16/08/2021
Un reporte del Banco Central de abril midió el efecto por actividad económica. La generación eléctrica es el mayor emisor, por el carbón; pero la mayor huella proviene de la industria y la minería.

El plan estratégico del Banco Central incorporó, para su plan 2018-2022, un objetivo poco habitual: proveer estadísticas que vinculen la actividad económica con la dimensión medioambiental para el análisis interno y externo. Su trabajo más exhaustivo fue publicado en abril y midió la huella de carbono para el 2017, con una metodología basada en el consumo, que permite calcular las emisiones de CO2 incorporadas en productos que tienen como destino la demanda final.

La radiografía del BC, preparada por los economistas Felipe Avilés-Lucero, Gabriel Peralta y Camilo Valladares, adquirió mayor revelancia esta semana, por la publicación del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Los científicos observaron cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y sugieren que una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático.

Chile, según el BC, emitió 106 millones de toneladas de CO2, y la generación eléctrica en base a carbón es la actividad con mayor nivel de emisiones directas, seguida por la industria manufacturera, la actividad agropecuaria-silvícola-pesca y el transporte. “Sin embargo, en términos de huella de carbono, las actividades con un mayor nivel de emisiones de CO2 incorporadas son la industria manufacturera y la minería, contabilizando un 56,7% del total emitido”, dice el reporte.
Fuente: Pulso

La huella de carbono que deja la economía chilena

17/08/2021
Desde Anglo American aseguraron que se encuentran trabajando en las respuestas a los requerimientos de distintos servicios.
Hasta el 4 de octubre tiene Anglo American, minera propietaria de la faena de Los Bronces que desarrolla el estudio ambiental de la iniciativa Los Bronces Integrado, para responder a la serie de observaciones que realizaron distintos órganos del Estado con competencia ambiental. Estas observaciones generaron serias dudas respecto a la iniciativa valorada en más de US$ 3.000 millones.

En un documento emitido en el mes de junio y que se encuentra en el expediente de evaluación, se recogieron más de 100 anotaciones al proyecto en diversos aspectos, por ejemplo, su eventual afectación de glaciares, lo que fue subrayado por parte del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, que incluso aseguró que “el proyecto en evaluación se relaciona de manera perjudicial con la promoción del uso sustentable y estratégico del agua en la región y con la promoción de un uso responsable y seguro del territorio, en relación con riesgos potenciales por amenazas naturales y antrópicas en la región”.

Por su parte, desde la Dirección General de Aguas (DGA) discreparon de la metodología utilizada por la empresa para medir un eventual impacto en los glaciares que existen en las zonas adyacentes. “Este servicio reitera la necesidad de que el titular amplíe el área de influencia del proyecto con respecto al Material Particulado Sedimentable (MPS), ya que aún se mantienen incertidumbres en cuanto a la posible afectación de impacto ambiental que se pudiera generar en los glaciares descubiertos ubicados fuera de la actual área de influencia definida por la depositación de MPS modelada”, se advierte desde la DGA.

Desde el Gobierno Regional también advirtieron que como resultado de la interacción entre la actividad minera a gran escala, como amenaza potencial sobre la masa glaciar, y la gran cantidad de depósitos de este tipo que existen en la zona cercana a la faena, “el aumento de la vulnerabilidad de los glaciares en el contexto del cambio climático, que se suma a las presiones antropogénicas, configuran un inminente riesgo de seguridad hídrica para la región”. En esta línea, el documento del Gore Metropolitano indica que “el sector de localización del proyecto minero pone en riesgo las posibilidades de adaptación y resiliencia de la capital nacional frente al cambio climático (…) agrega presión a la cuenca, aumenta los niveles de vulnerabilidad de la misma y por lo tanto, a la prestación de los servicios ecológicos”. Junto con esto, desde la autoridad regional destacaron que el titular “no descarta la afectación negativa con potenciales daños graves o irreversibles sobre los sistemas glaciares y peri glaciares situados en el entorno del proyecto”, los que son esenciales para la provisión de agua para el desarrollo de las actividades en la Región Metropolitana.

Desde el SEA recordaron que el proyecto aún no ha sido calificado ambientalmente, y se encuentra a la espera del ingreso de su última Adenda, en la que deberá dar respuesta a las preguntas formuladas por los servicios. “El SEA garantiza una evaluación de impacto ambiental técnica y rigurosa, en este marco se efectuaron diversas observaciones al proyecto Los Bronces Integrado, en materias relativas al impacto en el medio humano, hidrogeología, de calidad del aire, entre otros”, sostuvieron desde la entidad. En tanto, en la compañía se defendieron, y sostuvieron que los comentarios del Gore “no se apoyan en hechos concretos verificables.

Durante el proceso de evaluación ambiental, hemos puesto a disposición todos los antecedentes técnicos y científicos para abordar los diferentes aspectos ambientales del proyecto, y los servicios competentes en estas materias técnicas no han hecho observaciones en ese sentido”. La minera aseguró que la iniciativa no tendrá efectos en la cantidad, ni en la calidad de ningún cauce, y explicó que más del 90% del agua de Santiago proviene del río Maipo, mientras que el Mapocho, cuenca donde se ubicaría el proyecto, aporta el 8,8% en años muy húmedos y solo el 3,9% en años de sequía.

Respecto a eventuales afectaciones a glaciares, expresaron que la iniciativa en evaluación “no contempla obras ni actividades próximas a glaciares, y en su diseño nos hemos asegurado, con soporte científico de primer nivel, de que no haya efectos por depositación de material particulado sedimentable ni por ruido ni vibraciones”. Con todo, puntualizaron que se encuentran trabajando en responder todas las inquietudes que puedan surgir desde los servicios públicos.
Fuente: El Mercurio

Gobierno Regional Metropolitano cuestiona proyecto Los Bronces

Lucía Escobar 17/8/2021

“Minera Dominga es especulación pura y dura. No es un negocio de minería real y lo que ha hecho Andes Iron, es desprestigiar la imagen minera del país, una actividad trascendental para Chile”, afirma el geólogo experto en minería del uranio y del hierro, Mario Rojo Lara.

Mario Rojo trabajó 11 años en la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) y 32 años en Compañía Minera del Pacífico (CMP), la principal productora de hierro de la costa americana del pacífico. Allí fue Jefe de la Unidad de Geología durante una década antes de pensionarse.

Conoce el proyecto Dominga muy bien. Primero porque intentaron vendérselo a CMP (Latin American Coper, antigua propietaria) cuando era jefe de geología de la compañía, y tuvo que revisarlo, y porque CMP es dueña de la continuación del mismo paño (El Tofo) donde está Dominga.

