13 de febrero del 2017
En enero ya dos compañías optaron por la liquidación. El precio del metal rojo ha causado estragos en los balances de pequeñas y medianas empresas, así como en las compañías relacionadas con la explotación de minerales.

(Pulso) Efectos más potentes que la caída de la producción minera está generando la baja que ha experimentado el cobre durante los últimos dos años. Y es que la merma en el valor ha impulsado la necesidad de reorganizar o liquidar empresas por su alto endeudamiento.

Según cifras entregadas por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, desde el inicio de la nueva normativa -que reemplazó a la ex ley de quiebras- en octubre de 2014, cinco empresas ligadas a la minería han sido sometidas a la reorganización de activos, mientras que a unas 18 firmas se les ha solicitado la liquidación.

En el caso de la reorganización -procedimiento judicial que tiene por finalidad la reestructuración de los pasivos y activos de la empresa deudora, cuando ésta es viable-, cuatro datan del periodo 2014-2015 y una de 2016.

Dentro de ellas se encuentra Minera Dayton -de capitales americanos-, Pampa Camarones -hasta ese entonces propiedad de Pampa Mater S.A. (65,3%); Arrigoni Minería SpA (26,7%) y Samsung C&T Chile Copper SpA (8%), Minera Linderos y la sociedad contractural Minera Hierro Taltal.

Por su parte, a liquidación -que a diferencia de la primera su objeto es la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la empresa con el objeto de propender al pago de sus acreedores cuando ésta no es viable- se han sometido unas 18 empresas desde el inicio de la normativa, de las cuales dos fueron en enero de este año. Hay una, en todo caso, que no se incluyó en el listado ya que se le solicitó la liquidación hace sólo unos días: Minera Talcuna.

En el desglose, sólo una de las empresas -en las que se incluyen tanto explotadoras como de servicios ligados a la minería- se sometió a proceso el mismo año de la puesta en marcha de la misma ley, mientras que nueve lo hicieron en 2015. En tanto, el año pasado seis empresas optaron por someterse a este régimen.

En su mayoría, las compañías que caen en este proceso están ligadas con servicios prestados la minería, tales como obras civiles, mecánicas o ingeniería. También hay pequeñas operaciones que han estado en dicha situación, que en su mayoría se explican porque durante la reoganización de activos no se logró acuerdo y se pasó a su liquidación. Este es el caso de Minera Dayton y Linderos.

El comparativo con otros sectores

Pese a la magnitud de las empresas que se han sometido a estos procedimientos, las cifras parecieran ser marginales si se considera el total: sólo 1,7% del total de empresas en liquidación corresponde al sector de la explotación mineras, mientras que en el caso de la reorganización es el 4,7%.

Hasta enero, el Comercio al por mayor y menor es el que lidera respecto a reorganizaciones, con una concentración de un 25%, equivalente a 26 empresas.

En tanto, en el procedimiento de liquidación de activos, el rubro de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler es el que presenta una mayor cantidad de procedimientos con un 24%, es decir, 254 empresas.

“La lógica de nuestro sistema concursal se basa en que tras consagrar una serie de incentivos que permiten el reconocimiento oportuno de la insolvencia, la Ley 20.720 ofrece dos procedimientos para Empresas Deudoras: la Reorganización y la Liquidación. Frente a ello, el deudor puede decidir reorganizarse de cara a sus acreedores o liquidar ordenada y rápidamente sus activos para el pago de éstos”, explican desde la superintendencia.

Y agregan: “En el caso de las empresas, permite al deudor que ha diagnosticado que su empresa es viable, reorganizarse en forma efectiva, con el acuerdo de sus acreedores, y, en consecuencia, mantener en funcionamiento su unidad productiva, fomentando la adopción de acuerdos y protegiendo a los acreedores que consientan en los mismos”.

http://www.mch.cl/2017/02/13/empresas-mineras-sometidas-liquidacion-reorganizacion-llegan-23-dos-anos/

13 febrero de 2017
Clara Medrano La Información es de Lorena Cruzat
Pobladores y dirigentes de la localidad de Caimanes llegaron este lunes hasta el Centro de Justicia de Santiago, manifestándose con banderas negras, para presentar una querella criminal contra dos abogados por prevaricación.
Los colegiados demandados representaban los intereses de los vecinos ante la minera Los Pelambres y consideran que cometieron este delito porque llegaron a un acuerdo con la empresa sin que se representaran los intereses de todos los habitantes de la localidad que pagaron por los servicios de los juristas.

El dirigente Cristian Flores acusó, junto al resto de manifestantes, la grave contaminación y perjuicios que generan relaves de la empresa minera propiedad del Grupo Luksic.

Luego de una década de diferencias, la minera llegó a un acuerdo con un 81% de la comunidad de Caimanes para poner fin al conflicto que sostenían a raíz de la construcción de un tranque, según informaron desde la propia empresa el pasado mes de mayo.

