26/06/2020
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de Chile formuló cargos contra la cuprífera estatal Codelco por incumplimientos e infracciones a la norma sobre manejo de relaves por parte de su División Andina, ubicada en una región montañosa cerca de la capital Santiago.

El regulador ambiental detalló que recibió diversas denuncias de parte de la ciudadanía por contaminación de aguas de esteros y ríos donde la empresa descarga residuos y, principalmente, por un derrame de relaves originado en un temporal en abril de 2016.

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Tras un análisis, la SMA determinó formular 11 cargos, de los cuales cuatro son graves, lo que podría implicar multas por unos 15 millones de dólares. Los otros son leves y contemplan sanciones menores o amonestaciones.

Los cargos graves están relacionados con un deficiente sistema de control de derrames de relaves ocasionados a lo largo del ducto emplazado desde sus instalaciones en la cordillera de Los Andes hasta el tranque de relaves de la minera en Til Til.

Tras la notificación, Codelco tiene 10 días para presentar un plan de cumplimiento al regulador o 15 días para hacer sus descargos, según el comunicado del SMA.
Fuente: La Tercera

Regulador ambiental de Chile formula cargos contra Codelco por relaves

En medio de la crisis sanitaria por la Covid-19, a principios de junio la comunidad de Caimanes ha levantado un recurso de protección por la contaminación del aire que respiran 1.500 habitantes que viven aguas abajo de uno de los tranques de relaves más grande de Sudamérica y desde donde ven cómo emerge un polvo amarillento que se asienta sobre el pueblo. Durante estos 20 años han debido enfrentar el costo del “desarrollo” y el estrés, ante el inminente colapso de El Mauro, fue cuántificado en un estudio. Álvaro Badillo, presidente del Comité de Defensa Caimanes, relata que el 6 y 7 de mayo fueron días críticos, el pueblo se nubló con polvo de relave: roca molida, cristales de cuarzo, arsénico, plomo, mercurio y molibdeno entre otros minerales en suspensión.

Por Loreto Contreras y María José Herrera

El Mauro era un territorio de gran riqueza natural, un bosque relicto de canelos, fuentes de agua, más de 140 sitios arqueológicos y todo un territorio lleno de memoria histórica que fue cubierto por este tranque de relaves homónimo que constituye el foco de disputa principal con la comunidad de Caimanes, ubicada a 48 kilómetros al interior de la comuna de Los Vilos, provincia del Choapa, región de Coquimbo.

En octubre del 2014 el Tribunal de Los Vilos decretó que el tranque de relaves El Mauro de la Minera Los Pelambres (MLP) correspondía a una obra ruinosa, que atentaba contra los derechos fundamentales de la vida y patrimonio de la comunidad de Caimanes. Luego, en marzo del 2015 la Corte Suprema dictaminó a Antofagasta Minerals del Grupo Luksic, la demolición del muro de contención del tranque de relaves, a fin de permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libres de contaminación de desechos provenientes del tranque minero, ya que esta fuente de agua se encuentra apresada por más de 1.700 millones de toneladas de relaves.

Ante este fallo histórico la comunidad sentía que había ganado y que se había hecho justicia. Sin embargo, de forma sorpresiva el fallo fue revocado y la minera continuó con el funcionamiento del tranque de relaves hasta el día de hoy. Este suceso estuvo marcado de múltiples negociaciones y traiciones, en las que se vieron involucrados los abogados que entonces defendían a Caimanes1.

Durante estas décadas de lucha han realizado denuncias por contaminación del agua de consumo como consecuencia del funcionamiento del tranque. Si bien han existido informes desde la misma minera indicando que el agua que consume la población de Caimanes no se encuentra contaminada, existen otros estudios que evidencian lo contrario2. No obstante, es un hecho que la mayoría de la población actualmente compra agua envasada, aunque continúan existiendo algunos hogares que consumen agua de la llave, tanto por desconocimiento como también por el incremento del gasto económico que implica la compra de agua embotellada.

También existen estudios que establecen que el tranque de relaves corre peligro de colapsar ante un sismo superior a 7.5 grados Richter. Asimismo, su construcción y funcionamiento produjo graves consecuencias ambientales, también patrimoniales por la destrucción de los sitios arqueológicos; considerando que esta zona presenta las mayores reservas de agua para la región de Coquimbo.

El agua utilizada para todas las actividades de los pueblos tranque abajo, como es el caso de Caimanes, Tilama, entre otros, provenía de las napas subterráneas que nacen del estero del Pupío, fuente directamente perjudicada por la instalación del tranque que quedaron sepultadas3.

Ahora nuevamente la comunidad vuelve a denunciar los perjuicios que viven cotidianamente debido a la gran minería, no sólo el agua es contaminada sino que también el aire. Esta actividad extractiva los ha forzado a reconfigurar su economía tradicional que antes estaba sustentada en la agricultura a baja escala, actividades pirquineras, crianza de cabras y de otros animales, como también el comercio de distintos productos, ya que Caimanes es el nodo de distintas comunidades vecinas con menor cantidad de habitantes y servicios, como El Naranjo, El Romero y el ex-fundo El Mauro.

Cuerpos que hablan

En pleno conflicto entre Caimanes y MLP, durante el 2013, 2014 y luego, el 2016, se realizó el estudio Las Cinco Grandes Dimensiones de la Personalidad y Estrés Fisiológico Crónico en una Población Rural Chilena con Escasez y Contaminación del Agua, que buscó medir el estrés fisiológico crónico de las personas de Caimanes, como localidad foco, además de incorporar a personas de localidades como Tilama, Huentelauquén y Santiago a modo de comparación.

María José Herrera, antropóloga física, magíster en ciencias biológicas y autora del estudio, menciona que “Es preciso apuntar que el estrés fisiológico no es posible asociarlo directamente a un agente estresor, es decir, una persona que arroja altos valores de la hormona cortisol, marcador de estrés fisiológico, podría padecer dicho estrés debido a un suceso traumático o a muchos factores que están actuando a la vez”.

Sin embargo, a modo de complemento, este estudio exploratorio incluyó los relatos de habitantes de Caimanes obtenidos a través de entrevistas en profundidad. Así, la mayoría de los habitantes recalcaron que era una preocupación constante el tranque de relaves, ya que el colapso de éste derramaría el contenido sobre el pueblo, teniendo sólo unos minutos para escapar.

