El Mostrador 26/04/2021
Crédito: Reuters
La norma había sido aprobada previamente en la Sala de la Corporación, donde fue objeto de indicaciones y de una reserva de constitucionalidad por parte del Ejecutivo que objetó en aquella oportunidad el contenido de la propuesta. El presidente de la comisión, Pablo Vidal, destacó que la iniciativa, que cuenta con apoyo transversal, recaudaría todos los años un monto superior al denominado “Impuesto a los super ricos”. “Hoy el oficialismo incluso presentó indicaciones al proyecto para hacerse parte de él y es algo que apoyamos porque es un tema de Estado, y no un tema partidista”, dijo el autor de la iniciativa, el diputado Esteban Velásquez.

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados finalizó la votación en particular del proyecto de ley que establece un royalty minero a la explotación del cobre y del litio, y lo remitió a la Comisión de Hacienda.

El texto legal fue aprobado en general por la Sala el pasado 24 de marzo, pero fue objeto de indicaciones y además de reserva de constitucionalidad por parte del Ejecutivo, que objetó la norma cuyo fin es establecer una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos.

El autor de la iniciativa, el diputado Esteban Velásquez (FREVS), indicó que “esperamos que en Hacienda exista la misma disposición a avanzar en esta materia y que el Gobierno también se haga parte, que el Presidente Piñera cumpla una promesa pendiente para que le de valor a su palabra”.

El parlamentario añadió que “el 2018 cuando ingresamos el proyecto sabíamos que no sería fácil, son cerca de 3 años de tramitación en que hemos tenido altos y bajos, pero hoy ya existe un consenso en que estamos hablando de un derecho y no de un impuesto como el Gobierno ha querido hacerlo ver, de ahí que hoy el oficialismo incluso presentó indicaciones al proyecto para hacerse parte de él y es algo que apoyamos porque es un tema de Estado, y no un tema partidista, y agradecemos que se haya generado conciencia al respecto”.

Por su parte, el presidente de la comisión, Pablo Vidal, destacó que la iniciativa, que cuenta con apoyo transversal, recaudaría todos los años un monto superior al denominado “Impuesto a los super ricos”, permitiendo un apoyo directo a las familias que más han sufrido con la pandemia, pero además, dar un primer paso en el establecimiento de un Estado de bienestar.

«Las grandes mineras deben pagar más por explotar lo que es nuestro. Este impuesto podría incluso pagar totalmente el Ingreso Familiar de Emergencia todo un año, con la diferencia que esto se recaudaría todos los años”, añadió el coautor del proyecto.

La votación de hoy
En primer término, la comisión aprobó que la compensación se realice a todas las sustancias minerales concesibles, donde un 25% deberá destinarse a un Fondo de Convergencia Regional para financiar proyectos de desarrollo regional y comunal.

El 75% restante se destinará directamente a financiar proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las comunas donde se encuentren los yacimientos respectivos. Asimismo, a obras de desarrollo de infraestructura crítica y digital en las regiones donde se realice la explotación minera o a inversión en infraestructura o programas de investigación en universidades estatales cuyas casa central y rectoría se encuentren emplazadas en dichas regiones.

El texto también determina que, sin perjuicio de lo anterior, del monto total recaudado por concepto de royalty, hasta un 3% será destinado a contribuir al financiamiento de proyectos que el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e innovación ejecute en relación al desarrollo científico de investigación aplicada y capacitación de recurso humano avanzado; dando prioridad a la investigación y capacitación que tenga por finalidad aportar al conocimiento y tratamiento del Covid- 19.

Lo anterior, mientras la OMS mantenga la calificación de pandemia global para el Covid-19. En cualquier caso, dichos proyectos deberán desarrollarse en las regiones donde se ubica la explotación minera.

En el caso que el promedio anual mensual del precio del cobre, registrado según las cotizaciones de la Bolsa de Metales de Londres, supere los dos dólares por libra, se fija una compensación adicional para aquella parte que supere dicho precio.