“Es como Andina y Los Bronces, mismo yacimiento, solo separado por una raya que es la propiedad minera. Cuando fue el boom del precio del hierro, a fines de la década del 2000, hicimos pruebas metalúrgicas que demostraron que el material es de mala calidad, lo que incide en la baja recuperación en peso para lograr un producto de calidad vendible. Por eso suspendimos los estudios”.

Luego, nuevamente, ahora Andes Iron, les ofrecieron Dominga. CMP revisó el proyecto y confirmó lo que ya sabía. Tras este fracaso, se intentó vender Minera Dominga a Mitsubishi en Japón.

“Ellos ‘inconscientemente’, entrecomillas, porque no hay nada inocente sobre esto, fueron a hablar con Mitsubishi. En esa época en cualquier proyecto de hierro en Sudamérica que se le ofrecía, Mitsubishi lo consultaba con CMP. Hasta ahí no más llegó la conversación».

Ahora insisten en vender a los chinos – agrega -. Pero China tiene yacimientos igual de malos que no explotan. Creo que las empresas chinas piensan ¿cómo vamos a ir a explotar algo que es tan malo como lo nuestro y tan lejos?. Con menos de unas rayitas de sus cuentas los chinos podrían haber comprado la CAP y no han hecho ninguna OPA por ella.

A mediados del 2000 comenzó el proyecto Dominga. Pertenecía a Latin American Cooper, en donde trabajaba el geólogo Iván Garrido. «Sin resultados de peso durante muy acotados estudios, los inversores ingleses no encontraron viable el proyecto, independiente de discretas anomalías de cobre y oro en una matriz ferrífera. Esa es la realidad», cuenta Rojo.

En 2009 Garrido y el grupo Larraín Vial crean Minería Activa, como administradora de fondos de inversión en minería. Larraín Vial, no tardó en sumar oficinas familiares como la de los Piñera Morel y de sus amigos, los Délano Méndez. Luego Minería Activa compró Dominga y ésta, a su vez vende el proyecto a uno de sus socios, la familia de Carlos Délano. En 2010 asume la presidencia Sebastián Piñera y nace Andes Iron. Iván Garrido asume como Presidente Ejecutivo y CEO, cargo que ocupará hasta diciembre de 2020.

Mario Rojo recuerda:

Larraín Vial compró sin contactar a nadie que conozca el negocio del hierro, que tiene complejidades muy particulares. El geólogo Iván Garrido no tiene experiencia real en hierro y tiene un desplante muy especial que lo hizo prescindir de los que realmente conocen el negocio y estaban en la supuesta competencia. No conoce las complejidades del proceso ni del mercado del hierro. Con su amigo, el geólogo Armando Signa “inventaron” el proyecto y se lo metieron en la cabeza a la empresa Larraín Vial, que nunca ha hecho minería, son asesores financieros.

Luego adornaron un poco el proyecto y se lo vendieron a Délano. Cuando se dieron cuenta que Garrido no logró interesar inversores internacionales, le ofrecieron comprar sus acciones e indemnizarlo. Y se fue muerto de risa. Hizo su pasada y ahora es millonario en dólares.

“Délano no invirtió su patrimonio”, advierte el experto en minería del hierro. “Compró Dominga con préstamos bancarios, entre ellos BCI y Banco de Chile, tengo entendido. El hecho es que están endeudados y por eso están apurando la cosa, todos tienen interés en que aparezcan inversionistas. En parte por eso necesitaban destrabar el tema ambiental, pero no les preocupaba tanto porque sabían que se iba a solucionar gracias a este gobierno. Lo que les preocupa son los temas técnicos ¿porque echaron a Garrido si no lo creyeran?. Tiene que haberles llegado información de que la cosa iba mal técnicamente.

Los problemas

Andes Iron informa en su página institucional que producirán concentrado de hierro de alta calidad y bajo costo, “un producto premium y competitivo”. También asegura que el costo de inversión es de $2.500 millones de dólares.

Nada de eso concuerda, afirma el experto Mario Rojo.

Lo que hay en Dominga, parte del Distrito El Tofo en Coquimbo, “son tobas mineralizadas con magnetita que en su parte superior contienen a este mineral oxidado. Para efectos prácticos es estéril y debe llevarse a desmontes. Eso se hace cuando el material está bajo la ley de corte, lo que significa que el costo de producción es muy alto para generar ganancias, y por eso los desmontes quedan ahí, no sirven de nada”.

La ley media de hierro de Dominga es de 23%. Como comparación, la ley media de El Romeral es de 52%, lo que significa que hay que mover menos roca para sacar el mineral. También es importante decir que la ley de cobre que declaran es 0,09%. Y resulta que en la minería del cobre el 0,1% se considera estéril. ¡Tienen menos que el estéril y lo declaran como un recurso de cobre!

Y agrega:

– Desde que Minería Activa era dueña de Dominga saben que tiene una ley de hierro de 23%. Con eso sólo se puede obtener un concentrado de hierro que no cumple con las exigencias de los mercados internacionales, que es de un 67 a 69% de hierro total. Dominga puede llegar a valores máximos de 64 a 65 % constituyendo un producto de mala calidad.

– Entre 64 y 67% no parece haber una gran diferencia

– Parece muy poca, pero los castigos son enormes por cada punto de fierro que no vaya en el concentrado ofrecido. Las multas son tremendas, unos $10 dólares por cada unidad de hierro menos. O sea vender un concentrado de 67% es mucho mejor que vender uno de 65%, porque se afecta el precio de modo exponencial.

Un punto crucial es la comercialización, afirma Mario Rojo.

– El mercado de concentrado de hierro es muy estricto, sobre todo por temas ambientales. Hay una relación directa entre la calidad del producto y la huella de carbono. Mientras más impuro, más se castiga el precio. En periodos de escasez de concentrados, los compradores aceptan minerales de menos calidad, pero con fuertes castigos económicos al vendedor. Y para obtener un producto vendible en Dominga, la cantidad de procesos que se requieren son enormes, afectando la huella de carbono local.

La compañía afirma que Dominga producirá 12 millones de toneladas anuales de concentrado. Mario Rojo explica lo que se necesita para producir sólo 10 millones:

– Para ello se requiere moler y chancar 50 millones de toneladas de roca al año. Eso implica que se deberá mover material del orden de 150 millones de estéril anualmente, o sea ¡12,5 millones mensuales!

Inicialmente, el capital necesario para el proyecto Dominga fue de US$ 3.200 millones, monto que se rebajó hasta los US$ 2.500 millones actualmente, señala.

