Chile

Unos 600 trabajadores podrían estar contagiados tras brote en empresa

Desde la Seremía de Salud, informaron que empresa ya había dejado de funcionar por otro foco.
10/09/2020
(El Diario de Atacama) Luego del brote y contagio de 72 trabajadores mineros de una empresa contratista y subcontratista, que presta servicios a Candelaria, desde la Seremía de Salud explicaron que hubo incumplimiento del protocolo 594, que dice relación a la obligación de mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los más de 600 trabajadores que podrían haberse contagiado en el lugar, por lo que la empresa debe cumplir los puntos encomendados por la autoridad sanitaria para volver a su funcionamiento.

Condiciones sanitarias
Durante la jornada del martes, fue el mismo seremi de Salud de Atacama, Bastián Hermosilla, quien confirmó que todo esto comenzó cuando detectaron una cantidad de casos positivos el fin de semana, quienes estaban asociados a esa empresa.

“Desde la vigilancia activa de los casos, como nuestro equipo revisa detalle a detalle, los antecedentes de los casos nuevos, pudiendo identificar factores comunes a los casos nuevos, determinando que existe una cantidad personas asociadas a un espacio de trabajo”, sostuvo.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario]https://www.diarioatacama.cl/impresa/2020/09/10/full/cuerpo-principal/5/?utm_source=pagina&utm_campaign=soychile&utm_medium=6

Chile

Pascua Lama: Comunidades expresan preocupación por demora en divulgación del fallo

“Estamos en la segunda semana de septiembre y no hay dictamen.”

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El 2 de agosto de 2019 los jueces del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta llegaron a acuerdo sobre el fallo que confirmaría el Cierre Definitivo o no del Proyecto Pascua Lama por las faltas gravísimas en materia ambiental cometidas por la empresa Barrick. A más de un año y con diversos anuncios intermedios por parte del propio Tribunal sobre la pronta divulgación del fallo, no entendemos la razón de esta demora.

El último anuncio vino del propio presidente del Tribunal: el fallo se daría a conocer en agosto. Pero ya estamos en la segunda semana de septiembre y no hay dictamen. Ante esto, con fundada preocupación, declaramos lo siguiente a la opinión pública:

1- La evidente incertidumbre jurídica derivada del caso aumenta ostensiblemente con avisos oficiales incumplidos. Según la ley, el Tribunal dispone de un mes para redactar el fallo una vez tomado el acuerdo. En agosto de 2019 el Tribunal avisó que se demoraría cuatro meses, pero ya hemos superado un año de espera. Aunque entendemos que la crisis sanitaria ha perturbado el funcionamiento de todas las organizaciones, no es menos cierto que los Tribunales deben cumplir su quehacer en los tiempos y en la forma que los rigen, actuando con transparencia en cada una de las fases del proceso, sobre todo en un caso de tanta notoriedad pública como este.

2. Esta incertidumbre aumenta aún más considerando que Barrick es conocida por su manipulación e influencia a todo nivel en nuestro país. Incluso estando sancionada, ha mantenido gran notoriedad pública (particularmente en la Provincia del Huasco) durante este período, entregando donaciones y sumándose a campañas y proyectos ligados a la reactivación económica. No podemos dejar de ver en ello evidentes presiones y aprovechamiento político de la actual pandemia, en un afán por aparecer como benefactora para que las autoridades correspondientes la excusen de sus faltas y le permitan “legal y arbitrariamente” seguir explotando la naturaleza, destruyendo glaciares, flora y fauna, y contaminando las aguas.

3. Particularmente, muchas autoridades de Gobierno –desde el presidente de la República hasta alcaldes locales– han prestado su apoyo a Barrick, situación que ya hemos denunciado. Más que agradecimientos, parecen verdaderas campañas de limpieza de imagen con la presencia de autoridades en ceremonias ampliamente cubiertas por los medios de comunicación.

4- Expresamos con fuerza y convicción que las pruebas contundentes de daños gravísimos a los ecosistemas y comunidades de este Valle provocados por Barrick, y que están comprobados en la exhaustiva investigación realizada durante cinco años por la Superintendencia del Medio Ambiente, obligan al Tribunal Ambiental a ratificar el cierre definitivo de Pascua Lama. Como comunidad que se resiste a morir, no podemos aceptar otro resultado.

5. Seguimos en alerta máxima, esperanzados en que la tortura que ha significado este proyecto termine de una vez por todas. Continuamos con la campaña por el Cierre Definitivo de Pascua Lama y seguimos pidiendo más que nunca todo el apoyo de las comunidades y pueblos hermanxs para que por fin se CLAUSURE ESTE PROYECTO DE MUERTE y nunca más se vuelva a replicar algo similar en otro lugar. Para hacerte parte de la campaña, sigue a la Asamblea Guasco Alto en Facebook e Instagram.

¡Fuera de Chile, Perú y Argentina, Fuera la Barrick de América Latina!

EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO #CierreDefinitivodePascuaLama

Asamblea por el Agua del Guasco Alto

Contacto: Constanza San Juan +56962413008/guascoaltocomunicaciones@gmail.com

Chile, Litio

Enami lanza licitación para desarrollar nuevos salares

09/09/2020
Salar pedernales

Es un proceso de concurso público para llevar a cabo la prospección hidrogeológica de dichos yacimientos.

