Chile

El impacto del factor político y social en la caída de Chile en el Ranking Fraser

Gremios resaltan la importancia de que el proceso constituyente permita mantener las bases que han permitido el desarrollo de la minería en Chile.
23/02/2021
MINERÍA CHILENA
Diversas reacciones generó la última versión del Informe Fraser, que situó a Chile en el lugar 30 del ranking, cayendo 13 puestos en relación con la tabulación obtenida en 2019, donde quedó ubicado en el lugar 17.

Sonami: “El alza del precio del cobre es una muy buena noticia para Chile”
Cabe recordar que en 2018, Chile consiguió posicionarse en el Top 10 del ranking, situándose en el octavo puesto de la medición general. Habría que remontarse al año 2013 para volver a encontrar a nuestro país entre los 10 primeros lugares.

Para Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), “es lamentable la significativa caída que ha tenido Chile en este prestigioso ranking, pero sin duda que era esperable debido, principalmente, a la grave situación social que vivió nuestro país a partir de octubre de 2019. La extrema violencia generada a partir del estallido social tuvo una repercusión internacional que, sin duda, afectó nuestra reputación de país estable y dialogante”.

El líder gremial considera que “no sólo el estallido social ha jugado en contra de Chile, también la certeza jurídica que constituye un factor fundamental a considerar al momento de tomar decisiones de inversión y ese se ha reflejado en situaciones como la Mina Invierno en la Isla Riesco, el proyecto Dominga, la excesiva tramitación de los permisos ambientales y la actitud populista de algunos parlamentarios, que han promovido iniciativas que generan aún más incertidumbre, como es el caso del proyecto de glaciares, una iniciativa que en los términos en que está redactada terminaría costando miles de empleos, al poner en riesgo el desarrollo de numerosas iniciativas de nuestro sector”.

Por su parte, Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, considera que una de las principales razones tras la caída en el ranking “es la falta de una política clara de exploración geológica nacional para atraer nuevos inversionistas”, haciendo hincapié en que desde la creación de la organización que lidera “se le ha planteado a las diversas autoridades nacionales que la información geológica existente no es suficiente para mantener el interés de los inversionistas mineros en nuestro país”.

La autoridad también aborda el efecto de estallido social, “tema que también produce inestabilidad política y que está dentro de los factores negativos. Lo que los encuestados indicaron consistentemente que al momento de definir una inversión se determina en un 40% por factores políticos”.

Nueva Constitución y Minería
Las implicancias que posee la baja en el informe también son abordadas por Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de la consultora Plusmining, quien señala que “si consideramos que el ranking se construye a partir de dos índices, uno de percepción política y otro de mejores prácticas en el potencial mineral, la caída de Chile desde el lugar 17 (2019) al 30 (2020) resulta esperable“.

“Por una parte, el ajuste a la baja del índice de percepción política del país en la versión de 2020 surge como resultado de un proceso estructural de estancamiento en la competitividad de la industria, agudizado por la reciente crisis sociopolítica. De igual manera, el índice de mejores prácticas en el potencial mineral también se ve afectado, como resultado de mayor inestabilidad e incertidumbre en el desarrollo de inversiones mineras“, comenta el especialista, quien recalca que “aún con la baja en este ranking, Chile es un país de una gran capacidad instalada y de un gran potencial de crecimiento, por lo que las decisiones que se tomen en estos tiempos serán relevantes para la industria del futuro”.

Por su parte, Sergio Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de Minería (Aprimin), considera que “lo que más influye en la caída en el ranking es la percepción de una cierta problemática de sostenibilidad política. Por lo tanto, creemos que a medida de que vaya avanzando de forma normal la discusión de la convención constitucional, esta percepción se va a modificar en forma positiva”.

En ese contexto, menciona que el informe fue preparado el año 2020 ante que se realizara el plebiscito en el que se aprobó realizar una nueva Constitución. “La aprobación alta de una nueva Constitución encauza por la vía democrática el conflicto político y la agenda social. Por lo tanto, va a ser un factor posterior que va a influir en el próximo informe”, señala.

El ejecutivo menciona que “tenemos como país una historia, una cultura muy asentada que no se cambia de un año para otro, que supera la crisis con estabilidad, así que tenemos confianza tanto en la historia de Chile, en su cultura, en el proceso constitucional, que esperamos sea lo más ordenado posible”.

Su visión es complementada por Diego Hernández, quien afirma que “el inicio del proceso constituyente es otro elemento que genera incertidumbre, pero estamos confiados en que este permitirá mantener los elementos básicos que han permitido el desarrollo de esta potente actividad productiva. Creemos que resulta imprescindible que el proceso de redacción de una nueva Constitución se encauce en un ambiente de orden público y mediante los canales institucionales ya definidos”.

De la misma forma, el presidente de Sonami considera “de vital importancia mantener las bases regulatorias que han permitido el desarrollo de los tres pilares productivos de la minería chilena, esto es el pilar estatal conformado por Codelco; el pilar de las empresas privadas de la gran minería, conformada por inversionistas nacionales y extranjeros; y los inversionistas privados nacionales de la pequeña y mediana minería”.

Inversiones para Chile
Tras revisar el ranking de este año, Sergio Hernández que “hay algunos elementos que son muy destacados en el informe, como son la infraestructura en el país, que mejora su valoración sustancialmente, y la mano de obra especializada; así como la historia y condición país para el desarrollo minero, que mejoran sustancialmente en el Informe Fraser”.

Además de aseverar que “no obstante este informe, los actuales precios del cobre, y la proyección de la oferta y la demanda, que es favorable a una demanda superior a oferta; más aún, el desequilibrio que va a haber efectivamente por esta razón, como es el precio; y la ausencia de grandes proyectos a nivel mundial en minería, (…) hacen que necesariamente la inversión en Chile se vaya a materializar, porque no existen alternativas suficientes para responder la demanda futura”.

En ese contexto, Manuel Viera hace un “llamado a las autoridades a volver a creer en la minería y aplicar un plan de acción urgente para no seguir perdiendo competitividad, recordemos que en el año 2019 Chile ocupaba el 6to puesto y hemos caído al lugar 30, no debemos quedarnos de brazos cruzados”.
https://www.mch.cl/2021/02/23/el-impacto-del-factor-politico-y-social-en-la-caida-de-chile-en-el-ranking-fraser/

Chile

Caso Pascua Lama, una deuda millonaria y perdonada: acusan que Barrick Gold y el SII estarían involucrados en un caso de colusión

23/02/2021
Caso Pascua Lama, una deuda millonaria y perdonada: acusan que Barrick Gold y el SII estarían involucrados en un caso de colusión
A tres años del fin del proyecto Pascua Lama, se conoció que la empresa Barrick Gold y el Servicio de Impuestos Internos (SII) estarían involucrados en un caso de colusión por devolución anticipada del IVA sin pagar.
Por Angeles Arriagada Saavedra
Una grave denuncia fue realizada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) hacia el SII donde acusan que deliberadamente se está ocultando información de las negociaciones con Barrick Gold, quien fue responsable del desastre Pascua Lama. La institución señala que gracias a una legislación que existe hace mucho tiempo en el país, las empresas, aunque sus proyectos aún no sean aprobados pueden recurrir a una Recuperación del Pago del IVA anticipado; que luego debe ser devuelto hacia el Estado.

Lucio Cuenca, director de OLCA, habló con RESUMEN acerca de cómo funciona este mecanismo: «Dentro de eso está esta reglamentación que permite que los inversores extranjeros, puedan solicitar la devolución del IVA por adelantado, es una normativa que existe desde los años 70, del tiempo de la dictadura y que ha sido modificada en el tiempo pero que se mantiene vigente hasta ahora; a través de esta herramienta el Estado le devuelve dinero a las empresas y eso se compensa luego». Sin embargo, el polémico Pascua Lama nunca llegó a ejecutarse, pues fue clausurado en 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente.

Afirma que el OLCA estuvo desde el principio apoyando a la comunidad en contra de este proyecto, que ya generó daños ambientales importantes en Atacama, para evitar que éste se concretara. Con el cierre ya definitivo de las obras, quedó la duda sobre qué había pasado con esta devolución anticipada, que llevó al director de la institución ambiental a pedir información al Servicio de Impuestos Internos con respecto a qué se había resuelto,y donde, según su relato, se demostraron irregularidades.

Cuenca, también asegura que la deuda de Barrick Gold es mucho más alta de lo que era originalmente: «Barrick desistió de ir a la Corte Suprema, por lo tanto el fallo fue aceptado por la empresa y en ese momento se abre esta arista, de cómo Barrick va a devolver los más de 400 millones de dólares que obtuvo como beneficio de IVA adelantado. Esto comenzó el año 2009, a entregarse este beneficio y duró hasta el 2013, 2014 y en ese tiempo acumularon más de 400 millones de dólares que a estas alturas, aplicando las actualizaciones, según la prensa especializada deberían más de 800 millones de dólares».

También asegura que el SII nunca le quiso brindar la información requerida mediante Ley de Transparencia: «Ellos arguyen que no pueden brindar una información que no tienen y el Ministerio de Economía dice todo lo contrario, esta información la tiene el Servicio de Impuestos Internos, entonces acá hay una contradicción profunda de interpretación y de operación de la ley de Transparencia entre dos ministerios finalmente».

Finalmente, también aseguró que llegaron hasta las últimas consecuencias para saber qué ocurrió entre él SII y Barrick Gold y exponer a los responsables. En el momento de publicada esta nota; OLCA está haciendo una acusación ante el consejo de Transparencia para que se les pueda brindar la información requerida; que fue negada en base a la Ley 20.285, Artículo 13.
https://resumen.cl/articulos/caso-pascua-lama-una-deuda-millonaria-y-perdonada-acusan-que-barrick-gold-y-el-sii-estarian-involucrados-en-un-caso-de-colusion

Chile, Litio

Chile abre arbitraje internacional contra Albemarle por contrato de litio

22/02/2021
Imagen referencial / Foto: Pixabay
Chile inició un proceso de arbitraje contra la estadounidense Albermarle, mayor productora mundial de litio, por incumplimiento de su contrato de explotación en el codiciado Salar de Atacama, informó el domingo un diario local.

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), encargada del contrato, denunció el viernes (19 de febrero) ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) una interpretación incorrecta en la fórmula de cálculo de comisiones que debe pagar la compañía, que en 2020 debían ascender a unos USD 60 millones.

La solicitud busca que la minera cumpla con el contrato suscrito en 2016, en el que se establece un pago de comisiones trimestrales a Corfo por la explotación de litio. Dados los incumplimientos al contrato durante todo 2020, Albemarle ha dejado de pagar a Corfo cerca de USD 15 millones por concepto de menores comisiones, afectando los intereses del país.

El jefe de Corfo, Pablo Terrazas, dijo en una entrevista al medio local El Mercurio que los pagos fueron correctos en los años previos y la diferencia empezó el año pasado.

“No nos cabe la menor duda que vamos a recuperar los USD 15 millones que se han dejado de cumplir en 2020 y esperamos que la empresa recapacite”, señaló Terrazas.

