Chile

Las desconocidas donaciones de Anglo American al Ejército de Chile

28/08/2020
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Entre 2008 y 2014 la minera donó un sistema de tratamiento de aguas servidas y agua potable que se ubicó en uno de los predios que la multinacional arrendó para alojar al personal que trabajó en el desarrollo de la operación de la mina Los Bronces. En ese lugar hoy en día funciona el regimiento Arsenales de Guerra. A esto se suman otros aportes.

Apartir del 30 de abril de 2012, el patrimonio del Ejército de Chile en el sector de Colina aumentó considerablemente por una donación de la minera Anglo American. Gracias a un contrato que finalizó ese día entre las dos partes, esta rama de las Fuerzas Armadas pasó a tener una planta de tratamiento de aguas servidas, junto con un nuevo sistema de agua potable, además de varios contenedores habitacionales.

Estos últimos habían sido instalados desde 2008 por la multinacional con sede en Londres, cuando arrendó un predio de 5,5 hectáreas al Ejército en el sector del Camino Termas de Colina, para alojar a más de 700 trabajadores que participaron en el proyecto Desarrollo Los Bronces, el que obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable el 26 de noviembre de 2007.

Cuando llegó 2012, esas instalaciones pasaron a manos del Ejército.

Todo esto fue realizado por la rama castrense mediante actos privados, que solo pudieron ser conocidos vía Ley de Transparencia. Muchos vecinos del sector, que alegan actualmente por la contaminación ambiental generada por Anglo American, no estaban enterados que otro de sus vecinos había facilitado las cosas para la compañía.

En particular, se solicitó la totalidad de los documentos entre 2009 y 2020 que certificaran donaciones por parte de Anglo American al Ejército de Chile. La respuesta arrojó otro aporte más, fechado a fines de 2014, donde la multinacional donó distintos insumos por más de $18 millones de pesos, los que se abordarán hacia el final de este reportaje.

El vecindario

El 5 de octubre de 2006, ya a cuatro años de haber adquirido las faenas a la Compañía Minera Disputada de Las Condes por US$1.300 millones, Anglo American ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el Proyecto Desarrollo Los Bronces, cuyo objetivo era “aumentar la producción de cobre fino en concentrados y cátodos para mantener la competitividad de la compañía en el mercado del metal”.

La iniciativa contempló –según el mismo SEA– una inversión de US$ 1.000 millones, y trazó otro mineroducto desde Lo Barnechea hasta la planta de flotación Las Tórtolas, en Colina. Para hacer este movimiento, la multinacional llevó a cabo un intercambio de propiedades con el mismo Ejército de Chile, donde se transaron servidumbres para dar las facilidades a esta nueva iniciativa (ver artículo La reservada operación entre Anglo American y el Ejército que transó tierras y servidumbres para la mina Los Bronces).

Sin embargo, la relación entre ambas partes iba mucho más allá, a tal punto que la propia rama castrense le arrendó un terreno de 5,5 hectáreas a Anglo American para que pudiera alojar personal que trabajó en las faenas del Proyecto Desarrollo Los Bronces.

Así quedó estipulado en un contrato privado suscrito el 2 de julio de 2008 entre el general Guillermo Castillo Pantoja, entonces a cargo del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército (CAAE), y Miguel Durán Vergara e Ignacio Quiñones Sotomayor en representación de Anglo American Sur S.A., en el cual se estipuló que la multinacional dotaría el lugar de esa infraestructura, la cual “una vez terminado este contrato de arrendamiento pasará a ser parte integrante de las instalaciones de carácter militar” (ver documento).

En ese contexto, Anglo American prometió levantar “un campamento para alrededor de 750 personas en un terreno de 5,5 hectáreas aprox”, hacer un “mejoramiento del actual Sistema de Impulsión y Distribución de Agua Potable” y “Reconstruir el Colector de Aguas Servidas y Planta de Tratamiento”.

Además, en uno de los anexos se especificó que, dada la urgencia por el traslado del Regimiento Nº2 Arsenales de Guerra al sector, “se dará prioridad al término [de] las obras requeridas para tener operativos los sistemas de agua potable y aguas servidas”.

Acorde a testimonios recogidos por lugareños que pernoctan por esos lugares, que forman parte del Fundo Peldehue, los trabajos mineros se llevaron a cabo, y durante ese tiempo se vio un flujo constante de personal.

Este vínculo finalizó el 30 de abril de 2012, poco más de un año antes de que la fecha inicial del término de contrato. En ese acto, el Comando de Bienestar del Ejército (ex Comando de Apoyo Administrativo) declaró “recibir la propiedad arrendada, sus construcciones modulares, planta de aguas servidas y el sistema de agua potable en perfecto estado de conservación con esta misma fecha”

A pesar de que Anglo American ni el Ejército quisieron responder las preguntas de este artículo, se pudo constatar que la infraestructura donada perdura hasta el día de hoy. Vecinos de esas instalaciones, en el Camino Termas de Colina, señalaron que la rama castrense les dona agua potable de manera gratuita; no pasa así con las aguas servidas, ya que al menos dos familias distintas afirmaron usar fosa séptica.

Actualmente, la planta de tratamiento de aguas servidas es mantenida por la empresa Servicios Sanitarios Aguas Peldehue Limitada, que ganó una licitación este año y firmó contrato en 2020. En este documento (ver aquí), Aguas Peldehue “acepta y se compromete a realizar y prestar el servicio de mantenimiento de las plantas de agua potable y servidas, del Regimiento Logístico de Ejército Nº2 ‘Arsenales de Guerra’”, por un plazo de diez meses, que involucra el pago de $13 millones cada mes.

Todos los días de la semana, las 24 horas del día, hay personal de Aguas Peldehue manteniendo la planta.

