tribunal dictó sentencia acogiendo la reclamación contra la SMA, fundamentalmente porque los efectos de las infracciones no fueron debidamente abordados. Esta resolución fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema al rechazar los recursos de casación interpuestos contra el fallo ambiental.

Tras el cierre del proceso judicial, la Superintendencia -dando cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Ambiental- solicitó a Minera Florida la presentación de un nuevo programa de cumplimiento que se hiciera cargo de los defectos del primero. Este último fue aprobado por la SMA en diciembre de 2017 y es motivo de la reclamación que por medio de esta sentencia resuelve el Tribunal.

En su análisis de la causa, el Tribunal llama la atención respecto de la importancia de cuidar los programas de cumplimiento como instrumento de incentivo al cumplimiento, a la luz de la Ley Orgánica de la SMA. Recordó que estos tienen como objetivo inmediato el retorno al estado de cumplimiento del infractor, sin perjuicio que el fin último siempre sea la protección del medio ambiente, cuestión que subyace importantes implicancias sobre la naturaleza y límites del instrumento.

Es por ello -continúa- que el legislador ha puesto un especial énfasis en el valor que tiene el cumplimiento ambiental, estando incluso dispuesto a renunciar a la sanción con tal de traer de manera más eficiente al infractor a un estadio normativo de cumplimiento y no dejarlo fuera de él.

Así, el fallo se enfoca en los efectos particulares de carácter negativo que el infractor se encuentra obligado a reducir o eliminar en el contexto de un programa de cumplimiento, los que -señala- deben ser relevantes desde el punto de vista ambiental, esto es, que tengan una entidad tal que requieran ser abordados -reducidos o eliminados- en el programa.
https://www.mch.cl/2020/04/30/tribunal-ambiental-rechazo-reclamacion-en-contra-de-la-sma-por-aprobacion-de-programa-de-cumplimiento-de-minera-florida/

Exactamente hace un año atrás, como comunidad de toda la cuenca del Valle del Huasco comenzábamos a escuchar con preocupación los rumores de sondajes del proyecto Nueva Unión en mitad del río Huasco, en el sector Maitencillo, Freirina; el que entre otras cosas proyecta pasar un mineroducto a 24 metros debajo de sus aguas.

Los rumores se hicieron realidad y fue así como el 2 de mayo agricultores, regantes, dueñas de casa, pobladores, habitantes, crianceros y artesanos de toda la cuenca nos volcamos al sector que sería intervenido con la fuerte convicción de frenar ese flagelo y daño a nuestro río, que es nuestra vida.

Investigamos y comprendimos que las obras no contaban con evaluación ambiental, por tanto que eran ilegales, y con horror nos informamos que la empresa había y estaba efectuando más de 193 sondajes en toda la cuenca, todos ellos también sin evaluación; y los cuales ya habían causado graves daños a las aguas, flora y fauna, entre otras dolorosas consecuencias.

Fue así como, en paralelo de intentar de paralizar las obras in situ e instaurar una vigilancia comunitaria, de pedir los permisos a la empresa que nunca llegaron y de que, incluso vecinos fueran tomados detenidos, ingresamos un recurso de protección, que fue declarado admisible y el que además dio curso a una medida cautelar que paralizó todo sondaje hasta la fecha. Posteriormente, fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Copiapó quien lamentablemente erró en una serie discernimientos. Por lo que apelamos a la Corte Suprema, siendo acogida a trámite y por la cual este 29 de abril se realizan sus alegatos.

Este es otro caso escandaloso que da cuenta de que los derechos básicos como son el bien común, a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, supuestamente asegurados en nuestra Constitución no se respetan si es necesario mantener el sistema y modelo. La abogada de la comunidad, Alejandra Donoso de la Defensoría Ambiental es tajante en valorar la importancia de la causa y de los alegatos que se desarrollarán: “El abuso del Derecho en que se incurre al basarse en un desequilibrio en el acceso a la información, participación y a la justicia ambiental, para conseguir fines individuales, en desmedro de la protección del patrimonio ambiental, es una conducta que se reitera en nuestro país, y que es necesario que la más alta magistratura revise. En este caso, esta actitud ha permitido la materialización de un gran número de sondajes en un lugar con un frágil equilibrio ecosistémico, a sabiendas de la autoridad administrativa y judicial, sin que la propia autoridad fiscalizadora tenga claro cuál es el universo real de impactos al que nos enfrentamos cuando hablamos del proyecto Nueva Unión”.

