08/07/2022
Este martes el Gobierno encabezado por Gabriel Boric Font dio inicio formal a la política dirigida a impulsar el Hidrógeno Verde en Chile, realizándose la primera sesión del Consejo Interministerial del Comité para el Desarrollo de la Industria del H2V, siendo presidido por el ministro de Energía, Claudio Huepe, y que contó con un despliegue de otros diez ministros y ministras junto a la participación de representantes de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

Este hecho marca un nuevo precedente de cómo el Gobierno chileno pretende abordar la transición energética, utilizada por empresas privadas y estatales para aparentar descarbonizar el planeta y reacomodar las formas y alcances de la explotación de los ecosistemas ante la crisis climática que enfrentamos, pero que busca sostener las ganancias y las devastaciones que el modelo extractivista ha reproducido por décadas en el país sin trastocar sus bases.

En este contexto, por los usos que ha tenido desde hace tiempo el hidrógeno y por ser un gas incoloro no disponible fácilmente en estado puro en la naturaleza, ha sido necesario producirlo con distintos métodos y colores para identificarlo. Así, a partir de combustibles fósiles tales como carbón, gas natural y petróleo, dependiendo del proceso utilizado, se obtienen hidrógenos negro, marrón, gris o azul. Con electrolisis del agua y energía nuclear se consigue hidrógeno rosa. Con la misma técnica de electrolisis y empleando distintas fuentes de energía -conectadas habitualmente a redes de sistemas nacionales- se genera el denominado hidrógeno amarillo, el cual se publicita como «Hidrógeno Verde» (H2V).

En Chile las alarmas en esta materia se encendieron hace un tiempo, ante una política que pretende sustentar la transición energética de los países del Norte Global a costas de la explotación de los bienes comunes naturales del Sur. Ya en agosto de 2021 desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA planteamos que la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde liderada por el Gobierno de Sebastián Piñera contaba con profundas insuficiencias e irregularidades en términos de su construcción, realizándose en pandemia y sin existir consulta ciudadana, concentrando la participación en sectores interesados en el negocio energético y extractivo, sin conocerse alguna convocatoria pública ni participación de la sociedad civil en el proceso.

En la misma línea, a inicios de este año se cuestionó el asesoramiento recibido por la empresa McKinsey & Company, la misma que cuenta con antecedentes vinculados al negocio de las emisiones de carbono, causas de corrupción y respaldo a gobiernos autoritarios, propulsando un negocio a gran escala destinado básicamente a exportar energía generada a partir de las llamadas “fuentes renovables”, maquillando con el Hidrógeno Verde los proyectos de electricidad, petróleo, gas, mineras y forestales que, paralelamente, continuarán utilizando combustibles fósiles provocando las consecuencias ya conocidas que arrastra el extractivismo.

En este sentido, se emplazó anteriormente al Gobierno entrante a que realizara una auditoría o al menos revisara los distintos aspectos que conllevaba la Estrategia Nacional de H2V impulsada por Piñera. Sin embargo, por el contrario, ha optado por avanzar en su agenda política-económica. En esta línea, se ha dado rienda a una lavandería de imagen, activos y especulación financiera tanto para proyectos como para empresas; más aún considerando los impactos territoriales acumulativos que esta conlleva.

El Hidrógeno Verde se ha intentado instalar como una fuente de energía sin emisiones, nutrida a partir de la continuidad de vientos y radiación solar que, mediante un proceso de electrólisis, genera hidrógeno permitiendo a grandes corporaciones ampliar, reanudar o iniciar operaciones con una fachada “verde”. Esta misma promoción vendida como panacea energética es la que evita referirse a sus indispensables requerimientos que implican la utilización de grandes cantidades de agua y energía eléctrica, extensos terrenos para plantas energéticas y sus respectivas líneas de transmisión, como también la intervención de energía no necesariamente renovable que emite gases de efecto invernadero. Asimismo, no son consideradas las consecuencias que estos procesos de generación de hidrógeno tienen en la Naturaleza y las poblaciones vecinas a los proyectos. De hecho, las grandes empresas eléctricas que negocian con el Hidrógeno Verde en Chile utilizan energía proveniente principalmente de combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo) o de fuentes también contaminantes y dañinas para la naturaleza, denominadas «renovables» (como biomasa e hidroeléctricas), creando territorios de sacrificio en distintos lugares del país.

Por su parte, la concentración en los aspectos lucrativos de la explotación energética ha conllevado una omisión de los impactos ambientales y sociales que arrastra la producción de Hidrógeno Verde, donde diversas compañías que pretenden hacerse con esta iniciativa en Chile son responsables de provocar severos daños ambientales, continúan desarrollando negocios profundamente contaminantes.

