por Liesbeth van der Meer 23/11/2021
En una nota reciente, se deja ver la posible concreción de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos que en nada tranquiliza, más bien todo lo contrario, nos genera mayor preocupación. Podría sonar extraño, considerando nuestra vocación de conservación marina, pero lo cierto es que la propuesta que saldría del Ministerio del Medio Ambiente dejaría las puertas abiertas a megapuertos como Dominga y Cruz Grande si no se especifica, en el decreto que crea el área, que esta es incompatible con proyectos de alto impacto. Se exige entonces que la autoridad sea clara y no permita megaindustrias en esta bahía, considerando las razones ampliamente expuestas desde el mundo científico y los procesos de participación ciudadana desarrollados en la zona por más de una década.

Desde la explosión del bullado caso Barrancones, del cual ya han transcurrido más de 10 años, las comunidades costeras de La Higuera y Freirina, frente a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, siguen siendo testigos de permanentes amenazas industriales en la zona y promesas de una protección que hasta ahora no ha llegado.

Si hace una década fueron las termoeléctricas, ahora es el caso del controvertido proyecto minero portuario Dominga, que con la explosión de los Pandora Papers se vio aún más cuestionado de lo que ya nos tenía acostumbrados. No es primera vez que la empresa Andes Iron está en tela de juicio producto de esta mina y puerto que, desde que comenzó su evaluación ambiental, fue criticada por sus deficiencias técnicas y por su vinculación con el caso Penta.

El juicio político plasmado en la acusación constitucional y resuelto hace pocos días no llegó a puerto, mientras que en paralelo sigue adelante una investigación de la Fiscalía Nacional que determinará en algún momento si existió o no un conflicto de intereses. Independientemente de lo anterior, desde nuestro profundo convencimiento, estamos claros en algo: el proyecto Dominga se mantiene en pie, el megapuerto Cruz Grande de CAP aún podría ver la luz y el Archipiélago de Humboldt sigue sin ser protegido.

En nota publicada en La Tercera este 13 de noviembre, se deja ver la posible concreción de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos que en nada tranquiliza, más bien todo lo contrario, nos genera mayor preocupación. Podría sonar extraño, considerando nuestra vocación de conservación marina, pero lo cierto es que la propuesta que saldría del Ministerio del Medio Ambiente dejaría las puertas abiertas a megapuertos como Dominga y Cruz Grande si no se especifica, en el decreto que crea el área, que esta es incompatible con proyectos de alto impacto. Se exige entonces que la autoridad sea clara y no permita megaindustrias en esta bahía, considerando las razones ampliamente expuestas desde el mundo científico y los procesos de participación ciudadana desarrollados en la zona por más de una década.

Si queremos dejar atrás la pesadilla que han sido las tres termoeléctricas, los puertos y la planta desaladora que han pretendido industrializar esta zona, arriesgando el patrimonio natural de nuestro país, se debe actuar con urgencia en la protección del Archipiélago de Humboldt.

Aunque la decisión sobre los proyectos está en manos de un sinnúmero de procesos legales (*), cabe mencionar que la tarea y la responsabilidad de una protección definitiva subyace en el Estado. Atendiendo a lo anterior, esperamos que el Ejecutivo actúe con coherencia, protegiendo este lugar de forma definitiva, sin amenazas futuras. Volvamos a posicionar el foco en lo que realmente importa, porque aún estamos a tiempo de salvar este ecosistema, el cual, a punta de esfuerzo de chilenos y chilenas, ha podido hasta ahora preservarse para las futuras generaciones.

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(*)Los proyectos Puerto Cruz Grande y Dominga se encuentran judicializados. Para el caso de Cruz Grande, será el Segundo Tribunal Ambiental el que decidirá si revocar el permiso ambiental otorgado a la empresa luego de haber escuchado los alegatos de todas las partes el pasado 4 de noviembre. Por su parte, Dominga se encuentra judicializado por tres vías: 1) que la Corte Suprema, donde se está solicitando la invalidación de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, rechace definitivamente la iniciativa de Andes Iron; 2) que el Comité de Ministros se pronuncie respecto a la aprobación del 11 de agosto y eventualmente rechacen el proyecto; y 3) que la Corte de Apelaciones de La Serena, invalidara la votación del 11 de agosto, ya que el caso se encontraba en la Corte Suprema al momento de la votación.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/11/23/minera-dominga-un-historial-de-irregularidades-mientras-el-archipielago-de-humboldt-sigue-desprotegido/

18/11/2021
La senadora Ximena Órdenes se refirió a la situación que vive el proyecto minero portuario.

En el actual período legislativo, la representante de la Región de Magallanes, la senadora Ximena Órdenes preside tres comisiones además de integrar la instancia especial de Zonas Extremas.

Una de ellas es Medio Ambiente, donde el cambio climático y la fragilidad de los ecosistemas se han tomado la agenda, de muestra dos botones: el proyecto minero portuario “Dominga” en el norte y las concesiones para la salmonicultura en la Patagonia.

“A mi juicio el proceso tiene bastantes vicios” aseguró la parlamentaria aysenina sobre “Dominga”, acusando que hubo “seremis que desatendiendo informes técnicos, aprobaron el proyecto siendo que los informes tenían una connotación distinta, respecto de los cuales se debería haber rechazado”, añadió la legisladora en el programa “Profundidad de Campos” de TV Senado.

La senadora comentó que se ha hecho parte de acciones judiciales buscando frenar dicha empresa, “porque estamos hablando un ecosistema único, no es solo la reserva del pingüino de Humboldt (…) “Esto va más allá del conflicto interés que evidentemente existe, no le veo ningún tipo de viabilidad a un proyecto de esta naturaleza”.

Por eso, independiente de las implicancias políticas que ha generado la propuesta, la titular de la Comisión de Medio Ambiente planteó que independiente de los avances, las actuales normas se han hecho insuficientes y “Chile tiene que revisar su arquitectura (…) requiere mucha coherencia. Acá no hemos podido legislar sobre daño, delito ambiental, protección de ecosistemas relevantes como los glaciares, turberas, las algas”.

“Hay conflictos y hay que decirlo, sobretodo en la zona norte y centro, donde los glaciares son menos pero cumplen un rol como reserva hídrica y ahí entra en conflicto con la minería”, citó.
Fuente: Mch.cl

La visión de la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado respecto al Proyecto Dominga

08/11/2021
Por Nicolás Sepúlveda y Paulina Toro

Algunos ya se conocen, como Dominga e Imán, pero hay otros nueve proyectos mineros en los que participaron los Piñera Morel bajo el primer gobierno de su padre. Uno de ellos es Cóndor, el que fue aprobado ambientalmente en esa administración. CIPER rastreó los actos administrativos, como permisos y evaluaciones, que hicieron avanzar estos proyectos entre 2010 y 2014. En La Moneda niegan cualquier conflicto de interés. La mayoría son proyectos de exploración, que buscan descubrir vetas de cobre, oro y hierro, para luego ser vendidos a mayor precio. Algunos de los proyectos no tuvieron éxito, pero otros continúan vigentes, como Indiana y Filipinas, y a la venta.

