por Leonardo Tapia Ovalle 18/06/2020
Hace un par de semanas desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) se publicó un informe relativo a los proyectos que están siendo evaluados ambientalmente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) durante el periodo equivalente a lo que ha transcurrido de pandemia en Chile. Se analizó de este modo entre el 1 de marzo y el 15 de mayo del presente año, mismo espacio temporal que fue comparado con los años 2019 y 2018.

Para sorpresa de lo que se esperaría, la cantidad de proyectos activos en evaluación ambiental durante el periodo analizado fue 2,5 veces superior al promedio de los dos últimos dos años y en términos de inversión (potencial) la diferencia es 7 veces superior.

De acuerdo a los comentarios y conclusiones de dicho informe, se destaca que en función del contexto económico cuesta entender este explosivo aumento en proyectos en evaluación; que debido al contexto sanitario la evaluación ambiental sería precaria y deficiente, ya que las condiciones laborales de los servicios públicos con competencia ambiental no serían las óptimas; se acusa un abuso empresarial acompañado de complicidad gubernamental al aprovecharse de las debilidades institucionales del momento lo que se traduciría en más facilidad para obtener aprobación y permisos ambientales. Así también, destaca la incapacidad de la comunidad en pronunciarse al respecto.

Dicho informe concluye que, “el intento de eludir niveles de evaluación ambiental un poco más exigentes, como podría ser la vía EIA, o de disfrazar el fraccionamiento de proyectos mayores por la vía de las DIA, se está en plena consolidación al permitir e incentivar esta verdadera avalancha de proyectos que claramente supera la capacidad de procesamiento del sistema en condiciones de pandemia, generando un forado de dimensiones desastrosas que se verán materializada en los próximos meses y años”.

Los datos revelados a la opinión pública por OLCA son relevantes en sí mismos, y a la vez son incomodos, pues de acuerdo a su informe los proyectos estarían siendo evaluados con deficiencias técnicas ya que los organismos públicos están operando a “media máquina”. Complementario a lo expuesto por OLCA, cabe destacar que los municipios han perdido injerencia en el proceso de evaluación ambiental durante los últimos meses, y que la participación ciudadana ha mermado o no se está realizando por razones obvias.

La participación ciudadana en el SEIA si bien existe, solo es obligatoria para Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y voluntaria en caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Pero en esta modalidad solo aplica siempre y cuando la comunidad lo solicite y solo para algunas tipologías de proyectos, lo que corresponde a aquellos que presentan cargas ambientales –es decir, proyectos que generan beneficio social pero a la vez externalidades negativas–. Así también, es importante destacar que históricamente –desde 1992 aproximadamente hasta la fecha– cerca del 95% de los proyectos han ingresado a evaluación en modalidad de DIA, y recién después de la gran reforma a la institucionalidad ambiental del año 2010 y la posterior actualización al reglamento del SEIA (mediante DS 40/2013), se incluyó la participación ciudadana en las DIA –con cargas ambientales–. En síntesis, en general el espacio para la participación ciudadana ha sido reducido y solo en los últimos años ha tomado mayor impulso.

Dicha falencia o debilidad institucional ha sido compensada en muchos casos por la acción y rol municipal, por ser el órgano del Estado que mayor conexión tiene con el territorio y con las necesidades de su comunidad, por lo cual su pronunciamiento ha sido fundamental ante proyectos que buscan ejecutarse en el territorio. No obstante, a partir de enero del 2020 el SEIA privó a los municipios de pronunciarse en un aspecto clave para el proceso de evaluación. ¿La razón o justificación de esta medida? Se desconoce… al menos, no es de conocimiento público.

Es así como hasta fines del 2019 los municipios podían pronunciarse en relación a los siguientes ámbitos:

1) Si el proyecto o actividad en cuestión cumple con la normativa de carácter ambiental
2) Si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300
3) La compatibilidad territorial del proyecto en relación al Plan Regulador Comunal y/o Seccional
4) La relación del proyecto con el Pladeco.

En la actualidad los municipios están imposibilitados de pronunciarse en cuanto a los efectos, características o circunstancias que podrían generar un impacto ambiental y, lamentablemente, esta obstrucción tiene directa injerencia sobre los puntos ciegos o ámbitos ambientales no regulados que los organismos sectoriales pasan por alto por no ser de su competencia, pero que los municipios si lograban observar y fortalecer en consecuencia la evaluación ambiental.

Por otra parte, nuestras comunidades están agobiadas. Los índices de cesantía aumentan cada día y las ollas comunes ya son una realidad en muchas localidades. Las capas populares que son la inmensa mayoría de nuestros compatriotas no pueden quedarse en casa y deben salir a las calles a buscar el sustento diario, pues con esta pandemia hemos evidenciado que en Chile son muy pocos los que pueden ahorrar y aguantar las vacas flacas. La ilusión de la “clase media” que nos han intentado hacer creer nunca existió, siempre fueron capas bajas con acceso a crédito y capacidad de endeudamiento.