En el marco de la estrategia de desarrollo del litio, la Enami lanzará hoy un proceso de licitación pública para la prospección hidrogeológica en sus salares Infieles y Aguilar, ubicados en la Región de Atacama. Se trata de un paso clave en avanzar hacia la explotación de dichos yacimientos, ya que con este estudio la estatal podrá contar con información más precisa del comportamiento de este tipo de salares, y de forma preliminar establecer el potencial de reservas de litio.

El objetivo es maximizar los recursos que provienen de estos depósitos en medio del boom que se espera para el mineral hacia 2025, donde la industria apunta a una demanda por un millón de toneladas de litio a nivel mundial. La estatal estima que poner en marcha la explotación de estos salares tardaría unos cinco años.

“Fomentar la minería no metálica es una tremenda oportunidad, pues no solo nos permitirá avanzar hacia la diversificación de nuestra cartera productiva, sino que también presenta un escenario positivo para la configuración de encadenamientos productivos regionales, generando un significativo aporte en el progreso de las economías locales”, explicó Robert Mayne-Nicholls, vicepresidente ejecutivo de Enami.

Entre las principales actividades que busca desarrollar a través de esta licitación figura la ejecución de muestreos hidroquímicos, geofísica y modelamientos hidrogeológicos conceptuales. Estos reconocimientos tendrán una duración aproximada de seis meses. En paralelo, la estatal cuenta con un acuerdo con la startup Lilac Solutions, firma ligada al empresario norteamericano, Bill Gates, que busca probar en Chile su tecnología, la que reduciría sustancialmente el uso de agua y tiempo en el proceso de extracción del mineral.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica valoró la iniciativa y comentó: “Con este anuncio, Enami entra oficialmente a la carrera por el litio, respondiendo al llamado por el Presidente y al acuerdo del directorio. Esta es una gran noticia para Chile, pues con este anuncio las dos empresas públicas mineras del país están desarrollando sus pertenencias de litio”.
Fuente: El Mercurio

Enami lanza licitación para desarrollar nuevos salares

Chile, Litio

Corfo reclama a Albemarle incumplimientos de pagos en contrato por casi US$ 11 millones

09/09/2020
Estatal señala que la firma modificó este año la forma de pago de comisión en un convenio por producción y comercialización de litio, y analiza pasos a seguir.

Un nuevo conflicto en la industria del litio se viene fraguando sigilosamente en medio de la pandemia. Los protagonistas son Corfo y Albemarle quienes hace sólo dos años se enfrentaron en un arbitraje por no lograr un entendimiento respecto a una definición del precio preferente del 25% de su producción de litio, cuyo objetivo era implementar una industria de valor agregado en Chile.

Esta vez, la agencia estatal reclama a la competidora de SQM en el Salar de Atacama por incumplimientos en pagos por un contrato, deuda que alcanzaría casi US$ 11 millones.

El caso se remonta a un convenio básico que el 13 de agosto de 1980 suscribió Corfo con la entonces empresa Foote Minerals Company (actual Albemarle Lithium). El objetivo era desarrollar el proyecto de litio en el Salar de Atacama en parte de dichas pertenencias y de constituir una sociedad para la producción y venta de productos de litio, libre del pago de regalías o de otros cargos, y para la comercialización de productos de magnesio que se extraigan y procesen a partir de las salmueras. En este último caso, sujeta al pago de una comisión sobre el precio de venta.

En ese contexto, Foote Minerals Company y Corfo crearon la Sociedad Chilena de Litio Ltda. -SCL, luego Rockwood Litio Limitada y actual Albemarle Limitada-, con una duración igual al plazo necesario para explotar, producir y vender 200 mil toneladas métricas de litio metálico equivalente, estableciéndose un plazo inicial de 30 años, prorrogables automáticamente por plazos sucesivos de cinco años cada uno. Luego, Corfo dejó de ser parte de esta sociedad.

Pese a todo, el convenio básico se encuentra vigente y ha sufrido diversas modificaciones, siendo la última de ellas el denominado “anexo al convenio básico” que se firmó el 25 de noviembre de 2016. Entre algunos de los ajustes que se zanjaron fue que Corfo autorizó a Albemarle una nueva cuota para la producción y comercialización de litio, adicional a la ya existente, asociada a nuevas inversiones para expandir la capacidad productiva de la compañía.

Así, en ese anexo se estableció que Albemarle pagaría a Corfo una comisión sobre las ventas de productos de litio y demás productos extraídos del Salar de Atacama.

¿Cómo se define el pago? Para el cálculo de la comisión deben aplicarse reglas orientadas a que el precio que sirve de base de cálculo para la aplicación de la comisión, sea el valor que haya sido efectivamente pagado por el producto respectivo a Albemarle o a sus partes relacionadas por un tercero no relacionado.

En el caso que exista una concentración de ventas de Albemarle a terceros relacionados, la comisión correspondiente al trimestre respectivo se pagará sobre un precio provisional, reliquidándose las diferencias positivas con el cálculo de la comisión sobre la base del precio que fije un experto independiente.

La última palabra para la designación de este perito la tiene Albemarle quien elige a partir de una terna propuesta por la agencia estatal. Aunque puede cambiar el nombre en el futuro, en los últimos dos trimestres se ha elegido a Francisco Parro.

Y aunque desde la entrada en vigencia de este anexo en enero de 2017 se aplicó el contrato sin mayores problemas, estableciendo como precio provisional de pago de la respectiva comisión -ante la concentración de ventas de Albemarle- aquel que definía el perito para el trimestre anterior, las cosas cambiaron este año.

