por José Cabello 06/04/ 2021
A pesar de que nuestro país es propietario del yacimiento más importante del mundo, de este metal considerado de interés nacional por su valor estratégico, no hemos sido capaces de generar una política de Estado que optimice su beneficio para el país. Tomando en cuenta la expectante situación que vive nuestro país y esperanzado en cambios que mejoren nuestro futuro, se recomienda que el litio en Chile sea materia a revisar profundamente en una nueva Constitución.
En 1969, cuatro funcionarios del Instituto de Investigaciones Geológicas dependiente de la Corfo iniciaron estudios de terreno que confirmaron la presencia de salmueras ricas en litio en el Salar de Atacama, que además contiene potasio, boro y magnesio. Hoy se le considera el yacimiento de este tipo más importante en el mundo. Durante 2019 se extrajeron 18 mil toneladas de litio, con un valor aproximado de 180 millones de dólares, representando un 23 % de la producción mundial.

Estudios recientes señalan que Chile dispone del 64 % de las reservas del mundo.

Sumando además otros recursos ya conocidos, junto a nuestro potencial de exploración, nos aseguran como país un futuro importante en la industria del litio.

La Comisión presenta a la Presidencia de la República propuestas referidas a llevar adelante una Política Nacional del Litio, identificando una falta de control y regulación por parte del Estado. Además, menciona la complejidad ambiental de esos yacimientos, la necesidad de un cambio en la relación con las comunidades, reafirma el carácter estratégico del litio, sugiere reforzar el rol del Estado, constata la necesidad de reforzar la institucionalidad pública para la gobernanza de salares, se considera necesaria la creación de una empresa controlada por el Estado y generar investigación y desarrollo, para lograr un futuro industrial competitivo. Seis años después, nada de lo propuesto ha sido considerado hasta ahora.
El trascendental descubrimiento hecho por profesionales chilenos, permitió a Corfo tener la propiedad minera del yacimiento. En 1976 se declaró que el litio era una sustancia de interés nuclear y, en 1979, se le consideró de interés nacional por su carácter estratégico. Contradictoriamente, en 1980 se creó la Sociedad Chilena del Litio, donde un 55 % pertenecía a una empresa extranjera, y Corfo, a pesar de ser el dueño del yacimiento, retenía solo un 45 %.

Por otro lado, para explotar otra parte del Salar de Atacama se crea una nueva empresa, llamada Sociedad Minera Salar de Atacama Ltda. (Minsal). Acá se le otorga un 63,7% a otra empresa extranjera, quedándose Corfo con solo un 25 %.

Entre 1982 y 1983 se declara el litio como no concesible.

En 1984 se inicia la producción de litio en Chile. Desde ese año hasta el 2019, se han producido más de 240 mil toneladas de litio con un valor, llevado a precios actuales, de 24.000.000.000 millones de dólares, reflejando que ha sido un muy buen negocio.

En una nueva flagrante contradicción, el dueño del yacimiento (Corfo) ha disminuido su participación. Así, en 1989, Corfo vende su 45% en la Sociedad Chilena del Litio a la empresa extranjera participante en solo 15,2 millones de dólares. Y en Minsal, en 1994, baja su participación al 18 %. En 1995, nuevamente Corfo disminuye su participación vendiendo su 18 % en 7 millones de dólares a SQM, luego Corfo queda sin participación en esta sociedad.

Adicionalmente, es pertinente señalar que los inicialmente socios de Corfo y hoy propietarios de los contratos que permiten la explotación del litio en Chile, han tenido serias dificultades legales a lo largo de su participación como operadores, incluso con escandalosas repercusiones políticas. Esto ha derivado en juicios públicamente conocidos. En relación con lo anterior, se han revisado los contratos y producido nuevas negociaciones que, claramente, reflejaron lo inadecuado de los términos económicos y legales establecidos inicialmente.

En el 2014 se creó la Comisión Nacional del Litio, compuesta por 20 integrantes tanto del sector público como privado, así como dos invitados de los pueblos originarios atacameños. La Cámara de Diputados le pidió que evaluara y propusiera la creación de una “Corporación Nacional del Litio”, que permitiera al Estado empoderarse de la extracción del litio.

La Comisión presenta a la Presidencia de la República propuestas referidas a llevar adelante una Política Nacional del Litio, identificando una falta de control y regulación por parte del Estado. Además, menciona la complejidad ambiental de esos yacimientos, la necesidad de un cambio en la relación con las comunidades, reafirma el carácter estratégico del litio, sugiere reforzar el rol del Estado, constata la necesidad de reforzar la institucionalidad pública para la gobernanza de salares, se considera necesaria la creación de una empresa controlada por el Estado y generar investigación y desarrollo, para lograr un futuro industrial competitivo. Seis años después, nada de lo propuesto ha sido considerado hasta ahora.

Este breve relato muestra que, a pesar de que nuestro país es propietario del yacimiento más importante del mundo, de un metal considerado de interés nacional por su valor estratégico, no hemos sido capaces de generar una política de Estado que optimice su beneficio para el país durante su explotación.

Por todo lo expresado y tomando en cuenta la expectante situación que vive nuestro país, esperanzado en cambios que mejoren nuestro futuro, se recomienda que el litio en Chile sea materia a revisar profundamente en una nueva Constitución.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/04/06/litio-recurso-de-interes-nacional-sin-politica-de-estado/

Se trata de una iniciativa de propiedad de la compañía SIMCO, que integran el Grupo Errázuriz (55%) y la taiwanesa Simbalik Group (45%). Este proyecto es parte de una iniciativa mayor, que supone una inversión US$400 millones y la generación de 400 puestos de trabajo en etapa de construcción y 200 permanentes.
Minería Chilena 06/04/2021
Luego de un largo viaje de investigación, que duró varios años y que involucró el trabajo conjunto de IBC Technologies con sede en Utah y la Sociedad Contractual Minera Copiapó, perteneciente al Grupo Errázuriz, en cooperación con la empresa japonesa Chori, el Centro de Investigación del Litio inició su fase de construcción y podría entrar en operaciones a finales de 2021 o durante el primer trimestre de 2022.

El proyecto, que pondrá a prueba la Tecnología de Reconocimiento Molecular (MRT) de IBC, emplea técnicas escalables que permitirán producir litio sin extraer o evaporar agua de las salinas, con un impacto mínimo en el medio ambiente.