Los cálculos del geólogo Mario Rojo para producir 10 millones de toneladas anuales de concentrado superan ambas cifras, estimadas para 12 millones:

– Un Puerto y Planta de Filtros en la costa cuesta en capital por lo menos US$450 millones; después, cada tonelada de producto anual que quieran producir, cuesta como capital US$260 millones de dólares (US$2.600 millones en total, por tonelada producida anual; ese valor de 260 por tanto se multiplica por 10). Aparte, hay que sumar la planta desaladora, con una estimación de CAPEX de US$ 300 millones como piso. Eso da 3.350 millones de dólares como mínimo. Y falta agregar el proceso de flotación que el proyecto no menciona y que sí o sí tendrán que hacer, y le agregaría otro costo a la inversión.

– ¿Por qué se rebajó la inversión del proyecto Dominga a 2.500 millones de dólares?

– Porque en minería una inversión sobre 3.000 millones de dólares es de alto riesgo y cuando vieron que era muy alta, empezaron a bajarla. Lo hacen porque así más gente se puede atrever a invertir. El proyecto Dominga no es viable técnicamente, al menos no con 2.500 millones de dólares.

Ante ello, Rojo aclara sus principios “muchos colegas piensan que no hay que decir la verdad siempre, porque se pierden las oportunidades de trabajo. Acá en el fondo hay un engaño. Yo no me atrevería a hacer algo así, mi formación es de empleado público (CCHEN), no sé si se cataloga de inteligencia lo que ellos hicieron o no, pero no está en mi engañar a alguien”.

– ¿Una empresa minera puede declarar lo que quiera sobre las leyes del mineral o los costos de inversión sin que Sernageomín u otro organismo público lo certifique?

– Sernageomin no se mete en nada de eso. Usted puede declarar lo que quiera. Puede inventar un proyecto y si es lo suficientemente convincente puede hasta venderlo. Existe la ingeniería de pares, como la revisión de pares en ciencia, pero no es obligación hacerla y por supuesto a Andes Iron no le interesa. Un inversionista tendría que contratar sus propios expertos para que revise partida por partida el proyecto.

– Cualquier proyecto minero puede ganar o perder. ¿Por qué cree que no podían hacer la pérdida antes de la aprobación ambiental ?

– Es una buena pregunta. Creo hay algo de soberbia en esto, pero no entiendo. La especulación debe llegar hasta cierto límite. Por ejemplo Luksic hace negocios de regulares a malos, pero también hace minería real, «minería con chimenea». O el caso de los Vial Concha en Chañaral, que se hicieron asesorar por gente que conoce el rubro. Son parientes de los Larraín Vial. Los Vial Concha hicieron la pérdida de 700 millones de dólares en Freirina, rebajaron impuestos y pasó piola. Y ellos son empresa cerrada, Larraín Vial no. Las empresas financieras meten platas de muchos inversionistas, a veces hasta las AFP ponen plata en estas bancas de dinero.

– ¿Cuánto se ha invertido hasta ahora en el proyecto Dominga y de cuánto sería la cuota para los inversionistas?

– Tengo entendido que querían US$1.000 millones a la firma. Pagando con intereses y lo que deben a los bancos, obtendrían unos US$700 millones, con un inversor.

– Y desde que partieron han gastado más o menos US$250 millones, un monto que es marginal en minería. Eso incluye los estudios de ingeniería del proyecto, el arriendo de oficinas muy lindas en Sanhattan y mucho lobby. Podrían haberlo hecho sin tanta parafernalia mediática y no habrían causado el caos que han ocasionado, desprestigiando a la minería. Cualquier externo que analice las cifras, se dará cuenta de la subvaloración estimada. Así no conseguirán a alguien que les retorne lo invertido.

– Lo que podría salvar el proyecto es el puerto. Por eso están en negociaciones con la CAP y ésta última no tiene un un proyecto minero analizado en fases de ingeniería para el puerto Cruz Grande. Si realmente se construye la infraestructura del túnel Agua Negra, para poder salir desde el Atlántico al Pacífico va a ser un negocio enorme, pero eso no va a pasar hasta 20 años más y echar a andar un proyecto minero, donde incluso estuviera todo bien y diera la ley de Dominga, son por lo menos 7 años. Además normalmente los inversionistas quieren separar aguas, no puede estar la empresa portuaria subvencionando a la empresa minera. Aquí se cometieron errores muy garrafales.

El geólogo recuerda un gran escándalo en Indonesia con la mina de oro Bri-X. No había nada y además engañaron espolvoreando oro a las muestras.

– Desde entonces nacieron las bolsas de minerales en Canadá y Australia que son normas que indican todo lo que hay que hacer para que un inversionista crea en un proyecto. Si se cuestiona a una minera por engañar a los inversionistas se cuestiona el país completo. La imagen país siempre se deteriora y si le dices al inversor dónde quieres invertir en Canadá o Chile, se van a ir a Canadá.
https://www.voceriavirtual.cl/2021/08/dominga-el-gran-engano-ex-jefe-de-la.html

por El Mostrador 14/08/2021
Senadores, científicos, académicos, medioambientalistas y dirigentes locales presentarán un recurso de protección. Asimismo, piden declarar la zona como Área Marina Protegida y convocan a la ciudadanía a estar atenta a apoyar las acciones necesarias para impedir el proyecto portuario, «en uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad del planeta», dijo el senador Girardi.

Los senadores Guido Girardi, Ximena Órdenes y Rabindranath Quinteros, presidentes de las comisiones de Salud, Medio Ambiente y de Pesca del Senado, junto a Adriana Muñoz, senadora de la Región de Coquimbo; Rubén Araya científico y decano de la U. de Antofagasta; Liesbeth van der Meer, presidenta de Oceana Chile; Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable; Nancy Duman y Óscar Avilez, representante de la Alianza de Humboldt, anunciaron –este sábado– que presentarán un recurso de protección contra el proyecto portuario de Dominga; pedirán que se declare esa zona como Área Marina Protegida; y llaman a la comunidad a estar atenta para impedir que se produzca este ecocidio.

El senador Girardi afirmó que «se está aprobando solo por amiguismo y en ninguna parte del mundo se permitiría que avanzara. Menos en el contexto que vive la humanidad hoy (IPCC-2021). Personalmente no cuestiono el proyecto minero, pero teniendo alternativas de usar puertos que existen (Huasco y Coquimbo), quieren construir otro junto a la Reserva de Pingüinos de Humboldt, solo para maximizar las ganancias del grupo Penta (principal accionista de la empresa), de la familia Délano, con del corredor bioceánico con Argentina a través del túnel Aguas Negras».