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-coquimbo/2017/02/13/vecinos-de-caimanes-presentan-querella-por-prevaricacion-contra-andronico-luksic-y-dos-abogados.shtml

El desarrollo de la industria minera en Chile tiene varios desafíos y entre ellos está el disminuir los costos de insumos estratégicos como agua y energía, los que año tras año se incrementan debido al descenso en la ley de los yacimientos y a factores geográficos que dificultan el transporte y transmisión. Sin embargo, la gran minería tiene dentro de sus planes la ejecución de una serie de proyectos para el abastecimiento de agua que cambiarán el esquema de consumo.

Miércoles 08 de Febrero de 2017.- Tras un difícil 2016 para el sector minero, los desafíos para llevar adelante la producción siguen firmes para este año y en ese aspecto, el consumo de agua y energía continúan siendo la gran piedra de tope para el sector debido a la  necesidad de incrementar la utilización de estos insumos, sobre todo en la industria del cobre donde la caída en las leyes de los minerales hace necesaria una mayor cantidad de agua para obtener una tonelada de cobre fino.

En este escenario la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), entregó durante el mes de enero su informe de «Proyección del Consumo de Electricidad y Agua de la Minería del Cobre al año 2027», el que estima un consumo de agua total (continental y de mar) para la minería del cobre que llegaría a 20,1 m3/seg de agua en 2017, lo que representa un aumento de 22% respecto al año 2016.
De acuerdo a los datos de Cochilco, en los últimos 7 años el consumo de agua creció un 22%, basado ampliamente en el uso de agua de mar en las operaciones mineras.

Según explica el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), Sergio Hernández, “esto es reflejo, en parte, del cambio de la matriz de producción, que se vuelca a los minerales de sulfuros, que deben ser procesados a través de flotación, proceso que es más intensivo en el uso de agua”.

Para este año, la comisión ha proyectado una reducción de un 17% en el consumo de agua continental respecto al 2016. En tanto para el caso del agua de mar se espera que al 2027 alcance el 46% del agua total requerida en la industria minera del cobre.

A juicio de Hernández, son cada vez más las mineras que se suman a la construcción de sus propias desaladoras o agua de mar directa. Un ejemplo de esto es Escondida,  que con la puesta en marcha de su planta desalinizadora (EWS) contribuirá a disminuir considerablemente el uso de agua continental. La planta se estima que opere oficialmente este año con una capacidad de 2.500 l/s.

En cuanto a las proyecciones de consumo de agua por proceso, Cochilco sostiene que al 2027 el agua continental para el procesamiento de concentrados alcance el 78%, los cátodos el 3%, el agua en mina el 6%, la fundición y refinería el 5% y el ítem “otros” el 8%. En tanto, en agua de mar se espera que más de un 90% del agua proveniente de los océanos sea destinada al tratamiento de sulfuros para la producción de concentrados.

Consumo energético

En relación al consumo de electricidad esperado, se prevé que crezca de 21,9 TWh a 29,5 TWh en el período 2016 – 2027, lo que representa un aumento de 34,4%, a una tasa de 2,7% anual, esto considerando las probabilidades de materialización de los proyectos.

Al respecto, Hernández sostiene que “para satisfacer la demanda esperada de la minería del cobre, se requerirá agregar una capacidad de generación eléctrica de 1.093 MW en el próximo decenio, de las cuales 586 MW se estiman para el SING y 507 MW para el SIC”.

Además a futuro la concentradora seguirá siendo un importante consumidor de energía eléctrica y se incrementará en un 68% su demanda al 2027, respecto al 2016.

Con estas proyecciones, Portal Minero ha catastrado algunos de los proyectos mineros que se materializarán en Chile durante los próximos años y que incluirán dentro de su planificación, la construcción de plantas desalinizadoras como solución  a la demanda de este vital insumo.

Infraestructura Complementaria Minera Los Pelambres: La iniciativa, propiedad de Antofagasta Minerals, actualmente se encuentra en tramitación ambiental y considera una planta desaladora y un sistema de impulsión de agua, esto como parte de un compromiso adquirido por la compañía a objeto de disponer de una fuente de respaldo de agua frente a potenciales escenarios de sequía que se puedan vivir en la provincia de Choapa, por otro lado se busca reducir el impacto de la mayor dureza del mineral futuro.

El proyecto tendrá una inversión estimada en USD 1.100 millones y la empresa ha señalado que una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y los permisos sectoriales respectivos, se tomará la decisión de dar luz verde a la construcción.

Planta desalinizadora Spence: La iniciativa por USD 800 millones, es parte del proyecto Spence Hipógeno , a través del cual BHP Billiton pretende extender la vida útil del yacimiento mediante la explotación y procesamiento de reservas de sulfuros primarios, para esto minera Spence requerirá para su proceso de flotación utilizar aproximadamente 800 litros por segundo de agua de calidad industrial, la cual será provista por una planta desalinizadora que estará ubicada aproximadamente a 12 km al noreste de la localidad de Mejillones.