La disponibilidad del agua, tanto la escasez como una posible contaminación, es otro motivo de preocupación para la mayoría de las personas entrevistadas y, especialmente, para quienes poseen animales. Tras años de visitar la comunidad, la investigadora considera que es evidente lo insostenible que es tener animales y, por tanto, la crianza de cabras y la producción de queso en muchas localidades está quedando, forzosamente, como una actividad del pasado.

Cabe agregar que una de las consecuencias sociales más graves constatadas en las entrevistas es la desarticulación interna de la comunidad, debido a las negociaciones que ha promovido la MLP con Caimanes. Esto ha producido una separación entre los caimaninos/as, rompiendo con una organización comunitaria y con las confianzas entre las personas. De esta manera, en las diversas entrevistas realizadas, una de las declaraciones transversales fue la desazón expresada por los y las participantes al experimentar que con la llegada de la minera se produjo un quiebre en las relaciones sociales entre vecinos/as e, incluso, entre familiares.

En cuanto a los resultados sobre el estrés fisiológico crónico, se obtuvieron resultados significativos: la población de Caimanes y la de Tilama, ubicada a unos pocos kilómetros al sur de Caimanes, arrojaron altos valores para la hormona de cortisol en comparación a Huentelauquén y Santiago.

Se realizaron dos pruebas de análisis de cortisol para constatar estos resultados que fueron presentados en la IV Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica (SOCHIAB) en octubre de 2017.

El primer análisis se hizo el 2014, obteniendo resultados similares para Caimanes y Tilama (N= 88), por lo que se agruparon para compararlos con la muestra santiaguina (N= 19). La concentración de cortisol que se obtuvo para la muestra de Caimanes-Tilama fue de 372,11 ng/g., mientras que para la muestra control de Santiago el nivel de cortisol fue de 67,57 ng/g.

Figura 1. Diagrama de caja y bigotes que exhibe los niveles
de cortisol en relación al lugar y al sexo de los participantes.

Al observar los altos valores de cortisol obtenidos en el primer análisis se realizó una segunda prueba durante el año 2016. Esta vez se comparó el grupo de Caimanes-Tilama (N= 79) con participantes de la localidad de Huentelauquén (N= 40), dado que presentan características sociodemográficas similares, es decir, ambas localidades corresponden a zonas rurales, presentan un nivel educacional similar, al igual que el ingreso mensual por familia, las actividades económicas, entre otras.

Igualmente, en esta segunda prueba se obtuvo para Caimanes un alto valor promedio de la hormona de cortisol (198,24 ng/g), mientras que para Huentelauquén se obtuvo un valor de cortisol de 56,48 ng/g.

Figura 2. Diagrama de caja y bigotes. Valores de cortisol de Caimanes
y Huentelauquén separados por el sexo de los participantes.

Como enfatizó la investigadora anteriormente, no es posible asociar estos valores que indican un alto estrés fisiológico padecido por los habitantes de Caimanes con un agente estresor en particular. Pero es llamativa la gran diferencia presentada con Santiago y Huentelauquén; indudablemente, el estrés fisiológico crónico es alto en Caimanes. Por lo que es posible decir, a modo de hipótesis4, que este alto estrés puede tener relación con factores asociados a las condiciones sociales y psicológicas de los participantes. Si se consideran los relatos de los participantes, sin duda existe un antes y un después en sus vidas sociales, personales y en el medioambiente desde la llegada de la MLP.

Contaminación eventualmente permanente

A la fecha la comunidad de Caimanes ha sostenido reuniones con representantes de la MLP, con el gobernador de la provincia del Choapa, Juan Pablo Gálvez Lillo, con Višnja Musić, jefa regional de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en Coquimbo, la seremi de Medio Ambiente de la región, Claudia Rivera, y el alcalde de la comuna de los Vilos, Manuel Marcarián. En las dos primeras reuniones la minera expuso, en presencia de Gálvez, varios planes para poder mitigar el polvo y comprometerse con dejar subir e inspeccionar a vecinos y comisiones, mas la comunidad declara que no poseen la expertiz para aquello.

Al respecto Álvaro Badillo, presidente del Comité de Defensa Caimanes, menciona que incluso la MLP ha estado regando con helicópteros para combatir incendios. “Es tan grave el asunto, como digo yo, es antinatural dentro de lo poco natural que puede ser la construcción de un tranque de relaves, pero es una medida desesperada para poder humectar la superficie y que no se levante polvo”.

Badillo indica que “Como se les escapó de las manos el tema del polvo, a la tercera reunión a la que vino personal de SMA y del seremi de Medioambiente, junto al gobernador provincial y el alcalde, no llegaron representantes de la minera. Y lo que se concluyó, lo que el personal de gobierno entendió, es que evidente la contaminación. Ese día visitaron el tranque para ver cuáles eran las condiciones”.

Quedó bastante trabajo por hacer por parte de las autoridades porque hay pocas herramientas para fiscalizar, indica el dirigente. “Los lectores de calidad del aire que hay no están siendo eficientes, no sé si marcan mal o simplemente no marcan nada. Dijeron que los tienen que revisar y si es necesario cambiarlos o mejorarlos, pero evidentemente, a la vista, hay una tremenda nube de polvo y los monitores de calidad del aire no se condicen con lo que vivimos, algo está mal”.

La Superintendencia ofreció crear una especie de comisión con cinco vecinos/as de distintas organizaciones para que puedan informar en línea cualquier situación anómala. Además les dijeron que tienen que investigar, repasar la ley que rige a la SMA donde existe la posibilidad de detener, ante eventualidades, la actividad del tranque hasta que no haya una solución, pero solo de forma provisoria.

También existe otra posibilidad. “Debido a esta ‘e-ven-tua-li-dad’, porque para ellos eso es, pese a que esto ya hace muchos años que nos está pasando, ver la factibilidad de modificar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), eso es un trámite más largo que investigar si ahora ha habido o no contaminación ambiental, pero no es imposible” agrega Badillo.

La comunidad de Caimanes está preocupada y piensan si será posible que el gobierno, a través de estas instituciones, haga algo o simplemente quede en el olvido. Lo que sí saben es que efectivamente hubo contaminación, hubo polvo. Cuánto les afecto, les contaminó y hasta dónde, son preguntas que no se conocen, por lo menos no de manera cuantitativa.