El monto de esta compensación, que supere el 3%, será destinada a financiar una renta básica y universal de emergencia en el contexto del Estado de Excepción constitucional de Catástrofe por Covid 19 decretado y sus sucesivas prórrogas. Una vez terminado el estado antes referido será destinado a ingresos generales de la nación.

La compensación adicional podrá tener una rebaja a las tasas marginales en cada tramo de precios de la libra de cobre, que están por sobre los dos dólares, para aquellos explotadores mineros que acrediten un nivel de procesamiento de los minerales extraído.
https://www.elmostrador.cl/mercados/2021/04/26/royalty-al-cobre-y-el-litio-da-otro-paso-comision-de-mineria-finalizo-votacion-en-particular-del-proyecto/

23/04/2021
Imagen: Consejo Minero de Chile.

Un tribunal chileno ordenó a la mina de cobre Cerro Colorado de BHP, en el extremo norte del país, dejar de extraer agua del lecho de un río cerca de sus instalaciones y regular los depósitos de desechos cercanos.

La medida se suma a la decisión de la Corte Suprema en enero de acoger un reclamo contra el proceso que permitió la continuidad de la mina, que había recibido oposición de la misma comunidad debido al impacto de la operación en un acuífero.

“Se acoge la acción constitucional de protección deducida por la Asociación Indígena Agrícola San Isidro de Quipisca y doña Martina Mamani Paycho, en contra de Compañía Minera Cerro Colorado”, dijo el dictamen.

La acción ordena “cesar toda intervención sobre los recursos hídricos de la Quebrada de Quipisca-Parca (…). Eliminar y remediar los pozos, perforaciones e intervenciones ejecutadas en la Quebrada de Quipisca”.

BHP dijo a Reuters que la orden judicial del jueves no afectaría la continuidad operativa del depósito, que produjo 68,900 toneladas de cobre en 2020.

“La empresa está revisando los detalles del fallo para emprender las acciones legales correspondientes”, dijo la firma en un comunicado.

“Cerro Colorado reafirma su voluntad de mantener procesos de diálogo con todas las organizaciones indígenas del área de operación”.

El abogado de las comunidades indígenas, Lorenzo Soto, dijo estar “satisfecho con este veredicto que confirma las acciones ilegales de esta empresa minera”.
Fuente: Reuters

Segundo fallo de la corte ambiental golpea mina Cerro Colorado de BHP

Las faltas tienen relación con un manejo deficiente de su instalación e incumplimientos a las disposiciones establecidas en sus 8 Resoluciones de Calificación Ambiental.
23/04/2021
MINERÍA CHILENA
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cuatro cargos a la empresa “Terminal Puerto Arica S.A.”, titular del “Terminal Marítimo Puerto Arica”, ubicado en la comuna del mismo nombre, por manejo deficiente de su instalación e incumplimientos a las disposiciones establecidas en sus 8 Resoluciones de Calificación Ambiental (RCAs).

Tribunal Ambiental admite a trámite reclamación de agricultores por proyecto Caserones
Los dos cargos Graves tienen relación con las deficientes operaciones del “Almacén N°8” -sector donde el titular recibe el concentrado de minerales para su almacenamiento y embarque-, como la operación del Terminal de Embarque y Acopio de Graneles de Minerales, provocando en ambos casos, la fuga de material hacia el exterior.

Mientras que el tercer cargo Leve, fue imputado por errores y deficiencias en la elaboración de los Programas de Vigilancia Ambiental Marinos, al incluir en la suma de concentraciones de metales pesados, los valores de las estaciones de control; no entregar información de la componente oceanográfica de la columna de agua, como tampoco de la componente química de los sedimentos marinos aledaños al proyecto; y por no realizar una evaluación del impacto de estos concentraciones pesados al medio ambiente acuático del área de estudio.

También clasificado como Leve, es el cuarto cargo, por el deficiente almacenamiento de residuos peligrosos (RESPEL).

Manejo de concentrados minerales
La jefa de la Oficina Regional de la SMA en Arica, Tania González, señaló que “este caso ha significado una intensa fiscalización por parte de nuestros fiscalizadores además, de un trabajo intersectorial sistemático en terreno, inspeccionando y verificando las condiciones de cómo se desarrollan cada uno de los instrumentos de gestión ambiental aplicados en Terminal Puerto de Arica”, indicó.