Podemos dimensionar entonces el precario momento por el cual se está llevando a cabo la evaluación ambiental de proyectos de inversión, es decir, 1) que debido a la contingencia sanitaria existe mayor dificultad para evaluar correctamente los proyectos por parte de los funcionarios públicos, sumando a esto la gran cantidad de proyectos ingresados, 2) Participación ciudadana debilitada o ausente, por cuanto la preocupación más urgente e importante para las comunidades en estos momentos es subsistir económicamente y protegerse del virus, 3) municipalidades imposibilitadas de pronunciarse en lo fundamental, y de compensar por otra parte la ausencia de participación ciudadana.

Es así como en esta carrera por la aprobación ambiental de proyectos, el titular está corriendo prácticamente sin obstáculos. Cabe destacar, que el resultado de la evaluación ambiental se sintetiza en una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la cual recae sobre el proyecto o actividad y no sobre el titular, es decir, el proyecto posteriormente podría cambiar de titularidad.

Entonces, ¿podríamos estar ante una especulación de licencias ambientales?, en donde se estén evaluando proyectos que en verdad no se quieren ejecutar en el corto plazo, y se está aprovechando el contexto nacional para facilitar la obtención de RCAs y posteriormente hacer negocio con aquello, pues recordemos que las RCA tienen un plazo de caducidad de 5 años desde su aprobación… No me atrevo a asegurarlo, pero dejo abierta la pregunta.
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2020/06/18/salvoconducto-para-la-evaluacion-ambiental-durante-la-pandemia/

Informe conjunto dirigido al Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas de las Naciones Unidas, Don José Francisco Calí Tzay, elaborado por:
Comunidad Indígena Yagán de Bahía de Mejillones
Consejo de Pueblos Atacameños
Mesa de Coordinación de Pueblos Originarios del Budi
Municipalidad de Saavedra
Observatorio Ciudadano
Plataforma Política Mapuche
Junio 2020
Ver informe: https://observatorio.cl/emergencia-sanitaria-en-el-contexto-de-la-pandemia-por-covid-19-en-chile-y-su-impacto-en-los-derechos-de-los-pueblos-originarios/

Junio 20201.- Introducción
En el marco de la crisis sanitaria y económica que vive Chile y el mundo, los pueblos
indígenas u originarios son uno de los grupos más vulnerables frente a los impactos de la
pandemia y la crisis económica, debido a las diversas desigualdades que enfrentan en lo
social, económico y territorial; lo anterior, se une a la sobrecarga de enfermedades que
afrontan, como por ejemplo, los altos índices de diabetes e hipertensión arterial
producto de los cambios alimenticios causados por la reducción territorial(1).
Diversos organismos económicos y financieros han anunciado una crisis económica sin
precedentes y decenas de millones de personas desempleadas a raíz de la pandemia por
Covid-19. Para la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL
ha pronosticado el aumento de la pobreza y de la extrema pobreza, la persistencia de las
desigualdades y el descontento generalizado. En este contexto, la crisis por la pandemia
tendrá repercusiones negativas en la salud y la educación, así como el empleo y la
pobreza, principalmente en los sectores más pobres y vulnerables(2), entre ellos los
pueblos indígenas(3).
Asimismo, dadas las desigualdades económicas, sociales y culturales de Chile, los efectos
de la pobreza y el desempleo sin duda afectarán de forma desproporcionada a los
pueblos indígenas u originarios que habitan tanto las zonas rurales como las ciudades.
Ello, sumado al hecho de que Chile aún no ha brindado respuestas adecuadas frente al
estallido social que surgió en el país en octubre de 2019, el cual ocasionó diversas
protestas a lo largo del país, que se vieron interrumpidas con el inicio de la emergencia
sanitaria por Covid-19 en marzo de 2020. En este sentido la CEPAL ha afirmado, con
respecto a Chile, que lo que más preocupa es que esto pueda aumentar el descontento
social que ya existía antes de la crisis sanitaria, “justamente porque la desigualdad y la
pandemia, han demostrado grandes deficiencias estructurales que se vienen arrastrando
en materia de salud y protección social”(4).

