Por: Julieta Garagay y Sara Jerez
16/02/2021
En la región de Coquimbo hay 106 depósitos de relaves abandonados. La mayoría fueron construidos en la década de 1980; más de 30 de estos con el método “Aguas Arriba”, ya prohibido para esa fecha. Otros tienen dueños que siguen activos en la minería. El Estado no fiscaliza estos desechos, ni tampoco cuenta con una ley para aquellos catalogados como Pasivos Ambientales Mineros (PAM). Andacollo, Illapel y La Higuera —donde más se concentran residuos— sufren los efectos de la acumulación de relaves, como enfermedades neuronales, respiratorias y una contaminación ambiental irreversible.

Varios cerros arenosos de color café ceniza se amontonan dentro y fuera de Illapel. Para el ojo inexperto pueden parecer parte del paisaje natural, pero no. Son los depósitos mineros de parte de los 106 relaves abandonados que se acumulan en la región de Coquimbo, más de la mitad de los que existen en el país (176 en total). Con 18 depósitos, Illapel está dentro de las tres comunas con más desechos. La supera Andacollo con 36 y le sucede La Higuera, con 15.

Los riesgos de un relave abandonado van desde enfermedades respiratorias y neurológicas en la población que lo circunda hasta la contaminación del agua con metales pesados, altas concentraciones de mercurio en los suelos y zonas saturadas por material particulado, como el caso de Andacollo, que sobrepasa las medidas estándar de PM10 desde 2009.

Alondra Flores, ingeniera civil de la Universidad de Chile, explica: “Los depósitos de relaves de Andacollo y de zonas mineras donde hay muchos de estos abandonados no son como los de hoy, con un muro y lagunas, sino que son montones de tierra. Es decir, hicieron un montón, después abajo pusieron otro y así, como una torta con varios pisos.”

Para el Sernageomin, servicio estatal creado en 1980 y encargado de la supervisión de las faenas mineras, estos depósitos están fuera de su alcance: aunque se ha avanzado en un catastro que los identifica, el organismo no tiene facultades legales para fiscalizar, controlar y/o solicitar la remediación de estos desechos, ya que fueron abandonados en su mayoría en los años 80’s, cuando no se exigían planes de cierre. De acuerdo con la investigación realizada para este reportaje, al menos cinco empresarios responsables de estos residuos siguen operando en otras plantas mineras.

Hasta la década de los 70, los muros de los relaves se podían construir con el método “Aguas Arriba”. El Decreto Supremo N° 86 del Ministerio de Minería de 1970 prohibió este tipo de estructura, debido a la inestabilidad del muro que lo hacía fatal en un país sísmico como Chile. Pero 36 fueron construidos bajo este método después de la fecha de prohibición en la región de Coquimbo. Uno de ellos fue protagonista de un accidente en 1997.

Laureano Cortés tenía 16 años cuando ocurrió el desastre del depósito de relave Tunquén. Vivía en La Yesera, comunidad rodeada de residuos mineros que queda a 25 kilómetros de Illapel y que en 2011 empezó a ser desalojada por una minera. La faena se llamaba El Almendro, y figuran en el Sernageomin como dueños de los tres depósitos abandonados Juan Polo Osses y Juan Polo Dabed. Padre e hijo, el primero profesor —fundador del Liceo Luis Alberto Vera en Illapel— y empresario minero fallecido, el segundo empresario de 39 años. La misma edad de Laureano.

“Yo iba al colegio en Illapel, entonces los viernes subía a mi casa y el domingo bajaba a estudiar. El camino estaba separado, los relaves estaban al lado derecho e izquierdo, a no más de cuarenta, cincuenta metros” recuerda Cortés.

Dos temporales provocados por El Niño cayeron en la zona norte y centro del país después de cuatro años de sequía entre junio y agosto de 1997. El agua arrasó con todo: casas, puentes, animales, relaves. Las quebradas crecieron con fuerza. Laureano quedó aislado durante una semana con su familia en La Yesera, desde donde pudo observar que el relave más grande de la zona —en esa época aún activo— se derrumbaba sobre el estero Aucó.

Relave Tunquén, Illapel. Foto: Julieta Garagay

“Después de la lluvia quedaron colores grises en la tierra y en el agua. Como es mineral pesado, el relave se va al fondo de las quebradas. Así el agua queda limpia por encima, pero la borra queda abajo llena de contaminación” señala el ex poblador de La Yesera.

Hoy los depósitos de relave de la faena Tunquén siguen ahí, deformados con el recuerdo de un temporal que arrasó con gran parte de su estructura. El dueño fallecido nunca fue sancionado y al hijo lo protege el vacío legal que ata de manos al Sernageomin. El estero en verano, sumado a la mega sequía que afecta a la región, es apenas un hilo. Insectos y ranas crecen en medio de colores artificiales y el olor ácido del relave, que aprisiona por ambos costados el curso de agua que, un día de estos, puede volver a crecer.

Relave Tunquén. Foto: Google Earth
Depósitos olvidados

Un depósito de relave es catalogado como abandonado cuando la faena termina sus operaciones sin cumplir con la Ley 20.551. Esta normativa, promulgada en 2011, establece que cada faena debe contar con un Plan de Cierre. En 2004 el D.S. N°132 del Ministerio de Minería ya obligaba la ejecución de esta medida, pero sólo era válida para las plantas operativas.

De los 106 abandonados en la IV región, 60 se encuentran en la provincia del Elqui, 26 en Choapa y 20 en Limarí. El Catastro de Depósitos de Relaves del Sernageomin cuenta con varios nombres de los responsables, pero gran parte de ellos no están vigentes, algunos ya fallecieron o, por otro lado, no hay registros debido a la antigüedad de la faena. La mayoría corresponden a plantas que funcionaron desde 1980 hasta el 2000, cuando eran regulados por el D.S. N° 86 del Ministerio de Minería de 1970.

“Sernageomin no está encargado de la fiscalización y control de los depósitos de relaves abandonados principalmente porque no tienen dueño y sólo fiscaliza faenas operativas. Además, en caso de que la faena fuera abandonada antes de la entrada en vigencia de la ley de 2011, la persona jurídica no tiene por qué cumplir con medidas de cierre debido a que no es retroactiva” menciona Gullibert Novoa, geólogo y Coordinador de Relaves del Departamento de Evaluación de Proyectos del Sernageomin.

El abandono y la acumulación de estos desechos trae consigo riesgos humanos y ambientales. El doctor César Pastén, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la U. de Chile e investigador del AMTC, explica:

“El riesgo es proporcional al tamaño del depósito y al tipo de relave que se almacena. Estos pueden variar desde aquellos relacionados con la estabilidad química, que afectan al medio ambiente y a la salud de las personas por la contaminación; riesgos sociales, porque se convierten en sitios eriazos sin resguardo de las autoridades, y riesgos de estabilidad física, producto de la pérdida de estabilidad que pueden sufrir ante amenazas naturales como terremotos o eventos climáticos”.