El parlamentario del PPD agregó que «el proyecto es ilegal porque nunca hicieron el Estudio de Impacto Ambiental sobre el ecosistema marino y se aprobó de manera fraudulenta, a pesar de la oposición de Conaf, cuyos argumentos no fueron considerados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que son los mismos por los que fue rechazado en 2017».

Y dijo que «la lamentable decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta –revivir el proyecto– pone en tela de juicio el rol que va a tener esa institución en el país. Pero mucho más grave es el tongo cometido por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo, donde hasta el seremi de Agricultura vota a favor, pese a que el informe de su ente técnico (Conaf) es contrario al proyecto, lo que da cuenta del lobby del Gobierno».

Girardi agregó que «entender la situación dramática de la comuna de La Higuera donde la empresa, aprovechando la cesantía existente, ofrece prebendas para ganar el apoyo de la comunidad».

Añadió que como senadores «nos vamos a aliar con las organizaciones ecologistas, sociales, de pescadores y la comunidad para impedir en forma conjunta este desastre ecológico. La próxima semana presentaremos un Recurso de Protección en Coquimbo y esperamos que la Corte Suprema restablezca el derecho a la justicia ambiental en este país».

Y concluyó apuntando a que «también vamos a solicitar que se establezca un Área Marina Protegida en toda la zona, donde hay dos de las reservas naturales más importantes del mundo».

Por su parte, la senadora por la Región de Coquimbo, Adriana Muñoz, valoró «el respaldo a la lucha que estamos dando hace mucho tiempo en la región. Yo me opongo a la instalación de una minera de esta envergadura en la región y el tema de los puertos es un debate aparte. No puede haber cuatro puertos en un sector tan pequeño de territorio».

«Ya hay un puerto concesionado (Coquimbo) que puede transformarse en el puerto central de la zona y no proliferar con proyectos para determinados intereses económicos. Hay que proteger esta zona maravillosa, la pesca artesanal y crear un área Marina Protegida –que ha sido planteado, pero no ha prosperado– debe ser asumido como prioridad por el nuevo gobierno», comentó.

Para la senadora Ximena Órdenes, «la resolución del COEVA de Coquimbo es una decisión arbitraria, tras una acción forzada para coordinar a las autoridades de esa institucionalidad y respaldar un proyecto que todas las evidencias científicas y técnicas dicen que no se puede aprobar».

En tanto, el senador Rabindranath Quinteros sostuvo que «es impresentable que quienes más ganancias obtienen sean los que menos importancia le dan al medioambiente. Como legisladores tenemos que utilizar nuestras atribuciones para evitar este abuso de un Presidente que vela por los intereses de sus amigos».
Ley de bases

El decano de la Facultad de Ciencias del Mar de la U. de Antofagasta, Rubén Araya, llamó a asumir los argumentos técnicos, la evidencia científica y proteger la biodiversidad. «El emplazamiento de este proyecto generará impactos negativos. Esperamos que esta decisión se pueda revertir».

Liesbeth van der Meer, presidenta de Oceana Chile, en esa misma línea recordó que «este proyecto tuvo cinco oportunidades durante la evaluación ambiental para mejorarlo y ahora se le vuelve a dar más chances. Estamos hablando de un lugar que es un hotspot de biodiversidad reconocido por la ciencia y que, como tal, es incompatible con actividades de alto impacto, como son las dos minas a rajo abierto y el megapuerto. No se entiende que, tras más de ocho años desde que se inició la tramitación de este proyecto, aún se evalúe destruir el Archipiélago de Humboldt en vez de protegerlo».

Mientras que para Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, «estamos ante una insistencia –sin ningún cambio sustancial del proyecto– de parte de un grupo económico que encabeza (Carlos Alberto) Délano, cercano al Presidente, y que está acusado de presionar e influir en la política por medio de financiamiento ilegal. La empresa ha intervenido el territorio mediante prebendas, cooptando y manipulando la institucionalidad ambiental».

La titular de Chile Sustentable agregó que la prisa se debería «a que estamos al término de este Gobierno donde Délano tiene incidencia (…) y porque está pronta la aprobación de la Ley de Bases de Servicio de Evaluación Ambiental y Áreas Protegidas, donde este tipo de proyectos estarán absolutamente prohibidos en ese tipo de sectores».
Evaluar acciones

Óscar Avilez, presidente de la Asociación Gremial de los Pescadores de Caleta de Punta Choros, se refirió a las históricas amenazas que han recaído sobre la zona, desde la instalación de centrales termoeléctricas en 2010 hasta la minera Dominga. «Desde entonces hemos luchado de manera incansable para proteger nuestro territorio, y nuestras áreas de manejo de recursos bentónicos son las más productivas del norte de Chile. Nosotros nos vamos a oponer hasta las últimas consecuencias», sentenció

Para Nancy Duman, representante de la Alianza Humboldt, «los impactos del proyecto serán irreversibles en la bahía y en el acuífero milenario de la Quebrada de los Choros, sobre el sería construido uno de los rajos de la mina, afectando el abastecimiento de agua para los pueblos de Los Choros y Punta de Choros».

Agregó que también afectaría la economía local que ha logrado ser sustentable, reemplazando unos dos mil puestos de trabajo de las áreas de manejo, a los operadores turísticos y los pequeños productores de aceitunas.

La dirigenta social finalmente afirmó que «hay que hacer todo lo posible para impedir su instalación, valoro reimpulsar el Área Marina Protegida de múltiples usos, aunque debe considerar toda la extensión de la propuesta original, pero llamo a evaluar otras acciones a realizar para detener estas fuerzas que están por aprobar el proyecto».
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/08/14/la-sociedad-civil-y-el-mundo-politico-se-unen-contra-del-proyecto-minero-dominga/

El diputado que representa a la comuna de La Higuera donde se busca instalar el proyecto minero portuario manifestó que si es necesario se llegará a instancias internacionales para proteger la biodiversidad de Coquimbo.
Andrea Bustos C.
12/08/2021
DANIEL NUNEZ
La aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo al proyecto Dominga desató una ola de críticas en contra de los seremis que lo apoyaron, pero especialmente al Gobierno, pues quienes respaldaron el proyecto minero portuario son representantes del Ejecutivo en la región.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el diputado del Partido Comunista por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, indicó que esta votación favorable a Dominga es absolutamente ilegítima “porque no se basó en los criterios técnicos que correspondía de una serie de informes científicos de la CONAF que señalan claramente la afectación, contaminación y daño en la biodiversidad del borde costero de la comuna de La Higuera que provoca este proyecto, eso fue desechado, no se tuvo en cuenta y es gravísimo”.