Sirve recordar, que si bien Chile ha ratificado el Convenio 169 de la OIT en el 2008 y
aprobó con voto favorable la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas de 2016. A pesar de ello, los pueblos indígenas en Chile no están reconocidos
en la Constitución Política y la Ley 19.253 de 1993, conocida como la “Ley indígena”, hace
referencia a ellos como “étnias”, privándoles de esta forma de su reconocimiento político
como pueblos y del reconocimiento de sus derechos colectivos. Asimismo, la Ley
indígena no ha sido adecuada a los actuales estándares internacionales en materia de
derechos de los pueblos indígenas a los que se encuentra obligado Chile. Lo cual sin
duda aumenta el grado de vulnerabilidad de los pueblos indígenas que habitan Chile.
2.- Incidencia, tasas de mortalidad y aumento del riesgo de infección para el pueblo
Mapuche.
De acuerdo al Censo de 2017(5), los pueblos indígenas que habitan Chile representan el
12,8% del total de la población del país, lo que significa aproximadamente 2.158.792
personas, siendo el pueblo mapuche el más numeroso (1.745.147 personas). Asimismo,
se aprecia una tendencia en el incremento progresivo de la población urbana indígena
por sobre la rural: el mismo estudio, arroja que un 87,8% habita áreas urbanas, contra un
12,2% que lo hace en zonas rurales.

16/06/2020
México busca en el fondo marino una alternativa a la minería
La Cámara Minera de Chile realizó un webinar sobre minería submarina, que se desarrolló en dos sesiones, transmitidos en vivo por diversas plataformas digitales.

La minería submarina fue el tema de análisis del webinar realizado por la Cámara Minera de Chile. En la actividad, el presidente de la entidad, Manuel Viera, indicó que hay que iniciar en forma urgente una investigación de la exploración y explotación del fondo marino, lo que es trascendente especialmente por el financiamiento que requiere. Además, señaló que hay que buscar la forma de proteger nuestro territorio marino de países desarrollados.

“Si no tenemos políticas, si no tenemos reglamentos, si no contamos con un código de minería marítimo, ¿cómo nos vamos a defender? Otro tema que es importante, es la gestión de la propiedad minera. También hay que preocuparse el impacto al medio ambiente, lo que es muy importante”, indicó Viera.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades correspondientes a involucrarse en estos temas, recalcando que no se debe seguir reaccionando a los acontecimientos, sino que el país debe estar preparado para cuando estos temas deben estar resueltos antes de que comience el interés por explotar los fondos marinos.

“Esto, porque está claro que las leyes de los minerales en el mar tienen leyes más altas y pueden llegar a ser un atractivo para muchos. Por ello se preguntó de qué autoridad va a depender este tema, del Ministerio de Ciencia o del de Minería?”, agregó Viera.

Más investigación

Los profesionales que participaron de la actividad, coincidieron que es necesario el requerimiento de recursos para hacer investigación, tanto para definir las reglas a seguir, como para determinar los diversos impactos que este tipo de actividad pudiera producir.

En la ocasión, Guillermo Ugarte, ingeniero Civil de Minas y miembro de la Delegación de Chile a la 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1973-1982), que redactó la vigente Convención de la Ley del Mar, se refirió a “los principales recursos minerales de los fondos marinos”.

En tanto, el abogado Gastón Fernández, miembro de la Comisión Jurídica y Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), entregó información sobre la oceanominería en Chile y el mundo. “Creo que hay muchas interrogantes sobre el mar. La biodiversidad y los aspectos medioambientales de una explotación marina en los fondos internacionales, creo que amerita esperar, por eso que en lo personal soy partidario de una moratoria. Soy partidario de que esto se haga con calma”, aseveró Fernández.

Por su parte, el doctor Javier González, investigador de la División de Geología Marina del Instituto Geológico y Minero de España y coordinador de Mindesea -el proyecto insignia de GeoEra sobre depósitos minerales en los fondos marinos en los mares europeos-, expuso sobre “la exploración de cobalto, telurio y otros metales estratégicos y críticos en los depósitos minerales submarinos”.

En la ocasión González dijo que se ha descubierto y cartografiado numerosos y extensos indicios minerales en la región Macaronesica de las Islas Canarias. “Forman campos de nódulos polimetálicos y encostramientos de ferromanganeso y fosforitas en montes submarinos, así como precipitados hidrotermales en zonas de emisión activa de fluidos desde las líneas de costa a los 5000 metros. Algunos metales estratégicos y críticos como Co, Mn, Te y REEs están más enriquecidos en estos depósitos que en los yacimientos de tierra firme”.

Cámara Minera de Chile realizó webinar sobre minería submarina

15/06/2020
En Chile, varias asociaciones de sindicatos de minería de cobre solicitan que se evalúe la continuidad de las operaciones, que no ha sido afectadas pese al sostenido aumento de contagios de coronavirus en el mayor productor mundial del metal.

