por Emilia Aparicio 15 julio, 2022
Estudio concluye que retroceso de glaciares en la cordillera de los Andes se debe a la contaminación de Codelco y Anglo American
La revista científica Environmental Research publicó el artículo «Comprender el papel de las emisiones antropogénicas en el retroceso de los glaciares en los Andes centrales de Chile», realizado por Francisco Cereceda, María F. Ruggeri, Víctor Vidal, Lucas Ruiz y Joshua S. Fu. El estudio da por zanjada una discusión que ha llevado más de una década y al menos ocho años de pruebas. La investigación concluye que el cambio climático no es el principal responsable de la desaparición de glaciares en los Andes Centrales sino que es la actividad minera, específicamente las emisiones de carbón negro de las empresas mineras Codelco División Andina y Anglo American, que se encuentran en la zona. Los investigadores compararon dos glaciares con características similares y demostraron que en diez años el glaciar Olivares Alfa perdió el 28% de su área total versus el glaciar Bello, que perdió el 6%. «Hay algunos glaciares en la zona que se derriten de manera más rápida que otros, teniendo características similares tanto en términos de la altitud de los glaciares como climática, también en la inclinación y en la profundidad, en la superficie», expresó a El Mostrador Francisco Cereceda, investigador del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Federico Santa María.

En 2014, la Dirección General de Aguas (2014) financió un proyecto de investigación sobre los glaciares en los Andes Centrales, específicamente acerca del impacto de la actividad minera sobre los macizos de hielo. El organismo depende hasta el día de hoy del Ministerio de Obras Públicas que, en ese entonces, era presidido por Alberto Undurraga Vicuña, durante le segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Finalmente, tras ocho años desde que efectuaron las pruebas, finalmente las conclusiones se pusieron a disposición del público y de la comunidad científica recién hace algunas semanas, cuando se publicó en la revista científica Environmental Research el artículo «Comprender el papel de las emisiones antropogénicas en el retroceso de los glaciares en los Andes centrales de Chile», realizado por Francisco Cereceda, María F. Ruggeri, Víctor Vidal, Lucas Ruiz y Joshua S. Fu.

«El impacto de la minería sería responsable del 82% de la pérdida del área del glaciar Olivares Alfa en los últimos diez años entre 2004 y en 2014, y el cambio climático sería entonces la diferencia, el 18%», expresa Francisco Cereceda, autor del estudio e investigador del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Federico Santa María.

«El cambio climático no era el principal responsable de la desaparición del glaciar como se podría haber creído», añade.

El objetivo del estudio era tratar de entender cuál es el rol que cumple la contaminación atmosférica local en el derretimiento de los glaciares en los Andes Centrales. Los investigadores decidieron hacer la investigación a raíz de una hipótesis que tenían tiempo atrás.

«Hay algunos glaciares en la zona que se derriten de manera más rápida que otros, teniendo características similares tanto en términos de la altitud de los glaciares como climática, también en la inclinación y en la profundidad, en la superficie, en la distancia que hay, por ejemplo», explica Cereceda.

Francisco Cereceda tomando muestras en la cordillera de los Andes.

Los glaciares Olivares Alfa y Bello

De esta forma, el estudio se centró en comparar dos glaciares. Los lugares seleccionados para desarrollar las primeras campañas de este proyecto fueron los glaciares Bello (GB) y Olivares Alfa (GOA), ubicados en la cordillera de los Andes de la Región Metropolitana.

Ambos glaciares son de alta montaña, ubicándose entre los 4.280 y 4.500 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.)​, respectivamente. El GB se considera por su ubicación geográfica y su lejanía a las fuentes de emisión antropogénicas, es decir, emisiones realizadas por el humano. Por otro lado, el GOA se consideró como posiblemente más impactado, primero por su mayor cercanía a fuentes antropogénicas, como la ciudad de Santiago (47 km desde el centro de esta), por estar en la dirección de los vientos predominantes de esta ciudad hacia la cordillera y, finalmente, por tener muy cerca (7,2 km hasta la estación de monitoreo en el glaciar) megaproyectos de extracción minera a tajo abierto, pertenecientes a las empresas mineras Codelco División Andina y Anglo American.

