La minera señaló que está analizando los alcances de este nuevo régimen sobre la operación.
15/02/2022
Minería Chilena
Los ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta decretaron rechazar la solicitud de Cerro Colorado de levantar la medida cautelar que rige sobre la operación en materia de extracción hídrica, pero sí tomaron la decisión de ajustar la medida, decretando un nuevo régimen dividido en períodos.

Es así como se permitirán ciertos niveles reducidos de extracción basado en topes –que van desde un mínimo de 54 l/s al máximo que permite la RCA recientemente aprobada–, siempre y cuando no se registren descensos en los umbrales límites e intermedios. Este nuevo régimen cautelar, pese a que le permitiría a la compañía retomar nuevamente una fracción de su operación minera, mantiene la incertidumbre de cara a los próximos meses.

Cerro Colorado señaló que está analizando los alcances de este nuevo régimen sobre la operación, haciendo hincapié en que toda decisión sobre la misma se tomará de común acuerdo con los sindicatos y gremios de la compañía, y se comunicará oportunamente.

Además, indicó que continuará trabajando para demostrar sus argumentos legales, con los que espera reafirmar su compromiso ambiental en las instancias judiciales siguientes y volver a retomar una operación normal.

“Sabemos que se trata de un momento complejo que requiere la máxima colaboración de todos en nuestra compañía, en especial de quienes permanecerán desarrollando funciones en faena. Para ello, hemos implementado todas las medidas necesarias, en especial, aquellas enfocadas en resguardar la salud y seguridad de los trabajadores“, manifestó la minera.
https://www.mch.cl/2022/02/15/tribunal-ambiental-decreta-nuevo-regimen-cautelar-que-permite-extraccion-de-agua-en-cerro-colorado/

16/02/2022
La Convención Constitucional de Chile inició formalmente este martes el debate del contenido de la nueva carta magna, que reemplazará la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, con algunos temas que han generado controversia en las últimas semanas.

La creación de un Congreso unicameral, la nacionalización de empresas mineras, la suspensión de los derechos de agua y de títulos empresariales sobre territorios indígenas son algunas de las polémicas propuestas que deberán discutir y buscar consenso en más de 20 plenos del organismo.

El órgano, dominado por independientes y partidarios de movimientos de izquierda, fue elegido el año pasado como resultado de un acuerdo nacional tras el violento estallido social desatado en octubre de 2019.

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, dijo este lunes a corresponsales extranjeros que temas propuestos en esa etapa “muy preliminar” se han informado erróneamente como verdades y propuestas definitivas del nuevo texto.

“Esa desinformación claramente repercute en el trabajo que estamos haciendo y puede contribuir a la pérdida de la confianza de las personas en el proceso”, argumentó.

Los temas refrendados en las comisiones tendrán que ser debatidos y el resultado final o sus modificaciones tienen que ser aprobados por los dos tercios de los integrantes, equivalente 103 votos.

“En este período vamos a ver lo que de verdad va a quedar en la propuesta de Constitución (…). Finalmente llegamos a los hechos reales, a las propuestas de normas que van a quedar”, agregó.

El texto final tendrá que ser aprobado o rechazado en un plebiscito obligatorio. En medio de las polémicas suscitadas, la más reciente encuesta privada Cadem mostró que la intención de votar “apruebo” a la nueva carta magna bajó del 56% al 47%.

Las propuestas de artículos que sean aprobadas inicialmente por el pleno pueden ser sometidas a indicaciones o ajustes para su posterior voto definitivo.

Según el acuerdo que le dio origen, la Convención tiene un plazo máximo de un año, hasta inicios de julio, para proponer el nuevo texto. El plebiscito de salida sería en septiembre.

Las protestas sociales mostraron un descontento con el modelo de libre mercado que impulsó el desarrollo de Chile en las últimas décadas pero que acentuó la desigualdad. El país es el mayor productor mundial de cobre.
Fuente: Reuters

Chile inicia debate de nueva Constitución en medio de nerviosismo por minería

El Mostrador 09/02/2022
En histórico fallo de la Suprema comunidad de Huasco demuestra que Barrick Gold desobedece la orden de cierre de Pascua Lama

Según detallan, en la zona -pleno sector del rajo del mismo proyecto Pascua Lama cerrado- Barrick Gold realizaba 29 sondajes, acción que vulneraba de forma grave lo dispuesto por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), confirmado por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. De aquella alarma surgió un recurso de protección que, luego de una tramitación deficiente y llena de irregularidades por parte del Corte de Apelaciones, terminó con una apelación a la Corte Suprema. Esta fue recientemente fallada el 4 de febrero. A su juicio, este fallo de la Suprema tiene «tintes históricos» porque es de consenso, «la sala de la Corte Suprema no se dejó engañar, pese a los argumentos de la empresa, uno de los cuales era que, por ser dueños de las pertinencias mineras, pueden explorar dónde, cómo y cuándo quieran» y «la Corte ordenó fiscalizar efectivamente el cierre del proyecto».