Las medidas sanitarias implementadas no han sido suficientes para resguardar al personal, afirman en conjunto la cúpula gremial de la estatal Codelco, la Federación Minera (que agrupa a gran parte de los operarios de minas privadas) y la central de contratistas.

“Creemos que ya es tiempo de reevaluar la continuidad operacional, considerando que la industria no ha tenido mayores incidencias e impacto en la producción”, señaló el documento.

Agregaron que el mercado del metal “va en alza y con la reactivación del mercado chino no presagia la debacle financiera que algunas compañías mineras han querido sostener para avalar medidas precipitadas como el despido de trabajadores aludiendo a los alcances del coronavirus”.

La semana pasada los gremios empezaron a aumentar la presión sobre las mineras pidiendo mayores medidas preventivas.

De acuerdo con los gremios, “el aumento de casos es alarmante y demuestra que las medidas preventivas implementadas con protocolos de salud y seguridad que apuntan al autocuidado no son eficientes”.

Chile tiene más de 170.000 casos y supera los 3.300 fallecidos por la enfermedad, liderando el mayor número de contagios por millón de habitantes en América Latina.

En el país operan gigantes internacionales como la estatal Codelco, BHP, Anglo American, Glencore, Antofagasta, Freeport McMoRan.

Cochilco
Por otro lado, el Ministerio de Minería informó que está ad portas de cerrar uno de los proyectos más relevantes que tenía en carpeta antes de la pandemia: la modernización de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

“Ese proyecto de ley está terminado y está en este minuto en la Segpres”, anuncia el ministro de Minería, Baldo Prokurica. Según explica, si bien las prioridades del gobierno están puestas en el Covid-19 y la iniciativa no forma parte de las urgencias a pesar de ser un tema relevante, una vez “pasada o controlada de alguna manera la pandemia, vamos a iniciar la tramitación de ese proyecto”.

Así, en lo medular, se dejará a Cochilco en su rol central de fiscalizador, junto con sus pronósticos de precios y aprobación de proyectos, y se trasladará al Ministerio de Minería el área de Estudios y las asesorías.

Fuente: Reuters y Diario Financiero

Chile: Alza de casos de Covid-19 en minería genera alarma entre trabajadores

OPINIÓN
Por: Pamela Poo Cifuentes / Patricio Segura Ortiz / Publicado: 12.06.2020
Foto: Ryskeldi Satke /
El informe de actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada del país, presentado por la ministra de Medio Ambiente a principios de abril, omite toda alusión a estas reservas estratégicas de agua dulce, subestimando su relevancia para la adaptación y resiliencia de las comunidades y el desarrollo nacional, frente a los cambios climáticos actuales y futuros.
El 9 de abril se dio un paso fundamental en el involucramiento de Chile en la lucha contra el cambio climático, relacionado con su parte de los compromisos para lograr el objetivo de mantener a raya la temperatura planetaria.

La frustrada organización de la COP25 programada para principios de diciembre de 2019 en Santiago, que producto del estallido social se trasladó a Madrid, había sido la ultima oportunidad del gobierno de Sebastián Piñera para visibilizar su compromiso ambiental global. La rebelión social de octubre dejó fuera de juego la discusión climática puertas adentro de no ser por la Cumbre Social para la Acción Climática (al alero de la SCAC) y la Cumbre de los Pueblos que se desarrollaron en paralelo a la cita mundial en España.

Ese 9 de abril la ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt presentó el informe de actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de Chile (NDC, por sus siglas en inglés) de aquí al 2030. El documento reúne los objetivos, metas y planes de acción tendientes a disminuir los gases de efecto invernadero (GEI) y preparar a los territorios ante el incierto escenario climático futuro.

Son, como reconoce la propia ONU, “el núcleo” de la lucha climática actual y de la “consecución de los objetivos del Acuerdo de París a largo plazo”, que en lo fundamental buscan limitar el calentamiento global a no más de 1.5 a 2 grados Celsius desde la Revolución Industrial.

El lanzamiento, virtual a esas alturas, fue promocionado con elocuentes frases del propio gobierno, que las calificó de “metas y compromisos ambiciosos” para que el país “avance a paso firme en la transformación hacia una economía baja en emisiones y resiliente al clima, con grandes ventajas sociales, ambientales y económicas para mejorar la calidad de vida de las personas”.

Sobre esto, es preciso entender que son dos los aspectos fundamentales en torno al calentamiento global: la mitigación, que concentra las acciones para reducir el aporte antrópico de emisiones de GEI que profundizan el calentamiento global; la adaptación y resiliencia, que buscan preparar a la población para hacer frente de mejor forma a ese futuro que ya llegó.