La ley 20.551 indica que la empresa responsable debe cumplir con un conjunto de medidas para obtener la estabilidad física y química del lugar. Con esto se impide deformaciones, deslizamientos, infiltraciones de fluidos y la generación de polvo, entre otros. El director de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) Lucio Cuenca, comenta:

“Muchos de estos proyectos se construyeron con una normativa de comienzos de los años 70, que lo único que establecía eran ciertas exigencias para resguardar que los depósitos no se vinieran abajo. Ni en la normativa anterior ni en la actual existen exigencias ambientales”.

Además, según la página web del Sernageomin, “un depósito con capacidad de generación de ácido, que deja de operar pero que reciba agua puede contaminar durante siglos.”

Otro riesgo es el estado de la infraestructura de los depósitos abandonados que depende del tipo de construcción de esta. En 2019, las “Bases para una política nacional de depósitos de relaves” del Ministerio de Minería señala que el método de construcción “Aguas Arriba” es el menos seguro en Chile. Este fue prohibido en 1970 debido al alto riesgo de desestabilización de los muros por oscilaciones sísmicas, ya que los depósitos tenían un muro que se levantaba sobre el material fino del relave, que en caso de un sismo corrían el peligro de licuar, es decir, perder su resistencia y fluir para finalmente colapsar.

La respuesta a una solicitud de Transparencia al Sernageomin confirma que en la IV región existen 36 depósitos de relaves abandonados que fueron construidos con este método, después de la entrada en vigencia del Decreto N° 86 que los prohíbe. El Coordinador de Relaves del Sernageomin desconoce el motivo de los permisos de estas construcciones.

En 2010, tras un reportaje de CNN Chile sobre el peligro de derrumbes que presentan los relaves abandonados, la Cámara de Diputados creó la Comisión Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros existentes en el país. La información recopilada evidenció la cantidad creciente de depósitos abandonados, pero no abordó la situación de los “Aguas Arriba”.

Relaves activos y abandonados en Illapel. Foto: Google Earth.

La comisión identificó 14 Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en Chile, definidos por Sernageomin como “aquella faena minera, abandonada o paralizada, incluyendo sus residuos, que constituye un riesgo significativo para la vida, la salud de las personas o el medio ambiente”. Dos de ellas pertenecen a la región de Coquimbo: Distrito Minero La Higuera y Ex Planta California, que pertenecen a La Higuera e Illapel, respectivamente.

La metodología de clasificación de PAM tuvo origen en los proyectos de cooperación internacionales del Sernageomin con Japón (JICA 2003-2007) y Alemania (BGR 2003 -2008). Estos fueron los primeros trabajos estatales para el desarrollo de un modelo de gestión de depósitos de relaves abandonados.

Aunque su clasificación se utiliza en estudios, reportes e investigaciones hasta del mismo Sernageomin, no existen normativas vigentes para estos en Chile, y el organismo no cuenta con un catastro oficial de ellos más que el realizado en la Comisión Investigadora. Incluso, según Gullibert Novoa: “Para Sernageomin no existe la clasificación de PAM, por lo cual no realiza controles o tratamientos”.
Las tres comunas más afectadas

Andacollo, Illapel y La Higuera son las comunas que más acumulan depósitos abandonados en la IV región. Gran parte de los desechos están dentro del radio urbano, algunos incluso junto a viviendas, colegios o cauces de agua, donde han formado parte del paisaje diario de los habitantes durante décadas. Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo, comenta:

“Andacollo ha vivido siempre con estos relaves, por lo tanto, es algo normal para ellos. De hecho, me cuentan que hace mucho tiempo los niños jugaban a la pelota en estos relaves, hacían pichangas de barrio”.

Daniel Moraga, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá, dedicó ocho años a estudiar sobre los efectos de la minería en la salud de las personas. Con respecto a los relaves abandonados, señala:

“El peligro se asocia a que el agua o el subsuelo, es decir, las napas subterráneas, pueden estar contaminadas con los metales pesados del material que quedó en los relaves mineros. Un relave abandonado, además, sigue siendo un riesgo de salud porque una persona podría consumir alimentos regados con esa agua, o podría ir a ese lugar e inhalar el polvo en suspensión”.

Relave Tunquén, Illapel. Foto: Julieta Garagay

En 2010, un estudio de evaluación de sitios contaminados hecho por el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) de la Universidad de Chile, detectó la presencia de mercurio en los 18 relaves que existen dentro del radio urbano de Andacollo. Los análisis arrojaron que existen algunos puntos con concentraciones superiores a los 10 mg/kg, y la muestra más alta midió 30,34 mg/kg.

Estos resultados fueron comparados con medidas internacionales (por ejemplo, en Canadá se permite un máximo de 7 mg/kg; en Australia, 15 mg/kg; en México, 23 mg/kg), ya que, debido a la ausencia de una medida nacional estandarizada, el estudio no pudo establecer fehacientemente el nivel de riesgo que las concentraciones significan para la salud de la población.

El mercurio, arsénico y plomo, presentes en los relaves, pueden provocar graves daños al sistema nervioso central, asociándose con enfermedades mentales, entre ellas, autismo. La Comisión Investigadora de 2010 también identificó sustancias químicas en aguas superficiales contaminadas por relaves como sulfatos, molibdeno, cobre, níquel, arsénico, manganeso, cadmio y mercurio. La exposición al polvo particulado puede producir, además de problemas respiratorios, problemas en la piel, mucosas, garganta y conjuntivas. Con respecto a un estudio que realizó Moraga entre 2008 y 2011 en Andacollo, el académico comenta:

“Se encontraron daños en dos sistemas (neurológico y neuropsicológico), pero fue más evidente el daño neuropsicológico, que tiene que ver con la parte cognitiva. Secundariamente nosotros encontramos que había una especie de parkinsonismo en Andacollo, ahí teorizamos que los altos niveles de mercurio podrían estar generando esto en las personas”.

En un intento por remediar el daño ambiental y mejorar la situación de relaves en Andacollo, el municipio ha tomado algunas medidas, aunque no se estiman suficientes. Alfaro declara que durante sus 12 años al mando sólo se han podido retirar dos relaves gracias a aportes de la Minera Teck Carmen, ya que el costo es demasiado para los fondos municipales, y aunque el Departamento de Medio Ambiente del municipio se mantiene informado a través del Sernageomin, no cuentan con mayor apoyo de otros organismos estatales.

“El retiro de relaves, por las condiciones que tiene, están en el orden de los millones de dólares, cifras que no son abordables desde un municipio porque los presupuestos municipales son más bajos. Sí o sí se requeriría el aporte de un tercero, en este caso de una empresa que pueda aportar con el retiro de traslado, pero no existe ningún programa de gobierno para retirar relaves, entonces por el momento dependemos de lo que diga la compañía minera” Señala Javiera Cuevas, jefa del Departamento de Medio Ambiente municipal.