Aún antes de iniciar sus proyectos, grandes transnacionales de la energía se han beneficiado con esta política energética nacional, principalmente mediante concesiones de enormes terrenos fiscales y millonarios subsidios otorgados por el Estado chileno. Al mismo tiempo, las principales empresas de medios de comunicación del país que promueven esta estrategia del negocio energético son co-financiadas con publicidad estatal.

Ante este cúmulo de irregularidades, a las cuales el Gobierno les ha dado respaldo comprometiendo cuantiosos recursos con miras a la exportación de energía, vuelve a ser recomendable, al menos, que éste deje de seguir la inercia que encabezó la administración de Piñera y realice una auditoría al proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. De igual forma, considerando la envergadura territorial que pretende abordar esta política, se debe realizar una amplia participación comunitaria y de la Sociedad Civil, como también la consulta indígena correspondiente, y una Evaluación Ambiental Estratégica que corresponde a aquellas políticas y planes de carácter normativo general, como lo estipula la institucionalidad ambiental; un proceso que no sea cooptado por los argumentos que buscan la implementación de esta estrategia a ciegas, sino que se discuta políticamente la orientación de una verdadera transición energética con justicia.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
https://olca.cl/articulo/nota.php?id=109546

Cristian Leighton 06/07/2022
El recurso de protección, presentado por los rectores de las universidades de Chile, Católica, de Antofagasta, de Concepción, Católica del Norte, de Santiago, de Tarapacá y de Talca –entidades que son parte del consorcio Asociación para el Desarrollo del Instituto Tecnológico (Asdit)– y que inicialmente fue rechazado por la Corte de Apelaciones, fue acogido esta vez por la Corte Suprema (por 4 votos contra 1), dejando sin efecto la licitación que había adjudicado el proyecto al consorcio Associated Universities Inc. (AUI), que integran nueve universidades extranjeras y socias chilenas como las universidades del Desarrollo y San Sebastián. En su argumentación, el máximo tribunal del país se refirió al doble rol que jugó el exgerente general del Corfo, Felipe Commentz Silva, en la Comisión Evaluadora y, luego, como vicepresidente ejecutivo (s) por la inhabilitación del titular, Pablo Terrazas, en el Consejo de Ministros de Corfo, indicando que “constituye una irregularidad manifiesta». Entre los rectores integrantes de Asdit destacaron el fallo, el que –según expresaron– mejorará «la calidad de vida de los chilenos con nuevos conocimientos», junto con añadir que «es una muy buena noticia para el país», entre otras reacciones. Corfo señaló que acoge el recurso «dictado el día de ayer y notificado durante la tarde, al que dará cumplimiento por tratarse de una sentencia judicial».

La teleserie del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) de Corfo suma un nuevo capítulo. Y siguiendo con la analogía, este sería el capítulo final, ya que la Corte Suprema acogió el recurso de protección constitucional interpuesto por rectores de universidades chilenas, el que acusaba errores e irregularidades en el proceso de licitación, dejando sin efecto las actas de adjudicación del 4 de enero de 2021. Dicha licitación se la había adjudicado el consorcio Associated Universities Inc. (AUI), que integran nueve universidades extranjeras y socias chilenas como las universidades del Desarrollo y San Sebastián.

El recurso, presentado por los rectores de las universidades de Chile, Católica, de Antofagasta, de Concepción, Católica del Norte, de Santiago, de Tarapacá y de Talca, entidades que son parte del consorcio Asociación para el Desarrollo del Instituto Tecnológico (Asdit), que obtuvo el segundo lugar en la licitación de Corfo, fue admitido por la Tercera Sala de la Corte –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus; y por el abogado integrante Raúl Fuentes– por 4 votos a 1 (en contra votó Fuentes), dejando sin efecto la resolución del Corte de Apelaciones que había declarado “inadmisible” este recurso y, en su lugar, lo acogió.

«Las circunstancias anotadas precedentemente demuestran o relevan la parcialidad con que el señor Commentz presentó el informe de la Comisión Evaluadora que él mismo suscribió. Reproduciendo una opinión que a lo menos no tiene expresada una razón suficiente, dado que, al decir del propio presentador, no obstante estar evaluando el proyecto mismo, fue fundamental lo que sucedería al concluir el período de diez años en que se financiaría el proyecto, sin que se expresara que se había exigido tal continuidad en las bases del concurso. Para terminar, el señor Commentz emite su votación a favor de AUI, ratificando el mismo pronunciamiento que él formuló como miembro de la Comisión Evaluadora», indica el fallo.