La planta tendrá una capacidad de aproximadamente 1.600 litros por segundo de agua con calidad industrial y será construida y operada en 2 etapas. En la primera de ellas, se producirá 800 litros por segundo de agua desalinizada y en una segunda etapa, se contempla expandir la capacidad hasta los 1.600 litros por segundo.

Planta Desalinizadora Distrito Norte: En un momento esta planta desalinizadora formó parte del proyecto Radomiro Tomic Sulfuros Fase II, pero debido a una serie de modificaciones realizadas por Codelco, finalmente se tomó la decisión de realizar un proyecto aparte que tuviera como objetivo abastecer parte de las necesidades hídricas del distrito norte. Para esto la Corporación ha señalado que se construirá una planta cuya capacidad nominal estimada sería de 1.600 litros por segundo lo que la convertirá en una de las plantas desaladoras más importantes del país. Se proyecta el inicio de la construcción durante este 2017.

Nueva Unión: Surgió en 2015 como una de las grandes iniciativas greenfield, que une dos importantes proyectos de cobre como son Relincho y El Morro, para combinar en una sola iniciativa con un costo estimado en USD 3.500 millones. El proyecto contempla la construcción de una planta desalinizadora cuya ubicación y capacidad será definida una vez concluido el estudio de prefactibilidad en curso.

Quebrada Blanca Fase 2: El proyecto de Teck busca explotar los sulfuros primarios que se encuentra bajo el depósito supergénico de sulfuros secundarios que actualmente se explota en Quebrada Blanca, también considera la utilización de agua de mar para el procesamiento del mineral sulfurado y para ello proyecta construir una planta desalinizadora que se ubicará al norte de Puerto Patache y producirá aproximadamente 865 litros por segundo.

Dominga: El proyecto de hierro y cobre, ubicado en la región de Coquimbo, cuya inversión está estimada en USD 2.500 millones, contempla una producción de aproximadamente 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro y 150.000 toneladas anuales de concentrado de cobre durante una vida útil de 22 años. Para sus procesos considera la utilización de agua de mar y para ello construirá una planta desalinizadora con una capacidad de 450 litros por segundo.

http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=124488213

03-02-2017
A través de este comunicado queremos manifestar, en nuestra condición de Habitantes de la Cuenca del Salar de Atacama, nuestra
alarma y preocupación respecto a los efectos que la Minería del Litio estaría teniendo sobre el ecosistema en que vivimos. Nos referimos
particularmente a la las actividades que SQM lleva realizando por ya casi tres décadas, a la reciente decisión del Estado de Chile de
autorizar la ampliación de las operaciones que la estadounidense Albemarle realiza bajo el nombre de Rockwood Lithium en el Salar, y
a la amenaza de entrada de un tercer “competidor”: la canadiense Wealth Minerals.

Toda vez que la obtención del litio se realiza a través de la extracción de agua en forma de salmuera – con su consecuente pérdida por
evaporación – , creemos que la sobreexplotación de los acuíferos del Salar resultante de estos procesos se traduciría en una amenaza
fatal para las diversas formas de vida que se desarrollan en este ecosistema. Nos referimos tanto a los grupos humanos del Salar como a
especies emblemáticas como el Flamenco Andino y a formas de vida únicas con un altísimo valor científico como lo son los Microbialitos
de Laguna Tebenquinche. En este sentido, cabe también destacar que cinco de los siete humedales protegidos por la Convención de
Ramsar están en la Cuenca del Salar de Atacama, así como el Sector Soncor y Aguas de Quelana de la Reserva Nacional los
Flamencos, a escasos kilómetros de las piscinas de evaporación.

Los primeros pobladores del Salar de Atacama se asentaron en este territorio hace más de diez mil años gracias al agua, y hasta el día
hoy tanto el pueblo Lickanantay o Atacameño como el resto de los habitantes de la Cuenca del Salar, dependemos de un delicado
equilibrio ya amenazado por los efectos del cambio climático (el cual Chile se ha comprometido a combatir en la Cumbre de Paris en
2015), por lo que los efectos de una Minería del Litio en expansión serían catastróficos. Es por todo lo anterior que queremos recordar al
gobierno, al empresariado y a la sociedad civil chilena e internacional, que tomar acciones en pos de la protección de este ecosistema
único, reconocido y visitado por cientos de miles de personas de todo el mundo cada año, se hace hoy más urgente que nunca.

En consecuencia y consciencia, y como Habitantes de la Cuenca del Salar de Atacama:
Entendemos la Cuenca del Salar del Atacama como un sistema vivo, donde la destrucción de tan sólo una de sus partes afectará
necesariamente al resto. El agua en el Salar es vida y por lo tanto entendemos como un deber ético del Estado el garantizar el
resguardo del agua para la preservación de la vida en todas sus formas.