A fines de mayo el Comité de Defensa Caimanes interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago para conseguir la paralización y resguardar la salud de las personas, recurso al que el diputado comunista Daniel Núñez se hizo parte como acompañante. Pero la Corte capitalina se consideró incompetente porque el problema corresponde a la IV Región, entonces remitió este recurso a la Corte de La Serena. Que no lo hayan hecho inicialmente ahí corresponde a que no confían en dicha institución porque consideran que históricamente ha tomado parte en favor de la minera.

La primera semana de junio la Corte de La Serena declaró inadmisible el recurso de protección porque iba a nombre del Comité y no con los nombres individualizados de los representados por Esteban Vilches, por lo que el abogado tuvo que volver a ingresar el recurso. También se hizo una denuncia en la SMA que ya está al tanto de lo que ocurre en Caimanes.

En varios capítulos de la historia del conflicto socioambiental entre Caimanes y la MLP, ésta última prometió diversos puntos, como mitigar el polvo que emerge del tranque de relaves El Mauro. La comunidad espera que existan contra muestras de la calidad del aire para que se comparen con los valores que entrega la minera, quien arguye que se encuentran dentro de la norma, igual como ocurrió en el pasado con la medición de la calidad del agua.

Sin embargo, caimaninos y caimaninas ya no confían –igual que todo un país-. Se preguntan cómo confiar en mediciones que entrega la misma empresa para cumplir sus objetivos, cómo confiar en autoridades gubernamentales que en esta historia de veinte años de conflicto han sido meros observadores externos.

Cómo confiar en un Estado que los sacrifica y que los reprime con contingente policial, como ocurrió en la toma del camino hacia El Mauro durante el verano del año 2015. Por supuesto, se han violado los derechos humanos de estas personas, pero ya hemos sido testigos que el Estado chileno en democracia lo ha hecho constantemente y, ya sin tapujos, desde octubre del año pasado.

Hoy en día Caimanes debe luchar con todo esto y se suma a ello la amenaza de un virus letal. Si la COVID-19 llega a Caimanes, localidad sin acceso a una salud de calidad y con una vida menoscabada por el extractivismo, es posible que se escriba otro capítulo en esta historia caimanina de victorias y derrotas, lamentablemente, sería el episodio más trágico.

El caso de Caimanes no es único en Chile; los grupos humanos que habitan aquellos territorios que fueron condenados al sacrificio, por la alianza entre el Estado y el gran empresariado, son habitantes que ven perjudicadas sus vidas multidimencionalmente.

La contaminación del medioambiente, por supuesto, genera un perjuicio en la salud de quienes respiran ese aire tóxico o consumen el agua que proviene de fuentes contaminadas por metales pesados. Por tanto, la actividad extractivista motor de la economía de un estado-nación como Chile, no sólo sacrifica un lugar, sino también a las personas que lo habitan y su cultura, es una pandemia a la que grandes poderes hacen vista gorda o derechamente silencian.

Más allá de las enfermedades fisiológicas y psico-sociales que provoca esto, son sacrificados sus modos de vida, sus tradiciones y las relaciones interpersonales. Se ven obligados a cambiar su cotidianeidad para justificar el llamado progreso de un país. Es conocido cómo los megaproyectos generan estos quiebres sociales, cuyas tácticas son desplegadas por equipos de profesionales que conocen a fondo cómo funciona un grupo humano.

La pandemia extractivista se intensifica incluso en tiempos de COVID-19

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) publicó un informe sobre ingreso abusivo de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en tiempos de pandemia. Pese a que las recomendaciones son el distanciamiento social y existen cuarentenas selectivas, los extractivismos no cesan sino que, muy por el contrario, se busca su intensificación aprovechando el receso forzoso de las movilizaciones sociales, pese a la evidencia de cómo éstas afectan a los territorios y sus habitantes permanentemente y la gravedad que agregaría la COVID-19.

Algunas conclusiones del informe son que “No hay explicación económica en el marco de la pandemia, que justifique el ingreso de más del doble de la cantidad de proyectos, y menos que se haya elevado más de 5 veces la cantidad de inversión” y que “ Todas las señales de carácter económico inducirían a pensar lo contrario”. Asimismo que “Más allá de que tenemos una institucionalidad ambiental débil y pro-inversión, los empresarios y corporaciones titulares de proyectos, en alianza con las más altas autoridades gubernamentales pretenden aprovechar la coyuntura para terminar despojando al SEIA su cualidad de mecanismo de prevención de los impactos ambientales”.

Además reconoce que el reciente “Acuerdo Covid”, pactado por Chile Vamos, el PS, la DC y el PPD, “viene a profundizar esto, con la reducción de ‘los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos’, otorgando “certeza jurídica” o con el “silencio positivo” solo aumentan la fragilidad del sistema.

Desde el Observatorio son categóricos al señalar que “El gobierno en conjunto con los empresarios y la clase política, se aprovechan de la pandemia para flexibilizar la normativa ambiental con el argumento de reactivar la economía para enfrentar la crisis, todo esto sin tocar el bolsillo de los empresarios y poniendo en riesgo el bienestar social y ambiental de los territorios, que ya son afectados por la crisis sanitaria, social y económica actual”.

Además a nivel planetario, donde Chile no es la excepción, la minería sigue con sus faenas 24/7 pese al riesgo que implica para las y los trabajadores fijos y flotantes, así como para poblaciones locales.

Ante ésto Earthworks (USA), Institute for Policy Studies – Global Economy Program (USA), London Mining Network (UK), MiningWatch Canada, Terra Justa, War on Want (UK) y Yes to Life No to Mining lanzaron a principios de junio el informe ‘Voces desde el territorio: Cómo la industria minera mundial se está beneficiando con la pandemia de COVID-19’.

El informe motivado por “la fuerza que están mostrando las comunidades afectadas por la minería y los pueblos indígenas, en circunstancias cada vez más difíciles”, y teniendo en consideración la importancia vital de que las voces territoriales sean escuchadas, identifica cuatro patrones de aprovechamiento.