A eso, dijo el parlamentario, se suma que la comisión es poco representativa, pues se excluyó a la gobernadora regional Krist Naranjo, quien es opositora a esta iniciativa privada.

“Se impone una decisión de manera centralista por el delegado presidencial y desde ese punto de vista tiene nuestro más absoluto rechazo. Este es un proyecto cuestionado medioambientalmente, pero que también se relaciona con bullados casos de tráfico de influencias que involucran al propio presidente”, aseveró.

Las críticas contra el mandatario recaen en que minera Dominga pertenece a uno de sus amigos cercanos, Carlos Délano, a través de la empresa Andes Iron. Es desde ahí que han surgido una serie de acusaciones respecto de que la aprobación al proyecto podría responder a esta relación.

“Aquí está en forma nítida la mano de Piñera porque el delegado presidencial convoca a esto tratando de generar los acuerdos y las votaciones del Consejo de Ministros antes de que Sebastián Piñera deje el Gobierno. Entonces es vox pópuli y es una realidad que Piñera está asegurándole el negocio a sus amigos del grupo Penta, particularmente a los Délano, y eso reafirma todos los cuestionamientos que se están haciendo hoy a este proyecto minero”, agregó.

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En la comisión el único voto en contra fue del delegado presidencial, Pablo Herman, quien incluso interpeló al diputado Núñez, acusándolo de no haber defendido con la misma fuerza el medio ambiente en el Gobierno de Michelle Bachelet.

“La verdad que en la lucha medioambiental hemos tenido una serie de batallas, la defensa de los humedales con proyectos de ley, en contra de la contaminación que genera hoy día minera Pelambres, estamos trabajando para presentar un recurso de protección con las comunidades de Cuncumén, Batuco y Tranquilla y es nuestro deber. Así que las críticas de Pablo Herman a mí francamente me dan lo mismo. Yo creo que él intenta cuestionarnos porque sabe que quienes hemos hecho esta lucha hemos estado respaldando a la gente contra la instalación de Dominga y eso es lo que en última instancia le molesta, así que es casi anecdótico”, comentó.

El parlamentario también se refirió al voto en contra que dio Pablo Herman, quien aunque rechazó el proyecto, era el presidente de la comisión, por tanto, citó esta reunión para votar.

“Que haya votado en contra es meramente testimonial porque él operó para que este proyecto se aprobara en contra de la opinión mayoritaria de la ciudadanía en la Región de Coquimbo”, dijo Núñez.

Respecto del futuro del proyecto, que ahora debe ser revisado por el Comité de Ministros pero que a la vez se encuentra judicializado por recursos pendientes en la Corte Suprema, el diputado comunista señaló que se tomarán las medidas que sean necesarias para proteger la zona que será afectada.

“Acá lo primero que tenemos que hacer es reactivar la coordinación que teníamos con las organizaciones ciudadanas, ambientalistas de la zona y también las entidades como ONGs que han estado apoyando, porque debemos tener una estrategia común. Obviamente vamos a seguir muy atentos a las acciones judiciales, pero también estamos estudiando hacer una reclamación porque esta votación no tuvo en cuenta la opinión de la CONAF”.

“Por otro lado también vamos a estudiar llegar a organismos internacionales porque obviamente esta zona es tan emblemática y cuenta con tal biodiversidad que tiene un reconocimiento en diversas instancias internacionales. Por lo tanto, el daño ambiental tiene un trasfondo que va mucho más allá de lo que puede ocurrir en Chile”, agregó Núñez.

Dominga

Sobre el rechazo ciudadano que genera el proyecto Dominga, que se vio incluso en las calles este miércoles cuando en diversos puntos del país hubo manifestaciones en contra de la iniciativa privada, el diputado señaló que si el Gobierno no entiende la profundidad del problema, la movilización podría crecer incluso para ser un símil de lo sucedido con Hidroaysén.

“Se puede transformar en un conflicto socioambiental emblemático, es evidente que ha despertado preocupación no solo en la Región de Coquimbo, sino que en todo Chile. Por lo tanto, si el Gobierno insiste en darle viabilidad a este proyecto e imponerlo como lo está haciendo en forma autoritaria, evidentemente, se va a levantar la ciudadanía, las comunidades y vamos a tener un conflicto tan emblemático como fue el de la Patagonia cuando se opusieron a las hidroeléctricas y las represas”, afirmó.

Dado que el proyecto se mantiene judicializado, es posible que incluso su revisión pueda retrasarse llegando a los ministros del próximo Gobierno. Al respecto el diputado por Coquimbo aseguró que en Apruebo Dignidad existirá una protección del medio ambiente, lo que manifestó podría no ser igual con los otros candidatos, especialmente en la DC, pues recordó que fueron ministros de esta colectividad los que se alejaron del Gobierno de Michelle Bachelet cuando Dominga fue revisado y rechazado por los secretarios de Estado.

Diputado Núñez y aprobación de proyecto Dominga: “Aquí está en forma nítida la mano de Piñera”

La iniciativa busca modificar el Código Penal, para castigar con cárcel al autor, cómplice o encubridor de daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente
Diario Uchile
12/08/2021
FOTO PROY ECOCIDIO
Tras el lapidario informe publicado por un Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el diputado PPD Raúl Soto, presentó, junto a un grupo de parlamentarios de oposición, un proyecto de ley que modifica el Código Penal y tipifica el nuevo delito de “Ecocidio”, que permitirá castigar con cárcel a quienes sean autores, cómplices o encubridores de daños al medio ambiente.

Cabe señalar que el concepto de ecocidio es definido internacionalmente como omisión o acto ilícito o arbitrario, perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves o extensos al medio ambiente.

“Con esta iniciativa, proponemos penas de cárcel, que van desde presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio, es decir, personas que cometan delitos de Ecocidio, tendrán privación de libertad hasta 15 años, además de multas altísimas que llegan a mil 9 mil UTM, cerca de 460 millones de pesos, porque obviamente hay proyectos millonarios que terminan afectando el medio ambiente”, explicó Raúl Soto.

Asimismo, agregó que “si no tomamos conciencia y actuamos de forma rápida y drástica para adecuar y cambiar nuestras conductas como Estado y como sociedad y, también, para robustecer e introducir a nuestras legislaciones, mecanismos que permitan desincentivar el daño de los ecosistemas, la contaminación y afectación al medio ambiente, probablemente esta aceleración del cambio climático va a continuar y lo que está en juego es el planeta, la especie humana y lo que estamos haciendo es generar conciencia y permitir los cambios que se requieren con respecto al medio ambiente”.