Según asegura Corfo al ser consultada por la aplicación de este contrato, “en el primer trimestre de este año Albemarle tomó la decisión de pagar el monto de la comisión provisoria, correspondiente al primer trimestre de 2020, de acuerdo a lo que ellos consideraron era el ‘espíritu del Anexo’, no tomando como referencia el valor definido por el perito, como se había realizado hasta esa fecha”.

“Corfo considera que los contratos son una ley para las partes y, por tanto, no es aceptable que Albemarle decida por sí y ante sí modificar la forma de pago de la comisión”, afirma.

De acuerdo a la agencia estatal, Albemarle adeuda a la fecha US$ 10,9 millones, que corresponde a la suma de las diferencias a favor de Corfo de US$ 7 millones del primer trimestre y de US$ 3,9 millones del segundo trimestre de este año.

Corfo explica que, cuando se detectaron las diferencias a principios de mayo, realizó un reclamo formal impugnando la liquidación de pago. Pero, según la estatal, “Albemarle entregó una respuesta basada en su propia interpretación de la cláusula respectiva”, cuyos argumentos se basan en el “espíritu del contrato”. Por lo tanto, agrega, “esta vía del diálogo no ha sido satisfactoria”.

“Corfo debe velar siempre por el interés público comprometido en la correcta ejecución y cumplimiento del contrato celebrado, así como en el resguardo del patrimonio fiscal, estando impedida de realizar acciones que excedan los términos y contenido de los contratos celebrados, como pretende la empresa al querer imponer una interpretación que difiere de la forma en que, hasta la fecha del incumplimiento, las partes habían venido cumpliendo sus obligaciones”, enfatiza.

¿Se inicia nuevo arbitraje?
Desde Corfo reconocen que con Albemarle nunca ha habido una situación de incumplimiento en los pagos de las comisiones por venta de productos. “En materia de ejecución contractual no se sientan ‘precedentes’. Acá hay un problema puntual que tenemos con Albemarle relativo a una interpretación que ellos quieren dar a una cláusula del contrato. En ese sentido, debemos solucionarlo de la forma como el contrato señala”, dicen.

Sin embargo, los acercamientos entre las partes estarían en punto muerto, por lo que la estatal estaría analizando sus pasos a seguir. Las alternativas para zanjar la disputa están en el propio contrato que, si bien no contempla sanciones o cláusulas penales, sí consigna una cláusula de arbitraje para la resolución de conflictos ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

Consultado, Albermarle declinó referirse al respecto.

Bitran: “El no pago es un incumplimiento grave”

Quien conoce este tipo de controversias es el exvicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran. Consultado, sostiene que el conflicto tiene similitudes con el episodio entre la Corporación y SQM en 2013, donde la estatal inició acciones judiciales contra la minera no metálica por incumplimientos de contratos.

Ante este contexto, Bitrán plantea que se deberían tomar acciones legales similares. “El no pago es un incumplimiento grave del contrato, Corfo tiene las herramientas jurídicas para actuar en esta materia y es algo que deben estar estudiando para actuar”, recalca, agregando que “Corfo tiene que buscar que se pague lo que corresponde”.

Desde Corfo precisan que el monto adeudado en relación al presupuesto total vigente de la Corporación representa cerca de un 1%, siendo de todas formas relevante dado los recortes presupuestarios que se han realizado por la crisis sanitaria.

“Más allá del impacto que dicha deuda pudiera provocar, lo relevante acá es que sea cual sea el monto, Corfo está obligada a defender el patrimonio fiscal y a hacer valer siempre la correcta ejecución y cumplimiento contractual”, advierten.
Fuente: Diario Financiero

Corfo reclama a Albemarle incumplimientos de pagos en contrato por casi US$ 11 millones

Chile, Litio

Albemarle adecuará aumento de producción de litio a la demanda de sus clientes

4/9/2020
Pese a que la minera duplicará su capacidad de oferta desde el próximo año, espera un impacto en la demanda por los efectos de la pandemia sobre la electromovilidad.

Hasta un 10% ha crecido la producción de carbonato de litio de Albemarle en Chile, pese a los efectos de la pandemia y a los planes de contingencia que implementó la firma, que aún mantiene a casi un 15% de su dotación desmovilizada. Los impactos de la crisis sanitaria han venido por otro lado para la minera, según explica su Country Manager, Ellen LennyPessagno.

“El equipo comercial ha identificado dónde iba a haber mermas en la demanda, y por suerte han buscado otros clientes, acá en Chile no solo hemos seguido produciendo, sino que logramos producción récord, gracias a las optimizaciones que veníamos haciendo”. En esta línea, la minera también logró mantener en pie sus proyectos de expansión, los que consideran una inversión de US$ 700 millones y que entrarán en operación el próximo año.

Dicho desembolso permitirá a la minera doblar su actual capacidad de producción de carbonato de litio hasta 80 mil toneladas al año. Sin embargo, la líder de la norteamericana advierte que dicho crecimiento no será automático, sobre todo considerando el impacto que ha existido en el mercado por la pandemia.

Por ejemplo, la estimación de ventas de vehículos eléctricos hacía prever un crecimiento de casi el 40% durante este ejercicio, cifra que según las proyecciones actuales, van desde un crecimiento plano hasta uno cercano al 20%.

“El próximo año se inauguran los proyectos, lo que nos dará la capacidad de duplicar la producción, que no quiere decir que lo hagamos durante 2021. Lo más importante es que vamos a producir en base a la demanda, estamos en momentos de cambios y aún no tenemos pronósticos fijos, porque va a depender de lo que requieran nuestros clientes”, explica Ellen Lenny-Pessagno.

