06/07/2021
Creditos: CONTEXTO | Agencia UNO
Publicado por Camila Mennickent
La información es de José Miguel Gutiérrez
Un grupo de agrupaciones medioambientales de la región de Valparaíso solicitaron la apertura de un proceso de Participación Ciudadana (PAC) por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) respecto al proyecto denominado “Continuidad Operacional de la Planta Minera Pullalli”.

En concreto, el requerimiento responde a la solicitud de la minera Pullalli Spa ante el Servicio de Evaluación Ambiental sobre expandir su zona de explotación a una mina de tajo abierto y ampliar sus plazos de funcionamiento.

Cabe señalar que esta empresa minera opera en una planta subterránea ubicada en el cerro Pullalli y en una planta de procesamiento que se encuentra en las cercanías de la localidad de Longotoma.

Al respecto, el presidente del Comité de Defensa de Pullalli, Álvaro Núñez, señaló que alrededor de 30 organizaciones de Papudo y La Ligua hicieron una solicitud de participación que aún no ha sido respondida.
A raíz de esta situación, según precisó el senador Juan Ignacio Latorre, un grupo de parlamentarios envió una carta dirigida a la directora del Servicio de Evaluación Ambiental para que considere la participación ciudadana en la tramitación del proyecto.

Radio Bío Bío contactó al SEA en la región de Valparaíso, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se ha obtenido una respuesta.
https://www.biobiochile.cl/especial/aqui-tierra/noticias/2021/07/06/agrupaciones-ambientales-piden-participar-en-evaluacion-de-proyecto-expansivo-de-minera-pullalli.shtml

Esto debido a la resolución del organismo fiscalizador que archivó la denuncia por supuestos incumplimientos ambientales de la Minera Carmen de Andacollo y su proyecto Hipógeno.
23/06/2021
Minería Chilena
El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite una reclamación ingresada por la Municipalidad de Andacollo en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por la resolución del organismo fiscalizador que archivó la denuncia por supuestos incumplimientos ambientales de la Minera Carmen de Andacollo de Teck y su proyecto Hipógeno.

En la reclamación se detalla que el pasado 20 de abril la SMA ordenó archivar una denuncia interpuesta en noviembre de 2017 por el municipio y otra efectuada por Silvia Núñez Araya en enero de 2020, ambas en contra de la minera por el no cumplimiento de exigencias establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto de ampliación, en especial aquellos relacionados con la calidad del aire y reasentamientos humanos.

“La SMA no dio cumplimiento al principio de celeridad que rige a todos los órganos de la administración del estado, pronunciándose sobre los hechos denunciados con fecha 8 de noviembre de 2017, recién el 20 de abril de 2021, además de tomar casi 4 años en resolver, omite arbitrariamente pronunciarse sobre la totalidad de los hechos denunciados”, se estipula en el documento.

Otro de los aspectos relevados en la reclamación es que la compañía minera ha incorporado en su proceso productivo nuevas faenas que requerirían de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “con ocasión de los efectos, características y circunstancias que genera este proyecto, no solamente para nuestra flora y fauna, sino que también porque se trataría de un proyecto que afectaría a nuestra población y sus características socioculturales fundamentales”, acotan.

A lo anterior se suma la calificación de Zona Saturada para Material Particulado Respirable, MP10, que tiene la localidad de Andacollo lo que para el municipio dice relación con que se trata de una comuna “altamente sensible y susceptible a los cambios en el ambiente provocados por proyectos mineros”, más aún porque la mina se encuentra a un poco más de un kilómetro del sector céntrico de la comuna.}
Denuncia

Uno de los aspectos que se denunció ante la SMA fue el incumplimiento por parte de la empresa del reasentamiento de dos familias de Andacollo que vivían en la quebrada del Churque y la no consideración -por parte de la minera- de las familias que residen en el sector subida Mina Hermosa, “las cuales producto de la expansión del proyecto tendrían que hacer abandono de sus pertenencias. Hecho del cual la Superintendencia de Medio Ambiente, no se pronunció”.