La comunidad del Valle del Huasco volvió a movilizarse contra Barrick Gold, los dueños del proyecto Pascua Lama. Esto, porque los acusaron de desobedecer el fallo de la Corte Suprema del 17 de septiembre de 2020, que determinó la clausura definitiva de la megaminera binacional en la cordillera de Huasco Alto.

Según detallan, en la zona -pleno sector del rajo del mismo proyecto Pascua Lama cerrado- Barrick Gold realizaba 29 sondajes, acción que vulneraba de forma grave lo dispuesto por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), confirmado por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

En un comunicado, indican que de aquella alarma surgió un recurso de protección que, luego de una tramitación deficiente y llena de irregularidades por parte del Corte de Apelaciones, terminó con una apelación a la Corte Suprema. Esta fue recientemente fallada el 4 de febrero.

Sobre el dictamen, celebran «que la Corte Suprema esté haciendo realmente justicia en este caso tan emblemático. La falta de respeto con la soberanía del país, las comunidades y los ecosistemas afectados debe tener un límite. El fallo es una buena señal de que el Poder Judicial velará por el cumplimiento efectivo del cierre y esperamos que el Ejecutivo actúe en conformidad y de manera decidida».

«Las pruebas presentadas por la comunidad permitieron demostrar de manera irrefutable que los sondajes eran un incumplimiento. En palabras del Tribunal: ‘No es posible desconocer que el proyecto (…)Pascua Lama tiene una orden de clausura y que, dada la envergadura, relevancia y potencial riesgo del proyecto, se requiere de un plan de cierre para minimizar los posibles efectos negativos para materializar la clausura ordenada. Es evidente entonces, que el plan de cierre tiene un único fin y objetivo, que no es otro que conseguir el término de toda actividad del proyecto sancionado, y que, con ello en mente, las únicas faenas u obras permitidas son aquellas que conduzcan al fin pretendido: la citada clausura'», agregan.

A su juicio, este fallo de la Suprema tiene «tintes históricos» porque es de consenso, «la sala de la Corte Suprema no se dejó engañar, pese a los argumentos de la empresa, uno de los cuales era que, por ser dueños de las pertinencias mineras, pueden explorar dónde, cómo y cuándo quieran» y «la Corte ordenó fiscalizar efectivamente el cierre del proyecto, entregando lineamientos claros en torno a que ello no puede significar una mera revisión de la información que entrega la empresa. Además, requiere la coordinación de las autoridades a cargo del cierre (SERNAGEOMIN Y SMA) y que estas actúen de manera realmente efectiva en la tarea de la clausura».

«En ese sentido, queremos denunciar que, en las declaraciones hechas hoy al respecto, Barrick –como siempre– sigue mintiendo y confundiendo a la opinión pública. Por una parte, contradice a la Corte Suprema al decir que sí han estado cumpliendo con total compromiso el cierre y que los sondajes son parte de un estudio geológico, y, además, miente abiertamente cuando declara que continúa “trabajando en alianza con las comunidades para desarrollar soluciones sostenibles”. A eso decimos categóricamente que no existe tan alianza ni la existirá jamás. Es más, el propio Concejo Municipal de Alto del Carmen se negó a participar en la evaluación del programa financiero mediante el cual la minera intenta comprar las conciencias de los habitantes y, hace un mes, elaboró un informe categórico mediante el cual –junto a otras instituciones públicas y gracias a la acción de la propia comunidad– se suspendió la evaluación de una declaración de impacto ambiental con la cual la empresa quería irse sin tratar las aguas», dicen en la parte final del texto.