El 31 de julio de 2013 – durante el primer gobierno de Sebastián Piñera- el Proyecto de Exploración Minera Cóndor recibió el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para operar un proyecto que buscaba cobre en el Cajón del Maipo, en el sector cordillerano de la Región Metropolitana. Era una zona con protección ambiental porque había sido declarada de Interés Científico para la Minería. Para lograr la aprobación, los dueños del proyecto prometieron ocupar un helicóptero para el traslado de material y personal de ese proyecto, con el fin de evitar la construcción de caminos.

Como requisito para su aprobación, el proyecto recibió el visto bueno de siete seremis, cargos que son nombrados por el Presidente de la República. Lo que no se sabía, hasta ahora, es que la familia Piñera Morel estaba entre los inversionistas de la Minera Cóndor.

La familia del Presidente Sebastián Piñera estaba entre los accionistas del proyecto a través de Santa Victoria Fondo de Inversión Privado, un FIP hasta ahora desconocido y que también utilizaba como vehículo de inversión en otras sociedades mineras.

Aunque, según la versión de La Moneda y del family office de los Piñera Morel, el proyecto Cóndor finalmente no se ejecutó y su permiso nunca se utilizó, efectivamente su aprobación ambiental se produjo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y quedó listo para su autorización bajo la administración de Michelle Bachelet. De hecho, fue la ministra de Minería de Bachelet, Aurora Williams, quien entregó el permiso final en noviembre de 2014 (vea el decreto respectivo).

El proyecto Cóndor formaba parte de una serie de inversiones mineras en las que participó la familia presidencial durante el primer mandato de Piñera. Parte de esos proyectos fueron la Minera Dominga, que terminó vendiéndose a la familia Délano en las Islas Vírgenes Británicas (vea reportaje de CIPER y La Bot), y el Proyecto Imán, donde el vendedor de las concesiones mineras que posibilitaron ese proyecto fue nombrado como representante del Presidente en el directorio de Enami (vea reportaje de CIPER).

La familia del Presidente también ha participado en los proyectos Indiana, que le vende mineralización a Enami y que actualmente busca comprador, y Filipinas, que extrae cobre, hierro y oro en la Región de Atacama. Otros proyectos en los que ha invertido la familia presidencial son Oro Atacama, Perth, Sierra Fritis, Adelaida, Quasar, y Central Andes. CIPER contabilizó al menos 11 proyectos de inversión minera, en el periodo 2010-2014, en los que participaron los Piñera Morel.

Fuente: Minería Activa

Algunos de estos proyectos terminaron truncados, como el de la Minera Perth, que iba a ser comprado a una minera norteamericana y donde el ejecutivo de confianza de los Piñera, Nicolás Noguera, participó directamente en las tratativas.

Luego de que Pandora Papers reveló la controversial cláusula que condicionó el tercer pago por el proyecto Dominga a que esa zona no fuese protegida ambientalmente durante la primera administración de Piñera, CIPER revisó las autorizaciones, permisos ambientales y evaluaciones a que fueron sometidas distintas inversiones mineras de los Piñera Morel bajo ese gobierno. En el caso de Dominga, se aprobó una concesión marítima portuaria para ese proyecto, a pesar de que estaba en curso una solicitud de protección ambiental costera que afectaba la construcción de ese muelle (vea aquí ese reportaje de CIPER).

Hay otros proyectos de los que no hay demasiadas pistas, porque las inversiones mineras en Chile, cuando operan en proyectos pequeños o medianos, no figuran en bases de datos públicas. No hay registros públicos de todos los proyectos que reciben permisos ambientales, porque, por ejemplo, las minas que extraen menos de 5.000 toneladas mensuales no requieren pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental. Lo mismo ocurre en el caso de las exploraciones ubicadas en la zona norte del país que operan menos de 40 sondajes (perforaciones) para buscar mineral. A pesar de que estos proyectos menores igual requieren permisos, no hay nóminas públicas que los identifiquen.

Los Piñera Morel han participado del negocio minero a través de una serie de sociedades y Fondos de Inversión Privados (FIP) que dificultan identificar a sus beneficiarios finales. El listado de aportantes de los FIP es confidencial, y ni el Servicio de Impuestos Internos ni la Comisión Para el Mercado Financiero (entidades que reciben esa información) están autorizados a hacer públicas esas nóminas.

CIPER pudo identificar las inversiones mineras de la familia del Presidente luego de revisar decenas de escrituras públicas repartidas en distintas notarías de Santiago. Solo así logramos saber que uno de los vehículos de inversión de la familia presidencial ha sido un FIP hasta ahora desconocido: Santa Victoria, el mismo a través del cual invirtieron en Cóndor.

EL TRAYECTO DE CÓNDOR EN EL PRIMER GOBIERNO DE PIÑERA
El 21 de noviembre de 2011, Minería Cóndor SpA ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que buscaba permitir la exploración de cobre en el Cajón del Maipo. La sociedad a cargo de la tramitación de esa DIA era Geoactiva SpA, accionista de la minera, y donde la familia Piñera Morel tenía participación.

El Proyecto de Exploración Minera Cóndor había sido presentado por el representante legal de Geoactiva, Ignacio Del Río, un ex ejecutivo de Bancard, una de las sociedades históricas de los Piñera Morel. Cóndor proyectaba realizar sus faenas en el Fundo Río Colorado, a 38 kilómetros de la localidad de San José de Maipo. El lugar, considerado reserva natural de biodiversidad, había sido decretado como Zona de Interés Científico para Efectos Mineros, seis años antes de la presentación de Minera Cóndor.

La resolución que protegió la zona por su interés científico para la minería (promulgada el 4 de octubre de 2005) señala que esta área “presta importantes servicios ambientales a la Región Metropolitana, como es el abastecimiento y reserva de agua dulce para riego y bebida. Asimismo, forma parte del área de interés turístico y recreación en ambientes naturales, que posibilitan la educación ambiental y potencial científico, riqueza cultural y arqueológica”.

El estatus de protección no impedía que Minera Cóndor pudiera acceder a sus exploraciones si cumplía una serie de condiciones, las que incluían una autorización vía carta del propio Presidente de la República o, en su representación, del ministro de Minería.

Además, el proyecto requería el pronunciamiento de otras autoridades sectoriales, pues el lugar posee categoría de “Área de Preservación Ecológica”, “Sitio prioritario de la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad de la Región Metropolitana”, “Bien Nacional Protegido” y “Zona de Interés Turístico”.

El proyecto sufrió un traspié en un primer intento por avanzar en la institucionalidad ambiental, entre otras razones porque, justamente, no se acompañó la carta del Presidente, entonces Sebastián Piñera. El 4 de mayo de 2012, el SEA emitió una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable lo que impedía la realización del proyecto. No obstante, los representantes de Cóndor insistieron en la tramitación y bajo ese gobierno recibieron la RCA favorable y todo quedó listo para que, bajo la administración de Bachelet, se otorgara el permiso presidencial. De hecho, en el último día del gobierno de Piñera, el 10 de marzo de 2014, Sernageomin resolvió el último trámite relevante para obtener el permiso antes de que todo quedara en manos de la futura ministra Aurora Williams.