«Esta irregularidad impide reconocer la legitimidad necesaria para producir efectos al procedimiento, por cuanto se ha faltado gravemente al principio de imparcialidad del procedimiento administrativo contemplado en el inciso 1° del artículo 11 de la Ley N°19.880 (…). Por lo razonado, queda de manifiesto que tanto la garantía de igualdad como la del debido proceso, aplicable al actuar de la Administración en la toma de 32 decisiones, han sido desconocidas. En efecto, esta Corte Suprema ha dicho que el Estado tiene la obligación de sustanciar un procedimiento cumpliendo el mandato del artículo 10 de la Ley N°19.880, (…) norma que refleja el mandato constitucional del debido proceso y que aparece como vulnerada respecto de las actoras, quienes han perdido la licitación en un procedimiento irregular, en que la participación del señor Commentz aparece parcial y determinante en la adopción de la decisión final del proceso de adjudicación del aporte I+D. En el mismo sentido, debe concluirse que la racionalidad ha estado ausente en el pronunciamiento del Consejo de CORFO, pues el señor Commetz debió abstenerse de participar como miembro de él. Por lo razonado, la presente acción deberá ser acogida», añaden.

Lea el fallo completo en el siguiente link. https://media.elmostrador.cl/2022/07/P1-16.pdf
Reacciones de los actores
En conversación con El Mostrador, el abogado representante del consorcio Asdit, Gabriel Reyes Seisdedos, afirmó que «por tratarse de un recurso de protección es un tremendo y muy positivo fallo para el país. De la multiplicidad de irregularidades que acreditamos, la Corte toma como indubitada y palmaria la falta de imparcialidad del gerente general de Corfo de la época, Felipe Commentz. Y sienta una doctrina, al decir que el estándar de transparencia exigido en la sociedad actual requiere que la administración se comporte de forma imparcial, proba, transparente y sin conflictos de interés y, si esto no se cumple, la decisión o el acto final es nulo».

«Esto es muy interesante, ya que en esta causa Corfo siempre dijo que la actuación del Sr. Commentz estaba apegada a derecho, minimizando los actos irregulares perpetrados. La Corte Suprema dice claramente que no y tilda su actuación como ‘irregularidad manifiesta’, y su voto como ‘ilegítimo’. Para nosotros siempre estuvo claro que los funcionarios de Corfo intervinientes en todo el proceso ITL no respetaron la garantía del debido proceso y es motivo de alegría que el máximo tribunal de la Republica haya estimado lo mismo en este fallo histórico. Desde el punto de vista del recurso de protección, estimo que la Corte hizo justicia. Ahora esperamos que el Consejo de Corfo lo haga también desde el punto de vista de la adjudicación de este proceso. La postulación de AUI, de acuerdo a antecedentes que obtuvimos a través de Ley de Transparencia, carece de información requerida, lo cual la deja fuera de bases. Esperamos que el Consejo de Corfo también pueda examinar esa información», agregó.

Reyes indicó que están atentos a la investigación penal sobre esta materia, la que se inició tras el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. «Creemos que esa investigación entrará al detalle de responsabilidad personal de funcionarios en estos hechos, teniendo a la vista muchos más antecedentes que los que puso examinar la Corte Suprema en sede de recurso de protección. En mi opinión, aquí hubo una operación deliberada para desacreditar a los integrantes de la postulación de Alta Ley y actos de empleados públicos que intentaron consolidar una adjudicación irregular a AUI. Presentaremos antecedentes en ese sentido a la Fiscalía», señaló.

Precisamente, el presidente de la señalada comisión, el diputado Tomás Hirsch (AH), celebró el fallo del máximo tribunal del país, asegurando que “confirma lo que concluimos en la instancia investigativa y aclara una situación que habíamos denunciado. En segundo lugar, al poder volver a hacerse la votación, que fue lo que resolvió la Corte Suprema, va a permitir que se realice la elección del desarrollador del próximo Instituto de Tecnologías Limpias como corresponde: sin personeros que son parte interesada, permitiendo que los recursos queden en manos de las universidades chilenas, con inversión en las regiones mineras, con posibilidades de desarrollo tecnológico, científico y académico para nuestro país, con generación de contratos y desarrollo de mano de obra chilena. Desde todo punto de vista, es una resolución tremendamente importante”.

