por Portal Minero, 19/03/2021
Como parte de la visión estratégica de impulsar el desarrollo económico local, la minera realizó un proceso de licitación que priorizó la oferta de servicios de empresas de comunidades locales.

El Abra contrata servicios de empresa de comunidad indígena del Alto El Loa para labor de descarga de ácido sulfúrico
viernes 19 de marzo del 2021.- Luego de un proceso de licitación para adjudicar la labor de descarga de ácido sulfúrico a los estanques de almacenamiento en la faena de Minera El Abra, entre 5 empresas participantes se seleccionó a Transportes Rómulo Sánchez, perteneciente a la comunidad indígena Quechua Cebollar Ascotán, para realizar esta labor a través de un contrato por 36 meses.

Esta empresa cuenta con una dotación de 8 personas para realizar el trabajo, de las cuales 3 son mujeres y una de ella es la primera mujer en El Abra en ocupar el cargo de operadora de descarga. Los proveedores que participaron en la licitación pertenecen a las comunidades de Ascotán y Chiu Chiu.

Marjholyn Sánchez, administradora de contratos de Transporte Rómulo Sánchez, señaló es una oportunidad para “mostrar que somos competitivos respecto de las otras empresas que prestan servicios en Calama, pero que son empresas que vienen de afuera”.

Sánchez destacó que es una iniciativa pionera respecto del trabajo que tienen las empresas mineras con las comunidades y principalmente en Alto El Loa. “Este trabajo que están generando no es tan solo participar en una licitación, sino que es la consecuencia de lo que El Abra ha hecho a lo largo de todo este tiempo, como prepararnos, entregarnos diferentes herramientas que siempre hemos pedido los indígenas”.

Al respecto, Rubén Funes, presidente de Minera El Abra, subrayó que “a través de estos procesos, que priorizan a los proveedores locales, renovamos nuestro compromiso con las comunidades y su desarrollo económico. Consideramos que estas iniciativas de beneficio mutuo entre las necesidades de la compañía y la oferta local, tiene solo consecuencias positivas para salir adelante en este momento económico complejo”.

Desde la minera sostienen que es fundamental promover el desarrollo económico local, ya que se genera un círculo virtuoso entre los requerimientos que hay en las actividades de la faena y los servicios que ofrecen las distintas empresas y pymes de la zona de influencia de la minera.

Entre los pilares estratégicos del desarrollo económico local que fomenta la compañía, está el impulso al desarrollo de proveedores, priorizar las empresas locales, junto con fomentar la contratación local, tanto directamente como a través de proveedores y empresas contratistas.

El Abra contrata servicios de empresa de comunidad indígena de Alto El Loa para labor de descarga de ácido sulfúrico

18/03/2021
Columna de opinión – Pamela Poo_foto
“Tener como solución basada en la naturaleza la protección de los glaciares significa resguardar la seguridad hídrica de la zona central”.

Por Pamela Poo, encargada de Políticas Públicas e Incidencia de Chile Sustentable

El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, planteó que “el planeta está roto” y la necesidad de “hacer las paces con la naturaleza”. Si bien los países buscan de forma multilateral dar solución a la crisis climática y ecológica, dichos intentos no están teniendo buenos resultados, por lo que se requiere que el Estado en lo interno, sin abandonar la esfera internacional, implemente una agenda que se ocupe de la adaptación al cambio climático peligroso, dada la vulnerabilidad que Chile posee.

Es por ello que los glaciares son clave como solución basada en la naturaleza, debido al respaldo hídrico que significa para el país, sobre todo en regiones que no cuentan con parques nacionales y en las que está presente la mega sequía. Si bien el cambio climático genera la pérdida de los glaciares, estos también son impactados por las actividades de la industria minera.

La minería se menciona como una actividad crucial para la carbono neutralidad y es una promesa para seguir exportando cobre, perdiendo la oportunidad de que dicha actividad tuviese como fin un extractivismo sensato y posteriormente indispensable (Gudynas, 2011). Esto implicaría una transformación socioecológica que permita prepararnos para enfrentar los efectos de la crisis, en donde el Estado asuma un rol estratégico en fijar políticas públicas que ayuden a preparar a la población a enfrentar el desafío, para lo cual nos queda solo una década.