«NO NOS VENCERÁN. Seguiremos tomando todas las medidas necesarias para que el Cierre de Pascua Lama sea una realidad en el territorio y no en el papel, ahora con mayor razón. Esperamos que este dictamen de la máxima autoridad judicial del país sea ahora suficiente para que empecemos a ver su materialización y no haya más vulneraciones y falta de respeto a las comunidades afectadas y a todo el país», cierran.
Lea el fallo de la Corte Suprema en el siguiente link: https://media.elmostrador.cl/2022/02/Fallo-CS-PL.pdf
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/02/09/en-historico-fallo-de-la-suprema-comunidad-de-huasco-demuestra-que-barrick-gold-desobedece-la-orden-de-cierre-de-pascua-lama/

06/02/2022
Corte Suprema acusa a Pascua Lama de incumplir el plan de cierre y ordena fiscalización de autoridades
La máxima instancia judicial señala que la empresa ha ejecutado obras «incompatibles con el plan de cierre», por ello dispuso una coordinación entre la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Geología y Minería, para supervisar el cumplimiento efectivo del proceso.
Fuente: La Tercera
Parecía que tras ordenarse la clausura de las operaciones y la ejecución de un plan de cierre de Pascua Lama, emblemático proyecto binacional de explotación aurífera ligado a Barrick Gold, no habría más novedades en el caso. Sin embargo, esta jornada la Corte Suprema emitió una resolución en que acusa a la compañía de no cumplir con el mentado plan e incluso, mantener actividades.

La resolución, emitida por la Tercera Sala del máximo tribunal, está firmada por el ministro Sergio Muñoz, además de las ministras Ángela Vivanco y Adelita Ravanales. Esta da cuenta de un recurso de protección interpuesto por Edith Ardiles y Abdón Escobar, en que detalla la presencia de actividades de sondaje en la zona de naciente de las aguas.

El documento establece que pese al fallo del Primer Tribunal Ambiental -de septiembre de 2020- el que ordenó el cierre de las actividades del proyecto de Pascua Lama, esta “ha incumplido la sanción de clausura a la que se encuentra obligada, ejecutando obras incompatibles con el plan de cierre aprobado por la autoridad”.

Por ello, la resolución en su punto 10 ordena “a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Servicio Nacional de Geología y Minería actuar coordinadamente supervisando el cierre efectivo del proyecto como fuere ordenado en la resolución de clausura del mismo iniciándose un procedimiento de fiscalización activo”, incluso, con la facultad de disponer “la apertura de un sumario administrativo, si correspondiese”.

Corte Suprema acusa a Pascua Lama de incumplir el plan de cierre y ordena fiscalización de autoridades

07/02/2022
Deberán fiscalizar que Pascua Lama cumpla con plan de cierre tras pronunciamiento de la Corte Suprema
Una vez más la minera Pascua Lama, de la canadiense Barrick Gold, da que hablar en tribunales. Esta vez fue la Corte Suprema la que puso en la palestra a la empresa emplazada en la región de Atacama, acusándola de mantener actividades pese a que su clausura se ordenó hace más de un año y que estas serían incompatibles con su plan de cierre.

Por Juan Contreras Jara
Luego del pronunciamiento de la Corte Suprema, será la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) los organismos encargados de fiscalizar que la empresa minera realmente cumpla con lo mandatado tras su clausura definitiva. Es decir, se deberá destinar recursos y personal para obligar que Pascua Lama realmente cierre sus faenas, como si el fallo del 1er Tribunal Ambiental que clausuró la minera de Barrick Gold en septiembre de 2021 no fuera suficiente.

Según consignó La Tercera, el pronunciamiento del máximo tribunal del país se dio a raíz de las denuncias realizadas por la comunidad, de sondajes ilegales, que consistían en diferentes estudios por parte de Pascua Lama en el Valle del Huasco, en la región de Atacama, aún cuando se encontraba clausurada.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, las comunidades del Alto del Carmen, en la provincia del Huasco, denunciaron nuevamente a Pascua Lama, esta vez por la inminente contaminación del río Estrecho producto de las faenas de su plan de cierre, que contemplarían descargas de agua sin tratamiento a dicho río.

Este es uno de muchos litigios protagonizado por Pascua Lama durante los 20 años que lleva intentando concretar su proyecto minero en la región de Atacama. Después de más de un año del veredicto del 1er Tribunal Ambiental que ordenó una multa de $7 mil millones y su clausura, esta aún no se concreta y al contrario, Pascua Lama estaría infringiendo su mismo plan de cierre.