La iniciativa, con una inversión de US$8,6 millones, el 18 de febrero pasado dio un paso definitivo para su materialización: ese día, el Sistema de Evaluación Ambiental falló favorablemente respecto a una Consulta de Pertinencia que realizó la Sociedad Contractual Minera de Copiapó, el 24 de noviembre de 2020.

Tecnología

La Tecnología MRT, basada en tecnología ganadora de un premio Nóbel, que se implementará en el Centro de Investigación de Litio podría marcar un cambio importante en la explotación tradicional del litio: permitirá reinyectar la totalidad de la salmuera al salar permitiendo una mejor convivencia con ecosistemas frágiles, marcando una diferencia respecto de las tradicionales que se caracteriza por el uso intensivo del agua y los frecuentes conflictos con las comunidades aledañas.

Otro aspecto relevante del MRT es su alta recuperación. Permitirá el casi completo aprovechamiento del recurso, logrando la extracción directa del 95% del litio contenido en las salmueras, superando el 40% de los métodos actuales.

La planta piloto MRT tendrá la capacidad de realizar pruebas operativas en diferentes tipos de salmuera y determinar los parámetros óptimos de diseño para la posterior construcción de plantas a escala industrial. En una primera etapa, se contempla el pilotaje de la salmuera del Salar de Maricunga y, posteriormente, el pilotaje de la salmuera de Bolivia, Argentina y otros salares en el territorio nacional.

José Joaquín Matte, gerente de Nuevos Negocios del Grupo Errázuriz, destacó la trascendencia de este hito para la minería chilena: “La Tecnología de Reconocimiento Molecular que estamos implementando nos permitirá extraer directamente litio de una forma totalmente diferente a la que se utiliza en Chile, reinyectando totalmente la salmuera a los salares, con costos operativos competitivos y con un mínimo impacto en el medio ambiente.”

El Centro de Investigación es una iniciativa que se desarrolla de manera paralela a la aprobación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Producción de Sales de Maricunga”, de propiedad de la compañía SIMCO, que integran el Grupo Errázuriz (55%) y la taiwanesa Simbalik Group (45%). Este proyecto supone una inversión US$400 millones y la generación de 400 puestos de trabajo en etapa de construcción y 200 permanentes.

Características del MRT

Es un proceso verde: sin disolventes, solo ácido diluido, agua y base.
Altamente selectivo solo para el litio: permitirá la extracción directa de la molécula de litio y las salmueras restantes serán reinyectadas a la cuenca, sin ningún impacto ambiental. Con ello, los nuevos proyectos superarán una de las principales limitaciones que enfrentan en los salares, como es el caso de Chile, Argentina y Bolivia.
Permitirá la extracción directa de más del 95% del litio contenido en las salmueras crudas, cifra superior al 40% de las tecnologías actuales vía evaporación, lo que hará más abundante la oferta de litio.
No dependerá de la tasa de evaporación de la sal, se puede producir instantáneamente y no esperar 2 a 3 años para que se evaporen las salmueras. Tampoco necesita buenas leyes sobre el litio.
https://www.mch.cl/2021/04/06/centro-de-investigacion-del-litio-en-chile-supera-tramite-ambiental-clave-e-inicia-etapa-de-construccion/

En Reportajes
16/03/2021
Ubicado en la región de Atacama, el Parque Nacional Nevado Tres Cruces está compuesto de distintos ecosistemas que lo categorizaron como tal en 1994. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para protegerlo del extractivismo. Proyectos de explotación de oro en las inmediaciones de su corredor biológico y de litio en el salar de Maricunga lo establecen como un territorio amenazado donde se transgreden los derechos de la naturaleza.
Por OLCA*, OCMAL** y RESUMEN

Laguna Santa Rosa, parte del complejo lacustre e hidrológico del Salar de Maricunga, y del Parque Nacional Nevado 3 Cruces

El modelo extractivista implantado en Chile ha conllevado el auge de conflictos socioambientales en distintos territorios del país, producto de no solo los gravísimos impactos en los ecosistemas, sino también por la nula participación vinculante de las comunidades. Así, la defensa de bienes comunes y la imperiosa necesidad de desarrollar una justicia ambiental han sido parte de las banderas de lucha que la población ha levantado frente al avance de distintos proyectos de intervención.

En este sentido, la minería ha tenido un rol central en el norte del país. La explotación, persistente y defendida bajo acuerdos público-privados, ha conllevado la vulneración de diversos ecosistemas, afectando la calidad de vida de las comunidades que los habitan y siendo estas mismas las que han visibilizado los nocivos efectos del modelo.

Ejemplo de aquello es a lo que se enfrenta el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, complejo ecosistema que se encuentra amenazado por la intervención de la minería del litio y el oro, siendo este último el que ya cuenta con antecedentes judiciales que lo vieron comprometido por su explotación, y que hoy se enfrenta a la resistencia de las comunidades en el salar de Maricunga.

Cerca de 60 mil hectáreas: el Parque Nacional Nevado Tres Cruces

Ubicado en la región de Atacama el Parque Nacional Nevado Tres Cruces es uno de los tantos ecosistemas presentes en la provincia de Copiapó. Según la información existente en su ficha de CONAF, se encuentra dividido en dos sectores que, en total, abarca 59.081,87 hectáreas; la parte norte contempla el sector de la laguna Santa Rosa, mientras que la sur la laguna del Negro Francisco, ambos reconocidos sitios Ramsar.

Ambos sectores se unen por un corredor biológico, que no se encuentra bajo protección en la legislación actual, por lo que ha sido un espacio intervenido directamente por el sector minero.

Bofedales, lagunas y fauna como 3 tipos de flamencos y las parinas forman parte de este gran ecosistema que posee el Parque Nacional y que convive con otros cercanos como lo es el salar de Maricunga, los volcanes Nevado Tres Cruces y Ojos del Salado. Así, el comprender la relación entre ecosistemas del mismo territorio se torna fundamental para contemplar las implicancias de los proyectos -en curso y latentes- que intervienen en este frágil territorio.

Al lado izquierdo Imagen referencial del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, al lado derecho el parque con el Corredor Biológico que aún no es protegido (fuente: CODEMAA).

Para Roberto Vergara, presidente de la Asociación Guías de Turismo de Atacama, la situación en la que se encuentra el Parque Nacional es única en el país. En sus palabras, el espacio cuenta con «islas de terrenos privados, de mineras extractivistas, dentro de las hectáreas de protección y preservación de las especies nativas de esta zona y las especies migrantes«.