Agregó que buscan que el acuerdo se siga interpretando de buena fe, como en años anteriores y que pague además “los eventuales incumplimientos que pueda haber en el transcurso del juicio”.

La compañía pagó para el año 2020 solamente USD 44.1 millones.

En noviembre, Corfo había avisado a legisladores que preparaba el litigio contra la firma.

En 2018, Corfo y Albemarle estuvieron a punto de enfrentar un conflicto similar pero por otra parte del contrato referida a la asignación de litio para firmas locales de valor agregado.
Fuente: Reuters
https://www.mineria-pa.com/noticias/chile-abre-arbitraje-internacional-contra-albemarle-por-contrato-de-litio/

Chile

El 60% de los relaves abandonados de Chile se concentra en la IV región: Vacío legal impide fiscalización del Sernageomin

Por: Julieta Garagay y Sara Jerez
16/02/2021
En la región de Coquimbo hay 106 depósitos de relaves abandonados. La mayoría fueron construidos en la década de 1980; más de 30 de estos con el método “Aguas Arriba”, ya prohibido para esa fecha. Otros tienen dueños que siguen activos en la minería. El Estado no fiscaliza estos desechos, ni tampoco cuenta con una ley para aquellos catalogados como Pasivos Ambientales Mineros (PAM). Andacollo, Illapel y La Higuera —donde más se concentran residuos— sufren los efectos de la acumulación de relaves, como enfermedades neuronales, respiratorias y una contaminación ambiental irreversible.

Varios cerros arenosos de color café ceniza se amontonan dentro y fuera de Illapel. Para el ojo inexperto pueden parecer parte del paisaje natural, pero no. Son los depósitos mineros de parte de los 106 relaves abandonados que se acumulan en la región de Coquimbo, más de la mitad de los que existen en el país (176 en total). Con 18 depósitos, Illapel está dentro de las tres comunas con más desechos. La supera Andacollo con 36 y le sucede La Higuera, con 15.

Los riesgos de un relave abandonado van desde enfermedades respiratorias y neurológicas en la población que lo circunda hasta la contaminación del agua con metales pesados, altas concentraciones de mercurio en los suelos y zonas saturadas por material particulado, como el caso de Andacollo, que sobrepasa las medidas estándar de PM10 desde 2009.

Alondra Flores, ingeniera civil de la Universidad de Chile, explica: “Los depósitos de relaves de Andacollo y de zonas mineras donde hay muchos de estos abandonados no son como los de hoy, con un muro y lagunas, sino que son montones de tierra. Es decir, hicieron un montón, después abajo pusieron otro y así, como una torta con varios pisos.”

Para el Sernageomin, servicio estatal creado en 1980 y encargado de la supervisión de las faenas mineras, estos depósitos están fuera de su alcance: aunque se ha avanzado en un catastro que los identifica, el organismo no tiene facultades legales para fiscalizar, controlar y/o solicitar la remediación de estos desechos, ya que fueron abandonados en su mayoría en los años 80’s, cuando no se exigían planes de cierre. De acuerdo con la investigación realizada para este reportaje, al menos cinco empresarios responsables de estos residuos siguen operando en otras plantas mineras.

Hasta la década de los 70, los muros de los relaves se podían construir con el método “Aguas Arriba”. El Decreto Supremo N° 86 del Ministerio de Minería de 1970 prohibió este tipo de estructura, debido a la inestabilidad del muro que lo hacía fatal en un país sísmico como Chile. Pero 36 fueron construidos bajo este método después de la fecha de prohibición en la región de Coquimbo. Uno de ellos fue protagonista de un accidente en 1997.

Laureano Cortés tenía 16 años cuando ocurrió el desastre del depósito de relave Tunquén. Vivía en La Yesera, comunidad rodeada de residuos mineros que queda a 25 kilómetros de Illapel y que en 2011 empezó a ser desalojada por una minera. La faena se llamaba El Almendro, y figuran en el Sernageomin como dueños de los tres depósitos abandonados Juan Polo Osses y Juan Polo Dabed. Padre e hijo, el primero profesor —fundador del Liceo Luis Alberto Vera en Illapel— y empresario minero fallecido, el segundo empresario de 39 años. La misma edad de Laureano.

“Yo iba al colegio en Illapel, entonces los viernes subía a mi casa y el domingo bajaba a estudiar. El camino estaba separado, los relaves estaban al lado derecho e izquierdo, a no más de cuarenta, cincuenta metros” recuerda Cortés.

Dos temporales provocados por El Niño cayeron en la zona norte y centro del país después de cuatro años de sequía entre junio y agosto de 1997. El agua arrasó con todo: casas, puentes, animales, relaves. Las quebradas crecieron con fuerza. Laureano quedó aislado durante una semana con su familia en La Yesera, desde donde pudo observar que el relave más grande de la zona —en esa época aún activo— se derrumbaba sobre el estero Aucó.

Relave Tunquén, Illapel. Foto: Julieta Garagay

“Después de la lluvia quedaron colores grises en la tierra y en el agua. Como es mineral pesado, el relave se va al fondo de las quebradas. Así el agua queda limpia por encima, pero la borra queda abajo llena de contaminación” señala el ex poblador de La Yesera.

Hoy los depósitos de relave de la faena Tunquén siguen ahí, deformados con el recuerdo de un temporal que arrasó con gran parte de su estructura. El dueño fallecido nunca fue sancionado y al hijo lo protege el vacío legal que ata de manos al Sernageomin. El estero en verano, sumado a la mega sequía que afecta a la región, es apenas un hilo. Insectos y ranas crecen en medio de colores artificiales y el olor ácido del relave, que aprisiona por ambos costados el curso de agua que, un día de estos, puede volver a crecer.

Relave Tunquén. Foto: Google Earth
Depósitos olvidados

Un depósito de relave es catalogado como abandonado cuando la faena termina sus operaciones sin cumplir con la Ley 20.551. Esta normativa, promulgada en 2011, establece que cada faena debe contar con un Plan de Cierre. En 2004 el D.S. N°132 del Ministerio de Minería ya obligaba la ejecución de esta medida, pero sólo era válida para las plantas operativas.

De los 106 abandonados en la IV región, 60 se encuentran en la provincia del Elqui, 26 en Choapa y 20 en Limarí. El Catastro de Depósitos de Relaves del Sernageomin cuenta con varios nombres de los responsables, pero gran parte de ellos no están vigentes, algunos ya fallecieron o, por otro lado, no hay registros debido a la antigüedad de la faena. La mayoría corresponden a plantas que funcionaron desde 1980 hasta el 2000, cuando eran regulados por el D.S. N° 86 del Ministerio de Minería de 1970.

“Sernageomin no está encargado de la fiscalización y control de los depósitos de relaves abandonados principalmente porque no tienen dueño y sólo fiscaliza faenas operativas. Además, en caso de que la faena fuera abandonada antes de la entrada en vigencia de la ley de 2011, la persona jurídica no tiene por qué cumplir con medidas de cierre debido a que no es retroactiva” menciona Gullibert Novoa, geólogo y Coordinador de Relaves del Departamento de Evaluación de Proyectos del Sernageomin.

El abandono y la acumulación de estos desechos trae consigo riesgos humanos y ambientales. El doctor César Pastén, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la U. de Chile e investigador del AMTC, explica:

“El riesgo es proporcional al tamaño del depósito y al tipo de relave que se almacena. Estos pueden variar desde aquellos relacionados con la estabilidad química, que afectan al medio ambiente y a la salud de las personas por la contaminación; riesgos sociales, porque se convierten en sitios eriazos sin resguardo de las autoridades, y riesgos de estabilidad física, producto de la pérdida de estabilidad que pueden sufrir ante amenazas naturales como terremotos o eventos climáticos”.

La ley 20.551 indica que la empresa responsable debe cumplir con un conjunto de medidas para obtener la estabilidad física y química del lugar. Con esto se impide deformaciones, deslizamientos, infiltraciones de fluidos y la generación de polvo, entre otros. El director de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) Lucio Cuenca, comenta:

“Muchos de estos proyectos se construyeron con una normativa de comienzos de los años 70, que lo único que establecía eran ciertas exigencias para resguardar que los depósitos no se vinieran abajo. Ni en la normativa anterior ni en la actual existen exigencias ambientales”.

Además, según la página web del Sernageomin, “un depósito con capacidad de generación de ácido, que deja de operar pero que reciba agua puede contaminar durante siglos.”

Otro riesgo es el estado de la infraestructura de los depósitos abandonados que depende del tipo de construcción de esta. En 2019, las “Bases para una política nacional de depósitos de relaves” del Ministerio de Minería señala que el método de construcción “Aguas Arriba” es el menos seguro en Chile. Este fue prohibido en 1970 debido al alto riesgo de desestabilización de los muros por oscilaciones sísmicas, ya que los depósitos tenían un muro que se levantaba sobre el material fino del relave, que en caso de un sismo corrían el peligro de licuar, es decir, perder su resistencia y fluir para finalmente colapsar.

La respuesta a una solicitud de Transparencia al Sernageomin confirma que en la IV región existen 36 depósitos de relaves abandonados que fueron construidos con este método, después de la entrada en vigencia del Decreto N° 86 que los prohíbe. El Coordinador de Relaves del Sernageomin desconoce el motivo de los permisos de estas construcciones.

En 2010, tras un reportaje de CNN Chile sobre el peligro de derrumbes que presentan los relaves abandonados, la Cámara de Diputados creó la Comisión Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros existentes en el país. La información recopilada evidenció la cantidad creciente de depósitos abandonados, pero no abordó la situación de los “Aguas Arriba”.

Relaves activos y abandonados en Illapel. Foto: Google Earth.

La comisión identificó 14 Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en Chile, definidos por Sernageomin como “aquella faena minera, abandonada o paralizada, incluyendo sus residuos, que constituye un riesgo significativo para la vida, la salud de las personas o el medio ambiente”. Dos de ellas pertenecen a la región de Coquimbo: Distrito Minero La Higuera y Ex Planta California, que pertenecen a La Higuera e Illapel, respectivamente.

La metodología de clasificación de PAM tuvo origen en los proyectos de cooperación internacionales del Sernageomin con Japón (JICA 2003-2007) y Alemania (BGR 2003 -2008). Estos fueron los primeros trabajos estatales para el desarrollo de un modelo de gestión de depósitos de relaves abandonados.

Aunque su clasificación se utiliza en estudios, reportes e investigaciones hasta del mismo Sernageomin, no existen normativas vigentes para estos en Chile, y el organismo no cuenta con un catastro oficial de ellos más que el realizado en la Comisión Investigadora. Incluso, según Gullibert Novoa: “Para Sernageomin no existe la clasificación de PAM, por lo cual no realiza controles o tratamientos”.
Las tres comunas más afectadas

Andacollo, Illapel y La Higuera son las comunas que más acumulan depósitos abandonados en la IV región. Gran parte de los desechos están dentro del radio urbano, algunos incluso junto a viviendas, colegios o cauces de agua, donde han formado parte del paisaje diario de los habitantes durante décadas. Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo, comenta:

“Andacollo ha vivido siempre con estos relaves, por lo tanto, es algo normal para ellos. De hecho, me cuentan que hace mucho tiempo los niños jugaban a la pelota en estos relaves, hacían pichangas de barrio”.

