Joaquín Riffo B.18/01/2022
Protestas de las comunidades lickanantay en el contexto de la firma de acuerdos CORFO-SQM, enero 2018
INTERFERENCIA conversó con Marcel Dieder, abogado del Observatorio Ciudadano, quienes evacuaron un estudio que da cuenta de cómo la explotación del litio -en este caso de una empresa que no ganó la reciente licitación- afecta los derechos de los pueblos indígenas aledaños a los salares.

Tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó de suspender el proceso de licitación del litio tras dos recursos presentados, tanto por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, como por integrantes de diversos pueblos originarios, la discusión pública sobre el proceso que llevó a cabo el gobierno también está considerando otros elementos que no fueron tenidos en cuenta en un primer término por los distintos actores que se enfrentaron en ella.

En particular se trata de los efectos que esta industria sobre pueblos indígenas. En cuanto al segundo recurso presentado, este fue presentado el 12 de enero “en favor de la comunidad Colla Pai Ote y en favor de todas aquellas personas y comunidades indígenas que habitan los territorios en cuestión” y plantea que “esta licitación, tal como está diseñada, afectará a las personas en cuyo favor se recurre, pues la licitación no tiene límite geográfico dentro del territorio de Chile, y por ende, puede ser invocada en cualquier territorio donde exista litio, sean los salares de Atacama (Atacama), Maricunga (Copiapó), Coipasa, Salar del Huasco (Tarapacá), u otros”, donde se hace alusión a que en el proceso se vulneró el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, “por no haberse completado la consulta indígena a que obliga el derecho nacional e internacional, de acuerdo al petitorio”. De tal modo, los argumentos van más allá sobre la mera temporalidad del concurso o quiénes pudiesen resultar ganadores.

El trabajo tuvo por objeto realizar una identificación y evaluación de los impactos que la empresa SQM ha generado en los derechos humanos del pueblo lickanantay o atacameño que habita en la Provincia del Loa, en la región de Antofagasta.
En efecto, la acción legal presentada por Ariel León Bacián, de los pueblos aymará-quechua; Nancy Piñones, del pueblo aymará; Verónica Henríquez, del pueblo mapuche; Esteban Araya, del pueblo lickanantay o atacameño; Rafael Tuki, del pueblo rapa nui; y Ercilla Araya, presidenta de la comunidad indígena colla Pai Ote, encuentra un correlato cercano en la “Evaluación de Impactos en Derechos Humanos de SQM en los Derechos del Pueblo Indígena Lickanantay” (ver la publicación completa aquí), un estudio de febrero de 2021 y presentado en agosto de ese año en donde se evidencia cómo la compañía chilena ha afectado los derechos del pueblo atacameño en su ejercicio de explotación del litio.

INTERFERENCIA se comunicó con uno de los autores, el abogado Marcel Diedier del Observatorio Ciudadano para conocer más detalles de cómo se ve en perspectiva la publicación a la luz del concurso público que se ha tomado la agenda durante las últimas semanas. Esto, pese a que SQM no ganó este concurso, pero cuyo actuar sirve de proxy de la industria.

La publicación fue financiada por la Fundación Heinrich Böll Cono Sur y contó con el apoyo del Consejo de Pueblos Atacameños, organización que agrupa a las comunidades lickanantay o atacameñas de Atacama la Alta, donde se encuentra el Salar de Atacama donde SQM desarrolla sus operaciones, así como con el involucramiento de las comunidades del Salar que integran este pueblo.

Sin consulta indígena y en plena escasez hídrica

Según su propia definición, el trabajo tuvo por objeto realizar una identificación y evaluación de los impactos que la empresa SQM ha generado en los derechos humanos del pueblo lickanantay o atacameño que habita en la Provincia del Loa, en la Región de Antofagasta.

Para su realización se utilizó como referencia la guía metodológica Todo Derecho para evaluaciones de impacto en los derechos humanos basadas en la comunidad, que ha sido elaborada por OXFAM y la Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH en 2011 y utilizada desde entonces por muchas comunidades afectadas en sus derechos por empresas en todo el mundo.

Se trata de una metodología que busca proveer de herramientas a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil para medir el impacto real o potencial de un proyecto de inversión sobre los derechos humanos.

En conversación con este medio, Dieder explicó que “hemos hecho dos publicaciones en territorio lickanantay, que son las evaluaciones de impacto en derechos humanos. Nosotros hicimos una en lo que se denomina el “triángulo del litio” entonces indagamos qué empresas trabajan en Argentina, Bolivia y Chile, y cuáles han sido las comunidades que han sido impactadas. En el caso de suelo chileno, en particular el trabajo se hizo en base a las dos principales empresas que explotan el mineral en suelo chileno que son Albemarle y SQM. Pero además, el documento desarrolla las responsabilidades en primer parte del Estado de Chile pero también otros países involucrados que tienen inversiones en empresas de litio como China y Canadá”.