Glaciares: Ausentes de la NDC

La actualización de la NDC es un avance. Sin embargo, el informe excluye toda mención a la necesaria protección de los glaciares, asociados a la seguridad hídrica. Una ausencia absurda, considerando que la provisión de agua es prioritaria para la producción de alimentos, “la salud humana, la producción de energía, la productividad industrial y la biodiversidad, y además es la necesidad más básica del ser humano”, según reporta la ONU para el Cambio Climático. Tampoco habla de hielo, nieve ni criósfera en sus más de 50 páginas.

Esta negligencia no es casual.

En julio de 2018 los senadores Guido Girardi (PPD), Ximena Órdenes (PPD) e Isabel Allende (PS) presentaron un proyecto de ley de protección de glaciares, luego que el gobierno desechara en junio una propuesta anterior que alcanzó a tramitarse durante 4 años en la Cámara y fuera aprobada en su Comisión de Medio Ambiente. El proyecto de Girardi, Órdenes y Allende hoy está estancado en la Comisión de Minería y Energía del Senado, luego que en marzo asumiera el UDI Alejandro García Huidobro. Este legislador apoya la intervención minera en glaciares, y se ha aliado con el gobierno en una normativa laxa en la materia.

La conducción actual de dicha comisión es relevante. La principal disputa para una ley que realmente proteja estas fuentes de agua dulce enfrenta a las comunidades y organizaciones ambientales con las empresas del Consejo Minero junto a sus sindicatos . Además del actual gobierno, por cierto.

Es este escenario el que no da claridad sobre cuándo el Senado podría reiniciar la tramitación de este estratégico proyecto. Más aún en días de crisis sanitaria en que el agua es elemental.

Minería vs. Glaciares

El cóctel minería y glaciares es tóxico. Y no distingue entre empresas chilenas y extranjeras, privadas y estatales, propietarios y trabajadores. Transversal es la unión de los mineros para torpedear los proyectos que abogan por la protección de estas reservas estratégicas de agua.

El caso de la canadiense Barrick Gold, a través de su proyecto Pascua Lama, fue simbólico. Sus exploraciones en la cuenca alta del río Huasco, en Atacama, destruyeron entre 1981 y 2000, y en forma irreversible, el 62% del Glaciar Toro 1 y el 71% del Glaciar Toro 2. En tanto Los Pelambres, de la chilena Antofagasta Minerals del Grupo Luksic, durante años ha impactado la cuenca superior el río Choapa. De 15 glaciares rocosos en el área, cuatro desaparecieron casi completamente por el lastre y otros 2 fueron intervenidos por caminos.

La estatal Codelco, por su parte, es la minera que ha causado la mayor intervención en glaciares rocosos a nivel mundial. Entre 1990 y 2008 destruyó 2,1 km2 de glaciares en la cuenca alta del río Aconcagua por los depósitos de lastre e infraestructura minera, perdiéndose entre 15 y 25 millones de metros cúbicos de agua. Y entre 1991 y 2000 removió entre 1 y 8 millones de toneladas de hielo al año. Y lo sigue haciendo con la continuidad de las operaciones de la División Andina.

En la región Metropolitana la mina Los Bronces, de la británica Anglo American, se emplaza en la naciente de cursos hídricos que alimentan los ríos Mapocho y Maipo. Entre 1988 y 2005 Anglo American destruyó casi un 1 kilómetro cuadrado de glaciares en la cuenca alta del río San Francisco, que desemboca en el río Mapocho, provocando una pérdida de entre 6 y 9 millones de metros cúbicos de reservas de agua. Hoy la minera pretende seguir destruyendo glaciares con el proyecto de ampliación de Los Bronces hacia la cuenca del río Maipo.

Entre Codelco y Anglo American ponen en riesgo el abastecimiento de agua de los 7 millones de habitantes de Santiago. Una amenaza, piensan muchos, que debió ser evaluada en las respectivas evaluaciones de impacto ambiental y que no debió ser omitida en la recientemente presentada actualización de la NDC 2020-2030 de Chile.

La primera ola: Al ritmo de Barrick Gold

La lucha política y ciudadana por proteger los glaciares en Chile cumple ya 15 años. Una década y media en la cual el trabajo institucional por resguardar las reservas de agua que penden de las altas montañas ha estado en manos del Congreso, labor muchas veces forzada por comunidades y organizaciones ciudadanas preocupadas, entre otros aspectos, por la vulnerabilidad hídrica del país y la amenaza que se enfrenta con el cambio climático. Pero a pesar de los esfuerzos ciudadanos y parlamentarios, estas iniciativas no han avanzado debido a la oposición de los distintos gobiernos y de la minería.

En estos 15 años se han presentado 6 proyectos de ley, varios de los cuales han buscado proteger los glaciares de la destrucción de la minería, actividad que los impacta de forma directa al dejar estériles sobre su superficie; al removerlos para la construcción del rajo o los caminos; y a través de las vibraciones y el polvo que producen las tronaduras y que aceleran su derretimiento.