Debido al incumplimiento legal por parte de Pascua Lama, la Corte Suprema ordenó tanto a la SMA como al Sernageomin, » actuar coordinadamente supervisando el cierre efectivo del proyecto, como fuera ordenado en la resolución de clausura del mismo, iniciándose un proceso de fiscalización activo, disponiéndose la apertura de un sumario administrativo si correspondiese».
https://resumen.cl/articulos/deberan-fiscalizar-que-pascua-lama-cumpla-con-plan-de-cierre-tras-acusacion-de-la-corte-suprema-de-no-respetar-plan-de-cierre

El Mostrador 04/02/2022
La primera autoridad comunal de Putaendo se amparó en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que los municipios deben velar por el medio ambiente.

Cumpliendo con el compromiso de defender los ecosistemas cordilleranos y el patrimonio natural de Putaendo, el alcalde Mauricio Quiroz presentó un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental, con el objetivo de anular una resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que pretende impedir que el municipio siga alegando en materias ambientales.

La acción surge luego que el SEA rechazara el recurso de invalidación que el municipio había presentado en contra de la aprobación del proyecto “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas”. Una iniciativa que la Comisión Regional de Evaluación Ambiental aprobó en abril de 2021, provocando indignación generalizada en la comunidad putaendina.

Dado lo anterior, el alcalde de Putaendo, manifestó: “Vamos a demostrar que el proyecto de sondajes mineros no debió ser aprobado por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, porque omitió información relevante sobre la enorme biodiversidad que presenta la zona que se va a intervenir”.
Protección

El argumento del Servicio de Evaluación Ambiental se sustenta en que los municipios no pueden ser parte de causas medio ambientales, pero el alcalde Quiroz insiste en que aquello es totalmente ilegal.

“Según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (18.695), los municipios tienen como función ‘la protección del medio ambiente’. Lo anterior ha sido ratificado por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia al establecer que resulta incuestionable que los municipios tienen la calidad de interesados en los procedimientos ambientales y, en consecuencia, están en el derecho de ejercer las acciones pertinentes en los casos y formas que señala la jurisprudencia ambiental. Por lo tanto, la municipalidad de Putaendo está ejerciendo su legítimo derecho de defender el territorio ante un proyecto que resulta dañino para la comuna, razón por lo cual estamos recurriendo al Tribunal Ambiental para que ratifique nuestra calidad de interesados en esta materia”, declaró la autoridad comunal.

Por su parte, Salvador Donghi, biólogo y director de Simbiosis Bioconsultora, que asesora al municipio de Putaendo en aspectos medioambientales, explicó que “el recurso que presenta la municipalidad de Putaendo ante el tribunal ambiental tiene por objeto reestablecer el imperio del derecho, por cuanto los municipios tienen la facultad de alegar y hacerse parte de las causas ambientales, específicamente contra este proyecto minero que, a través del municipio y por parte de la comunidad, es fuertemente resistido porque va en contra de los ejes de desarrollo estratégico que tiene la comuna en cuanto al cuidado ambiental y el desarrollo de sus ciudadanos”.
Amenaza

El proyecto de la Compañía Minera Vizcachitas Holding, que es parte de la empresa canadiense Andes Copper, pretende realizar hasta 350 sondajes en la cuenca del Río Rocín, principal fuente de agua de Putaendo, comuna que lleva más de una década en situación de sequía.

Por esto, es una amenaza directa para la riqueza de flora y fauna que existe en el último valle sin presencia de gran minería en la zona centro norte del país, según los denunciantes.

“Tenemos la convicción que este es un proyecto que la gran mayoría de la población de Putaendo y Aconcagua rechaza porque no se inscribe en la línea de desarrollo sostenible que nosotros hemos definido hace mucho tiempo atrás en base a la agricultura, en base al turismo, en base al patrimonio y al comercio”, agregó el alcalde Mauricio Quiroz, quien junto a la totalidad del Concejo Municipal de Putaendo, ha decidido recurrir a los tribunales para defender a la comuna de estos grandes proyectos mineros.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/02/04/alcalde-reclama-ante-el-tribunal-ambiental-contra-minera-vizcachitas/

02/02/2022
Crédito: Codelco.
Las mineras que operan en Chile mostraron “extrema preocupación” por una propuesta para nacionalizar la vital industria del cobre, como parte de la discusión de una nueva Constitución en el país.