Rechazamos el modelo extractivista neoliberal propiciado por la Constitución y validado por los gobiernos de turno. Consideramos este
modelo una amenaza para la vida y las culturas tradicionales tanto en nuestro Salar como en el resto del planeta.
Si bien entendemos la importancia del Litio como materia prima para las baterías utilizadas en industrias como las energías renovables
y los automóviles eléctricos, no aceptamos bajo ninguna circunstancia que ello implique el sacrificio del agua y de la vida en nuestro
territorio. Las baterías de litio no son ecológicas: su huella ambiental está siendo simplemente ignorada.

Rechazamos los acuerdos hasta ahora alcanzados a espaldas de la sociedad civil entre Rockwood Lithium, la antigua administración
del Consejo de Pueblos Atacameños y CORFO. Nuestro territorio, Madre Tierra, Patta Hoiri, no es moneda de cambio.

Por lo tanto exigimos:

Un estudio de Impacto Ambiental serio, que considere la Cuenca del Salar de Atacama como un Sistema Vivo, y que advierta de forma
clara los efectos de la disminución del nivel de las aguas del Salar de Atacama por efecto de la actividad de las mineras SQM y
Rockwood sobre todas las formas de vida, tomando en cuenta prácticas ancestrales del Pueblo Lickanantay como la agricultura
tradicional, el pastoreo, y también aquellas de carácter espiritual.

El cumplimiento de los Derechos y Deberes Constitucionales del Estado, especialmente aquellos contenidos en el artículo N° 19 en sus
numerales 2, 8 y 24, así como el que se respete y aplique el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Originarios, permitiendo que el
pueblo Lickanantay participe de forma legítima, informada y transparente respecto de las acciones que el Estado y las empresas
Privadas toman en este territorio. Esto, tanto para la minería del litio en la zona como para los proyectos geotérmicos que buscan hacer
uso del agua en la Cuenca.

Un uso de los recursos consensuado por todos los actores de la Cuenca del Salar de Atacama, teniendo como fin último la
preservación del ambiente y el aseguramiento del recurso hídrico para las futuras generaciones.
Un Programa de Sustentabilidad para la Industria del Litio, que establezca mecanismos adecuados que propicien el desarrollo de
tecnologías para la obtención carbonato de litio grado batería sin que ello implique el sacrificio del agua, con un sistema de monitoreos
de impacto que por ningún motivo deben estar financiados por las mineras, como sucede actualmente. Este programa debe
asimismo contemplar el estudio y desarrollo de procesos eficientes para el reciclaje de baterías de litio ya existentes.
Habitantes de la Cuenca del Salar de Atacama por la Defensa del Agua
San Pedro de Atacama, Chile, 1 de Febrero de 2016
Contacto: todosporelsalar@gmail.com

Publicado el 30 de enero del 2017
Minería Chilena

El proceso de retiro contempló el acomodo de más de 500 neumáticos en un patio de acopio habilitado en las instalaciones de la compañía en Chile.

Minera Los Pelambres informó el cumplimiento del acuerdo adoptado con la Provincia de San Juan, Argentina, que contemplaba el retiro de neumáticos mineros acopiados en el botadero Cerro Amarillo.

La medida fue adoptada luego que un proceso de señalización, realizado entre Chile y Argentina, comprobara que el sector utilizado para dejar los desechos estaba en territorio argentino, pese a que la cartografía utilizada en 2004 para diseñar y autorizar el botadero indicaba que Cerro Amarillo estaba íntegramente en suelo chileno.

Según informó la minera en un comunicado, el proceso de retiro contempló el acomodo de más de 500 neumáticos en un patio de acopio habilitado en las instalaciones de la compañía en Chile.

“Estamos demostrando nuestra férrea intención de contribuir a lograr una solución a este problema, a pesar de que no tenemos responsabilidad en su origen. Nosotros siempre operamos con el convencimiento de que estábamos en territorio chileno, porque es lo que indicaba la cartografía oficial y los permisos otorgados por nuestro país”, señaló el gerente general de Los Pelambres, Robert Mayne-Nicholls.
Así quedó Cerro Amarillo tras el retiro de neumáticos. Foto: Antofagasta Minerals.
Trabajos de retiro de neumáticos en Cerro Amarillo. Foto: Antofagasta Minerals

Los trabajos de retiro fueron supervisados por personal de Gendarmería Argentina y Carabineros de Chile, quienes habilitaron un paso fronterizo temporal para el tránsito de personas y vehículos, con el fin de agilizar las labores y cumplir con la legislación de ambos países.

Mayne-Nicholls destacó que el operativo pudo terminarse antes del tiempo presupuestado, sin que se registraran accidentes o eventos que pudieran presentar algún tipo de dificultad.