Según los antecedentes que maneja la firma norteamericana —principal productora a nivel mundial—, las estimaciones de crecimiento se han visto retrasadas en un año aproximadamente, pero manteniendo un peak previsto para 2025. “En Albemarle no hemos cambiado nuestras estimaciones para 2025. Seguimos esperando que la demanda sea de un millón de toneladas, con el crecimiento retrasado en 2020.

Eso significa una curva más pronunciada desde 2021 hasta 2025”, señala la ejecutiva. En este escenario, la firma se sostiene en acuerdos de largo alcance con sus clientes, lo que ha permitido capear los efectos en el precio producto del impacto de la pandemia. “Si bien hay muchos proyectos en carpeta, no está claro cuáles recibirán financiamiento, sobre todo, dado el escenario de precios que hay por estos días.

Eso nos da una ventaja, tenemos plantas y recursos estratégicos, además del Salar de Atacama y Tallison, hemos hecho una alianza estratégica en Australia, donde tenemos otro recurso”, asegura Lenny-Pessagno. Valor agregado Entre las obligaciones del contrato de explotación del Salar de Atacama, Albemarle debe compartir el 3,5% de las ventas del mineral, realizar aportes en I+D, y facilitar parte de su litio para productores que se instalen en el país.

Sin embargo, este proceso que está a cargo de Corfo, no ha presentado mayores avances, principalmente por el desinterés de las compañías productoras.

Consultada al respecto, la Country Manager de Albemarle apunta a que se debe a varios factores. “Hoy la mayoría de la producción de baterías está en Asia, Europa está abriendo plantas y Estados Unidos también, por lo que creo que es cuestión de tiempo. En Brasil se producen muchos autos, en Argentina también, entonces quizás cuando una de esas fábricas comience a producir vehículos eléctricos, podría ser una oportunidad”.

La ejecutiva explica que en el cátodo, que es donde hoy se utiliza el litio, hay otros minerales que se necesitan y que no existen en Chile, por lo que tener uno de los componentes no da mucho incentivo a fabricarlo en un país y luego exportarlo, y para que eso cambie, se necesitaría de, al menos, una demanda regional.
Fuente: El Mercurio

Albemarle adecuará aumento de producción de litio a la demanda de sus clientes

Chile, Litio

Moody’s asigna perspectiva negativa para SQM y advierte sobre el futuro del litio

3/9/2020
El mercado de autos eléctricos se mantendría bajo presión en los próximos años a causa de la pandemia.

El desempeño de los precios del litio y los pagos de dividendos de SQM preocupa a Moody’s. La clasificadora de riesgo informó esta mañana que ante dichos factores de riesgo, ajustó su visión para la minera no metálica.

Si bien Moody’s mantuvo la nota de SQM en Baa1, modificó su perspectiva a Negativa para reflejar “la alta incertidumbre respecto a los ingresos de la compañía a causa del desempeño futuro del litio”.

Además, la agencia crediticia manifestó su preocupación por los “grandes pagos de dividendos de SQM”, lo cual contribuye en la generación negativa de flujo de efectivos de la compañía desde 2018.

“La estrecha línea de productos básicos de la compañía, su tamaño relativamente pequeño y su política de pago de dividendos altos entre 2015 y 2019 también se incorporan a la calificación”, dijo Moody’s.

En concreto, la clasificadora de riesgo destaca que la caída de los precios desde 2018 redujo el margen bruto del segmento hasta un 15% o US$37 millones en el primer semestre, desde un nivel de 42% o US$120 millones apuntado en el mismo periodo del año anterior.

Impactos de la pandemia

“Además, la menor demanda de Asia como resultado de la pandemia de coronavirus ha impedido a SQM expandir los volúmenes de ventas de litio en 2020. Desde mediados de 2018, los precios del litio han caído considerablemente, a alrededor de $ 7.000 / TM hoy, desde alrededor de $ 16.300 / TM en 2018, lo que refleja la creciente capacidad de producción de litio (de Australia en particular), que a su vez condujo a un exceso de oferta en 2019. La caída de los precios se incrementó por la debilidad en la demanda de baterías ante un menor crecimiento en la venta de autos eléctricos”, explica Moody’s.

En ese sentido, la clasificadora agrega que plantea la incertidumbre respecto a cómo se comportará el mercado de autos eléctricos en los próximos años, en particular porque el sector depende de los incentivos de los gobiernos principalmente en China.

“Esperamos que las métricas crediticias de SQM se debiliten en 2020 impulsadas por la debilidad en el segmento de litio. Esto podría ser parcialmente compensado por mayores ingresos por yodo y sales. En general, esperamos que el EBITDA sea de alrededor de US$ 630-650 millones en 2020, similar a los US$ 646 millones en 2019, terminando el año 2020 con un ratio cercano a 3.0x deuda a EBITDA (…) Los niveles de Ebitda se podrían recuperar en 2021-2022, a medida que los proyectos de litio de la compañía aumenten y el apalancamiento baje hasta alrededor de 2.7x en 2021 y 2.1x en 2022″, agrega Moody’s.

Eso sí, la clasificadora de riesgo destaca que la la posición de bajo costo de SQM entre los productores de litio, es una ventaja competitiva clave que permitirá a la empresa seguir siendo rentable incluso en un entorno de bajos precios del litio.