En él señalan que las compañías mineras han decidido ignorar las amenazas reales de la pandemia y continúan operando, y paralelamente los gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas extraordinarias para silenciar las protestas legítimas y promover el sector minero. Asimismo las compañías están usando la pandemia como una oportunidad para lavar sus historiales y presentarse como salvadores con espíritu ciudadano, además del aprovechamiento de las empresas en alianza con los gobiernos para utilizar la crisis y conseguir un cambio de normas que favorezca a la actividad minera, a expensas de los pueblos y el planeta.

Notas:

1 Para profundizar en este conflicto, se sugiere ver Chile se moviliza: Caimanes- https://bit.ly/3dMukJ5 documental realizado por el CNTV y el canal La Red.

También revisar el Acuerdo Caimanes de la MLP de Antofagasta Minerals – https://bit.ly/2YbnTZA

2 Tchernitchin y Muñoz 2012. Fuente: Informe Pericial Medioambiental realizado por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile (21 de Agosto 2012). En este informe se concluye que existen niveles de metales que superan lo permitido por la norma de Agua Potable en aguas utilizadas para el riego y para el consumo diario. https://bit.ly/30oSdTg

3 OLCA. Informe Nº 2: Cronología del conflicto – https://bit.ly/2YfwhHx

4 Se descartaron otros factores de origen biológico que pudieran alterar los valores de la hormona cortisol, como enfermedades, ya que estas variables fueron controladas, excluyendo a las personas que pudieran tener alguna condición de salud que provocara la variación de esta hormona. Por lo tanto, las altas concentraciones de la hormona cortisol en Caimanes sugieren que los individuos que participaron del estudio se encuentran expuestos a condiciones de vida con mayor estrés que las otras poblaciones estudiadas.

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108001

25/06/2020
Cooperativa.cl
Empresa informó que la medida implicará la disminución de 400 trabajadores.
Se trata de la detención de las actividades en las gerencias de fundición y refinería y continuarán las áreas de mina y concentradora.
info Recuerda nuestra campaña «Todos podemos hacer más», si tienes una iniciativa solidaria que quieras comunicar, llámanos al 223648003 o visita nuestro sitio si quieres hacer tu aporte
Codelco anunció detención de fundición en mina de Chuquicamata por Covid-19
Foto: ATON (Archivo)

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) anunció este jueves que detendrá la operación de fundición de la mina Chuquicamata a causa del aumento de casos de Covid-19 en Calama.

Desde la empresa, anunciaron que detendrán las actividades en las gerencias de fundición y refinería como medida preventiva por la alza de casos por Covid-19 en la comuna de Calama, Región de Antofagasta.

«Esta nueva medida es de carácter transitoria y tiene como objetivo reducir la exposición en las áreas, y reforzar los esfuerzos y controles preventivos de seguridad y salud de las personas en la división», indicaron.

Esto ayudará a «focalizar los esfuerzos productivos en las áreas mina y concentradora, unidades de negocio que bajo todos los resguardos, continuarán aportando la generación de excedentes fundamentales para que nuestro país enfrente de menor manera esta pandemia».

Se trata de una disminución de cerca de 400 personas, que significará detención de equipos y reducción de ritmos productivos en ambas áreas.

Ministro de Minería: Es una medida que va en la línea correcta
El ministro de Minería dijo a Cooperativa que se trata de una buena medida la decisión de Codelco, ante el escenario de contagios que se vive en la división.

«Esta es una medida que va en la línea correcta. La Minería ha tomado y está disponible a tomar todas las medidas que sean necesarias para protreger la vida y la salud de sus trabajadores que son nuestro principal capital», planteó el minsitro.

En tanto, Alberto Muñoz, dirigente del sindicato número 1, planteó su molestia con esta decisión.

«Consideramos que es una tremenda deslealtad hacia la dirigencia sindical. Hasta anoche estuvimos conversando, pero ahora nos salen con esta sorpresa de querer cerrar la fundición, de cerrar la refineria. Nos declaramos en conflicto con la administración. No vamos a aceptar ningún desmedro económico a ningún trabajador de la División de Chuquicamata», comentó.

Para la Federación de Trabajadores del Cobre era algo predecible, como lo manifestó su presidente Patricio Elgueta.

«Esta no es solo una decisión de Codelco, sino también del Gobierno. Es una medida politicamente correcta, ya que la Federación con otros gremios sindicales han manifestado que hay un descontrol dentro de las minas producto de esta pandemia», dijo.

El economista y experto en Minería, Juan Carlos Guajardo, dijo que «el impacto final de esto es dilucidar si efectivamente va a haber una disminución de la producción de Codelco».

«Esta paralización de la de la Fundición y Refinería es una señal bastante fuerte de que están ocurriendo situaciones difíciles en el norte. Tal vez haya que entender que pueden venir más anuncios y ahí sí que los impactos van a ir traduciéndose en menor producción y, por lo tanto, tener un efecto económico más fuerte», añadió.
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/codelco-anuncio-detencion-de-fundicion-en-mina-de-chuquicamata-por/2020-06-25/191525.html

Si bien a nivel de la Región de Coquimbo, existe un diagnóstico general compartido en torno a la necesidad de terminar con la actual dispersión de organismos públicos que trabajan en torno al vital elemento, existen dudas por parte de algunos actores, sobre si la creación de una nueva institucionalidad de nivel ministerial sea la solución para abordar la problemática hídrica. Por lo demás, se insistió en que, en caso de crearse una nueva instancia, ésta debiera adoptar una mirada regionalista y descentralizada.
Sustentabilidad
22/06/2020
(Diario El Día) La enorme dispersión de la institucionalidad en materia hídrica que dificulta la gestión y administración del agua en un contexto de sequía y cambio climático en nuestro país, fueron las razones que motivaron a un grupo de diputados a presentar, el pasado 15 de junio, un proyecto de resolución pidiendo al Presidente de la República, la creación de un Ministerio del Agua.

Básicamente, la iniciativa solicita al primer mandatario a disponer un estudio para crear este ministerio, el cual deberá asumir la coordinación de todos los servicios públicos que tengan relación con esta materia y con capacidad ejecutiva para actuar.

“Entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, y la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Comisión Nacional de Riego, en general hay mucha dispersión. Por eso es muy importante que exista un Ministerio que establezca las políticas de planificación en materia hídrica”, explicó el diputado Matías Walker, uno de los legisladores firmantes del proyecto.