Entre los pasos administrativos relevantes que se dieron a favor del proyecto de los Piñera Morel durante el primer gobierno de su padre se cuentan las actuaciones de siete seremis metropolitanos (Minería, Agricultura, Salud, Medio Ambiente, Transporte, MOP y Vivienda), todos funcionarios de confianza del entonces mandatario (vea aquí el expediente completo).

El 29 de julio de 2013, Geoactiva logró la RCA favorable. Pero, posterior a eso, cambió de lugar su exploración y relocalizó el proyecto sin necesidad de volver a realizar toda la tramitación ante el SEA. Y desde noviembre de 2013 -a cuatro meses de culminar el primer gobierno de Sebastián Piñera- comenzó una acelerada tramitación en el Ministerio de Minería y el Sernagormin para materializar la autorización para exploración en zona de interés científico. Fue en ese marzo, que el 10 de marzo de 2014, en las últimas horas del gobierno, Sernageomin evacuó el visto bueno para la relocalización del proyecto. Lo hizo a través del oficio Ordinario N° 310.

Familia Piñera Morel

CIPER consultó al principal ejecutivo de los negocios de los Piñera Morel, Nicolás Noguera, si tuvieron a la vista la existencia de algún conflicto de interés dado que la tramitación de Cóndor requirió la aprobación de funcionarios públicos de confianza de Sebastián Piñera. La respuesta está firmada por Inversiones Odisea, sociedad de la familia Piñera:

“Respecto de su pregunta, Odisea manifiesta categóricamente que no existió conflicto de interés alguno, por las siguientes tres razones:

Se trató de una inversión indirecta, minoritaria, realizada a través de un fondo (Santa Victoria) en que ni Inversiones Odisea, ni la familia Piñera Morel tenían facultades de administración.
La administración del fondo y la gestión de los proyectos estaban ambas a cargo de terceros no relacionados.
Adicionalmente, es importante que ustedes consignen que dicho permiso no se utilizó y la propiedad minera finalmente no se adquirió”.
CIPER constató que, respecto de la gestión de los proyectos, Nicolás Noguera, el ejecutivo de confianza de los Piñera Morel, tenía poderes como representante de Geoactiva SpA, la sociedad que gestionó el Proyecto Cóndor y que tramitó los permisos ambientales ante el Servicio de Evaluación Ambiental. Ese mismo año 2013 firmó contratos en representación de Geoactiva para la adquisición del proyecto minero Perth.

Desde La Moneda, en tanto, recalcaron que después de obtenido el permiso, el proyecto no tuvo futuro:

“Como es de público conocimiento, el Presidente de la República no participa en la administración de ninguna empresa desde el año 2009. La familia Piñera Morel tuvo una participación minoritaria indirecta en Geoactiva, un fondo de exploración minera con una variedad de proyectos, cuya gestión estaba en manos de Minería Activa SA, empresa en la que, reiteramos, la familia Piñera Morel no tiene ninguna participación en su administración. Y el Presidente Piñera no participó en la autorización de la exploración minera. Geoactiva nunca llegó a ser dueña de la propiedad minera del proyecto por el que se consulta, ni utilizó el permiso. A mayor abundamiento, se nos ha informado que ese proyecto no se concretó, ni se utilizó el permiso”.

En relación a que Geoactiva “nunca llegó a ser dueña de la propiedad minera del proyecto”, el decreto que finalmente autorizó la exploración, de noviembre de 2014, indica que la propiedad minera está a nombre de Minera Cóndor SpA. Los registros del Diario Oficial y otras escrituras públicas revisadas por CIPER establecen que a esa fecha Minera Cóndor estaba controlada por Geoactiva SpA.

LA APUESTA POR LOS PROYECTOS MINEROS
Las inversiones mineras de la familia Piñera Morel se realizaron a través de fondos de inversión de Larraín Vial, los que son administrados por Minería Activa. CIPER revisó decenas de escrituras públicas y archivos internos de las compañías para trazar la historia de los distintos proyectos, los que utilizan una intrincada red de sociedades y fondos que dificultan conocer a sus dueños finales. Esa revisión permitió identificar fondos en los que ha participado la familia presidencial, y también a sus socios en esas inversiones.

La mayoría de los proyectos mineros en los que ha participado la familia del Presidente Piñera se ubican en el norte y los vehículos de inversión han sido tres: Geoactiva, Minería Activa Uno y Minería Activa Dos. De cada uno de esos fondos cuelgan distintos proyectos, como los ya conocidos Dominga e Imán, pero también otros como Cóndor, Indiana, Filipinas, Oro Atacama, Perth, Sierra Fritis, Adelaida, Quasar, y Central Andes. Algunos de ellos siguen vigentes.

Seguir la pista de cada uno de esos proyectos no es fácil. Si se trata de proyectos de exploración -en los que se realizan sondajes para medir la existencia y calidad de minerales-, se requieren permisos gubernamentales que no están disponibles en bases de datos públicas. Lo mismo ocurre con proyectos de explotación pequeños o medianos.

La mayoría de los proyectos mineros en los que han participado los Piñera son de exploración. Aunque también lo han hecho en proyectos pequeños o medianos de explotación. Su apuesta ha sido invertir para luego vender a un mayor precio. Fue lo que ocurrió con Dominga, donde la venta multiplicó por diez la inversión inicial.

Todos los proyectos mineros comenzaron su desarrollo durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Uno de ellos, Filipinas, fue creado el 21 de octubre de 2010 cuando ejecutivos de Minería Activa, sociedad administrada por Larraín Vial, constituyeron la sociedad Minera Activa Tres. En la primera junta de accionistas, el 1 de abril de 2011, decidieron cambiarle el nombre a Compañía Minera Filipinas. En esa misma reunión aparece el único accionista de la compañía: Minería Activa Uno, sociedad donde los Piñera Morel eran los mayores inversionistas a través del Fondo de Inversión Privado Mediterráneo.

Proyecto Indiana (Fuente: Expomin)

En esa junta de accionistas Minería Activa Uno aportó las concesiones mineras que son el corazón del proyecto, las que fueron valorizadas en cerca de $500 millones. La junta de la sociedad también designó como uno de los directores a Nicolás Noguera (vea aquí el acta de esa junta).

El 21 de noviembre de 2011 la Compañía Minera Filipinas ingresó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para ampliar las instalaciones de la mina y así incrementar la extracción de minerales como cobre, hierro y oro. Buscaban pasar de 4.500 toneladas mensuales extraídas a 100 mil toneladas por mes. El proyecto está ubicado entre Freirina y Vallenar (Atacama). El Sistema de Evaluación Ambiental dejó de tramitar la DIA porque estimó que carecía “de información relevante y esencial para su evaluación”, por lo que la faena no ha podido ampliar su tonelaje (vea aquí el expediente completo).

El proyecto siguió adelante y se crearon dos fondos de inversión para inyectarle recursos: Filipinas Uno y Filipinas Dos. En ambos participó la familia del Presidente. En el FIP Filipinas Uno lo hacía a través de Minería Activa Uno, la que tenía el 100% de las cuotas según consta en escritura pública del 26 de abril de 2017. Y en Filipinas Dos estaban a través de Inversiones Odisea, la que en abril de 2017 tenía el 41,9% de las cuotas del fondo, siendo el inversionista más relevante.