Máquinas de aire acondicionado, termos, instrumentos de cocina

La última donación informada por el Ejército vía Ley de Transparencia guarda relación con una que se realizó a fines de 2014, en la cual Anglo American –por medio de una filial– donó distintos insumos como máquinas de aire acondicionado, termos eléctricos e instrumentos de cocina; toda infraestructura que superó los $18 millones de pesos.

Así quedó registrado en la resolución exenta del 21 de octubre de 2014, firmada por el general Gustavo Porcile Arellano como director de Logística. En este documento (ver aquí), el militar delegó al director de la Escuela de Inteligencia, Sucre Elgueta Segura, la facultad para suscribir un contrato de donaciones con Anglo American Chile Limitada.

En este mismo documento, se especificaron los insumos y la cantidad de cada uno de ellos que donaría la multinacional.
Fuente: Interferencia

Las desconocidas donaciones de Anglo American al Ejército de Chile

Chile, Litio

Acuerdo de SQM con Camar tensiona a comunidades: Peine y Consejo de Pueblos Atacameños no negociarán con la firma

Vanessa Azócar
La Tercera La Tercera
El viernes por la tarde, el Consejo de Pueblos Atacameños convocó a una reunión extraordinaria. El punto crítico de la tabla era el convenio extrajudicial firmado por la comunidad de Camar con SQM Salar por un monto total de $1.700 millones que La Tercera PM dio a conocer ese mismo día.

A través del acuerdo extrajudicial con SQM, Camar desistió del proceso judicial que junto a las comunidades indígenas inició contra la empresa productora de litio por el uso de agua e impacto de las operaciones en la zona. En febrero de 2019, Camar, la comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), habían presentado una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta contra la Superintendencia de Medio Ambiente por la aprobación del Programa de Cumplimiento (PdC) presentado por SQM en enero de 2019 por un costo de US $25 millones.

A la reunión convocada el viernes por el Consejo de Pueblos Atacameños, llegaron 17 comunidades aledañas al Salar de Atacama. Solo faltó Camar, cuya decisión fue ampliamente cuestionada por el avenimiento a la empresa que, a juicio de las agrupaciones, contradice un acuerdo expreso de no tener acercamientos con la firma.

“Debemos afirmar nuestros principios de unidad frente a la división, la lealtad a la desidia y no caer en el juego que tiene la empresa SQM, quien está realizando sus estrategias, ya que son los únicos que se sienten amenazados con el proceso sancionador”, dice el comunicado interno emitido ese días por las comunidades.

En la cita, las comunidades reafirmaron que la decisión de Camar no incidirá en el proceso judicial contra la empresa. Un compromiso que la comunidad de Peine reafirmó al asegurar que no tendrá acercamiento ni llegará a acuerdos con SMQ.

Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños añade que la intención de las comunidades, de hecho, es continuar además un proceso contra el Estado de Chile en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Hemos respetado lo que la comunidad de Camar ha realizado, obviamente, que ese acuerdo tiene que ver con procesos que se vienen dando desde hace muchísimo tiempo y que son afectaciones que la empresa ha hecho a lo largo de la historia con la comunidad. Esto, obviamente, no va a impedir en ningún caso que la Comunidad de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños continúen en el proceso sancionatorio contra SQM y también la demanda internacional que hay contra el Estado por la firma del contrato entre Corfo y esta misma empresa”, asegura el dirigente.

Cubillos dice que las comunidades están decididas a llevar el caso a la CIDH para lo cual son asistidos por el abogado Jaime Madariaga. “Por la pandemia, lamentablemente, no pudimos participar en las instancias. Unas eran aquí, las otras eran en Washington y Colombia. No se pudo, pero estamos pidiendo audiencia con la CIDH para presentarles el caso”, explica.

“Peine no negociará”

Amanda Barrera, presidenta de la Comunidad de Peine, dice que el acuerdo entre Camar y SQM distancia entre sí a las comunidades.

“Sentimos afectadas las relaciones entre los comuneros. Obviamente que el desconocimiento del acuerdo entre Camar con SQM y el desestimiento nos afecta porque todos formamos el Consejo de Pueblos Atacameños. Teníamos una decisión de no negociar con SQM”, afirma la dirigenta.

Barrera reafirma que Peine no se acercará a SQM. “Nosotros como directorio de Peine seguimos el mandato de la asamblea y no vamos a negociar. Vamos a continuar con la defensa del territorio. Ni siquiera sentarnos a conversar. Pretendemos que el proceso sancionatorio siga adelante porque el daño en el Salar es evidente”, insiste.

Toconao: “Las comunidades de Lickanantay no se venden”

Las comunidades de Toconao y Talabre aseguran, a su vez, que no existen acercamientos a la empresa posteriores al acuerdo adoptado en conjunto con el resto de las comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños.

Así lo recalca Cristian Varela, representante de la comunidad de Toconao. “Las comunidades de Lickanantay no se venden y no han negociado en ningún momento el tema medio ambiental, tampoco sus derechos de agua. Los acuerdos anteriores a los que han llegado algunas comunidades están dentro del marco de la reparación por la intervención y el daño histórico que han producido estas empresas extractivistas al interior del Salar de Atacama”, asegura.

Varela añade que “seguiremos adelante con el proceso sancionatorio. Hay un claro compromiso de las comunidades de Lickanantay del borde sur, y en especial de Toconao, con el medio ambiente y con los valores de identidad de nuestros ancestros”.

Talabre: “No nos bajamos del proceso sancionatorio”

En la misma se pronuncia Eliza Soza, presidenta de la comunidad de Talabre, quien reafirma que no se bajarán del proceso sancionatorio contra la empresa y sostiene que el acercamiento de la firma a la comunidad es previo y no tiene relación al proceso judicial reciente.