En Illapel la situación no es muy distinta. Una investigación hecha por el CENMA en 2012 evidencia que la fuente primaria de contaminación son los relaves. En ese año, la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez ordenó la prohibición de la Planta Hernández, otra de las que figura en el listado del Sernageomin con dos relaves abandonados, debido a las altas concentraciones de mercurio de uno de estos.

Este relave, explica el documento, ha presentado derrumbes que han afectado la quebrada donde se ubica hasta alrededor de 200 metros hacia el río Illapel. Además, en el sitio encontraron indicios claros de una elevada concentración de mercurio, arsénico y cobre, y en menor medida plomo. Los primeros tres superarían por creces cualquier norma internacional.

Diversos expertos declararon en la Comisión Investigadora de 2010, entre ellos el Doctor Andrei Tchernitchin, consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Señaló que elementos como el arsénico y su exposición crónica a niveles no muy altos producen cáncer pulmonar, cáncer a la vejiga y otros cánceres generando alta mortalidad en zonas contaminadas con este elemento.

Para la realización de este reportaje se contactó a los alcaldes de las tres comunas, pero el edil de La Higuera, Yerko Galleguillos, declinó dar su testimonio debido a que no estaba al tanto de la cantidad de relaves de su ciudad. Mientras que el alcalde de Illapel, Denis Cortés, no respondió a los llamados.

Pero Cortés sí declaró en la Comisión Investigadora de 2010: “en 2006 el Plan Regulador fue modificado y prohibió relaves dentro del límite urbano, sin embargos los que existen tienen entre 50 y 60 años y por el crecimiento de la población quedaron dentro de la zona urbana. (…) Terminar una faena minera en una comuna que basa su economía en la minería es perjudicial.”
Los dueños fantasmas

Seis empresarios y empresas mineras se reparten 17 de los 18 relaves abandonados de Illapel, 12 de estos con el método “Aguas Arriba”. Uno es Víctor Nazer, quien tiene cuatro relaves abandonados de la Planta California sin información de la fecha de autorización en el catastro de Sernageomin. La última fiscalización (07-oct-2020) expone que esta se encuentra funcionando, pero está catalogada como irregular operativa. Es decir, la faena está activa pero no tiene resoluciones o inicio de actividades que le permitan hacerlo.

En los últimos años Nazer ha sido un minero prolífico. En 2019 solicitó pertenencias en seis hectáreas y la inscripción y publicación de la manifestación minera La Protegida. En 2020 él y tres hermanos – Víctor Andrés, Sebastián y Daniela – constituyeron la sociedad por acciones Minera El Dorado SpA.

Pasivo ambiental de Nazer (California), Illapel. Foto: Julieta Garagay

Entre los logros de Víctor está que, en 2006, cuando fue consejero del Consejo General de SONAMI en Illapel, le entregaron el premio San Lorenzo, que galardona a las empresas y dirigentes que han aportado a la actividad regional en el rubro. ENAMI también le otorgó el Crédito Sustentación Proveedores Mineros Pequeña Minería en 2015 y 2016, por montos de $546 y $10.018 dólares.

Para conocer si el empresario ha realizado alguna acción en pos de la mitigación de los efectos de estos relaves nos comunicarnos con Víctor Nazer, pero el dueño de estos no brindó ninguna declaración sobre el tema.

Otra de las empresas de la zona es la Sucursal Luis Álvarez Sierra, que tiene cinco depósitos de la Faena Esperanza. En 1985 y 1987 fueron construidos dos de los relaves con el método “Aguas Arriba”. Los otros tres utilizan el mismo modo, pero el Sernageomin no tiene catastrada la fecha de su resolución aprobatoria.

Francisco y Washington, hijos de Luis Álvarez (fallecido en 1993), también son empresarios mineros y transportistas, pero, según afirma el segundo, ninguno de ellos participó de la sociedad responsable de los relaves. Washington Álvarez incluso asegura que solo son dos depósitos abandonados en vez de cinco, contrastando con la información que sostiene el Sernageomin.

“Yo tengo claro que lo nuestro son dos relaves: uno al final de la calle Argentina en Illapel, y otro en la quebrada Los Azules, que queda en el Fundo Plan de Hornos. Yo sé lo que mi padre tenía, así que no sé de dónde sacan el resto”.

La interpelación que Álvarez hace a los registros oficiales del Estado no queda allí. En 2017, según cuenta, instaló un trapiche de molienda de oro y solicitó autorización para un tranque de relaves que construiría allí mismo, pero no fue aprobado, por lo que el trapiche no fue puesto en funcionamiento. Sin embargo, la instalación, que nunca existió, aparece en los catastros como fiscalizado en las visitas que hace el Sernageomin.

Francisco Álvarez, en tanto, formó en 1999 la Minera y Comercial Curamávida Limitada junto a otras 21 personas, entre ellos Víctor Nazer y Gerardo Toro. Este último es otro dueño de relaves abandonados que figuró en el catastro del Sernageomin de 2019, pero en 2020 pasó a “inactivo”.

Entre 2015 y 2017, ENAMI les otorgó a Washington y Francisco el Crédito Sustentación Proveedores Mineros Pequeña Minería por valores que fluctuaron entre $695 y $51.109 dólares. En ese mismo periodo, los hermanos fueron parte del directorio de la Asociación Gremial Minera de Illapel: Washington fue electo secretario y Francisco tesorero.

Desde 2020 Washington Álvarez cumple ahí mismo el cargo de Vicepresidente. También fue nombrado Hijo Ilustre en el Aniversario 266 de Illapel, ya que “su pasión arraigada en el seno familiar lo llevan a postergar su desarrollo profesional en pos del rescate de la minería en nuestra zona.”. En cuanto a la posibilidad de remediar el impacto ambiental de los relaves de su padre, Washington afirma:

“No tengo la obligación. Igual nosotros enterramos el relave de Illapel para ocupar ese terreno como estacionamiento, entonces no hay nada más que hacer. En el sector donde está el otro ya no vive gente, así que no veo cuál es el daño que puede provocar, si es pura piedra molida que queda ahí. De todas formas, entre 2010 y 2011 intentamos replantar algunas especies forestales autóctonas, pero con la sequía se secó todo. Antiguamente nadie se preocupaba de estas cosas, ni el gobierno ni los civiles, porque si a uno no le exigen algo, no lo hace.”

18 dueños corresponden a 26 de los 36 depósitos de relaves abandonados en Andacollo, siete de ellos “Aguas Arriba”. Esteban Spasojevic es uno de ellos. El empresario tiene un depósito abandonado de la sociedad “Minera Estom Limitada”, constituida en 1996 junto a su hermano Tomislav. En 2013, según El Calameo (boletín oficial de minería de Elqui) constituyó siete concesiones mineras de explotación. Un listado de personas con patentes impagas en estas concesiones publicado en 2019 repite su nombre en 13 ocasiones.