Daniel Moraga, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá, dedicó ocho años a estudiar sobre los efectos de la minería en la salud de las personas. Con respecto a los relaves abandonados, señala:

“El peligro se asocia a que el agua o el subsuelo, es decir, las napas subterráneas, pueden estar contaminadas con los metales pesados del material que quedó en los relaves mineros. Un relave abandonado, además, sigue siendo un riesgo de salud porque una persona podría consumir alimentos regados con esa agua, o podría ir a ese lugar e inhalar el polvo en suspensión”.

Relave Tunquén, Illapel. Foto: Julieta Garagay

En 2010, un estudio de evaluación de sitios contaminados hecho por el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) de la Universidad de Chile, detectó la presencia de mercurio en los 18 relaves que existen dentro del radio urbano de Andacollo. Los análisis arrojaron que existen algunos puntos con concentraciones superiores a los 10 mg/kg, y la muestra más alta midió 30,34 mg/kg.

Estos resultados fueron comparados con medidas internacionales (por ejemplo, en Canadá se permite un máximo de 7 mg/kg; en Australia, 15 mg/kg; en México, 23 mg/kg), ya que, debido a la ausencia de una medida nacional estandarizada, el estudio no pudo establecer fehacientemente el nivel de riesgo que las concentraciones significan para la salud de la población.

El mercurio, arsénico y plomo, presentes en los relaves, pueden provocar graves daños al sistema nervioso central, asociándose con enfermedades mentales, entre ellas, autismo. La Comisión Investigadora de 2010 también identificó sustancias químicas en aguas superficiales contaminadas por relaves como sulfatos, molibdeno, cobre, níquel, arsénico, manganeso, cadmio y mercurio. La exposición al polvo particulado puede producir, además de problemas respiratorios, problemas en la piel, mucosas, garganta y conjuntivas. Con respecto a un estudio que realizó Moraga entre 2008 y 2011 en Andacollo, el académico comenta:

“Se encontraron daños en dos sistemas (neurológico y neuropsicológico), pero fue más evidente el daño neuropsicológico, que tiene que ver con la parte cognitiva. Secundariamente nosotros encontramos que había una especie de parkinsonismo en Andacollo, ahí teorizamos que los altos niveles de mercurio podrían estar generando esto en las personas”.

En un intento por remediar el daño ambiental y mejorar la situación de relaves en Andacollo, el municipio ha tomado algunas medidas, aunque no se estiman suficientes. Alfaro declara que durante sus 12 años al mando sólo se han podido retirar dos relaves gracias a aportes de la Minera Teck Carmen, ya que el costo es demasiado para los fondos municipales, y aunque el Departamento de Medio Ambiente del municipio se mantiene informado a través del Sernageomin, no cuentan con mayor apoyo de otros organismos estatales.

“El retiro de relaves, por las condiciones que tiene, están en el orden de los millones de dólares, cifras que no son abordables desde un municipio porque los presupuestos municipales son más bajos. Sí o sí se requeriría el aporte de un tercero, en este caso de una empresa que pueda aportar con el retiro de traslado, pero no existe ningún programa de gobierno para retirar relaves, entonces por el momento dependemos de lo que diga la compañía minera” Señala Javiera Cuevas, jefa del Departamento de Medio Ambiente municipal.

En Illapel la situación no es muy distinta. Una investigación hecha por el CENMA en 2012 evidencia que la fuente primaria de contaminación son los relaves. En ese año, la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez ordenó la prohibición de la Planta Hernández, otra de las que figura en el listado del Sernageomin con dos relaves abandonados, debido a las altas concentraciones de mercurio de uno de estos.

Este relave, explica el documento, ha presentado derrumbes que han afectado la quebrada donde se ubica hasta alrededor de 200 metros hacia el río Illapel. Además, en el sitio encontraron indicios claros de una elevada concentración de mercurio, arsénico y cobre, y en menor medida plomo. Los primeros tres superarían por creces cualquier norma internacional.

Diversos expertos declararon en la Comisión Investigadora de 2010, entre ellos el Doctor Andrei Tchernitchin, consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Señaló que elementos como el arsénico y su exposición crónica a niveles no muy altos producen cáncer pulmonar, cáncer a la vejiga y otros cánceres generando alta mortalidad en zonas contaminadas con este elemento.

Para la realización de este reportaje se contactó a los alcaldes de las tres comunas, pero el edil de La Higuera, Yerko Galleguillos, declinó dar su testimonio debido a que no estaba al tanto de la cantidad de relaves de su ciudad. Mientras que el alcalde de Illapel, Denis Cortés, no respondió a los llamados.

Pero Cortés sí declaró en la Comisión Investigadora de 2010: “en 2006 el Plan Regulador fue modificado y prohibió relaves dentro del límite urbano, sin embargos los que existen tienen entre 50 y 60 años y por el crecimiento de la población quedaron dentro de la zona urbana. (…) Terminar una faena minera en una comuna que basa su economía en la minería es perjudicial.”
Los dueños fantasmas

Seis empresarios y empresas mineras se reparten 17 de los 18 relaves abandonados de Illapel, 12 de estos con el método “Aguas Arriba”. Uno es Víctor Nazer, quien tiene cuatro relaves abandonados de la Planta California sin información de la fecha de autorización en el catastro de Sernageomin. La última fiscalización (07-oct-2020) expone que esta se encuentra funcionando, pero está catalogada como irregular operativa. Es decir, la faena está activa pero no tiene resoluciones o inicio de actividades que le permitan hacerlo.

En los últimos años Nazer ha sido un minero prolífico. En 2019 solicitó pertenencias en seis hectáreas y la inscripción y publicación de la manifestación minera La Protegida. En 2020 él y tres hermanos – Víctor Andrés, Sebastián y Daniela – constituyeron la sociedad por acciones Minera El Dorado SpA.

Pasivo ambiental de Nazer (California), Illapel. Foto: Julieta Garagay

Entre los logros de Víctor está que, en 2006, cuando fue consejero del Consejo General de SONAMI en Illapel, le entregaron el premio San Lorenzo, que galardona a las empresas y dirigentes que han aportado a la actividad regional en el rubro. ENAMI también le otorgó el Crédito Sustentación Proveedores Mineros Pequeña Minería en 2015 y 2016, por montos de $546 y $10.018 dólares.

Para conocer si el empresario ha realizado alguna acción en pos de la mitigación de los efectos de estos relaves nos comunicarnos con Víctor Nazer, pero el dueño de estos no brindó ninguna declaración sobre el tema.

Otra de las empresas de la zona es la Sucursal Luis Álvarez Sierra, que tiene cinco depósitos de la Faena Esperanza. En 1985 y 1987 fueron construidos dos de los relaves con el método “Aguas Arriba”. Los otros tres utilizan el mismo modo, pero el Sernageomin no tiene catastrada la fecha de su resolución aprobatoria.

Francisco y Washington, hijos de Luis Álvarez (fallecido en 1993), también son empresarios mineros y transportistas, pero, según afirma el segundo, ninguno de ellos participó de la sociedad responsable de los relaves. Washington Álvarez incluso asegura que solo son dos depósitos abandonados en vez de cinco, contrastando con la información que sostiene el Sernageomin.

“Yo tengo claro que lo nuestro son dos relaves: uno al final de la calle Argentina en Illapel, y otro en la quebrada Los Azules, que queda en el Fundo Plan de Hornos. Yo sé lo que mi padre tenía, así que no sé de dónde sacan el resto”.

La interpelación que Álvarez hace a los registros oficiales del Estado no queda allí. En 2017, según cuenta, instaló un trapiche de molienda de oro y solicitó autorización para un tranque de relaves que construiría allí mismo, pero no fue aprobado, por lo que el trapiche no fue puesto en funcionamiento. Sin embargo, la instalación, que nunca existió, aparece en los catastros como fiscalizado en las visitas que hace el Sernageomin.

Francisco Álvarez, en tanto, formó en 1999 la Minera y Comercial Curamávida Limitada junto a otras 21 personas, entre ellos Víctor Nazer y Gerardo Toro. Este último es otro dueño de relaves abandonados que figuró en el catastro del Sernageomin de 2019, pero en 2020 pasó a “inactivo”.

Entre 2015 y 2017, ENAMI les otorgó a Washington y Francisco el Crédito Sustentación Proveedores Mineros Pequeña Minería por valores que fluctuaron entre $695 y $51.109 dólares. En ese mismo periodo, los hermanos fueron parte del directorio de la Asociación Gremial Minera de Illapel: Washington fue electo secretario y Francisco tesorero.

Desde 2020 Washington Álvarez cumple ahí mismo el cargo de Vicepresidente. También fue nombrado Hijo Ilustre en el Aniversario 266 de Illapel, ya que “su pasión arraigada en el seno familiar lo llevan a postergar su desarrollo profesional en pos del rescate de la minería en nuestra zona.”. En cuanto a la posibilidad de remediar el impacto ambiental de los relaves de su padre, Washington afirma:

“No tengo la obligación. Igual nosotros enterramos el relave de Illapel para ocupar ese terreno como estacionamiento, entonces no hay nada más que hacer. En el sector donde está el otro ya no vive gente, así que no veo cuál es el daño que puede provocar, si es pura piedra molida que queda ahí. De todas formas, entre 2010 y 2011 intentamos replantar algunas especies forestales autóctonas, pero con la sequía se secó todo. Antiguamente nadie se preocupaba de estas cosas, ni el gobierno ni los civiles, porque si a uno no le exigen algo, no lo hace.”

18 dueños corresponden a 26 de los 36 depósitos de relaves abandonados en Andacollo, siete de ellos “Aguas Arriba”. Esteban Spasojevic es uno de ellos. El empresario tiene un depósito abandonado de la sociedad “Minera Estom Limitada”, constituida en 1996 junto a su hermano Tomislav. En 2013, según El Calameo (boletín oficial de minería de Elqui) constituyó siete concesiones mineras de explotación. Un listado de personas con patentes impagas en estas concesiones publicado en 2019 repite su nombre en 13 ocasiones.

Mientras tanto, en La Higuera son 9 empresarios que figuran como dueños de los 15 relaves abandonados, 4 de estos “Aguas Arriba”. CEMIN Holding Minero tiene dos relaves aprobados en 1986, pertenecientes a la Planta Chingoles. Fue fundada por Juan Rassmuss, empresario peruano multimillonario, en 1982. Entre 1990 y 2012 a partir de CEMIN, Rassmuss constituye sociedades mineras y de inversiones (Agrícola Batuco Limitada, Inversiones CEMIN SpA, Aguas del Solar S.A, Inmobiliaria Cemin Sociedad Anónima, entre otros) y derechos de aprovechamientos de aguas subterráneas en la comuna de Lampa.