Hoy Filipinas sigue vigente en la cartera de inversiones de Minería Activa y se ofrece como un proyecto ubicado en “un distrito minero emergente en el norte de Chile, una jurisdicción amiga de la minería, con bajos riesgos ambientales, comunitarios y políticos” (vea un documento promocional del proyecto). En un catálogo de proyectos mineros ofrecidos a inversionistas, elaborado por el Ministerio de Minería e Invest Chile en 2019, Filipinas aparece como una de las alternativas.

Según el registro del Diario Oficial, actualmente la sociedad Compañía Minera Filipinas está en liquidación.

PROYECTO INDIANA
Otro de los proyectos en los que ha participado la familia Piñera Morel es Indiana, una mina de oro y cobre ubicada en Copiapó. Aquí también son participantes mayoritarios, como lo demuestran las escrituras públicas revisadas por CIPER. El 28 de diciembre de 2011 se constituyó la sociedad Minera Indiana Limitada con dos accionistas: Minería Activa Uno (donde los Piñera tenían la mayoría de las acciones a través del FIP Mediterráneo) y el Fondo de Inversión Privado Indiana.

En el FIP Indiana los Piñera también eran protagonistas. Así consta en un acta de su asamblea de aportantes fechada el 26 de abril de 2017, donde Minería Activa Uno aparece con el 39% de las acciones, e Inversiones Odisea con otro 22%. Los seguían, con la mitad de esa participación, Inmobiliaria Duero (de la familia Délano) y Chacabuco S.A. (de la familia Larraín, dueños de Larraín Vial).

Según un informe de Minería Activa, disponible en Internet, en 2011 comenzaron las exploraciones del proyecto Indiana y a 2014 ya se habían invertido en él US$11 millones. El proyecto contempla 4.500 hectáreas y para entonces las perforaciones sumaban 13.000 metros a través de distintos sondajes (vea ese informe).

Otro reporte interno de Minería Activa, de 2018, señala que entonces el proyecto estaba en vías de venderse, y que existía un memorando de entendimiento firmado, aunque no se especifica quién era la contraparte (vea ese reporte). Uno de los objetivos de entonces era amarrar la venta de Indiana junto a otros dos proyectos del grupo: Filipinas e Imán. Otra opción era buscar un socio. Pero no hubo éxito.

En la Feria de Exploraciones y Minas (Fexmin) de mayo de 2021, Indiana fue uno de los proyectos que se ofrecieron a inversionistas. A través de una exposición virtual, Martín Marquardt, gerente de exploración de Minería Activa, detalló las características del proyecto y señaló: “Actualmente le vendemos mineralización a la planta de Enami por sulfuro y oro, y también a una planta de óxido, por menos de 1.000 toneladas por mes”. Vea a continuación la presentación de Marquardt:

En el portal Concesiones Mineras, en tanto, se ofrece el Proyecto Indiana, destacando que cuenta con permisos ambientales para explorar y explotar minerales por menos de 5.000 toneladas mensuales. La última publicación de Minería Indiana en el Diario Oficial es reciente: el 28 de octubre aumentó su capital a $7.334 millones.

PROYECTOS EN EL CAMINO
Otro proyecto que despunta entre las inversiones mineras de la familia Piñera es Oro Atacama, que comenzó como una sociedad constituida por Walter Viteri Aldunate, un geólogo que en agosto de 2011 formó Oro Atacama Spa, a la que luego ingresarían los Piñera Morel a través del Fondo de Inversión Privado India Coya. Es este último, la familia presidencial participaba a través de dos vehículos de inversión: la sociedad Inversiones Odisea y la sociedad Geoactiva Cuatro SpA (donde participaban a través del Santa Victoria FIP, el mismo del proyecto Cóndor).

Oro Atacama es una mina de oro ubicada entre Copiapó y Tierra Amarilla. En julio de 2012, uno de los ejecutivos de Minería Activa, Andrés Susaeta, ingresó una consulta al Sistema de Evaluación Ambiental para saber si el proyecto requería de una Declaración o un Estudio de Impacto Ambiental. En ese documento se detalló que se buscaba explotar 2.500 toneladas mensuales. No debieron realizar el trámite, porque la norma establece que solo los proyectos de explotación que superan las 5.000 toneladas por mes están obligados a hacerlo (vea aquí ese expediente).

Un documento interno de Minería Activa de 2016, asegura que en el proyecto Oro Atacama se habían invertido US$20,8 millones y que en ese momento tenía sus “actividades congeladas al mínimo gasto” (vea ese reporte). En Oro Atacama los Piñera Morel compartieron inversión con empresarios como Isidoro Quiroga (el zar del agua en Chile), quien participaba a través de Minería Fuego Limitada, y Nicolás Ibáñez, el ex dueño de los supermercados Líder, que estaba presente con su sociedad Drake Investments Chile.

El último registro público de este proyecto es el acta de una asamblea de aportantes del FIP India Coya, fechada el 17 de diciembre de 2018, donde su entonces único accionista, Geoactiva Cuatro, decide la disolución anticipada del fondo, quedando esa sociedad como su continuadora.

Hay otros proyectos mineros en los que ha participado la familia del Presidente que han dejado escasas huellas en bases de datos, por lo que es más difícil rastrear su destino. Uno de ellos es Minería Sierra Fritis, que operó como sociedad constituida por Minería Activa desde mediados de 2011 y que tuvo también un Fondo de Inversión Privado asociado (FIP Sierra Fritis), en el que participaban los Piñera de manera indirecta. En enero de 2012 Nicolás Noguera, aparece como representante de la sociedad Minería Sierra Fritis en una escritura pública que tiene como objeto desistirse de la compra de acciones mineras.

Proyecto Filipinas (Fuente: Minería Activa)

Según el Atlas de Faenas Mineras de Sernageomin, Sierra Fritis tuvo una faena a su nombre, lo que puede implicar que se hayan realizado exploraciones o explotaciones de minerales. Pero en diciembre de 2015 la sociedad y su fondo de inversión fueron finiquitados.

El 11 de febrero de 2013, la sociedad Geoactiva Spa, en la cual participaban los Piñera Morel, firmó un memorando de entendimiento con Minera Polymet Limitada, filial chilena de la minera norteamericana Red Metal Resources, para adquirir el 100% del proyecto Perth, una mina de cobre y oro ubicada en la Provincia del Huasco (Atacama). Nicolás Noguera aparece firmando ese entendimiento en representación de Geoactiva.

El compromiso con Red Metal Resources, según consta en los documentos publicados en la SEC de Estados Unidos (algo así como la CMF chilena), era que Geoactiva le pagaría US$1 millón por las pertenencias mineras, con el compromiso de invertir otros US$3,5 millones en exploraciones. Luego, Geoactiva pagaría un 1,5% de todo el cobre, oro y cobalto que se explotara en la mina (vea aquí el acuerdo).