Mientras tanto, en La Higuera son 9 empresarios que figuran como dueños de los 15 relaves abandonados, 4 de estos “Aguas Arriba”. CEMIN Holding Minero tiene dos relaves aprobados en 1986, pertenecientes a la Planta Chingoles. Fue fundada por Juan Rassmuss, empresario peruano multimillonario, en 1982. Entre 1990 y 2012 a partir de CEMIN, Rassmuss constituye sociedades mineras y de inversiones (Agrícola Batuco Limitada, Inversiones CEMIN SpA, Aguas del Solar S.A, Inmobiliaria Cemin Sociedad Anónima, entre otros) y derechos de aprovechamientos de aguas subterráneas en la comuna de Lampa.

Juan Rassmuss falleció en marzo de 2016. Su hijo único Juan Enrique Rassmuss Raier, uno de los principales accionistas del grupo CAP y presidente del directorio de la Compañía Minera del Pacífico, asumió como presidente del holding (y de una decena de empresas familiares que operan en Chile, Perú, Argentina y Paraguay). En 2019 CEMIN recibió una multa histórica de 5.200 millones por mantener operaciones mineras sin autorización durante seis meses, extrayendo de manera ilícita 1,4 millones de toneladas brutas de material en la región de Valparaíso. No hubo respuesta desde CEMIN.

Relave abandonado en Andacollo (SUC. TOMAS WHITTLE). Foto: Google Earth

Un reportaje de 2020 del medio Mongabay expone que Olympic Peru Inc, empresa petrolera de Rassmuss en la región de Piura en Perú, derramó al menos 23.500 litros de crudo y tuvo 72 emergencias ambientales en 10 años. Además, Zeus ÖL SA, otra de sus empresas petroleras, firmó un contrato con el gobierno de Paraguay en 2016 para la exploración y extracción de hidrocarburos al interior del Parque Nacional Defensores del Chaco, área protegida y patrimonio natural, considerada una de las reservas más grandes de ese país y de las con mayor biodiversidad en Sudamérica.

En total son 53 empresarios y sociedades mineras que registran relaves abandonados en la Región de Coquimbo. No hay registro del resto de los responsables. A pesar de que la mayoría son antiguos, existen cuatro relaves abandonados después de promulgada la ley 20.551: Sociedad Tungsteno Llamuco SpA (constituida en 2015, tiene tres relaves en Salamanca), MARAY S.A (constituida en 2011, tiene un relave en Andacollo), Oscar Manuel Segovia Ortiz (un relave de 2015 en Punitaqui, en 2015 y 2017 fue beneficiado por el Programa de Fomento Minero del Ministerio de Minería) y Minera Alto de Punitaqui (un relave, Ovalle). En abril de 2020 esta última, que produce 12 mil toneladas de cobre fino por año, estuvo en conflicto con la contratista Kabba por la regularización de los sueldos impagos de 180 mineros despedidos en marzo.
El destino final de los relaves

En 2018 fue presentada la nueva Política Nacional de Relaves, la que propone al programa “Adopta un relave”, donde las empresas mineras que quieran empezar una faena pueden apadrinar un depósito abandonado como parte de las compensaciones ambientales. El plan piloto se llevó a cabo en la región de Atacama a fines de ese año, y no obtuvo resultados fructíferos. Cuenca observa en esto otra forma de obtener ganancias más que una medida de mitigación en sí:

“Hay una corriente dentro de la minería: empresas que se están especializando en desarrollar proyectos sobre los relaves antiguos, ya que como las tecnologías no eran tan eficientes, estos mantenían una cantidad importante de mineral de mejor calidad. En el fondo esto es otro proyecto, no una medida de mitigación, ya que es un proceso de extracción minera que necesita agua y otro lugar de depósito de relaves para disponer los desechos que queden. Los relaves no se desaparecen mágicamente”.

Algunas herramientas que pueden ser útiles para el manejo de contaminación por residuos mineros en Chile son el Recurso de Protección y la Demanda por Daño Ambiental que pueden realizarse siempre y cuando se conozca y exista registro del dueño de la faena. Pero para el primero el problema es el plazo de presentación, ya que por la antigüedad de la faena puede considerarse extemporáneos y por lo tanto el recurso no sería acogido.

En cuanto a la Demanda por Daño Ambiental (a partir de la Ley 19.300) el autor del daño solo tiene la obligación de reparar materialmente en el caso de haber actuado maliciosa o negligentemente. Ante este panorama las comunidades se quedan prácticamente sin posibilidades de actuar.

En el caso de los PAM, en 2009 el Ministerio de Minería creó la Política Nacional para la Gestión de Sitios con Presencia de Contaminantes, para identificar y controlar sitios contaminados incluyendo sitios asociados a la explotación de recursos naturales, es decir, extracción minera. Cuatro años más tarde se aprobó la Metodología para la Identificación y Evaluación Preliminar de Suelos Abandonados con Presencia de Contaminantes, aplicada por las Secretarías Regionales del Ministerio de Medio Ambiente.

Tranque El Mauro, Los Vilos. Foto: Agencia Uno

Pero desde la creación de estas políticas hasta hoy, la gran mayoría de depósitos abandonados continúa en ese estado. Lucio Cuenca comenta:

“Lo que pasa es que no hay voluntad política y a veces esto requiere ciertos recursos del estado que normalmente están priorizados para otras cosas. Nadie actúa hasta que ocurra algo, estas preocupaciones afloran porque la naturaleza las hace evidentes. Se avanza en catastrar, monitorear, pero no se dan pasos para hacerse cargo de este problema”.

Juan Dabed, ex dueño de cuatro de los relaves abandonados en Illapel (que no aparecen en el catastro de Sernageomin en 2020, pero sí en 2019) y ex concejal de la comuna, señala que está de acuerdo con el retiro de los desechos, pero para ello necesita mayor apoyo estatal.

“El gobierno quiere que saquemos los relaves, ya, pero ¿Cuál es el terreno en que vamos a depositar? Eso tiene que definirlo el gobierno con el equipamiento, las instalaciones y todo lo que sea necesario para trasladar el relave. Lo segundo es que subsidien ese traslado porque nosotros tenemos claro que hay una obligación moral, pero no legal, entonces nosotros no nos vamos a meter la mano en el bolsillo en un cien por ciento si no nos corresponde”.

Dabed afirma que él, y gran parte del gremio minero de la comuna, tienen disponibilidad para retirar los desechos de sus instalaciones abandonadas, pero las negociaciones que tuvieron cuando él era concejal quedaron inconclusas.