Tener como solución basada en la naturaleza la protección de los glaciares significa resguardar la seguridad hídrica de la zona central, en donde tenemos grandes ciudades. Tan solo en la capital tenemos una población de más de 7 millones de habitantes, los que se verían enfrentados a la falta de agua de no contar con el respaldo hídrico que aportan estas grandes masas de agua congelada. El escenario anterior es una amenaza para la población y un grave problema para la institucionalidad, si no se puede proveer de agua en calidad y cantidad, por lo que se requiere urgente la protección de los glaciares, no desde una visión tecnocrática del SEIA, la que hasta ahora es insuficiente.

Las soluciones tecnocráticas tienen límites y es necesario empezar a vislumbrar que la escala de los proyectos y soluciones que se proponen, como desaladoras, embalses y carreteras hídricas, son soluciones fallidas en el tiempo, porque siguen a costa de la naturaleza queriendo dominarla. Por todo esto debemos plantear soluciones reales, que impliquen poder prepararnos, porque está comprobado que acciones preventivas son mucho más efectivas que las curativas, y las soluciones basadas en la naturaleza, son un medio real para poder avanzar en una transformación que permita hacer las paces con la naturaleza y remendar lo que hemos roto.

Protección de glaciares, una solución basada en la naturaleza

Las parte demandante, demandada y terceros coadyuvantes, que en este caso son el CDE, la compañía minera, además, de la Comunidad de Peine y Consejo de Pueblos Atacameños, manifestaron su intención de avanzar en el proceso de conciliación.
12/03/2021
Minería Chilena
Las Bases de Conciliación con 19 medidas relacionadas con la gestión socioambiental y de compensación presentó el Primer Tribunal Ambiental en la audiencia realizada por la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Minera Escondida por los presuntos efectos asociados al descenso del acuífero del Salar de Punta Negra.

Las parte demandante, demandada y terceros coadyuvantes, que en este caso son el CDE, la compañía minera, además, de la Comunidad de Peine y Consejo de Pueblos Atacameños, manifestaron su intención de avanzar en el proceso de conciliación.

En la audiencia, el ministro en ciencias, Marcelo Hernández, detalló el trabajo realizado por el tribunal y explicó cada una de las medidas consideradas, las que ahora deben ser analizadas por las partes.

Primero se efectuó una descripción territorial del área de influencia y se detalló el marco teórico de las bases el que se sustenta, entre otros, por el marco jurídico ambiental, y los principios jurídicos ambientales como el Principio de la Responsabilidad; Principio “El que contamina paga”; Principio Precautorio, Principio Pro Natura, entre otros.

También, dentro del marco teórico, el ministro en ciencias explicó los principios territoriales y el valor e importancia de la biodiversidad sobre la base del Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito y ratificado por el Estado de Chile, así como la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 del Ministerio de Medio Ambiente.

El trabajo realizado por el tribunal busca dar cumplimiento al mandato del artículo 44 de la Ley 20.600 respecto a la indemnidad del daño ambiental, con el fin de que las medidas que se lleven a cabo se hagan cargo de manera efectiva del daño causado.
Demanda

En la demanda, que fue acogida a trámite en abril del año pasado, el CDE estableció que el daño ambiental causado por la minera se funda en siete aspectos: disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo del sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida del hábitat lo que afecta a la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.

Entre los argumentos entregados por el organismo de defensa fiscal está en que se sustenta “por la conducta de la empresa al mantener una extracción permanente y continua de agua fresca subterránea proveniente del acuífero del salar para satisfacer las necesidades de sus faenas mineras entre los años 1990 a 2017”.
https://www.mch.cl/2021/03/12/presentan-bases-de-conciliacion-en-causa-de-demanda-por-dano-ambiental-del-cde-contra-minera-escondida/

Por: El Desconcierto 13/03/2021
Imagen:Terram

La Comunidad Indígena Quechua de Mamiña acusa afectación de su territorio con el desarrollo del proyecto Suministro Hídrico de Cerro Colorado, operada por la trasnacional BHP. A su vez, señalan que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) no reconoce su deber de realizar una consulta a la Comunidad Indígena de Mamiña, previo a otorgar permisos de exploración sobre el patrimonio arqueológico de la Comunidad.