Para concretar el trato, en Chile se formó el Fondo de Inversión Privado Perth en mayo de 2013. Nicolás Noguera fue uno de sus apoderados. El 30 de abril de 2013 se firmó la opción de compra y se inició la exploración del proyecto, la que continuó hasta mediados de 2014, cuando Geoactiva se desistió de la compra.

A través de Geoactiva Spa, donde invertían los Piñera Morel, Minería Activa tuvo en carpeta otros proyectos como Adelaida y Quasar, pero no hay huellas de ellos en las bases de datos públicas. CIPER sí encontró una asamblea de aportantes del FIP Quasar, fechada el 25 de abril de 2014, y allí figuran los Piñera a través de Santa Victoria FIP con 140 millones de acciones. Y a través de Minería Activa Uno la familia del Presidente también estuvo en la Minera Central Andes, la que administró un proyecto llamado Minería Toro, del que tampoco hay mayor rastro.

Los 11 proyectos mineros en los que invirtió la familia del Presidente Piñera durante su primer gobierno

El Mostrador Cultura 5 noviembre, 2021
Putaendo acusa que la minera Vizcachitas despliega una campaña de 350 sondajes en la cuenca del río Rocín. El megaproyecto daña un sector cordillerano único, que podría convertirse en una reserva de la biósfera mundial.
La Municipalidad de Putaendo, junto a la comunidad organizada, científicos y activistas medioambientales, denunciaron en un comunicado que la compañía minera “Vizcachitas Holding”, ha iniciado una campaña de 350 sondajes en el sector de Las Tejas, en la cuenca del río Rocín, sin contar con los permisos correspondientes.

El hecho se dio a conocer a través de una carta que, el pasado 7 de octubre, la empresa le envió a diversos dirigentes: “Queremos informarle a usted y a los vecinos de la localidad que usted representa, que a partir de la fecha 12 de octubre del presente, daremos inicio a la fase de construcción de nuestra campaña de sondajes”.

El alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, explica que dos días antes de esta carta, la compañía de la empresa canadiense Andes Copper ingresó una solicitud para iniciar obras previas y un campamento minero en el sector, pero que la Dirección de Obras Municipales (DOM) no lo ha aprobado.

Sin pronunciamiento
“El director de obras no se ha pronunciado y lo hará de acuerdo a sus competencias y en base a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En esta misma perspectiva, creemos que la empresa nuevamente ha infringido las normas, puesto que ha iniciado obras sin haber tenido los permisos de la Dirección de Obras Municipales”, afirmó la primera autoridad comunal.

En efecto, luego de la inspección realizada por el Director de Obras Municipales se visualizaron instalaciones y maquinarias, no descartando que existan trabajadores que pernocten en el lugar por las noches. Dichos antecedentes ya fueron puestos a disposición del Juzgado de Policía Local, esperándose su respectivo pronunciamiento en el corto plazo.

“Vamos a insistir, tanto en el Servicio de Evaluación Ambiental, en la Superintendencia de Medio Ambiente y en los Tribunales, que éste es un proyecto que nunca debió haber sido aprobado. Es un proyecto que lesiona gravemente el medio ambiente de la comuna de Putaendo, en particular de nuestra zona cordillerana y que impacta negativamente en las comunidades”, agregó Quiroz.

Ecosistema único
La lucha de los/as putaendinos/as contra este megaproyecto, que pretende ser una de las minas a cielo abierto más grande del país, viene de años. En efecto, en agosto de 2020, la comunidad llegó hasta la Corte Suprema y logró que se anulara la aprobación que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le había dado a esta campaña de 350 sondajes.

Por esto, la empresa tuvo que realizar una Participación Ciudadana (PAC) en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un hito histórico en el país, puesto que hasta la fecha, para los proyectos mineros estos procesos sólo se solicitaban en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Ahora se exige para ambos.

Respecto del valor de este sector, que también es fuertemente afectado por la sequía, Salvador Donghi, biólogo y director de Simbiosis Bioconsultora, detalla que “hemos desarrollado estudios de línea de base para determinar los ecosistemas que caracterizan a la cuenca del (río) Rocín y ahí nos hemos encontrado con una riqueza endémica enorme, en un sector cordillerano único, muy poco representativo en Chile, que tiene absolutamente todas las características para convertirse en una reserva de la biósfera mundial a nivel de ecosistema mediterráneo, perteneciente a la cuenca Pacífico, en el sector andino”.

“Hay agrupaciones bien impresionantes de asociaciones vegetales que no existen en otras partes del mundo y eso nos permitiría incluso entender cómo ha ido evolucionando nuestra flora a partir incluso de las últimas glaciaciones ocurridas hace prácticamente 40 mil años”, señaló.

Río agotado
El descontento de la comunidad putaendina radica principalmente en que el megaproyecto se ubica en el Río Rocín que, en 2004, fue declarado como agotado por la Dirección General de Aguas (DGA). Asimismo, por las sanciones y la serie de irregularidades que figuran en el historial de la empresa.

Por otro lado, Putaendo nunca ha tenido un historial de gran minería, menos en la cuenca superior del río del mismo nombre. Para las autoridades comunales, el proyecto de sondajes y, en el futuro, la eventual explotación de minerales de cobre y molibdeno, impactarían negativamente en el desarrollo sustentable de un valle, cuyos habitantes pretenden plasmar un futuro en base a la pequeña agricultura familiar campesina, el comercio y el turismo.

De hecho, como indica el alcalde Quiroz, “recientemente Putaendo obtuvo su declaración de ZOIT (Zona de Interés Turístico), estatus que pocas comunas de Chile ostentan y que es un reconocimiento al enorme patrimonio cultural y natural de nuestra comuna, el que sin duda está en riesgo con la irrupción de este tipo de proyectos mineros.”
https://www.elmostrador.cl/dia/2021/11/05/municipio-denuncia-a-minera-por-iniciar-obras-sin-permiso/

El Mostrador 04/11/2021
El proyecto de la Compañía Minera del Pacífico, también conocida como CAP, busca instalarse en medio del archipiélago Humboldt. “Nuevamente se busca ayudar a un proyecto que no cumple con la legislación vigente, ya que la Superintendencia del Medio Ambiente debió caducar su permiso al no haberse dado inicio del mismo”, señaló Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana.

Este jueves 4 de noviembre se realizarán los alegatos ante el Segundo Tribunal Ambiental (2TA) de Santiago, donde la organización de conservación marina Oceana solicitará la caducidad del permiso ambiental del puerto Cruz Grande, la que fue previamente negada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

El proyecto de la Compañía Minera del Pacífico, también conocida como CAP, obtuvo su permiso ambiental o Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable a fines de enero de 2015, fecha desde la cual la empresa tenía cinco años para iniciar la ejecución del proyecto, lo cual no sucedió.

“La caducidad es una institución de la ley de bases de medio ambiente que básicamente busca que los proyectos se construyan en las condiciones en las que se evaluaron y no en las nuevas condiciones que existen luego de más de cinco años. En este caso ya se cumplió ese tiempo sin iniciar las obras, por lo que debiera operar esa institución”, aseveró Ezio Costa, abogado representante de Oceana.