Esta situación es vital de comprender debido a que el Parque Nacional comparte la cuenca hidrográfica de la cual también forma parte el salar de Maricunga y las lagunas anteriormente mencionadas, según lo declara su plan de manejo fechado en 1997, tres años después de su creación.

Por ende, los proyectos que se emplazan en dichas «islas de terrenos privados», como también en el resto de la cuenca, afectan a la totalidad del ecosistema. A modo de ejemplo, Vergara reflexiona acerca de los proyectos de explotación del litio en Maricunga, los cuales, en sus palabras, van a «afectar directamente la zona sur del salar que es donde está la laguna«, comprendiendo como un «sistema en conjunto» la totalidad del territorio que contemplan las lagunas, los bofedales y el salar.

Sin embargo, no es una situación exclusiva del momento actual, sino que, indica Vergara, «la amenaza es real, constante y no es nueva«.

Kinross en la mira: la avaricia del oro

En el norte del país, espacio fuertemente intervenido por la minería, el oro es objeto del modelo extractivista desde hace décadas. Uno de estos casos se encuentra liderado por la empresa Kinross, compañía de capitales canadienses que se encarga de la extracción de oro en distintos lugares del mundo como Rusia, Ghana, Brasil y Chile.

Fundada en 1993, Kinross se instala en Chile considerándose como la empresa minera líder respecto a la explotación de oro a escala internacional. Compañía que, reiterativamente en su sitio web, señala que promueve un trabajo responsable y sustentable. Sin embargo, los antecedentes dan cuenta de lo contrario.

Kinross a escala internacional | Imagen: @KinrossChile

Actualmente la transnacional canadiense cuenta con tres proyectos que se vinculan, necesariamente, con el Parque Nacional Nevado Tres Cruces: uno en operación, otro en trámite y un tercero paralizado.

El primero de estos es conocido como «La Coipa», perteneciente a Minera Mantos de Oro y ubicado a 140 kilómetros al noroeste de Copiapó, cuyas actividades fueron suspendidas en 2013 debido al «agotamiento de sus reservas económicamente explotables». Sin embargo, en febrero de 2020 la empresa dio a conocer la reapertura de la explotación proyectando una producción de 690 mil onzas de oro.

La mina a cielo abierto está acompañada, a la fecha, del desarrollo de estudios de otros territorios adyacentes a «La Coipa» para su eventual explotación. Asimismo, se encuentra ubicada al noroeste del Parque Nacional Nevado Tres Cruces y, a la vez, del salar de Maricunga.

Esto es fundamental al momento de considerar la crisis hídrica que afecta al territorio. Ya en 2012, una investigación del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) señalaba que «el Salar Maricunga, reserva hídrica central para abastecer a la cuenca, está en este momento proporcionando su agua para satisfacer las necesidades industriales de la mina La Coipa», lo que da a conocer el aprovechamiento de bienes comunes en pos de la actividad económica.

Asimismo, la misma instalación provocó la contaminación del acuífero que le rodeaba tras la filtración de tranques de relave, escenario que comparte con que, en 2008, la minera Mantos de Oro fue «el segundo emisor más grande de mercurio en Chile«, contaminación que ha sido centralmente denunciada pero sin ser profundamente abordada por la política pública.

Ubicación de La Coipa (círculo rojo) a un costado de Salar de Maricunga y Parque Nacional Nevado 3 Cruces | Imagen: Google Maps, editada

Respecto a proyectos que no ha podido materializar -pero que se encuentra en trámite- existe «Lobo Marte», ubicado en la franja Maricunga a 160 kilómetros al este de Copiapó, y que busca explotar oro el lugar por cerca de 15 años de vida útil contemplados en su planificación, materializándose su construcción para el año 2025 pese a aún estar desarrollando su estudio de factibilidad.

Las alarmas se encienden, y aún se encuentran latentes, debido a la cercanía que este proyecto tiene con el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, donde tras la revisión de su mapa, señalado en su sitio web se visualiza en las cercanías del corredor biológico que, como se ha indicado anteriormente, no se encuentra bajo protección en la legislación actual, pero forma parte del frágil ecosistema.

Ubicación de Lobo Marte (círculo rojo) a un costado del Parque Nacional Nevado 3 Cruces | Imagen: Google Maps, editada

Sin embargo, el antecedente más conocido sobre Kinross, que afectó directamente al ecosistema del Parque Nacional, data del año 2009 y que mantiene, a la fecha, paralizada la faena.

Se trata de la Minera Maricunga, ubicada a 170 kilómetros al este de Copiapó y que comenzó sus faenas en 1996, siendo adquirida por Kinross la mitad de la operación en 1998, y el restante en 2007. Dos años después, en 2009, la compañía canadiense informó la desecación de un humedal que comprometía el Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, el cual forma parte del sitio Ramsar que incluye la laguna del Negro Francisco y laguna Santa Rosa, pero que fue obviada por los organismos estatales, entre ellos la CONAF.

Sin embargo, fue en 2016 cuando el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda de reparación por daño ambiental respecto a los efectos que trajo «al ecosistema de la vega Valle Ancho, en particular, a su biodiversidad y componentes asociados«, siendo condenada por el Tribunal Ambiental de Santiago.

Minera Maricunga | Fotografía: Kinross Chile

El fallo dado por el Tribunal señaló que el motivo del daño -que secó parte importante del humedal altoandino- «radica en la extracción de aguas subterráneas, lo que a su vez significó el incumplimiento de sus resoluciones de calificación ambiental tanto respecto a los efectos que ello podía ocasionar en las vegas, como en cuanto a las medidas que debía adoptar ante impactos no previstos».

Pese a que la transnacional enfatizaba en la utilización legítima de los derechos de aprovechamiento de aguas, el Tribunal indicó que estos dejan de ser legítimos «cuando vulnera normas jurídicas o permisos vigentes«. En contraparte, el mismo Tribunal rechazó una segunda demanda interpuesta contra la minera, referido a su responsabilidad sobre la vega Pantanillo, la cual forma parte del mismo corredor. Pese a las pruebas presentadas, se declaró el plazo prescrito.