«En el caso del Glaciar Olivares Alfa, en los últimos 50 años ha perdido el 60% de su masa, es el que más ha perdido masa en esa zona de los Andes Centrales, sin embargo, y otros glaciares han perdido a lo mejor el 20% en el mismo periodo de años, estando, como digo, con características súper semejantes. En algún momento los glaciólogos empezaron también a poner en sus papers y a describir que, eventualmente, esto podía deberse a causas ajenas a las glaciológicas y ajenas a la del cambio climático. Entonces, ahí empezamos nosotros a a sospechar que eventualmente podía haber algunas causas directas con la contaminación atmosférica, en particular la contaminación antrópica local. En ese caso se podría leer que podía ser en la minería, por ejemplo, que es una de las actividades antrópicas locales que está a esa altitud», detalla el investigador.

Físico química de las muestras de nieve.

Las emisiones de los camiones mineros

Cereceda explica que efectivamente algunos de los contaminantes que encontraron en los glaciares son también algunos que dan origen a la emergencia climática, es decir, impactan sobre el efecto invernadero y de manera sinérgica sobre el cambio climático. Es decir, son las emisiones antropogénicas en un espacio determinado que afectan directamente la pérdida de masa de los glaciares.

Los contaminantes «son a la vez locales porque se emiten de manera local y tienen una afectación o un impacto local, primero, y en segundo lugar, tienen un impacto global», indica.

Uno de los elementos clave de la investigación fue comparar la temperatura, la dirección y la velocidad del viento y la concentración de Black Carbon durante un día de cada uno de los glaciares. A raíz de eso, los autores de la investigación pudieron observar que había ciclos que se repetían en estos elementos, sin embargo, en el gráfico del glaciar Olivares Alfa las fluctuaciones cambiaron al momento en que la dirección del viento venía desde la mina hacía el glaciar, lo que demostraría que justamente la fuente de este tipo de aerosoles, de Black Carbon, es la actividad minera», explica Cereceda.

Este contaminante es un aerosol «que se produce fundamentalmente por procesos de combustión de cualquier material que tenga carbono, como por ejemplo el diésel, la gasolina, la biomasa, la quema de basura, lo que sea que se queme produce Black Carbon o carbono negro. Y, por lo tanto, en este caso quienes producen el carbono negro son los camiones de la minería», alerta el investigador.

De esta forma, los autores del estudio indican que en el periodo comprendido entre 2004 y 2014 el área del GOA pasó de 5,13 km2 a 3,72 km2, mientras que el GB en el mismo periodo pasó de 3,84 km2 a 3,61 km2 , es decir, en diez años el glaciar Olivares alfa perdió el 28% de su área total versus el glaciar Bello, que perdió el 6%.

Cereceda añade que los glaciares en algún momento se van a derretir, sin embargo, el humano con la contaminación antropogénica está acelerando raudamente estos procesos.

«Los glaciares más tarde que temprano se van a derretir, pero lo que estamos haciendo nosotros, por supuesto, es acelerarlo. Eso no tendría por qué desarrollarse en 50 años, a lo mejor se va a desarrollar en los próximos 300, 500 años», señala.
La Ley de Glaciares

En ese sentido, uno de los puntos relevantes en relación con el rol del Estado en esta materia clave, es la Ley de Glaciares, que ha estado en tramitación desde hace quince años. Recién el 16 de junio de este año, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó el proyecto de ley que busca aumentar la protección de los glaciares y su entorno, prohibiendo actividades que afecten a estos cuerpos de agua.

«Lo que se ha hecho a nivel del Estado es avanzar lentamente, con muchos obstáculos, con mucha resistencia de varios ministerios, partiendo por el Ministerio de Minería, por la Sociedad Nacional de Minería, porque son los directos afectados de una Ley de Glaciares. Si se aprueba finalmente una Ley de Glaciares como tal, con restricciones importantes a la explotación minera en altura, por supuesto que va a afectar de manera muy importante a la actividad minera y eso significan muchos cientos de millones de dólares, y eso es una afectación tremendamente importante», opina el experto.

Una de las alternativas que expone Cereceda es que las mineras realicen proyectos subterráneos, de forma que estos contengan los contaminantes y no se exponga a los glaciares.