“Hace muchos años, SQM viene trabajando con la comunidad en agricultura, ganadería y pequeños proyectos. Hay un relacionamiento con la comunidad anterior y esto siempre ha estado en conocimiento de la Comunidad de Pueblos Atacameños. Eso no significa que perdamos nuestra autonomía y nuestro derecho a reclamar por nuestro territorio a la empresa. Eso es intransable. En ningún momento vamos a dejar de reclamar a la empresa por nuestra afectación al medio ambiente. No nos bajamos del proceso sancionatorio y la empresa está al tanto de eso”, asegura.

Chile, Litio

El gobierno y SQM contra las comunidades atacameñas: el juicio por incumplimientos ambientales que podría dejar a la empresa controlada por Ponce Lerou sin derechos de explotación en Salar de Atacama.

FRANCISCA VALENCIA
12/08/2020
Fuente: Chile Sustentable
La Corte Suprema fijó alegatos para el 13 de agosto, en la causa que involucra a las comunidades indígenas atacameñas contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y SQM Salar S.A, por las infracciones e incumplimientos ambientales realizados por la empresa desde 2013. La sentencia del máximo tribunal podría obligar a la SMA a retomar el proceso sancionatorio en cumplimiento de la orden dada por el Tribunal Ambiental de Antofagasta (TAA), sanciones que podrían imposibilitar, eventualmente, la continuidad de la empresa.

El litigio se remonta a 2016, cuando la SMA formuló cargos contra la empresa -presidida por aquel entonces por Julio Ponce Lerou- tras detectar 6 infracciones cometidas desde 2013, algunas de ellas leves, otras graves y una de carácter gravísima, relacionadas principalmente con la extracción de salmuera fresca por sobre lo autorizado (de la salmuera se extraen cloruro de potasio y carbonato de litio). Las infracciones habrían contribuido al desbalance hídrico del Salar de Atacama, asunto sobre el cual existen incertezas científicas que ameritaron la aplicación del principio precautorio por parte del TAA, y la prosecución del proceso sancionatorio.

Tras esto, SQM presentó cuatro programas de cumplimiento (PdC), siendo el último de ellos aprobado por la SMA en enero de 2019. Conforme al cual SQM debía ingresar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) respecto de algunas de las acciones que propuso, y suspendiendo el proceso sancionatorio. Los PdC son una salida alternativa que concede la SMA de manera legal a un infractor, que debe reconocer sus infracciones y proponer la forma en que estos efectos se eliminen o contengan y reduzcan; todo siempre, con el fin de evitar sanciones por parte de la SMA.

SQM propuso en su último plan reponer salmuera, monitoreos en línea y una serie de mitigaciones que involucran US$ 25 millones. La compañía arriesga multas que van desde los US$ 22 millones hasta la pérdida de su licencia para operar la explotación del salar, sanción que solicitan algunas comunidades del norte afectadas por la minera.

El salar de Atacama es de suma importancia para la empresa minera del litio. Según sus últimos estados financieros, en el primer semestre de este año SQM Salar facturó US$210 millones, más del 53% de los ingresos totales de la empresa a marzo de este año, según informa La Segunda.

Sin embargo, en diciembre de 2019 el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió las reclamaciones de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños y la Comunidad Indígena Atacameña de Cámar, en contra de la aprobación del cuarto PdC por parte de la SMA, ordenando su revocación.

Para revocar la medida del SMA, el Tribunal Ambiental de Antofagasta tuvo en consideración la especial condición de fragilidad que presentaba el Salar de Atacama, desde un punto de vista ecosistémico, y el elevado nivel de incerteza científica existente respecto de su comportamiento hidrodinámico, que los resultados de los informes de SQM tampoco pudieron comprobar de manera certera.


Con esta decisión la SMA quedaba obligada a retomar el proceso administrativo sancionatorio contra la empresa, la cual no solo tiene la obligación de volver al cumplimiento ambiental, sino que conjuntamente con ello, debe hacerse cargo adecuadamente de los efectos negativos provocados por las infracciones cometidas.

Sin embargo, la pugna no terminó con esta sentencia, ya que a finales de enero de este año la SMA junto a SQM Salar (en calidad de tercero coadyuvante), recurrieron en contra de la decisión tomada por el TAA, buscando revertir la sentencia en la Corte Suprema.

La tercera sala de la Corte Suprema, que ve el caso, está presidida por el Ministro Sergio Muñoz., quien es recordado, entre otras, por la sentencia de paralización de la central termoeléctrica Castilla. En la sala también efectuarán como juezas las ministras María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y los abogados integrantes Álvaro Quintanilla y Pedro Pierry.

Un abogado conocedor del caso, que prefirió mantener en resguardo su identidad, en conversación con El Ciudadano, analiza los distintos escenarios del caso y explica el tipo de juicio que se está llevando: “En lo que se llama casación en el fondo, no se ven los hechos de la causa, no se ven los hechos de contaminación y daño, por ejemplo. Aquí se analiza solamente el derecho. Es decir, en este caso, la SMA estimó que el TAA no cumplió con la ley al revocar la resolución que aprobaba el programa de cumplimiento, y recurrió en contra de la sentencia para que la Corte Suprema la invalide por haberse pronunciado con infracción de ley, lo que habría influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, y para que la reemplace por otra. Uno de los criterios de casación por ejemplo es la aplicación de la regla de la sana crítica, las reglas de las pruebas… Si se cumplió con la ley al ponderar las pruebas.”

Pese a que el proceso se encuentra abierto en la Corte Suprema, el 7 de julio de este año, el TAA, haciendo valer su autoridad, ordenó el cumplimiento de la sentencia para la SMA, en un plazo de 30 días.