Frente a daños causados por parte de la Minera Cerro Colorado durante los años 2000, y ante la amenaza de un nuevo proyecto de la misma compañía, la Comunidad de Mamiña ha realizado una evaluación arqueológica independiente, la cual asevera que el nuevo proyecto afectará directamente su patrimonio arqueológico y cultural, tras encontrar una gran cantidad de hallazgos y sitios arqueológicos presentes, especialmente en el sector de Guata Guata.

El nuevo proyecto de Minera Cerro Colorado implica la construcción y operación de un sistema de abastecimiento de agua de mar para proveer una futura continuidad operacional. Lamentablemente, ésta solo considera cerca de un tercio de la afectación sobre el patrimonio de la Comunidad de Mamiña.

El estudio elaborado por Comunidad Indígena Quechua de Mamiña tiene abundante detalle, más que los reportes de la propia Minera, y determina que existen tres sectores que se verán mayormente afectados: Guata Guata, Dupliza y Jatuba.

Dicho informe, también señala que existen hallazgos de la época prehispánica, y localiza a lo menos 110 nuevas evidencias adicionales a las que reconoce la minera. Los nuevos hallazgos son materiales muebles como cerámica y restos líticos, así como evidencias inmuebles, tales como despejes, amontonamientos, alineamientos de piedra y geoglifos. La investigación arroja también 23 nuevos rasgos viales que corresponden a rutas troperas y senderos.

La presidenta de la Comunidad Indígena de Mamiña, Gudelia Cautín señala que “uno de los tantos impactos son los geoglifos presentes en nuestro territorio ya que están especialmente expuestos a alteraciones irreversibles, pues se encuentran dentro del área de Influencia Directa, o muy cercanos a ella.”

En este sentido, desde la Comunidad Indígena señalan que la compañía minera ha desestimado los hallazgos del estudio, reconociendo sólo una pequeña área de influencia sobre el Patrimonio Arqueológico, en contradicción con los altos estándares de relacionamiento que dice disponer una Compañía Minera operada por BHP.

Lejos están las declaraciones que dicha compañía ha comunicado sobre sus altos estándares de protección y conservación patrimonial, para preservar no sólo la integridad física de los bienes y paisaje patrimoniales, sino que también aquellos significados y usos que le dan valor, medidos en términos de turismo, educación, significación cultural y científica, etc.

Cabe destacar que ante este grave desconocimiento de la riqueza patrimonial y buscando la protección de sus sitios arqueológicos, la Comunidad de Mamiña envió una carta al Consejo de Monumentos del Estado, organismo estatal encargado de resguardar el patrimonio nacional, no obteniendo aún respuesta alguna.

La dirigente también menciona que “Llama la atención que mientras el Gobierno busca avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios e impulsa proyectos como establecer, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, definiendo feriado legal, el día 24 de junio de cada año, éste no tome medidas preventivas y serias ante el daño irreversible que se podría causar al patrimonio arqueológico de nuestra comunidad indígena.”

Por finalizar, la presidenta reitera que “es de vital importancia que se amplíe el cuidado del patrimonio arqueológico, ya que su deterioro afecta nuestra cultura ancestral, nuestras tradiciones y además de posibles caminos de desarrollo local, al generar un turismo étnico que nos permita entregar una mejor calidad de vida a nuestros comuneros y comuneras, mediante la generación de nuevos empleos.
https://www.eldesconcierto.cl/sociedad-colaborativa/2021/03/13/cerro-colorado-comunidad-indigena-de-mamina-acusa-que-nuevo-proyecto-afectara-de-forma-irreversible-su-patrimonio-arqueologico-y-cultural.html

12/03/2021
Foto: 1TA
El Primer Tribunal Ambiental (1TA) presentó las Bases de Conciliación con 19 medidas relacionadas con la gestión socioambiental y de compensación, en el marco de la a audiencia realizada por la demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra Minera Escondida, por el presunto impacto sobre el acuífero del Salar de Punta Negra.