«Anglo American decidió hacer su proyecto subterráneo en vez de hacer un proyecto a tajo abierto, con eso se quedan confinados de alguna manera todos esos contaminantes al interior de la mina, pero por algún lado tienen que salir. El proyecto se retrasó, hay que evaluar si la chimenea por donde van a salir esos contaminantes que van a estar siendo emitidos, en este caso, de manera subterránea, no afectan la zona. Eso hay que estudiarlo. Ahora, si Codelco División Andina decide no hacerlo de manera subterránea es porque, obviamente, eso cuesta más plata, obviamente eso de alguna manera compromete la casa. Pero hay maneras de hacer esto mucho más sustentable, mucho más amigable en este caso», finaliza.
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/07/15/estudio-concluye-que-retroceso-de-glaciares-en-la-cordillera-de-los-andes-se-debe-a-la-contaminacion-de-codelco-y-anglo-american/

Se trata de una causa ingresada por la comunidad indígena Wara, una comunidad del pueblo Colla que se caracteriza, según ella misma indica, por la transhumancia minera.
10/07/2022
Una reclamación, interpuesta en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por la calificación ambiental favorable de la modificación del proyecto minero Delirio, fue admitida a trámite, por el Primer Tribunal Ambiental.

Se trata de una causa ingresada por la comunidad indígena Wara, una comunidad del pueblo Colla que se caracteriza, según ella misma indica, por la transhumancia minera.

Esta reclamación se fundamenta en que la modificación que se pretende efectuar al proyecto minero ya referido, fue evaluada por el SEA a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no mediante un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que el organismo evaluador no constató la existencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, tal como lo establece el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Para la comunidad indígena no haber constatado su presencia en el territorio, impidió materializar el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas conforme a los estándares del Convenio 169 de la OIT.

También, aseguran que el SEA no ha considerado una serie de antecedentes entregados por la comunidad durante el proceso de evaluación del proyecto, y aseguran que hay diversos impactos ambientales que no fueron evaluados ni reconocidos por la empresa.
Collas

Los reclamantes indican que son una comunidad indígena que practica la trashumancia minera a diferencia de otras comunidades Collas que están relacionadas con la ganadería, por lo que entre sus características está el recorrido que realizan por los cerros en busca de minerales, hierbas medicinales y actualmente en la búsqueda de cuarzo que se encuentra diseminado en el desierto.
https://www.mch.cl/2022/07/10/comunidad-indigena-reclama-por-calificacion-ambiental-favorable-de-modificacion-de-proyecto-minero-delirio/

08/07/2022
Este martes el Gobierno encabezado por Gabriel Boric Font dio inicio formal a la política dirigida a impulsar el Hidrógeno Verde en Chile, realizándose la primera sesión del Consejo Interministerial del Comité para el Desarrollo de la Industria del H2V, siendo presidido por el ministro de Energía, Claudio Huepe, y que contó con un despliegue de otros diez ministros y ministras junto a la participación de representantes de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

Este hecho marca un nuevo precedente de cómo el Gobierno chileno pretende abordar la transición energética, utilizada por empresas privadas y estatales para aparentar descarbonizar el planeta y reacomodar las formas y alcances de la explotación de los ecosistemas ante la crisis climática que enfrentamos, pero que busca sostener las ganancias y las devastaciones que el modelo extractivista ha reproducido por décadas en el país sin trastocar sus bases.

En este contexto, por los usos que ha tenido desde hace tiempo el hidrógeno y por ser un gas incoloro no disponible fácilmente en estado puro en la naturaleza, ha sido necesario producirlo con distintos métodos y colores para identificarlo. Así, a partir de combustibles fósiles tales como carbón, gas natural y petróleo, dependiendo del proceso utilizado, se obtienen hidrógenos negro, marrón, gris o azul. Con electrolisis del agua y energía nuclear se consigue hidrógeno rosa. Con la misma técnica de electrolisis y empleando distintas fuentes de energía -conectadas habitualmente a redes de sistemas nacionales- se genera el denominado hidrógeno amarillo, el cual se publicita como «Hidrógeno Verde» (H2V).

En Chile las alarmas en esta materia se encendieron hace un tiempo, ante una política que pretende sustentar la transición energética de los países del Norte Global a costas de la explotación de los bienes comunes naturales del Sur. Ya en agosto de 2021 desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA planteamos que la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde liderada por el Gobierno de Sebastián Piñera contaba con profundas insuficiencias e irregularidades en términos de su construcción, realizándose en pandemia y sin existir consulta ciudadana, concentrando la participación en sectores interesados en el negocio energético y extractivo, sin conocerse alguna convocatoria pública ni participación de la sociedad civil en el proceso.