Por su parte, su compañera de partido y coautora de la iniciativa, Cristina Girardi, señaló que “estamos ante una situación dramática desde el punto de vista ambiental. No hay vueltas atrás y debemos actuar ahora. Espero que este proyecto no solo persiga a personas que dañan al medio ambiente sino también a aquellos que son cómplices”.

“Hoy todos los que aprobaron Dominga, desde mi perspectiva, deberían terminar presos. Ese proyecto generará un daño ambiental brutal, más en este contexto de cambio climático que estamos. Cero conciencia de los agentes del Estado que cometen errores como estos, son cómplices tanto de la empresa que daña como de las personas que son responsables de los ecocidios. El ecocidio es una mortandad masiva y eso es lo que está provocando proyectos como Dominga”.

En tanto, el Presidente de la Comisión de Medioambiente, Ricardo Celis, señaló que “aquí el gobierno tiene una responsabilidad importantísima en la aprobación del Proyecto Dominga. Si estuviera esta figura penal, probablemente nosotros hubiésemos recurrido contra las autoridades por la brutalidad que acaban de hacer, porque finalmente las personas que dieron su aprobación son representantes por vía de los seremi los representantes del Ejecutivo. Habiendo conocido recién el informe del IPCC, el gobierno no ha entendido absolutamente nada, y va con sus amigos a aprobar proyectos de destrucción medioambiental”.

La iniciativa fue apoyada y firmada además por los diputados Patricia Rubio (PPD), Andrea Parra (PPD), Karim Bianchi (IND) y Felix González (PEV).

“Los que aprobaron Dominga deberían estar presos”: Diputados de oposición buscan tipificar el delito de Ecocidio

El Mostrador 11/08/2021
Crédito: Oceana Chile
El único voto en contra de este controvertido proyecto de Andes Iron -ligado a Carlos Alberto Delano, amigo del Presidente Sebastián Piñera- fue del Delegado Presidencial y presidente de la COEVA, Pablo Herman. La instancia se desarrolló mientras un grupo de personas manifestaba su desacuerdo con la instalación del polémico proyecto de Andes Iron, bajo la consigna «no a Dominga». Su aprobación no implica la construcción del proyecto, pues el próximo paso es la discusión en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. El director ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa manifestó que «es lamentable el mal uso del derecho por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, para favorecer intereses privados y en contra del interés público». La directora de Oceana, Liesbeth van der Meer dijo que «la conclusión es que técnicamente se rechaza y políticamente se aprueba, esta es la 5ta oportunidad a un proyecto que debió haber sido rechazado tempranamente desde sus inicios, pero simplemente sigue flotando porque en Chile el cuidado del medio ambiente no es la prioridad». El senador Guido Girardi (PPD) criticó la decisión de la COEVA la construcción de un megapuerto en uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad marina del mundo, lo que es «criminal y provocará un daño irreparable». En ese sentido, anunció acciones penales y advierte al Comité de Ministros que de ratificar la resolución de los seremis podrían ser acusados de notable abandono de deberes.

La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo aprobó con condiciones con 11 votos a favor y uno en contra, el proyecto Dominga de la minera Andes Iron, ligada a la familia de Carlos Alberto «Choclo» Délano, amigo del Presidente Sebastián Piñera, a pesar de que aún existen recursos judiciales pendientes en la Corte Suprema.

El único voto en contra de este controvertido proyecto fue del Delegado Presidencial y presidente de la COEVA, Pablo Herman.

Al principio de la sesión, la COEVA rechazó el recurso de reposición que interpuso la ONG Oceana, con la que se buscaba dejar sin efecto para votar la calificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Dominga.

La instancia se desarrolló mientras un grupo de personas manifestaba su desacuerdo con la instalación del polémico proyecto de Andes Iron, bajo la consigna «no a Dominga».

Esta votación de la COEVA se da cuando el proyecto Dominga se encuentra judicializado en la Corte Suprema. «Nunca antes un proyecto que estaba judicializado se decidía votar y pasar por encima de la Corte Suprema, esta es la primera vez», dijo a El Mostrador Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, en referencia a los recursos de casación pendientes ante el máximo tribunal del país.

Sin embargo, su aprobación no implica la construcción del proyecto, pues el próximo paso es la discusión en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

El proyecto «Dominga» fue rechazado en el 2017 por dos organismos: la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental. La razón: los riesgos que implicaba para el ecosistema marino de la zona.

Pero en mayo de este año, se presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ordenó una nueva votación del proyecto.

Fuentes de la zona han señalado que la convocatoria de la Comisión fue posible tras presiones de la minera y la Municipalidad de La Higuera, liderada por Yerko Galleguillos (UDI), que resultó reelecto estrechamente en los últimos comicios tras vencer a la socialista Uberlinda Aquea.

Esta estrategia tendría como propósito que la siguiente etapa, en el Consejo de Ministros, alcanzara a llevarse a cabo durante el actual Gobierno, considerando que el próximo Gobierno no sería amigable con este proyecto.

Desde la Alianza Humboldt acusaron que el Gobierno logró «alinear» a sus funcionarios, considerando que 11 de los 12 miembros de la comisión -conformada por el Delegado Presidencial, la directora regional del SEIA y 10 seremis- votaron favorablemente este proyecto.
Reacciones

El director ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa manifestó que «es lamentable el mal uso del derecho por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, para favorecer intereses privados y en contra del interés público».

El abogado agrega que «mientras sabemos que vamos por un camino de no retorno por la crisis climática y ecológica, se aprueba un proyecto muy dañino. Mal por Chile, pero seguimos esperando que resuelva la Corte Suprema en derecho y anule esta votación, junto con el fallo del Tribunal Ambiental».

La directora de Oceana, Liesbeth van der Meer dijo que «la conclusión es que técnicamente se rechaza y políticamente se aprueba, esta es la 5ta oportunidad a un proyecto que debió haber sido rechazado tempranamente desde sus inicios, pero simplemente sigue flotando porque en Chile el cuidado del medio ambiente no es la prioridad».

El senador Guido Girardi (PPD) criticó la decisión de la COEVA la construcción de un megapuerto en uno de los ecosistemas de mayor biodiversidad marina del mundo, lo que es «criminal y provocará un daño irreparable». En ese sentido, anunció acciones penales y advierte al Comité de Ministros que de ratificar la resolución de los seremis podrían ser acusados de notable abandono de deberes.

Max Bello, asesor de políticas públicas oceánicas de Mission Blue, dijo que «es impresentable que en un momento de crisis global, con todos los cuestionamientos científicos, sociales y éticos a este proyecto, aún se siga aprobando y que el gobierno de la presidencia de la COP de cambio climático se presente a este show».

