18/11/2020
Salar pedernales
Medidas para resguardar los recursos hídricos y diversos estudios sobre la zona son parte de las acciones que deberá ejecutar la estatal.
Cuando los plazos están cada vez más ajustados para darle el vamos al proyecto que permitirá extender la vida útil de la División Salvador en al menos 40 años, Codelco y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) sellaron un acuerdo para poner fin al conflicto que mantenían desde el 15 de julio, luego de que el organismo presentara una demanda por un eventual daño ambiental en el Salar de Pedernales, el que contempla diversas medidas.

En un escrito de 25 páginas, presentado al Primer Tribunal Ambiental acompañado de anexos y otros extensos documentos, las partes zanjan los compromisos -que hasta el momento se discutían en completa reserva- que permitieron poner fin al conflicto, el que de todas formas debe esperar la luz verde del Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta.

Uno de los componentes clave del acuerdo apunta directamente a medidas asociadas a recursos hídricos que buscan generar condiciones de recarga adicionales al acuífero que no existían hasta la fecha, por la vía de dejar escurrir cierto caudal desde el tranque la Ola hacia aguas abajo y mediante el cierre de un Dren construido durante la década del 20 del siglo pasado. Esto, de manera de aumentar la recarga del acuífero del Salar de Pedernales.

En este aspecto, también se considera que la estatal presente un complemento al Plan de Seguimiento Ambiental Voluntario (PSAV) del proyecto Rajo Inca para incorporar el objetivo de recuperación de los niveles del acuífero del Salar de Pedernales.

Este ejercicio considera la incorporación de 19 pozos y piezómetros para monitorear sectores de la cuenca de Pedernales que actualmente no cuentan con puntos de monitoreo y complementar el plan de control del sector a través de la suma de dos nuevos puntos de control y la definición de valores umbrales para ellos.

Entre otras medidas, se fija que la cuprífera desarrollará una investigación para generar información de carácter público sobre nuevas fuentes de agua en las cuencas. Esto involucra la adjudicación de una licitación para ejecutar las actividades de investigación, permitiendo su desarrollo por un período estimado entre cuatro y seis años y cuyo producto final será entregado al CDE.

En esa línea, también la minera deberá encargar la elaboración de un estudio de bioecología en el área activa del sistema vegetacional azonal hídrico terrestre que se emplaza en el Salar de Pedernales.

En cuanto a los plazos implicados en el cumplimiento del acuerdo, en el documento se deja constancia que en el mes de junio de cada año, a partir de la fecha en que la resolución que aprueba este avenimiento se encuentra firme y ejecutoriada, Codelco enviará un informe de avance respecto de la totalidad de las medidas convenidas.

Boleta de garantía y cláusulas penales
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, Codelco entregará al CDE garantías financieras. Esta se calculará a partir de la estimación de los costos de ejecución de todas las medidas -con excepción de la que se refiere al reestablecimiento de escorrentía superficial desde Río La Ola-, cuyo monto asciende a $ 16.310 millones.

Asimismo, las partes acordaron una cláusula penal respecto a la obligación de mantener un caudal promedio mensual de 30 l/s en el tranque La Ola, la que se cumplirá de inmediato y a todo evento con cargo a la disponibilidad hídrica de División Salvador, y que no se hace depender de la ejecución de las inversiones que Codelco deberá realizar gradualmente para suplir este caudal en sus operaciones.

De esta forma, si bien se reconoce que la minera debe realizar inversiones del orden de US$ 35 millones para lograr reducciones en el consumo de agua del proyecto Rajo Inca en un caudal equivalente al comprometido, la medida en definitiva constituye una obligación de hacer, consistente en dejar pasar a todo evento el caudal indicado desde dicho tranque.