Además, para el municipio, la resolución reclamada “tampoco se refiere a la denuncia por calidad del aire y a la obligación de la empresa a mantener las emisiones de material particulado respirable MP10, el programa de humedad de áreas de labores, red de monitoreo de la calidad del aire, implementación de medidas técnicas para que las labores mineras relacionadas con gases, vapores, humos polvos, emanaciones o contaminantes causen peligro, daño o molestias al vecindario”.
https://www.mch.cl/2021/06/23/municipalidad-de-andacollo-ingresa-reclamacion-contra-la-sma-por-supuestos-incumplimientos-de-minera-teck/

La Comisión ad hoc acordó analizar esta institucionalidad en el marco del debate de las indicaciones del proyecto que fija una Ley de Cambio Climático.
10/06/2021
MINERÍA CHILENA
Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, en su última sesión, analizaron un informe de la Contraloría, que indica que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, un 44,22% de las denuncias ingresadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no tuvieron asociada alguna gestión.

Con estos antecedentes, la instancia acordó repensar los plazos y roles que tiene que cumplir el citado organismo, todo esto en el debate que se está dando del proyecto que fija una Ley Marco de Cambio Climático. Cabe recordar que la Comisión se encuentra analizando más de 600 indicaciones al texto en primer trámite.

En la cita, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, comentó que “respecto de las denuncias ingresadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, se identificó que un 44,22% no tuvieron asociada alguna gestión por parte de la SMA, esto es una solicitud activada de fiscalización ambiental, un procedimiento sancionatorio o su archivo por falta de mérito”.

Frente a este escenario la autoridad reconoció que en la ley no ha quedado suficientemente expreso el sentido de oportunidad que debe tener la gestión de las denuncias por parte de la Superintendencia.

En tanto, el superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, explicó que “nosotros fiscalizamos un universo muy amplio de empresas desde panaderías a mineras distribuidas por todo el país. Se trata de cerca de 17 mil instalaciones con alguna obligación ambiental”. Tras ello aseguró que para este año se espera una gestión anual histórica de denuncias.

“Desde 2013 a la fecha, se recibieron cerca de 16 mil denuncias, y durante 2021 se ha recibido un 50% más que el promedio histórico”, afirmó. Eso sí, advirtió que, “no obstante la mejora sustantiva de gestión que han desarrollado en el último tiempo, existen restricciones de recursos importantes”, planteando que para un servicio oportuno de denuncias, se requieren 290 personas adicionales, 80% de ellas en regiones. “Hoy existen instrumentos que no cuentan con financiamiento”, hizo ver.

Visión de los senadores
Tras las exposiciones, la presidenta de la Comisión, la senadora Ximena Órdenes manifestó que “más allá del presupuesto, el informe habla de un accionar sistemático. Valoro que en 2020 se revierta esa tendencia por primera vez. Se requiere un plan de acción identificando qué causas se archivaron porque cada una de ellas es importante y hay que hacer un seguimiento”.

Mientras que la senadora Isabel Allende comentó que “este tema no es propio de este gobierno sino del funcionamiento como Estado. Me parece un absurdo que se llegue a rebajar un 7% el presupuesto de este año”.

En esa línea, instó a la mesa técnica y la comisión que está trabajando en el proyecto de ley de marco de cambio climático hacerse cargo de este problema. “De lo contrario, estamos generando una nueva institucionalidad pero nuevamente puede haber una frustración en el sentido que no se cumplan lo que tendrían que ser los planes de adaptación”, remató.

A su vez, el senador Alfonso De Urresti planteó que “es una tomadura de pelo que no estemos reforzando esta Superintendencia. Las otras superintendencias (Servicios Sanitarios, de Electricidad y Combustibles, por ejemplo) tienen muchos más funcionarios que la SMA. Si queremos estar a la par de otros países en cuanto al Cambio Climático, lo mínimo es contar con el personal necesario para seguir las denuncias”.

Así, se acordó solicitar ayuda al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), que está apoyando el texto con la mesa técnica de los asesores, para ver si es necesario dar más facultades. Y además, crear un protocolo de seguimiento a la Contraloría y la SMA -que acompañe a la ley marco- para tener más herramientas.
https://www.mch.cl/2021/06/10/informe-de-contraloria-deja-en-evidencia-problemas-de-gestion-de-la-superintendencia-de-medio-ambiente/

Bahía Quintero- Puchuncaví:
El Tribunal resolvió preparar estas bases de conciliación, considerando el largo tiempo que ha transcurrido desde que las partes iniciaron conversaciones para alcanzar un acuerdo, en septiembre de 2017, y que a la fecha éstas no han arrojado resultados.
14/06/2021
MINERÍA CHILENA
El Segundo Tribunal Ambiental presentó a las partes una propuesta de bases de conciliación en la demanda por reparación de daño ambiental deducida en contra las empresas que integran el Complejo Industrial Ventanas ubicado en las comunas de Quintero y Puchuncaví.