SQM proyecta para los próximos años la ampliación de su planta de carbonato en el Salar de Atacama para producir 180.000 toneladas por año por USD $450 millones. Lo anterior, además de ampliar sus operaciones en el Salar del Carmen con una inversión de USD $180 millones.
Según el estudio, la realización de este trabajo estuvo motivada por las múltiples denuncias que durante los últimos años han venido formulando tanto el Consejo de Pueblos Atacameños como las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama por las que consideran como graves afectaciones por parte de esta empresa a los derechos que les han sido reconocidos a los pueblos indígenas tanto en el derecho nacional como internacional.

Tales denuncias adquieren mayor gravedad teniendo presente que el 2018 Corfo celebró con SQM nuevos contratos que le permitirán seguir desarrollando sus operaciones en el Salar de Atacama hasta el año 2030, aumentando significativamente el volumen de extracciones de litio y, por lo mismo, sus impactos en las comunidades atacameñas aledañas y en el ecosistema de dicho Salar.

A ello se suma el hecho de que SQM proyecta para los próximos años la ampliación de su planta de carbonato en el Salar de Atacama para producir 180.000 toneladas por año por USD $450 millones. Lo anterior, además de ampliar sus operaciones en el Salar del Carmen con una inversión de USD $180 millones, según informó Cochilco.

Consultado sobre si en su percepción ha quedado fuera de la discusión pública sobre la licitación el impacto que tiene la industria del litio en las comunidades, en el entendido de que la conversación se ha centrado más sobre el recurso y su adjudicación, Dieder opina que “lo que ha faltado en el discurso es mencionar a los afectados. He escuchado hablar de comunidades, pero ni siquiera al pueblo lickanantay, entonces eso es bastante grave. Uno está escuchando sobre si lo explota una empresa pública o una privada, si hay una Empresa Nacional del Litio o no, pero en ningún momento se hace mención a la participación de las comunidades que dentro de sus territorios se están viendo afectados”.

En esa línea, el abogado describió que “entre las cosas que me ha llamado la atención en el discurso de las distintas fuerzas políticas es cómo la oposición le impugna al actual gobierno de que esto se hizo rápidamente e incluso han presentado recursos de protección que han resultado inadmisibles. Y en ese sentido, para mí es inadmisible que la oposición no considere que esto viene desde marzo de 2021, con un hito en junio del año pasado y la licitación la conocemos como tal en octubre. El Consejo de Pueblos Atacameños también interpuso un recurso de protección pero dentro del plazo porque estaban pendientes de lo que ocurre en su territorio, entonces llama la atención que los bloques del Congreso realicen estas acciones a último momento cuando esto se pudo haber frenado con mucha anterioridad y no la última semana”.

En cuanto a la afectación del territorio por las empresas SQM y Albemarle, que fueron consideradas en el estudio, y el hecho de que ambas hayan quedado fuera de los beneficiados que anunció el gobierno en su momento, Dieder explicó que “hay una falta de consulta de todas las empresas que están trabajando hoy en el Salar de Atacama. No hay ningún proyecto que haya sido sometido a la consulta indígena. Eso es un asunto también bastante grave por el impacto que se genera porque tanto Albemarle como SQM se encuentran dentro de las empresas que producen más litio a nivel mundial, entonces es increíble que compañías de esa envergadura, que obviamente tienen que cumplir con determinados estándares a nivel internacional para poder operar, no cumplan ni siquiera con la consulta indígena”.

“Uno está escuchando sobre si lo explota una empresa pública o una privada, si hay una Empresa Nacional del Litio o no, pero en ningún momento se hace mención a la participación de las comunidades que dentro de sus territorios se están viendo afectados”
Así, según el jurista, “desde las empresas, uno podría escuchar que esto entró en vigencia de forma posterior, en relación a la vigencia del Convenio 169, pero bien sabemos que los últimos convenios han sido cuando el 169 ya estaba en vigencia, lo que da cuenta de los derechos que están siendo afectados”.