En la misma línea, a inicios de este año se cuestionó el asesoramiento recibido por la empresa McKinsey & Company, la misma que cuenta con antecedentes vinculados al negocio de las emisiones de carbono, causas de corrupción y respaldo a gobiernos autoritarios, propulsando un negocio a gran escala destinado básicamente a exportar energía generada a partir de las llamadas “fuentes renovables”, maquillando con el Hidrógeno Verde los proyectos de electricidad, petróleo, gas, mineras y forestales que, paralelamente, continuarán utilizando combustibles fósiles provocando las consecuencias ya conocidas que arrastra el extractivismo.

En este sentido, se emplazó anteriormente al Gobierno entrante a que realizara una auditoría o al menos revisara los distintos aspectos que conllevaba la Estrategia Nacional de H2V impulsada por Piñera. Sin embargo, por el contrario, ha optado por avanzar en su agenda política-económica. En esta línea, se ha dado rienda a una lavandería de imagen, activos y especulación financiera tanto para proyectos como para empresas; más aún considerando los impactos territoriales acumulativos que esta conlleva.

El Hidrógeno Verde se ha intentado instalar como una fuente de energía sin emisiones, nutrida a partir de la continuidad de vientos y radiación solar que, mediante un proceso de electrólisis, genera hidrógeno permitiendo a grandes corporaciones ampliar, reanudar o iniciar operaciones con una fachada “verde”. Esta misma promoción vendida como panacea energética es la que evita referirse a sus indispensables requerimientos que implican la utilización de grandes cantidades de agua y energía eléctrica, extensos terrenos para plantas energéticas y sus respectivas líneas de transmisión, como también la intervención de energía no necesariamente renovable que emite gases de efecto invernadero. Asimismo, no son consideradas las consecuencias que estos procesos de generación de hidrógeno tienen en la Naturaleza y las poblaciones vecinas a los proyectos. De hecho, las grandes empresas eléctricas que negocian con el Hidrógeno Verde en Chile utilizan energía proveniente principalmente de combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo) o de fuentes también contaminantes y dañinas para la naturaleza, denominadas «renovables» (como biomasa e hidroeléctricas), creando territorios de sacrificio en distintos lugares del país.

Por su parte, la concentración en los aspectos lucrativos de la explotación energética ha conllevado una omisión de los impactos ambientales y sociales que arrastra la producción de Hidrógeno Verde, donde diversas compañías que pretenden hacerse con esta iniciativa en Chile son responsables de provocar severos daños ambientales, continúan desarrollando negocios profundamente contaminantes.

Aún antes de iniciar sus proyectos, grandes transnacionales de la energía se han beneficiado con esta política energética nacional, principalmente mediante concesiones de enormes terrenos fiscales y millonarios subsidios otorgados por el Estado chileno. Al mismo tiempo, las principales empresas de medios de comunicación del país que promueven esta estrategia del negocio energético son co-financiadas con publicidad estatal.

Ante este cúmulo de irregularidades, a las cuales el Gobierno les ha dado respaldo comprometiendo cuantiosos recursos con miras a la exportación de energía, vuelve a ser recomendable, al menos, que éste deje de seguir la inercia que encabezó la administración de Piñera y realice una auditoría al proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. De igual forma, considerando la envergadura territorial que pretende abordar esta política, se debe realizar una amplia participación comunitaria y de la Sociedad Civil, como también la consulta indígena correspondiente, y una Evaluación Ambiental Estratégica que corresponde a aquellas políticas y planes de carácter normativo general, como lo estipula la institucionalidad ambiental; un proceso que no sea cooptado por los argumentos que buscan la implementación de esta estrategia a ciegas, sino que se discuta políticamente la orientación de una verdadera transición energética con justicia.
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
https://olca.cl/articulo/nota.php?id=109546

Cristian Leighton 06/07/2022
El recurso de protección, presentado por los rectores de las universidades de Chile, Católica, de Antofagasta, de Concepción, Católica del Norte, de Santiago, de Tarapacá y de Talca –entidades que son parte del consorcio Asociación para el Desarrollo del Instituto Tecnológico (Asdit)– y que inicialmente fue rechazado por la Corte de Apelaciones, fue acogido esta vez por la Corte Suprema (por 4 votos contra 1), dejando sin efecto la licitación que había adjudicado el proyecto al consorcio Associated Universities Inc. (AUI), que integran nueve universidades extranjeras y socias chilenas como las universidades del Desarrollo y San Sebastián. En su argumentación, el máximo tribunal del país se refirió al doble rol que jugó el exgerente general del Corfo, Felipe Commentz Silva, en la Comisión Evaluadora y, luego, como vicepresidente ejecutivo (s) por la inhabilitación del titular, Pablo Terrazas, en el Consejo de Ministros de Corfo, indicando que “constituye una irregularidad manifiesta». Entre los rectores integrantes de Asdit destacaron el fallo, el que –según expresaron– mejorará «la calidad de vida de los chilenos con nuevos conocimientos», junto con añadir que «es una muy buena noticia para el país», entre otras reacciones. Corfo señaló que acoge el recurso «dictado el día de ayer y notificado durante la tarde, al que dará cumplimiento por tratarse de una sentencia judicial».

