12/03/2021
Foto: 1TA
El Primer Tribunal Ambiental (1TA) presentó las Bases de Conciliación con 19 medidas relacionadas con la gestión socioambiental y de compensación, en el marco de la a audiencia realizada por la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Minera Escondida, por el presunto impacto sobre el acuífero del Salar de Punta Negra.

El Tribunal Ambiental estuvo conformada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente del Tribunal Ambiental), Marcelo Hernández y Óscar Clavería. En la audiencia participaron abogados del Consejo de Defensa del Estado, Minera Escondida y de la Comunidad de Peine y Consejo de Pueblos Atacameños. Los actores manifestaron su intención de avanzar en el proceso de conciliación.

Durante la audiencia, el ministro en Ciencias, Marcelo Hernández, detalló el trabajo realizado por el tribunal y explicó cada una de las medidas consideradas, las que deben ser analizadas por las partes.

Hernández realizó una descripción territorial del área de influencia y especificó el marco teórico de las bases. También explicó los principios territoriales y el valor e importancia de la biodiversidad sobre la base del Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito y ratificado por el Estado de Chile, así como la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 del Ministerio de Medio Ambiente.

El trabajo realizado por el tribunal busca dar cumplimiento al mandato del artículo 44 de la Ley 20.600 respecto a la indemnidad del daño ambiental con el fin de que las medidas que se lleven a cabo se hagan cargo de manera efectiva del daño causado.

Cabe recordar que la demanda fue acogida a trámite en abril de 2020, el CDE determinó que el daño ambiental pasa por: la disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo del sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida del hábitat lo que afecta a la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.

Chile: Tribunal presenta bases de conciliación por demanda del CDE a Minera Escondida

09/03/2021
La compañía minera realizó al cierre de 2020 una provisión por deterioro de la faena de carbón, ubicada en Magallanes, por US$81 millones, cuyos socios son Copec y el grupo Ultraterra. Esto se suma a una operación similar por US$245 millones hecho en 2019.

Sus últimos días vive el proyecto Mina Invierno, que partiera en 2007 y que pertenece, en partes iguales, a Empresas Copec y al grupo Ultraterra, controladas por las familia Angelini y Von Appen, respectivamente, siendo socios en la sociedad Inversiones Laguna Blanca S.A. Se trata de un proyecto de carbón ubicado en la isla Riesco, perteneciente a la Región de Magallanes.

Aunque la empresa minera ya había efectuado un millonario castigo por deterioro en 2019, que ascendió a US$245 millones, al cierre de 2020 decidió realizar una nueva provisión, esta vez por US$80,9 millones -más otros US$3,5 millones en existencias-, con lo que el castigo total alcanza los US$329,4 millones. Esto se reparte entre los socios, considerando el 50% que tiene la compañía controlada por el grupo Angelini y el 50% de los Von Appen.

Así lo reveló Empresas Copec en sus estados financieros al término del año pasado, donde además explicó que durante dicho ejercicio no solo se tomó la decisión de abandonar definitivamente las actividades, sino también, avanzar en el plan de cierre del yacimiento.

“Al cierre del ejercicio 2020, Inversiones Laguna Blanca S.A. revisó nuevamente la existencia de indicadores de deterioro de sus activos no corrientes y el importe recuperable de inventarios. El resultado de la evaluación determinó un deterioro de US$80,9 millones sobre Propiedades, planta y equipo y un castigo de MUS$ 3,5 sobre existencias”, se publicó en el balance de Empresas Copec.

Todo, mientras la iniciativa avanza en la arista legal, luego que el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, anulara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizó la realización de tronaduras en las faenas, lo que facilita el proceso de extracción del mineral.

“Durante 2020, Inversiones Laguna Blanca S.A. continuó viéndose profundamente perjudicada operacional y económicamente debido a la paralización de sus actividades minero-portuarias y a la falta de ingresos por la ausencia de ventas de carbón, situación que tuvo su origen en la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia de finales de agosto de 2019, que anuló la Resolución de Calificación Ambiental que autorizaba la utilización de tronaduras, como método complementario para la extracción de estéril”, indicó Copec en su balance. Dicho fallo fue recurrido de casación a la Corte Suprema que aún no emite su veredicto.

“Asimismo, se ha continuado con la disminución de la dotación, propia y de terceros, así como de los servicios de terceros. La empresa ha continuado realizando sus mejores esfuerzos para tratar de revertir la sentencia desfavorable del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia mediante la presentación de un recurso de casación en la forma y en el fondo, que ingresó en septiembre de 2019 en contra de la citada sentendurante los primeros meses de 2020 se terminó con la extracción de los remanentes de carbón ya despejado y se realizó el último embarque de carbón a principios de abril de 2020. cia, que será conocido y resuelto por la Corte Suprema de Justicia, el que no ha tenido avances relevantes a la fecha”, complementó Copec.

“En función de lo anterior, se elaboraron los planes de cierre definitivos de las faenas mineras antes señaladas, para adaptar el cierre definitivo de ellas antes del término de su vida útil”, concluyó la compañía respecto a ese punto.

Consultada la empresa, de manera oficial, respondió que “los montos señalados, es decir, US$245 millones en 2019 y US$80,1 millones en 2020, corresponden al deterioro contable reconocido por la sociedad minera, sobre los cuales Empresas Copec registra un 50%, de acuerdo con su participación en dicha inversión”.

Grupo Copec vuelve a reducir inversión en Mina Invierno

La sentencia ordena a la minera y demás demandados presentar ante la Superintendencia del Medio Ambiente un plan de reparación para la ensenada El Asiento, el que debe incluir las acciones y metas de restauración de los componentes dañados.
03/03/2021
Minería Chilena
El Segundo Tribunal Ambiental acogió la demanda por reparación de daño ambiental presentada por la Municipalidad de San Felipe en contra de la empresa Minera Jorge González Ite E.I.R.L, y de Wilson González Ite, Jorge González Ite y Patricia Beiza Fernández, condenándolos a reparar el medio ambiente dañado en el sector denominado ensenada El Asiento, de dicha comuna de la Región de Valparaíso.

“Que, conforme a lo establecido en las consideraciones que anteceden, se concluye que los demandados realizaron labores de extracción de aproximadamente 18.958 m3 de material de enrocado y roca granítica, construcción de caminos y corta de especies nativas, sin contar previamente con un plan de manejo aprobado por la Conaf, en el sector de la ensenada El Asiento, de la comuna de San Felipe, afectando significativamente los componentes ambientales vegetación, suelo, quebrada y fauna de dicho lugar, imputable a su actuar negligente, por lo que procede declarar que han causado daño ambiental y condenarlos a su reparación, como se indica en lo resolutivo”, puntualiza el fallo.