Esta cláusula se regulará, detalla el escrito, estableciendo que la cuprífera constituirá una garantía financiera por un total de 30.000 UF y la pondrá a disposición del CDE dentro de los 60 días siguientes a que la resolución del Tribunal Ambiental quede firme y ejecutoriada.
Fuente: Diario Financiero

Los detalles del acuerdo entre Codelco y el CDE por el Salar de Pedernales

El Clarín de Chile 20/11/2020
¿Por qué no defendieron el espíritu del proyecto original? le preguntan a los senadores
Diversas organizaciones ambientales, territoriales y de defensa de los glaciares, enviaron esta carta abierta a los senadores Girardi y Elizalde y a la senadora Yasna Provoste referida a la tramitación del proyecto de Protección de Glaciares. Este proyecto, que lleva años entrampado en los canales legislativos tiene sus motivos: el lobby inmundo de las mineras. Ante estas presiones oscuras, amenazadoras y nauseabundas, los legisladores y legisladoras ganan tiempo, presentan indicaciones, dan cientos de vueltas pero no dan la cara al país. Una vergüenza que está expresada en esta carta llena de indignación y no poca frustración.

Ha llegado carta:
Como comunidades organizadas territorialmente para hacerle frente a proyectos extractivos que destruyen glaciares, tras los últimos acontecimientos ocurridos en la tramitación del Proyecto de Ley de Protección de Glaciares en la Comisión de Minería y Energía del Senado, exigimos una explicación y que se transparenten sus decisiones.

La demanda por una ley de protección de glaciares, que nació en la comunidad de Alto del Carmen por el proyecto minero binacional Pascua Lama, se ha topado en cada tramitación con los mismos obstáculos; el poder económico, el poder Ejecutivo y el Legislativo.

La minería presionando en todos los espacios posibles con sus campañas del terror; los gobiernos de turnos que de forma transversal buscan proteger los intereses de las compañías mineras y los parlamentarios que no están dispuestos a legislar por el Bien Común.

La configuración de la Comisión de Minería y Energía les entrega a uds tres la mayoría. Es decir, votando en bloque, podrían lograr un proyecto realmente efectivo y que apunte a una protección total de estos bienes comunes tan fundamentales para la subsistencia de millones de personas y de la biodiversidad y que son hoy la fuente más importante en el abastecimiento de agua de forma permanente.

Por eso nos y les preguntamos ¿qué pasó?

¿Por qué, en vez de unirse y votar en contra de la indicación del gobierno, se unieron para presentar nuevas indicaciones que van en la misma línea de la desprotección?

¿Por qué no defendieron el espíritu del proyecto original?

¿Por qué ingresaron nuevas indicaciones?, ¿De dónde surgió eso?, ¿Acaso el Senador Elizalde (PS) no estuvo dispuesto a votar en contra de las indicaciones del gobierno y condicionó su voto a presentarlas?

Semanas atrás el senador Girardi señalaba en prensa que pediría que el proyecto se votará “tal como está” (es decir con el paquete anterior de indicaciones) y la senadora Provoste indicó que pediría que el proyecto se despachara de la Comisión de Minería. Entonces, ¿qué cambió para que menos de 24 horas antes de la sesión, presentaran nuevas indicaciones? Estábamos preocupados de los senadores de la derecha y el juego de la negociación, sin comprender hasta ahora que la negociación más importante estaba dentro de la oposición y presumiblemente condicionada por el PS.

La prensa leyó lo ocurrido ayer en la sesión como un revés para el gobierno, sólo porque se denegó su intento de que los glaciares de roca no quedasen protegidos. No obstante, esta no es la lectura de las comunidades quienes hemos sido claras en sostener que las nuevas indicaciones de los senadores de “oposición” son un desastre en su conjunto, ya que ceden ante la protección del ecosistema glaciar presente en el proyecto original, permitiendo el sacrificio del ambiente periglacial y el permafrost por medio de actividades vía ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, desprotegiendo con eso estos elementos fundamentales para el equilibrio y permanencia de los glaciares, y que contienen gran cantidad de otras crioformas imprescindibles para el aporte de agua a las cuencas. Yendo más allá, creemos que las indicaciones no eran necesarias puesto que tenían mayoría para haber votado en bloque en rechazo de todas las indicaciones del gobierno y entonces salvaguardar el proyecto original. Por tanto, es imposible ver la votación en favor de las nuevas indicaciones como una victoria o siquiera “avance” ¿Avance de qué? ¡Si no había ningún escollo inicial para haberlo ganado todo! No podemos celebrar migajas.