Moody’s asigna perspectiva negativa para SQM y advierte sobre el futuro del litio


Fuente: Pulso

Chile

¿Qué ocurre con la fiscalización ambiental en Chile?

Análisis
Por: Francisco Contreras / Ingeniero Ambiental / 03.09.2020

Los organismos del Estado han ejecutado sus potestades de fiscalización de forma reactiva y muy tardía, por lo tanto, el origen y temporalidad de las acciones revisadas nos hablan definitivamente de una fiscalización inoportuna que evidencia la necesidad de cambios normativos y de cambios en la gestión en y entre los diferentes servicios públicos.

En julio pasado se inició un procedimiento sancionatorio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y una demanda por daño ambiental por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que sintetizan de manera dramática lo que ocurre con la fiscalización ambiental en el país.

A continuación, se presentan brevemente ambos casos.
Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo (MNT)

En el caso de MNT, las actividades de extracción de aguas subterráneas fueron aprobadas ambientalmente, el año 1997, a través de un EIA, por un periodo de 21 años.

En el EIA se comprometió un máximo umbral de descenso en el nivel del acuífero de 25 cm para evitar la afectación de la vegetación azonal en el sector de Tilopozo, y, se reduciría a menos de 21 años la actividad de extracción de aguas en caso de superarse dicho umbral.

Esta evaluación dio pie para que el año 2001 la DGA implementara una Plan de Alerta Temprana (PAT) en el área, el cual entregaba a la autoridad la facultad de suspensión del ejercicio de los derechos concedidos, o la reformulación de los planes de explotación del acuífero en el caso de que se sobrepasara el mismo umbral de 25 cm del EIA.

En este marco es que el Titular informaba descensos en los niveles en sus informes, pero nunca más allá del umbral de 25 cm.

Luego de 19 años de extracción de aguas, de 16 años desde la vigencia del PAT, y luego de la información entregada en otra evaluación ambiental en el área que mencionaba que la recuperación de acuífero sería por allá en el 2040 o incluso después del 2200, la DGA realizó en el año 2017 una revisión de los niveles reportados, verificando un descenso de hasta 66 cm en cuatro pozos de monitoreos de la red del PAT.

Esto, sin implementar las facultades correctoras que le entregaba el mismo PAT, la DGA informó a la SMA, en abril de 2018, el incumplimiento del umbral de 25 cm comprometido.

Con estos antecedentes y actividades de fiscalización propias, en Julio del 2020 la SMA formuló cargos por el incumplimiento del umbral de 25 cm desde el año 2005, “sin ejecutar la medida de reducir el periodo de explotación a menos de 21 años” provocando una afectación en la “superficie y vigorosidad” de la vegetación de Tilopozo.
Salar de Pedernales

Las actividades de extracción de agua en el Salar de Pedernales se remontan a la década del ´80.

Desde la entrada en vigencia de la Ley 19.300 hasta aproximadamente el año 2010, el Titular presentó 37 evaluaciones de impacto ambiental en las cuales no consideraron las afectaciones de las extracciones de agua desde el salar, ya que se tomaban como derechos adquiridos.

A partir de la década pasada, la DGA comenzó solicitar antecedentes ambientales de las extracciones, ante lo cual el Titular justificaba la no afectación del recurso hídrico por una serie de modelos hidrogeológicos y comparaciones de los niveles históricos en el área.

Ya en el año 2013 la DGA declara zona de restricción de extracciones de agua los dos sectores hidrogeológicos del Salar de Pedernales, dado a que la demanda superaba un volumen de extracción sustentable.

Como en el caso de MNT, todo cambió en una evaluación ambiental. El Titular informó sobre un descenso constante de los niveles freáticos en un sector del Salar de Pedernales, lo que fue observado por la DGA en el marco del SEIA.

En forma paralela a la evaluación ambiental, la DGA y la SMA elaboraron de forma sectorial estudios para corroborar y analizar la afectación de la disminución declarada por el Titular. En estos estudios se concluyó que en el sector del Salar de Pedernales se ha registrado un descenso sostenido de los niveles del acuífero en 23 pozos a partir de 1983, y que este descenso ha afectado a las unidades vegetacionales azonales presentes en el área.

Estos estudios fueron la base para que en Julio del presente año el CDE presentara una demanda por daño ambiental en el sistema hídrico, ecosistemas acuáticos continentales, vegetación azonal y servicios ecosistémicos.
Fiscalización reactiva y tardía

Los casos descritos de forma muy resumida, muestran que organismos del Estado han ejecutado sus potestades de fiscalización de forma reactiva y muy tardía, por lo tanto, el origen y temporalidad de las acciones revisadas nos hablan definitivamente de una fiscalización inoportuna.

Reactiva, ya que en ambos casos los Titulares debieron declarar la disminución de los niveles del acuífero en un procedimiento de evaluación ambiental para que la DGA ejerciera sus facultades de fiscalización, y cuando detectó incumplimientos en el PAT, en el caso de MNT, no tomó las medidas que lo facultaba el instrumento de gestión (no suspendió el ejercicio de los DAA ni modificó el plan de explotación).

En cuanto a la SMA, esta sólo actuó en ambos casos ante los oficios de la DGA, no ejerciendo las facultades para iniciar por si sola una fiscalización en base a la información aportada por los seguimientos ambientales.

Consecuentemente, las actividades de fiscalización son tardías, ya que las afectaciones provocadas por las extracciones de aguas (disminución en los niveles y en la vegetación azonal) ya se manifestaban hace varias décadas.