La sentencia ordena a la minera y demás demandados presentar ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) un plan de reparación para la ensenada El Asiento, el que debe incluir las acciones y metas de restauración de los componentes dañados. Para la entrega de este plan, la empresa tiene un plazo de 90 días hábiles que se contarán desde el momento en que la sentencia se encuentre ejecutoriada, es decir que no existan recursos pendientes o una vez que estos sean resueltos.

El Plan deberá contemplar, entre otros aspectos, la caracterización detallada de la zona a restaurar, en términos de superficie y de todo parámetro que permita evaluar la evolución de la restauración de los componentes vegetación, suelo, quebrada y fauna; proponer objetivos e indicadores y un programa de monitoreo asociados a ellos, establecer las metas de restauración y estimar la duración de la implementación de las medidas; y considerar y abordar efectivamente aspectos como la duración de los ciclos de vida de las especies involucradas, la fragmentación de hábitats por barreras en el ecosistema, procesos edáficos y los efectos de la variabilidad ambiental, tales como estacionalidad, El Niño (ENSO), y cambio climático.

La sentencia detalla que la aprobación del plan de reparación se regirá por las reglas establecidas por la institucionalidad ambiental para esos casos, debiendo incluir un pronunciamiento sobre los aspectos técnicos, a lo menos, de la Conaf de Valparaíso, e informes de, a lo menos, la Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso y del SAG, así como de todo otro órgano con competencias relevantes al efecto. La fiscalización de su ejecución estará a cargo de la SMA, sin perjuicio de las competencias de otros organismos del Estado.
https://www.mch.cl/2021/03/03/tribunal-ambiental-condena-a-minera-a-reparar-dano-ambiental-causado-en-comuna-de-san-felipe/

Lucio Cuenca Berger
01/03/2021
Se escuchan voces de optimismo y hasta de una especie de satisfacción por el alza en el precio del cobre que ha marcado la pauta noticiosa de los últimos días, pero desde nuestra candidatura es importante señalar algunas cosas que nos llaman mucho la atención y de las cuales necesitamos reflexionar en conjunto.

Según se explicó el pasado lunes 22 de febrero, el precio del cobre estaría alcanzando la barrera de los US$4 la libra (US$3,9 libra, y se calcula llegará en los próximos tres meses sobre los US$4, incluso 5, dicen los más “optimistas”). Los ministros chilenos y diferentes actores del rubro minero extractivista mencionan esto como sumamente positivo para el país, ya que, de acuerdo a los cálculos de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, “por cada centavo que sube el precio del cobre se adicionan unos US$20 millones a los ingresos fiscales”.

Explican que los motivos para esta racha alcista serían el mayor optimismo con respecto al control de la pandemia dado los planes de vacunación, también los estímulos fiscales en Estados Unidos, las presiones inflacionarias, y la evolución del dólar. También la demanda ha sido muy fuerte tanto en China como en mercados occidentales claves. En definitiva, esto quiere decir que el control del precio, tal como se lee en los análisis de los “especialistas”, tiene que ver con las decisiones que se toman en otros lugares como: Estados Unidos, Londres o China.

Siendo Chile un territorio que concentra un 40% del cobre, no tiene mecanismos para el control del precio, ni de la cantidad de cobre y otros minerales que se extraen. Esto ha derivado en un descontrol de la planificación territorial que tiene como consecuencia a territorios devastados. Baste ver Andacollo.

Las supuestas buenas noticias para las arcas fiscales y, en consecuencia para el país, se ven contrastadas por la realidad derivada de la alta concentración de megaminería privada y transnacional que opera en Chile, donde Codelco representa la mínima parte de la extracción. Tanto así que los años 2018 y 2019 el aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales fue tan solo del 6%.

Desde nuestra perspectiva socioambiental por un buen vivir, pensamos que debemos ir más allá y no quedarse en estos cálculos macroeconómicos que no logran captar lo que ocurre con la minería que solo consigue contratar a menos del 1% de la fuerza laboral del país. Debemos entender que son “recursos” no renovables, minerales que requieren de muchos químicos para su explotación (lo que deriva de contaminación de los territorios), y sobre todo, energía y agua. Esto quiere decir, que para seguir creciendo en estos términos del “falso desarrollo”, Chile debe continuar ampliando su oferta energética para abastecer la mayor cantidad de proyectos mineros, pero también agotando la poca agua que va quedando en los territorios. Esto presiona territorios en distintas partes del país tanto por el vital elemento como por la defensa territorial.

Por eso, nuestra invitación es a pensar en otro país posible. En otro modelo lejos del extractivismo que ponga en cuestión esta política entreguista de minerales que se transan en Londres y que no controlamos, pues pensamos que la economía debe estar al servicio de nuestras comunidades, los objetivos de desarrollo país deben ser democratizados, lo explotado debe ser no sólo en beneficio directo de los territorios que habitamos, sino decididos por éstos, y no por el mercado mundial. También debemos priorizar los derechos de la naturaleza por sobre el interés transnacional extractivista, poniendo en primer lugar el agua para consumo humano y de los ecosistemas.

Debiésemos comenzar con poner una moratoria a la gran minería, hacer reparaciones a la naturaleza y a las comunidades que han visto secarse y contaminarse los territorios que habitan tanto en lo ambiental como en lo social. Es hora de poner al centro la discusión sobre el beneficio de una minería de este tipo que incluya diferentes miradas plurinacionales, feministas y socioambientales, y que incluyan el beneficio económico, pero también comunitario, de los bienes comunes, y otros que deberemos discutir en la Convención Constitucional.

Estamos en el momento de repensar cómo el Estado puede asegurar un buen vivir para todas las comunidades.

El autor es Director de OLCA y candidato Constituyente por el Distrito 12

Pensar en un buen vivir desde la minería

Gremios resaltan la importancia de que el proceso constituyente permita mantener las bases que han permitido el desarrollo de la minería en Chile.
23/02/2021
MINERÍA CHILENA
Diversas reacciones generó la última versión del Informe Fraser, que situó a Chile en el lugar 30 del ranking, cayendo 13 puestos en relación con la tabulación obtenida en 2019, donde quedó ubicado en el lugar 17.

Sonami: “El alza del precio del cobre es una muy buena noticia para Chile”
Cabe recordar que en 2018, Chile consiguió posicionarse en el Top 10 del ranking, situándose en el octavo puesto de la medición general. Habría que remontarse al año 2013 para volver a encontrar a nuestro país entre los 10 primeros lugares.

Para Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), “es lamentable la significativa caída que ha tenido Chile en este prestigioso ranking, pero sin duda que era esperable debido, principalmente, a la grave situación social que vivió nuestro país a partir de octubre de 2019. La extrema violencia generada a partir del estallido social tuvo una repercusión internacional que, sin duda, afectó nuestra reputación de país estable y dialogante”.

