Las autoridades y la comunidad de Puerto Natales están en alerta luego que la Minera Chabunco, propiedad de la empresa Ingeniería Civil Vicente, presentó al Concejo Municipal el 21 de abril pasado, el proyecto carbonífero estancia “El Tranquilo” que instalará dos minas a cielo abierto a quince kilómetros de la localidad austral.

El proyecto considera dos minas que llevan nombre de mujer: Maricela y Jimena, cada una de mil hectáreas, lo que provocaría problemas ambientales dado que la minería de carbón a cielo abierto es una de las más contaminantes.

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Con todo desembarcarán este miércoles en la Cámara de Diputados el Consejo Minero y la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), invitados por la Comisión de Medio Ambiente.  El objetivo, entregar su opinión sobre el proyecto de protección de glaciares que se tramita en dicha instancia legislativa.

Tanto el presidente ejecutivo de la minería privada Joaquín Villarino como su par de Codelco Nelson Pizarro han manifestado públicamente su crítica visión sobre la iniciativa de ley general de protección de glaciares, presentada primero el 20 de mayo de 2014 por un grupo de diputados, la que fuera modificada por el Ejecutivo el 4 de marzo de este año mediante una indicación sustitutiva.

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En conjunto a organizaciones territoriales de diversos territorios hemos levantado un Encuentro de «Valles Movilizados por la Defensa de los Ecosistemas Glaciares» que se realizará en San Felipe-Putaendo este 9 y 10 de mayo.

Este encuentro consta de 2 instancias:

1. La primera es un conversatorio (afiche adjunto) abierto a tod@s los que quieran asistir en donde daremos respuestas colectivas a las siguientes interrogantes; ¿Qué vamos a entender por glaciares, para qué protegerlos y/o defenderlos, de qué y cómo?. 

Contaremos con la voz de las comunidades del Huasco y Aconcagua, el aporte de la ciencia y análisis de la coyuntura institucional-jurídica.

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Un conjunto de dirigentes sociales y comunitarios de Arica y Putre, demandantes por los daños de los desechos mineros en los Altos de Copaquilla interpusieron recurso de casación en contra de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que rechazó el pasado 10 de abril su exigencia de reparación ambiental. El recurso considera que el fallo contiene múltiples decisiones contradictorias, por lo que busca que se eleven los antecedentes ante la Corte Suprema para que esta se pronuncie sobre el particular.

El recurso de casación en lo formal, presentado con el apoyo del abogado Alvaro Toro, profesional del equipo de OLCA, detalla la serie de contradicciones en que incurre la sentencia y hace notar que, pese al reconocimiento del acopio de desechos minerales tóxicos y su natural escurrimiento, resulta incomprensible que el Tribunal haya estimado que no se acreditó la existencia de daño ambiental en los Altos de Copaquilla. En definitiva, sostiene que la sentencia es absolutamente contradictoria ya que «por una parte señala que no se ha acreditado el daño ambiental, para luego hacer referencia a la despreocupación sistemática y reiterada de las autoridades administrativas y políticas regionales por no haberse hecho cargo de manera adecuada de un conflicto socio ambiental producto de un relave toxico que lleva más de 25 años.»

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COMUNICADO PUBLICO DE COMUNIDAD DEL VALLE DEL HUASCO TRAS NUEVO PROCESO DE SANCIÓN ABIERTO POR LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Con más razones que nunca: “Exigimos Cierre Definitivo del Proyecto Pascua Lama y la Condena de la criminal Barrick Gold”

Con satisfacción recibimos el día de ayer la noticia de un nuevo proceso de sanción a Compañía Minera Nevada SpA (Barrick Gold) que estábamos esperando y que debía ocurrir tras el trabajo de fiscalización comunitaria que hemos realizado de manera incansable durante más de 15 años, la cual desde 2013, desde que comenzó a regir la Nueva Institucionalidad Ambiental, hemos dirigido a la Superintendencia de Medioambiente, insertando a la fecha más de 11 denuncias por incumplimiento de la RCA, haciendo gran presión a este ente para que fiscalice en terreno y nos dé respuestas de ellas. Tras el estudio del expediente declaramos:

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Caimanes es una localidad que se ubica en la zona precordillerana al interior de Los Vilos, en la Provincia del Choapa, región de Coquimbo; a unas 4 horas por tierra al norte de Santiago. Gracias al flujo hídrico del estero Pupío, sus habitantes se han dedicado a la actividad agrícola y a las plantaciones de atriplex, arbusto utilizado para la alimentación del ganado caprino existente en la zona. 