“Lo que queda ahora en el lugar es sólo roca inerte”, señaló el ejecutivo.

http://www.mch.cl/2017/01/30/minera-los-pelambres-concluye-retiro-neumaticos-del-botadero-cerro-amarillo/

En 2016 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló 13 cargos contra la empresa Codelco División Ventanas por diversos incumplimientos ambientales, por lo que se inició un procedimiento sancionatorio que luego fue suspendido debido a la aprobación de un Programa de Cumplimiento elaborado por la refinería.
En dicho programa, Ventanas se compromete a cumplir las indicaciones administrativas detectadas por el organismo fiscalizador, en sus planes de actualización y mejoras de sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
Sin perjuicio de lo anterior, la Organización Ambientalista Dunas de Ritoque, ha continuado con las instancias legales que le permiten quejarse contra el accionar de la división de Codelco. Por esto es que el pasado viernes se llevó a cabo en el Tribunal Ambiental la audiencia por la reclamación que hicieron, esta vez, contra la Superintendencia de Medio Ambiente.
Según el reclamante y representante de Dunas de Ritoque, Andrés León, se afirma que hubo omisión de información en el actuar de la SMA y que no se consideraron los afectos ambientales de las distintas infracciones.
El reclamante también solicitó anular la resolución aprobatoria del Programa de Cumplimiento, con el objetivo de remediar sus inconsistencias.
Codelco Ventanas no se referirá al respecto debido a que es un reclamo contra la Superintendencia de Medio Ambiente y no contra ellos. Por otra parte, desde la SMA se señaló que no opinarán mientras el caso esté en curso.
El tribunal no tiene fecha exacta para la resolución pero tendría un plazo de dos a tres meses.
FUENTE:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/01/30/solicitan-anular-programa-de-cumplimiento-que-permitio-perdonazo-a-codelco-ventanas.shtml

Unos 2.500 trabajadores de la mina de cobre de BHP Billiton, en Chile, anuncian una huelga desde el 7 de febrero.

El principal sindicato de la mina de cobre Escondida de BHP Billiton Ltd., la más grande del mundo, manifestó que la última oferta de la empresa es “irresponsable” y que recomendará a sus 2.500 trabajadores que inicien una huelga.

BHP no ofreció ningún aumento de sueldo a los trabajadores, ninguna bonificación y una reducción de los beneficios, indicó el Sindicato N° 1 de Escondida el martes en un comunicado enviado por correo electrónico. Los representantes del sindicato pretenden explicar la oferta a los trabajadores el miércoles y el jueves.

“Hacemos un llamado a las bases a rechazar esta oferta e ir a huelga”, dijo Carlos Allendes, vocero del sindicato, el martes en una entrevista telefónica. “No podemos seguir negociando bajo estas condiciones. Está claro que ellos no quieren que vayamos a huelga”.

“Planeamos dejar de trabajar completamente cuando se inicie la huelga”, dijo Allendes, agregando que el paro podría iniciarse el 7 de febrero.

Escondida, mina que extrajo 1,2 millones de toneladas métricas del metal rojo en el 2015, servirá como precedente para otros 15 contratos próximos a renovarse en Chile, el país cuprífero más grande del mundo, informó BTG Pactual en una nota a sus clientes. Los sindicatos se vieron animados por un repunte de 28% en el precio del metal desde mediados de octubre.

El cobre se elevó 2,6% el martes para cerrar en US$5.943 la tonelada. El metal usado en alambres y cables cayó 0,2% el miércoles a US$5.934 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres al mediodía en Shanghái.

UN CATALIZADOR POSITIVO
El sindicato anunció el martes que la oferta de BHP contemplaba suprimir las compensaciones para los trabajadores que renuncian voluntariamente, eliminar la bonificación para los trabajadores experimentados contratados después del 1 de febrero y reducir algunos beneficios para gastos de vivienda para los nuevos empleados.

El sindicato, inicialmente, solicitó a la compañía un aumento salarial de 7% y una bonificación de 25 millones de pesos chilenos (US$38.400), superior al bono de 19,3 millones de pesos negociado en el 2013.

En su propio comunicado, BHP, la minera más grande del mundo con sede en Melbourne, dijo que ha mantenido la cobertura médica total para los trabajadores y que añadió nuevos beneficios.

“Reiteramos la voluntad de la compañía de llevar a cabo un proceso que privilegie el entendimiento y el consenso”, informó BHP el martes en un comunicado enviado por correo electrónico. “La misión de ambas partes es que el respeto, la tranquilidad y la buena fe se mantengan en todo momento”.

OTRAS HUELGAS
A principios de este mes, una huelga de 11 días en la mina de oro y plata El Peñón de Yamana Gold Inc. terminó después de que la empresa con sede en Toronto ofreciera el pago de una bonificación de 13 millones de pesos (US$19.900), un aumento de salario de 30.000 pesos para este año y aumentos de 10.000 pesos para el 2018 y el 2019, según la Federación Minera de Chile.