El líder gremial considera que “no sólo el estallido social ha jugado en contra de Chile, también la certeza jurídica que constituye un factor fundamental a considerar al momento de tomar decisiones de inversión y ese se ha reflejado en situaciones como la Mina Invierno en la Isla Riesco, el proyecto Dominga, la excesiva tramitación de los permisos ambientales y la actitud populista de algunos parlamentarios, que han promovido iniciativas que generan aún más incertidumbre, como es el caso del proyecto de glaciares, una iniciativa que en los términos en que está redactada terminaría costando miles de empleos, al poner en riesgo el desarrollo de numerosas iniciativas de nuestro sector”.

Por su parte, Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, considera que una de las principales razones tras la caída en el ranking “es la falta de una política clara de exploración geológica nacional para atraer nuevos inversionistas”, haciendo hincapié en que desde la creación de la organización que lidera “se le ha planteado a las diversas autoridades nacionales que la información geológica existente no es suficiente para mantener el interés de los inversionistas mineros en nuestro país”.

La autoridad también aborda el efecto de estallido social, “tema que también produce inestabilidad política y que está dentro de los factores negativos. Lo que los encuestados indicaron consistentemente que al momento de definir una inversión se determina en un 40% por factores políticos”.

Nueva Constitución y Minería
Las implicancias que posee la baja en el informe también son abordadas por Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de la consultora Plusmining, quien señala que “si consideramos que el ranking se construye a partir de dos índices, uno de percepción política y otro de mejores prácticas en el potencial mineral, la caída de Chile desde el lugar 17 (2019) al 30 (2020) resulta esperable“.

“Por una parte, el ajuste a la baja del índice de percepción política del país en la versión de 2020 surge como resultado de un proceso estructural de estancamiento en la competitividad de la industria, agudizado por la reciente crisis sociopolítica. De igual manera, el índice de mejores prácticas en el potencial mineral también se ve afectado, como resultado de mayor inestabilidad e incertidumbre en el desarrollo de inversiones mineras“, comenta el especialista, quien recalca que “aún con la baja en este ranking, Chile es un país de una gran capacidad instalada y de un gran potencial de crecimiento, por lo que las decisiones que se tomen en estos tiempos serán relevantes para la industria del futuro”.

Por su parte, Sergio Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de Minería (Aprimin), considera que “lo que más influye en la caída en el ranking es la percepción de una cierta problemática de sostenibilidad política. Por lo tanto, creemos que a medida de que vaya avanzando de forma normal la discusión de la convención constitucional, esta percepción se va a modificar en forma positiva”.

En ese contexto, menciona que el informe fue preparado el año 2020 ante que se realizara el plebiscito en el que se aprobó realizar una nueva Constitución. “La aprobación alta de una nueva Constitución encauza por la vía democrática el conflicto político y la agenda social. Por lo tanto, va a ser un factor posterior que va a influir en el próximo informe”, señala.

El ejecutivo menciona que “tenemos como país una historia, una cultura muy asentada que no se cambia de un año para otro, que supera la crisis con estabilidad, así que tenemos confianza tanto en la historia de Chile, en su cultura, en el proceso constitucional, que esperamos sea lo más ordenado posible”.

Su visión es complementada por Diego Hernández, quien afirma que “el inicio del proceso constituyente es otro elemento que genera incertidumbre, pero estamos confiados en que este permitirá mantener los elementos básicos que han permitido el desarrollo de esta potente actividad productiva. Creemos que resulta imprescindible que el proceso de redacción de una nueva Constitución se encauce en un ambiente de orden público y mediante los canales institucionales ya definidos”.

De la misma forma, el presidente de Sonami considera “de vital importancia mantener las bases regulatorias que han permitido el desarrollo de los tres pilares productivos de la minería chilena, esto es el pilar estatal conformado por Codelco; el pilar de las empresas privadas de la gran minería, conformada por inversionistas nacionales y extranjeros; y los inversionistas privados nacionales de la pequeña y mediana minería”.

Inversiones para Chile
Tras revisar el ranking de este año, Sergio Hernández que “hay algunos elementos que son muy destacados en el informe, como son la infraestructura en el país, que mejora su valoración sustancialmente, y la mano de obra especializada; así como la historia y condición país para el desarrollo minero, que mejoran sustancialmente en el Informe Fraser”.

Además de aseverar que “no obstante este informe, los actuales precios del cobre, y la proyección de la oferta y la demanda, que es favorable a una demanda superior a oferta; más aún, el desequilibrio que va a haber efectivamente por esta razón, como es el precio; y la ausencia de grandes proyectos a nivel mundial en minería, (…) hacen que necesariamente la inversión en Chile se vaya a materializar, porque no existen alternativas suficientes para responder la demanda futura”.

En ese contexto, Manuel Viera hace un “llamado a las autoridades a volver a creer en la minería y aplicar un plan de acción urgente para no seguir perdiendo competitividad, recordemos que en el año 2019 Chile ocupaba el 6to puesto y hemos caído al lugar 30, no debemos quedarnos de brazos cruzados”.
https://www.mch.cl/2021/02/23/el-impacto-del-factor-politico-y-social-en-la-caida-de-chile-en-el-ranking-fraser/

23/02/2021
Caso Pascua Lama, una deuda millonaria y perdonada: acusan que Barrick Gold y el SII estarían involucrados en un caso de colusión
A tres años del fin del proyecto Pascua Lama, se conoció que la empresa Barrick Gold y el Servicio de Impuestos Internos (SII) estarían involucrados en un caso de colusión por devolución anticipada del IVA sin pagar.
Por Angeles Arriagada Saavedra
Una grave denuncia fue realizada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) hacia el SII donde acusan que deliberadamente se está ocultando información de las negociaciones con Barrick Gold, quien fue responsable del desastre Pascua Lama. La institución señala que gracias a una legislación que existe hace mucho tiempo en el país, las empresas, aunque sus proyectos aún no sean aprobados pueden recurrir a una Recuperación del Pago del IVA anticipado; que luego debe ser devuelto hacia el Estado.

Lucio Cuenca, director de OLCA, habló con RESUMEN acerca de cómo funciona este mecanismo: «Dentro de eso está esta reglamentación que permite que los inversores extranjeros, puedan solicitar la devolución del IVA por adelantado, es una normativa que existe desde los años 70, del tiempo de la dictadura y que ha sido modificada en el tiempo pero que se mantiene vigente hasta ahora; a través de esta herramienta el Estado le devuelve dinero a las empresas y eso se compensa luego». Sin embargo, el polémico Pascua Lama nunca llegó a ejecutarse, pues fue clausurado en 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Afirma que el OLCA estuvo desde el principio apoyando a la comunidad en contra de este proyecto, que ya generó daños ambientales importantes en Atacama, para evitar que éste se concretara. Con el cierre ya definitivo de las obras, quedó la duda sobre qué había pasado con esta devolución anticipada, que llevó al director de la institución ambiental a pedir información al Servicio de Impuestos Internos con respecto a qué se había resuelto,y donde, según su relato, se demostraron irregularidades.