Iván Aguilera, Educador Tradicional Diaguita, conoce la Provincia del Choapa como la palma de su mano. Él, junto a los pobladores de Illapel y de las comunidades aledañas, ha sido testigo del impacto que han tenido los relaves abandonados en la zona. Es por eso que sabe que el valle no soportará mayor intervención minera:

“Un relave es una contaminación a perpetuidad. Un valle que es invadido para depositar desechos mineros es liquidado, sobre todo con los metales involucrados en el procesamiento minero. Considerando la escasa extensión de 90 kilómetros del territorio de mar a cordillera hasta el límite con Argentina, cualquier relave que se ubique en la cuenca la va a poner en riesgo. Al final el principal legado que tenemos del empresariado es el empobrecimiento y las contaminaciones con el aval de los gobiernos de turno y de políticos transversales, o sea, aquí no se escapa nadie”.
https://www.eldesconcierto.cl/medio-ambiente-y-naturaleza/2021/02/16/el-60-de-los-relaves-abandonados-de-chile-se-concentra-en-la-iv-region-vacio-legal-impide-fiscalizacion-del-sernageomin.html

Lucio Cuenca Berger
16/02/2021

La Empresa Minera Barrick Gold contrajo una deuda con el Estado de Chile por devolución anticipada de IVA, la que sería saldada una vez que el proyecto Pascua Lama entrara en operación. Ante la clausura total y definitiva decretada por el Primer Tribunal Ambiental, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), consultó al Servicio de Impuestos Internos (SII) por el estado de la deuda, y el Servicio ha usado resquicios impresentables para no responder, cuestión que fue denunciada al Consejo para la Transparencia.

Si bien el Ministerio de Economía por la vía de una Resolución Exenta autoriza el procedimiento de “recuperación anticipada de IVA”, es la Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos quienes deben ejecutar el procedimiento para reconocer el beneficio y saldar la deuda adquirida. Entre el 2010 y el 2017 el Ministerio de Economía entregó Resoluciones autorizando a Barrick “recuperación anticipada de IVA” en relación a un monto que la empresa declaraba que exportaría cuando comenzara la explotación. Estos montos y plazos fueron modificados a solicitud de la empresa en cuatro oportunidades, partiendo el 2010 por US$ 1.151 millones por exportaciones acreditables hasta el 30 de junio del 2015, y llegando al 2017 a US$ 3.538 millones fijando el plazo para acreditar exportaciones hasta el 31 de Diciembre del 2026.

Este beneficio a Pascua Lama le generó una deuda acumulada con el Estado de Chile, que alcanzaba los US$ 424 millones en Diciembre del 2019, los que actualmente según estimaciones de la prensa especializada, deben bordear los US$ 800 millones, dineros muy necesarios en el marco de la crisis socio sanitaria y ambiental que estamos atravesando. La deuda se pagaría luego de que el proyecto entrara en operación, lo que no ocurrió tras lograrse la clausura definitiva tras las sucesivas irregularidades e ilegalidades monitoreadas y denunciadas por la comunidad. La cobranza de esta deuda millonaria hoy pareciera estar en tierra de nadie, o al menos así da cuenta el modo de operar del Servicio de Impuestos Internos. Según el acuerdo actual, esta cantidad debe ser reembolsado si el proyecto no evidencia exportaciones por el monto autorizado.

El SII fue requerido por Lucio Cuenca, director de OLCA el 15 de octubre del 2020, y recién el 17 de diciembre, luego que ese Servicio solicitara prórroga para responder, lo hizo diciendo desde el área técnica que no disponía de la información y que por eso derivaba al Ministerio de Economía. Sin embargo, el 15 de enero, Economía respondió diciendo que las materias consultadas son de exclusiva competencia del Servicio de Impuestos Internos, el mismo organismo que en documento público se amparó en el artículo 13 de la Ley N° 20.285 que establece que los organismos públicos no se encuentran obligados a entregar información que no poseen.

El Ministerio de Economía fue muy claro en señalar que “cumplo con informar que esta Subsecretaría no cuenta con la información solicitada, toda vez que, el artículo 27 bis1, mencionado en su solicitud, se refiere a recuperación de IVA por adquisición de activo fijo, lo que no es competencia de esta Institución, sino que del Servicio de Impuestos Internos”.

En reciente reportaje de Ciper, se da cuenta de que existirían resoluciones de fines del 2019 del Director del SII Fernando Barraza, que otorgarían cuestionables facilidades a Barrick para eludir el reembolso que la minera debe hacer al Estado de Chile. Exigimos que el SII entregue toda la información solicitada.

Sin duda este tipo de temáticas debe entrar en el debate constituyente para frenar el servilismo absurdo que en nombre de la inversión extranjera pervierte el espíritu de las leyes, fragiliza la institucionalidad y desfalca al Estado.

El autor es Director de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA y actual candidato a constituyente por el distrito 12.

Servicio de Impuestos Internos (SII) oculta información sobre negociaciones con Barrick Gold

“En el anteproyecto se han definido 17 áreas de vigilancia, lo que quiere decir, que los parámetros normados serán monitoreados en esas 17 zonas cumpliendo con los valores límites definidos”, indicó Guillermo Ready, seremi del Medio Ambiente.
Sustentabilidad
16/02/2021
Minería Chilena
En Vallenar y Alto del Carmen serán las reuniones de planificación de la Consulta Indígena, donde serán invitadas las comunidades que habitan en el territorio de la provincia de Huasco, en el marco de la elaboración de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la protección de las aguas de la Cuenca del Río Huasco.

Se está convocando a participar las personas pertenecientes a los pueblos indígenas que habitan el territorio de la provincia de Huasco, resguardando todas las medidas sanitarias y protocolos de aforo de personas, según lo indicado en el Plan Paso a Paso establecido producto de la pandemia del Covid- 19 que afecta al país.

Guillermo Ready, seremi del Medio Ambiente, destacó que “la idea es que las comunidades indígenas de la Provincia de Huasco participen en el proceso por la importancia que reviste la cuenca del río Huasco, que incluye ecosistemas de gran valor ecológico”.

La autoridad agregó que “en el anteproyecto se han definido 17 áreas de vigilancia, lo que quiere decir, que los parámetros normados serán monitoreados en esas 17 zonas cumpliendo con los valores límites definidos. Las áreas de vigilancia definidas cubren toda la superficie de la cuenca del río Huasco, desde las zonas de cabecera de cuenca o inicio del río en la cordillera, como el río Valeriano o el río Potrerillos, hasta su desembocadura en Huasco”.

Las reuniones de planificación para la consulta indígenas ya fueron agendadas y programadas de la siguiente forma en las comunas de Vallenar y Alto del Carmen:

¿Cómo es posible que hayan sacado de nuestro país el equivalente de US$ 900 mil millones, y hayan pagado impuesto por solo US$ 29,030 millones? Este escándalo, del que los grandes medios de comunicación chilenos no hablan, es posible gracias a los subterfugios evasivos y elusivos que utilizan las mineras extranjeras, que nuestros gobernantes han permitido y siguen permitiendo
14/02/2021
Por Julián Alcayaga Olivares

En la columna anterior, titulada «La extraordinaria importancia del cobre para Chile», sostuvimos, con base en estadísticas oficiales, que entre 1990 y 2019, las mineras extranjeras han exportado la friolera de 85,818 t del equivalente de cobre fino, lo que al precio promedio de los últimos meses (3 dólares la libra) equivale a alrededor de US$ 567,760 millones. Pero esa es la exportación declarada por las mismas empresas, la exportación real debe ser, por lo menos, entre un 20 y un 25% superior a la cifra oficial, lo que daría que la exportación de cobre por parte de las mineras extranjeras alcanzaría las 100 mil toneladas y su valor debería superar de US$ 680,000 millones, a lo cual habría que agregar un 30% más por el oro, la plata, el molibdeno, el renio, cobalto, etc., contenido en la exportación de concentrados de cobre, lo que, sumando todo, nos arroja que las mineras extranjeras se han llevado de nuestro país alrededor de 900,000 millones de dólares. Mientras que, según informes oficiales, desde 1990 a 2019, la tributación a la renta (ganancias, beneficios, utilidades), más el impuesto específico a la minería conocido como royalty, ha sido solo de US$ 29,030 millones.