Los trabajadores en seis sindicatos de la mina Chuquicamata de Codelco firmaron un contrato de trabajo a 27 meses en diciembre que incluía una bonificación de suscripción de 4,35 millones de pesos, pero sin un incremento salarial real. El bono fue cerca de 40% menor al contrato anterior.

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/mundo/precio-cobre-sube-huelga-mina-escondida-chile-noticia-1963457

La larga espera por conocer de manera definitiva la sanción al proyecto Pascua-Lama, propiedad de la canadiense Barrick, está pronta a llegar a su fin. El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, cuenta que el organismo está trabajando en los detalles de la sanción, que esperan sea dada a conocer a mediados de año.

“En términos constructivos, hoy tenemos la obra gruesa terminada, están las paredes arriba, las ventanas puestas y las redes de agua y luz instaladas. Ahora, entramos en la fase final, las terminaciones”, ejemplifica la autoridad.

Proceso todavía en curso luego que la justicia ambiental -y posteriormente la Corte Suprema- ordenara rehacer la sanción aplicada al proyecto en 2013 debido a la falta de fundamentación del acto administrativo y la utilización de la figura del concurso infraccional.

Franz comenta que entre el fallo del tribunal ambiental y el pronunciamiento de la Corte Suprema pasó casi un año, periodo en el que se mantuvo el “status quo” del proceso, a la espera de lo que se determinara.

Ya resuelta la incertidumbre, comenzaron a trabajar acuciosamente en el análisis de los 33 cargos contra el proyecto, que cuenta con más de 1.000 documentos ingresados por las partes. “Pascua-Lama es el caso más importante que tiene la SMA hoy por hoy. Es un proyecto altamente complejo”, recalca Franz.

“Hay que poner extrema atención en la calidad del trabajo para llegar a una resolución que sea justa, proporcional a las infracciones cometidas y probadas en el proceso y que, al mismo tiempo, satisfaga el estándar ambiental impuesto por el tribunal”, añade.

Franz está consciente de que cualquiera sea la resolución final, puede ser revisada por la justicia, por lo que “tiene que ser una resolución ejemplar, a prueba de balas”.

“En este caso, como en todos, lo que buscamos es llegar a una resolución que como institución nos deje tranquilos y que podamos ir a defender a los tribunales. Prefiero demorarme un poco más, pero firmar resoluciones finales que cuando sea necesario, al discutirlas en tribunales, podamos ganarlas”, subraya.

Hoy, el 80% de las actuaciones de la SMA que son judicializadas, son ganadas por el organismo.

Promoción del cumplimiento

Pero no solo el proceso contra Pascua-Lama ocupará a la SMA. Franz cuenta que esperan profundizar la promoción del cumplimiento, estrategia que hará que lo invertido a través de los programas propuestos por los titulares superen a las multas impuestas por la autoridad.

En 2015, las multas aplicadas por el organismo ascendieron a US$ 40 millones, mientras que los programas tenían aparejadas inversiones por US$ 25 millones. En 2016, fueron aprobados 86 programas de cumplimiento y uno solo de ellos supera los US$ 20 millones en inversión, el de la mina Sierra Gorda.

“Hemos promocionado el uso de esta herramienta, pero somos muy celosos en su revisión y solo cuando cumplen todos los requisitos se aprueban, y si esto ocurre somos también muy celosos en su fiscalización”, explica.

Añade que “cuando un solo programa de cumplimiento involucra inversiones por US$ 25 millones significa que esos recursos serán usados para solucionar un problema ambiental. Si es impuesto como multa, esa plata va para arcas fiscales y termina subsidiando otro programa gubernamental, que está bien, pero el problema ambiental persiste”.

Fuente: https://www.df.cl/noticias/site/artic/20170120/pags/20170120205953.html

Los contratos que la minera no metálica vinculada a Julio Ponce Lerou mantiene con Corfo y que le permiten explotar el lugar, tienen como fecha de término el 2030. Pero en la práctica, y a través de una serie de maniobras legales que van contra cláusulas de los contratos celebrados con SQM, esta logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea dicha compañía. Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 13 años más, lo que se devela en la segunda demanda arbitral que la institución liderada por Eduardo Bitran presentó hace unos meses.

)Una posición privilegiada y sin sobresaltos a la hora de las decisiones políticas e institucionales que pudieran afectarla, habría logrado por años SQM financiando irregularmente a distintos parlamentarios, ministros, asesores, partidos y un sinfín de actores que, de una u otra forma, podían influir en el negocio de la minera no metálica liderada por Julio Ponce Lerou. Al menos así se desprende de las investigaciones del Ministerio Público que han ido develando una red de poder e influencia alimentada por la compañía que por años mantuvo un bajo perfil.