Cuenca, también asegura que la deuda de Barrick Gold es mucho más alta de lo que era originalmente: «Barrick desistió de ir a la Corte Suprema, por lo tanto el fallo fue aceptado por la empresa y en ese momento se abre esta arista, de cómo Barrick va a devolver los más de 400 millones de dólares que obtuvo como beneficio de IVA adelantado. Esto comenzó el año 2009, a entregarse este beneficio y duró hasta el 2013, 2014 y en ese tiempo acumularon más de 400 millones de dólares que a estas alturas, aplicando las actualizaciones, según la prensa especializada deberían más de 800 millones de dólares».

También asegura que el SII nunca le quiso brindar la información requerida mediante Ley de Transparencia: «Ellos arguyen que no pueden brindar una información que no tienen y el Ministerio de Economía dice todo lo contrario, esta información la tiene el Servicio de Impuestos Internos, entonces acá hay una contradicción profunda de interpretación y de operación de la ley de Transparencia entre dos ministerios finalmente».

Finalmente, también aseguró que llegaron hasta las últimas consecuencias para saber qué ocurrió entre él SII y Barrick Gold y exponer a los responsables. En el momento de publicada esta nota; OLCA está haciendo una acusación ante el consejo de Transparencia para que se les pueda brindar la información requerida; que fue negada en base a la Ley 20.285, Artículo 13.
https://resumen.cl/articulos/caso-pascua-lama-una-deuda-millonaria-y-perdonada-acusan-que-barrick-gold-y-el-sii-estarian-involucrados-en-un-caso-de-colusion

Por: Julieta Garagay y Sara Jerez
16/02/2021
En la región de Coquimbo hay 106 depósitos de relaves abandonados. La mayoría fueron construidos en la década de 1980; más de 30 de estos con el método “Aguas Arriba”, ya prohibido para esa fecha. Otros tienen dueños que siguen activos en la minería. El Estado no fiscaliza estos desechos, ni tampoco cuenta con una ley para aquellos catalogados como Pasivos Ambientales Mineros (PAM). Andacollo, Illapel y La Higuera —donde más se concentran residuos— sufren los efectos de la acumulación de relaves, como enfermedades neuronales, respiratorias y una contaminación ambiental irreversible.

Varios cerros arenosos de color café ceniza se amontonan dentro y fuera de Illapel. Para el ojo inexperto pueden parecer parte del paisaje natural, pero no. Son los depósitos mineros de parte de los 106 relaves abandonados que se acumulan en la región de Coquimbo, más de la mitad de los que existen en el país (176 en total). Con 18 depósitos, Illapel está dentro de las tres comunas con más desechos. La supera Andacollo con 36 y le sucede La Higuera, con 15.

Los riesgos de un relave abandonado van desde enfermedades respiratorias y neurológicas en la población que lo circunda hasta la contaminación del agua con metales pesados, altas concentraciones de mercurio en los suelos y zonas saturadas por material particulado, como el caso de Andacollo, que sobrepasa las medidas estándar de PM10 desde 2009.

Alondra Flores, ingeniera civil de la Universidad de Chile, explica: “Los depósitos de relaves de Andacollo y de zonas mineras donde hay muchos de estos abandonados no son como los de hoy, con un muro y lagunas, sino que son montones de tierra. Es decir, hicieron un montón, después abajo pusieron otro y así, como una torta con varios pisos.”

Para el Sernageomin, servicio estatal creado en 1980 y encargado de la supervisión de las faenas mineras, estos depósitos están fuera de su alcance: aunque se ha avanzado en un catastro que los identifica, el organismo no tiene facultades legales para fiscalizar, controlar y/o solicitar la remediación de estos desechos, ya que fueron abandonados en su mayoría en los años 80’s, cuando no se exigían planes de cierre. De acuerdo con la investigación realizada para este reportaje, al menos cinco empresarios responsables de estos residuos siguen operando en otras plantas mineras.

Hasta la década de los 70, los muros de los relaves se podían construir con el método “Aguas Arriba”. El Decreto Supremo N° 86 del Ministerio de Minería de 1970 prohibió este tipo de estructura, debido a la inestabilidad del muro que lo hacía fatal en un país sísmico como Chile. Pero 36 fueron construidos bajo este método después de la fecha de prohibición en la región de Coquimbo. Uno de ellos fue protagonista de un accidente en 1997.

Laureano Cortés tenía 16 años cuando ocurrió el desastre del depósito de relave Tunquén. Vivía en La Yesera, comunidad rodeada de residuos mineros que queda a 25 kilómetros de Illapel y que en 2011 empezó a ser desalojada por una minera. La faena se llamaba El Almendro, y figuran en el Sernageomin como dueños de los tres depósitos abandonados Juan Polo Osses y Juan Polo Dabed. Padre e hijo, el primero profesor —fundador del Liceo Luis Alberto Vera en Illapel— y empresario minero fallecido, el segundo empresario de 39 años. La misma edad de Laureano.

“Yo iba al colegio en Illapel, entonces los viernes subía a mi casa y el domingo bajaba a estudiar. El camino estaba separado, los relaves estaban al lado derecho e izquierdo, a no más de cuarenta, cincuenta metros” recuerda Cortés.

Dos temporales provocados por El Niño cayeron en la zona norte y centro del país después de cuatro años de sequía entre junio y agosto de 1997. El agua arrasó con todo: casas, puentes, animales, relaves. Las quebradas crecieron con fuerza. Laureano quedó aislado durante una semana con su familia en La Yesera, desde donde pudo observar que el relave más grande de la zona —en esa época aún activo— se derrumbaba sobre el estero Aucó.

Relave Tunquén, Illapel. Foto: Julieta Garagay

“Después de la lluvia quedaron colores grises en la tierra y en el agua. Como es mineral pesado, el relave se va al fondo de las quebradas. Así el agua queda limpia por encima, pero la borra queda abajo llena de contaminación” señala el ex poblador de La Yesera.

Hoy los depósitos de relave de la faena Tunquén siguen ahí, deformados con el recuerdo de un temporal que arrasó con gran parte de su estructura. El dueño fallecido nunca fue sancionado y al hijo lo protege el vacío legal que ata de manos al Sernageomin. El estero en verano, sumado a la mega sequía que afecta a la región, es apenas un hilo. Insectos y ranas crecen en medio de colores artificiales y el olor ácido del relave, que aprisiona por ambos costados el curso de agua que, un día de estos, puede volver a crecer.