Esto después de haber solicitado información respecto al acatamiento de su sentencia, y verificando que a esa fecha todavía no se había dictado un acto administrativo que aplique sanciones contra SQM por los incumplimientos ambientales. En su resolución, el TAA “ordena a la Superintendencia del Medio Ambiente para que en un plazo de 30 días proceda a emitir el acto administrativo correspondiente, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para los fines disciplinarios que correspondan”.

Con todo la futura decisión de la Corte Suprema podría poner fin a este proceso, planteando dos posibles panoramas para la minera. El primero es que se confirme la sentencia del TAA, y que la SMA tenga que continuar con el proceso sancionatorio en cotra de SQM, lo que involucra multas y hasta una eventual revocación del permiso que les permite operar, junto a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que le fue otorgada el 2006.

De ocurrir este caso podría aplicarse la cláusula 23 del convenio Corfo-SQM, un experto en la industria del litio señala que: “El convenio Corfo-SQM que se estableció hasta el 2030, le aumentó la cuota de extracción de litio a SQM y aumentó también la recaudación del Fisco. Pero, el convenio también dice que si SQM es condenado por infracción grave, por sentencia ejecutoriada, la empresa lo puede perder todo, las propiedades mineras, todo. Siempre que el Consejo de Defensa del Estado así lo exija, SQM tendría que devolverlo todo a la Corfo, sin derecho a indemnización alguna. Está en juego su licencia para operar y su existencia como empresa en sí.”

El abogado cercano al pleito continúa explicando: “de darse este caso la Superintendencia debe aplicar una pena, una sanción. Esa sanción puede ser apelada por SQM, o por las comunidades indígenas si consideran que es muy baja la pena. Podría darse un juicio que llegue a la Corte Suprema, sobre la entidad de las penas. Pero se requiere sentencia ejecutoriada firme para poder hacer operar la cláusula del convenio Corfo-SQM.”

Si se aplica la pena, finalmente, y se condena por infracción grave a la empresa extractora de litio, se abriría un nuevo proceso de negociación que debería involucrar a todas las partes afectadas: Estado, comunidades indígenas de la zona y SQM. “Para mí, por lo menos, ese es el escenario de negociación adecuado. Las comunidades van a estar en una mucho mejor posición para negociar, después del juicio que durante el juicio. Sobre todo si se logra que se condene a SQM”, expone el abogado.

El segundo panorama es que se revoque la sentencia del tribunal ambiental, pudiendo SQM continuar con el PdC aprobado en diciembre pasado por la SMA. Todo pareciera indicar que la minera pone sus esperanzas en este resultado, continuando, ahora bajo las “órdenes” de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA, con “medidas provisionales” para la mitigación del daño, las mismas que fueron planteadas en su PdC.

Así desde hace un tiempo, SQM ha ejecutado medidas de reparación voluntarias por las infracciones, en el marco de lo planteado en su PdC. “¿Por qué? Porque si la Corte Suprema revoca la sentencia del TAA se consolidaría el PdC planteado por la empresa. Todo lo que ha hecho SQM hasta ahora, en el marco del programa de cumplimiento, va a ser validado. Entonces esa es la apuesta de SQM. Por eso han seguido cumpliendo con el PdC, incluyendo el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de cuatro acciones”, explica el abogado.

La empresa que hoy se encuentra en mitad de un proceso que podría ser definitorio para su continuidad, todavía estaba ingresando en junio de este año un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para modificar la RCA de 2006 que involucra “compensar la pérdida de vitalidad de ejemplares de algarrobo localizados en el área del pozo Cámar 2”, una de las infracciones corroboradas por la empresa.


“Hay muchas zonas grises, la causa va desde lo administrativo, desde lo regulatorio a lo judicial, desde un tribunal ambiental a la Corte Suprema, etc. Entonces hay espacio donde se puede ser creativo, aunque no mucho. Pero la Superintendencia está haciendo eso con su reacción frente a la implementación de la sentencia del Tribunal Ambiental”, explica el abogado.

“La industria extractiva del litio en Chile tiene procesos tecnológicos de los años 50 y 60. No ha evolucionado mucho. Y la gracia que tienen estos juicios es que precisamente pueden establecer la necesidad de que SQM cambie de modelo de explotación, completamente, por uno que sea más sustentable desde el punto de vista hidrogeológico del Salar de Atacama. Eso sería un logro, por supuesto”, analiza el experto respecto a la necesidad de modernización de la industria del litio en Chile.

Por ahora, solo queda esperar los alegatos del caso en la Corte Suprema mañana, 13 de agosto, si no se suspenden nuevamente, como sucedió el 30 de julio y 6 de agosto de este año. “Pero tampoco se descarta que una o más comunidades lleguen a un acuerdo económico con SQM y opten por no presentar a sus abogados para los alegatos”, concluye cauteloso el abogado frente a las distintas posibilidades. Por ahora solo resta esperar.

Chile

Pascua Lama: Corte de Apelaciones rechaza recurso de hecho que buscaba dejar sin efecto engañoso Acuerdo entre CDE y Barrick y manda a la comunidad a pagar costas.


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

“NO vamos a pagar a Barrick. Que nos lleven a juicio. A nosotros no nos van a callar, y tenemos dignidad”

INSÓLITO: Una de las empresas más grandes del mundo daña el medioambiente, afecta la salud de los habitantes de un Valle y ahora, avalada por un fallo inaudito, quiere obligar a una pequeña comunidad a pagarle las costas de un juicio.