Por su parte desde el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco y la Coordinadora por la Vida del Valle del Huasco con claridad insisten en que este proyecto no tiene ni tendrá Licencia Social para su ejecución.

El plan de contingencia de las cuatro divisiones de Codelco, que redujo en un 30% sus contratistas y suspendió su proyecto Mina Chuquicamata subterránea, sumado al cierre de Minera El Abra, impactan en la densidad de trabajadores.
Negocios e industria

Rajo Chuquicamata
29/04/2020

(El Mercurio de Calama) Los planes de contingencia contra la propagación del Covid-19 que ha implementado Codelco y las cuatro divisiones que integran su distrito norte, sumado a la decisión de Minera El Abra de cerrar sus operaciones desde este lunes como parte del nuevo plan minero de Freeport-McMoRan, han reducido las dotaciones mineras en la zona en cerca de 7.500 personas.

Entre los esfuerzos de Codelco se considera la suspensión de las obras remanentes del proyecto Mina Chuquicamata subterránea, informada el miércoles 25 de marzo, en práctica desde el 3 de abril y por espacio de 15 días que ya fueron extendidos.

Construcción que hoy mantiene sólo personal acotado, para resguardar la seguridad de las instalaciones y los equipos. Esta medida, según detalló la cuprífera, significó la salida de al menos 2.500 contratistas de la división.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario] https://www.mercuriocalama.cl/impresa/2020/04/29/full/cuerpo-principal/6/?utm_source=pagina&utm_campaign=soychile&utm_medium=7

(La Tercera / Pulso) Minería rechaza con fuerza las mociones de glaciares y de royalty

Con inquietud miran el Congreso los gremios productivos ante el atropello de mociones o ideas que pueden obstaculizar el funcionamiento de la economía. Ahora los ojos están puestos en los cambios anunciados a la ley de protección al empleo que fue enviado a comisión mixta, con la advertencia de que se impondrán más condiciones a las empresas grandes que se acojan al beneficio.
27/04/2020
Aunque hay dos voces en la minería, no hay duda respecto de los proyectos que el sector rechaza, porque pueden poner en peligro el desarrollo futuro de las inversiones en este rubro. El consenso entre la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el Consejo Minero se refiere a que miran con mucha atención las iniciativas de protección de glaciares, el establecimiento de un royalty minero, y la desalinización del agua.

“Nos preocupan algunos proyectos de ley de iniciativa parlamentaria que de aprobarse limitarían el desarrollo futuro de la minería. Entre estos destacan el del senador Girardi, sobre protección de glaciares que es más un proyecto antiminería. La certeza jurídica constituye un factor fundamental a considerar, y en este sentido no podemos hipotecar nuestra reputación de país serio con actitudes voluntaristas que no se ajustan al espíritu de la ley y al sentido común, o con proyectos testimoniales o populistas”, señaló el presidente de la Sonami, Diego Hernández.

Asimismo, el titular del Consejo Minero, Joaquín Villarino, precisó que el proyecto de glaciares tiene “serias deficiencias técnicas”, y se refirió a los efectos negativos del texto que establece un royalty por la explotación del cobre y el litio. “No compartimos los fundamentos de este proyecto debido a que el actual Impuesto Específico a la Actividad Minera tiene toda la naturaleza y fundamento de un royalty. Cabe destacar que las compañías mineras del país cuentan con una carga tributaria total en torno al 43%, cifra que solo es superada por Australia y que sitúa a Chile sobre la media mundial en este aspecto. Estimamos que no debe analizarse el monto del royalty individualmente”, subrayó.

Al respecto, Hernández recordó que si este royalty estuviera vigente en una coyuntura como la actual, “como es un impuesto a las ventas y no al margen operacional, alrededor de 40% de las operaciones mineras estarían paralizadas”.