Relave Tunquén. Foto: Google Earth
Depósitos olvidados

Un depósito de relave es catalogado como abandonado cuando la faena termina sus operaciones sin cumplir con la Ley 20.551. Esta normativa, promulgada en 2011, establece que cada faena debe contar con un Plan de Cierre. En 2004 el D.S. N°132 del Ministerio de Minería ya obligaba la ejecución de esta medida, pero sólo era válida para las plantas operativas.

De los 106 abandonados en la IV región, 60 se encuentran en la provincia del Elqui, 26 en Choapa y 20 en Limarí. El Catastro de Depósitos de Relaves del Sernageomin cuenta con varios nombres de los responsables, pero gran parte de ellos no están vigentes, algunos ya fallecieron o, por otro lado, no hay registros debido a la antigüedad de la faena. La mayoría corresponden a plantas que funcionaron desde 1980 hasta el 2000, cuando eran regulados por el D.S. N° 86 del Ministerio de Minería de 1970.

“Sernageomin no está encargado de la fiscalización y control de los depósitos de relaves abandonados principalmente porque no tienen dueño y sólo fiscaliza faenas operativas. Además, en caso de que la faena fuera abandonada antes de la entrada en vigencia de la ley de 2011, la persona jurídica no tiene por qué cumplir con medidas de cierre debido a que no es retroactiva” menciona Gullibert Novoa, geólogo y Coordinador de Relaves del Departamento de Evaluación de Proyectos del Sernageomin.

El abandono y la acumulación de estos desechos trae consigo riesgos humanos y ambientales. El doctor César Pastén, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la U. de Chile e investigador del AMTC, explica:

“El riesgo es proporcional al tamaño del depósito y al tipo de relave que se almacena. Estos pueden variar desde aquellos relacionados con la estabilidad química, que afectan al medio ambiente y a la salud de las personas por la contaminación; riesgos sociales, porque se convierten en sitios eriazos sin resguardo de las autoridades, y riesgos de estabilidad física, producto de la pérdida de estabilidad que pueden sufrir ante amenazas naturales como terremotos o eventos climáticos”.

La ley 20.551 indica que la empresa responsable debe cumplir con un conjunto de medidas para obtener la estabilidad física y química del lugar. Con esto se impide deformaciones, deslizamientos, infiltraciones de fluidos y la generación de polvo, entre otros. El director de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) Lucio Cuenca, comenta:

“Muchos de estos proyectos se construyeron con una normativa de comienzos de los años 70, que lo único que establecía eran ciertas exigencias para resguardar que los depósitos no se vinieran abajo. Ni en la normativa anterior ni en la actual existen exigencias ambientales”.

Además, según la página web del Sernageomin, “un depósito con capacidad de generación de ácido, que deja de operar pero que reciba agua puede contaminar durante siglos.”

Otro riesgo es el estado de la infraestructura de los depósitos abandonados que depende del tipo de construcción de esta. En 2019, las “Bases para una política nacional de depósitos de relaves” del Ministerio de Minería señala que el método de construcción “Aguas Arriba” es el menos seguro en Chile. Este fue prohibido en 1970 debido al alto riesgo de desestabilización de los muros por oscilaciones sísmicas, ya que los depósitos tenían un muro que se levantaba sobre el material fino del relave, que en caso de un sismo corrían el peligro de licuar, es decir, perder su resistencia y fluir para finalmente colapsar.

La respuesta a una solicitud de Transparencia al Sernageomin confirma que en la IV región existen 36 depósitos de relaves abandonados que fueron construidos con este método, después de la entrada en vigencia del Decreto N° 86 que los prohíbe. El Coordinador de Relaves del Sernageomin desconoce el motivo de los permisos de estas construcciones.

En 2010, tras un reportaje de CNN Chile sobre el peligro de derrumbes que presentan los relaves abandonados, la Cámara de Diputados creó la Comisión Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros existentes en el país. La información recopilada evidenció la cantidad creciente de depósitos abandonados, pero no abordó la situación de los “Aguas Arriba”.

Relaves activos y abandonados en Illapel. Foto: Google Earth.

La comisión identificó 14 Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en Chile, definidos por Sernageomin como “aquella faena minera, abandonada o paralizada, incluyendo sus residuos, que constituye un riesgo significativo para la vida, la salud de las personas o el medio ambiente”. Dos de ellas pertenecen a la región de Coquimbo: Distrito Minero La Higuera y Ex Planta California, que pertenecen a La Higuera e Illapel, respectivamente.

La metodología de clasificación de PAM tuvo origen en los proyectos de cooperación internacionales del Sernageomin con Japón (JICA 2003-2007) y Alemania (BGR 2003 -2008). Estos fueron los primeros trabajos estatales para el desarrollo de un modelo de gestión de depósitos de relaves abandonados.

Aunque su clasificación se utiliza en estudios, reportes e investigaciones hasta del mismo Sernageomin, no existen normativas vigentes para estos en Chile, y el organismo no cuenta con un catastro oficial de ellos más que el realizado en la Comisión Investigadora. Incluso, según Gullibert Novoa: “Para Sernageomin no existe la clasificación de PAM, por lo cual no realiza controles o tratamientos”.
Las tres comunas más afectadas

Andacollo, Illapel y La Higuera son las comunas que más acumulan depósitos abandonados en la IV región. Gran parte de los desechos están dentro del radio urbano, algunos incluso junto a viviendas, colegios o cauces de agua, donde han formado parte del paisaje diario de los habitantes durante décadas. Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo, comenta:

“Andacollo ha vivido siempre con estos relaves, por lo tanto, es algo normal para ellos. De hecho, me cuentan que hace mucho tiempo los niños jugaban a la pelota en estos relaves, hacían pichangas de barrio”.

Daniel Moraga, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá, dedicó ocho años a estudiar sobre los efectos de la minería en la salud de las personas. Con respecto a los relaves abandonados, señala:

“El peligro se asocia a que el agua o el subsuelo, es decir, las napas subterráneas, pueden estar contaminadas con los metales pesados del material que quedó en los relaves mineros. Un relave abandonado, además, sigue siendo un riesgo de salud porque una persona podría consumir alimentos regados con esa agua, o podría ir a ese lugar e inhalar el polvo en suspensión”.

Relave Tunquén, Illapel. Foto: Julieta Garagay

En 2010, un estudio de evaluación de sitios contaminados hecho por el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) de la Universidad de Chile, detectó la presencia de mercurio en los 18 relaves que existen dentro del radio urbano de Andacollo. Los análisis arrojaron que existen algunos puntos con concentraciones superiores a los 10 mg/kg, y la muestra más alta midió 30,34 mg/kg.

Estos resultados fueron comparados con medidas internacionales (por ejemplo, en Canadá se permite un máximo de 7 mg/kg; en Australia, 15 mg/kg; en México, 23 mg/kg), ya que, debido a la ausencia de una medida nacional estandarizada, el estudio no pudo establecer fehacientemente el nivel de riesgo que las concentraciones significan para la salud de la población.