En enero de 2020, Barrick Gold llegó a un Acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para restaurar el daño provocado a vegas altoandinas y llaretas, ambos ecosistemas frágiles que tardan siglos en desarrollarse, y que son prácticamente imposibles de recuperar. Estos daños se dieron en el marco del Proyecto Pascua Lama, ubicado en la cordillera del Valle del Huasco, Región de Atacama, y constituyen una de las aristas del proceso por el Cierre Definitivo en que Barrick ya está sancionada y cuyo fallo deberíamos conocer este mes.

Las comunidades rechazan de plano este Acuerdo pues, además de liberar a la empresa de otro frente de judicialización, es insuficiente, vulnera el principio de indemnidad al no asegurar la restauración del daño y es engañoso porque Barrick compromete medidas que aparentan ser “nuevas” pero que ya eran parte de su obligación de protección (por cierto, incumplidas).

Además, y en una de las situaciones más graves que pone totalmente en entredicho la legitimidad del Acuerdo, en él participó como consejero del CDE un personaje cuyo nombre ya está saliendo de manera escandalosa en varios casos de conflictos de interés y corrupción: Rodrigo Quintana, quien, durante su rol como consejero, fuera abogado de Barrick en 2016-2017 y que, por lo mismo, según la Contraloría, estaba impedido de participar en cualquier caso que involucrara a dicha empresa.

Las comunidades del Valle intentaron detener este Acuerdo engañoso e ilícito con diversos recursos, pero, como es de esperar de una justicia que no solo no es ciega, sino que se mueve al ritmo de los intereses de los poderosos, el fallo del 25 de agosto de 2020 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó cualquier acción contra el Acuerdo y, más aún, en un intento de castigar e incluso de amedrentar a una comunidad movilizada en contra de Barrick, obliga a las comunidades a pagar los gastos del juicio, tanto al CDE como a Barrick Gold.

Parece mentira, pero no lo es. Una pequeña comunidad, en su mayoría de agricultores y agricultoras, que defiende su agua y su tierra, ahora tendría que hacer beneficios para pagarle a la gigante multinacional que vino deliberadamente a destruir su ecosistema, que está sancionada por ello (por lo tanto, ya es criminal) y que no ha hecho sino corromper y ensuciar todos los espacios donde ha intervenido, partiendo por las instituciones del Estado a todo nivel y terminando en el sitio donde instaló su nefasto proyecto. Esto viene a ratificar, una vez más, para quién trabaja el Estado y el poder judicial en Chile.

Las comunidades del Valle declaramos con decisión que NO vamos a pagar a Barrick. Que nos lleven a juicio. A nosotros no nos van a callar y tenemos dignidad. Seguiremos luchando por el agua, los glaciares, por un medioambiente limpio, por una conciencia limpia y por la vida.

Ver denuncia anterior de Asamblea respecto del consejero Quintana: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108095&fbclid=IwAR12rLydHHoLlA23ruuyt7Jixd3PMjTBundWjaUb51Xutv0D3X4tqNtXe8c

Ver denuncias por conflicto de interés de Quintana y Candelaria: https://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2019/03/07/minera-candelaria-la-red-de-lobby-para-obtener-la-aprobacion-ambiental-hasta-2030.shtml y https://www.biobiochile.cl/noticias/se-dijo-en-la-radio/2019/03/07/caso-minera-candelaria-en-el-consejo-de-defensa-del-estado-hace-rato-que-se-tolera-todo.shtml

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO
Constanza San Juan S/ +56 9 62413008 guascoaltocomunicaciones@gmail.com
Abogados Comunidades: Sergio Millamán; cel: +56948710831/sergiomillaman@gmail.com

Chile

Putaendo: Corte de Apelaciones acogió recurso que exige participación ciudadana en proyecto de minera Vizcachitas

Por: El Desconcierto 27/08/2020
Bofedal en estero Chilo /

El fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Valparaíso permitirá a la comunidad putaendina tener Participación Ciudadana. Desde la Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste emplazaron al Servicio de Evaluación Ambiental y al Ministerio de Medio Ambiente a aceptar la decisión de la Corte de Apelaciones y no recurrir a la Corte Suprema.

En un fallo unánime la Corte de Apelaciones de Valparaíso, acogió favorablemente el Recurso de Protección presentado por la comunidad putaendina, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental Regional (SEA), que en marzo de este año negó la Participación Ciudadana solicitada formalmente por más de 2.000 personas y que luego, en un proceso express y en plena pandemia, dieran la aprobación a que la Cía. Minera Vizcachitas Holding pudiera iniciar una nueva campaña de 350 sondajes mineros en el Sector de Las Tejas.

De esta forma, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó “sin efecto la Resolución Exenta Nº 76 de 17 de marzo de 2020, del Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Valparaíso, que rechaza las solicitudes de efectuar un proceso de participación ciudadana, en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”, retrotrayéndose el proceso de Declaración de Impacto Ambiental al momento previo a su calificación, debiendo someterse el proyecto, previamente, al procedimiento de participación ciudadana previsto en los artículos 26 a 31 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.”

Tras el fallo, desde la Agrupación Ambiental Social y Cultural Putaendo Resiste señalaron que la resolución de la Cuarta Sala “aplica sensatez y el sentido común en contraposición a la interpretación caprichosa que hace él SEA respecto de no otorgar la Participación Ciudadana a las comunidades que la solicitan”.

“Emplazamos al Director Ejecutivo del SEA Hernán Brücher Valenzuela y al Ministerio de Medio Ambiente, a que acepten la decisión de la Corte de Apelaciones y no apelen a la Corte Suprema, ya que esto incurre en un inmenso gasto de recursos y energías que finalmente pagamos con nuestros impuestos. Demandamos que las autoridades obren en beneficio de las comunidades y no de mezquinos intereses económicos privados”.