Todo cambió cuando se destaparon distintas hebras del escándalo de las platas políticas.

Poco antes de eso, y durante el Gobierno de Sebastián Piñera, SQM había empezado a ser cuestionada por el caso Cascadas y también por el propio Estado a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), entidad dueña de 28.054 pertenencias mineras OMA en el Salar de Atacama, pieza fundamental de la compañía.

En 2013, Corfo inicio un proceso de arbitraje por incumplimientos en el contrato que le permiten a SQM explotar hasta 2030 los minerales contenidos en el salar –principalmente cloruro de potasio en cualquiera de sus formas comerciales, ácido bórico y productos de litio–, conflicto que fue ahondado por la actual administración liderada por Eduardo Bitran, a través de una demanda arbitral interpuesta en mayo de 2014, tras la cual incluso se solicitó el término anticipado del contrato, rechazando la conciliación propuesta por el árbitro Héctor Húmeres.

No es la única acción legal interpuesta por Corfo contra la firma. En agosto pasado, una segunda demanda arbitral tiñó la tensa disputa entre la estatal y SQM. Esta vez se cuestionaba el contrato que establece las condiciones en que debe operar la minera no metálica para poder explotar litio en dicho salar.

Las acusaciones impulsadas por la estatal revelaban la silenciosa jugada que, a vista y aprobación del propio fisco, logró que SQM dejara, en la práctica, la explotación del Salar de Atacama en sus manos mucho más allá del término del contrato con el Estado.

Jaque mate al fisco

La segunda demanda arbitral de Corfo devela cómo, a través de diversas maniobras legales que van contra cláusulas de los contratos celebrados con SQM, esta logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea dicha compañía. Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 2030.

Según detalla la acción legal, “el Grupo SQM, especialmente SQM SALAR S.A. ha solicitado y obtenido para sí permisos y solicitudes de exploración y derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas situados en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, y de la comuna de San Pedro de Atacama. Se trata de derechos de aprovechamiento de aguas necesarios para el beneficio del Proyecto, y explotación de las Pertenencias OMA”.

La maniobra se realizó por la vía regular, es decir solicitando diversos derechos de agua a la Dirección General de Aguas (DGA), que en algunos casos puso trabas pero que a la larga terminó cediendo y entregando a la cuestionada minera no metálica una gran cantidad de derechos de agua en una zona donde ésta no abunda.

Así lo detalla la demanda de Corfo, que concluye que “a la fecha la arrendataria y mandataria de Corfo, SMQ Salar ha obtenido ‘para sí’ derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas situados en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, dentro de la comuna de San Pedro de Atacama, necesarios para la explotación y beneficio de las Pertenencias OMA y del Proyecto Minsal –Sociedad Minera Salar de Atacama S.A., con que se inició el Proyecto en 1986 y donde inicialmente Corfo tenía un porcentaje– señalados por más de 975 litros por segundo”.

SQM no solo se aseguró derechos de agua. Hizo lo mismo con servidumbres legales mineras, lo que en la práctica permite gravar o restringir a un dueño en beneficio de otro.

“SQM SALAR S.A. ha solicitado y obtenido para sí servidumbres legales mineras que benefician al Proyecto, y explotación de las pertenencias OMA ya señaladas y por plazos superiores a los del contrato de arrendamiento. SQM Salar solicitó a nombre propio la constitución de servidumbres mineras que gravan predios superficiales de propiedad de terceros, las que han sido constituidas en beneficio del proyecto que se desarrolla en el Salar de Atacama”.

La segunda demanda arbitral de Corfo devela cómo, a través de diversas maniobras legales que van contra cláusulas de los contratos celebrados con SQM, esta logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea dicha compañía. Esto, ni en el mediano plazo ni cuando se terminen los contratos en 2030.

El texto señala que “llama poderosamente la atención a mi representada que SQM Salar, la sociedad instrumental creada precisamente por las partes del Contrato de Proyecto, y cuyos únicos socios o accionistas actuales son precisamente SQMK y SQM haya solicitado las servidumbres legales mineras referidas para sí en las condiciones que lo hizo, utilizando para ello el contrato de arrendamiento, y en el cual consta que el propietario de las pertenencias es la Corporación; que lo haya hecho por un plazo de 50 años (fueron solicitadas y concedidas el año 2009 y 2007, respectivamente), esto es hasta el año 2059 y 2057, respectivamente, en circunstancias que tanto el contrato para proyecto, como sus conexos de arrendamiento y sociedad terminan el 31 de diciembre de 2030. Pero lo que es más sorprendente, es que excede con creces incluso el plazo de duración de la sociedad solicitante SQM Salar. Pues bien todo lo actuado, a la luz de los contratos vigentes entre mi representada y las demandadas constituye un flagrante incumplimiento de los mismos”.

