Fuente: OLCA.CL
En una demostración más de las irregularidades que envuelven al Proyecto Pascua Lama de Barrick Gold, el pasado 6 de marzo la Contraloría resolvió una denuncia por grave conflicto de interés que interpusiera la Asamblea por el Agua del Guasco Alto en 2017. Se trata de la doble militancia de Rodrigo Quintana, uno de los consejeros del Consejo del Estado (CDE), quien oficia como abogado de la propia Barrick Gold.

Quintana fue nombrado en el cargo por Ricardos Lagos en 2006 y, al momento en que denunciamos el hecho ante la Contraloría (2017), defendía a Barrick ante un recurso de protección por contaminación de aguas.

Se trata de una situación gravísima, repudiable y preocupante, ya que cualquier cargo que implique defender los bienes del Estado es totalmente incompatible con ser abogado de una de las empresas trasnacionales que más ha dañado el patrimonio natural nacional.

Así mismo, el propio CDE se había comprometido a evitar esto ante la Contraloría, indicando que: “en caso de existir cualquier conflicto de intereses, el funcionario en cuestión debe inhabilitarse y abstenerse de conocer y participar en cualquier debate y decisión que pueda adoptarse en relación con el asunto de que se trate”, lo cual fue ratificado por la Contraloría cuando, en su Dictamen, establece que: “ las labores de representación que desempeñó el aludido consejero en favor de la indicada Compañía Minera Nevada SpA (Barrick Gold) no resultan conciliables con la posición que el mismo tiene dentro de la Administración, toda vez que el ejercicio de aquellas se encontraba relacionado con el ámbito de las labores propias del Consejo de Defensa del Estado”.

Y justamente esto último fue lo que sucedió en enero pasado, cuando Barrick fue inculpada de daño ambiental irreparable a 13,8 hectáreas de llaretas y 2,16 hectáreas de vegas altoandinas y el Consejo de Defensa del Estado decidió interponer una demanda ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Ante el llamado a conciliación, el CDE negoció con la empresa y llegó a un acuerdo, que fue aprobado el 26 de mayo pasado por el Tribunal y en cuya decisión participó plenamente el consejero Quintana, como consta en el acta del 21 de enero (adjunta). Cabe hacer notar que como comunidad estuvimos en contra de conciliar y no respaldamos el acuerdo por considerarlo totalmente insuficiente, engañoso y un enorme agravio para el Valle del Huasco, toda vez que la serie de deficiencias del plan de restauración propuesto por Barrick no dan certeza alguna de que se reparará el daño causado.

Todo el proceso de conciliación y acuerdo fue una medida absolutamente favorable a la empresa y, más aún, resulta escandaloso que Quintana haya participado de la aprobación de este acuerdo, lo que a nuestro entender es un vicio que, por sí solo, exige su anulación.

Vale la pena mencionar que como comunidad no fuimos notificados de manera formal del dictamen de Contraloría y que nos enteramos por la prensa (https://lavozdelosquesobran.cl/el-silencioso-plan-para-revivir-pascua-lama-y-minera-dominga-en-plena-crisis-economica/?fbclid=IwAR2DUXH1NR_r_a8ciOCcTF8AnDcPv_4l3zCkLAkqRPeJMNsZvYgmpTO0Fvo). Con el fin de aclarar el motivo de esta omisión, interpusimos una nueva denuncia. El atraso en la notificación implicó que no pudimos denunciar el hecho antes de que el Tribunal Ambiental aprobará el acuerdo el pasado 26 de mayo. Con todo, el proceso de impugnación del acuerdo aún no está cerrado y existe un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta que fue acogido y que busca dejarlo sin efecto. Los alegatos tendrán lugar durante la próxima semana y no perdemos las esperanzas de que la Contraloría pueda actuar de oficio ya que ahora se sabe que Quintana fue parte de la toma de decisiones.

No es primera vez que Quintana (PS) se ve envuelto en este tipo de polémicas. Un reportaje de El Mostrador de 2017 (ver: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/01/07/abogado-del-cde-que-debe-defender-el-interes-fiscal-es-tambien-jefe-de-area-de-oficina-de-lobby-de-enrique-correa/) da cuenta de un historial que habla por sí solo: “Desde 2011 es socio del bufete Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ), estudio que cuenta con decenas de clientes y varios litigios vinculados al Estado” y que justamente durante años tomó los casos de Pascua Lama. También es director de comunicación estratégica en el holding Imaginacción (una de las principales agencias de lobby más influyentes del país, encabezada por Enrique Correa).