La acción fue presentada en julio de 2016 por el Sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramas similares de Caleta Horcón y el Sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramas similares de Caleta Ventanas, además de vecinos de ambas localidades de la Región de Valparaíso en contra de Codelco División Ventanas, Aes Gener S.A., Catamutún S.A., Puerto Ventanas S.A., Empresa Nacional de Electricidad S.A., GNL Quintero S.A., Empresas Copec S.A., Gasmar S.A., Oxiquim S.A., Petróleos, Asfaltos y Combustibles S.A., Melón S.A., Enap y del Ministerio del Medio Ambiente, por la llamada contaminación histórica de las bahías de Quintero y Ventanas.

El Tribunal resolvió preparar estas bases de conciliación, considerando el largo tiempo que ha transcurrido desde que las partes iniciaron conversaciones para alcanzar un acuerdo, en septiembre de 2017, y que a la fecha éstas no han arrojado resultados.

Alcances
Para desarrollar las bases de conciliación, el Tribunal analizó las propuestas presentadas por demandantes y demandados, identificando coincidencias y divergencias, además de realizar un levantamiento de los instrumentos territoriales aplicables a la causa.

Los conceptos y principios que sustentan las bases de conciliación buscan alcanzar objetivos y metas comunes, considerando la realidad del territorio, así como también diversas opciones de solución. Estos principios son justicia ambiental, en sus dimensiones distributivas y participativas, responsabilidad empresarial y debida diligencia.

Las bases de conciliación contemplan 16 medidas entre las que se incluyen implementar un plan de modernización tecnológica de las industrias en cuestión, bajo el estándar de las mejores técnicas disponibles, que permitan dar sustentabilidad ambiental y social al cordón industrial.

Asimismo, se propone realizar una evaluación de riesgos a la salud y medio ambiente de cada una de las instalaciones de forma individual, así como una evaluación integrada de dichos riesgos para identificar efectos acumulativos y sinérgicos de la capacidad industrial instalada, de modo de prevenir situaciones de contaminación vividas en el pasado e identificar nítidamente las distintas fuentes de contaminantes.

Desde el punto de vista de la institucionalidad, se propone reimpulsar el Programa para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero-Puchuncaví vía el Consejo creado al efecto, reconociendo el camino recorrido y reforzando la necesidad de su continuación.

En la audiencia de presentación de las bases de conciliación, los ministros Cristián Delpiano, Alejandro Ruiz y Daniella Ramírez llamaron a las partes a hacer una revisión rigurosa de la propuesta, con una mirada de largo plazo, considerando especialmente que el desafío que plantea este caso permite abordar decididamente una de las situaciones de conflictividad ambiental más grandes de nuestro país.
https://www.mch.cl/2021/06/14/bahia-quintero-puchuncavi-tribunal-ambiental-presento-propuesta-de-bases-de-conciliacion-en-demanda-por-contaminacion-historica/

El proyecto, que pretende recuperar los minerales de las arenas de la Playa Grande de la ciudad y devolverlas al lugar, fue ingresado a través de un EIA al Servicio de Evaluación Ambiental.
15/06/2021
MINERÍA CHILENA
Una nueva reclamación en la que se solicita el rechazo de la aprobación ambiental favorable del proyecto minero “Playa Verde” de la comuna Chañaral, fue admitida a trámite por el Primer Tribunal Ambiental.

La causa, interpuesta en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por un vecino de la ciudad, se basa en la no respuesta de observaciones ciudadanas efectuadas por el reclamante durante el proceso de participación ciudadana y por la eventual falta de antecedentes técnicos suficientes y adecuados para evaluar el eventual riesgo para la salud de la población, al mar y al sitio prioritario “Quebrada de Peralillo” que podría provocar el proyecto minero.

Lo anterior, se fundamenta porque, a juicio del reclamante, el SEA no dio respuesta a todas las observaciones efectuadas y tampoco consideró algunos impactos ambientales y afectaciones a la salud de la población que fueron advertidas por organismos con competencia ambiental, OAECA, que participaron en el proceso de evaluación del proyecto.