“El manejo de concentrados minerales en la zona de Puerto -continuó González, dado el riesgo ambiental implícito que conlleva ha sido uno de nuestros principales focos de monitoreo. Esperamos que la empresa tras esta formulación de cargos, presente un Programa de Cumplimiento donde proponga acciones concretas que logren corregir las desviaciones que les han sido imputadas en esta oportunidad”.
https://www.mch.cl/2021/04/23/superintendencia-del-medio-ambiente-formulo-cuatro-cargos-a-terminal-puerto-arica/

La instancia acogió la reclamación de la comunidad indígena Colla y ordenó una nueva evaluación del proyecto, esta vez a través de un Estudio de
21/04/2021
Minería Chilena
Por la alteración significativa que el proyecto “Prospección Minera Norte Abierto sector Caspiche” podría provocar en el sistema de vida y costumbres de los miembros de la comunidad indígena Colla Río Jorquera y sus Afluentes, el Primer Tribunal Ambiental determinó, la realización de un proceso de consulta indígena y una nueva evaluación ambiental.

Por unanimidad, los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Marcelo Hernández y Jasna Pavlich acogieron la reclamación de Roberto Salinas Cortés y la comunidad indígena Colla Río Jorquera y sus Afluentes, en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, por la calificación favorable del proyecto de prospección minera.

La determinación tiene como fundamento la susceptibilidad de afectación que representan las diversas actividades y obras del proyecto sobre la comunidad indígena y su sistema de vida y costumbres en función de la ubicación del campamento de la minera, la perforación de 334 pozos de sondaje y las rutas y caminos a utilizar, todo lo cual se emplaza en el territorio habitado ancestralmente por la comunidad.

“El solo hecho de una susceptabilidad de afectación hace que proceda la consulta indígena en un proceso de evaluación ambiental porque existe una evidente interacción entre el proyecto y las tierras y actividades de la comunidad Colla”, detalló el ministro redactor Mauricio Oviedo, y agregó que “es la diversidad cultural o, para otros, el multiculturalismo, el objeto de protección final del Convenio 169 y de toda la normativa interna desplegada que exige una protección no restrictiva de nuestro derecho”.
Nuevo proceso

En la sentencia los jueces también determinaron que el proyecto debe ingresar nuevamente a evaluación, esta vez, a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que el tráfico permanente de vehículos de la empresa minera por las mismas rutas ancestrales de los comuneros podría generar impactos.

Respecto a la consulta indígena, el ministro Mauricio Oviedo, explicó que “analizados los antecedentes de la evaluación ambiental es posible advertir que existe evidencia irrefutable de susceptibilidad de afectación directa a un grupo humano perteneciente a un pueblo indígena, razón por la cual es necesario implementar el procedimiento de consulta indígena bajo los estándares previstos en el Convenio Nº169 de la OIT”.

Además, aseguró que “es indudable la alta probabilidad de perturbación que el proyecto podría provocar a la comunidad indígena ya que se emplaza en sus territorios, en el lugar donde efectúan actividades de trashumancia, recolección de hierbas medicinales, pastoreo, entre otras”.

Para los jueces que analizaron la causa, la alteración al estilo de vida trashumante de la comunidad indígena no fue correctamente evaluada por el SEA, ya que entre las costumbres de este pueblo está el traslado de su ganado hacia distintos sectores de vegas, veranadas e invernadas, lo que se verá afectado por el tráfico permanente y continuo de vehículos motorizados de distinta magnitud durante cuatro años.
https://www.mch.cl/2021/04/21/tribunal-ambiental-ordena-consulta-indigena-y-nueva-evaluacion-de-proyecto-de-prospeccion-de-minera-norte-abierto/

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se dio a conocer la existencia de 33 proyectos en esta etapa, los cuales mantiene la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con la misma cantidad de contratistas.
21/04/2021
MINERÍA CHILENA

Tras una ponencia introductoria sobre la institucionalidad que concierne al desarrollo de una Minería Submarina, el jefe del Departamento de Asuntos Oceánicos de la División de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Salvador Vega, reveló en el webinar “Perspectivas de la Minería Submarina”, la existencia de una serie de proyectos de exploración, junto con el estado de las iniciativas de explotación en el fondo marino, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Del Mar (Convemar).