Según un estudio realizado a la cuenca del estero, por la Dirección General de Aguas (DGA), la  cuenca posee una superficie de 6.436 Ha, equivalentes al 0,2% de la región y en ella se presenta flora como el Boldo, Algarrobo, Maitén, Guayacán (árbol endémico de Chile), entre otros. Además el estudio del Ministerio de Obras Públicas, revela que la flora acuática debido al “incremento y permanencia del recurso y fauna, alcanzan a 40, con 87,5% de especies nativas y 37,5% de ellas endémicas en la región”.(1) 

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Más de diez mil personas asistieron a la “Tercera Marcha Nacional por la Recuperación del Agua y la Vida”, que llegaron de distintas partes del país para movilizarse en Valparaíso.

Organizaciones socioambientales, federaciones de estudiantiles y agrupaciones territoriales, entre otras, reunidos en el “Movimiento Social por la Recuperación del Agua y La Vida”, se juntaron bajo una petición común: acabar con el lucro con el agua, bajo la premisa “A recuperar el agua y el poder también”.

A las diez de la mañana empezaron a llegar los manifestantes a Playa Ancha, uno de los puntos de inicio, y se unieron una hora después a las personas que esperaban en la Plaza Sotomayor. “Ni corruptos ni empresarios en el Estado, a sacar el agua del mercado”, “Justicia soberanía y dignidad, que el agua vuelva a la comunidad” y “La sed del capital nos deja sin agua”, fueron parte de las consignas y carteles que se pudieron leer en la larga y colorida columna.

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A una semana de la marcha estudiantil, desde la Fech se hizo la convocatoria a la III Marcha por la Recuperación del Agua y la Vida en conjunto con la vocera de la Confech, Valentina Saavedra y diversos voceros territoriales, como gesto de unidad y confluencia de los movimientos sociales para fortalecer la necesidad de hacer un país en el que respete los derechos humanos.

El vocero nacional del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, Rodrigo Faúndez, dio cuenta de que era muy importante hacer el llamado de participar en la III Marcha por la Recuperación y Defensa del Agua en la casa de los estudiantes, ya que “estuvimos aquí la semana pasada apoyando la marcha estudiantil, pues comprendemos la importancia de confluir en este momento histórico donde se evidencia que los empresarios están financiando a los políticos y nosotros somos afectados por esta colusión en nuestros territorios”. Este es un movimiento de varios años y que ha logrado unir a comunidades y organizaciones desde Arica y Parinacota a Magallanes, donde existen conflictos mineros, forestales, agroindustriales, hidroeléctricos que tienen un mismo denominador común que es el agua.

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A una semana de la Marcha Nacional por la Recuperación del Agua y la Vida, que evidencia el descalabro socioambiental que vive nuestro país en la voz de los territorios impactados por el modelo extractivista impuesto en Chile; y a menos de un mes de los aluviones del norte y los incendios del sur, que evidencian la insostenibilidad ecosistémica del modelo, el gobierno anuncia la creación de la Comisión Asesora Presidencial para el Estudio de un Nuevo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)… a juzgar por sus integrantes, las autoridades no están entendiendo nada.

Entre los 23 miembros de este espacio de debate y problematización urgente sobre una parte de   la institucionalidad ambiental que opera en Chile, no hay ni un solo representante territorial, ni una voz de las comunidades indígenas, campesinas, de pescadores artesanales, de trabajadores, de la sociedad civil, en fin de quienes sufrimos los embates de las decisiones impuestas por el poder ejecutivo que luego se transforman en pérdidas irreparables del patrimonio natural, cultural y social de nuestro país, pero también en fuentes de enfermedad, muerte, división y precarización de la vida de nuestros territorios y familias.

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La querella fue presentada por el economista Julián Alcayaga, en representación de la “ONG Chile-Cobre” y patrocinada por la abogada Hilda Cerda. Se denuncian dos principales hechos.

El primero tiene que ver con pérdidas por US$ 4.670 millones de dólares en mercado de futuros especulativos del cobre, en operaciones realizadas entre los años 2005 y 2007, pero cuyas pérdidas se concretaron entre los años 2006 y 2012. Estas pérdidas se mantuvieron en secreto incluso para la Superintendencia de Valores y Seguros, hasta que a fines del año 2010, el Sr. Andrés Tagle, ex Director de Codelco, revelara su existencia.

En 1994, en el juicio que se llevó en contra de J.P. Dávila, fue demostrado que las pérdidas en estos mercados no se producen porque no se supo prever el precio a futuro del cobre, si no porque se pierde deliberadamente en favor de determinados operadores que pagan una suculenta comisión. Las actuales pérdidas de Codelco en mercados de futuro, tienen el mismo objetivo que las del tiempo de Dávila, pero con el agravante que ahora estas representan 27 veces más que las del tiempo de Dávila.

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