Entre los aspectos incorporados en la causa está que, durante la evaluación ambiental del proyecto, no se pudieron descartar que este tuviera afectaciones sobre la salud de la población y sobre el recurso hídrico, en especial, en lo que tiene relación con el proceso metalúrgico y el depósito de relave. Tampoco se consideraron los impactos ambientales potencialmente significativos en el medio marino, ya que no se incluyó dentro del área de influencia del proyecto, aspectos relevados por la Gobernación Marítima y CONAF durante la evaluación.

Otro antecedente incorporado por el reclamante tiene relación con la no inclusión del Sitio Prioritario Quebrada de Peralillo al área de influencia del proyecto, ya que eventualmente podrá ser impactado por las emisiones de material particulado tanto en fase de construcción como de operación. Así como también, los impactos que se podrían provocar al Parque Nacional Pan de Azúcar.

En la reclamación se fundamenta que “se debe dejar sin efecto la RCA y rechazar el proyecto porque, éste no se hace cargo de establecer fundadamente y con un nivel de certeza científica adecuada, si genera o no los efectos, características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300”. Es importante mencionar que este artículo es el que establece las causales que hacen que un proyecto sea objeto de un Estudio de Impacto Ambiental, EIA.

También, se cuestiona la determinación del organismo evaluador de solicitar nuevos antecedentes a la empresa, ya que aseguran se trata de información relevante y esencial que no puede ser subsanada a través de una adenda (documento que debe ser entregado por la empresa con las respuestas a las consultas de los organismos con competencia ambiental como el SAG, Conaf, entre otros), porque “la ley establece que la adenda no es una instancia para aportar información nueva, sino para aclarar, rectificar o ampliar la información existente proporcionada por el titular de un proyecto”.

Ahora el Primer Tribunal Ambiental debe fijar la audiencia de alegatos de la causa. En dicha instancia los ministros escucharán los fundamentos de las partes.

Antecedentes del proyecto
El proyecto minero “Playa Verde” tiene como objetivo extraer por dragado (remoción, succión) antiguos relaves depositados en la Playa Grande de Chañaral, procesarlos en una planta metalúrgica para extraer cobre y obtenerlo de forma de cátodos y concentrados, para luego retornar a la misma playa las arenas procesadas en la planta metalúrgica.

La empresa pretende lograr productos con valor en el mercado y a su vez lograr residuos finales aptos para reconstituir la playa a su perfil o relieve pre aluvión, con lo que se otorgará una mejor condición ambiental a una zona históricamente afectada por los depósitos durante más de 40 años de relaves provenientes de la actividad minera.

Se pretende remover y procesar 35 millones de toneladas de 0,24% del cobre total a un nivel de procesamiento de 5 millones de toneladas anuales y obtener una cantidad estimada de 8.540 toneladas anuales de cobre fino.

El proyecto se emplazará en la comuna de Chañaral, Región de Atacama, aproximadamente a 3,4 kilómetros del centro urbano de la misma ciudad. La planta metalúrgica se proyecta inmediatamente vecina al este de la Playa Grande a 2,5 kilómetros al norte de Chañaral, aproximadamente en el kilómetro 2,5 de la Ruta C-120 que conecta a Chañaral con el Parque Nacional Pan de Azúcar. Su ubicación se encuentra, además, a una distancia aproximada de 923 metros del sitio prioritario Quebrada de Peralillo y a una distancia de 10 kilómetros del parque nacional.
https://www.mch.cl/2021/06/15/tribunal-ambiental-admite-a-tramite-reclamacion-por-aprobacion-de-proyecto-minero-playa-verde-de-chanaral/

El proyecto, que está paralizado en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado desde el año 2015, tiene como objetivo prohibir y sancionar el vertimiento, derrame o disposición de residuos mineros al mar.
08/06/2021
En el marco del Día Mundial del Océano, el diputado por la región del Maule, Pablo Prieto, envió una solicitud a las presidentas del Senado y de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Yasna Provoste y Ximena Órdenes respectivamente, para acelerar la discusión de proyecto de ley que busca prohibir y sancionar el vertimiento, derrame o disposición de residuos mineros al mar.