En la materia, es ejemplificador el caso de MNT, en donde las extracciones sólo se autorizaron por 21 años (hasta finales del año 2019), pero el inicio del procedimiento sancionatorio comienza recién el año 2020.

¿Alguien podría decir cuántos otros sistemas se han afectado significativamente o dañado? Así como demostramos estar, se duda que alguien pudiera siquiera dar una estimación al respecto.

La reactividad y tardanza en la actuación de ambos organismos públicos ponen en relevancia la capacidad de su procesamiento y análisis de información dada la magnitud y a la complejidad de ésta.

Las razones pueden ser muchas: desde la falta de recursos humanos, financieros, un sistema fiscalización con un enfoque general en vez de uno por riesgos, hasta la falta de voluntad política para ejercer el rol fiscalizador.

Cualquiera sea la razón, los dos casos presentados hacen dudar de la eficacia y eficiencia fiscalización, evidenciando la necesidad de cambios normativos y de cambios en la gestión en y entre los diferentes servicios públicos, cambios que provoquen una sinergia positiva para una mejora significativa en el sistema de fiscalización ambiental del país.

Así mismo, de lo que no cabe duda es que la recuperación de los sistemas hídricos y bióticos tardará varias décadas o centenares de años en volver a la condición anterior a la explotación de los acuíferos, debido principalmente a la falta de una fiscalización ambiental oportuna.

Salar de Pedernales. Foto: Francisco Contreras
https://www.eldesconcierto.cl/2020/09/03/analisis-que-ocurre-con-la-fiscalizacion-ambiental-en-chile/

Chile, Internacional, Litio

Moody’s asigna perspectiva negativa para SQM y advierte sobre el futuro del litio

03/09/2020
El mercado de autos eléctricos se mantendría bajo presión en los próximos años a causa de la pandemia.

El desempeño de los precios del litio y los pagos de dividendos de SQM preocupa a Moody’s. La clasificadora de riesgo informó esta mañana que ante dichos factores de riesgo, ajustó su visión para la minera no metálica.

Si bien Moody’s mantuvo la nota de SQM en Baa1, modificó su perspectiva a Negativa para reflejar “la alta incertidumbre respecto a los ingresos de la compañía a causa del desempeño futuro del litio”.

Además, la agencia crediticia manifestó su preocupación por los “grandes pagos de dividendos de SQM”, lo cual contribuye en la generación negativa de flujo de efectivos de la compañía desde 2018.

“La estrecha línea de productos básicos de la compañía, su tamaño relativamente pequeño y su política de pago de dividendos altos entre 2015 y 2019 también se incorporan a la calificación”, dijo Moody’s.

En concreto, la clasificadora de riesgo destaca que la caída de los precios desde 2018 redujo el margen bruto del segmento hasta un 15% o US$37 millones en el primer semestre, desde un nivel de 42% o US$120 millones apuntado en el mismo periodo del año anterior.

Impactos de la pandemia

“Además, la menor demanda de Asia como resultado de la pandemia de coronavirus ha impedido a SQM expandir los volúmenes de ventas de litio en 2020. Desde mediados de 2018, los precios del litio han caído considerablemente, a alrededor de $ 7.000 / TM hoy, desde alrededor de $ 16.300 / TM en 2018, lo que refleja la creciente capacidad de producción de litio (de Australia en particular), que a su vez condujo a un exceso de oferta en 2019. La caída de los precios se incrementó por la debilidad en la demanda de baterías ante un menor crecimiento en la venta de autos eléctricos”, explica Moody’s.

En ese sentido, la clasificadora agrega que plantea la incertidumbre respecto a cómo se comportará el mercado de autos eléctricos en los próximos años, en particular porque el sector depende de los incentivos de los gobiernos principalmente en China.

“Esperamos que las métricas crediticias de SQM se debiliten en 2020 impulsadas por la debilidad en el segmento de litio. Esto podría ser parcialmente compensado por mayores ingresos por yodo y sales. En general, esperamos que el EBITDA sea de alrededor de US$ 630-650 millones en 2020, similar a los US$ 646 millones en 2019, terminando el año 2020 con un ratio cercano a 3.0x deuda a EBITDA (…) Los niveles de Ebitda se podrían recuperar en 2021-2022, a medida que los proyectos de litio de la compañía aumenten y el apalancamiento baje hasta alrededor de 2.7x en 2021 y 2.1x en 2022″, agrega Moody’s.

Eso sí, la clasificadora de riesgo destaca que la la posición de bajo costo de SQM entre los productores de litio, es una ventaja competitiva clave que permitirá a la empresa seguir siendo rentable incluso en un entorno de bajos precios del litio.
Fuente: Pulso

Moody’s asigna perspectiva negativa para SQM y advierte sobre el futuro del litio

Chile, Litio

Atacameños dan portazo a SQM: “No vamos a negociar, no se puede compensar el daño hecho en nuestras tierras”

Paula Huenchumil
Joaquín Riffo
26/08/202
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Fotografía: Nicolás de Camaret

Las comunidades del Salar de Atacama insisten en defender su reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por un controvertido Plan de Cumplimiento de US $25 millones ofrecido por SQM tras una investigación que reveló que la empresa había sobreextraído salmuera del yacimiento. Pese a la presiones del gigante del litio, las comunidades afirman que no cederán ante su influencia y exigen que se revoque el permiso ambiental de la iniciativa.