Más temprano, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó una norma “por la Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir”.

Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería -que agrupa a las empresas del sector-, dijo en un comunicado que la decisión no pondera el impacto que tendría una medida de esa naturaleza.

“Es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger”, afirmó.

“Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía en un contexto de globalización, ya que las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses”, agregó.

Miembros de la Convención Constitucional han señalado que las aprobaciones iniciales de las comisiones podrían sufrir ajustes, adiciones o incluso podrían suprimirse por lo que no representan el resultado que tendrá el texto final.

Los debates sobre el contenido de la nueva Constitución, que busca reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, iniciarán el 15 de febrero.

Las eventuales decisiones del organismo, dominado por independientes y partidarios de izquierda, han generado incertidumbres en diversos sectores.

La industria minera ha llamado a conservar la certeza jurídica que ha distinguido al mayor productor mundial de cobre y segundo mayor de litio para evitar impactos en las cuantiosas inversiones que requiere el sector para los próximos años.
Fuente: Reuters

Mineras de Chile rechazan eventual norma constitucional para nacionalizar industria del cobre

Las protestas de hace unas semanas contra el tranque de relaves El Mauro, uno de los más grandes de América Latina, volvieron a llamar la atención sobre el problema de los desechos mineros en Chile.

Los Pelambres Bergwerk Chile Damm El Mauro
La vía de acceso al tranque de relaves de El Mauro, en Chile fue, hace un par de semanas, el escenario de protestas de los habitantes de la comunidad de Caimanes, ubicada a 12 kilómetros.

Las particularidades de El Mauro han puesto al tranque en el punto de mira desde su puesta en marcha, hace casi dos décadas. “El muro de este relave mide más de 200 metros de altura, es del tamaño del edificio más alto de Latinoamérica. Su ancho es de aproximadamente 10 kilómetros”, dijo a DW Raimundo Gómez, director de la Fundación Relaves de Chile, que analiza la situación de los desechos mineros, que contienen grandes cantidades de metales pesados como plomo, arsénico y mercurio, entre otros.

Por ese motivo, organizaciones de la sociedad civil alertan sobre los peligros que puede acarrear. “Si estos relaves afectaran cursos de agua o llegaran a zonas habitadas, el daño podría ser irreversible, y, de hecho, las comunidades denuncian que este es el caso”, explicó a DW Gitte Cullmann, Directora de la Oficina Regional para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, cercana a Los Verdes de Alemania. Además, “en caso de colapsar, los habitantes tendrían menos de cinco minutos para escapar”, agregó, por su parte, Gómez.

A los riesgos medioambientales se agrega un aspecto cultural. “Cuando se construyó, se habló de la destrucción arqueológica más grande en la historia de Chile, ya que se sepultaron bajo lodo tóxico más de 1.500 hectáreas con petroglifos y riqueza arqueológica de alto valor”, recordó el experto chileno.

Infografik – Tranque de relaves El Mauro – ES
Un conflicto con largo recorrido

Ambos factores, entre otros, motivaron a la comunidad a llevar el caso a los tribunales. “La comunidad de Caimanes ha llevado a cabo un sinnúmero de batallas judiciales contra esta minera (Los Pelambres), hasta el punto de que hubo tribunales de justicia que dieron la orden de demolición del tranque. Sin embargo, gracias a las estrategias legales de la minera, posteriormente otro tribunal desestimó esa orden”, lamentó el director de la Fundación Relaves.

Eso forzó a ambas partes a entenderse. No obstante, “los movimientos territoriales acusan a la minera de haber dejado de asistir a las mesas de diálogo, donde se estaban discutiendo las medidas de compensación hacia las comunidades por los daños que han sufrido por El Mauro”, puntualizó Cullmann.

“La minera solamente se hizo cargo de la gente que había demandado, y no de la comunidad en general, como lo debería haber hecho con respecto a la conciliación que hubo en la Corte Suprema. Eso gatilló las protestas nuevamente, pero estas se vienen dando desde hace años, y no solo por ese episodio”, dijo Cristián Flores, vocero de la comunidad de Caimanes, en entrevista con DW.
Chile | Proteste in Caimanes

Corte de los accesos en enero. El vocero de la comunidad no descarta nuevas acciones si la empresa minera se queda «solamente con buenas intenciones».