“Hay, adicionalmente en el caso, incumplimientos por parte del proyecto, que también deben ser analizados por el Tribunal, puesto que lamentablemente la Superintendencia del Medio Ambiente no los valoró adecuadamente”, agregó.
Sin ejecución

Al 2 de febrero de 2020, el proyecto Cruz Grande no había comenzado su ejecución por lo que correspondía que la SMA caducara el permiso, como fue solicitado por Oceana. Hay que recordar que la caducidad tiene por objeto que los proyectos aprobados ambientalmente sean ejecutados en condiciones similares a aquellas que se tuvieron a la vista durante la evaluación ambiental del mismo.

Adicionalmente, el análisis de la RCA de Cruz Grande arrojó que la empresa incumplió la normativa vigente, al no realizar una serie de obras a las que se había comprometido previo a su construcción y que tenía como propósito proteger una serie de especies en estado de conservación.

Dentro de los trabajos que no se concretaron están la creación de un área de protección privada; un catastro, rescate y relocalización de cactáceas; el monitoreo estacional de aves y mamíferos marinos; la densificación experimental del lucumillo; y el desarrollo de un plan de rescate y relocalización de fauna silvestre. Ninguna de estas obras se llevó a cabo.
«Ayudar al proyecto»

“Nuevamente se busca ayudar a un proyecto que no cumple con la legislación vigente, ya que la Superintendencia del Medio Ambiente debió caducar su permiso al no haberse dado inicio del mismo”, señaló Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana.

“El puerto Cruz Grande pone en riesgo a uno de los ecosistemas marinos más importantes de toda la corriente de Humboldt y al igual como ocurrió con el proyecto minero portuario Dominga, no presentó información básica que permitiera evaluar los impactos que tendrían las embarcaciones en esta zona”, añadió.

CAP Minería ingresó el proyecto Cruz Grande al proceso de evaluación ambiental en 2012, y obtuvo la RCA favorable el 30 de enero de 2015. Tras ello, diversas organizaciones locales y nacionales presentaron reclamaciones en contra de la empresa ante el Comité de Ministros, el que, si bien las acogió parcialmente, no rechazó el proyecto estableciendo medidas para arreglarlo. Luego se presentaron reclamaciones ante el 2TA, las que fueron desestimadas. Posteriormente se presentó un recurso de casación que igualmente fue rechazado por la Corte Suprema, permitiendo la aprobación del proyecto.

Área Marina Protegida en el archipiélago Humboldt

Cruz Grande se emplazaría a solo cinco kilómetros de donde pretende instalarse el controvertido proyecto minero portuario Dominga de Andes Iron. Ambos puertos pretenden su construcción en medio del Archipiélago Humboldt, una zona reconocida internacionalmente por su rica biodiversidad, en donde transitan y se reproducen ballenas y delfines, además de ser hogar de la población de pingüinos de Humboldt más grande del mundo, razón por la cual los proyectos han sido ampliamente cuestionados por la comunidad científica.

En medio de los intentos por frenar la industrialización del archipiélago Humboldt, las gobernaciones de Atacama y Coquimbo presentaron un plan conjunto para proteger este ecosistema marino. En un acto convocado en la caleta de Punta de Choros, el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, junto a la gobernadora de Coquimbo, Krist Naranjo, señalaron que impulsarán la creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos sin mega puertos, en donde se puedan desarrollar sólo las actividades sustentables que actualmente tienen lugar en el sector, como son la pesca artesanal y el turismo de avistamiento.

En la ocasión, ambas autoridades fueron acompañadas por los dirigentes de la pesca de las comunas de La Higuera y Freirina, quienes aprovecharon la oportunidad para volver a señalar que, como habitantes del archipiélago esperan que el lugar sea protegido y no se permita la instalación de industrias que impacten el ecosistema marino y sus fuentes sostenibles de trabajo.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/11/04/en-area-de-dominga-buscan-frenar-construccion-de-puerto-y-piden-revisar-caducidad-de-su-permiso/

Marco Fajardo 02/11/2021
Se trata de uno de los casos más paradigmáticos en materia medioambiental y que lleva veinte años de debate. «Está planteando la idea de que, por no haber materializado el proyecto, no habría impactos, por lo que cabe un plan de cierre más acotado. Se trata de un intento burdo, cuyo plan acaba de presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental, de irse sin un manejo de las aguas que contaminó y sigue contaminando», denunció la Asamblea por el Agua del Guasco Alto. Según esta, la empresa Barrick Gold presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un plan de cierre modificado, cuyo fin último es cerrar el sistema de tratamiento de aguas. Específicamente, la compañía intentaría simplificar el plan de cierre, descargando aguas sin tratar al río Estrecho. Desde el comienzo, organizaciones locales acusaron a la firma de destruir los hielos de la zona, un tema que es materia de la Ley de Glaciares, un proyecto que se tramita actualmente en el Congreso tras el fracaso de iniciativas anteriores. Chile cuenta con el 82% de los glaciares de toda América del Sur. Salvo aquellos ubicados fuera de parques nacionales, casi los 24 mil glaciares del país son adyacentes o en un lugar de concesión minera, según Greenpeace.

A más de un año del dictamen de clausura del Primer Tribunal Ambiental del proyecto minero Pascua Lama, en la zona cordillerana de la Región de Atacama –y sin que se concrete aún–, organizaciones locales y ambientalistas acusaron a la compañía canadiense Barrick Gold de querer contaminar un río en las operaciones de cierre, y de pretender seguir con la idea de materializar el proyecto.

Pascua Lama es un caso paradigmático, ya que organizaciones locales acusaron a la firma de buscar destruir los hielos de la zona, un tema que es materia de ley en un proyecto que se tramita actualmente en el Congreso, en medio de las presiones de las mineras, incluyendo a Codelco.

Chile cuenta con el 82% de los glaciares de toda América del Sur. Salvo aquellos ubicados fuera de parques nacionales, casi los 24 mil glaciares del país son adyacentes o en un lugar de concesión minera, según Greenpeace.

De acuerdo a una declaración de las entidades agrupadas en la Asamblea por el Agua del Guasco Alto, la empresa Barrick Gold presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un plan de cierre modificado, cuyo fin último es cerrar el sistema de tratamiento de aguas. Específicamente, la empresa intentaría simplificar el plan de cierre, descargando aguas sin tratar al río Estrecho.

«Está planteando la idea de que, por no haber materializado el proyecto, no habría impactos, por lo que cabe un plan de cierre más acotado. Se trata de un intento burdo, cuyo plan acaba de presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental, de irse sin un manejo de las aguas que contaminó y sigue contaminando», denunció la Asamblea.

«Cabe dejar claro que el fallo mandata terminar la construcción del sistema de manejo de aguas y continuar el tratamiento y el monitoreo. Esa fue precisamente la razón por la cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no revocó el permiso ambiental (la Resolución de Calificación Ambiental, RCA) del proyecto, puesto que es la única forma de obligar a la empresa a cumplir con el seguimiento ambiental», agregó la organización.