Finalmente, la Corfo indicó que acoge el recurso «dictado el día de ayer y notificado durante la tarde, al que dará cumplimiento por tratarse de una sentencia judicial». Cabe recordar que, en la actualidad, no están los nombres que licitaron inicialmente en el referido Consejo de Corfo, sino que ahora este está conformado, entre otros, por el ministro de Economía, Nicolás Grau; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

Los rectores celebran
Tras conocer la noticia, desde el consorcio Asdit celebraron el fallo de la Corte Suprema. Víctor Pérez, director ejecutivo, señaló que “tanto el país como la Región de Antofagasta, así como las instituciones que buscan participar y desarrollar el ITL, merecen que se tome una decisión seria e informada bajo los más altos estándares de transparencia, probidad y resolución de conflictos de interés. La resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que acoge el recurso de protección, dejando sin efecto las actas de adjudicación de Corfo, pide que se pongan todos los antecedentes a disposición del Consejo Corfo, a fin de que este adopte una decisión de adjudicación a la brevedad, y que se emita una decisión fundada de las propuestas admisibles de forma transparente y considerando las evaluaciones de los expertos internacionales. Este dictamen de la Corte Suprema honra el propósito de Asdit, que no es otro que mejorar la calidad de vida de los chilenos con nuevos conocimientos, innovación, emprendimiento y nuevas tecnologías que apoyen un desarrollo sostenible para nuestro país, la humanidad y las futuras generaciones».

Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, comentó que “el fallo de la Corte Suprema es contundente, y es una muy buena noticia para el país , para el desarrollo de la ciencia e innovación y el emprendimiento local, en las áreas de energía solar, minería verde, producción de hidrógeno y tecnologías asociadas a la producción de litio. El consorcio Asdit está totalmente activo, y ha seguido profundizando actividades público-privadas en estas líneas. En este sentido, la Universidad de Chile tiene los equipos preparados para llevar adelante esta iniciativa, en el marco de trabajo que defina Corfo».

Por su parte, Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, aseguró que “como UC estamos muy satisfechos con la sentencia de la Corte Suprema, que acoge el recurso de protección interpuesto por un conjunto de prestigiosas universidades chilenas y entidades nacionales y extranjeras, en una materia que es de primer interés del país. Se reconoce que la adjudicación de los recursos para el Instituto de Tecnologías Limpias tenía anomalías que deben ser corregidas. Se ordena, asimismo, que se adopte una decisión de adjudicación a la brevedad, fundada en la forma más transparente posible de las propuestas admisibles y de las opiniones de los expertos internacionales», concluyó.
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/07/06/corte-suprema-acoge-recurso-presentado-por-universidades-publicas-y-deja-sin-efecto-polemica-licitacion-de-corfo-sobre-itl/

04/07/2022
El gobierno del presidente Boric se había comprometido a enviar una reforma impositiva dentro del primer semestre. / Crédito: Prensa Presidencial.
El gobierno chileno presentó un proyecto de reforma tributaria que considera un alza de los impuestos a las grandes mineras de cobre, que contempla una combinación de tasas sobre las ventas y el margen de producción.

En Chile, el mayor productor mundial de cobre, operan gigantes globales como la estatal Codelco, BHP, Glencore, Anglo American, Freeport McMoRan y Antofagasta.

“Lo que estamos proponiendo acá es que para las compañías mineras con producción superior a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año se aplique una combinación de tasas ad valorem y tasas sobre el margen de producción crecientes según el precio del cobre“, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel al presentar el plan.

Para el resto de las compañías mineras se va a mantener el régimen actual, aclaró.

“Esto va a significar un aumento de la recaudación por concepto del royalty, un aumento de la participación del Estado en la renta minera pero buscando mantener que la actividad minera tenga retornos suficientes para alentar la inversión”, agregó el ministro.

Según una nota divulgada por Hacienda, el impuesto tendrá dos componentes: uno ad valorem que oscilará entre tasas efectivas de entre 1% y 2% para los productores de entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino, y entre 1% y 4% para aquellos con más de 200.000.

Y otro componente con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad, para precios del cobre entre USD 2 y USD 5 la libra. En ambos casos se establecen tasas que consideran el precio del cobre, precisó el comunicado.

El viernes pasado, el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres bajó a USD 3,6176 la libra, un mínimo de cerca de 18 meses. Mientras que en mayo del año pasado se acercó a los 5 dólares.

El plan modificará un texto sobre royalty que actualmente está en tramitación en el Congreso, duramente criticado por la industria por no considerar el desempeño operativo de cada faena.

El gobierno del presidente progresista Gabriel Boric, que asumió en marzo, se había comprometido a enviar una reforma impositiva dentro del primer semestre para financiar su ambiciosa agenda social.