La teleserie del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) de Corfo suma un nuevo capítulo. Y siguiendo con la analogía, este sería el capítulo final, ya que la Corte Suprema acogió el recurso de protección constitucional interpuesto por rectores de universidades chilenas, el que acusaba errores e irregularidades en el proceso de licitación, dejando sin efecto las actas de adjudicación del 4 de enero de 2021. Dicha licitación se la había adjudicado el consorcio Associated Universities Inc. (AUI), que integran nueve universidades extranjeras y socias chilenas como las universidades del Desarrollo y San Sebastián.

El recurso, presentado por los rectores de las universidades de Chile, Católica, de Antofagasta, de Concepción, Católica del Norte, de Santiago, de Tarapacá y de Talca, entidades que son parte del consorcio Asociación para el Desarrollo del Instituto Tecnológico (Asdit), que obtuvo el segundo lugar en la licitación de Corfo, fue admitido por la Tercera Sala de la Corte –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus; y por el abogado integrante Raúl Fuentes– por 4 votos a 1 (en contra votó Fuentes), dejando sin efecto la resolución del Corte de Apelaciones que había declarado “inadmisible” este recurso y, en su lugar, lo acogió.

«Las circunstancias anotadas precedentemente demuestran o relevan la parcialidad con que el señor Commentz presentó el informe de la Comisión Evaluadora que él mismo suscribió. Reproduciendo una opinión que a lo menos no tiene expresada una razón suficiente, dado que, al decir del propio presentador, no obstante estar evaluando el proyecto mismo, fue fundamental lo que sucedería al concluir el período de diez años en que se financiaría el proyecto, sin que se expresara que se había exigido tal continuidad en las bases del concurso. Para terminar, el señor Commentz emite su votación a favor de AUI, ratificando el mismo pronunciamiento que él formuló como miembro de la Comisión Evaluadora», indica el fallo.

«Esta irregularidad impide reconocer la legitimidad necesaria para producir efectos al procedimiento, por cuanto se ha faltado gravemente al principio de imparcialidad del procedimiento administrativo contemplado en el inciso 1° del artículo 11 de la Ley N°19.880 (…). Por lo razonado, queda de manifiesto que tanto la garantía de igualdad como la del debido proceso, aplicable al actuar de la Administración en la toma de 32 decisiones, han sido desconocidas. En efecto, esta Corte Suprema ha dicho que el Estado tiene la obligación de sustanciar un procedimiento cumpliendo el mandato del artículo 10 de la Ley N°19.880, (…) norma que refleja el mandato constitucional del debido proceso y que aparece como vulnerada respecto de las actoras, quienes han perdido la licitación en un procedimiento irregular, en que la participación del señor Commentz aparece parcial y determinante en la adopción de la decisión final del proceso de adjudicación del aporte I+D. En el mismo sentido, debe concluirse que la racionalidad ha estado ausente en el pronunciamiento del Consejo de CORFO, pues el señor Commetz debió abstenerse de participar como miembro de él. Por lo razonado, la presente acción deberá ser acogida», añaden.

Lea el fallo completo en el siguiente link. https://media.elmostrador.cl/2022/07/P1-16.pdf
Reacciones de los actores
En conversación con El Mostrador, el abogado representante del consorcio Asdit, Gabriel Reyes Seisdedos, afirmó que «por tratarse de un recurso de protección es un tremendo y muy positivo fallo para el país. De la multiplicidad de irregularidades que acreditamos, la Corte toma como indubitada y palmaria la falta de imparcialidad del gerente general de Corfo de la época, Felipe Commentz. Y sienta una doctrina, al decir que el estándar de transparencia exigido en la sociedad actual requiere que la administración se comporte de forma imparcial, proba, transparente y sin conflictos de interés y, si esto no se cumple, la decisión o el acto final es nulo».