¿Cómo es posible que hayan sacado de nuestro país el equivalente de US$ 900 mil millones, y hayan pagado impuesto por solo US$ 29,030 millones? Este escándalo, del que los grandes medios de comunicación chilenos no hablan, es posible gracias a los subterfugios evasivos y elusivos que utilizan las mineras extranjeras, que nuestros gobernantes han permitido y siguen permitiendo; evasión, sobre la que ahora daremos un poco más de detalles.

El exceso de endeudamiento con financieras relacionadas
El largo ciclo de elusión y evasión tributaria por parte de las mineras extranjeras y, en general, de todas las empresas foráneas que operan en Chile, comienza desde el momento en que se realiza la inversión inicial. Posteriormente, a la nueva inversión ya no se le puede llamar inversión, puesto que la empresa minera «chilena», que la casa matriz ha creado con la inversión inicial, es la que solicita préstamos para financiar la explotación del yacimiento, pero esos préstamos los recibe de una filial financiera de la casa matriz y se domicilian en paraísos fiscales ubicados en islas del Caribe, como las Bahamas, las Bermudas o las Islas Vírgenes. Estos créditos con financieras relacionadas son entre 3 y 4 veces superiores al capital o patrimonio de las mineras «chilenas».

Invertir en Chile con préstamos de financieras relacionadas tiene un triple objetivo económico: a) aumentan considerablemente los gastos de la mineras en el país, por cuanto pagan intereses y comisiones financieras muy superiores a los del mercado; b) las financieras relacionadas que reciben los intereses desde Chile, tampoco pagan impuestos por dichos réditos en los paraísos tributarios donde se domicilian; c) pagan en Chile solamente 4% de impuesto adicional por los intereses, en lugar de 35% a las ganancias si la inversión fuera directa.

En la mayoría de estas empresas, los gastos financieros representan más del 20% de los costos totales, y cerca del 15% de sus ingresos por ventas. Estos abultados gastos financieros se explican por qué ello constituye una transferencia de utilidades en forma de intereses hacia las financieras relacionadas, domiciliadas en paraísos fiscales, mientras que en Chile este «gasto extraordinario» sirve para disminuir o hacer desaparecer las utilidades con el objetivo de no pagar impuesto a la renta o ganancias en Chile.

Sería muy fácil terminar con esta evasión-elusión tributaria si: a) se establece un límite a los créditos igual al 25% de los aportes de capital materializados, como es el caso en todos los países desarrollados; b) si el impuesto a los intereses se establece en 20%, en vez de 4%.

Estas medidas tributarias son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero ningún presidente ha querido hacerla porque esta evasión-elusión, también beneficia a los grandes empresarios nacionales.

Los precios de transferencia
Se llama así a los precios de compra y venta entre empresas relacionadas que, al ser diferentes a los del mercado, permiten el traspaso de utilidades entre ellas. Por ejemplo, una empresa minera «chilena» (establecida en Chile, pero de capitales foráneos) vende en el extranjero su producción a una firma comercial o a una fundición de una compañía relacionada, a precios inferiores a los del mercado. La minera chilena disminuye sus ingresos y, consecuentemente, sus utilidades, para no pagar el impuesto a la renta en Chile, y la empresa relacionada que compró el cobre a menor valor, percibe «comercialmente» las utilidades que le ha transferido y perdido la empresa «chilena».

La mayor parte de las exportaciones de las mineras extranjeras se efectúa en forma de concentrados, que no es otra cosa que el mineral y la piedra molidos en forma muy fina, concentrado que contiene cobre, molibdeno, oro, plata, renio, cobalto y otros metales, además de azufre con el cual se produce el ácido sulfúrico. Los precios de transferencia se van creando por etapas.

El concentrado es embarcado en una nave que, por lo general, pertenece a una empresa relacionada y se le pagan fletes mayores que el valor de mercado, con el fin de transferir utilidades a dicha empresa, cargando de mayores gastos a la minera «chilena». Los seguros por el transporte también son de una empresa relacionada, así como la que funde, refina y comercializa el cobre, y a todas se les paga precios por sobre el mercado para traspasarles utilidades mediante actos de comercio, lo que permite que, al final del camino, el precio que percibe la minera chilena por el cobre refinado que contenía el concentrado sea muy inferior al valor de mercado. De esta manera las ganancias o utilidades de la minera «chilena», disminuyen considerablemente con el objetivo de no pagar impuestos en Chile.

Esta operación también funciona en sentido inverso: la minera «chilena» compra bienes de capital, nuevos o usados, a empresas relacionadas domiciliadas también en paraísos tributarios —a precios muy superiores al mercado—, con lo cual sobrecarga sus gastos, lo que le permite presentar balances con pérdidas y, de esa manera, no pagar impuestos, mientras la empresa relacionada en el exterior aumenta sus utilidades, pero tampoco paga impuestos porque está domiciliada en un paraíso tributario.

Fuera de los elevados cargos de tratamiento del concentrado, que disminuyen el precio del metal fino, existe otra forma más directa de evasión tributaria que consiste en declarar leyes de concentrados (contenido metálico de cobre, oro, plata, etc.) inferiores a los reales o ni siquiera declararlas, como el molibdeno o el azufre contenido en el concentrado. Para justificar este tipo de evasión, las autoridades dan una explicación escandalosa: que el Servicio Nacional de Aduanas no cuenta con los medios técnicos y el personal suficiente para fiscalizar todos los embarques. Es decir, nuestros gobernantes no quieren gastar 1,000 en más personal y medios técnicos para Aduanas y, por ello, el Estado pierde 1,000,000.

Conviene graficar esta situación con el siguiente hecho. Los pequeños mineros chilenos, que muelen y concentran sus minerales en trapiches concebidos y fabricados enteramente por artesanos nacionales, logran vender a Enami1 concentrados con «leyes» superiores al 40%, más el oro y la plata; mientras que las transnacionales mineras, con sus plantas concentradoras importadas en su totalidad, y que cuentan con la más avanzada tecnología de concentración del mundo, declaran, sin embargo, leyes que raramente alcanzan el 33% de cobre fino, negando la presencia de otros metales preciosos. ¿Alguien puede creer que los pequeños mineros puedan obtener mejores leyes en sus concentrados que las poderosas transnacionales mineras?