A juicio de uno de los autores del informe “acá uno de los temas más importantes es el agua. En la ley indígena también hay una regulación particular al respecto en los artículos 63 y 64 que establece una especial protección de las aguas que les pertenecen a los pueblos del norte de Chile. En un contexto de escasez, esta explotación que han tenido SQM y Albemarle que durante décadas extrajeron litio sin que hubiese una fiscalización, cuando no existía una institucionalidad ambiental como la que existe actualmente. Recién en 2010 con distintas leyes y la creación de algunas instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental recién se iniciaron las primeras fiscalizaciones a todo tipo de empresa. Y cuando se fiscaliza a SQM, la autoridad administrativa se da cuenta que está incumpliendo su RCA para producir y explotar litio, por lo que se inició un proceso sancionatorio. Y ahí se pudo dar cuenta que se extrajeron más cuotas de salmuera que lo que estaba concedido en el permiso, y ese es un proceso que se encuentra abierto”.

Didier sostiene que “los pueblos atacameños siempre han defendido que la extracción de salmuera es directamente la extracción de agua, que está combinada con determinadas sales y químicos. Y si a eso se le suma la extracción que han tenido SQM, Albemarle, Minera Escondida y Minera Zaldívar que son las cuatro que operan en el Salar de Atacama, juntan casi 4 mil litros de agua por segundo. Es decir, una cifra muy elevada para la escasez de agua que hay en el norte”.

Otro punto a abordar fue la incertidumbre que generó en las comunidades el hecho de que la licitación no especificara en qué lugar se iba a hacer la exploración y extracción de litio. Al respecto, el abogado manifestó que “estimo que el gobierno no hizo las consultas pertinentes porque cómo la licitación estaba abierta a todos los salares del norte de Chile se podrían ver eventualmente afectados distintos pueblos. Entonces era difícil determinar a quién había que consultar, pero obviamente esto deja en suspenso y en una situación de mucha incertidumbre a las comunidades que están en esos territorios respecto de lo que va a ocurrir. Inicialmente, cómo estaban estas 400 mil toneladas si uno va sacando la cuenta de la disponibilidad que tiene cada salar, inevitablemente se tendría que haber tocado el Salar de Atacama. Y si ya sabemos que está con un estrés hídrico, ahí está el peligro, y la posibilidad de que el salar sea explotado ahora por nuevas empresas”.
https://interferencia.cl/articulos/la-discusion-olvidada-del-litio-informe-describe-los-problemas-que-sqm-ha-causado-al

Alejandra Mancilla 18/01/2022
Cuando los noruegos descubrieron petróleo costa afuera, a fines de los años sesenta del pasado siglo, lo usaron para construir uno de los estados de bienestar más generosos del mundo. Ante la demanda disparada de litio y cobre que se espera a nivel mundial en las próximas décadas, es tentador pensar que Chile podría hacer lo propio si el Estado aprovecha la riqueza derivada de estos. Sin embargo, hay importantes diferencias entre ambos casos. Más que a un estado de bienestar, quizás a lo que debiéramos aspirar en el siglo XXI es a un estado de “buen vivir”.

Lykkeland (Tierra de felicidad) es una popular serie del canal público noruego NRK que cuenta la historia de cómo, en pleno boom petrolero a nivel mundial, se descubrió unos de los mayores pozos de petróleo en el Mar del Norte en los años sesenta del pasado siglo, y de cómo los noruegos decidieron que este sería el motor principal de desarrollo y prosperidad a mediano y largo plazo.

Si fueron empresas privadas como Philips las que iniciaron la prospección y explotación, ya que contaban con la tecnología y el know-how, rápidamente el Estado noruego fundó su propia empresa, Statoil (hoy Equinor, de capitales mixtos), y comenzó a usar los ingresos del petróleo para financiar un estado de bienestar que está entre los más exitosos de Europa. En 1990, además, el Parlamento estableció el Fondo de Pensiones noruego con los excedentes de riqueza derivados de la extracción del mineral, constituidos principalmente por los impuestos a las empresas petroleras (¡78 por ciento!), pagos de licencias para exploración, y dividendos de la empresa estatal –que hoy cuenta con un 33 por ciento de participación de privados–.

A junio de 2021, el “Fondo del Petróleo” era uno de los más ricos del mundo, tanto que alcanzaba para repartirle unos 200 millones de pesos a cada ciudadano. Constituido solo con inversiones extranjeras, su objetivo es proteger a la economía de los cambios bruscos en los ingresos derivados del petróleo y ser una reserva financiera para las generaciones presentes y futuras –sobre todo considerando que los años dorados del oro negro ya pasaron, y que su extracción irá en descenso en las próximas décadas–. Como se resume en su página web, el fondo busca “asegurar que ocuparemos nuestro dinero de manera responsable, pensando a largo plazo, y que aseguraremos el futuro de la economía noruega”. Noruega se convirtió, en breve, en un estado de bienestar hecho de petróleo.