Mantener vivo el proyecto
Recientemente, el director de Medio Ambiente, Permisos y Comunidades de la empresa, Sergio Vives, comentó –en Expomin 2021– que “las intenciones de revivir la iniciativa siguen ahí”, pues tienen “derecho, como cualquier otro, a seguir investigando, porque sigue siendo un activo de la compañía”, según reseñó el Diario Financiero.

Vives explicó que «el Tribunal Ambiental nos revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), pero no nos quitó los derechos mineros ni los derechos de agua. Seguimos con nuestras concesiones y este sigue siendo un proyecto atractivo, no solo para Chile sino que para la región».

«Estamos viendo si es que esto algún día se puede realizar en el futuro o no y, ciertamente, si es que se hace, tiene que pensarse muy bien y hacerlo de una manera muy pensada, pero también muy en coordinación con nuestras comunidades», añadió.

La iniciativa, que fue suspendida el 2013, incluye, en el lado chileno (Pascua), «un rajo, un túnel, un botadero que es el 1% de lo que debiera haberse construido y un sistema de manejo de aguas. Mientras, en Lama, en el lado argentino, está toda la planta», precisó.

Ley en trámite
Pascua Lama fue uno de los símbolos de la controversia en torno a los hielos cordilleranos, que son materia de la Ley de Glaciares, actualmente en trámite en el Senado.

Han sido quince años de distintas iniciativas en la materia. El último proyecto, de 2018, es una iniciativa del senador Guido Girardi, inspirada en una norma homónima argentina.

«La razón fundamental por la que no hemos tenido una Ley de Glaciares se debe fundamentalmente a la cantidad de intereses económicos que entran hoy en día en directa contradicción con la protección de glaciares, especialmente mineros», señala Matías Asun, director nacional de Greenpeace.

Sin embargo, Girardi se muestra optimista.

«Creo que esta ley va a ser una de las más exigentes del planeta, porque establece la protección de los glaciares como bien nacional de uso público y, además, una sanción penal a la intervención de los glaciares», comenta.

Asimismo, señala que es retroactiva, con lo cual obliga a los involucrados a adaptarse a la ley, una vez que entre en vigencia, aparte de incluir sanciones penales, es decir, de cárcel.

Moción perdida
Los tropiezos que ha tenido esta nueva versión de la ley muestran las dificultades que ha atravesado.

Por ejemplo, Girardi impulsaba que la zona periglacial –ubicada en el entorno– tuviera la misma protección que el glaciar en sí, pero esa indicación se perdió en el trámite en la Cámara Alta. El legislador espera que pueda recuperarse cuando vuelva a la Cámara de Diputados.

Actualmente, el proyecto está en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y deberá pasar a Sala, aunque no hay una fecha cierta. Girardi es partidario de que se vote en las próximas semanas, antes de la elección presidencial.

El 31 de agosto pasado fue la última vez que se trató. Fue en la Comisión de Medio Ambiente, donde está en el Primer Trámite Constitucional de la Cámara Alta, integrada por Isabel Allende y Alfonso De Urresti (ambos PS), José Miguel Durana (UDI), Ximena Órdenes (PPD) y Rafael Prohens (RN).

Lo ocurrido en la instancia es otra muestra de las controversias. Allí expuso el gerente general del Consejo Minero, Carlos Urenda. La entidad agrupa a las principales mineras de Chile, incluidas AngloAmerican, Barrick, BHP y Codelco.

Entre otros aspectos, Urenda comentó que no era apropiado establecer delitos en este proyecto, debido a la existencia de otros proyectos sobre delitos ambientales, y que la sanción que implicara privación de libertad solo debía aplicarse de existir dolo y un daño grave.

Sin embargo, la senadora Allende lo refutó. Frente a la observación realizada por Urenda, referida a las sanciones por delitos contemplados en el proyecto de ley, calificó a estas de necesarias, debido a que los delitos ambientales considerados en otras instancias han demorado mucho en avanzar.

Proyecto simbólico
Una de las más críticas con Pascua Lama es la constituyente Constanza San Juan, electa por la Región de Atacama y que justamente participó en una larga lucha contra Barrick Gold, cuyo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado en 2001.

Ella recuerda que, en su momento, la empresa «no declaró que había glaciares en su zona de impacto y, es más, tampoco dijo que pretendía destruirlos».

Tras la oposición de la comunidad, «la empresa ofreció (en 2005) trasladar los glaciares, hito que marca el inicio de este conflicto». En ese marco surgieron las primeras iniciativas para la protección de los glaciares.

En el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), «los glaciares se incluyeron como elementos susceptibles de daño significativo, por lo que las empresas estaban obligadas a declarar cuando un proyecto está en la cercanía de un glaciar». Hubo proyectos legales en 2005 y 2008, pero ninguno se materializó.

De forma paralela, «aumentó también el conocimiento de las comunidades respecto de estos. Ahora se comprende que son resultado y forman parte de un ecosistema glaciar que tiene distintos tipos de glaciares y crioformas, las que tienen la misma importancia o tal vez más que los glaciares blancos que se ven a simple vista. Nos enteramos de que existían glaciares de roca y otros cubiertos que casi no se notan; también, de la existencia del permafrost, que es el suelo congelado a 0° o menos, pero que aporta gran cantidad de aguas. Tomamos conocimiento de la necesidad de resguardar todas las condiciones y características morfogeológicas contiguas a los glaciares para su preservación, así como también de los bofedales y de las lagunas altoandinas».

«Bancada glaciar»
Un nuevo proyecto de ley surgió promovido en 2014, por la que se conocía como la “Bancada Glaciar”, compuesta por nueve senadores y catorce diputados de todas las bancadas.

Dicho proyecto de ley contenía una visión integral del ecosistema glaciar y la necesidad de preservarlo y protegerlo en su totalidad; es decir, a los glaciares y sus ambientes, y sus distintos tipos y crioformas.

No obstante, según San Juan, el proyecto fue truncado vía indicación sustitutiva del Gobierno de Bachelet, «por medio de la cual se tergiversó todo su espíritu».

En ese marco, nació la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. En un encuentro en San Felipe, más de 30 organizaciones de norte a sur se unieron para lograr la defensa colectiva de los glaciares, y luchar contra la ley de la «Bancada Glaciar».

«Era preferible quedarnos como estábamos a tener este proyecto que finalmente permitiría y regularía la intervención de los glaciares, lo que no se puede permitir», subraya San Juan.

Incluso, en 2015, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) planteó la vulneración de derechos en que incurría el proyecto de glaciares.

“La necesidad de la protección de los glaciares obedece principalmente a un aseguramiento de la provisión de agua para consumo humano, así como también para la protección del medio ambiente y la subsistencia de grupos en condición de vulnerabilidad. La posición del Poder Ejecutivo en orden de disminuir la protección inicial, mediante sus indicaciones sustitutivas, es de preocupación, ya que no se establece una protección general a los glaciares, y además desprotege otras categorías de hielos, como el permafrost, que sí cumpliría funciones análogas a los glaciares», señalaba el reporte.