Con el objetivo de recaudar un 4,1% del PIB en un plazo de cuatro años, en régimen, el proyecto de reforma también incluye la creación de un tributo a la riqueza, cambios en los impuestos a la renta y mecanismos contra la elusión y evasión fiscal.

En cuanto al impuesto a los altos patrimonios, el país sudamericano empezará gravando a 6.300 personas naturales, con domicilio o residencia en Chile, en relación a su riqueza mantenida tanto en Chile como en el extranjero.

Habrá dos tramos para este impuesto, el primero para patrimonios de entre USD 5 millones y USD 15 millones con una tasa marginal de 1% y un segundo tramo que contemplará una tasa de 1,8% sobre la parte del patrimonio que supere los USD 15 millones.

Dentro del patrimonio a declarar se consideran la participación en sociedades, los inmuebles, vehículos, portafolios de inversiones e instrumentos financieros, entre otros.
Fuente: Reuters

Chile presenta plan de reforma tributaria que incluye subir impuestos a grandes mineras de cobre

Eva Cruz
El Proyecto Fenix Gold es un ejemplo de minería aurífera moderna.
Tras la decisión de la Comisión Regional de Evaluación, Rio2 Limited trabajará en la evaluación de sus opciones y decidirá un plan de acción.
Rio2 Limited y su subsidiaria chilena Fenix Gold Limitada anuncian que la Comisión Regional de
Evaluación, que incluye a 12 instituciones de gobierno, ha votado en contra de la Evaluación de
Impacto Ambiental (“EIA”) para el proyecto Fenix Gold en Chile.

Tras esta decisión, la Compañía trabajará en la evaluación de sus opciones y decidirá un plan de acción.

Una vez que se complete el plan de acción, la Compañía anunciará cómo pretende ejecutarlo y
proporcionará el cronograma revisado.

Es importante destacar que Fenix Gold sigue con la convicción de que ha aportado la información técnica y los estudios suficientes para obtener un dictamen favorable del EIA. Esto está bien respaldado por la posición del Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) con las siguientes consideraciones clave favorables:

El Proyecto cumple con toda la normativa aplicable y cumple con los requisitos ambientales para el otorgamiento de los permisos sectoriales aplicables.
Fenix Gold ha culminado satisfactoriamente los procesos de Participación Ciudadana y Consulta Indígena.
El Proyecto Fenix Gold es un ejemplo de minería aurífera moderna, para cual se consultó y diseñó un número extenso de consideraciones técnicas, ambientales y sociales desde el principio. El Proyecto representa una inversión significativa en el negocio de la minería del oro en Chile por parte de una empresa minera junior y generará empleo para aproximadamente 1,200 personas durante la fase de construcción y 550 personas por 17 años durante la de fase de operaciones.

La mina que se contempla para el Proyecto será una operación de lixiviación en pilas, no se requieren instalaciones de chancado o depósito de ripios, lo que minimiza el impacto general y la huella del proyecto.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/internacionales/eia-del-proyecto-fenix-gold-no-fue-aprobado/

04/07/2022

El gobierno del presidente Boric se había comprometido a enviar una reforma impositiva dentro del primer semestre. / Crédito: Prensa Presidencial.
El gobierno chileno presentó un proyecto de reforma tributaria que considera un alza de los impuestos a las grandes mineras de cobre, que contempla una combinación de tasas sobre las ventas y el margen de producción.

En Chile, el mayor productor mundial de cobre, operan gigantes globales como la estatal Codelco, BHP, Glencore, Anglo American, Freeport McMoRan y Antofagasta.

“Lo que estamos proponiendo acá es que para las compañías mineras con producción superior a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año se aplique una combinación de tasas ad valorem y tasas sobre el margen de producción crecientes según el precio del cobre“, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel al presentar el plan.

Para el resto de las compañías mineras se va a mantener el régimen actual, aclaró.

“Esto va a significar un aumento de la recaudación por concepto del royalty, un aumento de la participación del Estado en la renta minera pero buscando mantener que la actividad minera tenga retornos suficientes para alentar la inversión”, agregó el ministro.

Según una nota divulgada por Hacienda, el impuesto tendrá dos componentes: uno ad valorem que oscilará entre tasas efectivas de entre 1% y 2% para los productores de entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino, y entre 1% y 4% para aquellos con más de 200.000.

Y otro componente con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad, para precios del cobre entre USD 2 y USD 5 la libra. En ambos casos se establecen tasas que consideran el precio del cobre, precisó el comunicado.