El mercurio, arsénico y plomo, presentes en los relaves, pueden provocar graves daños al sistema nervioso central, asociándose con enfermedades mentales, entre ellas, autismo. La Comisión Investigadora de 2010 también identificó sustancias químicas en aguas superficiales contaminadas por relaves como sulfatos, molibdeno, cobre, níquel, arsénico, manganeso, cadmio y mercurio. La exposición al polvo particulado puede producir, además de problemas respiratorios, problemas en la piel, mucosas, garganta y conjuntivas. Con respecto a un estudio que realizó Moraga entre 2008 y 2011 en Andacollo, el académico comenta:

“Se encontraron daños en dos sistemas (neurológico y neuropsicológico), pero fue más evidente el daño neuropsicológico, que tiene que ver con la parte cognitiva. Secundariamente nosotros encontramos que había una especie de parkinsonismo en Andacollo, ahí teorizamos que los altos niveles de mercurio podrían estar generando esto en las personas”.

En un intento por remediar el daño ambiental y mejorar la situación de relaves en Andacollo, el municipio ha tomado algunas medidas, aunque no se estiman suficientes. Alfaro declara que durante sus 12 años al mando sólo se han podido retirar dos relaves gracias a aportes de la Minera Teck Carmen, ya que el costo es demasiado para los fondos municipales, y aunque el Departamento de Medio Ambiente del municipio se mantiene informado a través del Sernageomin, no cuentan con mayor apoyo de otros organismos estatales.

“El retiro de relaves, por las condiciones que tiene, están en el orden de los millones de dólares, cifras que no son abordables desde un municipio porque los presupuestos municipales son más bajos. Sí o sí se requeriría el aporte de un tercero, en este caso de una empresa que pueda aportar con el retiro de traslado, pero no existe ningún programa de gobierno para retirar relaves, entonces por el momento dependemos de lo que diga la compañía minera” Señala Javiera Cuevas, jefa del Departamento de Medio Ambiente municipal.

En Illapel la situación no es muy distinta. Una investigación hecha por el CENMA en 2012 evidencia que la fuente primaria de contaminación son los relaves. En ese año, la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez ordenó la prohibición de la Planta Hernández, otra de las que figura en el listado del Sernageomin con dos relaves abandonados, debido a las altas concentraciones de mercurio de uno de estos.

Este relave, explica el documento, ha presentado derrumbes que han afectado la quebrada donde se ubica hasta alrededor de 200 metros hacia el río Illapel. Además, en el sitio encontraron indicios claros de una elevada concentración de mercurio, arsénico y cobre, y en menor medida plomo. Los primeros tres superarían por creces cualquier norma internacional.

Diversos expertos declararon en la Comisión Investigadora de 2010, entre ellos el Doctor Andrei Tchernitchin, consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Señaló que elementos como el arsénico y su exposición crónica a niveles no muy altos producen cáncer pulmonar, cáncer a la vejiga y otros cánceres generando alta mortalidad en zonas contaminadas con este elemento.

Para la realización de este reportaje se contactó a los alcaldes de las tres comunas, pero el edil de La Higuera, Yerko Galleguillos, declinó dar su testimonio debido a que no estaba al tanto de la cantidad de relaves de su ciudad. Mientras que el alcalde de Illapel, Denis Cortés, no respondió a los llamados.

Pero Cortés sí declaró en la Comisión Investigadora de 2010: “en 2006 el Plan Regulador fue modificado y prohibió relaves dentro del límite urbano, sin embargos los que existen tienen entre 50 y 60 años y por el crecimiento de la población quedaron dentro de la zona urbana. (…) Terminar una faena minera en una comuna que basa su economía en la minería es perjudicial.”
Los dueños fantasmas

Seis empresarios y empresas mineras se reparten 17 de los 18 relaves abandonados de Illapel, 12 de estos con el método “Aguas Arriba”. Uno es Víctor Nazer, quien tiene cuatro relaves abandonados de la Planta California sin información de la fecha de autorización en el catastro de Sernageomin. La última fiscalización (07-oct-2020) expone que esta se encuentra funcionando, pero está catalogada como irregular operativa. Es decir, la faena está activa pero no tiene resoluciones o inicio de actividades que le permitan hacerlo.

En los últimos años Nazer ha sido un minero prolífico. En 2019 solicitó pertenencias en seis hectáreas y la inscripción y publicación de la manifestación minera La Protegida. En 2020 él y tres hermanos – Víctor Andrés, Sebastián y Daniela – constituyeron la sociedad por acciones Minera El Dorado SpA.

Pasivo ambiental de Nazer (California), Illapel. Foto: Julieta Garagay

Entre los logros de Víctor está que, en 2006, cuando fue consejero del Consejo General de SONAMI en Illapel, le entregaron el premio San Lorenzo, que galardona a las empresas y dirigentes que han aportado a la actividad regional en el rubro. ENAMI también le otorgó el Crédito Sustentación Proveedores Mineros Pequeña Minería en 2015 y 2016, por montos de $546 y $10.018 dólares.

Para conocer si el empresario ha realizado alguna acción en pos de la mitigación de los efectos de estos relaves nos comunicarnos con Víctor Nazer, pero el dueño de estos no brindó ninguna declaración sobre el tema.

Otra de las empresas de la zona es la Sucursal Luis Álvarez Sierra, que tiene cinco depósitos de la Faena Esperanza. En 1985 y 1987 fueron construidos dos de los relaves con el método “Aguas Arriba”. Los otros tres utilizan el mismo modo, pero el Sernageomin no tiene catastrada la fecha de su resolución aprobatoria.

Francisco y Washington, hijos de Luis Álvarez (fallecido en 1993), también son empresarios mineros y transportistas, pero, según afirma el segundo, ninguno de ellos participó de la sociedad responsable de los relaves. Washington Álvarez incluso asegura que solo son dos depósitos abandonados en vez de cinco, contrastando con la información que sostiene el Sernageomin.

“Yo tengo claro que lo nuestro son dos relaves: uno al final de la calle Argentina en Illapel, y otro en la quebrada Los Azules, que queda en el Fundo Plan de Hornos. Yo sé lo que mi padre tenía, así que no sé de dónde sacan el resto”.

La interpelación que Álvarez hace a los registros oficiales del Estado no queda allí. En 2017, según cuenta, instaló un trapiche de molienda de oro y solicitó autorización para un tranque de relaves que construiría allí mismo, pero no fue aprobado, por lo que el trapiche no fue puesto en funcionamiento. Sin embargo, la instalación, que nunca existió, aparece en los catastros como fiscalizado en las visitas que hace el Sernageomin.