El Tribunal Ambiental estuvo conformada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente del Tribunal Ambiental), Marcelo Hernández y Óscar Clavería. En la audiencia participaron abogados del Consejo de Defensa del Estado, Minera Escondida y de la Comunidad de Peine y Consejo de Pueblos Atacameños. Los actores manifestaron su intención de avanzar en el proceso de conciliación.

Durante la audiencia, el ministro en Ciencias, Marcelo Hernández, detalló el trabajo realizado por el tribunal y explicó cada una de las medidas consideradas, las que deben ser analizadas por las partes.

Hernández realizó una descripción territorial del área de influencia y especificó el marco teórico de las bases. También explicó los principios territoriales y el valor e importancia de la biodiversidad sobre la base del Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito y ratificado por el Estado de Chile, así como la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 del Ministerio de Medio Ambiente.

El trabajo realizado por el tribunal busca dar cumplimiento al mandato del artículo 44 de la Ley 20.600 respecto a la indemnidad del daño ambiental con el fin de que las medidas que se lleven a cabo se hagan cargo de manera efectiva del daño causado.

Cabe recordar que la demanda fue acogida a trámite en abril de 2020, el CDE determinó que el daño ambiental pasa por: la disminución severa de los niveles del acuífero del salar, lo que compromete su regeneración; el deterioro o menoscabo del sustrato salino; la pérdida total o parcial de los bofedales y su vegetación; la pérdida del ecosistema particular del salar; la modificación o pérdida del hábitat lo que afecta a la fauna; la pérdida de servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.

Chile: Tribunal presenta bases de conciliación por demanda del CDE a Minera Escondida

09/03/2021
La compañía minera realizó al cierre de 2020 una provisión por deterioro de la faena de carbón, ubicada en Magallanes, por US$81 millones, cuyos socios son Copec y el grupo Ultraterra. Esto se suma a una operación similar por US$245 millones hecho en 2019.

Sus últimos días vive el proyecto Mina Invierno, que partiera en 2007 y que pertenece, en partes iguales, a Empresas Copec y al grupo Ultraterra, controladas por las familia Angelini y Von Appen, respectivamente, siendo socios en la sociedad Inversiones Laguna Blanca S.A. Se trata de un proyecto de carbón ubicado en la isla Riesco, perteneciente a la Región de Magallanes.

Aunque la empresa minera ya había efectuado un millonario castigo por deterioro en 2019, que ascendió a US$245 millones, al cierre de 2020 decidió realizar una nueva provisión, esta vez por US$80,9 millones -más otros US$3,5 millones en existencias-, con lo que el castigo total alcanza los US$329,4 millones. Esto se reparte entre los socios, considerando el 50% que tiene la compañía controlada por el grupo Angelini y el 50% de los Von Appen.

Así lo reveló Empresas Copec en sus estados financieros al término del año pasado, donde además explicó que durante dicho ejercicio no solo se tomó la decisión de abandonar definitivamente las actividades, sino también, avanzar en el plan de cierre del yacimiento.

“Al cierre del ejercicio 2020, Inversiones Laguna Blanca S.A. revisó nuevamente la existencia de indicadores de deterioro de sus activos no corrientes y el importe recuperable de inventarios. El resultado de la evaluación determinó un deterioro de US$80,9 millones sobre Propiedades, planta y equipo y un castigo de MUS$ 3,5 sobre existencias”, se publicó en el balance de Empresas Copec.

Todo, mientras la iniciativa avanza en la arista legal, luego que el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, anulara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que autorizó la realización de tronaduras en las faenas, lo que facilita el proceso de extracción del mineral.

“Durante 2020, Inversiones Laguna Blanca S.A. continuó viéndose profundamente perjudicada operacional y económicamente debido a la paralización de sus actividades minero-portuarias y a la falta de ingresos por la ausencia de ventas de carbón, situación que tuvo su origen en la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia de finales de agosto de 2019, que anuló la Resolución de Calificación Ambiental que autorizaba la utilización de tronaduras, como método complementario para la extracción de estéril”, indicó Copec en su balance. Dicho fallo fue recurrido de casación a la Corte Suprema que aún no emite su veredicto.