«Esto es muy interesante, ya que en esta causa Corfo siempre dijo que la actuación del Sr. Commentz estaba apegada a derecho, minimizando los actos irregulares perpetrados. La Corte Suprema dice claramente que no y tilda su actuación como ‘irregularidad manifiesta’, y su voto como ‘ilegítimo’. Para nosotros siempre estuvo claro que los funcionarios de Corfo intervinientes en todo el proceso ITL no respetaron la garantía del debido proceso y es motivo de alegría que el máximo tribunal de la Republica haya estimado lo mismo en este fallo histórico. Desde el punto de vista del recurso de protección, estimo que la Corte hizo justicia. Ahora esperamos que el Consejo de Corfo lo haga también desde el punto de vista de la adjudicación de este proceso. La postulación de AUI, de acuerdo a antecedentes que obtuvimos a través de Ley de Transparencia, carece de información requerida, lo cual la deja fuera de bases. Esperamos que el Consejo de Corfo también pueda examinar esa información», agregó.

Reyes indicó que están atentos a la investigación penal sobre esta materia, la que se inició tras el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. «Creemos que esa investigación entrará al detalle de responsabilidad personal de funcionarios en estos hechos, teniendo a la vista muchos más antecedentes que los que puso examinar la Corte Suprema en sede de recurso de protección. En mi opinión, aquí hubo una operación deliberada para desacreditar a los integrantes de la postulación de Alta Ley y actos de empleados públicos que intentaron consolidar una adjudicación irregular a AUI. Presentaremos antecedentes en ese sentido a la Fiscalía», señaló.

Precisamente, el presidente de la señalada comisión, el diputado Tomás Hirsch (AH), celebró el fallo del máximo tribunal del país, asegurando que “confirma lo que concluimos en la instancia investigativa y aclara una situación que habíamos denunciado. En segundo lugar, al poder volver a hacerse la votación, que fue lo que resolvió la Corte Suprema, va a permitir que se realice la elección del desarrollador del próximo Instituto de Tecnologías Limpias como corresponde: sin personeros que son parte interesada, permitiendo que los recursos queden en manos de las universidades chilenas, con inversión en las regiones mineras, con posibilidades de desarrollo tecnológico, científico y académico para nuestro país, con generación de contratos y desarrollo de mano de obra chilena. Desde todo punto de vista, es una resolución tremendamente importante”.

Finalmente, la Corfo indicó que acoge el recurso «dictado el día de ayer y notificado durante la tarde, al que dará cumplimiento por tratarse de una sentencia judicial». Cabe recordar que, en la actualidad, no están los nombres que licitaron inicialmente en el referido Consejo de Corfo, sino que ahora este está conformado, entre otros, por el ministro de Economía, Nicolás Grau; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

Los rectores celebran
Tras conocer la noticia, desde el consorcio Asdit celebraron el fallo de la Corte Suprema. Víctor Pérez, director ejecutivo, señaló que “tanto el país como la Región de Antofagasta, así como las instituciones que buscan participar y desarrollar el ITL, merecen que se tome una decisión seria e informada bajo los más altos estándares de transparencia, probidad y resolución de conflictos de interés. La resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que acoge el recurso de protección, dejando sin efecto las actas de adjudicación de Corfo, pide que se pongan todos los antecedentes a disposición del Consejo Corfo, a fin de que este adopte una decisión de adjudicación a la brevedad, y que se emita una decisión fundada de las propuestas admisibles de forma transparente y considerando las evaluaciones de los expertos internacionales. Este dictamen de la Corte Suprema honra el propósito de Asdit, que no es otro que mejorar la calidad de vida de los chilenos con nuevos conocimientos, innovación, emprendimiento y nuevas tecnologías que apoyen un desarrollo sostenible para nuestro país, la humanidad y las futuras generaciones».

Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, comentó que “el fallo de la Corte Suprema es contundente, y es una muy buena noticia para el país , para el desarrollo de la ciencia e innovación y el emprendimiento local, en las áreas de energía solar, minería verde, producción de hidrógeno y tecnologías asociadas a la producción de litio. El consorcio Asdit está totalmente activo, y ha seguido profundizando actividades público-privadas en estas líneas. En este sentido, la Universidad de Chile tiene los equipos preparados para llevar adelante esta iniciativa, en el marco de trabajo que defina Corfo».