Minería registra 100 proyectos con aprobación ambiental por más de US$25 mil millones al primer trimestre
“Es importante destacar que hoy en día la minería submarina, la explotación minera en la zona no existe aún. Lo que hoy en día existe son 33 contratos que tiene la autoridad de los Fondos Marinos con 33 contratistas que son proyectos de exploración, que son proyectos que se establecen a 15 años, en donde se entrega el derecho a exploración de un área súper específica, donde los contratistas tienen el derecho a explorar los minerales que existen”, destacó el representante del organismo gubernamental.

Condiciones
Por otra parte, el expositor del evento organizado por la Cámara Minera de Chile, explicó que para que haya explotación, en la propia Convemar tienen que existir ciertas condiciones:

Establecer un código minero: “A través del cual se van a desarrollar los proyectos de explotación, porque ya tenemos hoy en día un código o reglamento que regula la exploración”.
Construir la empresa: “Aquí, la Convemar establece que la explotación minera tiene que desarrollarse por la empresa, que sería el brazo económico de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, o sea, una empresa que pueda explotar los fondos marinos, o por empresas de los Estados miembros, que se asocien con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos”.
Implementar los Planes Regionales de Gestión Ambiental
En el mismo contexto, comentó que “el código minero, la normativa para la explotación minera aún está en un proceso de negociación. Este código es un documento bastante complejo, tiene alrededor de ocho capítulos”

¿Qué ha pasado en esta materia en 2020?
A la vez, Salvador Vega, señaló lo que ha pasado el año 2020. “Este año que ha sido bastante raro, los procesos internacionales se han visto no detenidos, no hemos podido avanzar en conversaciones presenciales con ningún organismo internacional”, indicó.

Añadió que “solamente este año tuvimos Asamblea del Consejo y la autoridad, se realizó de manera no presencial y solamente en modalidad de silencio en la toma de decisiones, por ejemplo, administrativas, como decisiones de presupuesto, elección de los miembros del Consejo. Se decidió aplazar un año la membresía de la Comisión Jurídica”.

Asimismo, afirmó que “en 2020 se comunicó en un estudio de Rusia sobre el tema, en donde se hace alusión a que Chile podría ser uno de los países afectados con respecto al tema. Nosotros también hemos ido trabajando con Cochilco, algunos estudios nacionales respecto a cómo sería el impacto de esta minería submarina en la zona en nuestro mercado del cobre (…), hemos ido trabajando porque justamente nuestro interés es la no afectación de nuestro interés minero y la no afectación en los sistemas marinos”.

Institucionalidad
En el mismo escenario, y al partir su presentación, Vega ahondó en materia de institucionalidad en relación al tema. Recordó que los principios internacionales que refieren al uso de los recursos naturales del Mar se establecieron en 1970, por Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Del Mar.

Manifestó que “no puede ser entendida la exploración y explotación de la zona (el suelo de fondos marinos) sin asumir que esto es patrimonio de la humanidad… ¿qué quiere decir esto? Que cualquier beneficio que se logre a partir de la explotación de la zona tiene que ser repartido a toda la humanidad y eso es clave para los procesos posteriores, también ahí tiene que definirse cómo se hace esa distribución de beneficios”.

Para ser más específico, precisó que “en esta zona (el suelo de fondos marinos) no está permitido la apropiación del espacio de la zona para ningún Estado. Se establece como principio que cuando se van a entregar derechos de explotación o exploración, no se está entregando la apropiación del espacio, sino que se están entregando aquellos derechos de exploración y explotación“.