El Salar de Atacama, ubicado en la Región de Antofagasta y habitado ancestralmente por comunidades indígenas del pueblo atacameño, continúa siendo un territorio en disputa, principalmente por el interés que generan sus recursos por parte del sector empresarial, siendo SQM la protagonista.

Tal como señala el sitio web de una de las productoras mundiales de litio, hoy cuentan con “acceso exclusivo a las mayores y mejores reservas del mundo de caliche y salmuera. Se dispone de las más extensas reservas de yodo y nitrato, y también de las más altas concentraciones de litio y potasio de las que se tenga registro”.

Uno de sus actuales proyectos -que ha levantado la resistencia de las comunidades atacameñas- está ubicado a 60 kilómetros al sur poniente de Toconao, a 38 kilómetros al poniente de Peine y a 100 km. al sur poniente de San Pedro de Atacama en la Región de Antofagasta. «Se trata de una iniciativa dedicada a la producción de cloruro de potasio, sulfato de potasio, ácido bórico y salmuera rica en litio en las instalaciones que SQM posee en el Salar de Atacama, la cual contempla aumentar la extracción de salmuera, incrementar la extracción de agua dulce en el borde del salar y aumentar el área de evaporación solar y acopio de sales de descarte en el núcleo”, según constata un fallo del Primer Tribunal Ambiental. de diciembre de 2019.

Dicho proyecto se vio envuelto en un procedimiento sancionatorio en noviembre de 2016, iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a SQM, luego que la entidad ambiental detectara seis infracciones en dicha operación de la minera no metálica, principalmente, relacionado a la extracción de salmuera fresca por sobre lo autorizado. Finalmente, en enero del 2019, la SMA decidió aprobar el Programa de Cumplimiento (PDC) presentado por SQM Salar S.A, avaluadas en un monto que asciende a $17.205.184.000 millones, equivalente a USD 25 millones.

Ante la decisión de la SMA, las comunidades de Peine, Camar y el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), presentaron en febrero de 2019, ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, una reclamación contra la SMA por la aprobación del Programa de Cumplimiento presentado por SQM. Finalmente, el 26 de diciembre del mismo año, en un fallo unánime, el Tribunal Ambiental acogió la reclamación de las comunidades atacameñas por la aprobación de SQM para la extracción de litio en el salar.

Pese a la sentencia, en junio de 2020, el Primer Tribunal Ambiental ofició al órgano fiscalizador luego de una solicitud realizada por la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños. De ese modo, se acusó que la Superintendencia “no ha realizado la reapertura del procedimiento sancionatorio por las infracciones medioambientales cometidas por la empresa”. Además, la organización aseguró que la empresa mantiene su comportamiento.

Así, la SMA no sólo siguió con una actitud pasiva frente a la situación, además defendió el plan ambiental de la minera SQM, e incluso apeló a la Corte Suprema. Sin embargo, el caso tuvo un nuevo revés y el 11 de agosto la SMA presentó un documento desistiendo de los recursos de casación en la forma y fondo que había presentado en enero en Suprema contra la sentencia dictada por el Tribunal Ambiental. Es decir, la SMA realizará un nuevo estudio del plan de cumplimiento de SQM y las comunidades han señalado que presionarán para que se revoque el permiso ambiental y se cierren las operaciones de la empresa.

El modus operandi de SQM

“SQM siempre ha intentado buscar arreglos o negociaciones con las comunidades y entiendo que tienen algunas iniciativas. En ese sentido, nosotros como consejo no podemos intervenir, cada comunidad es autónoma de poder resolver los conflictos que tienen con esta empresa. Nosotros vamos a respetar y obviamente que no necesariamente compartimos la decisión y al menos nosotros como Consejo de Pueblos vamos a continuar con nuestro proceso y vamos a llegar hasta el final”, dice a INTERFERENCIA Sergio Cubillos, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA).

Al consultarle si SQM los ha intentado presionar, indica “por supuesto”. “Siempre están ofreciendo poder llegar a acuerdo, terminar en algún convenio o negociación, pero nosotros como Consejo de Pueblos Atacameños, mantenemos lo que han dicho nuestras bases, las asambleas, y es que no hay posibilidad de aquello”.

Respecto al proceso sancionatorio que está abierto, Cubillos sostiene que esperan que “de una vez por todas esta empresa pueda tener las sanciones correspondientes, debido a que ha cometido daños invaluables e importantes”.

“Ellos deberían presentar un plan de cumplimiento y nosotros vamos a exigir que haya Consulta Indígena, y también vamos a exigir que haya una revocación de la resolución de la calificación ambiental de la empresa”, añade el representante del Consejo de Pueblos Atacameños.

En la misma línea, Amanda Barrera, presidente de la comunidad atacameña de Peine, indicó a INTERFERENCIA que “no vamos a negociar con SQM, no hay manera que se pueda compensar en el daño hecho en nuestras tierras y nuestras aguas. Nuestra postura es clara, y creemos que nunca va a existir un compromiso real de la empresa por los daños que han causado”.

En esa línea, Barrera dijo que “SQM siempre trata de meterse a escondidas a las comunidades, de buscar otras instituciones dentro de las comunidades a quien ofrecer financiamientos a proyectos que son muy chicos, para ellos no es nada económicamente”.

El viernes 21 de agosto, La Tercera publicó $1.700 millones por la paz en el Salar de Atacama: SQM llega a acuerdo con comunidad indígena en proceso por uso de agua. Un artículo que ha sido criticado por algunas de las comunidades afectadas, por lo que informaron que durante esta jornada publicarán un comunicado desmintiendo al medio del empresario Álvaro Saieh.