El proyecto, contenido en el boletín N° 9962-12 del Senado, está paralizado en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales de la Cámara Alta desde agosto de 2015, y desde ese año no ha tenido nuevas revisiones. Cuenta con un primer informe, y asistieron a la discusión diferentes autoridades de la época, como el ministro del Medio Ambiente Pablo Badenuer, el Consejo Minero y la Dirección Gral. del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR). Además, participaron de la discusión representantes de ONG medio ambientales.

En definitiva, el proyecto busca introducir una serie de modificaciones legales al decreto de ley Nº2.222 de 1978, con el objetivo de hacer frente a la situación de contaminación marítima producto de la actividad minera. Con todo, y pese a que ofrece una respuesta normativa para prohibir y sancionar el vertimiento, derrame o disposición de residuos mineros al mar, no tuvo nuevas revisiones en la respectiva Comisión.

“El mar debe cuidarse. Efectivamente, las aguas y mares territoriales del país enfrentan una compleja situación de contaminación, entre la que se cuenta aquella producida por plásticos, pero también por desechos derivados de la minería, que está presente en el norte y zona central del país”, afirma el diputado Pablo Prieto.

El diputado reconoció que han existido diferentes legislaciones aprobadas para proteger el mar, sin embargo “Estas medidas parecen no es suficientes. Este proyecto lleva cinco años durmiendo en el Senado, es por eso que le pido humildemente a las presidentas del Senado y de la Comisión de Medio Ambiente retomar la discusión de este proyecto lo antes posible”, concluye el diputado.
https://www.mineriachile.cl/2021/06/08/diputado-prieto-solicita-retomar-discusion-de-proyecto-que-busca-prohibir-el-vertimiento-de-desechos-mineros-al-mar/

04/06/2021
Inaceptable, retrógrada y violadora de derechos es una ley que legalice la intervención del área cercana a glaciares y el permafrost
(de http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108677)
“La ley que avanza permite y legaliza la intervención del ambiente periglaciar y permafrost, elementos centrales en la mantención de los glaciares”
El miércoles 2 de junio 2021 la Comisión de Minería y Energía del Senado despachó el sexto intento de proyecto de ley de glaciares a la Comisión de Medio Ambiente. Estuvo en esta comisión desde junio de 2018 luego que los comités parlamentarios negociaran con el ejecutivo para que ésta fuese la primera comisión en revisarlo.

A través de innumerables denuncias públicas que hemos hecho, buscamos concientizar sobre la importancia que tienen los glaciares y sus ambientes para el sustento hídrico de gran parte de la población del país y hemos querido develar cómo se ejerce el poder extractivista en el Senado a partir del actuar de los parlamentarios que legislan favoreciendo los intereses económicos, en vez de proteger el Bien Común.

Esta reciente tramitación estuvo fuertemente influenciada por el lobby minero con sus distintos representantes: el Consejo Minero, COCHILCO, SONAMI, Federaciones de trabajadores de CODELCO y glaciólogos mineros, tal como ha sido en los últimos seis años en otras tramitaciones infructuosas del mismo tema. Y tal como ha ocurrido con proyectos de ley anteriores a este sobre glaciares, la presión minera se materializó. La historia se repite una y otra vez: negocian a espaldas del pueblo.

La fórmula que usaron esta vez para acomodar la ley para las mineras fue la Mesa Técnica promovida y encabezada por el senador Girardi (PPD), quien decidió ceder la protección original del proyecto en relación con el entorno de los glaciares (ambiente periglacial) y el permafrost. De esta mesa sale entonces la propuesta del artículo sexto y séptimo por medio de los cuales se legaliza la intervención de estos elementos. Esto incluso contradice el mismo texto de la ley, ya que expresa que tanto el entorno como el permafrost son fundamentales para el equilibrio y permanencia de los glaciares. Esto fue apoyado por la senadora Isabel Allende (PS), Alejandro García Huidobro (UDI) y Rafael Prohens (RN). Lo decimos claramente, la Comisión de Minería se encargó de estructurar un proyecto de ley a la medida de la megaminería, la principal industria que destruye glaciares y el ambiente periglacial.

El proyecto será recibido por la Comisión de Medio Ambiente compuesta por dos integrantes de la Comisión de Minería, la senadora Allende y el senador Prorhens, además del senador Alfonso De Urresti (PS), José Miguel Durana (UDI) y Ximena Órdenes (Independiente ex PPD). Lamentablemente esta conformación no nos garantiza que se revierta este atentado a la Naturaleza y comunidades que velarán por la total protección de los glaciares y sus entornos y otras crioformas, ni tampoco del Buen Vivir de los Pueblos.