Las primeras tres mociones parlamentarias surgieron luego de las alarmas por la aprobación, en 2004, del proyecto de megaminería Pascua Lama de Barrick Gold, que incluía la remoción de los glaciares en la cuenca alta del río Huasco. Esta situación hizo evidente su desprotección.

En una revisión de los proyectos presentados, muchos coinciden en la protección de los glaciares por constituir un respaldo de agua dulce estratégico para todas las cuencas donde se localizan, con miras a la mayor estrechez hídrica que trae el cambio climático.

El primero en tramitarse fue elaborado por el diputado Leopoldo Sánchez (2005), que establecía la prohibición de ejecutar actividades extractivas en glaciares. El proyecto no avanzó, siendo archivado el año 2009.

En 2006 el senador Antonio Horvarth presentó una iniciativa similar que fue votada en general, pero con indicaciones. Luego de esto fue archivada en 2010. El legislador por Aysén posteriormente solicitó su desarchivo, sin embargo la oposición del gobierno de Piñera y el empresariado minero bloquearon su avance.

Un tercer intento se hizo en 2008, con una moción del senador Guido Girardi, que a los pocos años fue archivada. La paralización del proyecto Pascua Lama le quitó presión y contingencia a la protección de los glaciares hasta 2014.

La segunda ola: La música la pone Codelco

Fue al partir el gobierno de la Nueva Mayoría que se inicia una segunda ofensiva ciudadana y parlamentaria para proteger los glaciares, motivada por la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental por parte de la estatal Codelco con el fin de avanzar en la expansión de Andina 244 en la cuenca alta del río Aconcagua y que pretendía afectar 25 glaciares prioritarios para el abastecimiento de agua de la región de Valparaíso.

El proyecto de ley que más avanzó fue el de la denominada Bancada Glaciar y liderado por el diputado Daniel Melo. Su objetivo también fue resguardar los glaciares como reservas y respaldo hídrico ante el avance del cambio climático y los impactos de la minería. En 2015 esta moción fue modificada por una indicación sustitutiva del gobierno de Michelle Bachelet que patrocinó el proyecto, pero cambiando partes importantes de la propuesta original. Finalmente y luego de ser aprobado en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, su tramitación quedó paralizada al ingresar a la Comisión de Hacienda donde el sector minero la bloqueó a través de gestiones del subsecretario de Hacienda de la época Alejandro Micco, por lo que el oficialismo nunca lo puso en tabla. El proyecto fue abortado en 2018, durante el primer año del gobierno de Sebastián Piñera, cuya ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos retiró el patrocinio a la iniciativa el 20 de junio de 2018. Con esto, la moción perdió viabilidad política.

En enero de 2018, a la luz del adverso escenario, Melo había insistido con una quinta propuesta que a través de una modificación al Código de Aguas que impedía la constitución de derechos de agua sobre glaciares. Uno de los elementos positivos de este proyecto es que no requiere de patrocinio del Ejecutivo. La idea de legislar ya fue aprobada por la sala por 142 votos, y pasó a tramitación a la Comisión de Medio Ambiente para resolver las indicaciones presentadas. Dicha votación se ha dilatado por casi 2 años.

El último proyecto de ley para proteger los glaciares, cuyo autor es el senador Guido Girardi, fue presentado el 4 de julio de 2018, replicando los fundamentos de sus antecesores. Nuevamente la iniciativa ha generado una férrea oposición del gobierno, junto a las propias mineras, logrando el envío de la moción a la Comisión de Minería, donde actualmente se encuentra detenido y enfrenta un escenario poco auspicioso para su tramitación.

Para la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, “el bloqueo de este gobierno a los proyectos de ley, que tanto en la Cámara como en el Senado intentan proteger los glaciares, así como la omisión de su protección en la NDC presentada por Chile a la ONU, pese al reconocimiento en dicho documento de la actual vunerabilidad hídrica del país y su agravamiento con el cambio climático, son inexcusables”.

La ecologista expresa que “el gobierno, al parecer, no logra vincular la protección de los glaciares con la seguridad hídrica actual y futura. Por un lado celebra los estudios sobre la criósfera, constituida por estas reservas estratégicas de agua dulce, pero por el Ωotro mantiene su apoyo a proyectos extractivos que afectan los glaciares y obstaculiza la legislación que los salvaguarda”. Concluye que “lo ocurrido con la NDC es una muestra más de aquello”.