Juan Rassmuss falleció en marzo de 2016. Su hijo único Juan Enrique Rassmuss Raier, uno de los principales accionistas del grupo CAP y presidente del directorio de la Compañía Minera del Pacífico, asumió como presidente del holding (y de una decena de empresas familiares que operan en Chile, Perú, Argentina y Paraguay). En 2019 CEMIN recibió una multa histórica de 5.200 millones por mantener operaciones mineras sin autorización durante seis meses, extrayendo de manera ilícita 1,4 millones de toneladas brutas de material en la región de Valparaíso. No hubo respuesta desde CEMIN.

Relave abandonado en Andacollo (SUC. TOMAS WHITTLE). Foto: Google Earth

Un reportaje de 2020 del medio Mongabay expone que Olympic Peru Inc, empresa petrolera de Rassmuss en la región de Piura en Perú, derramó al menos 23.500 litros de crudo y tuvo 72 emergencias ambientales en 10 años. Además, Zeus ÖL SA, otra de sus empresas petroleras, firmó un contrato con el gobierno de Paraguay en 2016 para la exploración y extracción de hidrocarburos al interior del Parque Nacional Defensores del Chaco, área protegida y patrimonio natural, considerada una de las reservas más grandes de ese país y de las con mayor biodiversidad en Sudamérica.

En total son 53 empresarios y sociedades mineras que registran relaves abandonados en la Región de Coquimbo. No hay registro del resto de los responsables. A pesar de que la mayoría son antiguos, existen cuatro relaves abandonados después de promulgada la ley 20.551: Sociedad Tungsteno Llamuco SpA (constituida en 2015, tiene tres relaves en Salamanca), MARAY S.A (constituida en 2011, tiene un relave en Andacollo), Oscar Manuel Segovia Ortiz (un relave de 2015 en Punitaqui, en 2015 y 2017 fue beneficiado por el Programa de Fomento Minero del Ministerio de Minería) y Minera Alto de Punitaqui (un relave, Ovalle). En abril de 2020 esta última, que produce 12 mil toneladas de cobre fino por año, estuvo en conflicto con la contratista Kabba por la regularización de los sueldos impagos de 180 mineros despedidos en marzo.
El destino final de los relaves

En 2018 fue presentada la nueva Política Nacional de Relaves, la que propone al programa “Adopta un relave”, donde las empresas mineras que quieran empezar una faena pueden apadrinar un depósito abandonado como parte de las compensaciones ambientales. El plan piloto se llevó a cabo en la región de Atacama a fines de ese año, y no obtuvo resultados fructíferos. Cuenca observa en esto otra forma de obtener ganancias más que una medida de mitigación en sí:

“Hay una corriente dentro de la minería: empresas que se están especializando en desarrollar proyectos sobre los relaves antiguos, ya que como las tecnologías no eran tan eficientes, estos mantenían una cantidad importante de mineral de mejor calidad. En el fondo esto es otro proyecto, no una medida de mitigación, ya que es un proceso de extracción minera que necesita agua y otro lugar de depósito de relaves para disponer los desechos que queden. Los relaves no se desaparecen mágicamente”.

Algunas herramientas que pueden ser útiles para el manejo de contaminación por residuos mineros en Chile son el Recurso de Protección y la Demanda por Daño Ambiental que pueden realizarse siempre y cuando se conozca y exista registro del dueño de la faena. Pero para el primero el problema es el plazo de presentación, ya que por la antigüedad de la faena puede considerarse extemporáneos y por lo tanto el recurso no sería acogido.

En cuanto a la Demanda por Daño Ambiental (a partir de la Ley 19.300) el autor del daño solo tiene la obligación de reparar materialmente en el caso de haber actuado maliciosa o negligentemente. Ante este panorama las comunidades se quedan prácticamente sin posibilidades de actuar.

En el caso de los PAM, en 2009 el Ministerio de Minería creó la Política Nacional para la Gestión de Sitios con Presencia de Contaminantes, para identificar y controlar sitios contaminados incluyendo sitios asociados a la explotación de recursos naturales, es decir, extracción minera. Cuatro años más tarde se aprobó la Metodología para la Identificación y Evaluación Preliminar de Suelos Abandonados con Presencia de Contaminantes, aplicada por las Secretarías Regionales del Ministerio de Medio Ambiente.

Tranque El Mauro, Los Vilos. Foto: Agencia Uno

Pero desde la creación de estas políticas hasta hoy, la gran mayoría de depósitos abandonados continúa en ese estado. Lucio Cuenca comenta:

“Lo que pasa es que no hay voluntad política y a veces esto requiere ciertos recursos del estado que normalmente están priorizados para otras cosas. Nadie actúa hasta que ocurra algo, estas preocupaciones afloran porque la naturaleza las hace evidentes. Se avanza en catastrar, monitorear, pero no se dan pasos para hacerse cargo de este problema”.

Juan Dabed, ex dueño de cuatro de los relaves abandonados en Illapel (que no aparecen en el catastro de Sernageomin en 2020, pero sí en 2019) y ex concejal de la comuna, señala que está de acuerdo con el retiro de los desechos, pero para ello necesita mayor apoyo estatal.

“El gobierno quiere que saquemos los relaves, ya, pero ¿Cuál es el terreno en que vamos a depositar? Eso tiene que definirlo el gobierno con el equipamiento, las instalaciones y todo lo que sea necesario para trasladar el relave. Lo segundo es que subsidien ese traslado porque nosotros tenemos claro que hay una obligación moral, pero no legal, entonces nosotros no nos vamos a meter la mano en el bolsillo en un cien por ciento si no nos corresponde”.

Dabed afirma que él, y gran parte del gremio minero de la comuna, tienen disponibilidad para retirar los desechos de sus instalaciones abandonadas, pero las negociaciones que tuvieron cuando él era concejal quedaron inconclusas.

Iván Aguilera, Educador Tradicional Diaguita, conoce la Provincia del Choapa como la palma de su mano. Él, junto a los pobladores de Illapel y de las comunidades aledañas, ha sido testigo del impacto que han tenido los relaves abandonados en la zona. Es por eso que sabe que el valle no soportará mayor intervención minera:

“Un relave es una contaminación a perpetuidad. Un valle que es invadido para depositar desechos mineros es liquidado, sobre todo con los metales involucrados en el procesamiento minero. Considerando la escasa extensión de 90 kilómetros del territorio de mar a cordillera hasta el límite con Argentina, cualquier relave que se ubique en la cuenca la va a poner en riesgo. Al final el principal legado que tenemos del empresariado es el empobrecimiento y las contaminaciones con el aval de los gobiernos de turno y de políticos transversales, o sea, aquí no se escapa nadie”.
https://www.eldesconcierto.cl/medio-ambiente-y-naturaleza/2021/02/16/el-60-de-los-relaves-abandonados-de-chile-se-concentra-en-la-iv-region-vacio-legal-impide-fiscalizacion-del-sernageomin.html

Chile

Servicio de Impuestos Internos (SII) oculta información sobre negociaciones con Barrick Gold

Lucio Cuenca Berger
16/02/2021


La Empresa Minera Barrick Gold contrajo una deuda con el Estado de Chile por devolución anticipada de IVA, la que sería saldada una vez que el proyecto Pascua Lama entrara en operación. Ante la clausura total y definitiva decretada por el Primer Tribunal Ambiental, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), consultó al Servicio de Impuestos Internos (SII) por el estado de la deuda, y el Servicio ha usado resquicios impresentables para no responder, cuestión que fue denunciada al Consejo para la Transparencia.

Si bien el Ministerio de Economía por la vía de una Resolución Exenta autoriza el procedimiento de “recuperación anticipada de IVA”, es la Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos quienes deben ejecutar el procedimiento para reconocer el beneficio y saldar la deuda adquirida. Entre el 2010 y el 2017 el Ministerio de Economía entregó Resoluciones autorizando a Barrick “recuperación anticipada de IVA” en relación a un monto que la empresa declaraba que exportaría cuando comenzara la explotación. Estos montos y plazos fueron modificados a solicitud de la empresa en cuatro oportunidades, partiendo el 2010 por US$ 1.151 millones por exportaciones acreditables hasta el 30 de junio del 2015, y llegando al 2017 a US$ 3.538 millones fijando el plazo para acreditar exportaciones hasta el 31 de Diciembre del 2026.

Este beneficio a Pascua Lama le generó una deuda acumulada con el Estado de Chile, que alcanzaba los US$ 424 millones en Diciembre del 2019, los que actualmente según estimaciones de la prensa especializada, deben bordear los US$ 800 millones, dineros muy necesarios en el marco de la crisis socio sanitaria y ambiental que estamos atravesando. La deuda se pagaría luego de que el proyecto entrara en operación, lo que no ocurrió tras lograrse la clausura definitiva tras las sucesivas irregularidades e ilegalidades monitoreadas y denunciadas por la comunidad. La cobranza de esta deuda millonaria hoy pareciera estar en tierra de nadie, o al menos así da cuenta el modo de operar del Servicio de Impuestos Internos. Según el acuerdo actual, esta cantidad debe ser reembolsado si el proyecto no evidencia exportaciones por el monto autorizado.

El SII fue requerido por Lucio Cuenca, director de OLCA el 15 de octubre del 2020, y recién el 17 de diciembre, luego que ese Servicio solicitara prórroga para responder, lo hizo diciendo desde el área técnica que no disponía de la información y que por eso derivaba al Ministerio de Economía. Sin embargo, el 15 de enero, Economía respondió diciendo que las materias consultadas son de exclusiva competencia del Servicio de Impuestos Internos, el mismo organismo que en documento público se amparó en el artículo 13 de la Ley N° 20.285 que establece que los organismos públicos no se encuentran obligados a entregar información que no poseen.

El Ministerio de Economía fue muy claro en señalar que “cumplo con informar que esta Subsecretaría no cuenta con la información solicitada, toda vez que, el artículo 27 bis1, mencionado en su solicitud, se refiere a recuperación de IVA por adquisición de activo fijo, lo que no es competencia de esta Institución, sino que del Servicio de Impuestos Internos”.

En reciente reportaje de Ciper, se da cuenta de que existirían resoluciones de fines del 2019 del Director del SII Fernando Barraza, que otorgarían cuestionables facilidades a Barrick para eludir el reembolso que la minera debe hacer al Estado de Chile. Exigimos que el SII entregue toda la información solicitada.

Sin duda este tipo de temáticas debe entrar en el debate constituyente para frenar el servilismo absurdo que en nombre de la inversión extranjera pervierte el espíritu de las leyes, fragiliza la institucionalidad y desfalca al Estado.

El autor es Director de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA y actual candidato a constituyente por el distrito 12.