Llamamos a la Contraloría a no dejar pasar más estos graves conflictos de interés que se presentan en el Consejo de Defensa del Estado, particularmente este que estamos denunciando. Queremos un país libre de corrupción. ¡YA BASTA!

#CierreDefinitivodePascuaLama

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO

En el escrito se solicita que el presidente de la FTC, Patricio Elgueta y el secretario general, Héctor Milla, paguen una multa de 150 UTM (unos $7.540.800) por no convocar a un Consejo Extraordinario que defina una nueva quina.
Negocios e industria
18/08/2020
(Pulso) Un nuevo capítulo entre la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) con los dirigentes de El Teniente comenzó esta jornada. Esto, pues los trabajadores de El Teniente presentaron una demanda en contra de la FTC, ante el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por prácticas antisindicales.

En concreto, se le acusó al presidente de la FTC, Patricio Elgueta y al secretario general, Héctor Milla, haber incurrido en acciones que vulneran la libertad sindical. Esto se presentó luego de que en julio los dirigentes de El Teniente recurrieran a la Dirección del Trabajo (DT) para que le solicite a la FTC convocar a un Consejo Extraordinario, instancia en la que se busca definir una nueva quina para el puesto de director en Codelco.

“La Dirección del Trabajo –entidad que respondió a una solicitud de dictamen presentado por don Jorge Olguín Mazua, Secretario General de la Zonal División El Teniente-, indicó que lo referido a la interpretación de los estatutos de una organización sindical y los conflictos que se generan, puede ser resulta a través de acciones legales que para estos efectos el ordenamiento jurídico le reconoce, por lo que recurrimos a Usía para resolver el conflicto y la presente demanda”, se sostuvo en la demanda.

En el escrito, los trabajadores de El Teniente sostienen que los demandados (Patricio Elgueta y Héctor Milla) han vulnerado la libertad sindical al haber incurrido en prácticas desleales, con ocasión de no citar a un Congreso Extraordinario de la FTC para desarrollar y tratar temas esenciales de la Federación.

Además, se solicita que “condene a los demandados a cesar todo acto vulneratorio en contra de la parte demandante, cumpliendo las obligaciones mandatadas por la Federación, convocando a la brevedad al desarrollo de un Congreso Extraordinario en conformidad a las disposiciones y procedimientos contemplados en los referidos estatutos de la FTC” y que “se condena a los denunciados al pago de una multa equivalente a 150 Unidades Tributarias Mensuales (unos $7.540.800) o lo que S.S. estime pertinente en justicia”.
El Quiebre

El quiebre entre los sindicatos de Codelco se produjo luego que la FTC presentara su quina para el puesto que le corresponde en el directorio.

Primero, los dirigentes de El Teniente la rechazaron y, luego fue el turno del Sindicato 5 de Chuquicamata, que también cuestionó la propuesta.

El principal cuestionamiento es que la nómina de la FTC, único ente validado para entregar la quina, contenía dos dirigentes de Chuquicamata que están siendo investigados por la justicia debido al caso de seguros que también involucra a la aseguradora Chilena Consolidada y a la empresa Gestión y Servicios. Se trata de Alberto Muñoz, dirigente del sindicato 1 de Chuquicamata, y Mario Lobos, dirigente del sindicato 2 de la misma división.
https://www.mch.cl/2020/08/18/crece-pugna-en-codelco-por-cupo-en-el-directorio-dirigentes-de-el-teniente-demandan-a-la-ftc-por-practicas-antisindicales/

El Mostrador 18/08/2020
Acusan a exsubsecretario del Medio Ambiente de representar a activistas sin su consentimiento
El movimiento socioambiental Putaendo Resiste, que mantiene un conflicto con la compañía canadiense Andes Copper por su intención de instalar una central hidroeléctrica y una minera en el Valle del Aconcagua, denunció hace algunos días a Felipe Riesco Eyzaguirre, exsubsecretario del Medio Ambiente. Lo acusan de presentar un escrito ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso a nombre del movimiento ambiental, sin que los activistas le dieran su consentimiento. (ACTUALIZADA)*

La oposición medioambiental de Putaendo a la pretensión de la empresa canadiense Andes Copper de instalar en dicha comuna –de la provincia de San Felipe– una central hidroeléctrica de paso, que se ubicaría en el río Rocín, cuenta con varias polémicas. La última, sin embargo, no tiene que ver con este conflicto ni con el proyecto Minera Vizcachitas, cuyo rechazo socioambiental dio sentido el movimiento Putaendo Resiste.