Por su parte, el diputado Diego Ibáñez expresó que «lamentablemente el Gobierno y delegado presidencial han seguido al lobby de Carlos Délano, de la minera Dominga, de este proyecto minero portuario que es brutal para los ecosistemas del Archipiélago de Humboldt».

«Hoy el desarrollo ya no puede ser a costa de los ecosistemas, del patrimonio natural, ambiental y cultural. Tiene que ser un desarrollo, sostenible, que sea equitativo, que dialogue con la crisis climática y con los informes de la IPCC que aseguran que la preservación de la biodiversidad es clave para combatir la crisis climática», agregó.

En tanto, Matías Asún de Greenpeace sostuvo que la aprobación del proyecto Dominga es «escandaloso. No solo este proyecto enfrenta múltiples fallos, no solo se trata de un proyecto cuyo signo común de denominación ha sido los escándalos de corrupción».

«Se trata de un proyecto nefasto también en términos ambientales, que se va a emplazar en una zona que debiese estar protegida a nivel planetario, que ha sido identificada por el mundo científico como uno de los lugares más importantes de biodiversidad del planeta, que alberga a buena parte de la población de pingüinos de Humboldt», aseguró.

Marcelo Mena: «Es inaceptable la aprobación del proyecto»

El ex ministro del Medioambiente, Marcelo Mena sostuvo que «este proyecto está judicializado, tenemos un Seremi subrogante que termina votando porque el Seremi titular del Ministerio de Medio Ambiente renuncia, tenemos un Seremi de Agricultura que vota en contra del informe lapidario de Conaf que insta al rechazo del proyecto, porque no se hace cargo del impacto negativo a los pingüinos de Humboldt o los recursos hidrobiológicos».

«Es inaceptable e irregular la aprobación del proyecto portuario minero Dominga contraviniendo lo que es la institucionalidad ambiental», agregó.

«Lamentablemente el proyecto está siendo aprobado por intereses particulares y no va en la línea del desarrollo sustentable. No queremos otra zona de sacrificio. La aprobación es una vergüenza. No a Dominga», concluyó.
Jennifer Mella: «Este ecocidio se tiene que detener»

Por otra parte, la convencional de Apruebo Dignidad, Jennifer Mella sostuvo que «este ecocidio se tiene que detener. Este proyecto es inviable absolutamente, así ha sido declarado por el máximo tribunal del país y no en una, sino en varias oportunidades, y lo volverá a hacer».

«Estamos ad portas de lo que va a suceder, sin duda, reclamos administrativos y judiciales van a venir para impedir que mataría al ecosistema frágil del Archipiélago de Humboldt y además provocaría un impacto en la zona norte de nuestra región, ocurra», complementó.

Finalmente señaló que «nos vamos a poner de acuerdo porque estamos desarrollando en este lugar, transformaciones profundas al modelo de desarrollo de nuestro país, en el cual el ecosistema y la protección al medio ambiente sano tienen un rol fundamental».
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/08/11/mal-por-chile-rechazo-transversal-del-mundo-ambientalista-a-aprobacion-del-polemico-proyecto-dominga-y-acusan-que-gobierno-alineo-a-sus-funcionarios/

El Mostrador 12/08/2021
Crédito: ATON
A través de una declaración, un grupo de profesionales de la Corporación Nacional Forestal refutó la postura adoptada por el seremi de Agricultura en la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo a favor de la empresa Andes Iron, controlada por la familia de Carlos Délano, amigo cercano del Presidente Sebastián Piñera. “Sus argumentos jamás estuvieron avalados por el cuerpo de profesionales de la institución”, quienes “en todo momento hicieron ver las graves falencias detectadas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Dominga y que fueron plasmadas, en sendas comunicaciones internas y en todos los pronunciamientos institucionales disponibles en la carpeta digital de evaluación del proyecto», señalaron. Es más, añadieron que “las medidas del proponente, no se hacen cargo de los efectos, características y circunstancias, en todas sus fases y partes, por lo que su ejecución, atenta contra la subsistencia de uno de los ecosistemas más diversos del mundo, como lo es el sistema integrado Reserva Nacional Pingüino de Humboldt – Reserva Marina Isla Choros Damas”.

La aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo -por 11 votos a favor y uno en contra- al proyecto minero portuario Dominga, ha generado un amplio rechazo en la ciudadanía, en la política y en el mundo ambientalista.

En ese contexto, un grupo de 13 profesionales de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) manifestó mediante un comunicado que «fieles al mandato institucional de protección y resguardo del Patrimonio Ambiental de la Región, NUNCA nos hemos manifestado a favor de este proyecto, puesto que los antecedentes presentados no permiten asegurar su sustentabilidad ambiental».

En la declaración los funcionarios argumentan que «las medidas del proponente, no se hacen cargo de los efectos, características y circunstancias, en todas sus fases y partes, por lo que su ejecución, atenta contra la subsistencia de uno de los ecosistemas más diversos del mundo, como lo es el sistema integrado Reserva Nacional Pingüino de Humboldt – Reserva Marina Isla Choros Damas, que alberga al 80% de la población mundial de Pingüinos de Humboldt, al 90% de la población mundial de Yuncos, además de otras especies, como ballenas, delfines, chungungos y aves costeras, así como formaciones vegetales relevantes como bosques nativos de preservación y el hábitat de cactáceas endémicas en peligro de extinción crítico».

También rechazaron los argumentos de la seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes Reyes, para aprobar el proyecto condicionándolo «a medidas no evaluadas dentro del proceso, a objeto de “otorgarle sustentabilidad ambiental” y en donde indica la participación de CONAF dentro de un sistema de Gobernanza, así como también a incrementar el conocimiento sobre tópicos específicos que debieran haber sido incorporados por el titular dentro del proceso de evaluación, consideramos que tales elementos son totalmente improcedentes y manifiestan un reconocimiento implícito a que el proyecto en cuestión, NO es precisamente ambientalmente sustentable y, por el contrario, impacta irreversiblemente la viabilidad de las especies y ecosistemas en régimen de conservación ya que además, ninguna de las medidas condicionantes propuestas, son equivalentes a la pérdida de diversidad biológica de la zona».

En esa línea, sostienen que los argumentos de la Seremi de Agricultura «jamás estuvieron avalados por el cuerpo de profesionales de la institución, quienes en todo momento hicieron ver las graves falencias detectadas en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Dominga y que fueron plasmadas, en sendas comunicaciones internas y en todos los pronunciamientos institucionales disponibles en la carpeta digital de evaluación del Proyecto».