Así, la mina a tajo abierto se encuentra, bajo el concepto de la empresa, en una etapa de Paralización Temporal Parcial desde fines de 2016. Sin embargo, la etapa se considera de suspensión y busca acomodar sus obligaciones ambientales presentes en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En conversación con Cesar Pizarro, jefe de la Sección de Conservación de la Biodiversidad del Departamento de Áreas Protegidas de CONAF Atacama, este explicó que «la desecación de vegas viene a ser algo super complejo porque hay una reacción en cadena, una vega de altura como Pantanillo va desencadenando un efecto a las vegas que están más abajo. Actualmente estamos monitoreando la situación».

Sin embargo, al consultarle si como CONAF tenían algún monitoreo de la extracción de agua por parte de mineras en el Parque Nacional, el representante de CONAF señaló que es la DGA la que está a cargo de ese monitoreo. Frente a la pregunta de si existían evidencias de que la Laguna Santa Rosa esté disminuyendo su área producto de la extracción de agua por las mineras, Pizarro respondió que aún no han podido llegar a conclusiones, y que están en un proceso de sofisticación satelital de su sistema de monitoreo para tener más datos al respecto.

Pizarro señaló enfáticamente en que estaban haciendo todo lo posible por proteger el Parque Nacional, sin embargo la conversación con él da cuenta de la poca capacidad fiscalizadora y de monitoreo que tiene la CONAF respecto a los cuerpos de agua y la intervención que realiza minera Kinross en la zona.

Ubicación de Minera Maricunga (círculo rojo) | Imagen: Google Maps, editada

Además de la condena del Tribunal de Santiago por la extracción indiscriminada de agua hasta secar los complejos ecosistemas -humedales-, en 2019 se dio inicio a la formalización de la transnacional luego que comunidades Colla presentaran una demanda por el delito de daño ambiental, llevándose a cabo en el Tribunal de Garantía de Copiapó.

Actualmente, la formalización se encuentra en un «proceso de conciliación» entre ambas partes, mientras que Kinross presentó, el mismo 2019, una demanda contra la comunidad Colla Río Jorquera por «actuar de mala fe». Ambos, procesos que mantienen la tensión en el territorio.

Pozos de extracción de agua de Kinross en pleno Parque Nacional

La supuesta transición: el litio en Maricunga

El salar de Maricunga es un ecosistema ubicado a 168 kilómetros al noroeste de Copiapó, siendo el salar más austral de Chile y cuya parte sur se encuentra dentro del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, siendo incluida en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado y formando parte de un ecosistema mucho más amplio y complejo.

(Fotografía: Salar de Maricunga | Fuente: visitchile.com)

Entendido como un espacio frágil, único y muy sensible a los cambios bajo los que puede ser sometido, Maricunga se encuentra hoy en la mira de tres proyectos que lo comprometen como parte de la clamada «transición energética» liderada por la alianza público-privada promovida por los gobiernos postdictatoriales.

Dos son los proyectos de extracción que apuntan a Maricunga como un ecosistema a intervenir. Uno de estos corresponde a Proyecto Blanco, liderado por la empresa Minera Salar Blanco S.A. que cuenta con capitales estadounidenses, chilenos y australianos, con una inversión de más de US$500 millones.

Las empresas que confluyen en este proyecto son Lithium Power International Limited (australiana), Minera Salar Blanco SpA (chilena) y Li3 Energy Inc (estadounidense), siendo representadas legalmente Cristóbal García-Huidobro Ramírez, presidente de Minera Salar Blanco (MSB), quien fue Director Ejecutivo de la Hidroeléctrica Totoral S.A. entre 2011 y 2015, mismo periodo de tiempo donde comunidades mapuche de Rupumeica, Curriñe y Maihue denunciaron malas prácticas de la empresa que presidia, señalando que «le ha ofrecido millones de pesos a la gente de la comunidad para que acepten la llegada del proyecto hidroeléctrico».

El proyecto en cuestión contempla tres fases de elaboración, proyectando una vida útil de 24 años y una producción de hasta 78 mil toneladas de metales al año, trabajando una superficie de 4.700 ha.

Para esto, considera la extracción de salmuera desde pozos utilizando 209 l/s dependiendo de la estación del agua, pudiendo aumentarla a 315 l/s, trabajando con bombas de pozo profundo de hasta 200 metros que permitirán su transporte hacia las instalaciones de homogenización y, posteriormente, evaporación.

Mapa referencial del proyecto | Captura de pantalla de recurso del SEA

Por su parte, el segundo proyecto de extracción se titula Producción de Sales Maricunga, liderado por la empresa SIMCO SpA donde convergen capitales chilenos y taiwaneses, representados legalmente por Alejandro Puelles Ocaranza en representación del Grupo Errázuriz, el cual se encuentra encabezado por Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo del polémico político y empresario Francisco Javier Errázuriz Talavera («Fra Fra») vinculado a diversos casos de corrupción económica e incluso de trata ilegal de personas.

Como punto a considerar, es importante señalar que los mencionados ya cuentan con antecedentes sobre la vulneración de derechos de agua luego que en 2014 la Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Cala Cala, conocida como Cosayach, parte del grupo económico, fuera condenada, señalaron los medios, por mantener en funcionamiento 38 pozos habilitados «sin que tales acciones se encontraran amparadas en ningún derecho de aprovechamiento o título legítimo».

La inversión de US$350 millones contempla una superficie de más de 2 mil ha, proyectando la producción de 50 mil toneladas de metales en 24 años de vida útil. En este sentido, durante su fase de operación las salmueras extraídas se distribuirán: 130 l/s en piscinas de evaporación solar, 130 l/s en la planta de LIOH y 15 l/s de uso de agua industrial, provenientes del núcleo salino Maricunga.

Ambos proyectos, a la fecha, se encuentran frenados por diferentes recursos legales presentados por las comunidades de los territorios que se verán eventualmente afectados.

Mapa referencial del proyecto | Captura de pantalla de recurso del SEA

Corredor biológico que une el salar de Maricunga con la laguna Santa Rosa

En tercer lugar, Maricunga cuenta con un proyecto de exploración realizado por la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) titulado Exploración Salar de Maricunga que fue ingresado los últimos meses de 2020.

En este, CODELCO busca recolectar información hidrológica sobre el salar, la cual le permitirá evaluar los bienes comunes presentes en el ecosistema con proyección, específicamente, a la cantidad de litio existente.