El diputado Walker agregó que es necesario este Ministerio del Agua para “hacer un mejor aprovechamiento del recurso, en línea con el proyecto de reforma al Código de Aguas que despachamos durante el gobierno de la Presidenta Bachelet el año 2016”, afirmó.

Al respecto, la idea de aglutinar a todos los organismos relacionados con la gestión del recurso hídrico en una sola institucionalidad es valorada.

De hecho, a nivel regional al menos, diversos actores comparten el diagnóstico central de que la dispersión de estos organismos no favorece una buena administración del vital elemento.

De hecho, en Chile existen 43 instituciones que realizan 102 funciones que son necesarias para la gestión y administración del agua. El debate surge entonces no en el “qué”, sino en el “cómo”, y ahí, la opción de un ministerio es en realidad, una alternativa más que no convence a todos.
Cuencas y visión territorial

Por ejemplo, para la secretaria ejecutiva de la Sociedad Agrícola del Norte, Daniela Norambuena, junto con valorar que las temáticas relacionadas con el agua y la escasez hídrica tomen una especial relevancia a nivel político, se mostró cautelosa al momento de analizar la propuesta presentada por los diputados.

“Hay que saber que crear un ministerio implica mayores recursos y burocracia, ver cuáles van a ser las atribuciones, especificar si van a existir o no duplicidades en las tareas que hoy están designadas en los distintos organismos, cuál es el objetivo tal vez de reclutar esta dispersión de organismos públicos que están en distintos ministerios. ¿Los va a aglutinar el nuevo ministerio? Esas son preguntas que hay que comenzar a hacerse”, señaló.

Pero más allá de cuál pueda ser este organismo final, Norambuena explicó que quizás lo más importante de este asunto es diseñar una institucionalidad que realice su labor administrativa a partir de la realidad de los territorios y de las cuencas.

“Eso es algo lógico. Acá hay una falencia en cuanto a la gobernanza del agua y se necesita tener una unidad que pueda reunir estas características”.

Ahora, independiente del tipo de institucionalidad, a juicio de la secretaria ejecutiva de la SAN, ésta “debiese ser independiente de los gobiernos de turno. Si nos ponemos en un ministerio siempre vamos a depender en el fondo, del gobierno y hacia donde lo quiera conducir. En cambio el tema hídrico es algo que debe establecerse a largo plazo, donde uno tiene que tener un punto de inicio con varias estrategias a corto, mediano y largo plazo independiente de los gobiernos de turno”.

Gobernanza local

Otro punto a tener en cuenta según la secretaria ejecutiva de la SAN, es que se debe seguir fortaleciendo a las organizaciones de usuarios del agua.

En efecto, para Alejandra Marín, gerenta de la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes, “lo importante sería que ese eventual organismo se descentralice hacia las regiones, porque hay cada particularidad en cada región respecto al funcionamiento en la gestión del agua. Esa descentralización debe ser efectiva de tal manera de poder abordar esas particularidades que cada región tiene”.

Junto con coincidir en la necesidad de “una coordinación de todas aquellas instituciones que trabajan en torno al agua y de todas la medidas que se aplican al recurso”, Marín explicó que como juntas de vigilancia y usuarias directa del agua, “estamos por supuesto, siempre disponibles a colaborar y trabajar para aportar desde nuestro funcionamiento como organizaciones de regantes, y como administradores y distribuidores del agua en la cuenca del Elqui, en este caso”.

En ese sentido, desde la SAN, Daniela Norambuena, recordó que contamos con un código de aguas “que nos indica el cómo hacer el uso, goce y disposición del derecho de aprovechamiento de agua. Allí están las herramientas. Por lo tanto, tampoco hay que inventar la rueda si ya lo tenemos. Lo que hay que hacer es mejorarlo, y mejorarlo en base también a los requerimientos hídricos, a la escasez, al cambio climático. Hay que darle herramientas a ese código de aguas para que pueda funcionar de manera eficiente en la institucionalidad y la administración del agua”.

Subsecretaría

En tanto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida, miembro de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, afirmó que el proyecto de resolución que propone la creación de un ministerio del agua “no tienen efecto jurídico. Los proyectos de resolución son simples declaraciones de buena voluntad y (…) solamente, generan expectativas, inducen a errores o a engaños. Esto corresponde a una facultad exclusiva del ejecutivo, el cual debe presentar un proyecto de ley que proponga la creación de una nueva subsecretaria o un nuevo ministerio”, afirmó.

Respecto a este último punto, el legislador gremialista señaló que su postura va por la implementación de una Subsecretaría del Agua, dependiente del Ministerio de Agricultura, “y que permita estar a cargo de todos los organismos que hoy día están relacionados con el tema hídrico. Es decir, que dependan de esta subsecretaría la Dirección de Obras Hidráulicas, la Comisión Nacional de Riego, o la Dirección General de Aguas”.

La idea dice, es que “se coordinen todos los proyectos y programas relacionadas con el tema hídrico, y se canalicen a través de un solo estamento y no como ocurre hoy día que tenemos servicios que, por un lado, pertenecen al Ministerio de Obras Públicas, o están relacionados con el Ministerio de Agricultura, o son instituciones donde se combinan distintos ministerios”.

En ese sentido comenta, ya se hizo una propuesta formal al Presidente de la República por parte de los diputados de Chile Vamos pertenecientes a la comisión hídrica de la Cámara, y se está a la espera de una respuesta una vez que pase lo peor de la pandemia, “y poder retomar así, la creación de este nuevo estamento que va a significar muchos recursos, muchas reestructuraciones, pero que creemos que va a permitir dar una solución a largo plazo de lo que es la sequía”.

Según datos de la Sonami, producto de la escalada de la pandemia actualmente 90 mil trabajadores de la industria no están concurriendo a sus lugares de trabajo en las faenas.
(Emol) Poco a poco la pandemia de covid-19 ha ido golpeando a todos los sectores productivos a nivel nacional, y la minería no ha sido la excepción.

Y es que el virus ha tocado la puerta de algunos trabajadores del sector, lo que ha generado una reducción importante en el nivel de dotaciones de las diversas faenas del país producto de las medidas sanitarias que se han ido tomando, generando con ello dudas respecto a si podrán seguir manteniendo sus cifras de operación y producción.