Servicio de Impuestos Internos (SII) oculta información sobre negociaciones con Barrick Gold

Chile, Litio

Los grises del litio (I)

Tomado de: Redacción / LATE
15/02/2021
fuente:https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=245925

Capítulo 1

Por más de medio siglo, la palabra litio sólo se asoció popularmente a un medicamento para tratamientos psiquiátricos. Pero fue en la última década cuando este metal ligero comenzó a asociarse a baterías recargables. Chile es uno de los mayores exportadores del mundo. De aquí sale parte del componente clave para construir autos eléctricos que, probablemente, nunca recorran las calles de este país sudamericano

Este es el primer capítulo de una serie de reportajes sobre el triángulo del litio ubicado entre Argentina, Bolivia y Chile.

El árbol es enorme. Es difícil adivinar su tamaño porque está solo. No hay ningún rastro de vegetación hasta que se pierde la vista en un paisaje en tonos ocres. Es la ventaja que tiene la soledad: no permite comparación. El viento desatado, algo violento, provoca un murmullo en sus ramas frondosas, de donde cuelgan pequeños botones algodonados de color amarillo.

Algarrobo en el Desierto de Atacama. Yasna Mussa.
Cristina Dorador, académica de la Universidad de Antofagasta y doctora en microbiología, se baja de su camioneta y va directo hacia él, como quien se encuentra con un viejo amigo. Lleva sombrero, lentes de sol y la ropa de alguien que sabe habitar el desierto.

—Creo que es un algarrobo—, dice Cristina Dorador mientras revisa las hojas. Luego apunta hacia los vestigios de lo que alguna vez fue una aldea.

—Esta fue una oficina salitrera. Hasta aquí llegaba la gente engañada y debía trabajar todo el día bajo el sol—, agrega frunciendo el ceño con la luz que llega directo hacia su rostro.

En 105.000 kilómetros cuadrados (40.540.73mi²), casi dos veces la superficie de Croacia, se ubica este desierto, el más seco e irradiado del planeta. En el que se inspiraron poetas como Gabriela Mistral. O donde la NASA crea un campamento anual para simular que está en Marte. O donde se han filmado películas como Diarios de Motocicleta, sobre el viaje del Che Guevara. O donde se encuentra ALMA, el mayor proyecto astronómico del mundo. Hasta este rincón de Chile, entre la cordillera de los Andes y la de la Costa llegan— o llegaban antes de la pandemia— turistas, aventureros, empresarios, científicos y trasnacionales mineras.

Cuando comenzó la cuarentena por la Covid-19, en abril de 2020, los turistas desaparecieron, pero la minería siguió funcionando. En esos meses de hoteles vacíos, la gran minería del Cobre aumentó su producción. Y mientras el mundo comenzaba a encerrarse, el país con la mayor reserva de cobre en el planeta conseguía ganancias por US$ 3.990 millones,un 38% más que en mismo período de 2019.

Cristina Dorador cuenta que la relación de esta región con la minería no es nueva. Que al hablar con personas oriundas de la zona, con padres, madres, abuelas y abuelos, casi todos han tenido algún tipo de dependencia laboral con actividades extractivistas. Dice, también, que esa relación ha dejado secuelas, pues aunque parezca lo contrario, las reservas económicas del desierto se agotan.

—Aunque el salitre no se agotó— me dijo Dorador con precisión de científica— sino que siguió estas lógicas de reemplazo. Antes fue el guano, luego el nitrato de sodio, el salitre; después el cobre y ahora el litio. Ahora se habla del hidrógeno verde y al final es lo mismo. Todo se regula respecto a lo que quiere el hemisferio Norte.

Cristina Dorador nació en Antofagasta, una ciudad ubicada entre el desierto y el océano Pacífico, a unos mil 300 kilómetros (800 millas) desde Santiago. Emigró para estudiar y volvió para ejercer en un territorio que aún mantiene viva su capacidad de asombro. Por ejemplo, Cristina Dorador se sorprende de los colores del paisaje como quien observa por primera vez una pintura. Describe con el mismo entusiasmo los contrastes de los cerros, las nubes, el sonido del viento, el árbol solitario o los microorganismos que estudia. Es en su ejercicio cotidiano como científica e investigadora que ha visto las consecuencias del extractivismo en Chile, pues asegura que estas prácticas no involucran la conservación y el cuidado del ambiente, sino más bien realizan trámites administrativos o burocráticos para ejecutar los megaproyectos, como ocurre actualmente con la minería del litio.

—Los salares son sistemas muy frágiles –me dice Dorador sentada en un salón de la Universidad de Antofagasta—Son sitios de alta biodiversidad, por algo muchos están protegidos en reservas o incluso en parques nacionales, pero también está esta paradoja de que son vistos como yacimientos. Son ecosistemas altamente complejos que tienen que ser vistos de esa manera.

La microbióloga explica que Chile lleva la marca de la minería en base al cobre y que ese modelo ha determinado una forma de hacer las cosas en las que cerros completos han desaparecido para ser convertidos en minerales y luego ser exportados.

En el caso del litio— dice Cristina Dorador—se transforma un ecosistema absolutamente.

Ex oficina salitrera en el desierto de Atacama. Yasna Mussa.
Tanto la computadora donde escribo o el teléfono inteligente con el que nos comunicamos funcionan gracias a las baterías de iones de litio. Pero fue el auto eléctrico el que aumentó considerablemente su demanda en los mercados internacionales de los países más ricos de Europa y Asia. Los titulares se apresuran en asegurar que los autos eléctricos son “vitales para combatir el cambio climático”. El mismo día que Tesla anuncia que sus acciones rozan un máximo histórico, otra publicación, en el mismo medio, asegura que el aporte al planeta puede ser gracias a un coche de cuatro ruedas que no depende de gasolina. Una profecía autocumplida.

El 23 de septiembre de 2020, el presidente Sebastián Piñera pronunció un discurso ante la 75º Asamblea General de la ONU, en el que destacó que “la abundancia del cobre y el litio nos otorga un gran potencial en todo lo que se refiere a la electromovilidad”. Sin embargo, este país con un poco más de 18 millones de habitantes, con un salario mínimo de 326.000 pesos — unos U$ 400— y que solo exporta el mineral en bruto, ya que no produce baterías, no vislumbra la llegada de la electromovilidad.

—Acá no va a llegar la electromovilidad, con los grandes problemas sociales que tenemos como país, la gran desigualdad que existe— advierte sería Dorador.

Dice que debemos asumir que somos un país pobre. Dice, también, que la mayoría de la gente gana muy poco dinero y no van a acceder a un auto eléctrico. Que tampoco la electromovilidad cumplirá su objetivo si no cambiamos nuestro estilo de vida y forma de consumir.

La mancha de la dictadura

Son las cuatro de la tarde del primer martes de diciembre en el Ayllu de Solcor, una comunidad ubicada en San Pedro de Atacama. Sonia Ramos sale de su casa rodeada por perros que la siguen batiendo sus colas y nos acompañan a la pequeña parcela que tiene al otro lado del camino. Si hay algo que le preocupa a esta mujer atacameña— 69 años, hablar despacio, gestos suaves— son los salares y el respeto a todo tipo de vida. No cree en el discurso que justifica la intervención a los salares asegurando que lo se extrae no es agua sino salmuera.

—Lo que está diciendo la minería no es lo correcto- dice Sonia Ramos- Para nosotros, desde nuestra cosmovisión, la parina significa agua. Cuando las parinas emigran es porque hay carencia de agua en lugar donde había habitualmente.

Sonía Ramos dice que la ausencia de estas aves rosadas de patas largas y delgadas que habitan el altiplano chileno es un indicador de que las aguas están disminuyendo a pasos agigantados y que por eso no ha parado de trabajar para proteger el salar. Varios hidrólogos de distintos países le han dicho que hay una conexión entre los salares y que la situación en que se encuentran es alarmante. Pero tenemos un Estado- dice- que legalmente no los va ayudar.

Fue precisamente la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), un organismo del Estado chileno encargado de impulsar la actividad productiva nacional, la que entregó el control estratégico del Salar de Atacama. Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, comenzó a gestar un contrato a principios de la décadas de los ‘80 y que una década después le permitiría tener el control de este yacimiento de litio, el más grande del mundo con 2.800 km (1739 millas). El Estado renunció a su rol de fiscalización y regulación, lo que le significó enormes pérdidas, permitiendo que Ponce Lerou se enriqueciera con el negocio minero. Pero esta millonaria fuga de capitales tuvo también otra arista: SQM Salar, la sociedad creada por Ponce Lerou para explotar el litio, protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción en Chile, a través del financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos que salió a la luz a finales de 2014.

Salar de Atacama. Yasna Mussa.
Además de SQM, el resto del litio chileno es explotado por empresas trasnacionales como la estadounidense Albemarle Corporation. Sonia Ramos considera que el extractivismo es el problema, pues necesitan grandes cantidades de agua en una región árida donde la sequía es una constante amenaza. La defensora del desierto, como prefiere denominarse, cree que sus ancestros aprovechaban los recursos sin intervenir al nivel de la gran minería.

—Ojalá antes de partir de la tierra pueda demostrar que es posible sobrevivir en el desierto con una economía sana

—Algunos dicen que el salar ya está perdido. ¿Usted no lo cree?

—No. No. Es una promesa que no se va a perder— dice segura Sonia Ramos

Apenas termina de responder una ráfaga impone silencio. Los árboles se sacuden por unos segundos.

—Aplaudieron, ¿se da cuenta? — dice en un tono cómplice— son los ancestros que aplaudieron

¿Quién decide?

El salar al que Sonia Ramos dedica su trabajo es la cuna de la cultura Licanantay, un pueblo indígena que habita lo que hoy se conoce como Atacama, según el nombre que los españoles entregaron a esta región. Su lengua principal fue el cunza, que predominó hasta fines del siglo XVII, y obligó a que los colonos necesitaran intérpretes en sus visitas a los Ayllus, lo que en la actualidad se entiende como comunidades y que en su origen respondía a la organización familiar de estos pueblos indígenas andinos. San Pedro, Toconao, Soncor, Socaire y Peine, son algunas de las aldeas, pequeños oasis alrededor del gran Salar de Atacama.

Cristina Dorador comparte la preocupación con Sonia Ramos. A la científica le inquieta que la extracción de la salmuera se realice sin una previa investigación de los salares y las empresas mineras tomen decisiones que no se basan en la ciencia, sin suficiente evidencia. Los estudios de impacto ambiental son otro tema de controversia, pues en muchos casos existen conflictos de interés entre las consultoras que hacen estos informes y las compañías mineras, quienes tampoco transparentan toda la información.

—La legislación chilena no da el ancho para estudiar ambientes extremos como son los salares, desde el punto de vista ambiental— dice Dorador.

La particular geografía de Chile recorre unos 4 mil 200 kilómetros (2.609 millas) de largo. Si en Europa puedes recorrer 8 países en 2 mil kilómetros (1240 millas), en este país latinoamericano llegarías apenas a la mitad de su territorio. Las grandes distancias, pero sobre todo su forma de gobernar, lo han posicionado como el país más centralista de América Latina, recibiendo constantes llamados de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, para que adopte una perspectiva regional de desarrollo y aplique políticas de descentralización.