Con una inversión de US$15 millones, la exploración se realizará a 171 km al noroeste de Copiapó, desarrollándose en 10 meses de vida útil y considerando, entre otras cosas, la construcción de 16 pozos, de una estación meteorológica y la realización de tres pruebas de bombeo.

Mapa referencial del proyecto | Captura de pantalla de recurso del SEA

Salar de Maricunga

Ecosistema(s) amenazado(s)

El Parque Nacional Nevado Tres Cruces es comprendido no sólo como un ecosistema en sí, sino como un articulador de estos. La biodiversidad, la relación de las comunidades con el territorio y las dinámicas propias de la naturaleza dan cuenta de una interconexión fundamental a comprender al momento de realizar proyectos de intervención, cuestión que el empresariado, a la fecha, no ha priorizado.

Y es que la fragilidad ecosistémica que busca proteger el Parque Nacional -mediante su categoría como tal- se ha visto abruptamente intervenida con anterioridad y hoy, nuevamente, está en la mira del modelo extractivista. Las «islas de terrenos privados», una delimitación flexible y la avaricia empresarial sobre el bien común del agua y metales del territorio son aspectos que ya son una realidad, de la cual se proyecta una intervención aún más profunda.

En ese sentido, Lesley Muñoz Rivera, integrante de la comunidad indígena Colla Comuna de Copiapó y del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, y Roberto Vergara, presidente de la Asociación Guías de Turismo de Atacama, concuerdan en un punto esencial: el comprenderlo como un sistema en conjunto.

Así, las comunidades -por ejemplo, Colla- han exigido la participación de las consultas amparadas por el derecho internacional bajo el Convenio 169 de la OIT, considerando que pese a que las instalaciones de los proyectos de litio se encuentren al norte del salar, una perspectiva ecosistémica empuja a considerar también sus efectos en la zona sur, considerando la relación que se genera en base a la cuenca del lugar, así como también se exige sobre los proyectos liderados por Kinross en el corredor biológico.

Ubicación de múltiples intervenciones en el ecosistema | Imagen: Google Maps, editada

Horizonte: justicia ambiental, derechos de la naturaleza y planificación ecosistémica

El intempestivo y constante avance del extractivismo en Chile ha significado el auge de una crisis socioambiental que ha afectado tanto a la naturaleza como a las comunidades que habitan los territorios.

Bajo una lógica de usurpación e intervención de los bienes comunes, el empresariado ha dejado gravísimas consecuencias y agudizado una crisis latente sin hacerse responsable de aquello y, en el mismo sentido, sin considerarlo para proyectos futuros.

Así, el auge de las resistencias en distintas escalas ha ido progresivamente tomando forma por parte de la población que se ha visto amenazada. Ante la nula consideración de los derechos de la naturaleza, son las comunidades las que han posicionado las problemáticas medioambientales en base al respeto irrestricto que se debe tener con los territorios, como también con las culturas, tradiciones, actividades y formas dignas de vida que se desarrollan en estos.

Como respuesta a un modelo extractivista que ha perdurado durante décadas, la agenda gubernamental -y privada- ha virado hacia una supuesta transición de carácter «verde». Sin embargo, dicha etiqueta promovida por el neoliberalismo ha mostrado ser solo la continuación y adaptación del modelo existente; una afirmación de la destrucción e intervención de los ecosistemas con fines económicos particulares.

El caso del Parque Nacional Nevado Tres Cruces da cuenta de aquello: una nula comprensión, tanto del empresariado como de la política pública, de la complejidad de los ecosistemas, que se aleja del horizonte de justicia ambiental que las comunidades han buscado instalar.

De esta forma, en la defensa de los territorios se ha enfatizado en la importancia de una planificación territorial con enfoque ecosistémico que contemple esta mirada amplia, profunda, vinculante y dinámica, con una planificación territorial con enfoque por cuenca hidrográfica; contraria a la mirada parcelada, tal como ha sido durante décadas, la misma que agudiza, sistemáticamente, la crisis socioambiental actual.

Al cierre de esta nota, se intentó tomar contacto mediante los correos que los titulares y representantes legales señalaron en sus fichas de los proyectos de litio. Sin embargo, no se ha tenido respuesta.

* Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

** Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

El presente escrito forma parte de una serie de notas de una investigación que se encuentra en curso titulada «MARICUNGA AMENAZADO: Ambición, extractivismo y resistencias frente al litio», la cual tiene como objetivo sistematizar la situación a la que se enfrenta el ecosistema del salar de Maricunga ante el avance de la explotación del litio en el territorio.
https://resumen.cl/articulos/un-parque-nacional-en-grave-peligro-explotacion-de-oro-y-litio-amenazan-el-nevado-tres-cruces

25/03/2021
La crisis medioambiental ha sido utilizada por el empresariado y los Estados como una justificación para avanzar en nuevas formas de extractivismo bajo una «tonalidad verde». En este escenario, la eventual explotación del litio en el Salar de Maricunga da cuenta de la urgencia de desarrollar una transición postextractivista que irrumpa y trastoque el modelo actual bajo pilares como la gestión comunitaria y el ordenamiento ecosistémico, junto a la consagración y desmercantilización de los derechos humanos y de la naturaleza.
Por OLCA*, OCMAL** y RESUMEN
El avance de la agenda extractivista en Chile ha sido una constante histórica que se profundizó llegada la dictadura cívico-militar. A través de la instauración del neoliberalismo y la vulneración de los derechos de la población y la naturaleza. Todo para darle continuidad a la ganancia económica de un pequeño grupo de empresarios nacionales y transnacionales; cuestión que se ha reforzado en la postdictadura.

Sin embargo, la crisis medioambiental que azota a escala mundial producto de la violenta relación promovida por el modelo ha encontrado una no tan nueva presentación bajo la cual reordenarse. Con una «tonalidad verde», la elaboración de alianzas público-privadas han tenido como horizonte promover una supuesta «transición» hacia un modelo más «amigable» con los ecosistemas.

Contrariamente, ha sido bajo el mismo paradigma, que se ha impulsado la continuación y profundización del extractivismo planteando como objetos nuevos bienes comunes en materia minera y energética. En este sentido, lejos de alterar la estructura actual, solo se afirma la inseparable relación que existe con este modelo.