Como comunidades organizadas seguiremos en la ruta de la protección de TODOS LOS GLACIARES Y SUS AMBIENTES, INCLUÍDO EL PERMAFROST, porque dependemos de ellos para vivir y sabemos lo estratégico que se tornan cada año que pasa dado en el contexto de calentamiento global que a Chile ya golpea fuertemente. Todas las proyecciones climáticas indican que los impactos para nuestro país serán cada vez peores sobre todo en cuanto a la disponibilidad de agua.

Les solicitaremos reuniones para obtener las respuestas a las preguntas que nos hacemos, ya que hoy no encontramos lógica a lo sucedido. Uds se deben al pueblo y estamos cansados del funcionamiento encapsulado y decisiones entre cuatro paredes al que se han acostumbrado en el Senado con total alienación del mundo real y lleno de injusticias que la misma clase política ha cementado. Acá no hay gato encerrado, hay gato podrido, y queremos entender que hay detrás de todo lo ocurrido.
Ver declaración de Coordinación por indicaciones Gobierno de Piñera: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108208

El lobby feroz de las mineras y esta carta abierta a Girardi, Elizalde y Provoste: algo huele a podrido en el Senado

“Llamamos a rechazar todas las indicaciones y defender el espíritu del proyecto Original”

La tarde previa a la sesión de la Comisión de Minería y Energía del miércoles pasado, 11 de noviembre, que debía votar el proyecto, la Sala del Senado acordó un nuevo plazo para ingresar indicaciones. Además de los senadores de “oposición” Provoste (DC), Girardi (PPD) y Elizalde (PS), presentaron indicaciones los senadores García Huidobro (UDI) y el senador Juan Castro Pietro (RN), ambos senadores por el Maule. Ante lo sucedido y luego de analizar las nuevas indicaciones sistematizadas en el comparado, declaramos lo siguiente:

1. Nos parece impresentable esta apertura a nuevas indicaciones en último momento y a espaldas de la ciudadanía. Vemos con profundo malestar que la denunciada estrategia dilatoria para no llegar al momento de la votación del proyecto durante sesiones, cursó efecto tras la materialización de esta jugada, confirmando que es el resultado de la cocina que denunciamos en agosto. La que de manera grave contradice lo expresado y buscado por Girardi y Provoste una semana antes; el senador comunicando que pediría votar el proyecto “tal como está”, es decir votar el proyecto original con el paquete anterior de indicaciones, y la senadora por su parte expresando que pediría que el proyecto se despachara de la Comisión de Minería.

2. Reprochamos enérgicamente que los senadores de “oposición”, en vez de unirse para votar en contra de la indicación del gobierno, se unan para presentar una indicación que al final, va en el mismo sentido que la del gobierno; la desprotección, la relativización, la flexibilización, y la regularización y legalización de la intervención, perdiendo y cediendo el necesario sentido del proyecto original (inspirado en la ley de protección de glaciares Argentina) que concibe que la protección de los glaciares refiere la preservación del ECOSISTEMA GLACIAR, en donde tanto ambiente glaciar, como periglaciar y sistema permafrost son intocables.

3. La propuesta establece, por ejemplo:

– Una definición de glaciar en la que se dispone un criterio excluyente, puesto que se determina que deben tener una permanencia de al menos 10 años, y los que se vean reducidos en su tamaño a 0,1 há (o 1.000 m²), dejarán de ser considerados glaciares. En el proyecto original la definición no tiene este tipo de restricciones, las cuales sólo sirven para dejar espacios abiertos para la desprotección.

– Sólo se establece la prohibición general a todo tipo de actividades EN glaciares. Esto es importante, puesto que se apunta simplemente a proteger el objeto (o el hielo) pero no el espacio que lo circunda y que es fundamental para su permanencia. Muy por el contrario, de forma explícita se plantea que dicho territorio o ambiente periglacial, y lo mismo para el permafrost, puedan ser intervenidos por medio de actividades y proyectos de inversión vía EIA aprobados en el SEIA.