Si las mineras extranjeras envían concentrados que apenas sobrepasan el 30%, solo puede deberse a que están evadiendo sus obligaciones tributarias, amparados en el hecho de que el Servicio de Aduanas no cuenta con los medios necesarios para fiscalizar las exportaciones de concentrado, de madera, etc. Para solucionar esta falta de personal y medios, Aduanas ha contratado empresas privadas externas, para realizar la fiscalización de las exportaciones de concentrado. Nótese, que la labor esencial de Aduanas es la fiscalización de las exportaciones, pero ahora esa labor la realiza una empresa privada.

Además, para asegurarse de que no existan diferencias en las leyes de los concentrados, las empresas contratadas por Aduanas para realizar los análisis tanto del pesaje como el contenido metálico del concentrado también prestan servicios a las mismas mineras que tienen que fiscalizar, y algunas de ellas son incluso filiales de las mismas mineras extranjeras. ¿Cómo podría el empleado fiscalizar a su empleador? Todo esto parece mentira, pero es nuestra triste realidad. Es por ello, que las exportaciones oficiales son muy inferiores a las reales.

Pérdidas en los mercados de futuro
Cuando el cobre alcanza altos precios en el mercado internacional —como ocurrió en 1995, 2006 o 2011—, estas artimañas para evadir impuestos ya no son suficientes y, en ese caso, las empresas extranjeras recurren a un método aún más fraudulento para declarar pérdidas en Chile. Esta modalidad consiste en tener pérdidas en los mercados de futuro del cobre.

La mayor parte del cobre se comercializa en forma directa, mediante contratos entre productores y compradores. Pero los excedentes de producción que no han sido vendidos a través de contratos directos se transan en las bolsas de metales. La más antigua y la principal de ellas es la Bolsa de Metales de Londres (BML). Estas instituciones cuentan con bodegas de almacenamiento, y la variación de las existencias (o stocks) es uno de los factores de mayor influencia en el precio de los metales. El cobre, como también el oro, la plata y otros minerales, constituyen lo que se denomina commodity, es decir, un bien con características estándares, sujeto a transacciones comerciales.

Pese a que en las bolsas de metales se transa menos del 10% del cobre que se comercializa en el mundo, son ellas, y principalmente la de Londres, las que determinan el precio del cobre en que se harán las transacciones directas entre productores y compradores. En las bolsas no solo se transa al contado, con el precio del día, sino también con precios a futuro, a tres meses o más. Los mercados de futuro del cobre son transacciones financieras, cuya base son los intercambios de papeles que representan una cierta cantidad de cobre u otro metal, a un precio determinado en una fecha dada. Al momento de vencer el plazo del contrato, las partes no ejecutan lo pactado, en el sentido de entregar físicamente el cobre, sino que se paga o se recibe solamente las diferencias entre el precio predeterminado entre las partes y el existente en la fecha de vencimiento del contrato. Por esta razón, en los mercados de futuro del cobre se transan, en un año, decenas de veces más toneladas del metal que las producidas efectivamente en el mundo.

El mercado a futuro del cobre no es otra cosa que una especulación a la que recurren las empresas mineras con el pretexto que comprar o vender de ese modo sirve para protegerse de los vaivenes del mercado y así mantener precios estables. Pero esta excusa no se justifica en el caso de las empresas mineras chilenas, ya que carecen de libertad para disponer de sus minerales, por ser filiales de enormes conglomerados metalúrgicos; o debido a que la inversión efectuada en Chile, mediante créditos, deja amarradas las ventas por muchos años. El motivo real para usar los mercados de futuro es otro: trasvasijar las utilidades a empresas relacionadas, cuando el precio del cobre se eleva.

El método es sencillo. Una empresa minera vende a futuro, a precio más bajo que el existente en ese momento, como anticipándose a una probable mayor caída del precio a futuro, pero en realidad, al momento de concretarse la venta a futuro, el precio ha subido considerablemente. La empresa que ha vendido a futuro a un precio inferior no debe entregar la cantidad de cobre comprometido en la venta a futuro, sino que paga solamente la diferencia entre ambos precios. Esto genera una pérdida contable para la minera «chilena», que le sirve para disminuir o hacer desaparecer sus ganancias y no pagar impuesto a la renta, pérdida que se transforma en una utilidad para la empresa extranjera que le compró a futuro y que, necesariamente, debe ser una empresa relacionada con la compañía chilena, pero domiciliada en un paraíso fiscal, así, la ganancia queda siempre dentro del grupo, pero fuera de Chile.

Esta forma de evasión tributaria es tan escandalosa que, desde 1978, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a los países subdesarrollados que legislen para que las pérdidas en los mercados de futuro no sean deducibles de los resultados de una empresa, pero tales consejos no han sido oídos en Chile, aunque vinieran del Fondo Monetario Internacional.

Otras formas de evasión y elusión tributaria
La mayoría de las compañías extranjeras pasan como gastos diversas asesorías técnicas, jurídicas, de mercado, comisiones, etc., efectuadas por empresas relacionadas o de la casa matriz en el extranjero; asesorías que no son necesarias, o cuya realización efectiva no queda acreditada. De esta manera, nuevamente se trasladan utilidades al extranjero, ahora con la forma de honorarios o comisiones diversas. Peor aún, la mayor parte de estas asesorías han sido eximidas del pago del impuesto adicional a la renta en Chile, regla que no existe para las asesorías efectuadas por ingenieros y otros profesionales chilenos o extranjeros avecindados en el país.

Terminaremos este punto con parte de la exposición del subdirector de Fiscalización del SII, que aparece en la página 66 del Informe de la Comisión Unida del Senado que analizó el Tratado Minero con Argentina, el año 2000.

Sobre el particular, el señor Subdirector de Fiscalización señaló que otro de los factores para la subdeclaración de estas empresas es lo que se denomina «comisiones», que están exentas del impuesto adicional. Las casas matrices, añadió, cobran altos valores por concepto de comisiones por comercialización y por una serie de servicios que les prestan a sus subsidiarias en Chile respecto de sus actividades.

Desgraciadamente toda esta evasión y elusión tributaria puede continuar sin alteraciones, porque ninguno de los actuales candidatos presidenciales siquiera menciona la posibilidad de terminar con esta cuantiosa evasión tributaria, y así poder financiar las promesas de mejoramiento de las condiciones sociales de nuestro pueblo.

Nota
1 Empresa Nacional de Minería, que pertenece al Estado y compra minerales y concentrados a pequeños y medianos mineros.

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Julián Alcayaga Olivares. Chileno, economista de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Moscú, 1966-1972. Posgrado (DESS) de la Universidad de París 1, La Sorbona, París, 1979-1981. Posgrado en el IESTO du CNAM, París, 1981-1982. Licenciado de Derecho, titulado de abogado, Universidad UNIACC, Santiago, Chile, 2006-2011.

Artículo publicado originalmente en W Economía y Política.