“Asimismo, se ha continuado con la disminución de la dotación, propia y de terceros, así como de los servicios de terceros. La empresa ha continuado realizando sus mejores esfuerzos para tratar de revertir la sentencia desfavorable del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia mediante la presentación de un recurso de casación en la forma y en el fondo, que ingresó en septiembre de 2019 en contra de la citada sentendurante los primeros meses de 2020 se terminó con la extracción de los remanentes de carbón ya despejado y se realizó el último embarque de carbón a principios de abril de 2020. cia, que será conocido y resuelto por la Corte Suprema de Justicia, el que no ha tenido avances relevantes a la fecha”, complementó Copec.

“En función de lo anterior, se elaboraron los planes de cierre definitivos de las faenas mineras antes señaladas, para adaptar el cierre definitivo de ellas antes del término de su vida útil”, concluyó la compañía respecto a ese punto.

Consultada la empresa, de manera oficial, respondió que “los montos señalados, es decir, US$245 millones en 2019 y US$80,1 millones en 2020, corresponden al deterioro contable reconocido por la sociedad minera, sobre los cuales Empresas Copec registra un 50%, de acuerdo con su participación en dicha inversión”.

Grupo Copec vuelve a reducir inversión en Mina Invierno

La sentencia ordena a la minera y demás demandados presentar ante la Superintendencia del Medio Ambiente un plan de reparación para la ensenada El Asiento, el que debe incluir las acciones y metas de restauración de los componentes dañados.
03/03/2021
Minería Chilena
El Segundo Tribunal Ambiental acogió la demanda por reparación de daño ambiental presentada por la Municipalidad de San Felipe en contra de la empresa Minera Jorge González Ite E.I.R.L, y de Wilson González Ite, Jorge González Ite y Patricia Beiza Fernández, condenándolos a reparar el medio ambiente dañado en el sector denominado ensenada El Asiento, de dicha comuna de la Región de Valparaíso.

“Que, conforme a lo establecido en las consideraciones que anteceden, se concluye que los demandados realizaron labores de extracción de aproximadamente 18.958 m3 de material de enrocado y roca granítica, construcción de caminos y corta de especies nativas, sin contar previamente con un plan de manejo aprobado por la Conaf, en el sector de la ensenada El Asiento, de la comuna de San Felipe, afectando significativamente los componentes ambientales vegetación, suelo, quebrada y fauna de dicho lugar, imputable a su actuar negligente, por lo que procede declarar que han causado daño ambiental y condenarlos a su reparación, como se indica en lo resolutivo”, puntualiza el fallo.

La sentencia ordena a la minera y demás demandados presentar ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) un plan de reparación para la ensenada El Asiento, el que debe incluir las acciones y metas de restauración de los componentes dañados. Para la entrega de este plan, la empresa tiene un plazo de 90 días hábiles que se contarán desde el momento en que la sentencia se encuentre ejecutoriada, es decir que no existan recursos pendientes o una vez que estos sean resueltos.

El Plan deberá contemplar, entre otros aspectos, la caracterización detallada de la zona a restaurar, en términos de superficie y de todo parámetro que permita evaluar la evolución de la restauración de los componentes vegetación, suelo, quebrada y fauna; proponer objetivos e indicadores y un programa de monitoreo asociados a ellos, establecer las metas de restauración y estimar la duración de la implementación de las medidas; y considerar y abordar efectivamente aspectos como la duración de los ciclos de vida de las especies involucradas, la fragmentación de hábitats por barreras en el ecosistema, procesos edáficos y los efectos de la variabilidad ambiental, tales como estacionalidad, El Niño (ENSO), y cambio climático.

La sentencia detalla que la aprobación del plan de reparación se regirá por las reglas establecidas por la institucionalidad ambiental para esos casos, debiendo incluir un pronunciamiento sobre los aspectos técnicos, a lo menos, de la Conaf de Valparaíso, e informes de, a lo menos, la Seremi de Medio Ambiente de Valparaíso y del SAG, así como de todo otro órgano con competencias relevantes al efecto. La fiscalización de su ejecución estará a cargo de la SMA, sin perjuicio de las competencias de otros organismos del Estado.
https://www.mch.cl/2021/03/03/tribunal-ambiental-condena-a-minera-a-reparar-dano-ambiental-causado-en-comuna-de-san-felipe/

Lucio Cuenca Berger
01/03/2021
Se escuchan voces de optimismo y hasta de una especie de satisfacción por el alza en el precio del cobre que ha marcado la pauta noticiosa de los últimos días, pero desde nuestra candidatura es importante señalar algunas cosas que nos llaman mucho la atención y de las cuales necesitamos reflexionar en conjunto.