Constatamos cómo la historia se repite una y otra vez: negocian de espaldas del pueblo y continúan sobreponiendo el interés privado por sobre el de la mayoría. Esta vez quieren avanzar con una pantalla de ley de glaciares pero que al igual como lo pretendía Bachelet, es un dispositivo que permite la viabilidad de la minería en el ambienta periglaciar y permafrost.

Una ley que desproteja estos ambientes es totalmente perjudicial y un contrasentido a lo que efectivamente necesita el país. Lo que necesitamos es una ley de protección real y para todos los glaciares, su entorno y otras crioformas como el permafrost que se haga cargo de resguardar uno de los Bienes Comunes más importantes que hoy tenemos y que juega un rol fundamental como base y fuente de abastecimientos permanente de agua para las comunidades, los ecosistemas y la biodiversidad. No podemos aceptar leyes en la medida de lo posible porque destruyen la vida. Como país albergamos a la mayor superficie glacial de Sudamérica por lo que tenemos una responsabilidad que supera nuestras fronteras.

Los glaciares son tan importantes como su fragilidad y los intereses económicos no pueden estar por sobre el elemento esencial para la vida como es el agua, del cual dependemos todos para seguir viviendo.

Alertamos de la eventual trasgresión de los distintos tratados de Derechos Humanos que se verían gravemente afectados de prosperar esta propuesta de legalización de aquellos elementos que entregan el sustento a los glaciares. Entre ellos: la Convención Marco de Naciones Unidad sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyotto, Convenio sobre Diversidad Biológica, Convenio 169 de la OIT en materia de los pueblos originarios y la Declaración de Río, Acuerdo de París entre otros. Además, se estaría violando el principio de progresividad comprometido por Chile en convenios internacionales. El Estado debe tener como finalidad el incremento gradual, constante, sostenido y sistemático del alcance y amplitud del nivel de protección ambiental, buscando alcanzar su plena efectividad en justo equilibrio con la protección y promoción del resto de los Derechos Humanos.

Como Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares hacemos un llamado a los movimientos sociales, organizaciones medio ambientales y a todos los pueblos a informarse sobre el esencial rol que cumplen los glaciares, y a estar atentos y activos frente al proceso legislativo e interpelar a las senadoras y los senadores para a no permitir que la minería siga el ecocidio ambiental contra nuestros frágiles ecosistemas de montaña de los cuales dependemos. A pesar de ser una instancia que no nos representa, no abandonaremos el seguimiento a este proyecto de ley en el Congreso, y paralelamente pondremos todas nuestras energías para impulsar la anhelada protección de estos Bienes Comunes en el espacio de la Convención Constitucional, por lo que instamos a los constituyentes a pronunciarse por este tema crucial del cual depende nuestro presente y futuro.

¡CON LA FUERZA DE UN GLACIAR!

COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES

Agrupación del Camino Internacional (V), Andes Libres (RM), Asamblea autoconvocada por la Defensa del Agua Los Andes (V), Asamblea en Defensa del Elqui (IV), Asamblea por el Agua Guasco Alto (III), Baile Chino Cerro Mercacha (V), Centro Austral de Derecho Ambiental (X), Centro Ecológico Churque (RM), Colectivo Efímero (V), Comité Ambiental Teno (VII), Comunidad Indígena Taucan del Valle del Choapa (IV), Coordinadora 3 Ríos (V), Corporación del Medio Ambiente de Atacama CODEMAA (III), Elqui Sin Mineras / Elqui Sustentable (IV), Fridays for Future (V), Geoparque Valle de Petorca (V), Movimiento Socioambiental Putraintu (V), Nosotras Decidimos (V), OLCA (RM), Pacto Mundial Consciente (RM), Parque Andino Juncal (V), Putaendo Resiste (V), Raíces de Aconcagua (V), Red de Articulación Territorial Aconcagua Emerge (V), Red Metropolitana No Alto Maipo (RM), Red por la Defensa de los Territorios Wallmapu (IX), Red Regional Antimineras (XI), Unión Comunal Teno (VII), Valles en Movimiento Limarí (IV)

Contactos:
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