La nueva polémica, involucra a la otra asociación que se opone a los planes de Andes Copper: la Junta de Vigilancia de Putaendo, que por intermedio de oficios de la oficina de Barros Silva Varela y Vigil*, presentó un recurso de protección en nombre de los activistas de Putaendo Resiste, sin su consentimiento.

El origen de la controversia se produjo cuando el exsubsecretario del Medio Ambiente del Gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Riesco Eyzaguirre, se contactó con personas de Putaendo ofreciendo sus servicios. Según una declaración pública, la oferta de representación fue rechazada.

«A pesar de la expresa negativa, el exsubsecretario del Medio Ambiente presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso (Causa Rol 16210-2020), utilizando los datos personales de cinco personas de Putaendo Resiste que nunca fueron contactadas», denunciaron.

“Nos interesa saber las razones por las cuales una empresa (Barros Silva Varela y Vigil) contratada por la Junta de Vigilancia (de Putaendo) realiza estas malas prácticas a vista y paciencia de quienes los han contratado y si, además, estos avalan dicho comportamiento”, afirman desde Putaendo Resiste.

Finalmente, la organización reitera que los abogados con los que está trabajando (Álvaro Toro y Javiera Tapia) “actúan gratuitamente, no cobran por sus servicios, sino que forma parte de su compromiso vocacional en apoyo a las comunidades que ven amenazado su territorio”.

*Nota del Editor: Esta nota fue actualizada, ya que contenía un error. Originalmente, se sostenía que el abogado Felipe Riesco Eyzaguirre, integraba el estudio de Fernando Barros, situación que no es efectiva, ya que el exsubsecretario de Medio Ambiente, pertenece al estudio Barros Silva Varela y Vigil.
https://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2020/08/18/acusan-a-exsubsecretario-del-medio-ambiente-y-abogado-del-estudio-de-fernando-barros-de-representar-a-activistas-sin-su-consentimiento/

12/08/2020
Los Bronces – Anglo
Los Bronces Integrado podría entrar en operaciones dentro de 7 u 8 años, en caso de que obtenga todos los permisos necesarios y los accionistas tomen la decisión de continuar con la inversión. En la foto, la mina Los Bronces. (Foto: Anglo American)

El máximo tribunal rechazó un recurso de casación interpuesto por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y Anglo American.

a Tercera Sala de la Corte Suprema terminó con las intenciones tanto del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como de la minera multinacional Anglo American de impedir la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Los Bronces, aprobada el año 2007.

Tanto el servicio evaluador como la empresa de origen británico habían recurrido al máximo tribunal para interponer un recurso de casación contra una resolución del Segundo Tribunal Ambiental, la cual declaró admisible la solicitud de revisión de la RCA presentada por vecinos de la ruta G-21, misma que ocupa Anglo American para traslado de minerales y maquinaria.

En concreto, los vecinos firmantes acusan graves fallas en las medidas de mitigación de impacto socio ambiental de las operaciones de Los Bronces en la ruta G-21, estipuladas y evaluadas en el apartado Plan de Seguimiento de la RCA.

Dentro de este plan, son al menos cuatro las variables de mitigación que se están incumpliendo, según alegan los vecinos: la afectación de los sistemas de vida de la población cercana; la minimización de las emisiones de polvo y ruido; la disminución de la congestión vehicular en la ruta; y la reducción de los accidentes en la ruta.

En el primer apartado del fallo de la Tercera Sala de la Suprema, titulado Antecedentes de la Etapa Administrativa, se puede leer respecto a las variables de mitigación objetadas que “todo lo cual, conforme a los antecedentes que acompaña, no se cumplió, dejando las medidas adoptadas en completa obsolescencia y con necesidad de evaluarlas nuevamente”.

Entre los argumentos presentados por la Suprema para rechazar el recurso está que el SEA se negó iniciar el procedimiento de revisión de la RCA luego de realizar -mediante un “examen de admisibilidad”- un “análisis riguroso” del caso, algo que no está incluido en la ley que rige dicho procedimiento. Según el máximo tribunal, el “análisis riguroso, incluyendo descargos y evidencia de todos los intervinientes -tanto los vecinos como la propia empresa y distintos servicios del Estado- se realiza, lógicamente, durante la revisión de la RCA, y no antes.

El fallo indica también que el SEA “debe ser una institución independiente de los intereses de las partes, por lo que debe, en ejercicio de sus funciones, recabar todos los antecedentes que sean imprescindibles para decidir acertadamente respecto de la eventual desviación sustancial de las variables evaluadas y contempladas en el Plan de Seguimiento”.