Entre otros temas, la Sonami destacó el proyecto que podría nacionalizar la explotación de litio; mientras que el Consejo Minero se enfocó en que el proyecto de reducción de jornada no afecte a las jornadas especiales que se han pactado en las faenas ya que podrían incidir en la productividad.
Construcción propone dar urgencia a iniciativas de proinversión y notarios

Más que por el avance de proyectos, la Cámara Chilena de la Construcción está preocupada por iniciativas que hace unos meses caminaban en el Congreso, y que hoy en vista de la urgencia de la pandemia han dejado de ser prioridad.

Este es el caso del proyecto que promueve la inversión que tras varias negociaciones había salido humo blanco en enero, y aún espera su ratificación en la Comisión de Economía del Senado. “Es necesario acelerarlo porque da sustento normativo y financiero para que las Direcciones de Obras Municipales puedan operar en línea, ya que el cierre de diversas DOM ha paralizado proyectos”, comentó el presidente del gremio, Patricio Donoso.

La misma situación, acotó, ocurre con el proyecto de notarios: “Se requiere una urgente modernización, mediante el uso de tecnologías, de la labor de notarías y conservadores de bienes raíces”.

Respecto de las urgencias actuales, la Cámara está atenta a lo que suceda con el proyecto que perfecciona la ley de protección de empleo: “Es importante que se definan sus alcances con absoluta precisión y sin alterar su objetivo final, que es proteger al trabajador con independencia del tipo de empresa en la que se desempeña”, recalcó Donoso.

Y en el plano más sectorial criticó el proyecto que modifica la ley de ductos, porque eleva los costos de construcción.
Comercio atento a la mixta que verá cambios a ley de protección del empleo

Alertas a lo que pueda suceder con los cambios anunciados a la ley de protección del empleo están en la Cámara Nacional de Comercio (CNC). “Es preocupante que quieran reformar este articulado que recién está en vigencia.Quieren regular el acceso y que las grandes empresas no la usen sino que sea solo para pymes”, sostuvo el presidente del gremio, Manuel Melero.

Recordó que presenció la última discusión en el Congreso sobre el tema, comentando que hay muchos discursos que parecieran olvidar lo que está sucediendo en su sector desde el 18 de octubre. “Hay un discurso contra las grandes empresas, se dicen una cantidad de cosas que me dejaron muy alarmado porque no entienden lo que está pasando. En el comercio llevamos 6 meses de ventas bajísimas y ahora, nulas, entonces es difícil pagar las remuneraciones que representan como el 70% de los costos. Me preocupa que echen abajo esta ley porque en nuestro sector han habido decenas de miles de despidos y si no fuera por este seguro serían mucho más, es una situación muy difícil para el sector, es terrible”, manifestó.

Otros proyectos que la CNC monitorea son la reducción de jornada, y la protección de datos personales. Y aún están a la espera que se le dé urgencia a un proyecto que salió de la mixta en octubre para sancionar el comercio informal, “nos parecía que era extraordinariamente importante pero ahora si lo digo, me crucifican”.
SNA llama a apurar el TPP 11 y el plan especial para apoyar La Araucanía

-La reforma al Código de Aguas sigue siendo el principal tema de preocupación para la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), cuyo trámite lleva 9 años en el Congreso ante la imposibilidad de encontrar acuerdos respecto de la caducidad de los derechos de agua.

No obstante, en los últimos meses se han agregado dos proyectos que inquietan: la reforma de pensiones y de reducción de jornada. “El aumento de las pensiones es una necesidad país y un deber moral. Sin embargo, nos preocupa que solo se continúen encareciendo los costos laborales que, a la larga, solo generará un desincentivo a la contratación de mano de obra” manifestó el presidente del gremio Ricardo Ariztía.

Por otro lado, la SNA aboga por el avance de dos iniciativas que si bien fueron muy anunciadas, hoy duermen en las oficinas del Congreso. Uno, es el Plan Especial de Inversiones para La Araucanía que ingresó en octubre de 2017 a la Cámara de Diputados y no ha experimentado ningún avance. El segundo, es la ratificación del TPP 11 que tras el estallido social no ha estado en tabla para votación en la sala del Senado: “Los 11 países constituyen un mercado de 498 millones de personas, el 13,3% del PIB mundial. Chile no puede darse el lujo de quedarse fuera por mitos que no resisten el más mínimo análisis”, recalcó Ariztía.
Sofofa con el ojo puesto en el proyecto de no pago de servicios básicos

-Dada la heterogeneidad de los integrantes de la Sociedad de Fomento Fabril, la Sofofa está encima de varias de las iniciativas que han proliferado en los últimos días de la mano de mociones parlamentarias, en especial aquellas referidas a servicios domiciliarios.