Tal es el caso del litio, metal utilizado, entre otras cosas, para la fabricación de baterías de dispositivos como computadores, celulares y autos eléctricos (electromovilidad), formando parte de las piedras angulares que buscan explotarse bajo esta agenda política impulsada por los gobiernos chilenos -más aún desde 2014 hasta la fecha-, proyectando la duplicación de su producción para 2025, para lo cual sería necesario intervenir territorios ubicados al norte del país que cuentan, además de la experiencia histórica de la explotación minera, con una crisis hídrica que se vería agudizada mediante la extracción de grandes cantidades de agua desde los salares altoandinos.

Este escenario ha puesto énfasis en la importancia de avanzar en propuestas que permitan dar término al modelo extractivista, dando paso a una transición hacia una nueva forma de relación con los ecosistemas. Así, el postextractivismo se instala como una opción y necesidad urgente, una que debe ser abordada multidimensionalmente y que, en el caso de la eventual explotación del Salar de Maricunga, presenta importantes aspectos a considerar en el debate público.

Salar de Maricunga

Mirar desde Maricunga

Ubicado a poco más de 160 kilómetros al noroeste de Copiapó en la región de Atacama, el Salar de Maricunga se levanta como un frágil ecosistema a una altura de cerca de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

Con una biodiversidad donde abundan vicuñas, guanacos, flamencos, gaviotas andinas, bofedales y humedales andinos, la parte sur de Maricunga forma parte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, integrando una gran cuenca hidrográfica y, por ende, teniendo una férrea relación con otros ecosistemas que son parte del Sistema Nacional de áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) como la Laguna Santa Rosa y la Laguna Negro Francisco.

Pese a su fragilidad ecosistémica, Maricunga se encuentra actualmente amenazado por la explotación del litio propulsada por el empresariado nacional y transnacional. Al ser el segundo salar en importancia de reservas de litio luego del de Atacama, se ha colocado en la mira y generado la proyección, incluso, de proyectos a plazo en base a la mercantilización de los bienes comunes, cuestión respaldada por la agenda impulsada por el gobierno.

Actualmente, tres son los proyectos que amenazan con intervenir el salar sustentándose en el litio:

1. Una exploración liderada por CODELCO, cuyo objetivo sería recopilar información hidrogeológica, además de realizar una evaluación preliminar del metal presente en formato salmuera.

2. Una extracción (Producción Sales Maricunga) encabezada por SIMCO SpA en 2.202 hectáreas con una inversión de US$350 millones, buscando producir 5.700 toneladas anuales de carbonato de litio, 9.100 de hidróxido de litio y 38.900 de cloruro de potasio.

3. Una extracción (Proyecto Blanco) liderada por Minera Salar Blanco S.A. con una inversión de US$527.000.000, utilizando 4.700 hectáreas y proyectando la producción de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio y 58.000 de cloruro de potasio.

Sin embargo, el Salar de Maricunga cuenta con intervenciones previas como también con proyectos que se realizarían en la cuenca hidrográfica y/o en los ecosistemas con los cuales dialoga. Estos estarían principalmente relacionados con la explotación de oro liderados por las empresas Kinross y Fenix Gold. La primera, con antecedentes en el territorio por sus instalaciones «Minera Maricunga» y «La Coipa», explotaciones que ya han afectado gravemente al ecosistema completo como también a las comunidades, provocando, en el caso de la primera, la sequedad de humedales altoandinos y generando daños irreparables a la vega Valle Ancho ubicada en el corredor biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda; concretamente, la extracción de agua subterránea por las faenas de Minera Maricunga secó el humedal del lugar, afectando a todo el ecosistema de la cuenca, incluyendo su biodiversidad. Asimismo, La Coipa presentó en 1994 la filtración de tranques de relave, contaminando el acuífero con mercurio e impactando al ecosistema completo; sin embargo, el hecho fue obviado por la política pública pese a la gravedad del hecho.

En este contexto, la misma transnacional canadiense busca instalar durante los próximos años su proyecto «Lobo Marte», el cual conllevaría faenas en las inmediaciones del mismo corredor biológico que une los dos polígonos del Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Con un promedio de producción de 6,4 millones de onzas de oro, casi 2 millones más de lo que señalan en su propio sitio web, el proyecto se encuentra actualmente bajo un estudio de factibilidad, el cual espera terminar a fines de 2021, dando paso a su materialización mediante obras de construcción para el año 2025 y, su primera producción, para 2027, con una vida útil de 15 años en un ecosistema donde Kinross ya cuenta con historial respecto a graves daños medioambientales.

Ubicación de múltiples intervenciones en el ecosistema | Imagen: Google Maps, editada

De esta forma, el observar desde Maricunga la profundización del extractivismo mediante la mercantilización del litio permite comprender no solo los graves y notorios efectos en el ecosistema, sino también el modo en el que las comunidades se relacionan con este y cómo se torna fundamental una mirada ecosistémica de los conflictos socioambientales.

Y es que estos se han levantado por la resistencia en los territorios contra quienes buscan intervenirlos. En este caso, la eventual explotación del litio tiene como antecedente el peso histórico de la minería en el norte del país; uno en el cual nunca se ha considerado verdadera y vinculantemente a las comunidades.

Movimiento en ciernes: la defensa irrestricta

Es precisamente el peso histórico de la minería lo que abunda en el relato de quienes han apostado por resistir al avance de los proyectos de mercantilización del litio. Dicha situación, consideran, es una continuación del modelo extractivista y no una alternativa, como lo ha intentado mostrar tanto el empresariado como también el gobierno de turno, conceptualizando proyectos como «extraordinariamente importante».

De esta forma, existe una caracterización del movimiento en ciernes que se está constituyendo en defensa del Salar de Maricunga, el cual ha logrado frenar momentáneamente el avance de los proyectos de esta índole, entregando una experiencia nutritiva a considerar para la elaboración de un horizonte verdaderamente postextractivista.

Una de estas tiene relación con la composición de la resistencia, la cual se nutre desde su heterogeneidad. Esta situación, la cual se vive en su momento de ciernes, ha permitido la inclusión de distintas y distintos actores en la defensa del territorio, lo cual decanta en la convivencia de interpretaciones y relaciones que se tienen para con el ecosistema. Desde los pueblos originarios, las y los habitantes de las comunas hasta personas y organizaciones que desarrollan el rubro del turismo nutren el momento que viven los espacios de resistencia.