“De partida nos cortaron el río. El agua que está pasando es minoritaria y contaminada porque el tranque está sobre el lecho del río, y en el aire apareció el polvo en suspensión en la comunidad con mayor o menor frecuencia”, subrayó el vocero, lamentando que “todo eso ha gatillado a un desencanto con la minera, con procesos de malos acuerdos y acuerdos incumplidos anteriormente”.

Fuentes de la Minera Los Pelambres indicaron a solicitud de DW que la compañía está construyendo una planta desalinazadora, la cual, además de permitir adaptarse al cambio climático, incorporará agua no continental a los procesos mineros, “de modo que al año 2025 Minera Los Pelambres ya no emplee agua del Río Choapa para sus procesos productivos”.

Igualmente, recordaron que “los procesos judiciales se encuentran cerrados” y que la compañía asumió una serie de compromisos, entre los que se encuentran medidas de compensación y mitigación de los impactos de la construcción del tranque El Mauro, entre ellas, el registro y rescate de petroglifos que se encontraban dispersos en los distintos sectores del Mauro, y la inversión de 1.100 millones de pesos en la comunidad local para el desarrollo de 75 proyectos».

Asimismo, confirmaron la seguridad del tranque, “capaz de soportar terremotos mayores, al máximo esperable en la zona”, y se mostraron con disposición a “renovar compromisos”. “En el caso de Caimanes, los acuerdos alcanzados con la comunidad poseen un sistema de mutua verificación a través de las Comisiones de Seguimiento y el Comité de Desarrollo, en donde la comunidad ha escogido y designado a sus participantes”, pormenorizó.

No obstante, Cristián Flores criticó que, a pesar de que se han reanudado las conversaciones, que terminaron con las últimas movilizaciones que se llevaron a cabo durante dos semanas, “aquí no hay nada amarrado, solamente buenas intenciones, así que esto se puede retomar. Hay varios puntos sobre la mesa que no sabemos si la minera va a cumplir o no, como la erradicación voluntaria de la gente de la comunidad”, consideró.
Infografik – Relaves en Chile

“Por una tonelada de cobre, se generan al menos 150 toneladas de relaves”, recalca Gómez, recordando que “solo en 2020 se generaron más de 600 millones toneladas de relaves en Chile”.

El problema de los relaves

Según datos facilitados por el departamento de prensa del Ministerio de Minería de Chile, actualmente existen 757 relaves, de los cuales 117 están activos.

“La mayoría de la gran minería se desarrolla en el desierto o altiplano nortino, porque allí se hace más fácil la exploración y explotación, debido a que muchas de esas zonas se encuentran despobladas o tienen baja densidad de población”, explicó Gómez.

“Existen otros casos emblemáticos de un mal manejo, como los relaves de minera Choquelimpie en la Reserva Nacional Protegida Las Vicuñas, o los relaves de Cerro Chuño, que se importaron desde Suecia en los años 80, durante la dictadura, y que fueron depositados en la ciudad de Arica”, detalló el experto chileno, criticando que “no existe una ley ni regulación en Chile que se haga cargo de los cientos de relaves abandonados”.

“Conforme al último catastro del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), de agosto de 2020, existen 173 relaves en situación de abandono”, informaron a DW fuentes del departamento de prensa de Minería de Chile, agregando que para hacer frente a la problemática que estos suponen, se han desarrollado una serie de iniciativas, entre ellas el programa “Adopta un relave”. Recogida en el Plan Nacional de Depósitos de Relaves (PNDR), la medida “tiene como objetivo utilizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como herramienta para remover y trasladar los relaves en situación de abandono y utilizarlos como medida de compensación de emisiones”, se indicó en el Ministerio de Minería chileno. De este modo, apuntaron que “dos empresas ya se han comprometido a remover y trasladar a un depósito autorizado 2 de los 102 relaves en situación de abandono que representan un mayor riesgo para la población”.

Aunque los relaves abandonados son los más problemáticos, Gómez también criticó la gestión que se está llevando con los relaves activos, ya que “tampoco hay fiscalización, ni un monitoreo real de parte del Estado”.

En este sentido, el Ministerio de Minería avanzó que se prevé modificar próximamente el decreto que regula la aprobación de proyectos de depósitos de relaves y se “exigirá a las empresas monitorear sus relaves de forma remota y en tiempo real”.
https://www.dw.com/es/chile-resistirse-a-convivir-con-desechos-mineros/a-60615624