En este sentido, desde la organización hicieron un llamado al SEA Regional a que cumpla la determinación de la Corte, para que anulen la Resolución de Calificación Ambiental otorgada al proyecto minero y que se abra un proceso de Participación Ciudadana, “donde la comunidad de Putaendo sea escuchada y se atiendan todas y cada una de sus observaciones”.
https://www.eldesconcierto.cl/2020/08/27/putaendo-corte-de-apelaciones-acogio-recurso-que-exige-participacion-ciudadana/

Chile, Internacional

Científicos y profesionales chilenos solicitan a Canciller moratoria sobre minería de fondos marinos en aguas internacionales

La solicitud es firmada por Gustavo Lagos Cruz-Coke, Sandor Mulsow, Eduardo Bonilla, Guillermo Ugarte, Sergio Hernández y Gastón Fernádez.
25/08/2020
MINERÍA CHILENA
Un grupo de destacadas personalidades chilenas ligadas de distinto modo a la actividad minera, presentaron este martes a la Cancillería, una solicitud de moratoria ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), para evaluar la estrategia nacional sobre el impacto económico negativo que esta nueva minería -en aguas internacionales- ocasionará a nuestro país.

Autoridad Internacional de los Fondos Marinos revisa probable impacto de la minería submarina
La misiva dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, es firmada por Gustavo Lagos Cruz-Coke, Sandor Mulsow, Eduardo Bonilla, Guillermo Ugarte, Sergio Hernández y Gastón Fernádez.

“Basados en el principio precautorio, estimamos que todavía no existen las condiciones que aseguren una explotación sostenible de los referidos recursos minerales”, plantean.

A continuación, el texto íntegro de la carta:

Señor Ministro,

Los abajo firmantes, científicos y profesionales chilenos ligados de distinto modo a la actividad minera nacional, venimos en dirigirnos respetuosamente a Ud. para -mediante su intermedio- lograr que Chile asuma una política definida hacia la minería submarina en aguas internacionales.

Esta posición política no es otra que demandar ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) una moratoria para evaluar la estrategia nacional sobre el impacto económico negativo que esta nueva minería ocasionará a nuestro país.

La minería submarina internacional está a las puertas de iniciarse una vez que la AIFM apruebe el Código Minero para explotar los recursos mineros ubicados en la Zona, considerados Patrimonio Común de la Humanidad por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Basados en el principio precautorio, estimamos que todavía no existen las condiciones que aseguren una explotación sostenible de los referidos recursos minerales por la alta inseguridad que aún persiste en cuanto a:

1.- Un impacto socioeconómico negativo en los países productores terrestres de minerales (DLPS);

2.- Un impacto negativo en la biodiversidad submarina de la Zona;

3.- La destrucción del hábitat profundo con consecuencias globales;

4.- La falta de conocimiento suficiente para diseñar planes de manejo ambiental a escala local y regional de estas minas;

5.- La imposibilidad de definir límites de riesgo ambiental de las funciones fundamentales de los océanos profundos en la escala global;

6.- La incapacidad administrativa y técnica de la AIFM como único ente regulador del patrimonio común de la humanidad en la Zona.

Chile, en el Decreto Supremo N° 1393, promulgatorio de la Convención, definió una posición política sobre su implementación el 18 de noviembre de 1997. Esta declaración hace referencia a la Parte XI y su Acuerdo Complementario, en relación a la contaminación, el rol de la AIFM y la aprensión sobre el impacto socioeconómico potencial en ese entonces (artículo 151 de la CONVEMAR). Hoy esto es una realidad.

Advertimos serias debilidades estructurales en la AIFM como ente regulador y comprobamos con el Estudio de Impacto de la Extracción de Nódulos Polimetálicos en la Zona sobre los efectos en los países en desarrollo productores terrestres, entre los que se encuentra Chile como productor de cobre, estudio elaborado por iniciativa del Consejo de la AIFM por la “Institución de Investigación Científica de Recursos Minerales de toda Rusia”, que advierte y demuestra las graves repercusiones económicas y sociales para el país por la explotación de nódulos de menor ley de concentración de finos que sulfuros y costras de mejor ley de fino, donde el impacto sería mayor y catastrófico para el nosotros.

Dada la precariedad del borrador del Reglamento para la Explotación de Recursos Minerales en la Zona (Código de Minería Submarina) a la fecha, y el reconocido deterioro del medio ambiente actual, estimamos oportuno solicitar por su intermedio la aprobación de una moratoria temporal en esta materia, la cual ya ha sido propuesta por el Parlamento Europeo y numerosas otras organizaciones científicas.

Chile, como país minero y oceánico, goza de suficiente autoridad y respeto en los medios mineros mundiales para impulsar una moratoria sobre el particular y generar alianzas con países con las mismas visiones (“like minded”), entre ellos Sudáfrica, Congo, Indonesia, Myanmar, Camerún, Brasil, México, Perú, Papúa Nueva Guinea, Marruecos, Zambia, Ghana y Guatemala, y otros.
https://www.mch.cl/2020/08/25/cientificos-y-profesionales-chilenos-solicitan-a-canciller-moratoria-sobre-mineria-de-fondos-marinos-en-aguas-internacionales/

Chile

Hallan restos arqueológicos y momias durante construcción de Quebrada Blanca Fase 2

En las excavaciones donde se construye el puerto para el proyecto que busca extender la vida útil del yacimiento de Teck se localizaron los restos humanos que podrían corresponder al período Formativo Temprano entre los años 1.100 y 400 AC.
24/08/2020
(Reuters) Cuatro fosas mortuorias en perfecto estado de conservación con momias ataviadas de vivos colores fueron encontradas durante las obras para la ampliación de la mina Quebrada Blanca, en el norte de país, informó el viernes la canadiense Teck.

En las excavaciones donde se construye el puerto para el proyecto que busca extender la vida útil del yacimiento de Teck se localizaron los restos humanos que podrían corresponder al período Formativo Temprano entre los años 1.100 y 400 AC.