De hecho, el medio económico internacional Bloomberg puso el martes sobre la mesa la preocupación que tendría el mercado respecto a si el aumento de los contagios en el país podría ponerle freno a la producción de cobre, considerando que Chile actualmente genera el 28% de la totalidad del metal rojo extraído en el mundo.

Tema al que también se refirió hace dos días el presidente del Banco Central, Mario Marcel, exponiendo que una paralización parcial de la operación minera generaría “un impacto mayor” sobre la ya resentida economía nacional. Por ello, dijo, “es importante que la propia industria tenga y garantice condiciones de seguridad a sus trabajadores para minimizar el riesgo de contagio y para que pueda mantener su continuidad aun cuando algunos proyectos de inversión estén siendo pospuestos hasta que las condiciones sean más normales”.

En ese último punto, Marcel hizo referencia al caso de Codelco, que informó su decisión de paralizar todos sus proyectos en la Región de Antofagasta junto que explicar que en la División Chuquicamata estará operada solo por trabajadores de Calama.

A la vez, señaló que se acordó con los trabajadores de la División El Teniente jornadas laborables de 14×14, es decir, 14 días de trabajo y 14 días de descanso.

Según comentó a Emol el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, la industria en su conjunto ha “adoptado todas las medidas y protocolos de control de sus trabajadores y contratistas para evitar contagios en sus faenas”.

Dicho eso, expuso que actualmente la minería está funcionando “con poco más de un 50% de su fuerza laboral presencial”, siendo “más de 90 mil los trabajadores desmovilizados en estos momentos, los que en muchos casos están haciendo trabajo remoto”.

Cifra similar a la que maneja Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plumining, quien comentó que si bien al inicio de la pandemia en el país la mayoría de las compañías mineras habían reducido sus dotaciones en un promedio de 30%, hoy esa cifra “se ha profundizado hasta una reducción estimada de 45%”.

“Dotaciones reducidas significan mayores exigencias para la operación, aunque hasta ahora ha sido notable que se ha logrado mantener la producción. En el corto plazo, sin embargo, hay que observar los efectos que esto tiene sobre los trabajadores, así como también en el diferimiento de actividades de preparación que pueden pesar sobre la producción futura”, agregó.

Mientras que el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, manifestó que “todas las operaciones de la gran minería se encuentran en funcionamiento, pero con menor dotación de personal”, anotando una reducción promedio de trabajadores de entre un 30% y 40%.

Asimismo, indicó que Calama es la zona del país en donde se han implementado medidas sanitarias “más exigentes”.
Caída en la producción

Por otro lado, Hernández recalcó el “rol clave en el desarrollo económico y social del país” que juega la minería, subrayando que, si el sector “logra la continuidad operacional en este año 2020, estaremos muy bien posicionados para normalizar nuestras operaciones durante 2021 y de ese modo contribuir al reeganche de la economía nacional”.

Hasta ahora, continuó, “hemos logrado una producción muy cercana a la normal y esperamos poder seguir haciéndolo por el resto del año”. Así, proyectó una “leve caída” del PIB minero en 2020, considerando la importante producción de cobre -que explica el 90% del PIB sectorial- lograda en 2019.

“Con los datos a la fecha, esperamos una caída acotada del PIB minero el presente año, no mayor que 2%”, apuntó.
En tanto, Villarino, del Consejo Minero, apuntó que “datos de estudios externos han entregado cifras acerca de las consecuencias que podría tener el coronavirus, señalando que para este 2020 podría haber una caída de 5,5% en la producción de cobre”.

Aquello, acotó, “en el entendido de que exista continuidad operacional. Ahora, si este factor cambia, el efecto podría ser mayor”.
Precio del cobre

En cuanto a si un eventual freno en las operaciones de la minería de cobre en Chile podría provocar un efecto en el precio del metal rojo, el líder gremial aseguró que “nos enfrentamos a un escenario marcado por la incertidumbre y con bastante volatilidad del precio del cobre (…). Mientras el resultado de esta pandemia permanezca inconcluso, deberemos seguir lidiando con un mercado volátil”.

Hernández sobre lo mismo sostuvo que “debemos tener presente que Chile actualmente genera el 28% de la totalidad de la producción de cobre de mina, de modo tal que si eventualmente, por razones sanitarias, se tuviera que suspender alguna de nuestras operaciones, ello podría afectar el precio presionándolo hacia el alza o bien poniendo un muro de contención en caso de caída de la cotización”.

Mientras que Guajardo dijo que “me parece que el mercado había venido internalizando en el precio una posibilidad de menor producción por los mayores casos de Covid-19 especialmente en Chile y Perú, pero si se extienden las restricciones en Chile es posible que la tendencia al alza se fortalezca”.
https://www.mch.cl/2020/06/25/sector-minero-opera-con-cerca-del-50-de-su-dotacion-presencial-y-actores-proyectan-cuanto-caeria-actividad-en-2020/

El secretario de Estado explicó que, según el catastro realizado por la Corporación de Bienes de Capital, la inversión en la industria podría llegar a los US$19.802 millones en el quinquenio.
22/06/2020
“Sin duda alguna, la minería jugará un rol fundamental en la recuperación económica tras la pandemia”. Con esas palabras el ministro Baldo Prokurica anunció que éste será el sector que generará la mayor inversión a materializar en el quinquenio 2020-2024, con un monto equivalente a US$19.802 millones, según datos del último informe del catastro de inversión, realizado por la Corporación de Bienes de Capital (CBC).

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El secretario de Estado señaló que “históricamente, la minería ha sido un pilar para el desarrollo económico y la generación de empleo en el país. Hoy, no es la excepción y, hasta el momento, es la actividad que menos impacto ha tenido a raíz de la propagación del Covid-19 y estamos seguros que, cuando finalice esta pandemia, será fundamental en la recuperación económica de Chile. Esto se reafirma con las cifras del último catastro de la Corporación de Bienes de Capital, ya que en el periodo 2020-2024, minería será el sector con mayor inversión a materializar, alcanzando un 34,9% del total nacional”.

La autoridad detalló que durante este año, la inversión a materializar en minería alcanzará los US$5.104 millones, situándose, de igual manera, como el sector con mayor inversión. Esto corresponde al 30,2% del total nacional.