– Se establece reconocer a los glaciares como Bienes Nacional de Uso Público. Años atrás y analizando el proyecto de (des)protección glaciar de Bachelet, la Corte Suprema señaló claramente que, “forman parte del patrimonio ambiental de Chile, de modo que su categoría corresponde a la de bienes nacionales, conforme el inciso 1° del artículo 589 del Código Civil, dado que su uso no lo puede disponer la autoridad”.

– Vemos con preocupación que sustituyen el ámbito de protección de los Glaciares, a diferencia de lo que plantea el proyecto original que apunta a todo el territorio nacional sin distinción. Esta nueva indicación abre paso a que la protección se aplique sólo para los glaciares y zonas periglaciares y permafrost identificadas en el Inventario Nacional tal como busca el Gobierno, lo cual es gravísimo ya que como hemos dicho de forma incansable no todos los glaciares están inventariados y muchos siempre quedarán fuera por temas de incapacidad de percepción. La ley no debe estar sujeta al Inventario.

– Finalmente, la propuesta señala burdamente que las actividades que se desarrollen en glaciares deberán cesar excepto aquellas en las que su paralización implique daño a un glaciar.

4. Que la protección no se aplique para el ambiente periglacial ni al permafrost, es un argumento demandado por las mineras que persiste desde los anteriores procesos de proyectos de ley. Llamamos a que se ponga atención sobre la importancia del permafrost, como fuente de agua, algo que incluso fue reconocido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su informe anual del 2015, cuando se tramitaba el proyecto de glaciares de Bachelet. El instituto señaló: “La posición del Poder Ejecutivo en orden de disminuir la protección inicial, mediante sus indicaciones sustitutivas, es de preocupación, ya que no se establece una protección general de los glaciares, y además desprotege otras categorías de hielos, como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a los glaciares”. Por tanto, de aprobarse estas indicaciones también vulnerarían los Derechos Humanos.

5. Finalmente es un ataque al sentido común y a la experiencia en carne de los territorios. Los mismos senadores de “oposición” han manoseado lo ocurrido con el proyecto Pascua Lama, usándolo de ejemplo de destrucción de glaciares, sin embargo, hoy proponen indicaciones que dan pie a nuevos proyectos como ése. Pascua Lama es el proyecto que a la fecha ha tenido el “mayor estándar” de protección brindado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: Se aceptó el proyecto con la condición de no tocar, remover y destruir los glaciares descubiertos (blancos), no obstante, aparte de que la empresa los impactó directamente (cuando en rigor no podían), gran parte de la causa de su afectación fue por obras indirectas realizadas en sus alrededores, es decir, en el ambiente periglacial.

6. Volvemos a exigir la Inhabilidad de Prohens, el conflicto de interés que lo afecta es gravísimo y pone en mayor tela de juicio todo lo que sucede con la tramitación de este proyecto de ley. Seguiremos insistiendo hasta tener una respuesta a nuestra solicitud de inhabilidad.

7. Finalmente, llamamos a recapacitar a los senadores de la “oposición”, ya no están los tiempos para la medida de lo posible. Y por última vez los llamamos a rechazar todas las indicaciones y resguardar el espíritu original del proyecto que es el que corresponde en los tiempos que vivimos. Debemos entender que lo que está en juego es crucial para el presente de millones de habitantes y el futuro de las próximas generaciones. La VIDA, para humanos y los ecosistemas, depende del agua que proveen de forma constante los glaciares y otras crioformas, por lo que su correcta protección es una de las decisiones a nivel país de mayor envergadura. Estamos hablando de que no protegerlos, afecta “desde una perspectiva de los derechos humanos directamente en el goce y ejercicio de diversos derechos. Por impactar directamente al derecho a la vida, a una alimentación adecuada, a la salud, al trabajo y a participar de la vida cultural” tal cual lo sostuvo el 2015 el INDH en su informe anual.

COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES

CONTACTOS: María Jesús Martínez +56 9 6397 0135/ Constanza San Juan +56 9 9 6241 3008

Stefanía Vega+ 56 9 844 1009
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Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares

Agrupación del Camino Internacional (V), Andes Libres (RM), Asamblea autoconvocada por la Defensa del Agua Los Andes (V), Asamblea en Defensa del Elqui (IV), Asamblea por el Agua Guasco Alto (III), Baile Chino Cerro Mercacha (V), Centro Austral de Derecho Ambiental (X), Centro Ecológico Churque (RM), Colectivo Efímero (V), Comité Ambiental Teno (VII), Comunidad Indígena Taucan del Valle del Choapa (IV), Coordinadora 3 Ríos (V), Corporación del Medio Ambiente de Atacama CODEMAA (III), Elqui Sin Mineras / Elqui Sustentable (IV), Fridays for Future (V), Geoparque Valle de Petorca (V), Movimiento Socioambiental Putraintu (V), Nosotras Decidimos (V), OLCA (RM), Pacto Mundial Consciente (RM), Parque Andino Juncal (V), Putaendo Resiste (V), Raíces de Aconcagua (V), Red de Articulación Territorial Aconcagua Emerge (V), Red Metropolitana No Alto Maipo (RM), Red por la Defensa de los Territorios Wallmapu (IX), Red Regional Antimineras (XI), Unión Comunal Teno (VII), Valles en Movimiento Limarí (IV)

Glaciares no son mercancía.jpeg

Infracciones fueron adoptadas luego de constatar entre 2015 y 2018 diversas denuncias ciudadanas y del Consejo de Monumentos Nacionales referidas al impacto sobre vestigios en sitios históricos patrimoniales vinculados a la Guerra del Pacífico y época salitrera.
16/11/2020
Minería Chilena
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló seis cargos –tres graves y tres leves- a la Sociedad Contractual Minera Corporación de Desarrollo del Norte, titular del proyecto “Aumento de Producción de Yodo, Negreiros, SCM Cosayach”, ubicado en la comuna de Huara, provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

Los cargos graves dicen relación con la destrucción y afectación de tres huellas históricas asociadas al sistema de explotación calichero que se desarrolló en el sector a inicios del siglo pasado. Dicha afectación se traduce en la interrupción de dos huellas históricas por rastros de actividad de maquinarias, y la destrucción de una tercera huella histórica, como consecuencia de los movimientos de tierra realizados por la empresa.

Se comprobó también, tal como se denunció por parte de ciudadanos y del Consejo de Monumentos Nacionales, que el titular está realizando labores de explotación y producción de yodo al interior del buffer de protección de la ex salitrera Porvenir, detectándose movimiento de maquinaria, pilas de lixiviación y una piscina de proceso al interior del buffer.

Por último, se comprobó la ausencia de registros de aplicación de supresor de polvo entre 2015 a 2019, y la existencia de letreros con un registro de velocidad máxima superior (45 KM/Hrs.) a la establecida en su Resolución de Calificación Ambiental, lo que constituye un incumplimiento de las medidas destinadas a evitar la generación de emisiones atmosféricas por el proyecto.

En cuanto a los tres cargos leves, estos se formulan por diversos incumplimientos asociados a los reportes del monitoreo patrimonial que debía realizar la empresa, los cuales no fueron realizados ni remitidos con la frecuencia comprometida; por superar el número de piscinas de almacenamiento de soluciones de proceso que fueron autorizadas por la autoridad ambiental, las que además, presentan una excedencia en cuanto a capacidad de un 77%, en relación con el valor comprometido; y, por último, porque 182 de las 331 pilas de lixiviación (acumulaciones de material mineralizado que se realiza en forma mecanizada, formando una especie de torta o terraplén continuo de 6 a 8 m de altura) presentan dimensiones mayores a las aprobadas en RCA, presentando en promedio una excedencia de un 28%, y en el caso de 6 pilas sus dimensiones duplicaban lo aprobado.
https://www.mch.cl/2020/11/16/superintendencia-del-medio-ambiente-formulo-seis-cargos-a-minera-cosayach/