Por su parte, Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, aseguró que “como UC estamos muy satisfechos con la sentencia de la Corte Suprema, que acoge el recurso de protección interpuesto por un conjunto de prestigiosas universidades chilenas y entidades nacionales y extranjeras, en una materia que es de primer interés del país. Se reconoce que la adjudicación de los recursos para el Instituto de Tecnologías Limpias tenía anomalías que deben ser corregidas. Se ordena, asimismo, que se adopte una decisión de adjudicación a la brevedad, fundada en la forma más transparente posible de las propuestas admisibles y de las opiniones de los expertos internacionales», concluyó.
https://www.elmostrador.cl/destacado/2022/07/06/corte-suprema-acoge-recurso-presentado-por-universidades-publicas-y-deja-sin-efecto-polemica-licitacion-de-corfo-sobre-itl/

04/07/2022
El gobierno del presidente Boric se había comprometido a enviar una reforma impositiva dentro del primer semestre. / Crédito: Prensa Presidencial.
El gobierno chileno presentó un proyecto de reforma tributaria que considera un alza de los impuestos a las grandes mineras de cobre, que contempla una combinación de tasas sobre las ventas y el margen de producción.

En Chile, el mayor productor mundial de cobre, operan gigantes globales como la estatal Codelco, BHP, Glencore, Anglo American, Freeport McMoRan y Antofagasta.

“Lo que estamos proponiendo acá es que para las compañías mineras con producción superior a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año se aplique una combinación de tasas ad valorem y tasas sobre el margen de producción crecientes según el precio del cobre“, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel al presentar el plan.

Para el resto de las compañías mineras se va a mantener el régimen actual, aclaró.

“Esto va a significar un aumento de la recaudación por concepto del royalty, un aumento de la participación del Estado en la renta minera pero buscando mantener que la actividad minera tenga retornos suficientes para alentar la inversión”, agregó el ministro.

Según una nota divulgada por Hacienda, el impuesto tendrá dos componentes: uno ad valorem que oscilará entre tasas efectivas de entre 1% y 2% para los productores de entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino, y entre 1% y 4% para aquellos con más de 200.000.

Y otro componente con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad, para precios del cobre entre USD 2 y USD 5 la libra. En ambos casos se establecen tasas que consideran el precio del cobre, precisó el comunicado.

El viernes pasado, el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres bajó a USD 3,6176 la libra, un mínimo de cerca de 18 meses. Mientras que en mayo del año pasado se acercó a los 5 dólares.

El plan modificará un texto sobre royalty que actualmente está en tramitación en el Congreso, duramente criticado por la industria por no considerar el desempeño operativo de cada faena.

El gobierno del presidente progresista Gabriel Boric, que asumió en marzo, se había comprometido a enviar una reforma impositiva dentro del primer semestre para financiar su ambiciosa agenda social.

Con el objetivo de recaudar un 4,1% del PIB en un plazo de cuatro años, en régimen, el proyecto de reforma también incluye la creación de un tributo a la riqueza, cambios en los impuestos a la renta y mecanismos contra la elusión y evasión fiscal.

En cuanto al impuesto a los altos patrimonios, el país sudamericano empezará gravando a 6.300 personas naturales, con domicilio o residencia en Chile, en relación a su riqueza mantenida tanto en Chile como en el extranjero.

Habrá dos tramos para este impuesto, el primero para patrimonios de entre USD 5 millones y USD 15 millones con una tasa marginal de 1% y un segundo tramo que contemplará una tasa de 1,8% sobre la parte del patrimonio que supere los USD 15 millones.

Dentro del patrimonio a declarar se consideran la participación en sociedades, los inmuebles, vehículos, portafolios de inversiones e instrumentos financieros, entre otros.
Fuente: Reuters

Chile presenta plan de reforma tributaria que incluye subir impuestos a grandes mineras de cobre

Eva Cruz
El Proyecto Fenix Gold es un ejemplo de minería aurífera moderna.
Tras la decisión de la Comisión Regional de Evaluación, Rio2 Limited trabajará en la evaluación de sus opciones y decidirá un plan de acción.
Rio2 Limited y su subsidiaria chilena Fenix Gold Limitada anuncian que la Comisión Regional de
Evaluación, que incluye a 12 instituciones de gobierno, ha votado en contra de la Evaluación de
Impacto Ambiental (“EIA”) para el proyecto Fenix Gold en Chile.

Tras esta decisión, la Compañía trabajará en la evaluación de sus opciones y decidirá un plan de acción.