Sobre la misma publicación de La Tercera, una fuente cercana al tema, indica que la noticia, menciona que “Toconao llegó a acuerdo con SQM, pero lo que no dicen es que fue en el marco de la transferencia de un campamento que fue construido por SQM en los años 90’ encima de un cementerio indígena, un sitio arqueólogo, se dice que llegó a acuerdo, pero no se dice que es en el marco de una devolución. Además, dicen que el acuerdo entre la comunidad de Peine y SQM es inminente y no hay ninguna relación”.

Además, comenta que las presiones de la empresa a las comunidades, son “parte de una cultura organizacional que hay en SQM, una sensación que son intocables, que pueden hacer lo que quieran, como si siguiéramos en los 80”.

Cabe recordar que durante 28 años, SQM estuvo liderada por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, quien dejó la presidencia de Soquimich en 2015, tras el conocido caso del financiamiento irregular y las boletas ideológicamente falsas entregadas a la minera no metálica por parte de diversos personeros políticos.

En agosto, la Comunidad Indígena Atacameña de Camar y SQM Salar S.A. suscribieron un convenio extrajudicial que deja a la agrupación fuera del proceso judicial que las comunidades indígenas iniciaron en diciembre de 2019 contra la empresa productora de litio por el uso de agua e impacto de las operaciones en la zona.

Ante las acusaciones sobre estos eventuales actos de cooptación desde SQM a las comunidades, desde la empresa señalaron a nuestro medio que “esto no corresponde a la realidad. Sí podemos asegurar que este tipo de acuerdos establecen un diálogo de respeto recíproco entre la empresa y las comunidades que esperamos que se consolide en el tiempo. Nuestro esfuerzo es lograr una operación que esté cada vez en mayor armonía con nuestro entorno y nuestros vecinos”.

Consultados por INTERFERENCIA respecto a las acusaciones que apuntan a que SQM está realizando el procedimiento sin realizar una consulta indígena “previa, libre e informada”, desde la empresa señalaron que “respecto de la Consulta Indígena, le corresponde al Estado determinar su procedencia, a través de sus órganos competentes. Entendemos que en el caso de los procesos de sanción no corresponde y así lo ha confirmado el Tribunal Ambiental. Nosotros acatamos las decisiones que tome la autoridad en este ámbito”.

“Sin perjuicio de lo anterior, SQM ha mantenido una constante comunicación con las comunidades vecinas, nos importa su opinión y entender sus preocupaciones. En este sentido, el convenio suscrito con Camar entrega a la comunidad incluso mejores herramientas y mecanismos que el mismo proceso de consulta indígena. Asimismo, como empresa, estamos disponibles para efectuar todas las mejoras que sean requeridas a nuestro Plan de Cumplimiento de acuerdo con lo establecido por la SMA y el Primer Tribunal Ambiental”, aseguraron.

En relación a su acuerdo con Camar, la empresa afirmó que “el convenio suscrito entre la Comunidad de Camar y SQM incluye concesiones recíprocas, incluida instancias de diálogo, trabajo conjunto y resolución de conflictos, además de medidas concretas. Esto, permite desarrollar una nueva forma de relacionamiento que, desde el reconocimiento, el respeto mutuo, la buena fe entre las partes y en una relación de paridad, se hace cargo directamente de las preocupaciones y percepciones de la comunidad al establecer instancias permanentes de diálogo de igual a igual. Este acuerdo representa un estándar a considerar para futuros acuerdos con comunidades indígenas del Salar de Atacama”.

Rectificación: Este artículo ha sido modificado el miércoles 26 de agosto a las 13:32 hrs en su frase «Luego, en 2018, volvió a SQM contratado como asesor estratégico», respecto al rol del señor Julio Ponce Lerou en SQM. Según indicó la empresa a INTERFERENCIA, «esta asesoría no se concretó. No existe el retorno a la compañía que se menciona», por lo cual la frase fue retirada.

https://interferencia.cl/articulos/atacamenos-dan-portazo-sqm-no-vamos-negociar-no-se-puede-compensar-el-dano-hecho-en

Chile, Internacional, Litio

Pérdidas de Tianqi llegan a US$ 100 millones

2/9/2020
Los efectos de la pandemia se reflejaron en los resultados de la firma.
La firma china Tianqi Lithium, uno de los principales accionistas de SQM, reportó una fuerte pérdida semestral, debido a los efectos de la pandemia en los precios de los productos básicos usados en las baterías de autos eléctricos.

La firma asiática, que tiene pendiente el pago de un crédito por US$ 3.500 millones, que permitió la compra de las acciones de la minera chilena, dio a conocer en una presentación a la Bolsa de Valores de Shenzhen que tuvo una pérdida neta de 696 millones de yuanes (US$ 101 millones) durante el primer semestre.

El resultado estuvo en el rango inferior de lo esperado e implica una pérdida de 196 millones de yuanes en el segundo trimestre, menor que los, aproximadamente, 500 millones de yuanes que Tianqi perdió en enero-marzo.

Desde la firma señalaron que los volúmenes y precios de venta de los productos químicos de litio, así como el precio de venta del concentrado de litio, “disminuyeron significativamente en comparación con el mismo período del año anterior”.

Esto se sumó a una baja del desempeño de SQM, que condujo a menores ingresos por inversiones, agregó la minera.
Fuente: El Mercurio

Pérdidas de Tianqi llegan a US$ 100 millones