20/05/2024

Desde 2016 Fundación Keule cuenta con personalidad jurídica, siendo una organización que protege el Queule, monumento natural en peligro de extinción y presente en cerros del Gran Concepción. Sin embargo, en 2022, la empresa minera Aclara (REE UNO SpA) intentó inscribir la marca «Fundación Queule» en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

J. Arroyo Olea | Colaboración entre Periódico Resumen y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

En febrero de 2023 se publicaba en el Diario Oficial una gestión realizada por REE UNO SpA, empresa que trabaja en Chile bajo el nombre de «Aclara» y que responde a la transnacional Aclara Resources, impulsando actualmente un proyecto minero que busca explotar tierras raras en los cerros de Penco, el cual aún no inicia su tramitación ambiental.

La gestión en cuestión fue comenzada por la minera para inscribir la marca «Fundación Queule», trámite iniciado en octubre de 2022 como se registra en el expediente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). Con un valor pagado de $120.000, REE UNO (Aclara), contando con la representación de Sargent & Krahn, solicitó la marca Fundación Queule con una amplia cobertura que va desde educación, formación, enseñanza y servicios de realización de programas culturales hasta «labores sociales sin fines de lucro a personas necesitadas, directamente a través del apoyo a otras organizaciones que persigan tales fines» (puedes ver el documento acá).

Pantallazo de expediente disponible en Inapi

En diciembre de 2022, Inapi envió observaciones a la inscripción de marca que perseguía Aclara, las cuales fueron respondidas en una semana emanando una resolución de aceptación a trámite en enero de 2023.

Sin embargo, tras pagar y publicarse en el Diario Oficial la gestión, el 14 de febrero del mismo 2023 la empresa minera optó por desistir de la solicitud. En el escrito presente en el expediente Eduardo Lobos Vajovic, en representación de REE UNO, indicó que «por instrucciones expresas de mi mandante vengo a desistirme de la solicitud N° 1.520.001 «Fundación Queule», denominativa en clases 41,45? (puedes ver el documento acá).

No fue hasta el 24 de febrero de 2023 que Inapi emanó la resolución que daba por desistida la solicitud de la marca. Pero ¿Qué ocurrió en el entretanto?

Fundación Keule: Desde 2016 inscrita como persona jurídica

Desde hace años que en el Gran Concepción existe una Fundación que trabaja por la protección del Queule, especie está declarada como monumento natural en peligro de extinción y cuyo hábitat se encuentra amenazado por el proyecto minero de tierras raras. ¿Su nombre? Fundación Keule.

En contacto con RESUMEN desde la Fundación explicaron que funcionan desde junio de 2016. Así lo acredita su inscripción N°230761 que la constituye como persona jurídica sin fines de lucro. Sin embargo, desde la organización señalan que desde hace años la empresa minera tenía conocimiento de la existencia de su Fundación.

En este sentido, explican que cuando el proyecto tenía el nombre de BioLantánidos (con el mismo titular REE UNO SpA), se participó en el proceso de participación ciudadana (PAC) con observaciones durante el mismo desarrollo. Asimismo, desde Fundación Keule indican que también participaron de la nueva PAC en abril de 2021. «En ese mismo periodo se tuvo contacto con gerentes, personal de la empresa y empresa de relacionamiento comunitario. Se nos invitó a sus actividades propias de difusión del proyecto («juntas de participación»),p or lo que conocían perfectamente quien era Fundación Keule y quienes participaban en el. Además de publicar nuestras observaciones y opiniones al respecto en redes sociales, hasta que desistieron del proyecto con fecha 24/03/2022?, indicaron a este medio.

Asimismo, en el último proceso de estudio de impacto ambiental en abril de 2023, la empresa minera Aclara (REE UNO) consideró reuniones con la población donde «asistieron socios o colaboradores de Fundación Keule, el día jueves 9 de Marzo 2023 en Freire #441, Penco. Y en la de la U. San Sebastián, el miércoles 15 de Marzo», indicaron desde la organización social. En dicho lugar, explican, «e conoció al CEO de Aclara Sr. Ramón Barúa y el Sr. Fernando Illanes, gerente de Aclara».

El dato para frenar la inscripción

Desde Fundación Keule explicaron a este medio que en diciembre de 2022 fueron informados que «se estaba intentando por parte de REE UNO SPA inscribir «Fundación Queule», así que planteamos a la empresa Aclara que sabíamos del intento de inscripción y nos informaron que desistieron«.