Francisco Álvarez, en tanto, formó en 1999 la Minera y Comercial Curamávida Limitada junto a otras 21 personas, entre ellos Víctor Nazer y Gerardo Toro. Este último es otro dueño de relaves abandonados que figuró en el catastro del Sernageomin de 2019, pero en 2020 pasó a “inactivo”.

Entre 2015 y 2017, ENAMI les otorgó a Washington y Francisco el Crédito Sustentación Proveedores Mineros Pequeña Minería por valores que fluctuaron entre $695 y $51.109 dólares. En ese mismo periodo, los hermanos fueron parte del directorio de la Asociación Gremial Minera de Illapel: Washington fue electo secretario y Francisco tesorero.

Desde 2020 Washington Álvarez cumple ahí mismo el cargo de Vicepresidente. También fue nombrado Hijo Ilustre en el Aniversario 266 de Illapel, ya que “su pasión arraigada en el seno familiar lo llevan a postergar su desarrollo profesional en pos del rescate de la minería en nuestra zona.”. En cuanto a la posibilidad de remediar el impacto ambiental de los relaves de su padre, Washington afirma:

“No tengo la obligación. Igual nosotros enterramos el relave de Illapel para ocupar ese terreno como estacionamiento, entonces no hay nada más que hacer. En el sector donde está el otro ya no vive gente, así que no veo cuál es el daño que puede provocar, si es pura piedra molida que queda ahí. De todas formas, entre 2010 y 2011 intentamos replantar algunas especies forestales autóctonas, pero con la sequía se secó todo. Antiguamente nadie se preocupaba de estas cosas, ni el gobierno ni los civiles, porque si a uno no le exigen algo, no lo hace.”

18 dueños corresponden a 26 de los 36 depósitos de relaves abandonados en Andacollo, siete de ellos “Aguas Arriba”. Esteban Spasojevic es uno de ellos. El empresario tiene un depósito abandonado de la sociedad “Minera Estom Limitada”, constituida en 1996 junto a su hermano Tomislav. En 2013, según El Calameo (boletín oficial de minería de Elqui) constituyó siete concesiones mineras de explotación. Un listado de personas con patentes impagas en estas concesiones publicado en 2019 repite su nombre en 13 ocasiones.

Mientras tanto, en La Higuera son 9 empresarios que figuran como dueños de los 15 relaves abandonados, 4 de estos “Aguas Arriba”. CEMIN Holding Minero tiene dos relaves aprobados en 1986, pertenecientes a la Planta Chingoles. Fue fundada por Juan Rassmuss, empresario peruano multimillonario, en 1982. Entre 1990 y 2012 a partir de CEMIN, Rassmuss constituye sociedades mineras y de inversiones (Agrícola Batuco Limitada, Inversiones CEMIN SpA, Aguas del Solar S.A, Inmobiliaria Cemin Sociedad Anónima, entre otros) y derechos de aprovechamientos de aguas subterráneas en la comuna de Lampa.

Juan Rassmuss falleció en marzo de 2016. Su hijo único Juan Enrique Rassmuss Raier, uno de los principales accionistas del grupo CAP y presidente del directorio de la Compañía Minera del Pacífico, asumió como presidente del holding (y de una decena de empresas familiares que operan en Chile, Perú, Argentina y Paraguay). En 2019 CEMIN recibió una multa histórica de 5.200 millones por mantener operaciones mineras sin autorización durante seis meses, extrayendo de manera ilícita 1,4 millones de toneladas brutas de material en la región de Valparaíso. No hubo respuesta desde CEMIN.

Relave abandonado en Andacollo (SUC. TOMAS WHITTLE). Foto: Google Earth

Un reportaje de 2020 del medio Mongabay expone que Olympic Peru Inc, empresa petrolera de Rassmuss en la región de Piura en Perú, derramó al menos 23.500 litros de crudo y tuvo 72 emergencias ambientales en 10 años. Además, Zeus ÖL SA, otra de sus empresas petroleras, firmó un contrato con el gobierno de Paraguay en 2016 para la exploración y extracción de hidrocarburos al interior del Parque Nacional Defensores del Chaco, área protegida y patrimonio natural, considerada una de las reservas más grandes de ese país y de las con mayor biodiversidad en Sudamérica.

En total son 53 empresarios y sociedades mineras que registran relaves abandonados en la Región de Coquimbo. No hay registro del resto de los responsables. A pesar de que la mayoría son antiguos, existen cuatro relaves abandonados después de promulgada la ley 20.551: Sociedad Tungsteno Llamuco SpA (constituida en 2015, tiene tres relaves en Salamanca), MARAY S.A (constituida en 2011, tiene un relave en Andacollo), Oscar Manuel Segovia Ortiz (un relave de 2015 en Punitaqui, en 2015 y 2017 fue beneficiado por el Programa de Fomento Minero del Ministerio de Minería) y Minera Alto de Punitaqui (un relave, Ovalle). En abril de 2020 esta última, que produce 12 mil toneladas de cobre fino por año, estuvo en conflicto con la contratista Kabba por la regularización de los sueldos impagos de 180 mineros despedidos en marzo.
El destino final de los relaves

En 2018 fue presentada la nueva Política Nacional de Relaves, la que propone al programa “Adopta un relave”, donde las empresas mineras que quieran empezar una faena pueden apadrinar un depósito abandonado como parte de las compensaciones ambientales. El plan piloto se llevó a cabo en la región de Atacama a fines de ese año, y no obtuvo resultados fructíferos. Cuenca observa en esto otra forma de obtener ganancias más que una medida de mitigación en sí:

“Hay una corriente dentro de la minería: empresas que se están especializando en desarrollar proyectos sobre los relaves antiguos, ya que como las tecnologías no eran tan eficientes, estos mantenían una cantidad importante de mineral de mejor calidad. En el fondo esto es otro proyecto, no una medida de mitigación, ya que es un proceso de extracción minera que necesita agua y otro lugar de depósito de relaves para disponer los desechos que queden. Los relaves no se desaparecen mágicamente”.

Algunas herramientas que pueden ser útiles para el manejo de contaminación por residuos mineros en Chile son el Recurso de Protección y la Demanda por Daño Ambiental que pueden realizarse siempre y cuando se conozca y exista registro del dueño de la faena. Pero para el primero el problema es el plazo de presentación, ya que por la antigüedad de la faena puede considerarse extemporáneos y por lo tanto el recurso no sería acogido.

En cuanto a la Demanda por Daño Ambiental (a partir de la Ley 19.300) el autor del daño solo tiene la obligación de reparar materialmente en el caso de haber actuado maliciosa o negligentemente. Ante este panorama las comunidades se quedan prácticamente sin posibilidades de actuar.