“En el marco de los trabajos de construcción del Proyecto Quebrada Blanca Fase 2, 60 kilómetros al sur de la ciudad de Iquique, fueron encontrados restos humanos momificados, con sus ropas completas -incluidos turbantes y sandalias- de vivos colores y avanzada técnica de confección”, dijo la firma en un comunicado.

La empresa dijo que aún deben hacerse pruebas para determinar la antigüedad del hallazgo.

“Producto de las condiciones salinas del suelo, la falta de lluvia y baja humedad relativa, los restos humanos se aprecian momificados, con sus ropas completas (…), así como una serie de elementos que dan cuenta de su forma de vida”, detalló.

En el descubrimiento se identificaron espacios de cocina, de habitación y múltiples instrumentos, adornos, cestería, anzuelos, esteras y elementos de caza, entre muchos otros, destacó Teck.

La empresa dijo que seguirá estudiando los hallazgos y mantendrá el monitoreo arqueológico durante lo que resta de las obras del proyecto, que busca extender la vida útil de la mina por casi 30 años.
https://www.mch.cl/2020/08/24/hallan-restos-arqueologicos-y-momias-durante-construccion-de-quebrada-blanca-fase-2/

Chile, Litio

Mayor competencia reduciría peso de Chile en mercado del litio

Nuevas estimaciones de Cochilco apuntan a que los autos eléctricos impulsará fuertemente su demanda, pero la pandemia seguiría impactando los precios.
26/08/2020
(El Mercurio) El boom de los autos eléctricos sigue siendo el motor del impulso de la demanda mundial del litio, que continuará al alza en la próxima década, según las últimas proyecciones realizadas de Cochilco.

Si en 2016 la demanda destinada a estos autos era un 18% del total, en 2019 creció al 32%, mientras que mirando a 2030, las perspectivas apuntan a que sea responsable de hasta el 80% del consumo global de litio, lo que implica 1,4 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE).

La tendencia se explica por la intensidad de uso del mineral la baterías de estos vehículos, cada vez más utilizados, ante los esfuerzos por encontrar fuentes de transporte menos contaminantes que sustituyan el uso de combustibles fósiles.

El resto de la demanda viene de usos más maduros, como lo son equipos electrónicos, los que presentan una proyección de crecimiento menos variable.

Pero existen también algunos más volátiles, tales como las baterías de ión-litio para bicicletas eléctricas o e-bikes, o los sistemas de almacenamiento energético.

Con todo, y a nivel agregado, se espera que la demanda de litio pase de 317 mil toneladas en este ejercicio, a 839 mil toneladas en 2025 y a 1 millón 793 mil toneladas en 2030.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario] https://digital.elmercurio.com/2020/08/26/B/EC3RAHHL#zoom=page-width
https://www.mch.cl/2020/08/26/mayor-competencia-reduciria-peso-de-chile-en-mercado-del-litio/

Chile

SE DESNUDAN LAS RESPONSABILIDADES AMBIENTALES DE CODELCO….

Y, SURGE LA PREGUNTA: ¿PORQUÉ EL CDE DEMANDA A CODELCO AL PONER EN PELIGRO EL SALAR DE PEDERNALES Y NO POR SU BRUTAL ATENTADO A LA VIDA COMO LO ES EN CHAÑARAL?
 
(Consejo de Defensa del Estado (CDE) demanda por extracción sin control de agua y fiscalía formaliza tres ex funcionarios por sus responsabilidades tras derrame de concentrado de cobre, ambas causas de la División Salvador de Codelco Chile).
 
Hace unas semanas nos sorprende la noticia que el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, acogió por parte del Consejo de Defensa del Estado, demanda en contra la Empresa Estatal, Codelco Chile, por daño ambiental al ecosistema del Salar de Pedernales durante 36 años. En dicha demanda se estipula que, se debió prever que su extracciones de agua afectarían el componente hídrico y la vegetación de la zona.
 
Cabe hacer presente que, la División Salvador de Codelco Chile es dueña del 89% de agua, pero que no consideró la capacidad de regeneración del recurso hídrico, ni la biodiversidad asociada, el daño a los componentes abióticos y bióticos, flora y fauna de características únicas, como por ejemplo las vegas antiplánicas y animales en peligro de extinción como el guanaco, puma, gato colo-colo y la vicuña; lo que generaría consecuencias de gran magnitud y relevancia, más aún, por el carácter de sitio prioritario de conservación de biodiversidad con el que cuenta el Salar de Pedernales desde el año 2002.
 
La otra situación, muy diferente pero igual de desastrosa para el medio ambiente, tiene relación con el derrame de concentrado, ocurrido en septiembre de 2015, escurrimiento de una tubería cerca de Llanta hacia el río Salado y desde allí al sector costero de Caleta Palitos, cercano a Chañaral, contaminando así, con insospechadas consecuencias, toda vez que, los componentes del concentrado contienen una serie de elementos corrosivos reactivos y tóxicos. Esta situación también afecta la biodiversidad, la calidad de agua inter y submareal, como asimismo, los sedimentos y los suelos y, lo que es peor, la contaminación de la cadena alimenticia de los habitantes de toda la zona, ha sido noticia también, dado a que la Fiscalía de Diego de Almagro formaliza a tres ex funcionarios de la Divosión Salvador. Sin perjuicio de lo anterior, las otras divisiones de Codelco acumulan cada día denuncias y demandas que generan impacto social y catastróficas consecuencias ambientales.
 