En tanto el médico y montañista chileno, Mauricio Purto, ha denunciado la falta de fiscalización y complicidad de las autoridades con la destrucción de los glaciares y zonas de cordillera. En particular ha cuestionado las faenas de Los Bronces de Anglo American, en la comuna de Barnechea, en Los Andes a la altura de Santiago. Por redes sociales ha acusado a la minera de realizar “tronaduras en los glaciares de La Paloma. Han destruido todo el glaciar el Rincón, han construido un túnel debajo de la montaña sin permiso. Y su relave es un peligro. Todo ilegal”.

Durante el presente año, el gobierno ha debido decretar entre febrero y abril cientos de comunas del país como zonas en estado de escasez hídrica, entre ellas todas las de la provincia de Chacabuco, Los Andes, Valparaíso, San Antonio, las que dependen del río Maipo como San José de Maipo, Pirque , Puente Alto, Buin, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, el Monte, e incluso las asociadas al río Mapocho como Vitacura y Lo Barnechea, donde se localizan las faenas de Anglo American.

A ello se suman las cientos de comunas en escasez hídrica desde 2019.

Además están las regiones desde Coquimbo al Maule. Es todo el centro del país ha debido ser declarado en emergencia agrícola. “¿No es esto aún una señal evidente para asumir la responsabilidad de proteger las reservas de agua dulce y terminar con la captura de la política por parte del empresariado minero? ¿Será que este mismo sector ha logrado que se excluya la protección de los glaciares de los compromisos de Chile de adaptación al cambio climático, como evidencia la NDC?” se pregunta Larraín.

La preocupación no es aislada. El proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, ingresado por el Ejecutivo en enero de este año y que se tramite en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, se concentra fundamentalmente en la mitigación de emisiones y poco en la adaptación. Una advertencia que Espacio Público ya había realizado, al señalar en un informe sobre el anteproyecto que en las metas se debía “corregir el sesgo hacia la mitigación: Integrar con mayor claridad y fuerza el objetivo de la adaptación como eje orientador de la ley: es lo que más nos incumbe como país”.

Como una forma de alertar sobre este complejo escenario, para el Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemoró el 5 de junio, se realizó el lanzamiento de un video, una cartilla y una infografía que explica detalladamente el aporte de los glaciares a la seguridad hídrica y el impacto del extractivismo minero en su preservación. En la actividad realizada vía ZOOM, comentaron el material los senadores Guido Girardi (PPD) y Yasna Provoste (DC), junto al secretario de la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho Ignacio Verdugo, la vocera de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo Marcela Mella y el director ejecutivo de la Fundación Glaciares Chilenos Felipe Espinosa.

Todos y todas llegaron a una sola conclusión. No solo por el cambio climático sino que incluso por la crisis sanitaria, es urgente de proteger los glaciares como reservas de agua dulce. Algo que el gobierno, incluso en las actuales circunstancias, se niega a aceptar.
https://www.eldesconcierto.cl/2020/06/12/opinion-el-absurdo-olvido-del-gobierno-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-no-considera-la-proteccion-de-los-glaciares/

11/06/2020
Foto: Codelco

Los trabajadores sindicalizados en Codelco, la empresa estatal de Chile, dijeron el miércoles que estaban considerando abandonar el trabajo en algunos sitios para implementar una cuarentena autoimpuesta después de que uno de sus miembros murió a causa de Covid-19.

La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) dijo en un comunicado que hubo un número “alarmante” de infecciones por coronavirus en varias de las minas del país. Las medidas para controlar la propagación del virus habían sido insuficientes, afirmó la federación.

“Si es necesario detener el trabajo en esas áreas … hasta que las condiciones sanitarias sean adecuadas para proteger a los mineros, estamos listos para hacerlo”, manifestó la federación en el comunicado.

El presidente de la FTC, Patricio Elgueta, dijo que el grupo había recibido “una serie de quejas” de líderes sindicales en la extensa mina de cobre Chuquicamata de Codelco en el norte de Chile, alegando que la minera no había protegido la salud de los trabajadores.

Codelco no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La FTC informó que un trabajador de la mina en Chuquicamata murió la semana pasada a causa de Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus. Poco después, el ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, pidió a la compañía “que adopte todas las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores”.

Chile está en medio del brote de coronavirus, con nuevos casos que alcanzan los 5.000 por día y las muertes por la enfermedad superan los 2.000. Pero la producción de las minas del país ha quedado en gran medida intacta.

Codelco dijo a Reuters en mayo que su producción y ventas se mantuvieron en línea con las proyecciones, incluso cuando se vio obligado a suspender la construcción de algunos proyectos y trabajos de terceros desde que el virus azotó a Chile en marzo.

08/06/2020
La minera canadiense cuenta con unos US$7 mil millones para invertir y la administración local busca que cerca de la mitad de ese monto se quede en Chile. También quiere viabilizar Pascua-Lama.