El proyecto Dominga fue rechazado en el 2017 por dos organismos: la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental. La razón: los riesgos que implicaba para el ecosistema marino de la zona. Pero en mayo de este año, se presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ordenó una nueva votación del proyecto.

Sin embargo, la aprobación por parte de la COEVA no implica la construcción del proyecto, pues el próximo paso es la discusión en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.

Con todo esto, las reacciones en contra de la decisión de la COEVA no han sido pocas, desde organizaciones ambientalistas y convencionales, hasta parlamentarios y candidatos presidenciales han dado a conocer su rechazo a este polémico proyecto de la empresa Andes Iron, ligada al empresario Carlos Delano, amigo del Presidente Sebastián Piñera y condenado por delitos tributarios en el marco del Caso Penta.

Dominga contempla una inversión de US$3.200 millones y consiste en la instalación de un proyecto portuario para la extracción y exportación de hierro y cobre, con la creación de 10 mil puestos de trabajos directos y 25 mil adicionales.
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/08/12/funcionarios-de-conaf-denuncian-que-seremi-de-agricultura-voto-a-favor-de-dominga-pese-a-los-informes-internos-que-hicieron-ver-las-graves-falencias-del-proyecto/

Reclamación de los hermanos Ventura se enmarca en lo que ellos califican como un incumplimiento de los deberes de la SMA, ya que no prosperó la denuncia que efectuaron en 2013 por infracciones ambientales de la minera, al no asegurar los caudales del estero Pupío el que se localiza aguas abajo del tranque El Mauro.
09/08/2021
Minería Chilena
El Primer Tribunal Ambiental dejó en acuerdo la reclamación efectuada por los hermanos Ventura Svigilsky, de la comuna de Los Vilos, en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), por el archivo que el organismo realizó de la denuncia por eventuales incumplimientos ambientales de Minera Los Pelambres.

La decisión fue tomada por los ministros Mauricio Oviedo (presidente), Cristián López y Eric Sepúlveda luego de la audiencia de alegatos que se efectuó la semana pasada.

La sala del órgano jurisdiccional escuchó los fundamentos de las partes sobre los puntos en controversia que tienen que ver con el mérito de la denuncia efectuada ante la SMA en lo que atañe al cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por parte de la minera en relación a la disminución de las aguas del Estero Pupío y el archivo que el organismo hizo de ella.

Respecto a los alegatos expuestos por Ezio Costa, abogado de los hermanos Ventura Svigilsky como reclamantes de la causa, se basaron en establecer la disminución del caudal y la imposibilidad de ejercer los Derechos de Agua, y lo que sería un incumplimiento de los deberes del organismo fiscalizador al no perseverar en la investigación.

Para Costa Cordella, la SMA cometió un error al archivar la denuncia presentada hace más de 7 años y en la interpretación que hace el organismo sobre cuál es la obligación de Minera Los Pelambres en relación con los derechos de aguas de sus representados en el Estero Pupío.

“Tanto la Superintendencia y la empresa se escudan en una interpretación errónea de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para dar la impresión que se está cumpliendo cuando es evidente que no se está cumpliendo”, dijo y recordó que “la medida de compensación estableció que se considerará la restitución de los caudales históricos, que asegurará la preservación de derechos ecológicos, de terceros y de usos históricos y que no se alterarán los derechos de terceros”.

Costa también dijo que sus representados están a solo 28 kilómetros de la minera y que no reciben agua, adujo, además, que si bien no se puede obviar que producto de la sequía hay menor disponibilidad de agua, existe una influencia de parte de la minera que está claramente establecida en la propia RCA, por lo que se le obliga a una medida de compensación que se está incumpliendo.
Defensa de la SMA y la empresa

Dichos argumentos fueron refutados por la Superintendencia de Medio Ambiente y por la empresa. En primer lugar, la abogada de la SMA Pamela Torres explicó que la Superintendencia para archivar la denuncia consideró las fiscalizaciones realizadas en 2013, 2014 y 2015 en las cuales se verificaron las instalaciones del proyecto que tienen relación con obras de intervención, manejo y entrega de agua superficial.

La abogada explicó que, la obligación a la empresa de restitución del caudal comprometido, está dada por la aprobación efectuada por la Dirección General de Aguas (DGA) para el diseño y construcción de las obras del relave, lo que además, quedó condicionado a la obligación de restituir las aguas, lo que se determina año a año en relación a las precipitaciones. En ese mismo sentido aclaró que la SMA “no ha señalado que Minera Los Pelambres no tenga esa obligación”, y enfatizó en que el organismo continuó fiscalizando a la empresa y que el archivo de la denuncia se funda en que no se verificaron incumplimientos en las fiscalizaciones del 2014 y 2015.

También, Torres fue enfática al decir que “el archivo de la denuncia dice relación única y exclusivamente para el tiempo en que fueron presentadas, razón por la cual si la Superintendencia llegara a contar con nuevos antecedentes producto de actividades de fiscalización como las que ya están en marcha o denuncias nuevas, estas pueden ser consideradas en el proceso de investigación de fiscalización y de sanción, por lo tanto tampoco existe un perjuicio respecto del archivo de la denuncia de esa época (…) si hoy están teniendo un problema pueden denunciar a la Superintendencia”.

En tanto, Javier Vergara Fisher, abogado de la empresa, detalló lo comprometido por la empresa en la evaluación ambiental y exhibió un mapa del relave, canales de contorno y embalse de cola (para almacenamiento de agua). “Las únicas aguas que utiliza la mina son las aguas claras del relave. Que las aguas del embalse de cola tienen por objeto restituirse al estero Pupío”, afirmó. Se refirió asimismo a la escasez de agua y sequía extrema de la zona.

Vergara Fisher aseguró que “lo que están pidiendo es que construyamos un acueducto, pero no dice relación con las obligaciones de mi representada (empresa Minera Los Pelambres) (…) Somos una empresa extraordinariamente fiscalizada por la SMA y debo decir que respecto a obligación de restitución no encontró ningún elemento y no formuló cargos”.

Luego de dejar en acuerdo la causa, se determinó que será el ministro Mauricio Oviedo quien estará a cargo de la redacción del fallo.
Reclamación

La reclamación de los hermanos Ventura se enmarca en lo que ellos califican como un incumplimiento de los deberes de la SMA, ya que no prosperó la denuncia que efectuaron en 2013 por infracciones ambientales de Minera Los Pelambres al no asegurar los caudales del estero Pupío el que se localiza aguas abajo del tranque El Mauro.
https://www.mch.cl/2021/08/09/en-acuerdo-queda-reclamacion-por-archivo-de-denuncia-efectuada-por-eventuales-incumplimientos-de-minera-los-pelambres/