“La ejecución de proyectos en minería, requerirá mano de obra y se espera que 2021 se registre la mayor generación de empleo para la construcción de estas iniciativas, con un promedio anual de 25.388 puestos de trabajo. Esto demuestra la importancia que tiene esta actividad, creando empleos de calidad, y aportando en el desarrollo económico de las regiones y de Chile”, explicó el ministro Prokurica.

Entre los mayores proyectos mineros en desarrollo asociados al quinquenio 2020-2024 destacan: Quebrada Blanca Fase 2, de Teck; Expansión Incremental Los Pelambres Fase 1, de Minera Los Pelambres; Desarrollo de infraestructura y mejoramiento de capacidad productiva de Collahuasi; Proyecto Santo Domingo, de Minera Santo Domingo SCM; Proyecto Salares Norte, de Minera Gold Fields; Desarrollo Mantoverde de Mantos Cooper; Los Bronces Integrado de Anglo American; Rajo Inca y Proyecto Desarrollo El Teniente, ambos de Codelco.
https://www.mch.cl/2020/06/22/ministro-prokurica-mineria-sera-el-sector-que-generara-mayor-inversion-en-2020-2024/

Estadísticas corresponden a los informes que las cuatro divisiones de la estatal en la región, y su filial Minera El Abra, entrega a sus trabajadores.
23/06/2020
(El Mercurio de Calama) Los informes que las cuatro divisiones del Distrito Norte de Codelco (sumado a su filial Minera El Abra) entregan a sus trabajadores y en los que especifica el avance de los contagios por Covid-19 y el número de personas en cuarentena; estiman en 472 el total de casos positivos entre sus trabajadores propios y terceros y en 703 las personas alejadas por prevención.

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Según el resumen ejecutivo elaborado por Ministro Hales, la división registra un total de 98 casos confirmados por Covid-19.

De estos, el 80% corresponde a trabajadores de empresas contratistas (78); y un 20% a personal propio (20).

Mientras que los casos sospechosos son 78, 77% de ellos de empresas externas (56%), y 23% de trabajadores propios (16).

Operación que además ha realizado 5.367 test rápidos entre sus trabajadores, 60% de ellos a terceros (3.222); y 40% a personal de Codelco (2.145).
El mercurio de Calama
https://www.mch.cl/2020/06/23/distrito-norte-de-codelco-suma-472-casos-positivos-de-covid-19-y-700-personas-en-cuarentena/

La compañía dejará de usar el aeropuerto de Calama y enfatizó que no habrá tránsito de personal por el radio urbano de las ciudades, salvo en el caso de Coloso.
23/06/2020
(El Mercurio de Calama) Un total de 209 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 78 corresponden a casos activos, confirmó BHP para sus operaciones de “Escondida” y “Spence”, ambas ubicadas en la Región de Antofagasta.

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La compañía apuntó su preocupación por el aumento de los contagios en las comunas de Antofagasta y Calama, razón que motivó el reforzamiento de sus planes de contingencia “para resguardar la salud de los trabajadores propios y contratistas, y contribuir con las autoridades para reducir el impacto de la pandemia en la región”.

En detalle, Escondida registra un total acumulado de 150 casos entre trabajadores directos y contratistas, de los cuales 45 son casos activos.

En el caso de Spence, incluido el proyecto SGO (proyecto de construcción de planta desaladora), registra 59 enfermos entre trabajadores directos.
https://www.mch.cl/2020/06/23/bhp-confirma-209-casos-de-covid-19-en-operaciones-locales/

Empate de votos.
22 de junio de 2020
La decisión fue acordada con los votos en contra de los Ministros Aróstica, Letelier y Vásquez, quienes estuvieron por acoger el requerimiento.
El Tribunal Constitucional rechazó tres requerimientos de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, del artículo 64 bis, de la Ley de Impuesto a la Renta.

Las gestiones pendientes inciden en autos sobre recursos de apelación ante la Corte de Santiago, en los que la empresa requirente es recurrente, puesto que con ocasión de un programa de fiscalización destinado a verificar el correcto cumplimiento tributario en la determinación del Impuesto Específico a la Actividad Minera en la explotación del litio en sus diversas formas, se practicaron a SQM Salar, requerimientos de auditoría. Sin embargo, la respuesta entregada por la empresa no permitió desvirtuar las observaciones planteadas en la citación, razón por la cual se resolvió debía ser modificada la base imponible del Impuesto Específico a la Actividad Minera.

La empresa requirente considera que el precepto impugnado vulnera la igualdad ante la ley, toda vez que la arbitrariedad para juzgar la constitucionalidad de un precepto legal y de una actuación administrativa discriminatoria y arbitraria, necesariamente implica que si la desigualdad resulta de una distinción establecida por el legislador y cuya validez se niega, la carga de probar la razonabilidad de la diferencia incumbe a quien defiende la ley, pero como la igualdad también puede argüirse frente a un tratamiento legal que, a juicio de quien impugna, ha ignorado diferencias significativas, es éste quien debe aportar las razones por las que debió atribuirse relevancia jurídica a tales diferencias. Asimismo, estima vulnerado el derecho de propiedad, pues situarse la potestad tributaria del legislador, como manifestación de la función social del dominio, nunca puede afectar la propiedad en su médula ni sus atributos o facultades esenciales.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional señala que de conformidad con el artículo 3 de la LOC de Concesiones Minera y el artículo 7 del Código de Minería, el litio no es una sustancia no susceptible de concesión minera. Sin embargo, el artículo 5 del DL N° 2.886, de 1979, establece excepciones a la regla que el litio queda reservado al Estado. El SII entiende que estas excepciones hacen subsistir las concesiones de litio anteriores al decreto ley y la requirente que esta excepciones sólo persiguen resguardar derechos adquiridos. Esta es justamente la quintaesencia de un conflicto de legalidad al no existir ninguna función que norma constitucional alguna sirva para determinar la solución al caso conforme al principio de jerarquía normativa. Por consiguiente, se trata de un conflicto acerca del sentido y alcance de la ley que es de competencia del juez de fondo y sobre el cual nuestra Magistratura no tiene competencia alguna que dimane desde la Constitución.