El viernes pasado, el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres bajó a USD 3,6176 la libra, un mínimo de cerca de 18 meses. Mientras que en mayo del año pasado se acercó a los 5 dólares.

El plan modificará un texto sobre royalty que actualmente está en tramitación en el Congreso, duramente criticado por la industria por no considerar el desempeño operativo de cada faena.

El gobierno del presidente progresista Gabriel Boric, que asumió en marzo, se había comprometido a enviar una reforma impositiva dentro del primer semestre para financiar su ambiciosa agenda social.

Con el objetivo de recaudar un 4,1% del PIB en un plazo de cuatro años, en régimen, el proyecto de reforma también incluye la creación de un tributo a la riqueza, cambios en los impuestos a la renta y mecanismos contra la elusión y evasión fiscal.

En cuanto al impuesto a los altos patrimonios, el país sudamericano empezará gravando a 6.300 personas naturales, con domicilio o residencia en Chile, en relación a su riqueza mantenida tanto en Chile como en el extranjero.

Habrá dos tramos para este impuesto, el primero para patrimonios de entre USD 5 millones y USD 15 millones con una tasa marginal de 1% y un segundo tramo que contemplará una tasa de 1,8% sobre la parte del patrimonio que supere los USD 15 millones.

Dentro del patrimonio a declarar se consideran la participación en sociedades, los inmuebles, vehículos, portafolios de inversiones e instrumentos financieros, entre otros.
Fuente: Reuters
https://www.mineria-pa.com/noticias/chile-presenta-plan-de-reforma-tributaria-que-incluye-subir-impuestos-a-grandes-mineras-de-cobre/

Centros sociales, deportivos, culturales; movimientos sociales, ambientales, por la vivienda; además de fundaciones y juntas vecinales interpusieron una reclamación.
01/07/2022
Minería Chilena
El Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite una causa en contra del Ministerio de Medio Ambiente por la aprobación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para la comuna de Calama y su Área circundante, el que dice relación con el material particulado MP10.
La reclamación fue interpuesta por diversas agrupaciones sociales que aseguran que el plan no cumple con el fin de descontaminar, ya que “ha sido diseñado sobre un escenario ficticio de zona de latencia y no de zona saturada”, se establece en el escrito.

La justificación entregada al tribunal tiene relación con lo que aseguran es la “elaboración de un PDA ajustado para las empresas emisoras y de una operación que permitió generar un escenario ficticio de zona de latencia”. Señalan que la comuna no cuenta con un plan que sea capaz de descontaminar “prevaleciendo en definitiva la producción, la economía y su mal modelo de desarrollo, estando siempre por sobre la vida digna de sus habitantes”.

El documento hace alusión, además, que se trata de un PDA que no tuvo la participación de la ciudadanía y que tardó 13 años en dictarse, ya que en 2009 se declaró a la ciudad y su área circundante como zona saturada por Material Particulado Respirable MP10 y solo en mayo de este año se publicó en el diario oficial el referido PDA.

Otro aspecto que fundamenta el libelo tiene relación a la consideración que se hace en el PDA de zona de latencia al considerar que la calidad del aire con los años fue evolucionando favorablemente. Sin embargo, a juicio de las organizaciones, la situación no da cuenta de la realidad por lo que el instrumento generaría “incertidumbres científicas desde su línea base hasta su establecimiento”.

Para las organizaciones “el objetivo del plan se ve gravemente afectado, por no existir datos reales, confiables para la ciudadanía”, y aseguran que conforme a sus proyecciones la comuna mantiene su condición de saturada.

El escrito da cuenta, además, de diversas inquietudes que se hicieron presentes durante el proceso de la elaboración del plan y que dicen relación con acciones que se llevaron a cabo para evitar un PDA, entre ellas, la elaboración de un Plan de Gestión de Calidad del Aire y la disposición de todas las estaciones de monitoreo a manos de Codelco.

Respecto a las estaciones de monitoreo, en la reclamación se hace hincapié que durante la elaboración del PDA, la Superintendencia de Medio Ambiente decidió otorgar representatividad poblacional a cuatro de las seis estaciones de monitoreo, luego de una fiscalización realizada por el organismo, en la que se estableció que “la estación instalada en el Servicio Médico Legal y la otra en la localidad de Chiu Chiu no van a recibir la condición de representatividad poblacional por parte de la SMA”.