El tiro de gracia
El tiro de gracia lo dio la Corte Suprema, el año siguiente, en 2016. Expresó que el proyecto en curso permitiría desarrollar iniciativas económicas en los glaciares que no sean declarados como reserva estratégica glaciar, dejándolos sujetos al Sistema de Evaluación Ambiental, lo que –según la Suprema– no debiera permitirse.

También determinó que los glaciares no eran un bien explotable, bajo circunstancia alguna, y no podían ser objeto de proyectos de inversión con fines económicos, por lo que no debía permitirse en ningún caso someterlos a Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental.

A su vez, defiende que “los glaciares no pueden ser considerados simplemente como reserva de agua dulce”, y que “forman parte del patrimonio ambiental de Chile, de modo que su categoría corresponde a la de bienes nacionales”,

Ello significó el fin del proyecto de la «Bancada Glaciar».

Nuevo proyecto
El nuevo proyecto, de 2018 y actualmente en curso, sigue la Ley de Protección de Glaciares de Argentina y busca la protección de los glaciares y sus ambientes, junto con la prohibición expresa de realizar actividades en ellos.

La aceptación de su ingreso y tramitación fue resultado de una negociación que exigió que la iniciativa se viese primero en la Comisión de Minería y luego pasara a la Comisión de Medio Ambiente.

Este proyecto motivó una indicación sustitutiva por parte del Presidente Piñera, en septiembre de 2019, que, tal como sucedió con Bachelet, «torcía su espíritu y lo convertía en otra iniciativa que, en lugar de proteger, apuntaba a regular la intervención. En esta oportunidad, algunas de las materias que determinó fueron las siguientes: limita lo que se entiende por glaciar a su tamaño, estipulando que quedaran fuera de dicha categoría los de menos de 0,1 hectáreas; permite actividades en glaciares y sus entornos por medio del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, restringiendo solo la remoción, el traslado y el cubrimiento (como si eso estuviese permitido hoy); y permite que los proyectos que afectan a glaciares, hoy lo pueden seguir haciendo», critica San Juan.

Para el director nacional de Greenpeace, una ley de protección de glaciares resulta «urgente», especialmente «por la gravísima crisis climática que estamos viviendo».

«Hoy, en Chile, el agua es un recurso escaso, además concentrado en manos de unos pocos. Proteger los glaciares permitiría que Chile cuente con una mucho mejor resiliencia hídrica. No protegerlos, por el contrario, supone desperdiciar un patrimonio gigantesco y liquidar la resiliencia hídrica que tenemos en las nacientes de las cuencas».

En sus palabras, esta norma debiera surgir del Congreso con dos condiciones fundamentales: primero, que el glaciar mismo, sin importar su tipo, quede protegido, y, segundo, que «todo aquello que permite que el glaciar se encuentre saludable quede también protegido», concluyó.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/11/02/minera-barrick-gold-nuevamente-en-la-picota-por-contaminar-rio-en-el-cierre-de-pascua-lama-e-insistir-con-el-proyecto/

….mientras su director de medio ambiente defiende su “derecho” a reevaluar y revivir el proyecto

Comunidades retrucan: “Barrick solo tiene el deber de ejecutar la clausura total y definitiva. Por engañoso, no aceptaremos ese plan de cierre propuesto”.
Alto del Carmen, 28/10/2021.
A más de un año de la victoria comunitaria que significó el dictamen de clausura total y definitiva del proyecto Pascua Lama –y sin que esta se concrete aún– la compañía Barrick Gold acaba de presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de un plan de cierre modificado cuyo fin último es cerrar el sistema de tratamiento de aguas. Además de ello, el director de Medio Ambiente, Permisos y Comunidades de la empresa, Sergio Vives, se dio el lujo de comentar en la reciente Expomin 2021 que: “las intenciones de revivir la iniciativa siguen ahí” porque tienen “derecho, como cualquier otro, a seguir investigando porque sigue siendo un activo de la compañía”.

Como comunidad organizada y habitantes del Valle del Huasco declaramos lo siguiente:

1. Barrick no es cualquier empresa ni Pascua Lama es cualquier proyecto. Se trata de una empresa criminal y ecocida que destruyó con su mina los ecosistemas en la alta cordillera que nos sostiene –incluyendo glaciares, humedales y llaretas– y contaminó con metales pesados el río y a la población que depende de este, poniendo en riesgo la salud de la población de Chollay y el Valle.

2. Tampoco es una empresa confiable. Previo al fallo de clausura, recibió más de nueve sanciones, razón por la cual no se le pudieron aplicar más multas y la única solución fue decretar su cierre definitivo. Siempre ha actuado con trampas, incumpliendo la legislación ambiental, como incluso intenta hacer ahora cuando propone un plan de cierre que pretende descargar aguas contaminadas a la cuenca del río Estrecho de manera “controlada”, con el fin último de no incurrir en más gastos y desmantelar el ya precario sistema de tratamiento de aguas que tiene instalado.

3. Esta empresa no puede reclamar “derechos”, ni menos plantear que hará las cosas “muy en coordinación con nuestras comunidades”, según los dichos del mismo ejecutivo. Es una empresa que está sancionada y, por lo tanto, lo único que le cabe es el deber de ejecutar la clausura definitiva cumpliendo el fallo y en conformidad con la ley ambiental, y dejar de intervenir la cordillera y contaminar a las comunidades. Otro aspecto inaceptable es que Barrick hable de “nuestras” comunidades, cuál señor feudal. No somos sus comunidades: somos los habitantes de estas tierras y ellos un mal vecino al cual no queremos ver más.

4. Si bien el fallo del Tribunal Ambiental mandata la actualización del plan de cierre, la empresa –con su desfachatez y actitud abusiva de siempre– está planteando la idea de que, por no haber materializado el proyecto, no habría impactos, por lo que cabe un plan de cierre más acotado. Se trata de un intento burdo, cuyo plan acaba de presentar ante el Servicio de Evaluación Ambiental, de irse sin un manejo de las aguas que contaminó y sigue contaminando.

5. Cabe dejar claro que el fallo mandata terminar la construcción del sistema de manejo de aguas y continuar el tratamiento y el monitoreo. Esa fue precisamente la razón por la cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no revocó el permiso ambiental (la Resolución de Calificación Ambiental, RCA) del proyecto, puesto que es la única forma de obligar a la empresa a cumplir con el seguimiento ambiental. Llama poderosamente la atención que el mismo ejecutivo falte a la verdad e intente confundir a la opinión pública diciendo lo contrario en la nota de prensa aludida.

6. En el momento constituyente en el que nos encontramos como país, nos alegramos de las señales claras que ha dado la Convención en cuanto a la protección de los derechos de la naturaleza y la defensa irrestricta de los derechos humanos. Son esos los derechos que deben orientar cualquier actividad económica: el bien común por sobre el bien privado.

7. Como comunidad reiteramos que Barrick Gold no tiene licencia social para seguir operando en la cordillera y nuestra voluntad de continuar luchando por el buen vivir en nuestro Valle. Seguiremos defendiendo las nacientes de las aguas en la alta cordillera porque ¡son lo que garantizan la vida de todo lo que viene aguas abajo!

¡El agua vale más que el oro!

Asamblea por el Agua del Guasco Alto