Quienes habitan estos territorios asumen las decisiones que se toman en Santiago, la capital, a unas 22 horas de distancia viajando por tierra desde San Pedro de Atacama. La comunidad local, los pueblos indígenas o los líderes comunitarios no participan de manera vinculante o concreta en la toma de decisiones sobre su entorno.

—La participación ciudadana es un simulacro—me dice Dorador.

Chile tuvo la oportunidad de revertir estas políticas. El Acuerdo de Escazú, el primer gran tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe, fue firmado en 2018 por 22 países. Promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el convenio fue impulsado por Costa Rica y Chile, después de años de negociaciones. Pero en un giro que las comunidades y organizaciones ambientales no logran entender, el gobierno de Sebastián Piñera rechazó firmarlo.

El acuerdo tiene un gran objetivo: garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. Es decir, si en las últimas tres décadas hubiese existido un acuerdo con las características de Escazú, quizá la empresa minera canadiense Kinross no hubiese secado por completo las 70 hectareas que comprendían los humedales del Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa. O no se hubiese autorizado el proyecto de oro y plata de Salares Norte, de la minera sudafricana Gold Fields, que implicó la relocalización de una colonia de 25 chinchillas, una especie en peligro crítico de extinción, y en cuyo traslado murieron dos y otra quedó herida. O quizás, la minera Collahuasi no hubiese secado el Salar de Michincha, ni La Escondida el Salar de Punta Negra. O incluso, al Salar de Coposa no le hubieran metido tuberías por debajo, obligando a regar los bofedales -lagunas altiplánicas- con manguera. Incluso, es probable, que la minera Cerro Colorado no hubiese provocado que entre los años 2000 y 2005 se secaran bofedales, una laguna y vertientes por causa de la extracción de agua. Si Chile hubiese firmado Escazú quizá impediría que el Salar de Atacama se seque por completo a causa de la extracción del litio y que esto provoque la muerte lenta de los ecosistemas y biodiversidad que habitan en él.

Costra de Sal en el Salar de Atacama. Yasna Mussa
Todos los colores del litio

Cuando la exportación del litio se posicionó como una de las más importantes para la economía chilena, la prensa lo celebró. Unos años después, a medida que las prácticas mineras han provocado un daño evidente e irreversible en los ecosistemas y a las fuentes acuíferas y en el ambiente y en las comunidades, algunos medios denunciaron. “La guerra por el agua”, es uno de los titulares que más se repite cuando se habla de los conflictos socio ambientales en esta zona del norte chileno. Una imagen que supone dos bandos. Dos opciones. El bien contra el mal. Pero en este lugar de clima y condiciones extremas se imponen los matices. El litio no es solo “el oro blanco”. El más ligero de los metales también tiene grises.

Jorge Muñoz Coka dice que la situación es compleja. Que para entenderla hay que estar aquí. El presidente de la comunidad atacameña de Solcor llegó a San Pedro hace 10 años. Aunque su familia es originaria de este pueblo y siempre mantuvo el vínculo, él se crió en la ciudad.

Son las nueve de la mañana en San Pedro, pero el sol pica como si fuese mediodía. Jorge Muñoz Coka- delgado, piel bronceada, cabello azabache bajo los hombros- está parado frente a una casa tradicional atacameña, construida con adobe, piedra, paja, madera de chañar y algarrobo. Los muros color tierra, la puerta calipso como cielo.

—Cuando llegué a San Pedro aprendí a conocer con las manos. A meter las manos en la tierra, a construir en barro, en adobe. También aprendí agricultura— dice distraído por un gato famélico al que ha olvidado alimentar.

Jorge Muñoz Coka también es miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL), un espacio diverso compuesto por profesionales y activistas que promueven la defensa de los salares y humedales de Argentina, Bolivia y Chile. Esta década de descubrimientos ha sido muy importante en su vida porque le ha permitido volver a sus raíces.

En su rol como miembro de la Asociación de Regantes ha podido desmitificar la llamada “guerra por el agua”. Aunque reconoce que las mineras tienen responsabilidad, pues al intervenir el Salar de Atacama altera el equilibrio de la cuenca, ya que se extraen casi 2 mil litros por segundo. La región lleva sosteniendo una sequía y aún hay personas que no tienen acceso al agua potable.

Chile es el único país en el planeta que ha privatizado legalmente el agua. La Constitución actual trata a este elemento como un bien privado, lo que ha provocado una crisis hídrica que tiene al país enfrentando la emergencia climática en condiciones de mayor vulnerabilidad. Pero la única excepción está aquí: todos los miembros de la Asociación de Regantes son los dueños del agua. Aunque sólo los propietarios de predios y parcelas tienen derecho a voto, entre todos deciden cómo administrar.

—Ha sido bastante beneficioso porque es una voz colectiva y ha podido proteger un poco más el agua—, dice Jorge Muñoz. Y explica que ese espacio es uno de los rasgos más culturales que tienen en la zona porque allí se mezclan tradiciones, como la limpieza de los canales; los rituales y pueden observar los beneficios del riego para el cultivo del maíz.

—Si la agricultura no existiera acá, nosotros estaríamos bastante perdidos—dice Jorge Muñoz Coka.

Jorge Muñoz Coka, presidente de la comunidad atacameña de Solcor.Yasna Mussa.
El presidente de la comunidad de Solcor cree que un punto de quiebre importante fue la creación de la Ley Indígena en 1993. Establecida en medio de la transición a la democracia, a juicio de Muñoz Coka—y también de Sonia Ramos— la normativa dejó fuera muchos aspectos culturales. Se garantizaron beneficios, pero se ignoraron tradiciones, visiones del mundo, organización y representatividad. Para decir que son indígenas en los papeles, dice también Muñoz Coka. Y lo resume en una anécdota:

—Un vecino me contó que cuando se creó la ley mi abuela le dijo: oiga, ¡ahora somos indígenas! Antes, éramos todos atacameños, pero a partir de eso se generó una nueva identidad.

La Carta Magna, redactada bajo la dictadura, no reconoce a los pueblos originarios de Chile. Pinochet impuso la idea de que el país tenía solo una identidad homogénea, por lo que la ley de 1993 intentó remediar en parte esa situación. El 25 de octubre de 2020 Chile aprobó con casi un 80% la posibilidad de escribir una nueva Constitución, la que será redactada por un órgano elegido a través del voto y que cuenta con escaños reservados para los pueblos indígenas.

—El Estado de Chile es muy inteligente para dividir-—me dirá después Sonia Ramos— La visión que yo manejo ancestralmente es de pueblo. La visión que existe en este momento es de comunidad. Pero comunidad significa división, significa un espacio dentro de un territorio y lo que ha pasado, es que el hombre empezó a ver por su territorio, pero no por su pueblo. El Estado de Chile fue súper hábil en ese aspecto porque logró dividirnos.

El tono de Sonia Ramos no cambia en ningún momento. Es dulce incluso cuando describe recuerdos tristes o dolorosos. Como cuando algunas comunidades han quedado sin recursos y desprovistas de todo, mientras pequeños poblados han conseguido el poder luego de negociar con mineras a cambio de grandes sumas de dinero.

Sonia Ramos recorrió esta geografía de la mano de su abuela. En sus recuerdos de infancia se cuela la historia de su pueblo transmitida por generaciones. Cuando comían huevos de parinas con la tranquilidad de que esto no afectaría el equilibrio en el salar, pues a los pocos días el ave rosada pondría otro en su lugar.

—Ese es el conocimiento que manejaban nuestros ancestros y que ahora entran en disputa cuando solo hablan desde Occidente, sin conocer el territorio— dice.

Pequeño oasis en la carretera del desierto de Atacama. Yasna Mussa.
¡No queda nada!

Ingrid Garcés está acostumbrada a ser la excepción. Estudió Ingeniería Civil Química en la Universidad de Antofagasta en una época en que no era común que las mujeres fueran al aula y mucho menos para estudiar ingeniería. De las cuatro que entraron, ella fue la única en terminar la carrera a tiempo. Comenzó su camino como académica en el Departamento de Ingeniería Química y Procesos Minerales hace más de 40 años, cuando su juventud y carácter también llamaban la atención. En su área, es la única que se ha interesado de manera tan cercana en los salares y en la industria del litio desde una mirada crítica hacia la minería. A causa de ese compromiso decidió unirse a OPSAL Los demás miembros de la organización la mantienen informada desde San Pedro, ubicado a unas 5 horas en auto desde Antofagasta, aun cuando Ingrid Garcés es la única del grupo que se resiste a usar WhatsApp.

—Ellos la están pasando sumamente mal. Como están un poquito aislados del resto de la gente se cree que está muy bien y no es así— dice Ingrid Garcés, describiendo la situación de San Pedro de Atacama en medio de la pandemia de la Covid-19 — Esa es la realidad. Están viviendo una gran sequía. Entonces yo creo que aquí no hay conciencia real del tema del recurso hídrico o de cómo está afectando enormemente.

Garcés asegura que esto se debe a que se han extraído grandes volúmenes de agua, olvidando a las 18 comunidades aledañas al Salar de Atacama. Tiene la voz enérgica y dice frases directas sin perder su gesto amable. Insiste en que la sustentabilidad es también no abandonar a las personas.

—Solamente hemos extraído el recurso mineralógico, pero lo que queda en el mismo suelo y lo que comparten las comunidades es nada. ¡No queda nada!— dice con espanto.

Fue en un viaje hacia Arica cuando Ingid comenzó a mirar el desierto de una manera distinta. Aunque nació en el norte de Chile, fue durante ese recorrido acompañando a una colega que tomaba muestras para una investigación, cuando comenzó a encantarse con estos depósitos evaporíticos sobre los que hasta esa fecha, en 1984, no habían muchos estudios.

—Tuve la posibilidad de ver que los salares son un ecosistema vivo. No solo con mirar el recurso natural sino que también tienen recursos: por un lado el agua, que es la que le da la vida. Por otro, la biodiversidad que está a su alrededor y, por supuesto, prestan servicio a las personas.

La minería del litio ha generado grandes impactos en el Salar de Atacama, sobre todo en su borde Este, que es la zona más sensible. Ingrid Garcés dice que es ahí donde están los humedales que viven del agua dulce y no del agua salina, pues dan el sustento a la biodiversidad. Por efecto del bombeo los distintos niveles se contaminan y al disminuir el agua dulce, los humedales se secan. Como en un efecto dominó se rompe la cadena y disminuye la fauna, la flora y la población que depende de todos los factores anteriores.

Es una tarde nublada en Antofagasta. De lejos se ve el puerto, desde donde saldrán toneladas de litio. En Europa, al otro lado del mundo, Noruega acaba de anunciar que es el primer país en superar el 50 por ciento de autos eléctricos vendidos. Ingrid Garcés no conduce, pues prefiere el transporte público. Tampoco imagina un auto eléctrico andando por esta ciudad.

Carretera hacia el Paso de Jama, Desierto de Atacama. Yasna Mussa.