También, hacen hincapié en que por décadas se han movilizado, organizado y luchado para que la comuna tenga un plan de descontaminación real, efectivo y eficaz para el retorno a la norma primaria de calidad del aire, por lo que apelan a que se deje nula la resolución del PDA para que se dicte uno nuevo, que “permita cumplir con los objetivos de prevención y descontaminación ambiental mediante la participación directa de la ciudadanía de Calama”.
Emisiones

En Calama y su área circundante -tal como lo establece el PDA- se emplazan distintas actividades económicas que aportan a las emisiones de material particulado como, por ejemplo, actividades asociadas a la minería, entre ellas Codelco y sus divisiones Chuquicamata; Planta de Tostación de concentrados; Ministro Hales y Tranque Talabre, las que en conjunto emiten 33.942 toneladas por año de MP10, correspondiente a un 98% del total de las emisiones del contaminante.

Las emisiones restantes corresponden a polvo en suspensión por el transporte y otras fuentes que emiten, como extracción de áridos, empresas del sector Puerto Seco, fundición de plomo, entre otras instalaciones menores.
Plan

El PDA abarca una superficie total de 1.440 kilómetros cuadrados y tiene como objetivo evitar la superación de los niveles de calidad ambiental establecidos por la norma primaria de calidad ambiental para material particulado respirable MP10, como concentración anual en un plazo de 5 años.

En este plan se contempla que la ciudad cuenta con una red de monitoreo de calidad del aire, que además registra variables meteorológicas.

Para su elaboración se consideraron los registros de calidad del aire de las estaciones de monitoreo Centro, Club Deportivo 23 de Marzo, Hospital El Cobre y Colegio Pedro Vergara Keller, las que cuentan con representatividad poblacional para MP10 y MP25 de acuerdo con las resoluciones de la Superintendencia de Medio Ambiente y la Secretaría Regional Ministerial de Salud.
https://www.mch.cl/2022/07/01/agrupaciones-ciudadanas-de-calama-presentan-reclamacion-a-tribunal-ambiental-por-plan-de-descontaminacion-atmosferica/

Eva Cruz
La medida se aplicará a las compañías mineras con producción superior a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año.
Para el resto de las compañías mineras se va a mantener el régimen actual.
Agencia Reuters.- El gobierno chileno presentó un proyecto de reforma tributaria que considera un alza de los impuestos a las grandes mineras de cobre, que contempla una combinación de tasas sobre las ventas y el margen de producción, dijo el viernes el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

En Chile, el mayor productor mundial de cobre, operan gigantes globales como la estatal Codelco, BHP, Glencore, Anglo American, Freeport McMoRan y Antofagasta.

“Lo que estamos proponiendo acá es que para las compañías mineras con producción superior a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año se aplique una combinación de tasas ad valorem y tasas sobre el margen de producción crecientes según el precio del cobre”, dijo el funcionario al presentar el plan.

Marcel dijo que para el resto de las compañías mineras se va a mantener el régimen actual.

“Esto va a significar un aumento de la recaudación por concepto del royalty, un aumento de la participación del Estado en la renta minera pero buscando mantener que la actividad minera tenga retornos suficientes para alentar la inversión”, agregó el ministro.

Según una nota divulgada por Hacienda, el impuesto tendrá dos componentes: uno ad valorem que oscilará entre tasas efectivas de entre 1% y 2% para los productores de entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino, y entre 1% y 4% para aquellos con más de 200.000.

Y otro componente con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad, para precios del cobre entre 2 y 5 dólares la libra. En ambos casos se establecen tasas que consideran el precio del cobre, precisó el comunicado.

El viernes, el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres bajó a 3,6176 dólares la libra, un mínimo de cerca de 18 meses. Mientras que en mayo del año pasado se acercó a los 5 dólares.

El plan modificará un texto sobre royalty que actualmente está en tramitación en el Congreso, duramente criticado por la industria por no considerar el desempeño operativo de cada faena.

El gobierno del presidente progresista Gabriel Boric, que asumió en marzo, se había comprometido a enviar una reforma impositiva dentro del primer semestre para financiar su ambiciosa agenda social.

Con el objetivo de recaudar un 4,1% del PIB en un plazo de cuatro años, en régimen, el proyecto de reforma también incluye la creación de un tributo a la riqueza, cambios en los impuestos a la renta y mecanismos contra la elusión y evasión fiscal.

En cuanto al impuesto a los altos patrimonios, el país sudamericano empezará gravando a 6.300 personas naturales, con domicilio o residencia en Chile, en relación a su riqueza mantenida tanto en Chile como en el extranjero.

Habrá dos tramos para este impuesto, el primero para patrimonios de entre 5 millones y 15 millones de dólares con una tasa marginal de 1% y un segundo tramo que contemplará una tasa de 1,8% sobre la parte del patrimonio que supere los 15 millones de dólares.