La elusión tributaria de las mineras extranjeras en Chile: Un caso ejemplar de evasión sistemática y permanente

El Tribunal desestimó las alegaciones que cuestionaban la idoneidad de las medidas contenidas en el Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones aprobado mediante la resolución impugnada.
28/01/2021
MINERÍA CHILENA
El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada en contra de la resolución del Comité de Ministros, que revisó y modificó la resolución de calificación ambiental del proyecto “Sistema de Disposición de Relaves a Largo Plazo: Proyecto Ovejería”, de Codelco División Andina.

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“Se resuelve rechazar la reclamación deducida por el Sr. Carlos Peña Guzmán en contra de la Resolución Exenta N° 0056, de 17 de enero de 2019 del Comité de Ministros, que rechazó el recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta N° 204, de 8 de mayo de 2015 de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, mediante la cual la citada comisión decidió revisar la RCA del proyecto “Sistema de Disposición de Relaves a Largo Plazo: Proyecto Embalse Ovejería” cuyo titular es la Corporación Nacional del Cobre División Andina”, dice la sentencia.

El Tribunal desestimó las alegaciones que cuestionaban la idoneidad de las medidas contenidas en el Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones aprobado mediante la resolución impugnada, vinculadas a la frecuencia de los monitoreos, supuestas vulneraciones al principio de juridicidad por no considerar las medidas requeridas por el reclamante, la determinación del área de influencia para efecto de precisar el alcance de las medidas y, finalmente, el riesgo ambiental asociado a la escasez hídrica y la degradación del suelo.

La sentencia, asimismo, descartó las alegaciones fundadas en el informe técnico presentado por el reclamante, ya que los temas relevados en dicho documento fueron respondidos durante el procedimiento de revisión de la RCA. En cuanto a una posible vulneración del principio de juridicidad, concluyó que las medidas solicitadas por el reclamante, que no fueron consideradas, “se encuentran directamente relacionadas con la indemnización de perjuicios y la acción de reparación por daño ambiental, y exceden a la naturaleza de las medidas que deben considerarse al revisar una RCA a la luz del artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300”.

El Tribunal también desestimó las alegaciones vinculadas a la exclusión de los pozos del reclamante del ‘área de estudio’ y posterior ‘área de influencia’ del proyecto, así como las posibles situaciones de riesgo descritas por el reclamante. En ambos casos concluyó que la autoridad ambiental fundamentó debidamente su decisión y que los temas asociados a la escasez hídrica en la zona y posible degradación del suelo se encuentran debidamente abordados en las medidas del Plan de Seguimiento.

Proceso
El reclamante acudió al Tribunal luego que el Comité de Ministros rechazara la reclamación administrativa en contra de la resolución que modificó la RCA del proyecto Ovejería.

El proceso de revisión de la RCA fue solicitado en 2012 por Codelco Andina, debido a la presentación de impactos no previstos relacionados con el cambio de la calidad en las aguas subterráneas y culminó en 2015 con la dictación de la resolución que modificó la RCA e incorporó el Plan de Seguimiento y Control de Infiltraciones que contiene las medidas, a través de la cual Codelco se hará “cargo de los impactos significativos producto de las variaciones ambientales contempladas en el plan de seguimiento de la RCA”.
https://www.mch.cl/2021/01/28/proyecto-ovejeria-de-codelco-tribunal-ambiental-rechazo-reclamacion/

25/01/2021
Camión – minería
A su vez, en la segunda mitad del año pasado hubo un récord de 25 causas ingresadas y admitidas a trámite en tribunales ambientales.
Un importante aumento en el flujo de causas ingresadas y admitidas a tramitación en los tribunales ambientales se registró en el segundo semestre de 2020. De acuerdo con el reporte realizado en forma conjunta por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y el Observatorio Judicial titulado “Judicialización de los proyectos de inversión del SEIA”, en la segunda mitad del ejercicio hubo un récord de 25 causas nuevas que iniciaron tramitación por un monto total de US$ 3.680 millones.

La cifra dio un fuerte salto en el segundo semestre de 2019 cuando pasó de siete causas ingresadas a 20, y desde entonces ha seguido aumentando sostenidamente. El director de Políticas Públicas de la CPC, Javier Irarrázaval, explicó que esto refleja la consolidación de la institucionalidad ambiental en el país. “Por otro lado, también demuestra una mayor toma de conciencia y acceso a la justicia ambiental por parte de los titulares de proyectos y de terceros que se podrían ver afectados por las iniciativas”, señaló.

Al cierre de 2020 también se registró un incremento de los proyectos de inversión que se encuentran en los tribunales ambientales: 53 casos versus los 38 que había al final de la primera mitad del año pasado. Sin embargo, pese al aumento de las iniciativas judicializadas, el monto de inversión en tramitación tuvo una importante baja desde los US$ 9.766 millones en la primera mitad del año pasado a US$ 4.176 millones al cierre de 2020. Irarrázaval sostuvo que esto se debe a la dictación de la sentencia relacionada con el proyecto Quebrada Blanca Fase 2, cuya inversión bordeaba los US$ 5 mil millones. “Creo que eventualmente debiésemos ir viendo una estabilización del número de iniciativas judicializadas, pero es probable que por un par de semestres más va a seguir creciendo”, dijo el director de Políticas Públicas de la CPC.

En cuanto a la distribución de los proyectos, el reporte demostró que la Macrozona Sur es la que concentra el mayor número de causas, pero en la Macrozona Norte se concentran mayores montos de inversión. El monto judicializado promedio por causa es de US$ 787 millones en esta última, mientras que en la Centro y Sur es de US$ 143 millones. La razón detrás de esto es que en las regiones del norte del país se concentra una mayor cantidad de iniciativas mineras de grandes montos de inversión. Según el informe, más de la mitad de los proyectos judicializados provienen de los sectores de energía y minería, seguidos por el rubro inmobiliario y acuícola.

Un aspecto que destacó Javier Irarrázaval fue que el reporte demostró que la naturaleza de los reclamantes se concentra principalmente en terceros. Del total de las 158 causas consideradas admisibles desde la creación de los tribunales ambientales, solo el 21% de los reclamantes fueron personas jurídicas con fines de lucro, mientras que un 37% fueron personas naturales y un 36% organizaciones de la sociedad civil. “Esto demuestra que hay acceso a la justicia ambiental (…) quizás antes las empresas y terceros afectados no confiaban mucho en el sistema porque estaba partiendo y ahora la gente está confiando más y accede a la justicia, lo que es algo positivo”, dijo Irarrázaval.

Otros resultados del reporte fueron que, en promedio, una causa sobre un proyecto de inversión del SEIA se demora 351 días en su trámite judicial. Si además la sentencia del tribunal ambiental correspondiente fuera recurrida, en promedio dicha causa demora otros 329 días. Desde que se crearon los tribunales ambientales, se han judicializado 129 proyectos, por un monto equivalente a US$ 43.149 millones.
Fuente: El Mercurio

Proyectos de inversión judicializados aumentan en segundo semestre de 2020