La compañía vinculada a Ponce Lerou también “ha solicitado y obtenido para sí pedimentos, concesiones mineras de explotación y mensuras, en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras OMA, dentro del Salar de Atacama, y dentro de la comuna de San Pedro de Atacama. Se trata de derechos mineros comprendidos dentro del proyecto a que se refiere el ‘Contrato de Proyecto’”.

Además, “Sociedad Química y Minera de Chile S.A., SQM, solicitó a nombre propio y para sí, y durante la vigencia del contrato de proyecto, innumerables concesiones mineras situadas dentro de la comuna de San Pedro de Atacama y dentro del Salar de Atacama. Es así como el territorio vecino al perímetro de las pertenencias mineras OMA de propiedad de Corfo, se encuentre en su mayor parte o bajo concesión de exploración o de explotación a favor de SQM”.

En términos simples, esto implica que la compañía se blindó con la ayuda del propio fisco por medio de la entrega de concesiones y derechos en desmedro de Corfo, para que esta última no pueda explotar el salar si se pone término anticipado a los contratos ni cuando se termine el contrato en 2030, tras lo cual nadie tendrá la capacidad de hacerlo, porque no tendrá ni los derechos de agua ni los permisos o concesiones mineras necesarios.

Según conocedores del caso, “lo que ha estado haciendo SQM es generar, con un cordón de pertenencias en el salar, una dificultad mayor y hacer inviable para cualquiera que el 2030 quiera explotar el Salar de Atacama”. Y agregan que esto es “un engaño, es un arrendatario actuando de mala fe, porque estos no son errores: han actuado de mala fe con Corfo, con la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), con Aduanas, con el Servicio de Impuestos Internos y también con sus accionistas minoritarios”.

Otras fuentes consideran que “esto es una muestra clara de la descoordinación entre instituciones estatales, lo que se ha constatado repetidamente. La verdad es que la negligencia estatal es impresionante”. Situación que quedó expuesta recientemente por la comisión investigadora sobre daño ambiental en Salares, Glaciares y Cuencas Hidrográficas, que apuntó a la ineficiencia del Estado y las instituciones competentes a la hora del cuidado de los recursos naturales, especialmente los hídricos.

Las mismas fuentes agregan que “claramente la tesis de Corfo es que esto es ilegal. La lectura es que estos derechos de agua, concesiones y pertenencias mineras deberían haber sido puestos a nombre de Corfo, ya que el contrato SQM se obliga a proteger los recursos porque son del Estado de Chile. Le exige protección de pertenencias, derechos de agua, y no lo han hecho. Se las han apropiado”.

Por eso, lo que persigue esta segunda demanda arbitral –que es independiente de la primera, aunque se espera que se acumulen– es que se restituyan estos derechos mineros y de agua y queden a nombre de Corfo.

SQM también ha sido fuertemente criticada desde el Congreso. La Comisión investigadora del litio dio un firme espaldarazo en noviembre pasado a la decisión de Corfo de terminar los contratos que le han permitido a la minera explotar el Salar de Atacama, señalando –entre otros puntos– que el gobierno corporativo perdió toda calidad ética para ser socio del Estado en el Salar de Atacama.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/01/09/la-silenciosa-movida-de-sqm-para-amarrar-la-explotacion-del-litio-en-el-salar-de-atacama/?php%20bloginfo%28%27url%27%29;%20?%3E/cultura

El Tribunal Ambiental de Santiago, por unanimidad de sus ministros, rechazó la reclamación interpuesta por Compañía Minera Nevada SpA (CMN) en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que no aprobó el Programa de Cumplimiento presentado por Pascua Lama.

“Que, por todo lo señalado en los considerandos precedentes, el Tribunal concluye que la SMA no incurrió en el vicio de desviación de poder y aplicó correctamente el criterio de integridad, razón por la cual las alegaciones de la reclamante se rechazarán”, dice la sentencia redactada por la ministra Ximena Insunza.

El fallo explica que el criterio de integridad exige que el programa de cumplimiento incorpore todas las infracciones contenidas en la formulación de cargos, y que la SMA rechazó dicho programa justamente por no cumplir con el mencionado criterio, ya que no incorporó todas las infracciones detalladas en los cargos.

En definitiva la sentencia destaca que los programas de cumplimientos tienen un objetivo esencial, esto es, la protección del medio ambiente, corrigiendo los incumplimientos normativos y los efectos de estos en forma previa al término del procedimiento sancionatorio.

La resolución reclamada, está asociada a un segundo proceso sancionatorio llevado a cabo por la SMA contra el proyecto minero, a través del cual se le formularon diez cargos asociados a flora y monitoreos sociales y de glaciares, entre otros. Una infracción fue calificada como gravísima, dos tienen carácter de graves, y siete son leves.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-atacama/2017/01/03/tribunal-ambiental-rechaza-reclamacion-de-pascua-lama-en-contra-de-la-sma.shtml