Además, la sentencia de la Suprema agrega que coincide con los jueces del Tribunal Ambiental que fallaron en primera instancia al considerar que los argumentos esgrimidos tanto por el SEA como por Anglo American para no revisar la RCA quebrantan “los principios y las bases del derecho de acceso a la justicia ambiental”.

“No se observa razón alguna para que el SEA se alce en contra de la decisión adoptada […] sin que sea procedente que tal órgano, alejándose del cumplimiento de sus funciones, establezca la existencia de trámites previos de admisibilidad no asentados en la ley, impidiendo la revisión de una RCA, denegando el procedimiento en que tanto los particulares como los interesados podrán entregar los antecedentes para verificar la verdadera evolución ambiental en relación a lo que fue previsto en el proyecto aprobado el año 2007”, reza la sentencia.

Problemas con el vecino

Armando Aldunate, vecino del sector, presentó junto a otros vecinos la solicitud de revisión el 2015 ante el SEA, petición que la entidad rechazó en repetidas ocasiones hasta que el Tribunal Ambiental el 11 de febrero de 2019 y ahora la Corte Suprema ordenaron dar curso.

“Es una buena noticia, aunque ya la gente del SEA se había entregado a abrir el proceso de revisión luego de que el Tribunal Ambiental se lo ordenara”, explica Aldunate, revisión que habría sido cancelada de haber ganado tanto el SEA como Anglo American el recurso presentado ante la Suprema.

Para Armando Aldunate, “la Corte Suprema reafirma su criterio de que las comunidades tienen el derecho a recibir justicia”. Sin embargo, según explica, para los vecinos del sector el proceso está lejos de terminar, ya que la revisión de la RCA está en proceso y es llevada a cabo por el propio SEA, que aseguraba que no era necesario llevarla a cabo.

El fallo de la Corte Suprema se da a menos de dos semanas de que INTERFERENCIA publicara una investigación donde da cuenta de cómo el gobierno interviene el Servicio de Evaluación Ambiental en favor de Anglo American. Carolina Negrete, trabajadora a honorarios del SEA – y por tanto trabajadora del Estado–, coordinó reuniones de lobby para la empresa minera con distintos servicios del Estado, gestión que realizó dos meses después de que Anglo American ingresara el proyecto Los Bronces Integrado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente del SEA. (Así interviene el gobierno el Servicio de Evaluación Ambiental en favor de Anglo American).
Fuente: Interferencia

Suprema obliga al SEA a revisar Resolución de Calificación Ambiental de Los Bronces

11/08/2020
Cooperativa.cl
El informe, elaborado por Marie Claude Plumer, fue adjuntado en la causa contra Mina Invierno ante la Corte Suprema.
Foto: Archivo
Mina Invierno es la iniciativa de extracción de carbón a cielo abierto de mayor envergadura conocido en la historia de Chile.

Un informe de la ex jefa de la división de sanción y cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Marie Claude Plumer, presentado ante la Corte Suprema respalda el rechazo de las tronaduras en Isla Riesco, en la Región de Magallanes, lugar donde se encuentra Mina Invierno, que concretó la suspensión de sus operaciones de extracción de carbón tras un proceso de paralización programada que se inició el año pasado.

Esto, luego de que el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia anulara en agosto de 2019 la aprobación que autorizaba el uso de tronaduras en la minera.

La causa escaló al máximo tribunal y los magistrados deben fallar si la resolución de la corte medioambiental de paralizar las tronaduras se ajustó a lo que indica la ley o no.

El reporte de Plumer, titulado «El Componente Paleontológico en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental – Proyecto Tronaduras, Mina Invierno», fue adjuntado a la causa como apoyo a los argumentos del fallo del tribunal ambiental.

“(Este informe) señala que el impacto sobre el componente paleobotánico debe ser analizado detalladamente, en razón del tratamiento que le da la legislación vigente. En el caso, en cambio, el SEA y la empresa han utilizado información que no es completa ni útil para saltarse la obligación de hacer un estudio de línea de base y una adecuada predicción de impactos”, comentó Diego Lillo, coordinador de litigios de ONG FIMA.

Desde Alerta Isla Riesco, Ana Stipicic destacó que el documento “da a conocer los argumentos que hemos venido sosteniendo desde que se inició este proyecto, ya que es imposible evaluar los impactos en un lugar tan delicado como la Formación Loreto sin la existencia de una línea de base”.

Mina Invierno es la iniciativa de extracción de carbón a cielo abierto de mayor envergadura conocido en la historia de Chile y la primera de cinco minas en total proyectadas en un territorio donde más de la mitad de su extensión está destinado a la protección de distintas especies a través del Parque Nacional Kawésqar.