Una vez que se complete el plan de acción, la Compañía anunciará cómo pretende ejecutarlo y
proporcionará el cronograma revisado.

Es importante destacar que Fenix Gold sigue con la convicción de que ha aportado la información técnica y los estudios suficientes para obtener un dictamen favorable del EIA. Esto está bien respaldado por la posición del Servicio de Evaluación Ambiental (“SEA”) con las siguientes consideraciones clave favorables:

El Proyecto cumple con toda la normativa aplicable y cumple con los requisitos ambientales para el otorgamiento de los permisos sectoriales aplicables.
Fenix Gold ha culminado satisfactoriamente los procesos de Participación Ciudadana y Consulta Indígena.
El Proyecto Fenix Gold es un ejemplo de minería aurífera moderna, para cual se consultó y diseñó un número extenso de consideraciones técnicas, ambientales y sociales desde el principio. El Proyecto representa una inversión significativa en el negocio de la minería del oro en Chile por parte de una empresa minera junior y generará empleo para aproximadamente 1,200 personas durante la fase de construcción y 550 personas por 17 años durante la de fase de operaciones.

La mina que se contempla para el Proyecto será una operación de lixiviación en pilas, no se requieren instalaciones de chancado o depósito de ripios, lo que minimiza el impacto general y la huella del proyecto.
https://www.rumbominero.com/peru/noticias/internacionales/eia-del-proyecto-fenix-gold-no-fue-aprobado/

04/07/2022

El gobierno del presidente Boric se había comprometido a enviar una reforma impositiva dentro del primer semestre. / Crédito: Prensa Presidencial.
El gobierno chileno presentó un proyecto de reforma tributaria que considera un alza de los impuestos a las grandes mineras de cobre, que contempla una combinación de tasas sobre las ventas y el margen de producción.

En Chile, el mayor productor mundial de cobre, operan gigantes globales como la estatal Codelco, BHP, Glencore, Anglo American, Freeport McMoRan y Antofagasta.

“Lo que estamos proponiendo acá es que para las compañías mineras con producción superior a 50.000 toneladas métricas de cobre fino al año se aplique una combinación de tasas ad valorem y tasas sobre el margen de producción crecientes según el precio del cobre“, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel al presentar el plan.

Para el resto de las compañías mineras se va a mantener el régimen actual, aclaró.

“Esto va a significar un aumento de la recaudación por concepto del royalty, un aumento de la participación del Estado en la renta minera pero buscando mantener que la actividad minera tenga retornos suficientes para alentar la inversión”, agregó el ministro.

Según una nota divulgada por Hacienda, el impuesto tendrá dos componentes: uno ad valorem que oscilará entre tasas efectivas de entre 1% y 2% para los productores de entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino, y entre 1% y 4% para aquellos con más de 200.000.

Y otro componente con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad, para precios del cobre entre USD 2 y USD 5 la libra. En ambos casos se establecen tasas que consideran el precio del cobre, precisó el comunicado.

El viernes pasado, el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres bajó a USD 3,6176 la libra, un mínimo de cerca de 18 meses. Mientras que en mayo del año pasado se acercó a los 5 dólares.

El plan modificará un texto sobre royalty que actualmente está en tramitación en el Congreso, duramente criticado por la industria por no considerar el desempeño operativo de cada faena.

El gobierno del presidente progresista Gabriel Boric, que asumió en marzo, se había comprometido a enviar una reforma impositiva dentro del primer semestre para financiar su ambiciosa agenda social.

Con el objetivo de recaudar un 4,1% del PIB en un plazo de cuatro años, en régimen, el proyecto de reforma también incluye la creación de un tributo a la riqueza, cambios en los impuestos a la renta y mecanismos contra la elusión y evasión fiscal.

En cuanto al impuesto a los altos patrimonios, el país sudamericano empezará gravando a 6.300 personas naturales, con domicilio o residencia en Chile, en relación a su riqueza mantenida tanto en Chile como en el extranjero.

Habrá dos tramos para este impuesto, el primero para patrimonios de entre USD 5 millones y USD 15 millones con una tasa marginal de 1% y un segundo tramo que contemplará una tasa de 1,8% sobre la parte del patrimonio que supere los USD 15 millones.

Dentro del patrimonio a declarar se consideran la participación en sociedades, los inmuebles, vehículos, portafolios de inversiones e instrumentos financieros, entre otros.
Fuente: Reuters
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