[Capítulo I] Los grises del litio

Chile

Se realiza consulta indígena por elaboración de Normas Secundarias para protección del río Huasco

“En el anteproyecto se han definido 17 áreas de vigilancia, lo que quiere decir, que los parámetros normados serán monitoreados en esas 17 zonas cumpliendo con los valores límites definidos”, indicó Guillermo Ready, seremi del Medio Ambiente.
Sustentabilidad
16/02/2021
Minería Chilena
En Vallenar y Alto del Carmen serán las reuniones de planificación de la Consulta Indígena, donde serán invitadas las comunidades que habitan en el territorio de la provincia de Huasco, en el marco de la elaboración de las Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la protección de las aguas de la Cuenca del Río Huasco.

Se está convocando a participar las personas pertenecientes a los pueblos indígenas que habitan el territorio de la provincia de Huasco, resguardando todas las medidas sanitarias y protocolos de aforo de personas, según lo indicado en el Plan Paso a Paso establecido producto de la pandemia del Covid- 19 que afecta al país.

Guillermo Ready, seremi del Medio Ambiente, destacó que “la idea es que las comunidades indígenas de la Provincia de Huasco participen en el proceso por la importancia que reviste la cuenca del río Huasco, que incluye ecosistemas de gran valor ecológico”.

La autoridad agregó que “en el anteproyecto se han definido 17 áreas de vigilancia, lo que quiere decir, que los parámetros normados serán monitoreados en esas 17 zonas cumpliendo con los valores límites definidos. Las áreas de vigilancia definidas cubren toda la superficie de la cuenca del río Huasco, desde las zonas de cabecera de cuenca o inicio del río en la cordillera, como el río Valeriano o el río Potrerillos, hasta su desembocadura en Huasco”.

Las reuniones de planificación para la consulta indígenas ya fueron agendadas y programadas de la siguiente forma en las comunas de Vallenar y Alto del Carmen:

 

Chile

La elusión tributaria de las mineras extranjeras en Chile: Un caso ejemplar de evasión sistemática y permanente

¿Cómo es posible que hayan sacado de nuestro país el equivalente de US$ 900 mil millones, y hayan pagado impuesto por solo US$ 29,030 millones? Este escándalo, del que los grandes medios de comunicación chilenos no hablan, es posible gracias a los subterfugios evasivos y elusivos que utilizan las mineras extranjeras, que nuestros gobernantes han permitido y siguen permitiendo
14/02/2021
Por Julián Alcayaga Olivares

En la columna anterior, titulada «La extraordinaria importancia del cobre para Chile», sostuvimos, con base en estadísticas oficiales, que entre 1990 y 2019, las mineras extranjeras han exportado la friolera de 85,818 t del equivalente de cobre fino, lo que al precio promedio de los últimos meses (3 dólares la libra) equivale a alrededor de US$ 567,760 millones. Pero esa es la exportación declarada por las mismas empresas, la exportación real debe ser, por lo menos, entre un 20 y un 25% superior a la cifra oficial, lo que daría que la exportación de cobre por parte de las mineras extranjeras alcanzaría las 100 mil toneladas y su valor debería superar de US$ 680,000 millones, a lo cual habría que agregar un 30% más por el oro, la plata, el molibdeno, el renio, cobalto, etc., contenido en la exportación de concentrados de cobre, lo que, sumando todo, nos arroja que las mineras extranjeras se han llevado de nuestro país alrededor de 900,000 millones de dólares. Mientras que, según informes oficiales, desde 1990 a 2019, la tributación a la renta (ganancias, beneficios, utilidades), más el impuesto específico a la minería conocido como royalty, ha sido solo de US$ 29,030 millones.

¿Cómo es posible que hayan sacado de nuestro país el equivalente de US$ 900 mil millones, y hayan pagado impuesto por solo US$ 29,030 millones? Este escándalo, del que los grandes medios de comunicación chilenos no hablan, es posible gracias a los subterfugios evasivos y elusivos que utilizan las mineras extranjeras, que nuestros gobernantes han permitido y siguen permitiendo; evasión, sobre la que ahora daremos un poco más de detalles.

El exceso de endeudamiento con financieras relacionadas
El largo ciclo de elusión y evasión tributaria por parte de las mineras extranjeras y, en general, de todas las empresas foráneas que operan en Chile, comienza desde el momento en que se realiza la inversión inicial. Posteriormente, a la nueva inversión ya no se le puede llamar inversión, puesto que la empresa minera «chilena», que la casa matriz ha creado con la inversión inicial, es la que solicita préstamos para financiar la explotación del yacimiento, pero esos préstamos los recibe de una filial financiera de la casa matriz y se domicilian en paraísos fiscales ubicados en islas del Caribe, como las Bahamas, las Bermudas o las Islas Vírgenes. Estos créditos con financieras relacionadas son entre 3 y 4 veces superiores al capital o patrimonio de las mineras «chilenas».

Invertir en Chile con préstamos de financieras relacionadas tiene un triple objetivo económico: a) aumentan considerablemente los gastos de la mineras en el país, por cuanto pagan intereses y comisiones financieras muy superiores a los del mercado; b) las financieras relacionadas que reciben los intereses desde Chile, tampoco pagan impuestos por dichos réditos en los paraísos tributarios donde se domicilian; c) pagan en Chile solamente 4% de impuesto adicional por los intereses, en lugar de 35% a las ganancias si la inversión fuera directa.

En la mayoría de estas empresas, los gastos financieros representan más del 20% de los costos totales, y cerca del 15% de sus ingresos por ventas. Estos abultados gastos financieros se explican por qué ello constituye una transferencia de utilidades en forma de intereses hacia las financieras relacionadas, domiciliadas en paraísos fiscales, mientras que en Chile este «gasto extraordinario» sirve para disminuir o hacer desaparecer las utilidades con el objetivo de no pagar impuesto a la renta o ganancias en Chile.

Sería muy fácil terminar con esta evasión-elusión tributaria si: a) se establece un límite a los créditos igual al 25% de los aportes de capital materializados, como es el caso en todos los países desarrollados; b) si el impuesto a los intereses se establece en 20%, en vez de 4%.

Estas medidas tributarias son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero ningún presidente ha querido hacerla porque esta evasión-elusión, también beneficia a los grandes empresarios nacionales.

Los precios de transferencia
Se llama así a los precios de compra y venta entre empresas relacionadas que, al ser diferentes a los del mercado, permiten el traspaso de utilidades entre ellas. Por ejemplo, una empresa minera «chilena» (establecida en Chile, pero de capitales foráneos) vende en el extranjero su producción a una firma comercial o a una fundición de una compañía relacionada, a precios inferiores a los del mercado. La minera chilena disminuye sus ingresos y, consecuentemente, sus utilidades, para no pagar el impuesto a la renta en Chile, y la empresa relacionada que compró el cobre a menor valor, percibe «comercialmente» las utilidades que le ha transferido y perdido la empresa «chilena».

La mayor parte de las exportaciones de las mineras extranjeras se efectúa en forma de concentrados, que no es otra cosa que el mineral y la piedra molidos en forma muy fina, concentrado que contiene cobre, molibdeno, oro, plata, renio, cobalto y otros metales, además de azufre con el cual se produce el ácido sulfúrico. Los precios de transferencia se van creando por etapas.

El concentrado es embarcado en una nave que, por lo general, pertenece a una empresa relacionada y se le pagan fletes mayores que el valor de mercado, con el fin de transferir utilidades a dicha empresa, cargando de mayores gastos a la minera «chilena». Los seguros por el transporte también son de una empresa relacionada, así como la que funde, refina y comercializa el cobre, y a todas se les paga precios por sobre el mercado para traspasarles utilidades mediante actos de comercio, lo que permite que, al final del camino, el precio que percibe la minera chilena por el cobre refinado que contenía el concentrado sea muy inferior al valor de mercado. De esta manera las ganancias o utilidades de la minera «chilena», disminuyen considerablemente con el objetivo de no pagar impuestos en Chile.

Esta operación también funciona en sentido inverso: la minera «chilena» compra bienes de capital, nuevos o usados, a empresas relacionadas domiciliadas también en paraísos tributarios —a precios muy superiores al mercado—, con lo cual sobrecarga sus gastos, lo que le permite presentar balances con pérdidas y, de esa manera, no pagar impuestos, mientras la empresa relacionada en el exterior aumenta sus utilidades, pero tampoco paga impuestos porque está domiciliada en un paraíso tributario.

Fuera de los elevados cargos de tratamiento del concentrado, que disminuyen el precio del metal fino, existe otra forma más directa de evasión tributaria que consiste en declarar leyes de concentrados (contenido metálico de cobre, oro, plata, etc.) inferiores a los reales o ni siquiera declararlas, como el molibdeno o el azufre contenido en el concentrado. Para justificar este tipo de evasión, las autoridades dan una explicación escandalosa: que el Servicio Nacional de Aduanas no cuenta con los medios técnicos y el personal suficiente para fiscalizar todos los embarques. Es decir, nuestros gobernantes no quieren gastar 1,000 en más personal y medios técnicos para Aduanas y, por ello, el Estado pierde 1,000,000.

Conviene graficar esta situación con el siguiente hecho. Los pequeños mineros chilenos, que muelen y concentran sus minerales en trapiches concebidos y fabricados enteramente por artesanos nacionales, logran vender a Enami1 concentrados con «leyes» superiores al 40%, más el oro y la plata; mientras que las transnacionales mineras, con sus plantas concentradoras importadas en su totalidad, y que cuentan con la más avanzada tecnología de concentración del mundo, declaran, sin embargo, leyes que raramente alcanzan el 33% de cobre fino, negando la presencia de otros metales preciosos. ¿Alguien puede creer que los pequeños mineros puedan obtener mejores leyes en sus concentrados que las poderosas transnacionales mineras?

Si las mineras extranjeras envían concentrados que apenas sobrepasan el 30%, solo puede deberse a que están evadiendo sus obligaciones tributarias, amparados en el hecho de que el Servicio de Aduanas no cuenta con los medios necesarios para fiscalizar las exportaciones de concentrado, de madera, etc. Para solucionar esta falta de personal y medios, Aduanas ha contratado empresas privadas externas, para realizar la fiscalización de las exportaciones de concentrado. Nótese, que la labor esencial de Aduanas es la fiscalización de las exportaciones, pero ahora esa labor la realiza una empresa privada.

Además, para asegurarse de que no existan diferencias en las leyes de los concentrados, las empresas contratadas por Aduanas para realizar los análisis tanto del pesaje como el contenido metálico del concentrado también prestan servicios a las mismas mineras que tienen que fiscalizar, y algunas de ellas son incluso filiales de las mismas mineras extranjeras. ¿Cómo podría el empleado fiscalizar a su empleador? Todo esto parece mentira, pero es nuestra triste realidad. Es por ello, que las exportaciones oficiales son muy inferiores a las reales.

Pérdidas en los mercados de futuro
Cuando el cobre alcanza altos precios en el mercado internacional —como ocurrió en 1995, 2006 o 2011—, estas artimañas para evadir impuestos ya no son suficientes y, en ese caso, las empresas extranjeras recurren a un método aún más fraudulento para declarar pérdidas en Chile. Esta modalidad consiste en tener pérdidas en los mercados de futuro del cobre.