Con Chile como foco principal se desarrolla la estrategia de la minera canadiense Barrick en el continente, firma que sufrió una importante transformación luego de fusionarse con la compañía aurífera Randgold a comienzos de 2019.

Según explica el director ejecutivo de Barrick Chile, Marcelo Álvarez, gracias a las gestiones de la nueva administración se han logrado bajar fuertemente los niveles de deuda de la firma, contando con una caja de unos US$ 7.000 millones de los cuales gran parte podría destinarse al país.

La firma se encuentra en conversaciones para entrar a la propiedad de iniciativas de primer nivel. “La idea es encontrar rápidamente un proyecto, ya sea de nuestra cartera o una adquisición. Queremos trabajar fuertemente para apoyar la economía post-pandemia, y ese es el compromiso que tiene asumido Barrick con Chile y el continente”, aseguró Álvarez.

El objetivo de la empresa es asentarse a largo plazo, por lo que, en paralelo, renovaron sus equipos en Chile, reclutando a varios expertos del sector y armando un nutrido grupo de geólogos, el más grande en cantidad desde que están en el país.

Para comenzar, se dispuso de un presupuesto de US$8 millones para la exploración de sus pertenencias, trabajo que se espera dé sus primeros resultados en octubre. “Chile tiene un amplio inventario minero, hay una larga trayectoria de seguridad jurídica y de promoción de la minería, con lo cual nosotros, a partir de nuestros activos, ponemos a Chile como un eje central y un foco del nuevo crecimiento de la empresa en el continente. Queremos dar una señal clara de permanencia de largo plazo y de ser un socio en la recuperación de la economía”, apuntó Álvarez.

Respecto a los montos que se podrían destinar a proyectos en Chile, aun no existe una meta concreta y dicha cifra dependerá de las iniciativas que se evalúen. Sin embargo, desde la filial local de Barrick admiten que la apuesta es que al menos la mitad del presupuesto de inversión se quede en territorio local.

Álvarez dijo que el equipo que él lidera tiene contacto directo con el Gobierno, a través del Ministerio de Minería con el que existe un acuerdo de trabajo conjunto. “Cada paso que demos lo haremos de la mano del Gobierno, en una lógica de diálogo constructivo para que, junto a las autoridades y comunidades, vayamos construyendo nuevas oportunidades que se van generando para el país, explicó.

En Barrick ven que la industria minera jugará un rol fundamental en la recuperación económica del país una vez superada la pandemia. Esto se suma a las estimaciones positivas que se mantienen para el precio del cobre, pero, sobre todo, del oro.

“En el largo plazo, la proyección del cobre es también importante por lo cual para Barrick – siendo una compañía que juega en las grandes ligas – apostarle a Chile, que juega en las grandes ligas del cobre y poder incorporarse a las grandes ligas del oro, creo que es la apuesta que todos tenemos que hacer”, destaca Álvarez.

Nuevo Pascua Lama

Si bien no es la prioridad, el cronograma de Barrick incluye el estudio de Pascua Lama. Apunta a poner en valor las pertenencias mineras que tiene la firma en la zona, aunque reconoce que el proyecto original es completamente inviable.

Actualmente impulsan una revisión completa de la geología del lugar, con la idea de reevaluar todo el activo en un nuevo esquema, que se asemeje a los parámetros económicos de inversión de la empresa, y a la espera del proceso sancionatorio que existe en contra de la iniciativa, que se suma al conflicto superado hace unas semanas.

“Hace días alcanzamos un acuerdo con el CDE, refrendado por el Tribunal Ambiental, porque esa es la nueva lógica, llegar a acuerdos en vez de litigar, acuerdos sostenibles que sirvan para reactivar la confianza y solucionar problemas”, explicó Marcelo Álvarez, quine apuntó a que “no es justo para el desarrollo de las comunidades que un proyecto como Pascua Lama esté parado hace 20 años cuando la región necesita el desarrollo y la diversificación económica. Es una responsabilidad de todos, que, en conjunto, subsanando los errores del pasado, retomando el diálogo y la confianza, podamos poner en valor este activo tan importante.

El ejecutivo dijo que lograr esos acercamientos es clave para establecer un compromiso con las comunidades y viabilizar el proyecto que, de todos modos, sólo se justificaría en su naturaleza binacional, al encontrarse en la frontera con Argentina.

“Hoy el compromiso de la compañía es absolutamente claro de que no hay otra posibilidad de construir un proyecto si no es en base a ese modelo de diálogo y de construcción compartida a partir de una visión compartida a partir de una visión compartida del territorio, remata.

Barrick renueva apuesta por Chile y anuncia negociaciones para entrar a nuevos proyectos