En esta línea, dicha composición también ha permitido converger múltiples visiones desde lo tradicional y social con el salar. La memoria que existe en las comunidades ha permitido, en este sentido, reconocer formas de relacionarse, e incluso proyecciones que no cuadran en el modelo extractivista, enfatizando en la importancia de que este sea superado.

Laguna Santa Rosa, parte del complejo hidrológico del Salar de Maricunga, y del Parque Nacional Nevado 3 Cruces

Asimismo, dicha convergencia de visiones y relaciones también reflejan la comprensión del entramado de ecosistemas que existe en el territorio. Lejos de una visión parcelada, el movimiento en ciernes ha sido capaz de identificar -a partir de sus conocimientos situados- lo fundamental que es la mirada ecosistémica de la problemática, contemplando no solo el Salar de Maricunga amenazado, sino que el resto de territorios como lo es el Parque Nacional Nevado Tres Cruces y el sitio Ramsar que se encuentra en el corredor biológico que une ambas secciones del Parque Nacional.

Es desde esta relación donde la mirada situada y el peso histórico del conflicto toma aún más relevancia. Pese a presentarse como proyectos -actualmente frenados institucionalmente-, las comunidades que se relacionan con el Salar de Maricunga ya conocen las consecuencias de la explotación minera en el territorio. En este sentido, la agudización de la crisis medioambiental aumentaría, indican desde los territorios, considerando que para la extracción de litio se recurriría a sacar grandes cantidades de agua para su posterior procesamiento, decantando eventualmente en graves consecuencias para la cuenca hidrográfica completa, de la cual forma parte Maricunga.

Este conocimiento situado, el cual nace desde los efectos de la minería del oro, boro y la explotación bajo la cual ya se encuentra el Salar de Atacama por la minería del litio, ha permitido consolidar una resistencia del movimiento que apunta profundamente a los derechos de la naturaleza.

De esta forma, no se reniega de lo «normalizado» que pudiera estar en el territorio la llegada de proyectos extractivistas; por el contrario, esto es utilizado como argumento para frenar su intervención.

Así es como, con estos elementos que centran la resistencia en la defensa de los ecosistemas comprendiendo no solo su fragilidad, sino también lo expuesto que han estado durante décadas al modelo extractivista que busca profundizarse bajo un supuesto «paradigma verde», las redes de organización en ciernes han construido un abanico de expresiones para poder frenar su avance.

Y es que la comprensión del momento por el que transitan es fundamental. Al no ser aún una problemática conocida ampliamente por la población (local ni nacional), las comunidades han avanzado en acciones profundas y a plazo, perspectivando la importancia de su crecimiento en número.

En este contexto, la heterogeneidad de actores/as que componen al movimiento han permitido el despliegue a través de distintas herramientas de movilización que abordan las vías con y fuera de la institucionalidad. La elaboración de acciones de protestas, el proyectar un turismo que tribute a exponer la problemática, la intervención en las instancias municipales y la elaboración de recursos para frenar los proyectos dan ejemplo de aquello: una multiplicidad de formas de resistencia, aún en forma muy primigenia, pero fortaleciéndose.

Esta caracterización del movimiento permite comprender y enfatizar en aspectos esenciales que se consideran desde las comunidades en búsqueda de alternativas al extractivismo. El caso de Maricunga representa, por ende, un fenómeno que transparenta la dinamicidad de la resistencia; aquella que, aún en ciernes, proyecta la importancia de que la población valide su relación con los ecosistemas, priorizando la existencia de estos por sobre una profundización del modelo.

Horizonte postextractivista: gestión comunitaria, perspectiva ecosistémica y justicia ambiental

Una verdadera salida del extractivismo es una tarea urgente y que parte de las comunidades la han asumido como tal. En este sentido, la construcción de un horizonte postextractivista está relacionado con un proceso de transformación que cumpla con diversas características que permitan establecer modificaciones estructurales y no cambios parciales o solo de conceptos.

Este escenario también ha intentado ser cooptado por las mismas matrices extractivistas del empresariado. En el caso de Maricunga, se logra observar un proyecto liderado Grupo Errázuriz (el mismo vinculado al proyecto de extracción «Producción de Sales Maricunga») que busca extraer «litio verde» bajo la premisa de generar litio sin extraer agua, para lo cual instalará una planta piloto; caso similar al proyecto liderado por SQM.

Sin embargo, una transición hacia el postextractivismo conlleva irrumpir profunda y medularmente las relaciones que existen actualmente con los ecosistemas. Para esto, el caso de Maricunga deja diversas orientaciones para abordar un proyecto que supere el modelo actual.

En primer lugar, es primordial avanzar en una planificación territorial con enfoque ecosistémico de forma transversal en múltiples territorios -no solo algunos-, teniendo en cuenta las características y dinámicas particulares que promuevan la elaboración de ordenamientos y tomen en cuenta los derechos sociales y los de la naturaleza mediante un uso racional de sus componentes. En este sentido, la situación que afronta el Salar de Maricunga vuelve a enfatizar en este punto mediante una mirada que pareciera ser considerada solo por las comunidades y negada por el empresariado, expresándose tanto en la parcelación de las consultas y participación ciudadana, como en el desarrollo de estudios incompletos sobre los ecosistemas que se verían alterados. Con un Estado que tampoco cuenta con las herramientas para contrastar los estudios presentados por las empresas.

Por otra parte, el crear espacios para que sean las mismas comunidades quienes elaboren la construcción de alternativas que vayan más allá del extractivismo es fundamental para una transición justa donde desde los territorios la organización sea percibida como un proceso vinculante.

Para esto, el dar término a los cerrojos institucionales, no solo de la dictadura cívico-militar sino también de la postdictadura, es una acción fundamental y a realizarse en un corto plazo. Tras el inicio del Estallido Social en Chile, se ha visibilizado aún más la urgencia de dar término a los cercos que prohíben cambios estructurales del modelo extractivista. Así, el proceso constituyente es comprendido como una oportunidad para abrir un debate nutrido desde las propias comunidades.

De esta forma, no solo se torna fundamental avanzar en los proceso de desmercantilización de los derechos sociales y la consagración de los derechos de la naturaleza, sino también proyectar cambios que se relacionen con la institucionalidad ambiental.

En este sentido, la transición postextractivista contempla un entramado diverso y complejo de fenómenos, donde la participación activa y vinculante de las comunidades que habitan y se desarrollan con los ecosistemas es fundamental. Esto conlleva, necesariamente, la elaboración de espacios de gestión comunitaria que tengan un importante grado de participación y no sean meramente consultivos, sino con una gran capacidad de incidencia.