En tal sentido, señala el laudo, la disposición transitoria segunda de la Constitución es irrelevante en tal conflicto, puesto que como ha sostenido previamente esta Magistratura, la Constitución facultó expresamente al Código de Minería para regular lo tocante a la extinción de los derechos mineros que existían con anterioridad a su dictación, esto es, a las pertenencias “antiguas”, mientras que tratándose de las pertenencias “nuevas” que se constituyen al amparo del nuevo régimen jurídico regulado por las normas permanentes de la Constitución, dichas causales únicamente pueden establecerse en la ley orgánica respectiva.

Luego, respecto de la afectación del principio de igualdad, señala que en la minería se puede comparar desde titularidades muy diversas: podemos ejemplificarlas desde la condición de explotador minero, o partiendo desde la condición de explotador de sustancias no concesibles; o reconociendo la condición de explotador de litio bajo concesión comprada con aquellos que tienen contratos especiales de operación de litio. Sin embargo, debe desestimarse todo tipo de comparación que derive en una hipotética desigualdad. Como no se da ninguna de esas circunstancias no examinamos la desproporción tributaria.

Sobre la existencia de una vulneración de la reserva legal y del principio de legalidad tributaria, señala que ya se ha afirmado por el Tribunal que hay algunos elementos esenciales que deben formar parte de la determinación del contenido fundamental del tributo. Ellos son la obligación tributaria, los sujetos de la obligación – tanto activo como pasivo -, el hecho gravado, el objeto de la obligación, la base imponible, la tasa y, en general, otros elementos específicos, dependiendo del tributo. En este caso, es claro que cada uno de estos elementos está definido suficientemente. No es tare de esta Magistratura hacer un análisis completo del impuesto, competencia técnica que excede nuestro alcance, pero que a lo menos nos permite verificar que uno de sus requisitos esenciales esté presente.

Finalmente, sobre la afectación al derecho de propiedad, puesto que el SII impondría un impuesto interpretativo, determinan que, en primer lugar, no existe derecho de propiedad sobre normas y el legislador puede imponer variaciones normativas: “Cuestión diferente es entender que exista una especie de derecho de propiedad sobre normas o una especie de garantía de invariabilidad normativa. Esta Magistratura ya ha sostenido que no existe derecho de propiedad sobre normas y que el legislador puede imponer variaciones normativas”. En segundo lugar, la regla general es que las normas legales no se apliquen retroactivamente y que rijan hacia el futuro en cuanto a la determinación de una nueva carga tributaria de un modo específico que no sea discriminatorio, y por lo mismo, no afecta posiciones pasadas. Y, en tercer lugar, la invariabilidad específica que se reprocha debe deducirse con claridad del propio texto legal. En efecto, si se desea reconocer la existencia de una exención tributaria ésta debe nacer de un modo patente y expreso de la propia ley, cuyo no es el caso.

La decisión fue acordada con los votos en contra de los Ministros Aróstica, Letelier y Vásquez, quienes estuvieron por acoger el requerimiento, sobre la base de la Administración estableció requisitos o condiciones que van más allá del núcleo duro o definición básica, lo que les hace concluir que la actuación de la administración fue más allá del estándar constitucional permitido, y en consecuencia, debe ponderarse la inconstitucionalidad de la norma al tenor del principio de legalidad tributaria y sus efectos constitucionales relativos a su discriminación.

Vea texto íntegro de las sentencias Roles N°S 7558-19; 7559-19; 7549-19.
https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/tribunal-constitucional/2020/06/22/tc-rechazo-inaplicabilidades-que-impugnaban-norma-de-lir-que-establece-impuesto-especifico-a-la-actividad-minera/

El Mostrador 22/06/2020
Crédito: Reuters
Sindicatos redoblan la presión tras segunda muerte de trabajador de la minería por coronavirus
Tras la muerte de dos trabajadores de la estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre, y un aumento sostenido en los contagios, los gremios exigen mayor fiscalización y control, además de reducir la alta circulación de personas por el cambio de turnos en Calama.

Sindicatos de la minería de cobre en Chile redoblaron la presión sobre empresas y autoridades estatales ante lo que consideran deficiencias en las medidas de prevención de contagio de coronavirus, amenazando con escalar el conflicto a través de acciones legales.

Tras la muerte de dos trabajadores de la estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre, y un aumento sostenido en los contagios, los gremios exigen mayor fiscalización y control, además de reducir la alta circulación de personas por el cambio de turnos en Calama.

Horas después de informar el segundo deceso por Covid-19, Codelco anunció la noche del sábado la detención de proyectos en construcción y la operación de la centenaria mina Chuquicamata solo con personal de Calama.

La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que agrupa a los gremios de la estatal, dijo que de no cambiar la situación «nos veremos en la obligación de generar en conjunto con otros gremios que representan a trabajadores de la Gran Minería, a fortalecer nuestras acciones e impulsar las medidas necesarias», incluyendo acciones administrativas y legales.

«Bajo ningún pretexto aceptaremos que se anteponga la producción y cualquier objetivo del negocio minero de Codelco si no están garantizadas, mediante los más altos estándares, urgentes medidas de prevención», agregó la FTC en un comunicado, tras calificar de «insuficiente» el anuncio de la empresa.

Desde el inicio local de la pandemia en marzo, las operaciones de la industria minera en Chile no se han visto mayormente impactadas, pero los contagios han aumentado con la sostenida propagación que sufre el país.

Por su parte, el sindicato de trabajadores de Escondida, la mina de cobre más grande del mundo y controlada por BHP, también se quejó de la falta de control estatal y de problemas con el cálculo de bonos sujetos a la producción.

«Entendemos el sentir de muchos de que de alguna manera debiera haber una retribución o reconocimiento de la exposición al riesgo en faena», señaló.

Además asomó la aplicación de un artículo del Código del Trabajo local que pide a las empresas a suspender y desalojar faenas ante riesgos a la vida o salud de los trabajadores, pero que también habilita a los operarios a interrumpir sus labores frente a estos peligros.

Además de Codelco y BHP, en el país operan otras gigantes internacionales como Anglo American, Glencore, Antofagasta, Freeport McMoRan.
https://www.elmostrador.cl/mercados/2020/06/22/sindicatos-redoblan-la-presion-tras-segunda-muerte-de-trabajador-de-la-mineria-por-coronavirus/