El ejecutivo participó en una conferencia organizada por el Instituto de Ingenieros de Chile, en la que abordó el proceso judicial que terminó con el cierre de la operación carbonífera.
12/11/2020
Minería Chilena
En agosto de 2019, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia prohibió a Mina Invierno el empleo de tronaduras en su operación, generando una serie de dificultades que se tradujeron en que los accionistas de la compañía -Empresas Copec S.A. e Inversiones Ultraterra Limitada- resolvieron paralizar definitivamente la actividad en esta faena de carbón, ubicada en Isla Riesco, Región de Magallanes

El trasfondo tras el cierre de esta operación fue abordado en la conferencia “La Paradoja del cierre de Mina Invierno. Una operación con un alto estándar ambiental”, que organizó el Instituto de Ingenieros de Chile.

La actividad contó con la participación de Guillermo Hernández, gerente general de Mina Invierno, quien expresó que la aprobación de los proyectos de inversión se ha vuelto cada vez más compleja, a lo que se suma la judicialización de los permisos ambientales, lo que entrega incertidumbre a la inversión.

El ejecutivo comentó que el cierre de Mina Invierno se tradujo en la pérdida de un importante actor económico, social y ambiental para la Región de Magallanes, comprometiendo la utilización futura de más de 200 millones de toneladas de carbón identificadas solo en Isla Riesco.

Además, aseguró que de confirmarse el fallo del Tercer Tribunal Ambiental por parte de la Corte Suprema, se sienta un delicado precedente que puede limitar el uso de tronaduras en el minería en Chile.

Advirtió que “el mal uso y abuso de la legislación ambiental, acompañada por instancias de decisión alejadas del ámbito técnico, de una excesiva judicialización y demoras, que desestiman acuciosas y extensas evaluaciones técnicas, terminan causando un daño irreparables a iniciativas de inversión y desarrollo”.

“Mina Invierno es un ejemplo de libro de cómo se destruye valor en nuestro país”, manifestó el ejecutivo, quien hizo hincapié en que “hoy día no se ve tranquilidad para seguirse proyectando, y la decisión fue cerrar”.
Proceso de cierre

En la instancia, Guillermo Hernández abordó el proceso que se inició tras la decisión del Tercer Tribunal Ambienta de prohibir el uso de tronadoras en la operación.

Es así como ante la imposibilidad técnica y operacional de extraer estéril para desarrollar nuevas expansiones, se tradujo en que Mina Invierno no pudo participar en licitaciones de suministro de carbón para el año 2020.

Esto redundó en la paralización de la flota de extracción de estéril (junio de 2019); de la flota de extracción de carbón (marzo de 2020); y del terminal portuario (abril de 2020).

Finalmente, en julio de 2020, el Directorio tomó la decisión de proceder al cierre definitivo de Mina Invierno.

El ejecutivo señaló que “hoy día estamos elaborando el plan de cierre definitivo, que tenemos plazo para presentarlo a Sernageomin en marzo del próximo año. El objetivo que buscamos en este cierre racional, evidentemente apunta a minimizar el desmantelamiento de las instalaciones, considerando que éstas pueden tener un uso alternativo”, como por ejemplo el taller de mantención, que podría ser transformado en un galpón de esquila.

Junto con ello, explicó que “uno tiene que pensar que no es que en marzo uno presente el plan de cierre, se lo aprueban en un plazo razonable, cerramos la cortina y nos fuimos. No, acá hay una serie de tareas y compromisos que van vinculados al plan de cierre, que nos van a tomar tranquilamente tres o cuatro años en poder terminar, vale decir, los socios que están involucrados en esto buscan, evidentemente, hacer las cosas bien; y eso va a significar que vamos a terminar de reforestar, revegetar, etc”.

Cabe destacar que hace unos días se inició el proceso de traslado de 15 camiones 830E, con destino a la mina de carbón Foxleigh, en el distrito de Queensland, Australia, país que en 2019 produjo 503 Mton (6,3% de la producción mundial) y de las cuales exportó 393 Mton, equivalente al 28% de las exportaciones mundiales.
https://www.mch.cl/2020/11/12/guillermo-hernandez-gerente-general-de-mina-invierno-hoy-dia-estamos-elaborando-el-plan-de-cierre-definitivo/