“Algunas mociones refundidas, tanto de los diputados como de los senadores, buscan regular prohibiendo el corte de suministro de servicios básicos por mora en el pago y extendiendo los plazos y el universo de beneficiarios sin ningún tipo de compensación a las empresas”, indicó el director de Políticas Públicas de la entidad, Rafael Palacios, recordando que las empresas habían acordado con el gobierno ofrecer facilidades a los clientes del 40% más vulnerable.

Con atención también observan la aplicación de los dos paquetes económicos especiales aprobados. Respecto al de ampliación de garantías del Fogape solicitan urgencia a los procedimientos: “especialmente relevante es la velocidad para que las líneas de liquidez fluyan rápido a las empresas”. Y en cuanto a las de protección del empleo recalcó que “aún quedan aspectos relevantes por resolver, como por ejemplo, la factibilidad de la entrega por el empleador de beneficios o complementos adicionales a los ingresos del seguro de cesantía. Estos aspectos requerirán de un dictamen de la Dirección del Trabajo que interprete de forma coherente y armónica las disposiciones”.

Y en el largo plazo, los proyectos que la Sofofa monitorea con especial celo son la reforma del sistema de impacto ambiental que esperan sea reformulada, y la que fija una Ley Marco de Cambio Climático. “Su avance es fundamental para contar prontamente con los instrumentos que le permitan al sector privado catalizar acciones de mitigación y adaptación, pero se requiere mejorar algunos aspectos de la gobernanza climática”, apuntó Palacios.
https://www.mch.cl/2020/04/27/los-proyectos-de-ley-que-intranquilizan-al-sector-privado-en-medio-del-covid-19/

20/04/2020
Se trata del proceso que el Tribunal Ambiental de Santiago acogió el año 2016, donde también está participando el Consejo de Defensa del Estado.

Un nulo avance ha tenido el proceso que tiene a los pescadores de la bahía de Quintero en conversaciones con las 11 empresas que operan en la zona llamada de sacrificio y que ha sido víctima de varios escenarios de contaminación. Se trata del proceso que el Tribunal Ambiental de Santiago acogió el año 2016, donde también están participando el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo de Defensa del Estado.

De hecho, son estos dos organismos los que han dilatado la potencial conciliación a la que se ha estado apelando en las últimas sesiones. Así se consigna en el acta de la última sesión que se realizó en febrero -la citada para fines de marzo se suspendió por el coronavirus-, en la que se plantea que la justificación de los organismos del Estado es que algunas de las peticiones de los demandantes van más allá de las facultades que en este caso tiene el ministerio que dirige Carolina Schmidt y pide un prórroga para entregar más detalles sobre las acciones que puede realizar, pero las partes y también las empresas solicitan que el organismo sea más preciso en las facultades que tiene.

“Lo que se ha escuchado del ministerio es insuficiente. Afirma que esto va más allá de la gestión del Estado en la bahía. Señala que es la última oportunidad para que el Estado se haga cargo del problema. Lo entendemos como una decisión política de no querer continuar. No sé si tiene sentido la prórroga solicitada ya que opinar sobre gobernanza no es suficiente. Sin el Estado, el proceso de conciliación no tiene mucho sentido”, señala la abogada de la demandante, Cristina Lux Acuña, según consta en el registro de la audiencia de febrero pasado.

Los demandantes reclaman que se reconozca y repare el daño ambiental del que han sido víctimas, “daño que ha sido ocasionado por la contaminación de las bahías de Quintero y Ventanas que se produce desde hace más de 50 años por el ejercicio irresponsable de la actividad económica de las industrias en el Complejo Industrial Ventanas, así como por el actuar negligente y omisivo del Estado al aprobar indiscriminadamente los proyectos ahí emplazados, fiscalizarlos escasa e ineficazmente y no actualizar oportunamente las normas, políticas y demás instrumentos de gestión ambiental que podrían haber evitado o al menos disminuir significativamente la contaminación que estas empresas han emitido y siguen emitiendo”.

El rol de Medio Ambiente en acuerdo conciliatorio por la contaminación de Quintero