Sostuvo que “Chile se hizo parte de la Convemar en 1993(…) y que nosotros (Chile), la minería submarina en la zona, no puede tener estándares menores a los que hoy día estamos estableciendo en estándares de tierra”.
https://www.mch.cl/2021/04/21/mineria-submarina-revelan-el-estado-de-proyectos-de-exploracion-en-fondos-marinos/

19/04/2021
Fiscalización ciudadana da cuenta de incumplimientos y nueva contaminación ambiental en sector Las Tejas del Río Rocín.

Una nueva denuncia contra Minera Vizcachitas por incumplir las leyes ambientales ha sido presentada por Vecinos En Movimiento Por El Valle De Putaendo durante el mes de marzo del 2021 ante la Superintendencia Del Medio Ambiente (SMA).

La solicitud ciudadana, al máximo organismo fiscalizador, implica supervisar e informar públicamente, respecto al cumplimiento de los planes de reparación que la empresa debió ejecutar, como respuesta al proceso sancionatorio que enfrentó en el año 2017, que detectó, entre otros delitos ambientales: realizar 82 plataformas de sondajes mineros, habilitación de caminos, sin permiso de los organismos respectivos; robo de agua y destrucción de 6,7 hectáreas de bosque nativo con especies nativas protegidas y con alto riesgo de extinción.

En este último punto, donde la empresa que debía reforestar, no cumplió lo comprometido, pues se constata en la fiscalización ciudadana, realizada en octubre y noviembre del 2020 por parte de especialistas en medio ambiente, que todas las especies replantadas están muertas, y además el sector se convirtió en un basural de plásticos, mangueras y residuos, que debieron ser usados para asegurar la sobrevivencia de al menos el 75% de los árboles nuevos.

Por lo tanto, Minera Vizcachitas, no cumplió la reparación del daño ambiental y además generó nuevos daños, creando un basural en el sector Las Tejas.

La comunidad, está exigiendo a la SMA la fiscalización en terreno y el rechazo al plan de cumplimiento, además de una sanción a la empresa de manera ejemplar, ya que ésta ha actuado reiteradamente, fuera de la legislación vigente.

Junto a esto, se exige a las autoridades locales y regionales, que esta nueva denuncia sea considerada como un antecedente irrefutable del actuar negligente de la empresa, en el actual proceso de evaluación ambiental, donde la compañía minera, pretende conseguir la aprobación de una nueva campaña de 350 sondajes mineros en el mismo sector ya dañado, en el principal afluente del agua de la comuna de Putaendo.

Minera Vizcahitas enfrenta nueva denuncia por incumplimiento y daño ambiental

Se trata de la firma chileno-japonesa Atacama Kozan, perteneciente al segmento de la mediana minería.
16/04/2021
(El Mercurio) La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dio inicio a un proceso sancionatorio en contra de la compañía minera Atacama Kozan, faena de la mediana minería ubicada en la localidad de Tierra Amarilla.

Según el documento emitido por la entidad fiscalizadora, la firma chileno-japonesa habría incurrido en nueve infracciones, dentro de las que se incluye una de carácter “gravísimo”, asociada a incumplimiento al Plan de Seguimiento Ambiental del proyecto en relación con aguas superficiales y subterráneas.

Sólo por esa falta, la compañía arriesga multas por más de US$8 millones, además del cierre definitivo de la faena.

A lo anterior se suman otras cinco faltas graves y tres leves, por lo que la empresa infractora se ve expuesta a multas totales por más de US$31 millones.

Dentro de esto se incluye la ocultación de información de parte de la minera, pero además, la intervención del cauce natural del río Copiapó.

[Sigue leyendo este tema en la edición digital del diario] https://digital.elmercurio.com/2021/04/16/B/2B3UPSEP#zoom=page-width
https://www.mch.cl/2021/04/16/sma-levanta-cargos-contra-minera-y-arriesga-multa-sobre-us31-millones/

