El 4 de febrero, en Nueva Zelanda la presidenta ratificará la firma del TPP, dejando como única vía de escape a la mayor cesión de soberanía que haya hecho nuestro país, al parlamento, el que podrá de manera plebiscitaría votar por la validación o no de este acuerdo secreto, confeccionado a espaldas de la ciudadanía y de las y los legisladores de los doce países firmantes, pero con la participación activa de 600 lobistas de las principales transnacionales del planeta.
Esto, sucede en paralelo a las sesiones del Comité de Observadores del proceso constituyente gubernamental, designados por la presidenta para garantizar la buena fe del mismo, en medio de la más contundente crisis de credibilidad que haya experimentado la clase político/económica del país… en un intento de idear mecanismos de legitimidad para satisfacer las demandas comunitarias.