Dentro del patrimonio a declarar se consideran la participación en sociedades, los inmuebles, vehículos, portafolios de inversiones e instrumentos financieros, entre otros.
https://www.rumbominero.com/chile/chile-propone-subir-impuestos-grandes-mineras-cobre/

Eva Cruz
«De los 365 días del año, 33% de los días hay condiciones adversas para la dispersión de los gases», dijeron desde Codelco.
La imposibilidad de la tecnología de la fundición de Ventanas de alcanzar el estándar mundial de captación de emisiones, su ubicación en un polo industrial saturado y la condición meteorológica de la bahía de Quintero y Puchuncaví, son la base de la definición.
A la Comisión de Minería y Energía del Senado y a las de Minería y Energía, además de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, asistieron ayer los presidentes ejecutivo y del directorio, André Sougarret y Máximo Pacheco, a dar cuenta de la decisión de iniciar el cese de operaciones de la fundición Ventanas.

Sougarret realizó una presentación en la que resaltó tres razones principales que llevaron a la administración a definirse por el inicio de la preparación del cese del proceso de fundición en Ventanas y realizar dicha sugerencia al directorio.

“Hay un elemento central: si esta fundición es capaz o no de alcanzar un estándar de 98% de captura o superior. Si bien hoy cumple con la norma de 95%, difícilmente en el futuro podrá hacerlo con la misma tecnología que tiene hoy”, afirmó el ejecutivo.

Agregó que la imposibilidad de cumplir las normativas futuras y alcanzar el estándar mundial se tuvo a la vista.

Otro motivo que se consideró, agregó Sougarret, fue que en el cordón industrial se miden gases que la fundición emite, “pero hay otros que no, como los compuestos orgánicos volátiles”.

“Estamos ubicados en un polo industrial de alta conflictividad y contaminación, con presencia de otras empresas que intervienen en la actividad industrial y rodeados de dos importantes comunas, Puchuncaví y Quintero, donde viven 50 mil habitantes hoy día”, dijo.

Por último, mencionó la condición de la bahía. “Nosotros no podemos controlar la calidad meteorológica del aire. De los 365 días del año, 33% de los días hay condiciones adversas para la dispersión de los gases. Es decir, hay un período importante en nuestro calendario en que, para garantizar la calidad del aire, tenemos restricciones que afectan nuestro proceso de fusión y nos exponen a peaks de SO2, como fue el ocurrido en la madrugada del pasado 6 de junio”, explicó.

Sougarret aseguró que frente a crisis ambientales, la comunidad casi siempre apunta a Codelco. Esta mala percepción de las personas ha llevado a las autoridades a exigirle a la División Ventanas en los últimos años condiciones de operación cada vez más restrictivas y a un cuestionamiento público que daña a la división y a todo Codelco.

“Pese a todos los esfuerzos e inversiones que hemos realizado y que podamos implementar, ya hay una condición previa de culpar a las grandes fuentes de emisión, como es nuestro proceso de fundición en Ventanas”, anotó.

Por ello, el actual contexto de la fundición Ventanas requería adoptar una definición para disminuir la exposición a la que se ve enfrentada tanto la división como la Corporación en ese polo industrial y controlar los riesgos ambientales, sociales, legales y reputacionales.

Por su parte, Máximo Pacheco explicó que los inversionistas y compradores también han aumentado sus exigencias.

“Codelco vende alrededor de 20 mil millones de dólares en cobre, es decir, tiene muchísimos clientes y ellos cada día solicitan mayor responsabilidad de parte de las empresas productoras. En ese sentido, tener una fundición en una zona saturada no es un buen antecedente”, aseveró Pacheco.

Los principales representantes de la empresa acogieron las inquietudes de los parlamentarios en el transcurso de la jornada, y comprometieron su asistencia para la próxima semana, de modo de profundizar en la materia en la Comisión de Minería y Energía del Senado y exponer ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la misma entidad.

En tanto, hoy sostendrá su primera reunión la mesa compuesta por los dirigentes sindicales de Ventanas y representantes de la empresa, cuyo propósito es abordar los escenarios del cese de la fundición, con el objeto de realizar una transición justa para sus trabajadores(as).

De esta manera, la instancia resguardará el compromiso de la Corporación de asegurar a los(as) trabajadores(as) propios(as) de la fundición un puesto laboral en la empresa o la posibilidad de acceder voluntariamente a un plan de egreso especial, junto con darle continuidad a la División Ventanas, potenciando su refinería.
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