Del mismo modo, la justicia ambiental es un aspecto que también urge en el proceso de transición, donde lejos de una mera «condena económica», el empresariado responsable de alterar los ecosistemas se haga cargo de los efectos que han traído consigo sus proyectos en los territorios. Asimismo, es fundamental que dentro de la misma planificación ecosistémica se consideren los antecedentes de quienes lideran los proyectos de intervención, ejercicio que actualmente es obviado y tomado solamente por las comunidades en resistencia.

A modo de ejemplo; en el caso de Maricunga dos líderes de los proyectos de extracción -Francisco Javier Errázuriz Ovalle y Cristóbal García-Huidobro Ramírez- cuentan con antecedentes respecto a condenas por usurpación de aguas y denuncias desde comunidades mapuche, respectivamente. Antecedentes que parecieran no considerarse de parte de los órganos estatales, los mismos que han facilitado el avance de sus proyectos de mercantilización del litio.

De este modo, la transición postextractivista en Chile está fuerte e intrínsecamente vinculada a cambios estructurales que posicionen el bienestar de los pueblos y la naturaleza por sobre la profundización del neoliberalismo. Lejos de ser un tránsito parcelado, el cambio debe ser estructural y vinculado a todos los territorios; solo una mirada ecosistémica, que contemple estos y otros tantos antecedentes en el debate, permitirá la salida del modelo en crisis.

Una «transición verde» que tenga al litio como su piedra angular para desarrollar la electromovilidad y las «energías renovables», pero que siga profundizando el extractivismo, la desigualdad social (donde los más ricos acaparan la mayor cantidad de energía y recursos) y la histórica subordinación colonial de los países pobres frente a las grandes potencias mundiales, no será ningún cambio a la crisis climática que vive el planeta.

De esta forma, el impulso de los países industrializados bajo una supuesta «transición verde» conlleva una profundización del extractivismo en los territorios, fenómeno donde Chile, y el litio, son un claro ejemplo de aquello. Lejos de lo que pudiera considerarse desde una perspectiva ecosistémica, dicho impulso pareciera ser justificado por el propio empresariado nacional y transnacional, presentándolo como algo fundamental para realizar una reorientación de la explotación de los bienes comunes en el actual contexto de crisis climática.

Así, vislumbrar este vínculo entre la falsa «transición» y la profundización del modelo extractivista, permite establecer una perspectiva crítica ante el avance de una amplia gama de proyectos que se presentan bajo esta etiqueta. La minería de tierras raras en las comunas de Penco y Santa Juana en la región del Biobío dan cuenta de aquello: una política que utiliza el concepto «verde» como máscara para intervenir los ecosistemas, vulnerar los derechos de la naturaleza y justificar el accionar extractivista.

Una salida a la crisis socioambiental podría tener sentido, cuando no solo se pongan por encima las soluciones desde el desarrollo tecnológico y del gran empresariado, sino que desde una participación activa de las comunidades, con un diálogo de toda la sociedad que busque crear una nueva forma de relacionarnos con nuestro medio ambiente, en donde la justicia socioambiental y el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza estén al frente de la discusión.

Al cierre de esta nota, se intentó tomar contacto mediante los correos que los titulares y representantes legales señalaron en sus fichas de los proyectos de litio. Sin embargo, no se ha tenido respuesta.

* Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

** Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

El presente escrito forma parte de una serie de notas de una investigación que se encuentra en edición titulada «MARICUNGA AMENAZADO: Ambición, extractivismo y resistencias frente al litio», la cual tiene como objetivo sistematizar la situación a la que se enfrenta el ecosistema del salar de Maricunga ante el avance de la explotación del litio en el territorio.

https://resumen.cl/articulos/la-urgente-transicion-postextractivista-en-chile-el-caso-de-maricunga-y-el-litio

25/03/2021
Cortesía de la Cámara de Diputados de Chile.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó con 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones el proyecto que crea un nuevo Royalty Minero a las ventas de cobre y litio.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció que harán reserva de constitucionalidad (se acudirá al Tribunal Constitucional) ya que afirman que la creación de un tributo es una facultad exclusiva del Ejecutivo.

“Este es un proyecto de ley que es inconstitucional, porque busca que la Cámara de Diputados ejerza atribuciones que corresponden a la creación de un tributo, que es exclusiva del Presidente de la República”, dijo.

Por su parte, el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, precisó que el litio en Chile ya recauda cerca del 45% de sus ganancias por concepto de contratos e impuestos. A ello dijo, se debe agregar el estancamiento de la demanda de cobre, que ha ido perdiendo participación de mercado en los últimos 20 años. “El país lo que tiene que hacer es aumentar los niveles de producción y exportación y no impulsar una legislación express que hace daño a Chile”.

Cabe recordar que si bien la iniciativa había sido ingresada a tramitación en septiembre de 2018, solo en marzo del 2020 se dio prioridad a su discusión legislativa, la que debió ser congelada debido a la pandemia de Covid-19.

El proyecto fue presentado por Esteban Velásquez (FRVS), representante de la Región de Antofagasta, quien explicó que “lo que buscamos con este Royalty es que una parte de los recursos queden en la región, queden en la comuna y lo hacemos estableciendo este derecho a una compensación por el solo hecho de extraer cobre y extraer litio”.

Con lo anterior la idea, agregó, es no depender “de las utilidades de la gran minería como actualmente hace el impuesto específico a la minería, que no tiene mayor impacto en el PIB, que incluso en 2017 fue menor a cero”.

Durante su discusión, la iniciativa fue objeto de indicaciones, por lo que ahora debe volver a la comisión de Minería y Energía.
Royalty Minero

El proyecto de ley de regalías mineras busca agregar un impuesto ad valorem de 3% a la producción de más de 50.000t anuales de carbonato de litio y 12.000t anuales de cobre.

Los fondos del royalty minero deberían destinarse en un 50% a un Fondo de Convergencia Regional para financiar proyectos de desarrollo en las provincias y comunas, mientras que el otro 50% irá a reparar, mitigar o compensar los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las zonas donde se encuentren los yacimientos.
Fuente: Con información de la Cámara de Diputados y CNN Chile

Diputados de Chile aprueban proyecto que crea royalty minero al cobre y litio