El Mostrador 16/04/2021
Crédito: Archivo (Temática)
La resolución es el segundo fallo favorable del organismo ambiental a favor de Andes Iron, empresa controlada por la familia de Carlos Délano, pero no significa que el megaproyecto tenga luz verde para operar, ya que las entidades ambientalistas y comunitarias agrupadas en la Alianza Humboldt anunciaron que acudirán a Corte Suprema para revertir el fallo. A a juicio de estos existe suficiente información y consenso científico sobre el daño irreversible que causaría en los ecosistemas marinos el proyecto Dominga. La resolución del tribunal determinó anular el rechazo del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, por lo que deberá volver a la instancia de decisión política. En cualquier caso, la presiones que tendrá el gobierno de Sebastián Piñera no serán menores, toda vez que bajo esta administración y a través del Ministerio de Medio Ambiente, Chile adhirió a dos compromisos internacionales de protección de los mares. El primero es The Blue Leaders, que busca promover la protección del 30% de los océanos del mundo para los próximos diez años. Y el segundo, más relevante aún, es su adherencia la Coalición por la Alta Ambición para la Naturaleza y los Pueblos (High Ambition Coalition for Nature and People-HAC), una coalición de alta ambición climática que promueve la protección del 30% del mar y la tierra del planeta en el mismo plazo.

Un nuevo foco de conflicto en materia ambiental se reactivó este viernes con la decisión del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta de acoger la reclamación en favor de Minera Dominga, que se ubica en la zona de La Higuera, región de Coquimbo, un proyecto minero portuario resistido por ambientalistas y comunidades locales de la zona por su impacto en el ecosistemas marinos de la zona.

Con esto, se determinó anular la resolución del Comité de Ministros -que en 2017 definió el rechazo del proyecto, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, entre otros aspectos- y de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo.

En abril de 2018, el mismo tribunal falló que el proyecto de Andes Iron se volviera a votar en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, determinando que el rechazo entregado por este organismo no había cumplido con las formalidades administrativas.

La resolución favorable este viernes para minera de hierro de propiedad de Andes Iron -empresa controlada por la familia de Carlos Délano, amigo personal del Presidente Sebastián Piñera- no significa que el megaproyecto tenga luz verde para operar, sino que este se retrotrae a las instancias de decisión política en la región de Coquimbo y, posteriormente ante el Consejo de Ministros para la sustentabilidad.

Sin embargo, las partes opositoras al proyecto -como la ONG ambientalista Oceana- apelaron a esta resolución ante la Corte Suprema, instancia que estableció que el rechazo fue totalmente legal y ordenó al Tribunal Ambiental a revisar nuevamente el caso, pero esta vez, enfocándose solo en los aspectos técnicos y ambientales, resolución conocida esta jornada.

Compromisos internacionales de Chile con los océanos
En el caso que las decisiones vuelvan al terreno de lo político, la presiones que tendrá el gobierno de Sebastián Piñera no serán menores, toda vez que en esta administración gobierno, Chile -a través del Ministerio de Medio Ambiente- anunció a a mediados de 2020 que Chile se sumó a dos iniciativas de protección de los mares.

La primera es The Blue Leaders, que busca promover la protección del 30% de los océanos del mundo para los próximos diez años. Y la segunda, más relevante aún, que Chile se adhirió también a la Coalición por la Alta Ambición para la Naturaleza y los Pueblos (High Ambition Coalition for Nature and People-HAC), una coalición de alta ambición climática que promueve la protección del 30% del mar y la tierra del planeta en el mismo plazo.

El último Informe Global de Evaluación sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos realizado por la ONU evidenció que el 66% de los ecosistemas marinos de todo el mundo han sufrido alteraciones drásticas por la acción humana.

Sigue judicialización ambiental
Tras esta decisión del Tribunal Ambiental, el tema sigue en la arena judicial, dado que las entidades agrupadas en la Alianza Humboldt anunciaron que acudirán a Corte Suprema para revertir el fallo. “Es lamentable que la interpretación que hizo el Tribunal Ambiental del ordenamiento jurídico ambiental no se haga cargo de la magnitud del impacto que podría generar Dominga, de llevarse a cabo, ni de la capacidad de regeneración de la naturaleza frente a tal mega impacto. Es además gravísimo porque desobedece lo ordenado por la Corte Suprema anteriormente, y por ese motivo lo que corresponde es recurrir ante ella para que defina si esta sentencia, que se desentiende de la orden del tribunal superior, se ajusta o no a Derecho”, explicó Alejandra Donoso, abogada de Defensoría Ambiental y representante de las comunidades de la zona.