Según se explicó el pasado lunes 22 de febrero, el precio del cobre estaría alcanzando la barrera de los US$4 la libra (US$3,9 libra, y se calcula llegará en los próximos tres meses sobre los US$4, incluso 5, dicen los más “optimistas”). Los ministros chilenos y diferentes actores del rubro minero extractivista mencionan esto como sumamente positivo para el país, ya que, de acuerdo a los cálculos de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, “por cada centavo que sube el precio del cobre se adicionan unos US$20 millones a los ingresos fiscales”.

Explican que los motivos para esta racha alcista serían el mayor optimismo con respecto al control de la pandemia dado los planes de vacunación, también los estímulos fiscales en Estados Unidos, las presiones inflacionarias, y la evolución del dólar. También la demanda ha sido muy fuerte tanto en China como en mercados occidentales claves. En definitiva, esto quiere decir que el control del precio, tal como se lee en los análisis de los “especialistas”, tiene que ver con las decisiones que se toman en otros lugares como: Estados Unidos, Londres o China.

Siendo Chile un territorio que concentra un 40% del cobre, no tiene mecanismos para el control del precio, ni de la cantidad de cobre y otros minerales que se extraen. Esto ha derivado en un descontrol de la planificación territorial que tiene como consecuencia a territorios devastados. Baste ver Andacollo.

Las supuestas buenas noticias para las arcas fiscales y, en consecuencia para el país, se ven contrastadas por la realidad derivada de la alta concentración de megaminería privada y transnacional que opera en Chile, donde Codelco representa la mínima parte de la extracción. Tanto así que los años 2018 y 2019 el aporte y participación de la minería en los ingresos fiscales fue tan solo del 6%.

Desde nuestra perspectiva socioambiental por un buen vivir, pensamos que debemos ir más allá y no quedarse en estos cálculos macroeconómicos que no logran captar lo que ocurre con la minería que solo consigue contratar a menos del 1% de la fuerza laboral del país. Debemos entender que son “recursos” no renovables, minerales que requieren de muchos químicos para su explotación (lo que deriva de contaminación de los territorios), y sobre todo, energía y agua. Esto quiere decir, que para seguir creciendo en estos términos del “falso desarrollo”, Chile debe continuar ampliando su oferta energética para abastecer la mayor cantidad de proyectos mineros, pero también agotando la poca agua que va quedando en los territorios. Esto presiona territorios en distintas partes del país tanto por el vital elemento como por la defensa territorial.

Por eso, nuestra invitación es a pensar en otro país posible. En otro modelo lejos del extractivismo que ponga en cuestión esta política entreguista de minerales que se transan en Londres y que no controlamos, pues pensamos que la economía debe estar al servicio de nuestras comunidades, los objetivos de desarrollo país deben ser democratizados, lo explotado debe ser no sólo en beneficio directo de los territorios que habitamos, sino decididos por éstos, y no por el mercado mundial. También debemos priorizar los derechos de la naturaleza por sobre el interés transnacional extractivista, poniendo en primer lugar el agua para consumo humano y de los ecosistemas.

Debiésemos comenzar con poner una moratoria a la gran minería, hacer reparaciones a la naturaleza y a las comunidades que han visto secarse y contaminarse los territorios que habitan tanto en lo ambiental como en lo social. Es hora de poner al centro la discusión sobre el beneficio de una minería de este tipo que incluya diferentes miradas plurinacionales, feministas y socioambientales, y que incluyan el beneficio económico, pero también comunitario, de los bienes comunes, y otros que deberemos discutir en la Convención Constitucional.

Estamos en el momento de repensar cómo el Estado puede asegurar un buen vivir para todas las comunidades.

El autor es Director de OLCA y candidato Constituyente por el Distrito 12

Pensar en un buen vivir desde la minería