La mayor parte del cobre se comercializa en forma directa, mediante contratos entre productores y compradores. Pero los excedentes de producción que no han sido vendidos a través de contratos directos se transan en las bolsas de metales. La más antigua y la principal de ellas es la Bolsa de Metales de Londres (BML). Estas instituciones cuentan con bodegas de almacenamiento, y la variación de las existencias (o stocks) es uno de los factores de mayor influencia en el precio de los metales. El cobre, como también el oro, la plata y otros minerales, constituyen lo que se denomina commodity, es decir, un bien con características estándares, sujeto a transacciones comerciales.

Pese a que en las bolsas de metales se transa menos del 10% del cobre que se comercializa en el mundo, son ellas, y principalmente la de Londres, las que determinan el precio del cobre en que se harán las transacciones directas entre productores y compradores. En las bolsas no solo se transa al contado, con el precio del día, sino también con precios a futuro, a tres meses o más. Los mercados de futuro del cobre son transacciones financieras, cuya base son los intercambios de papeles que representan una cierta cantidad de cobre u otro metal, a un precio determinado en una fecha dada. Al momento de vencer el plazo del contrato, las partes no ejecutan lo pactado, en el sentido de entregar físicamente el cobre, sino que se paga o se recibe solamente las diferencias entre el precio predeterminado entre las partes y el existente en la fecha de vencimiento del contrato. Por esta razón, en los mercados de futuro del cobre se transan, en un año, decenas de veces más toneladas del metal que las producidas efectivamente en el mundo.

El mercado a futuro del cobre no es otra cosa que una especulación a la que recurren las empresas mineras con el pretexto que comprar o vender de ese modo sirve para protegerse de los vaivenes del mercado y así mantener precios estables. Pero esta excusa no se justifica en el caso de las empresas mineras chilenas, ya que carecen de libertad para disponer de sus minerales, por ser filiales de enormes conglomerados metalúrgicos; o debido a que la inversión efectuada en Chile, mediante créditos, deja amarradas las ventas por muchos años. El motivo real para usar los mercados de futuro es otro: trasvasijar las utilidades a empresas relacionadas, cuando el precio del cobre se eleva.

El método es sencillo. Una empresa minera vende a futuro, a precio más bajo que el existente en ese momento, como anticipándose a una probable mayor caída del precio a futuro, pero en realidad, al momento de concretarse la venta a futuro, el precio ha subido considerablemente. La empresa que ha vendido a futuro a un precio inferior no debe entregar la cantidad de cobre comprometido en la venta a futuro, sino que paga solamente la diferencia entre ambos precios. Esto genera una pérdida contable para la minera «chilena», que le sirve para disminuir o hacer desaparecer sus ganancias y no pagar impuesto a la renta, pérdida que se transforma en una utilidad para la empresa extranjera que le compró a futuro y que, necesariamente, debe ser una empresa relacionada con la compañía chilena, pero domiciliada en un paraíso fiscal, así, la ganancia queda siempre dentro del grupo, pero fuera de Chile.

Esta forma de evasión tributaria es tan escandalosa que, desde 1978, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado a los países subdesarrollados que legislen para que las pérdidas en los mercados de futuro no sean deducibles de los resultados de una empresa, pero tales consejos no han sido oídos en Chile, aunque vinieran del Fondo Monetario Internacional.

Otras formas de evasión y elusión tributaria
La mayoría de las compañías extranjeras pasan como gastos diversas asesorías técnicas, jurídicas, de mercado, comisiones, etc., efectuadas por empresas relacionadas o de la casa matriz en el extranjero; asesorías que no son necesarias, o cuya realización efectiva no queda acreditada. De esta manera, nuevamente se trasladan utilidades al extranjero, ahora con la forma de honorarios o comisiones diversas. Peor aún, la mayor parte de estas asesorías han sido eximidas del pago del impuesto adicional a la renta en Chile, regla que no existe para las asesorías efectuadas por ingenieros y otros profesionales chilenos o extranjeros avecindados en el país.

Terminaremos este punto con parte de la exposición del subdirector de Fiscalización del SII, que aparece en la página 66 del Informe de la Comisión Unida del Senado que analizó el Tratado Minero con Argentina, el año 2000.

Sobre el particular, el señor Subdirector de Fiscalización señaló que otro de los factores para la subdeclaración de estas empresas es lo que se denomina «comisiones», que están exentas del impuesto adicional. Las casas matrices, añadió, cobran altos valores por concepto de comisiones por comercialización y por una serie de servicios que les prestan a sus subsidiarias en Chile respecto de sus actividades.

Desgraciadamente toda esta evasión y elusión tributaria puede continuar sin alteraciones, porque ninguno de los actuales candidatos presidenciales siquiera menciona la posibilidad de terminar con esta cuantiosa evasión tributaria, y así poder financiar las promesas de mejoramiento de las condiciones sociales de nuestro pueblo.

Nota
1 Empresa Nacional de Minería, que pertenece al Estado y compra minerales y concentrados a pequeños y medianos mineros.

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Julián Alcayaga Olivares. Chileno, economista de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Moscú, 1966-1972. Posgrado (DESS) de la Universidad de París 1, La Sorbona, París, 1979-1981. Posgrado en el IESTO du CNAM, París, 1981-1982. Licenciado de Derecho, titulado de abogado, Universidad UNIACC, Santiago, Chile, 2006-2011.

Artículo publicado originalmente en W Economía y Política.

La elusión tributaria de las mineras extranjeras en Chile: Un caso ejemplar de evasión sistemática y permanente

Chile, Litio

Gobierno argentino se prepara para intervenir en la «guerra del litio» y alista proyecto para redefinir esquema productivo

Una batalla silenciosa entre empresas extranjeras de más de siete países se libra en el noreste argentino por el denominado «oro blanco», y el Gobierno de Alberto Fernández quiere entrar.
15/02/2021
por Tomás Molina J., Emol
Una guerra silenciosa entre empresas extranjeras de más de siete países se libra desde hace varios años en el noroeste argentino por la extracción del litio, el denominado «oro blanco» de la nueva era.
El esquema sustancial de esta batalla consiste en la explotación de este mineral valioso para la elaboración de baterías, pero el Gobierno de Alberto Fernández está dispuesto a intervenir en este millonario negocio para redefinir la matriz productiva.
El ministro de Producción argentino, Matías Kulfas, ya tiene listo el borrador de un proyecto de ley de electromovilidad que el Gobierno impulsará en marzo en el Congreso para redefinir la industrialización del litio, incorporar los productores de autopartes y fomentar la investigación.
«Tenemos que salir de la discusión dicotómica entre minería sí y minería no, la discusión es cómo implementamos estrategias para tener una minería que permita garantizar la inclusión y que sea sustentable», dijo Kulfas a El Cronista de Argentina.
De esta manera, el ministro remarcó que el proyecto minero del Gobierno hacia el futuro consistirá en que la extracción del litio sea inclusiva para que haya una cadena productiva que involucre a las pymes, que se genere empleo y que las comunidades donde está la minería se desarrollen en su conjunto.
La explotación del litio se despliega hoy en un preciado triangulo conformado en la cordillera de los Andes que une a Argentina, Bolivia y Chile. Allí compiten centenares de compañías de Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Corea del Sur, Italia y China para extraer este mineral que escasea en el mundo entero.
Una dura batalla se despliega allí entre empresarios por la adquisición de zonas de explotación del litio. El empleo por la extracción de este mineral se duplicó en los últimos tres años. A junio del 2020 se registraban más de 4400 empleos directos e indirectos de esta industria minera y Argentina tendría potencial para llevar las exportaciones de litio de los US$190 millones en 2019 a los US$2.101 millones en 2030.
El «oro blanco» resulta esencial para la fabricación de baterías de celulares, computadoras portátiles, autos eléctricos y otras maquinarias de la industria de nuevas tecnologías.
El tema es que la mayoría de los inversores extranjeros se llevan el litio en crudo para producir las baterías en sus países y dejan una mínima parte de regalías en la Argentina.
La industria mundial de baterías a base de litio se produce en el extranjero salvo tres contados casos de empresas Italia, Japón y China que desde hace dos años empezaron a instalar fábricas de batería en Jujuy y Salta, Argentina. Pero el Gobierno del país trasandino quiere hacer de esas excepciones una regla y así impulsa el proyecto de ley de electromovilidad que apunta redefinir todo el esquema productivo del litio en el norte argentino.
Según datos oficiales de ese país, Argentina es en la actualidad el primer destino de exploración de litio en el mundo, el tercer productor y se estima que conforma la tercera reserva mundial de este metal.
Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Argentina se ubica en el cuarto lugar en la producción mundial de litio, por detrás de Australia, Chile y China, con unas 873.000 hectáreas disponibles de explotación.
Cuando iniciaba 2020, el Gobierno argentino había anunciado un plan para impulsar las exportaciones de litio. En ese entonces, Fernández recalcó la necesidad de dólares de exportación para hacer crecer la economía y cumplir con los pagos de bonos, en el marco de los miles de millones de dólares de deuda soberana que mantiene ese país.
Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Economia/2021/02/15/1012264/Gobierno-argentino-litio.html

Chile, Internacional, Litio

Fondos extranjeros se adjudican 75,7% de la subasta de 5 millones de acciones de SQM

Alta presencia foránea en la operación de Pampa Calichera y que totalizó US$253,7 millones, se da en un contexto de alto optimismo por la electromovilidad a nivel internacional.
08/02/2021

(El Mercurio) “No recuerdo una transacción con una participación tan alta de extranjeros”, dice Hugo Rubio, presidente de la corredora de BTG Pactual.
Su firma fue la que estuvo a cargo de coordinar el interés de los distintos tipos de inversionistas en la subasta que se concretó el viernes de 5 millones de acciones de SQM.

Los títulos, puestos a la venta por la sociedad cascada Pampa Calichera, se vendieron a $37.500 cada uno, lo que llevó la operación a un monto total de unos US$253,7 millones.

Justamente, lo que más llamó la atención al mercado fue la alta participación de inversionistas extranjeros, los que se llevaron el 75,65% de las acciones.

Fuentes que conocen de la operación señalan que dos fondos globales, cuyos nombres no fueron revelados, se adjudicaron la mayor parte.

Rubio explica que la alta presencia foránea se debe a que “están más optimistas que los chilenos en SQM y en este sector clave para la electromovilidad”.

Dice además que es un voto de confianza para Chile por el buen manejo de la pandemia y el proceso constitucional. “Los extranjeros ingresaron órdenes a precios más elevados, lo que dice que están más optimistas”, dice.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario] https://digital.elmercurio.com/2021/02/06/B/5L3TS2F3#zoom=page-width
https://www.mch.cl/2021/02/08/fondos-extranjeros-se-adjudican-757-de-la-subasta-de-5-millones-de-acciones-de-sqm/