Para la Alianza Humboldt, la resolución da cuenta de las debilidades que presenta la institucionalidad ambiental en Chile y representa “un grave retroceso en materia ambiental y un revés para las comunidades locales, la ciencia y la institucionalidad”, tomando en cuenta “las diversas instancias que decretaron su rechazo durante el proceso de evaluación ambiental y a la extensa evidencia científica que establece que la construcción del proyecto minero que incluye un megapuerto y una planta desaladora es incompatible con el ecosistema de esta zona y con las fuentes de trabajo sustentable que se desarrollan en el lugar”.

La directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth van der Meer afirmó que “no podemos dejar que el desarrollo del país siga cimentándose en el corto plazo, a costa del medio ambiente”, mientras Matías Asun, director de Greenpeace en Chile manifestó que “lo que ha ocurrido pone de manifiesto un problema estructural, pues un proyecto rechazado dos veces por ser técnica y ambientalmente nefasto siga a flote, luego de una campaña millonaria de presión y lavado de imagen. Pone, además, al Gobierno de Sebastián Piñera a decidir sobre el proyecto de un conocido cercano al Presidente para optar si quieren preservar o destruir la riqueza ambiental y social de esas costas”, dijo aludiendo a la amistad entre el Mandatario y Carlos Alberto Délano, de la familia dueña de Andes Iron.

“En innumerables ocasiones, destacados científicos han señalado que el Archipiélago Humboldt debe protegerse y que cualquier accidente que ocurra en el lugar provocaría un daño irreversible”, aseveró Max Bello, asesor ejecutivo de Mission Blue. En tanto, Flavia Liberona, directora de Fundación Terram, explicó que “es urgente un ordenamiento de la zona costera y establecer áreas en las cuales no se puede ni debe intervenir con proyectos contaminantes, industrias extractivas, mega puertos u otras actividades que amenazan valiosos ecosistemas que deben permanecer sanos para paliar los efectos del cambio climático que ya estamos viviendo”, sentenció.

Por su parte, el director ejecutivo de FIMA, Ezio Costa, abogada de Oceana afirmó que “es una decisión lamentable, por cierto”, pero subrayó que “en lo importante, el proyecto sigue estando rechazado y la Corte Suprema deberá resolver sobre este juicio”.
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/04/16/a-fojas-cero-primer-tribunal-ambiental-acoge-reclamacion-en-favor-del-controvertido-proyecto-dominga/

Sentencia indicó que no hubo participación de los dirigentes sindicales y los hechos que se les imputaron no son constitutivos de delito alguno.
15/04/2021
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó la sentencia dictaminada por el Tribunal de Garantía de Los Andes, que determinó el sobreseimiento definitivo de la querella que presentó la administración de la división Andina contra un grupo de dirigentes sindicales, en la que se les acusó de daños, desordenes y se les trató de aplicar la Ley de Seguridad interior del Estado en medio de las revueltas que dejó el estallido social.

“Esta sentencia no sólo ratificó lo dictaminado en el tribunal andino, sino que lo mejoró, ya que se señala que no hubo participación de los dirigentes sindicales y los hechos que se les imputaron no son constitutivos de delito alguno”, informó el Sindicato Industrial de Integración Laboral SIIL de Codelco a través de un comunicado.

En el escrito legal, a los dirigentes se les acusó que el 23 y 24 de octubre de 2019 se quemaron durmientes de la línea férrea, se apedrearon buses y hubo desordenes y daños, sobre lo cual nada de ello fue constitutivo de delito para la Corte de Apelaciones.

La querella había sido presentada el 15 de noviembre de 2019 y con esta resolución se dio la razón a los querellados, ya que todos los hechos que se señalaron no eran constitutivos de delitos.
https://www.mch.cl/2021/04/15/corte-ratifica-inocencia-de-dirigentes-sindicales-de-division-andina-por-incidentes-ocurridos-en-octubre-de-2019/