En su reporte de 2021, titulado “El rol de minerales críticos en las transiciones a energías limpias”, la Agencia Internacional de Energía estima que, si los países se esfuerzan por cumplir con el Acuerdo de París, la demanda de minerales necesarios para la construcción de energías limpias se cuadruplicará de aquí al 2040, principalmente para la construcción de vehículos y baterías eléctricas. La demanda de litio aumentará 40 veces según el reporte. Se estima que la construcción de nuevas líneas eléctricas, en tanto, hará aumentar la demanda de cobre a más del doble. Chile es el primer productor mundial de cobre y posee las mayores reservas a nivel mundial, mientras que es el segundo productor mundial de litio y cuenta con la mitad de las reservas mundiales. La pregunta obvia, entonces, es: ¿podría convertirse Chile en un estado de bienestar hecho de litio y cobre?

Desde 2007, Chile cuenta con un Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), formado a partir de los ingresos del cobre, cuyo fin es financiar déficits fiscales y amortizar la deuda pública. Desde 2006, además, existe el Fondo de Reserva de Pensiones, a través del cual el fisco financia las obligaciones previsionales hacia los más desposeídos. Fue a esos fondos soberanos a los que el Gobierno recurrió durante la pandemia, para financiar la ayuda social entregada a familias y pymes.

En un contexto donde el Presidente electo aspira a dar una mejor calidad de vida a toda la población –y debe buscar los medios para hacerlo–, y donde la Convención Constitucional tiene entre sus misiones fundamentales repensar el marco normativo para ciertos recursos naturales clave, es tentador pensar que las arcas fiscales podrían seguir llenándose y creciendo si, como país, trazamos una estrategia para la explotación del litio (y revisamos la del cobre) –así como Noruega trazó la suya para el petróleo–.

Hay, sin embargo, al menos tres diferencias importantes que no hacen fácil simplemente trasponer la experiencia escandinava a Chile. Estas diferencias, a mi juicio, deberían llevar a nuestro país por un camino propio en lo que se refiere a la explotación de minerales en su territorio.

En primer lugar, mientras el petróleo noruego se ubica costa afuera y su explotación no afecta directamente a poblaciones humanas, las externalidades negativas que genera la gran minería sobre las comunidades circundantes están bien documentadas. Estos costos tienen que tomarse en cuenta si el camino que se quiere seguir –como sugirió en una entrevista reciente el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet– es convertirse en el primer productor mundial de litio. La voz y el voto de quienes se ven más afectados por la industria debería ser así una consideración fundamental a la hora de normar su extracción (lo que han sugerido José Aylwin y Marcel Didier en una columna en este medio).

En segundo lugar, cuando Noruega comenzó a extraer petróleo en los años sesenta del siglo pasado, el cambio climático generado por el uso de combustibles fósiles no era tema aún, y los derrames de petróleo eran considerados daños colaterales, si bien con el tiempo las regulaciones ambientales fueron haciéndose más estrictas. En la actualidad, cuando ya no es posible escudarse en la ignorancia de sus efectos, unos de los temas de debate recurrente en ese país es si es éticamente aceptable seguir extrayendo petróleo y haciendo nuevas prospecciones. Algunos incluso han sugerido que se debiera compensar a quienes salen dañados por dicha extracción; por ejemplo, a los habitantes de países cuyas costas serán inundadas por el aumento en el nivel del mar, causado por el cambio climático antropogénico.

En el caso de las energías llamadas “limpias”, en cambio, ya sabemos que su “limpieza” se mide en término de emisiones directas de CO2, pero la evaluación se complica si se consideran los costos ambientales de extraer los materiales que se necesitan para producirlas. En el caso del cobre, el sobreúso de agua para los procesos de producción y la contaminación provocada por los relaves son solo dos ejemplos. En el caso del litio, este se encuentra en salares ubicados en las cercanías de parques nacionales. Extraerlo requiere perforar dichos salares y luego evaporar el agua contenida en la salmuera, lo que se hace en piscinas de evaporación de hasta un millón de metros cuadrados (el equivalente a unas 150 canchas de fútbol profesional). Otras tecnologías para extraerlo usan ácido clorhídrico e hidróxido de sodio (soda cáustica) y requieren reinyección de salmuera al salar. En suma, de minería verde, poco.

Por último, y conectado con los dos puntos anteriores, cabe preguntarse si el modelo de estado de bienestar noruego desarrollado a partir de la explotación de un recurso natural puede replicarse en el siglo XXI, y si es deseable de replicar. Mientras los estados de bienestar del siglo XX fueron de la mano de la Gran Aceleración económica posterior a la Segunda Guerra Mundial y se basaron en la premisa de crecimiento económico infinito y en el aumento exponencial en la explotación de la naturaleza, hoy se ha hecho obvio lo problemático de esto. En este contexto, en lugar de correr para satisfacer la demanda de litio o de cobre antes que otros, los chilenos tenemos la oportunidad de preguntarnos antes qué tipo de sociedad queremos, en qué relación con la naturaleza y a qué costo. Quizás, en lugar de un estado de “bienestar” medido por índices económicos estrechos, valdría más la pena enfocarse en construir un estado de “buen vivir” (como ya lo han hecho, al menos en el papel, Bolivia y Ecuador), tomando en serio la necesidad de transitar a otro modelo social, ético, político y económico.

Con una nueva Constitución ad portas y un nuevo Gobierno que ha reconocido al menos en principio la necesidad de hacerse estas preguntas más de fondo, lo que está claro es que estamos en un punto de inflexión, y que tenemos una oportunidad única para sacudir la inercia y convertirnos en un ejemplo de cómo podrían hacerse las cosas de otra manera: con una mirada de Estado de largo plazo, que integre a actores públicos, privados y civiles, y que no dependa de los gobiernos de turno, sino que se mantenga por sobre las alternancias de poder.
https://www.elmostrador.cl/opinion-newsletter/2022/01/18/un-estado-de-bienestar-hecho-de-litio-y-cobre/

Daniela Cicardini (PS) y Catalina Pérez (RD) valoraron la orden de no innovar de la Corte de Copiapó, y aseguraron que se continuará con otras medidas para evitar que el Gobierno logre el objetivo planteado.
Eduardo Andrade
16/01/2022
Son diez los días que la Corte de Copiapó otorgó al Gobierno para responder por el recurso de protección presentado por el gobernador de Atacama, Miguel Díaz, y que pone en pausa adjudicación del litio a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Al respecto, este domingo, el titular de Minería, Juan Carlos Jobet, se mostró confiado en tener los argumentos suficientes para llevar a cabo este proceso, lo cual ha producido algunas reacciones dentro de la oposición, desde donde sí se ha valorado haber obtenido una al menos una pausa en la licitación a través de un proceso judicial.

Así lo manifestó, por ejemplo, la diputada del Partido Socialista, Daniela Cicardini, quien aseguró que lo manifestado por el Gobierno no es “ninguna novedad”.

“Nadie ha dicho que el proceso de licitación ha terminado, pero sí es importante que un tribunal haya acogido a trámite este recurso junto a una orden de no innovar hasta evitar el fondo. Para mí es tremendamente significativo que este recurso que ha permitido esta suspensión del proceso de adjudicación haya nacido en mi región, en Atacama, a partir de lo que hizo el gobernador regional con comunidades indígenas de quienes estuvimos hablando antes de su ingreso a la Corte”, señaló la diputada.

Por su parte, la diputada de RD, Catalina Pérez, dio cuenta de otras iniciativas llevadas a cabo desde la oposición y que también buscar prolongar el debate respecto de la utilización del litio.

“En la oposición vamos a seguir todas las vías administrativas mediante, una reclamación en Contraloría; las vías judiciales, mediante recursos de protección, y también las vías legales. Hoy día existen dos proyectos impulsados, uno de ellos de mi autoría, que busca suspender el proceso. Eso tiene que seguir su curso, el presidente de la comisión de Minería ha respaldado la continuidad de esta tramitación, veremos las modificaciones necesarias en su idea matriz, pero nos parece importante que el Congreso continúe con un pronunciamiento férreo respecto de la negativa de vender el litio”, explicó.

Finalmente, Pérez criticó la postura del Gobierno en este proceso, asegurando que “es muy grosero lo que se pretende hacer”, tomando en cuenta de que se trata de una administración que está de salida, además de la discusión por los recursos que se viene llevando a cabo en la Convención Constitucional.

“No puede ser la necesidad del Presidente de dejar amarradas al final de su mandato medidas tan graves como éstas. No puede ser el ego del Presidente lo que prime a la hora de generar una política pública, sino más bien la responsabilidad fiscal, con nuestros ecosistemas, en el diálogo con las comunidades de pueblos indígenas y por las regiones afectadas por la lógica extractivista que este gobierno se ha impuesto profundizar”, sentenció.

Diputadas del Norte categóricas sobre licitación del litio: “Es muy grosero lo que se pretende hacer”