En el caso de los PAM, en 2009 el Ministerio de Minería creó la Política Nacional para la Gestión de Sitios con Presencia de Contaminantes, para identificar y controlar sitios contaminados incluyendo sitios asociados a la explotación de recursos naturales, es decir, extracción minera. Cuatro años más tarde se aprobó la Metodología para la Identificación y Evaluación Preliminar de Suelos Abandonados con Presencia de Contaminantes, aplicada por las Secretarías Regionales del Ministerio de Medio Ambiente.

Tranque El Mauro, Los Vilos. Foto: Agencia Uno

Pero desde la creación de estas políticas hasta hoy, la gran mayoría de depósitos abandonados continúa en ese estado. Lucio Cuenca comenta:

“Lo que pasa es que no hay voluntad política y a veces esto requiere ciertos recursos del estado que normalmente están priorizados para otras cosas. Nadie actúa hasta que ocurra algo, estas preocupaciones afloran porque la naturaleza las hace evidentes. Se avanza en catastrar, monitorear, pero no se dan pasos para hacerse cargo de este problema”.

Juan Dabed, ex dueño de cuatro de los relaves abandonados en Illapel (que no aparecen en el catastro de Sernageomin en 2020, pero sí en 2019) y ex concejal de la comuna, señala que está de acuerdo con el retiro de los desechos, pero para ello necesita mayor apoyo estatal.

“El gobierno quiere que saquemos los relaves, ya, pero ¿Cuál es el terreno en que vamos a depositar? Eso tiene que definirlo el gobierno con el equipamiento, las instalaciones y todo lo que sea necesario para trasladar el relave. Lo segundo es que subsidien ese traslado porque nosotros tenemos claro que hay una obligación moral, pero no legal, entonces nosotros no nos vamos a meter la mano en el bolsillo en un cien por ciento si no nos corresponde”.

Dabed afirma que él, y gran parte del gremio minero de la comuna, tienen disponibilidad para retirar los desechos de sus instalaciones abandonadas, pero las negociaciones que tuvieron cuando él era concejal quedaron inconclusas.

Iván Aguilera, Educador Tradicional Diaguita, conoce la Provincia del Choapa como la palma de su mano. Él, junto a los pobladores de Illapel y de las comunidades aledañas, ha sido testigo del impacto que han tenido los relaves abandonados en la zona. Es por eso que sabe que el valle no soportará mayor intervención minera:

“Un relave es una contaminación a perpetuidad. Un valle que es invadido para depositar desechos mineros es liquidado, sobre todo con los metales involucrados en el procesamiento minero. Considerando la escasa extensión de 90 kilómetros del territorio de mar a cordillera hasta el límite con Argentina, cualquier relave que se ubique en la cuenca la va a poner en riesgo. Al final el principal legado que tenemos del empresariado es el empobrecimiento y las contaminaciones con el aval de los gobiernos de turno y de políticos transversales, o sea, aquí no se escapa nadie”.
https://www.eldesconcierto.cl/medio-ambiente-y-naturaleza/2021/02/16/el-60-de-los-relaves-abandonados-de-chile-se-concentra-en-la-iv-region-vacio-legal-impide-fiscalizacion-del-sernageomin.html

Lucio Cuenca Berger
16/02/2021

La Empresa Minera Barrick Gold contrajo una deuda con el Estado de Chile por devolución anticipada de IVA, la que sería saldada una vez que el proyecto Pascua Lama entrara en operación. Ante la clausura total y definitiva decretada por el Primer Tribunal Ambiental, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), consultó al Servicio de Impuestos Internos (SII) por el estado de la deuda, y el Servicio ha usado resquicios impresentables para no responder, cuestión que fue denunciada al Consejo para la Transparencia.

Si bien el Ministerio de Economía por la vía de una Resolución Exenta autoriza el procedimiento de “recuperación anticipada de IVA”, es la Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos quienes deben ejecutar el procedimiento para reconocer el beneficio y saldar la deuda adquirida. Entre el 2010 y el 2017 el Ministerio de Economía entregó Resoluciones autorizando a Barrick “recuperación anticipada de IVA” en relación a un monto que la empresa declaraba que exportaría cuando comenzara la explotación. Estos montos y plazos fueron modificados a solicitud de la empresa en cuatro oportunidades, partiendo el 2010 por US$ 1.151 millones por exportaciones acreditables hasta el 30 de junio del 2015, y llegando al 2017 a US$ 3.538 millones fijando el plazo para acreditar exportaciones hasta el 31 de Diciembre del 2026.

Este beneficio a Pascua Lama le generó una deuda acumulada con el Estado de Chile, que alcanzaba los US$ 424 millones en Diciembre del 2019, los que actualmente según estimaciones de la prensa especializada, deben bordear los US$ 800 millones, dineros muy necesarios en el marco de la crisis socio sanitaria y ambiental que estamos atravesando. La deuda se pagaría luego de que el proyecto entrara en operación, lo que no ocurrió tras lograrse la clausura definitiva tras las sucesivas irregularidades e ilegalidades monitoreadas y denunciadas por la comunidad. La cobranza de esta deuda millonaria hoy pareciera estar en tierra de nadie, o al menos así da cuenta el modo de operar del Servicio de Impuestos Internos. Según el acuerdo actual, esta cantidad debe ser reembolsado si el proyecto no evidencia exportaciones por el monto autorizado.

El SII fue requerido por Lucio Cuenca, director de OLCA el 15 de octubre del 2020, y recién el 17 de diciembre, luego que ese Servicio solicitara prórroga para responder, lo hizo diciendo desde el área técnica que no disponía de la información y que por eso derivaba al Ministerio de Economía. Sin embargo, el 15 de enero, Economía respondió diciendo que las materias consultadas son de exclusiva competencia del Servicio de Impuestos Internos, el mismo organismo que en documento público se amparó en el artículo 13 de la Ley N° 20.285 que establece que los organismos públicos no se encuentran obligados a entregar información que no poseen.

El Ministerio de Economía fue muy claro en señalar que “cumplo con informar que esta Subsecretaría no cuenta con la información solicitada, toda vez que, el artículo 27 bis1, mencionado en su solicitud, se refiere a recuperación de IVA por adquisición de activo fijo, lo que no es competencia de esta Institución, sino que del Servicio de Impuestos Internos”.

En reciente reportaje de Ciper, se da cuenta de que existirían resoluciones de fines del 2019 del Director del SII Fernando Barraza, que otorgarían cuestionables facilidades a Barrick para eludir el reembolso que la minera debe hacer al Estado de Chile. Exigimos que el SII entregue toda la información solicitada.

Sin duda este tipo de temáticas debe entrar en el debate constituyente para frenar el servilismo absurdo que en nombre de la inversión extranjera pervierte el espíritu de las leyes, fragiliza la institucionalidad y desfalca al Estado.

El autor es Director de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA y actual candidato a constituyente por el distrito 12.

Servicio de Impuestos Internos (SII) oculta información sobre negociaciones con Barrick Gold