Sin embargo, tal como acreditó RESUMEN, la solicitud de desistimiento no se ingresó hasta febrero de 2023, situación que fue alertada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA. En esta línea, desde Fundación Keule agradecieron la información y plantearon: «Si la Fundación Keule no hubiera sido alertada en ese momento, el proceso hubiera seguido y seguramente se hubiera inscrito. La decisión de Aclara de desistir de la inscripción tiene que ver con que en marzo presentaron un nuevo estudio de impacto ambiental, y claramente una disputa legal era contraproducente para la «imagen» de esta empresa».

En esta línea, la organización que trabaja por la preservación del Queule, indicó que «REE UNO SPA conocía desde el año 2019 la existencia de Fundación Keule, por lo cual la explicación de querer inscribir la organización para proteger sus hectáreas de bosque de alto valor es inaceptable, y solo tenía como objetivo bloquear el accionar de la Fundación Keule».

Por su parte Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, señaló que la práctica de la minera de tierras raras «no es solo una apropiación conceptual sobre una organización que está desarrollando desde hace casi 10 años la preservación del Queule, sino que pretendió apropiarla como una marca comercial». En este sentido, Cuenca resalta que mediante este ejercicio, Aclara «busca también la apropiación cultural, sobre un monumento natural propio de Penco».

Por otro lado, el director del OLCA apunta a que «es sumamente grave la tardanza en la tramitación desde que Fundación Keule avisó a la minera hasta que esta última optó por ingresar la solicitud de desistimiento», estando de la mano con el hecho de que la minera «tenía la pretensión de inscribir como marca el nombre y un concepto asociado a un árbol que es patrimonio, con el fin de hacer un negocio en base al monumento natural, contribuyendo a su campaña por limpiar su imagen y validarse en la población».

En la misma línea, desde la Fundación fueron enfáticos en señalar que «esto es no sólo condenable sino injusto, para una organización ambiental sin recursos, que sólo ha buscado alertar sobre los pitaos, naranjillos y queules que están el área del proyecto minero». Así, desde la organización explicaron que le quedan dos interrogantes: «¿Qué hubiera pasado si no nos hubiéramos enterado de la inscripción del nombre de Fundación Queule? ¿Quién dentro de Aclara fue el responsable de enviar este estudio de abogados a realizar la inscripción de Fundación Keule?»

Pronunciamiento de la empresa

RESUMEN consultó a minera Aclara por tanto por el objetivo que existía tras la inscripción de la Fundación como también por los motivos que los llevó a desistir de dicho proceso.

En su respuesta, la empresa señaló: «En Aclara hemos creado una fundación para asegurar el resguardo y continuidad de las más de 100 hectáreas de bosque nativo de preservación que aportaremos a Penco, dejando un importante legado a generaciones futuras. Originalmente se llamaba «Fundación Queule», sin embargo, posteriormente desistimos de este registro pues ya existía una fundación con el mismo nombre».

Fuente:
https://resumen.cl/articulos/minera-de-tierras-raras-intento-registrar-nombre-de-organizacion-que-trabaja-desde-hace-casi-10-anos-en-preservacion-de-monumento-natural
https://olca.cl/articulo/nota.php?id=110691

Agustín de Vicente , 24/05/2024
Chile cuenta con 795 relaves mineros en su territorio, de los cuales 405 están en la región de Coquimbo y 185 en Atacama.

En el marco del Seminario “Atacama Sostenible”, la ministra de Minería, Aurora Williams, anunció que en julio se realizará la consulta ciudadana para la modificación del Decreto Supremo N°248, reglamento que regula los proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves.

Durante su presentación, la secretaria de Estado informó que “la modificación del reglamento es un tema que le corresponde al Ejecutivo, porque es de carácter normativo, pero tiene una característica fundamental, requiere de participación ciudadana, por eso queremos anunciar que la consulta ciudadana comenzará durante julio. Por lo tanto, todos quienes viven esta realidad pueden participar, pueden indicarnos qué aspectos están bien considerados, qué aspectos nos faltan y cuáles podemos modificar. Ese es el espíritu de modificar un reglamento con participación”.

En la oportunidad, la ministra Williams sostuvo que la modificación a la normativa permitirá “tener un procedimiento claro respecto de los que puede significar el reprocesamiento de un relave o el trasladar un relave, una situación que hoy día no está debidamente reglamentada”.

La jefa de la cartera finalmente destacó el trabajo de Sernageomin que monitorea los relaves activos e inactivos en el país y señaló que se está trabajando en un observatorio que permitirá disponibilizar información en esta materia.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2024/05/proceso-consulta-ciudadana-reglamento-proyecto-relaves

Mongabay Latam 26/05/2024

Minera Los Pelambres. Foto: Sindicato de Supervisores de Minera Los Pelambres.
En 2023, se aprobó el proyecto Adaptación Operacional Minera Los Pelambres para reubicar tuberías de cobre y construir una desalinizadora. Dichas tuberías serán instaladas a 100 metros de las casas de los habitantes de Pupío quienes tras oponerse al proyecto recibieron una demanda por parte de la minera.

La segunda semana de octubre de 2023, una familia completa fue demandada por la empresa Minera Los Pelambres. ¿La razón? Ni esta, ni ninguno de los habitantes de su comunidad, Pupío, aceptaron la ampliación de un camino que le permitirá a la minera instalar dos nuevas tuberías: una que llevará 1200 litros por segundo de agua industrial y otra que transportará concentrado de cobre proveniente de la extracción que la empresa hace en la cordillera de Los Andes, al norte del país, en la región de Coquimbo.

Ambas tuberías pasarán a menos de 100 metros de la casa de la familia Silva, y el temor de que una filtración afecte su vivienda fue la razón que la llevó a oponerse al proyecto.

Si bien ya existe una tubería en esa zona, actualmente sólo transporta 400 litros por segundo de agua industrial. En 2023 se aprobó el nuevo proyecto de Adaptación Operacional presentado por la empresa, con la que aquella tubería pasará a llevar tres veces la cantidad actual y, además, se sumará otra tubería con concentrado de cobre.

La comunidad de Pupío nunca pensó enfrentarse judicialmente a una empresa tan grande como Minera los Pelambres, una de las 15 mayores productoras de cobre en el mundo.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre las acciones de la minera? Te lo explicamos en tres claves.

Las demandas

La minera argumentó que en algunas de las instancias de diálogo con los dueños de predios en Pupío, “no fue posible acordar las indemnizaciones por las servidumbres de paso”, es decir, por la construcción del camino que se requiere para instalar las tuberías. Por eso, dice la empresa, “se solicitó a un tercero imparcial determinar cuál es el precio justo a pagar por las servidumbres, lo que se realiza a través de un peritaje independiente y experto en los diferentes casos que actualmente se tramitan”.

Sin embargo, en Pupío acusan que tal diálogo no ha existido y que sólo se han enterado de los avances de la demanda a través de las notificaciones oficiales emitidas por el tribunal de Illapel. En total son 27 los habitantes de Pupío los que están demandados en un juicio civil por no aceptar la ampliación de la servidumbre de paso para la minera.

“Dentro de los demandados hay dos adultos mayores, uno de 88 años y el otro de 89 años. Personas de campo que jamás han pisado un tribunal de justicia. Para ellos esto ha sido terrible. Hay noches que ni siquiera pueden dormir por la preocupación. También, dentro de los demandados hay dos personas con capacidades diferentes, uno de ellos vive conectado a un respirador”, explica Oscar Montalva, otro de los habitantes de Pupío que fue demandado por la empresa minera.

Las tuberías y los planes

Los 27 demandados en Pupío por oponerse a la ampliación de la servidumbre de paso no son los únicos que se enfrentan judicialmente a la empresa. En la provincia de Choapa, ubicada al sur de la Región de Coquimbo, también existen demandados e impactos por la minera que opera allí desde 1997

El concentrado de cobre que la empresa extrae en la zona cordillerana de Choapa, cerca del límite con Argentina, es trasladado a través de tuberías por toda la provincia hasta llegar a la costa donde es cargado en barcos para su traslado y posterior comercialización. Los excedentes del proceso minero son trasladados por otras tuberías hacia los dos tranques de relaves más grandes de la región de Coquimbo: Los Quillayes y El Mauro.

Además, la minera cuenta con diferentes obras industriales para facilitar ese traslado, como una bomba booster, que reimpulsa el concentrado de cobre desde la zona de menos altitud de la provincia, el sector rural de Choapa Viejo, hacia la costa. En 2015, el concentrado fue derramado desde este sistema hacia los terrenos agrícolas y el río Choapa que históricamente abastecía a las familias del sector. Esto ha hecho que las cerca de 200 familias que habitan la localidad, a menos de 15 kilómetros de Pupío, se abastezcan del agua embotellada que les entrega la minera.

Aún con estos antecedentes, el 20 de octubre del 2023, la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó de forma unánime, y por recomendación de la Secretaría Regional del Ministerio de Medio Ambiente en Coquimbo, el nuevo proyecto de Minera Los Pelambres, “Adaptación Operacional”, que contempla la inversión de 1000 millones de dólares.

Su objetivo es desarrollar un nuevo trazado para las tuberías que transportan el concentrado de cobre desde la cordillera al mar, atravesando toda la provincia de Choapa. También se establece un aumento de la vida útil del proyecto minero, hasta que el tranque de relave El Mauro complete su capacidad máxima de almacenamiento autorizado: 1700 millones de toneladas.

Por último, se considera la construcción de una desalinizadora para emplear agua de mar en los procesos industriales y dejar de utilizar agua dulce, aunque la empresa todavía no aclara qué hará con el derecho a 829 litros por segundo que mantienen hasta hoy.

Los graves impactos ambientales

La larga lista de daños ambientales que tiene la minera mantiene en vilo a los habitantes de la provincia de Choapa. Temen que el proyecto “Adaptación Operacional” traiga consigo derrames, como el ocurrido en 2022 cuando la rotura de la tubería que trasladaba el concentrado de cobre provocó un derrame que contaminó los predios agrícolas cercanos.

“¿Quién podría vivir tranquilo sabiendo que en cualquier momento puede ocurrir un desastre como los que ya le han ocurrido a Minera los Pelambres en el valle del Choapa con proyectos de menor envergadura?”, cuestiona Oscar Montalva. La preocupación de los vecinos quedó demostrada en las más de 200 observaciones ciudadanas al proyecto Adaptación Operacional que fueron ingresadas al Servicio de Evaluación Ambiental.

El derrame del 2022 no ha sido el único sufrido por los vecinos de Minera Los Pelambres. En agosto del 2008, el río Cuncumén recibió aguas infiltradas desde el tranque de relaves Los Quillayes y material proveniente de una piscina de emergencia alcanzó el estero Camisas. Sólo un mes más tarde, en noviembre, la empresa derramó más de 10 000 litros de petróleo, y en diciembre aguas procesadas escurrieron desde el vertedero de seguridad del tranque de relaves El Mauro hasta el estero Pupío.

Por todos esos daños, la empresa fue sancionada por la antigua autoridad ambiental con la mayor multa efectuada contra la minera hasta ese momento: 82,5 millones de pesos (unos 140 000 dólares al cambio de esa fecha), y que corresponden al 0,02% de las utilidades obtenidas por Minera Los Pelambres en 2009. En agosto de ese año, 13 000 litros de concentrado de cobre cayeron directamente al río Choapa.

En noviembre de 2021, una de las piscinas de emergencia filtró agua industrial en una zona agrícola a pocos metros de la ribera del río Camisas, ubicado en la comuna de Salamanca. Por si fuera poco, informes científicos dan cuenta de que Minera Los Pelambres también removió glaciares rocosos en la zona cordillerana de la provincia de Choapa, entre los años 1997 y 2006.

Para defenderse, algunas de las personas demandadas en Choapa han financiado un abogado particular y otros han solicitado el apoyo de la municipalidad para que los respalde con un abogado. En la mayoría de los casos —aseguran— ni con la venta de todos sus bienes lograrán pagar a la empresa en caso de perder la demanda.

Puede leer el reportaje completo aquí: https://es.mongabay.com/2024/03/chile-proyecto-minero-cobre-avanza-personas-demandadas-amplio-prontuario-ambiental/

https://interferencia.cl/articulos/tres-claves-para-entender-como-un-proyecto-de-extraccion-de-cobre-avanza-pesar-de-demandas

Horacio Gutiérrez Areyte 22/05/2024

Este proyecto minero, situado a unos 180 km al noreste de la comuna de Diego de Almagro y a altitudes que oscilan entre los 3.900 y 4.700 metros sobre el nivel del mar, ha estado bajo escrutinio por prácticas anteriores que han puesto en peligro a las chinchillas locales. Revisa más detalles aquí.
En un esfuerzo por salvaguardar la biodiversidad de la Región de Atacama, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha impuesto medidas críticas sobre el proyecto minero Salares Norte, operado por Minera Gold Fields Salares Norte SpA.

La acción se debe a la falta de evidencia clara de la empresa sobre la seguridad de las chinchillas, especie en peligro crítico, durante la expansión minera en el área montañosa.

Recientemente, durante la revisión de las prácticas de la mina, especialmente en la fase de desmantelamiento del roquerío N°3, se detectó que no se había confirmado la ausencia de chinchillas, poniendo en riesgo a la población local de estos animales.

Como resultado, la SMA ha ordenado la suspensión inmediata de cualquier actividad de desmantelamiento en este roquerío y exige pruebas concluyentes de que las medidas de protección para la chinchilla están siendo efectivamente implementadas.

Marie Claude Plumer, Superintendenta del Medio Ambiente, expresó su preocupación al señalar que las medidas adoptadas son esenciales para garantizar la protección continua de la chinchilla.

«Nuestro objetivo es asegurarnos de que las operaciones mineras no amenacen la supervivencia de esta especie vulnerable», comentó.

Por otro lado, Felipe Sánchez, jefe de la Oficina Regional de Atacama, destacó la constante vigilancia sobre el proyecto debido a su potencial impacto ambiental.

«Trabajamos de cerca con el SAG Atacama para asegurar que todas las disposiciones ambientales sean respetadas, especialmente aquellas relacionadas con la protección de la fauna local», indicó.

Este proyecto minero, situado a unos 180 km al noreste de la comuna de Diego de Almagro y a altitudes que oscilan entre los 3.900 y 4.700 metros sobre el nivel del mar, ha estado bajo escrutinio por prácticas anteriores que han puesto en peligro a las chinchillas locales.

En diciembre de 2021, se inició un procedimiento sancionatorio en contra de la minera por deficiencias en las medidas de rescate y protección de la especie.
https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2024/05/22/sma-ordena-medidas-a-minera-de-atacama-para-garantizar-proteccion-y-resguardo-de-chinchillas.html

09/05/2024
Por: Agenda País
Investigadores desarrollan tecnología nacional que mide metales pesados en suelos mineros, cuantificando su efecto nocivo en las personas.

¿Por qué simular un estómago humano para cuantificar la toxicidad de un suelo minero o de un suelo contaminado? Se trata del mejor escenario para ponderar la cantidad de metales pesados existentes (plomo, arsénico y otros) en un suelo contaminado, los que tienen clara incidencia en la calidad de vida de la población, ya que la ingesta oral accidental facilita la generación de enfermedades como el cáncer.

Así lo explica la ingeniera civil química Carolina Parodi Dávila, directora de Transferencia Tecnológica de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y líder del proyecto Mabiomet. Para la profesional se trata de un aspecto de constante interés en el país, considerando el perfil minero de Chile, el aumento de la generación de este tipo de residuos, el desarrollo de variados conflictos socioambientales relacionados a la temática y la vigencia de un marco regulatorio a la actividad.

Indica que “todo este cuadro hace que la industria minera sea más responsable hacia las poblaciones y el medioambiente, con el desafío de implementar en sus faenas nuevos sistemas de monitoreo remoto con dispositivos de bajo costo, en línea y tiempo real”. Cabe considerar que, de acuerdo a investigaciones académicas, se estima que al año 2026 deberán gestionarse en el país unas 915.000.000 toneladas de material de relaves.

Mabiomet es un dispositivo tecnológico móvil y automatizado, que permite conocer el riesgo real en las personas al ingerir accidentalmente metales pesados y metaloides del suelo, cuantificando la variable ambiental llamada “bioaccesibilidad”.

Por eso, opera simulando un estómago humano en funcionamiento, considerando su misma lógica, con elementos fabricados que representan a los biofluidos (jugos gástricos, bilis y jugo duodenal), respetando el tiempo de digestión humana, incluso las temperaturas presentes en el cuerpo.

Las muestras pasan por procesos de análisis de alto estándar, con resultados certificados y respondiendo a las normativas internacionales ISO 17.924 e ISO 18.400, específicas de ensayos de bioaccesibilidad en Europa y sistema de toma de muestras representativas, respectivamente.

Patente y licenciamiento
“La idea es que a través de un solo equipo en un laboratorio móvil se puedan identificar y cuantificar estos metales y metaloides presentes en sitios y residuos mineros cercanos a la población humana. Se trata de una tecnología chilena que optimiza tiempos -quince días para un primer sector- y procesos, promoviendo así acciones más específicas en la gestión ambiental estratégica de la industria minera, apoyando una conversión hacia la minería verde”, detalla Carolina Parodi Dávila, magíster en Medio Ambiente.

Si bien estos datos pueden ser obtenidos por las empresas locales del rubro, los estudios se debían realizar en laboratorios de Europa o Canadá, por ejemplo, lo que significaba el envío de muestras contaminadas al extranjero y tiempos prolongados, con un alto costo operacional y un proceso engorroso, complicado -además- por nuevas disposiciones ambientales internacionales.

Ahora se encuentra en etapa de aplicación real, con foco en la industria minera nacional y con potencial de expansión internacional. Adicionalmente, el equipo cuenta con patente de invención nacional, tanto para el dispositivo mismo como para el procedimiento de muestreo y procesamiento de cuantificación del extracto, de manera de cuantificar la bioaccesibilidad de metales pesados en relaves mineros.

Actualmente se trabaja con diversos proyectos mineros, obteniendo excelentes resultados. Con apoyo de la Dirección de Transferencia Tecnológica y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL), el equipo de inventoras UTEM espera licenciar la tecnología para asegurar su explotación nacional e internacional.
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/agenda-innovacion/2024/05/09/el-simulador-del-estomago-humano-que-cuantifica-la-toxicidad-de-suelos-mineros/

25/04/2024
Crédito: Minera Collahuasi
Siete asociaciones indígenas de la comuna de Pica, en la Región de Tarapacá, en Chile, ingresaron una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por la calificación ambiental favorable del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi” de la minera del mismo nombre.

La causa, admitida a trámite, se presentó en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) debido a que las asociaciones estiman que el organismo realizó una evaluación deficiente al no considerar los impactos de las emisiones de material particulado sedimentable (MPS) sobre los cultivos de árboles frutales de la localidad de Matilla, así como las características singulares de la biota existente en el área de influencia.

Por lo anterior, los reclamantes solicitan que se anule la aprobación del proyecto o que se retrotraiga el procedimiento a la etapa de apertura de un proceso de consulta indígena por la afectación a los grupos humanos pertenecientes a dichos pueblos. Respecto a esta última solicitud se argumenta que el proyecto no habría descartado debidamente los impactos ambientales significativos sobre estos grupos humanos, de manera que existiría una susceptibilidad de afectación que hace procedente la realización de una consulta indígena.

Proyecto
El objetivo del proyecto es asegurar la continuidad de las operaciones de Collahuasi por un período estimado de 20 años, para lo cual se va a mejorar la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados de 170 ktpd (miles de toneladas por día) a 210 ktpd, mediante la extensión de los permisos medioambientales.

También, considera una fuente complementaria de abastecimiento hídrico para lo cual se contempla la construcción y operación de una planta desaladora de agua de mar.

Asociaciones indígenas reclaman por calificación ambiental favorable de proyecto Collahuasi

Michael Lieberherr, Mongabay Latam 28/04/2024
Ampliación de Pelambres con tubería de cobre a metros de casas tiene en vilo a comunidad ruralPupío y el camino de tierra que marca el paso de la tubería. / Foto: Revista Pasto Seco
Derrames de petróleo y metales pesados son algunos de los daños causados por la mina Pelambres. Ante tal historial, vecinos de Pupío se oponen al proyecto que contempla tuberías a 100 metros de sus casas, mientras la empresa minera demanda a los vecinos por oponerse a la construcción de un camino.
La segunda semana de octubre de 2023, una familia completa fue demandada por la empresa Minera Los Pelambres. ¿La razón? Ni esta, ni ninguno de los habitantes de su comunidad, Pupío, aceptaron la ampliación de un camino que le permitirá a la minera instalar dos nuevas tuberías: una que llevará 1200 litros por segundo de agua industrial y otra que transportará concentrado de cobre proveniente de la extracción que la empresa hace en la cordillera de Los Andes, al norte del país, en la región de Coquimbo.

Ambas tuberías pasarán a menos de 100 metros de la casa de la familia Silva, y el temor de que una filtración afecte su vivienda fue la razón que la llevó a oponerse al proyecto.

Si bien ya existe una tubería en esa zona, actualmente sólo transporta 400 litros por segundo de agua industrial. En 2023 se aprobó el nuevo proyecto de Adaptación Operacional presentado por la empresa, con la que aquella tubería pasará a llevar tres veces la cantidad actual y, además, se sumará otra tubería con concentrado de cobre.

La comunidad de Pupío nunca pensó enfrentarse judicialmente a una empresa tan grande como Minera los Pelambres, una de las 15 mayores productoras de cobre en el mundo.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre las acciones de la minera? Te lo explicamos en tres claves.

Las demandas
La minera argumentó que en algunas de las instancias de diálogo con los dueños de predios en Pupío, “no fue posible acordar las indemnizaciones por las servidumbres de paso”, es decir, por la construcción del camino que se requiere para instalar las tuberías.

Por eso, dice la empresa, “se solicitó a un tercero imparcial determinar cuál es el precio justo a pagar por las servidumbres, lo que se realiza a través de un peritaje independiente y experto en los diferentes casos que actualmente se tramitan”.

Sin embargo, en Pupío acusan que tal diálogo no ha existido y que sólo se han enterado de los avances de la demanda a través de las notificaciones oficiales emitidas por el tribunal de Illapel. En total son 27 los habitantes de Pupío los que están demandados en un juicio civil por no aceptar la ampliación de la servidumbre de paso para la minera.

“Dentro de los demandados hay dos adultos mayores, uno de 88 años y el otro de 89 años. Personas de campo que jamás han pisado un tribunal de justicia. Para ellos esto ha sido terrible. Hay noches que ni siquiera pueden dormir por la preocupación. También, dentro de los demandados hay dos personas con capacidades diferentes, uno de ellos vive conectado a un respirador”, explica Oscar Montalva, otro de los habitantes de Pupío que fue demandado por la empresa minera.

Las tuberías y los planes
Los 27 demandados en Pupío por oponerse a la ampliación de la servidumbre de paso no son los únicos que se enfrentan judicialmente a la empresa. En la provincia de Choapa, ubicada al sur de la Región de Coquimbo, también existen demandados e impactos por la minera que opera allí desde 1997.

El concentrado de cobre que la empresa extrae en la zona cordillerana de Choapa, cerca del límite con Argentina, es trasladado a través de tuberías por toda la provincia hasta llegar a la costa donde es cargado en barcos para su traslado y posterior comercialización.

Los excedentes del proceso minero son trasladados por otras tuberías hacia los dos tranques de relaves más grandes de la región de Coquimbo: Los Quillayes y El Mauro.

Además, la minera cuenta con diferentes obras industriales para facilitar ese traslado, como una bomba booster, que reimpulsa el concentrado de cobre desde la zona de menos altitud de la provincia, el sector rural de Choapa Viejo, hacia la costa.

En 2015, el concentrado fue derramado desde este sistema hacia los terrenos agrícolas y el río Choapa que históricamente abastecía a las familias del sector. Esto ha hecho que las cerca de 200 familias que habitan la localidad, a menos de 15 kilómetros de Pupío, se abastezcan del agua embotellada que les entrega la minera.

En julio de 2023, un grupo de vecinos de Choapa Viejo bloqueó el acceso a la bomba booster para exigirle a la empresa soluciones para poder acceder nuevamente al agua potable. Como consecuencia de esa manifestación, cinco habitantes de Choapa Viejo fueron demandados por la empresa por indemnización de perjuicios por un monto total de $942.977.528 pesos chilenos, equivalentes a más de 1 millón de dólares.

Aún con estos antecedentes, el 20 de octubre del 2023, la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó de forma unánime, y por recomendación de la Secretaría Regional del Ministerio de Medio Ambiente en Coquimbo, el nuevo proyecto de Minera Los Pelambres, “Adaptación Operacional”, que contempla la inversión de 1000 millones de dólares.

Su objetivo es desarrollar un nuevo trazado para las tuberías que transportan el concentrado de cobre desde la cordillera al mar, atravesando toda la provincia de Choapa.

También se establece un aumento de la vida útil del proyecto minero, hasta que el tranque de relave El Mauro complete su capacidad máxima de almacenamiento autorizado: 1700 millones de toneladas.

Por último, se considera la construcción de una desalinizadora para emplear agua de mar en los procesos industriales y dejar de utilizar agua dulce, aunque la empresa todavía no aclara qué hará con el derecho a 829 litros por segundo que mantienen hasta hoy.

Los graves impactos ambientales
La larga lista de daños ambientales que tiene la minera mantiene en vilo a los habitantes de la provincia de Choapa. Temen que el proyecto “Adaptación Operacional” traiga consigo derrames, como el ocurrido en 2022 cuando la rotura de la tubería que trasladaba el concentrado de cobre provocó un derrame que contaminó los predios agrícolas cercanos.

“¿Quién podría vivir tranquilo sabiendo que en cualquier momento puede ocurrir un desastre como los que ya le han ocurrido a Minera los Pelambres en el valle del Choapa con proyectos de menor envergadura?”, cuestiona Oscar Montalva. La preocupación de los vecinos quedó demostrada en las más de 200 observaciones ciudadanas al proyecto Adaptación Operacional que fueron ingresadas al Servicio de Evaluación Ambiental.

El derrame del 2022 no ha sido el único sufrido por los vecinos de Minera Los Pelambres. En agosto del 2008, el río Cuncumén recibió aguas infiltradas desde el tranque de relaves Los Quillayes y material proveniente de una piscina de emergencia alcanzó el estero Camisas.

Sólo un mes más tarde, en noviembre, la empresa derramó más de 10 000 litros de petróleo, y en diciembre aguas procesadas escurrieron desde el vertedero de seguridad del tranque de relaves El Mauro hasta el estero Pupío.

Por todos esos daños, la empresa fue sancionada por la antigua autoridad ambiental con la mayor multa efectuada contra la minera hasta ese momento: 82,5 millones de pesos (unos 140 000 dólares al cambio de esa fecha), y que corresponden al 0,02% de las utilidades obtenidas por Minera Los Pelambres en 2009. En agosto de ese año, 13 000 litros de concentrado de cobre cayeron directamente al río Choapa.

En noviembre de 2021, una de las piscinas de emergencia filtró agua industrial en una zona agrícola a pocos metros de la ribera del río Camisas, ubicado en la comuna de Salamanca. Por si fuera poco, informes científicos dan cuenta de que Minera Los Pelambres también removió glaciares rocosos en la zona cordillerana de la provincia de Choapa, entre los años 1997 y 2006.

Para defenderse, algunas de las personas demandadas en Choapa han financiado un abogado particular y otros han solicitado el apoyo de la municipalidad para que los respalde con un abogado. En la mayoría de los casos —aseguran— ni con la venta de todos sus bienes lograrán pagar a la empresa en caso de perder la demanda.

Lee el reportaje completo aquí. https://es.mongabay.com/2024/03/chile-proyecto-minero-cobre-avanza-personas-demandadas-amplio-prontuario-ambiental/

https://www.eldesconcierto.cl/bienes-comunes/2024/04/28/ampliacion-de-pelambres-con-tuberia-de-cobre-a-metros-de-casas-tiene-en-vilo-a-comunidad-rural.html

María del Mar Parra 29/04/2024
Imagen referencial. / Foto: Agencia UNO.
En la zona más afectada por la sequía en el país, la minera de la familia Luksic deberá pagar una multa de $662 millones por extracción ilegal de agua, mientras que el Ministerio Público investigará el posible delito ambiental, que con la nueva legislación puede ser sancionado incluso con cárcel.
Coquimbo está al borde del colapso por la crisis hídrica, y el Estado ha debido llegar a acuerdos con los grandes usuarios de agua como regantes y mineras, para redistribuir el recurso y evitar cortes de servicio en los hogares de la región.

En dicho contexto, desde la Dirección General de Aguas (DGA) encontraron extracciones no autorizadas de aguas subterráneas y superficiales por parte de la minera Los Pelambres ligada a la familia Luksic. Además, identificaron que la empresa no estaba cumpliendo con el acuerdo de distribución establecido con la Junta de Vigilancia del río Choapa.

Durante los últimos días de abril, la DGA estableció una multa de $430 millones contra la empresa minera por el robo de agua, y otra de $228 millones por no cumplir con la redistribución del recurso. Además, el organismo ordenó a la minera detener de forma inmediata la extracción no autorizada y acatar los acuerdos de la Junta de Vigilancia.

Pero más allá de la multa, los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público ya que, según la directora regional de la DGA, Cinthya Álvarez, se identifica por primera vez en la región un posible delito ambiental de acuerdo a la nueva legislación.

La directora se refiere a la nueva Ley contra delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, aprobada en el país en 2023, y donde algunos hechos relacionados al daño ambiental se agregan como delitos en el código penal, por lo que pueden ser sancionados incluso con penas de cárcel.

Tras la inspección de la DGA en terreno, se constató que en 4 bocatomas de agua superficial y en 8 pozos de agua subterránea se extrajo más recurso del permitido, mientras que en las bocatomas tampoco se respetó el prorrateo al que se deben someter los usuarios de la Junta de Vigilancia del río Choapa por la extrema sequía.

Cabe destacar que la minera presentó un recurso de reclamación contra el decreto de redistribución de las aguas de la Junta de Vigilancia del río Choapa, dictado de conformidad al artículo del Código de Aguas sobre severa sequía. El recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones en diciembre de 2023.

Las faltas constatadas ocurrieron cuando la región estaba bajo decreto de escasez hídrica, en la cuenca del río Choapa que se encontraba agotada, y en el sector hidrogeológico de Choapa Alto que está declarado como zona de prohibición. Estos hechos constituyeron agravantes para ponderar las multas.

Cabe recordar que la mina Los Pelambres ha protagonizado eventos como derrames de petróleo, aguas industriales o concentrado de cobre, por lo cual ha sido sancionada en múltiples ocasiones.
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