No es la primera vez que Codelco comete delitos ambientales, sean ellos de derrames diversos y, ni que decir de su responsabilidad legal en la contaminación de Chañaral en que se usó su bahía natural como un verdadero y masivo tranque compuesto por 350 millones de toneladas de relave, sin que hasta la fecha exista de un reconocimiento o algún plan serio de mitigación o algún indicio o intención de hacerse cargo de la responsabilidad dictaminada en la Corte de Apelaciones del año 1988, sino que por el contrario, no hay ni un mínimo de responsabilidad social y se autoproclama a nivel internacional como modelo en gestión ambiental. Ciertamente, en términos de justicia, lo que pasa en la cabecera de la cuenca hidrográfica del río Salado no es igual al lugar del vertimiento de sus tóxicos minerales y químicos. La pelota la tiene el Consejo de Defensa del Estado.
Manuel F. Cortés Alfaro
Pdte. CHADENATUR
Asesor Comunal Red Nac. Ecoclubes
88778663
Chile

Denuncian conflicto de intereses de consejero del CDE en el Acuerdo CDE-Barrick en demanda por daño ambiental


Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Fuente: OLCA.CL
En una demostración más de las irregularidades que envuelven al Proyecto Pascua Lama de Barrick Gold, el pasado 6 de marzo la Contraloría resolvió una denuncia por grave conflicto de interés que interpusiera la Asamblea por el Agua del Guasco Alto en 2017. Se trata de la doble militancia de Rodrigo Quintana, uno de los consejeros del Consejo del Estado (CDE), quien oficia como abogado de la propia Barrick Gold.

Quintana fue nombrado en el cargo por Ricardos Lagos en 2006 y, al momento en que denunciamos el hecho ante la Contraloría (2017), defendía a Barrick ante un recurso de protección por contaminación de aguas.

Se trata de una situación gravísima, repudiable y preocupante, ya que cualquier cargo que implique defender los bienes del Estado es totalmente incompatible con ser abogado de una de las empresas trasnacionales que más ha dañado el patrimonio natural nacional.

Así mismo, el propio CDE se había comprometido a evitar esto ante la Contraloría, indicando que: “en caso de existir cualquier conflicto de intereses, el funcionario en cuestión debe inhabilitarse y abstenerse de conocer y participar en cualquier debate y decisión que pueda adoptarse en relación con el asunto de que se trate”, lo cual fue ratificado por la Contraloría cuando, en su Dictamen, establece que: “ las labores de representación que desempeñó el aludido consejero en favor de la indicada Compañía Minera Nevada SpA (Barrick Gold) no resultan conciliables con la posición que el mismo tiene dentro de la Administración, toda vez que el ejercicio de aquellas se encontraba relacionado con el ámbito de las labores propias del Consejo de Defensa del Estado”.

Y justamente esto último fue lo que sucedió en enero pasado, cuando Barrick fue inculpada de daño ambiental irreparable a 13,8 hectáreas de llaretas y 2,16 hectáreas de vegas altoandinas y el Consejo de Defensa del Estado decidió interponer una demanda ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Ante el llamado a conciliación, el CDE negoció con la empresa y llegó a un acuerdo, que fue aprobado el 26 de mayo pasado por el Tribunal y en cuya decisión participó plenamente el consejero Quintana, como consta en el acta del 21 de enero (adjunta). Cabe hacer notar que como comunidad estuvimos en contra de conciliar y no respaldamos el acuerdo por considerarlo totalmente insuficiente, engañoso y un enorme agravio para el Valle del Huasco, toda vez que la serie de deficiencias del plan de restauración propuesto por Barrick no dan certeza alguna de que se reparará el daño causado.

Todo el proceso de conciliación y acuerdo fue una medida absolutamente favorable a la empresa y, más aún, resulta escandaloso que Quintana haya participado de la aprobación de este acuerdo, lo que a nuestro entender es un vicio que, por sí solo, exige su anulación.

Vale la pena mencionar que como comunidad no fuimos notificados de manera formal del dictamen de Contraloría y que nos enteramos por la prensa (https://lavozdelosquesobran.cl/el-silencioso-plan-para-revivir-pascua-lama-y-minera-dominga-en-plena-crisis-economica/?fbclid=IwAR2DUXH1NR_r_a8ciOCcTF8AnDcPv_4l3zCkLAkqRPeJMNsZvYgmpTO0Fvo). Con el fin de aclarar el motivo de esta omisión, interpusimos una nueva denuncia. El atraso en la notificación implicó que no pudimos denunciar el hecho antes de que el Tribunal Ambiental aprobará el acuerdo el pasado 26 de mayo. Con todo, el proceso de impugnación del acuerdo aún no está cerrado y existe un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta que fue acogido y que busca dejarlo sin efecto. Los alegatos tendrán lugar durante la próxima semana y no perdemos las esperanzas de que la Contraloría pueda actuar de oficio ya que ahora se sabe que Quintana fue parte de la toma de decisiones.

No es primera vez que Quintana (PS) se ve envuelto en este tipo de polémicas. Un reportaje de El Mostrador de 2017 (ver: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/01/07/abogado-del-cde-que-debe-defender-el-interes-fiscal-es-tambien-jefe-de-area-de-oficina-de-lobby-de-enrique-correa/) da cuenta de un historial que habla por sí solo: “Desde 2011 es socio del bufete Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ), estudio que cuenta con decenas de clientes y varios litigios vinculados al Estado” y que justamente durante años tomó los casos de Pascua Lama. También es director de comunicación estratégica en el holding Imaginacción (una de las principales agencias de lobby más influyentes del país, encabezada por Enrique Correa).

Llamamos a la Contraloría a no dejar pasar más estos graves conflictos de interés que se presentan en el Consejo de Defensa del Estado, particularmente este que estamos denunciando. Queremos un país libre de corrupción. ¡YA BASTA!

#CierreDefinitivodePascuaLama

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO