06/02/2022
Corte Suprema acusa a Pascua Lama de incumplir el plan de cierre y ordena fiscalización de autoridades
La máxima instancia judicial señala que la empresa ha ejecutado obras «incompatibles con el plan de cierre», por ello dispuso una coordinación entre la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Geología y Minería, para supervisar el cumplimiento efectivo del proceso.
Fuente: La Tercera
Parecía que tras ordenarse la clausura de las operaciones y la ejecución de un plan de cierre de Pascua Lama, emblemático proyecto binacional de explotación aurífera ligado a Barrick Gold, no habría más novedades en el caso. Sin embargo, esta jornada la Corte Suprema emitió una resolución en que acusa a la compañía de no cumplir con el mentado plan e incluso, mantener actividades.

La resolución, emitida por la Tercera Sala del máximo tribunal, está firmada por el ministro Sergio Muñoz, además de las ministras Ángela Vivanco y Adelita Ravanales. Esta da cuenta de un recurso de protección interpuesto por Edith Ardiles y Abdón Escobar, en que detalla la presencia de actividades de sondaje en la zona de naciente de las aguas.

El documento establece que pese al fallo del Primer Tribunal Ambiental -de septiembre de 2020- el que ordenó el cierre de las actividades del proyecto de Pascua Lama, esta “ha incumplido la sanción de clausura a la que se encuentra obligada, ejecutando obras incompatibles con el plan de cierre aprobado por la autoridad”.

Por ello, la resolución en su punto 10 ordena “a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Servicio Nacional de Geología y Minería actuar coordinadamente supervisando el cierre efectivo del proyecto como fuere ordenado en la resolución de clausura del mismo iniciándose un procedimiento de fiscalización activo”, incluso, con la facultad de disponer “la apertura de un sumario administrativo, si correspondiese”.

Corte Suprema acusa a Pascua Lama de incumplir el plan de cierre y ordena fiscalización de autoridades

07/02/2022
Deberán fiscalizar que Pascua Lama cumpla con plan de cierre tras pronunciamiento de la Corte Suprema
Una vez más la minera Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, da que hablar en tribunales. Esta vez fue la Corte Suprema la que puso en la palestra a la empresa emplazada en la región de Atacama, acusándola de mantener actividades pese a que su clausura se ordenó hace más de un año y que estas serían incompatibles con su plan de cierre.

Por Juan Contreras Jara
Luego del pronunciamiento de la Corte Suprema, será la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) los organismos encargados de fiscalizar que la empresa minera realmente cumpla con lo mandatado tras su clausura definitiva. Es decir, se deberá destinar recursos y personal para obligar que Pascua Lama realmente cierre sus faenas, como si el fallo del 1er Tribunal Ambiental que clausuró la minera de Barrick Gold en septiembre de 2021 no fuera suficiente.

Según consignó La Tercera, el pronunciamiento del máximo tribunal del país se dio a raíz de las denuncias realizadas por la comunidad, de sondajes ilegales, que consistían en diferentes estudios por parte de Pascua Lama en el Valle del Huasco, en la región de Atacama, aún cuando se encontraba clausurada.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, las comunidades del Alto del Carmen, en la provincia del Huasco, denunciaron nuevamente a Pascua Lama, esta vez por la inminente contaminación del río Estrecho producto de las faenas de su plan de cierre, que contemplarían descargas de agua sin tratamiento a dicho río.

Este es uno de muchos litigios protagonizado por Pascua Lama durante los 20 años que lleva intentando concretar su proyecto minero en la región de Atacama. Después de más de un año del veredicto del 1er Tribunal Ambiental que ordenó una multa de $7 mil millones y su clausura, esta aún no se concreta y al contrario, Pascua Lama estaría infringiendo su mismo plan de cierre.

Debido al incumplimiento legal por parte de Pascua Lama, la Corte Suprema ordenó tanto a la SMA como al Sernageomin, » actuar coordinadamente supervisando el cierre efectivo del proyecto, como fuera ordenado en la resolución de clausura del mismo, iniciándose un proceso de fiscalización activo, disponiéndose la apertura de un sumario administrativo si correspondiese».
https://resumen.cl/articulos/deberan-fiscalizar-que-pascua-lama-cumpla-con-plan-de-cierre-tras-acusacion-de-la-corte-suprema-de-no-respetar-plan-de-cierre

El Mostrador 04/02/2022
La primera autoridad comunal de Putaendo se amparó en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que los municipios deben velar por el medio ambiente.

Cumpliendo con el compromiso de defender los ecosistemas cordilleranos y el patrimonio natural de Putaendo, el alcalde Mauricio Quiroz presentó un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental, con el objetivo de anular una resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que pretende impedir que el municipio siga alegando en materias ambientales.

La acción surge luego que el SEA rechazara el recurso de invalidación que el municipio había presentado en contra de la aprobación del proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”. Una iniciativa que la Comisión Regional de Evaluación Ambiental aprobó en abril de 2021, provocando indignación generalizada en la comunidad putaendina.

Dado lo anterior, el alcalde de Putaendo, manifestó: “Vamos a demostrar que el proyecto de sondajes mineros no debió ser aprobado por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, porque omitió información relevante sobre la enorme biodiversidad que presenta la zona que se va a intervenir”.
Protección

El argumento del Servicio de Evaluación Ambiental se sustenta en que los municipios no pueden ser parte de causas medio ambientales, pero el alcalde Quiroz insiste en que aquello es totalmente ilegal.

“Según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (18.695), los municipios tienen como función ‘la protección del medio ambiente’. Lo anterior ha sido ratificado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia al establecer que resulta incuestionable que los municipios tienen la calidad de interesados en los procedimientos ambientales y, en consecuencia, están en el derecho de ejercer las acciones pertinentes en los casos y formas que señala la jurisprudencia ambiental. Por lo tanto, la municipalidad de Putaendo está ejerciendo su legítimo derecho de defender el territorio ante un proyecto que resulta dañino para la comuna, razón por lo cual estamos recurriendo al Tribunal Ambiental para que ratifique nuestra calidad de interesados en esta materia”, declaró la autoridad comunal.

Por su parte, Salvador Donghi, biólogo y director de Simbiosis Bioconsultora, que asesora al municipio de Putaendo en aspectos medioambientales, explicó que “el recurso que presenta la municipalidad de Putaendo ante el tribunal ambiental tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho, por cuanto los municipios tienen la facultad de alegar y hacerse parte de las causas ambientales, específicamente contra este proyecto minero que, a través del municipio y por parte de la comunidad, es fuertemente resistido porque va en contra de los ejes de desarrollo estratégico que tiene la comuna en cuanto al cuidado ambiental y el desarrollo de sus ciudadanos”.
Amenaza

El proyecto de la Compañía Minera Vizcachitas Holding, que es parte de la empresa canadiense Andes Copper, pretende realizar hasta 350 sondajes en la cuenca del Río Rocín, principal fuente de agua de Putaendo, comuna que lleva más de una década en situación de sequía.

Por esto, es una amenaza directa para la riqueza de flora y fauna que existe en el último valle sin presencia de gran minería en la zona centro norte del país, según los denunciantes.

“Tenemos la convicción que este es un proyecto que la gran mayoría de la población de Putaendo y Aconcagua rechaza porque no se inscribe en la línea de desarrollo sostenible que nosotros hemos definido hace mucho tiempo atrás en base a la agricultura, en base al turismo, en base al patrimonio y al comercio”, agregó el alcalde Mauricio Quiroz, quien junto a la totalidad del Concejo Municipal de Putaendo, ha decidido recurrir a los tribunales para defender a la comuna de estos grandes proyectos mineros.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/02/04/alcalde-reclama-ante-el-tribunal-ambiental-contra-minera-vizcachitas/

02/02/2022
Crédito: Codelco.
Las mineras que operan en Chile mostraron “extrema preocupación” por una propuesta para nacionalizar la vital industria del cobre, como parte de la discusión de una nueva Constitución en el país.

Más temprano, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó una norma “por la Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir”.

Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería -que agrupa a las empresas del sector-, dijo en un comunicado que la decisión no pondera el impacto que tendría una medida de esa naturaleza.

“Es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger”, afirmó.

“Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía en un contexto de globalización, ya que las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses”, agregó.

Miembros de la Convención Constitucional han señalado que las aprobaciones iniciales de las comisiones podrían sufrir ajustes, adiciones o incluso podrían suprimirse por lo que no representan el resultado que tendrá el texto final.

Los debates sobre el contenido de la nueva Constitución, que busca reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, iniciarán el 15 de febrero.

Las eventuales decisiones del organismo, dominado por independientes y partidarios de izquierda, han generado incertidumbres en diversos sectores.

La industria minera ha llamado a conservar la certeza jurídica que ha distinguido al mayor productor mundial de cobre y segundo mayor de litio para evitar impactos en las cuantiosas inversiones que requiere el sector para los próximos años.
Fuente: Reuters

Mineras de Chile rechazan eventual norma constitucional para nacionalizar industria del cobre

Las protestas de hace unas semanas contra el tranque de relaves El Mauro, uno de los más grandes de América Latina, volvieron a llamar la atención sobre el problema de los desechos mineros en Chile.

Los Pelambres Bergwerk Chile Damm El Mauro
La vía de acceso al tranque de relaves de El Mauro, en Chile fue, hace un par de semanas, el escenario de protestas de los habitantes de la comunidad de Caimanes, ubicada a 12 kilómetros.

Las particularidades de El Mauro han puesto al tranque en el punto de mira desde su puesta en marcha, hace casi dos décadas. “El muro de este relave mide más de 200 metros de altura, es del tamaño del edificio más alto de Latinoamérica. Su ancho es de aproximadamente 10 kilómetros”, dijo a DW Raimundo Gómez, director de la Fundación Relaves de Chile, que analiza la situación de los desechos mineros, que contienen grandes cantidades de metales pesados como plomo, arsénico y mercurio, entre otros.

Por ese motivo, organizaciones de la sociedad civil alertan sobre los peligros que puede acarrear. “Si estos relaves afectaran cursos de agua o llegaran a zonas habitadas, el daño podría ser irreversible, y, de hecho, las comunidades denuncian que este es el caso”, explicó a DW Gitte Cullmann, Directora de la Oficina Regional para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, cercana a Los Verdes de Alemania. Además, “en caso de colapsar, los habitantes tendrían menos de cinco minutos para escapar”, agregó, por su parte, Gómez.

A los riesgos medioambientales se agrega un aspecto cultural. “Cuando se construyó, se habló de la destrucción arqueológica más grande en la historia de Chile, ya que se sepultaron bajo lodo tóxico más de 1.500 hectáreas con petroglifos y riqueza arqueológica de alto valor”, recordó el experto chileno.

Infografik – Tranque de relaves El Mauro – ES
Un conflicto con largo recorrido

Ambos factores, entre otros, motivaron a la comunidad a llevar el caso a los tribunales. “La comunidad de Caimanes ha llevado a cabo un sinnúmero de batallas judiciales contra esta minera (Los Pelambres), hasta el punto de que hubo tribunales de justicia que dieron la orden de demolición del tranque. Sin embargo, gracias a las estrategias legales de la minera, posteriormente otro tribunal desestimó esa orden”, lamentó el director de la Fundación Relaves.

Eso forzó a ambas partes a entenderse. No obstante, “los movimientos territoriales acusan a la minera de haber dejado de asistir a las mesas de diálogo, donde se estaban discutiendo las medidas de compensación hacia las comunidades por los daños que han sufrido por El Mauro”, puntualizó Cullmann.

“La minera solamente se hizo cargo de la gente que había demandado, y no de la comunidad en general, como lo debería haber hecho con respecto a la conciliación que hubo en la Corte Suprema. Eso gatilló las protestas nuevamente, pero estas se vienen dando desde hace años, y no solo por ese episodio”, dijo Cristián Flores, vocero de la comunidad de Caimanes, en entrevista con DW.
Chile | Proteste in Caimanes

Corte de los accesos en enero. El vocero de la comunidad no descarta nuevas acciones si la empresa minera se queda «solamente con buenas intenciones».

“De partida nos cortaron el río. El agua que está pasando es minoritaria y contaminada porque el tranque está sobre el lecho del río, y en el aire apareció el polvo en suspensión en la comunidad con mayor o menor frecuencia”, subrayó el vocero, lamentando que “todo eso ha gatillado a un desencanto con la minera, con procesos de malos acuerdos y acuerdos incumplidos anteriormente”.

Fuentes de la Minera Los Pelambres indicaron a solicitud de DW que la compañía está construyendo una planta desalinazadora, la cual, además de permitir adaptarse al cambio climático, incorporará agua no continental a los procesos mineros, “de modo que al año 2025 Minera Los Pelambres ya no emplee agua del Río Choapa para sus procesos productivos”.

Igualmente, recordaron que “los procesos judiciales se encuentran cerrados” y que la compañía asumió una serie de compromisos, entre los que se encuentran medidas de compensación y mitigación de los impactos de la construcción del tranque El Mauro, entre ellas, el registro y rescate de petroglifos que se encontraban dispersos en los distintos sectores del Mauro, y la inversión de 1.100 millones de pesos en la comunidad local para el desarrollo de 75 proyectos».

Asimismo, confirmaron la seguridad del tranque, “capaz de soportar terremotos mayores, al máximo esperable en la zona”, y se mostraron con disposición a “renovar compromisos”. “En el caso de Caimanes, los acuerdos alcanzados con la comunidad poseen un sistema de mutua verificación a través de las Comisiones de Seguimiento y el Comité de Desarrollo, en donde la comunidad ha escogido y designado a sus participantes”, pormenorizó.

No obstante, Cristián Flores criticó que, a pesar de que se han reanudado las conversaciones, que terminaron con las últimas movilizaciones que se llevaron a cabo durante dos semanas, “aquí no hay nada amarrado, solamente buenas intenciones, así que esto se puede retomar. Hay varios puntos sobre la mesa que no sabemos si la minera va a cumplir o no, como la erradicación voluntaria de la gente de la comunidad”, consideró.
Infografik – Relaves en Chile

“Por una tonelada de cobre, se generan al menos 150 toneladas de relaves”, recalca Gómez, recordando que “solo en 2020 se generaron más de 600 millones toneladas de relaves en Chile”.

El problema de los relaves

Según datos facilitados por el departamento de prensa del Ministerio de Minería de Chile, actualmente existen 757 relaves, de los cuales 117 están activos.

“La mayoría de la gran minería se desarrolla en el desierto o altiplano nortino, porque allí se hace más fácil la exploración y explotación, debido a que muchas de esas zonas se encuentran despobladas o tienen baja densidad de población”, explicó Gómez.

“Existen otros casos emblemáticos de un mal manejo, como los relaves de minera Choquelimpie en la Reserva Nacional Protegida Las Vicuñas, o los relaves de Cerro Chuño, que se importaron desde Suecia en los años 80, durante la dictadura, y que fueron depositados en la ciudad de Arica”, detalló el experto chileno, criticando que “no existe una ley ni regulación en Chile que se haga cargo de los cientos de relaves abandonados”.

“Conforme al último catastro del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), de agosto de 2020, existen 173 relaves en situación de abandono”, informaron a DW fuentes del departamento de prensa de Minería de Chile, agregando que para hacer frente a la problemática que estos suponen, se han desarrollado una serie de iniciativas, entre ellas el programa “Adopta un relave”. Recogida en el Plan Nacional de Depósitos de Relaves (PNDR), la medida “tiene como objetivo utilizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como herramienta para remover y trasladar los relaves en situación de abandono y utilizarlos como medida de compensación de emisiones”, se indicó en el Ministerio de Minería chileno. De este modo, apuntaron que “dos empresas ya se han comprometido a remover y trasladar a un depósito autorizado 2 de los 102 relaves en situación de abandono que representan un mayor riesgo para la población”.

Aunque los relaves abandonados son los más problemáticos, Gómez también criticó la gestión que se está llevando con los relaves activos, ya que “tampoco hay fiscalización, ni un monitoreo real de parte del Estado”.

En este sentido, el Ministerio de Minería avanzó que se prevé modificar próximamente el decreto que regula la aprobación de proyectos de depósitos de relaves y se “exigirá a las empresas monitorear sus relaves de forma remota y en tiempo real”.
https://www.dw.com/es/chile-resistirse-a-convivir-con-desechos-mineros/a-60615624

Propuesta buscaba conservar en la Nueva Constitución aquellos aspectos que han sido fundamentales para otorgar certeza jurídica y que han posibilitado en las últimas décadas un dinamismo sin precedentes para la minería chilena.
27/01/2022
Minería Chilena
Esta iniciativa convencional constituyente había sido presentada por los convencionales Rodrigo Álvarez, Rocío Cantuarias, Martín Arrau, Carol Bown, Katerine Montealegre, Margarita Letelier, Eduardo Cretton, Marcela Cubillos, Constanza Hube, Ruth Hurtado, Harry Jürgensen, Felipe Mena, Alfredo Moreno, Ricardo Neumann, Pablo Toloza y, Arturo Zúñiga.

En la propuesta se señalaba que, dada la enorme contribución de la minería tanto pública como privada al desarrollo y prosperidad del país, la que va mucho más allá de los recursos fiscales que genera, se propone en la propuesta de nueva Constitución conservar aquellos aspectos que han sido fundamentales para otorgar certeza jurídica y que han posibilitado en las últimas décadas un dinamismo sin precedentes para la minería chilena.

Es así como en concreto, se proponía lo siguiente:

Establecer, en primer lugar, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Lo anterior, sin perjuicio de la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas.
Consagrar a nivel constitucional que el Estado podrá otorgar a las personas naturales y jurídicas las concesiones mineras necesarias para explotar y explotar las sustancias minerales contenidas en las minas del dominio del Estado.
Mantener que la constitución y extinción de las concesiones sea por resolución judicial.
Reservar a una ley de alto quórum (aprobada por las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio) la determinación de las sustancias concesibles, la duración de las concesiones y las causales de extinción del dominio sobre las concesiones.
Se eleva a nivel constitucional que el régimen de amparo se traduce en el pago de una patente.
Consagrar el derecho de propiedad sobre la concesión minera y su protección vía recurso de protección.
https://www.mch.cl/2022/01/27/nueva-constitucion-rechazan-iniciativa-convencional-que-buscaba-establecer-estatuto-constitucional-de-la-mineria/

La Convención Constitucional aprobó en general los artículos transitorios que permiten revocar permisos de explotación minera y mega proyectos de generación eléctrica otorgados “sin consentimiento previo” de la comunidad.
28/01/2022
Minería Chilena

La Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó en general la propuesta de restitución de los territorios indígenas. En ésta se establece el mecanismo de saneamiento, catastro y restitución de tierra, y anula las concesiones para proyectos mineros y empresariales ubicados en territorios que pertenezcan a pueblos indígenas “sin consentimiento previo”.

Un artículo transitorio de la normativa indica “decrétese la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas, forestales, mega proyectos de generación eléctrica y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas”.

Esta nulidad deberá decretarse, “cuando estos 10 permisos, autorizaciones o concesiones hayan sido otorgados o implementadas sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas del territorio o la debida consulta, por tratarse de actos vulneratorios de los derechos a la integridad de las tierras y territorios indígenas, de los derechos culturales y de supervivencia, y de la libre determinación y autonomía de los Pueblos y Naciones Preexistentes al Estado”.

La normativa también señala que “se evaluará un nuevo otorgamiento de estos permisos, autorizaciones o concesiones en un plazo no mayor a 2 años, después de los correspondientes procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, de acuerdo a las normas en la materia y estándares internacionales aplicables, velando, en cualquier caso, en conjunto con las comunidades, por la preservación del territorio bajo los principios de solidaridad y equidad intergeneracional”.

Luego de ser votadas en general, los constituyentes podrán presentar indicaciones para pasar a su discusión en particular. Finalmente, pasará al Pleno, donde deberá ser ratificado para formar parte del borrador de la nueva Constitución.
https://www.mch.cl/2022/01/28/concesiones-mineras-en-territorios-indigenas-podrian-ser-anuladas/

La acción se produjo en el marco de la demanda por reparación de daño ambiental interpuesta por organizaciones civiles locales, a raíz de la llamada contaminación histórica de la zona.
20/01/2022
Los ministros del Segundo Tribunal Ambiental visitaron las comunas de Quintero y Puchuncaví, donde recorrieron, durante dos días, diversos puntos de interés para el proceso de conciliación impulsado por esta judicatura en el marco de la demanda por reparación de daño ambiental interpuesta por organizaciones civiles locales, a raíz de la llamada contaminación histórica de la zona.

La diligencia fue encabezada por los ministros Alejandro Ruiz, presidente, Cristián Delpiano y Cristián López y la ministra Daniella Sfeir quienes fueron acompañados por un equipo de profesionales del Tribunal, junto con representantes de los demandantes y demandados.

El recorrido del Tribunal incluyó las caletas de Horcón y Ventanas, el borde costero de Quintero y Puchuncaví, el estero Campiche, la ex escuela La Greda y el Santuario de la Naturaleza Las Petras.

“Hace unos años se presentó en nuestro Tribunal una demanda que tiene por objeto obtener la reparación por el daño ambiental, que distintos actores de la sociedad civil -incluyendo sindicatos de trabajadores del mar, pescadores, buzos mariscadores-, señalan haber sufrido durante todos estos años de actividad industrial en la zona de Quintero y Puchuncaví. Es a raíz de esa demanda, que se dirige contra 12 industrias emplazadas en el área y contra el Estado de Chile, representado por el Ministerio del Medio Ambiente, que el Tribunal está intentando un acercamiento entre las partes y durante este tiempo hemos estado conversando de buena fe entre las distintas partes de este conflicto, que sabemos que es un conflicto social que deriva de situaciones de contaminación ambiental ocurrida durante décadas”, explicó al respecto el ministro presidente del Tribunal, para luego detallar que “hemos planteado lo que se llama una conciliación, la cual contiene una batería de medidas que, si bien evidentemente desde el punto de vista del Tribunal no puede ser exhaustiva en cuanto a resolver todos los problemas existentes en el área, sí puede ayudar en la línea de revertir una tendencia, lograr mayores niveles de paz social y en ese sentido estamos haciendo este recorrido esta inspección con una visión de lograr esa conciliación en buenos términos”.
Objetivos y medidas

En relación con los objetivos que persigue el Tribunal al llevar a cabo el recorrido por la zona, el ministro Ruiz aclaró que “venimos a observar los territorios, cómo conviven con la actividad industrial, cuáles son las implicancias, hemos hablado con actores locales también en las caletas de Horcón y de Ventanas y eso evidentemente es información muy valiosa que a nosotros como jueces nos va a llevar a tomar una mejor decisión y en este caso, en aras a buscar un acuerdo entre las partes que siempre es la mejor salida para cualquier conflicto”.

Respecto de las medidas propuestas por el Segundo Tribunal Ambiental en las bases de conciliación, el ministro presidente destacó que si bien es cierto algunas tienen un perfil más técnico, pues procuran lograr, por ejemplo, una actualización tecnológica y que las actividades industriales que operan en Quintero- Puchuncaví tengan un estándar alto; también hay medidas que tienen características más ambientales, como reforestación, y otras que tienen como objeto mejorar la calidad de vida de las personas desde la perspectiva social.

“Si bien aquí hay muchos estudios creemos también necesario que se haga un análisis de riesgo de lo que significa este nivel de actividad industrial, sus implicancias, sus efectos, emisiones, efluentes, residuos que ermita evitar los tristes hechos ocurridos durante los últimos años”, agregó.

Finalmente, Ruiz recordó que, si las partes no alcanzan una conciliación, “evidentemente hay que retomar el juicio y ahí hay que abrir un largo término probatorio que nos llevará a concluir probablemente en un año si es que aquí hay daño ambiental y cuáles son las medidas para repararlo”.

“Nosotros esperamos que eso prospere y que llegado el momento en que nosotros les presentemos una versión definitiva -porque hoy día tenemos una versión preliminar de conciliación- sean la mayor, sino todas las partes las que suscriban esta conciliación de manera de sumarse todos a una nueva línea de acción que sea más bien mancomunada y no polarizada, no de acrecentar el conflicto, sino de revertir la tendencia que se ve ahora”, dijo.

Cabe recordar que en junio de 2021, el Segundo Tribunal Ambiental presentó a demandantes y demandados una propuesta de bases de conciliación, tras lo cual ha sostenido numerosas audiencias bilaterales con cada una de las partes a fin de aclarar sus dudas y atender comentarios respecto de la propuesta. En este marco es que el Tribunal resolvió decretar la inspección a fin de realizar una revisión en el territorio de las medidas contenidas en las bases propuestas.

La acción de demanda por daño ambiental fue presentada en julio de 2016 por el Sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramas similares de Caleta Horcón y el Sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramas similares de Caleta Ventanas, además de vecinos de ambas localidades de la Región de Valparaíso en contra de Codelco División Ventanas, Aes Gener S.A., Catamutún S.A., Puerto Ventanas S.A., Empresa Nacional de Electricidad S.A., GNL Quintero S.A., Empresas Copec S.A., Gasmar S.A., Oxiquim S.A., Petróleos, Asfaltos y Combustibles S.A., Melón S.A., Enap y del Ministerio del Medio Ambiente.
https://www.mch.cl/2022/01/20/quintero-puchuncavi-ministros-del-tribunal-ambiental-visitan-zonas-clave-para-posible-conciliacion-en-demanda-por-reparacion-ambiental/