El historiador del paso a Chile Pablo Lacoste advirtió que no se cumplen los protocolos para tránsito de carga peligrosa por la ruta internacional.

El paso a Chile, la ruta internacional que une al océano Atlántico con el Pacífico y la posibilidad de que se pueda transitar mejor o peor, de acuerdo a las circunstancias, es un tema de contante análisis en Mendoza. Al fin y al cabo, somos «el puerto oeste» de la Argentina, aunque «el puerto del este», Buenos Aires, requiera de toda la atención.

En ese contexto, el historiador Pablo Lacoste fue invitado a participar de la «MesaMDZ» (a las 20.15 por por MDZ Radio), en donde muchos de sus conceptos (sobre éste y otros temas) dejaron huella en la audiencia.

Uno de ellos fue su conocimiento del tema del paso internacional, habida cuenta que su primer estudio sobre el particular data de 1996. En diálogo con los periodistas de MDZ sostuvo que «hace ya 20 años se hablaba que iba a producirse una saturación de camiones, autos y turistas». En aquella época, rememoró, «hicimos un estudio que entre muertos y heridos ese tramo entre Mendoza y Las Cuevas nos dejaba 100 víctimas por año». Lacoste comparó: «Hace 20 años pasaban 2 millones de toneladas de mercadería por año y hoy pasan 5 millones».

El historiador se quejó de que «de lo que no se habla es de la carga peligrosa que va por la misma ruta». En ese punto, especificó que «Chile demanda muchísima carga peligrosa para la minería, como el cianuro».

«Imagínense: en San Juan, con la inversión de la Barrick hubo una pérdida de solución cianurada, agua con unas gotitas de cianuro. Imagínense un camión que lleva 30m toneladas de cianuro de máxima pureza. ¿Qué hacemos con el millón de habitantes de Mendoza que se quedaría inmediatamente sin agua?».

Ese argumento, el de los camiones con carga peligrosa, fue el que impidió la minería metalífera en Uspallata, pero Lacoste contrastó que «hay cientos de vehículos con carga peligrosa que van con insumos para la minería, para la agricultura, como fertilizantes, químicos y plaguicidias, cada día».

En ese sentido, sostuvo que «un experto en el tema me explicó que el protocolo para que pase un solo camión con ese tipo de carga peligrosa hay que dejar pasar de a uno por el túnel internacional y cerrar todo el tráfico hasta que pase el camión. Eso no se cumple debido a la saturación. Pasa uno detrás de otro. Es un peligro silencioso», advirtió Lacoste.

«Imaginemos lo que puede ocurrir si choca uno de esos camiones», concluyó.

Fuente:http://www.mdzol.com/nota/721265-los-peligros-del-paso-a-chile-y-el-cianuro-por-la-ruta/

Las razones de la sanción se deben a infracciones vinculadas a daño ambiental irreparable sobre patrimonio arqueológico, mal manejo de residuos y no implementación de medidas de mitigación para fauna silvestre.

SANTIAGO.- La Corte Suprema confirmó la multa cursada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que sancionó en 2015 a la empresa minera Pampa Camarones, titular de los proyectos «Explotación Mina Salamanqueja» y «Planta de Cátodos Pampa Camarones», ubicada en la Región de Arica y Parinacota. En esa oportunidad, la SMA multó con 3.575,9 UTA -equivalentes a $1.989 millones- a la empresa minera, debido a una serie de incumplimientos asociados al resguardo del componente arqueológico; la no implementación de medidas de mitigación y monitoreo respecto a la fauna del sector; mal manejo de residuos peligrosos; entre otros. Estas infracciones se detectaron tras fiscalizaciones realizadas por profesionales de la SMA, el Sernageomin y el Consejo de Monumentos Nacionales.

La sanción del ente fiscalizador fue reclamada ante el Segundo Tribunal Ambiental, el cual rechazó el recurso interpuesto por la empresa y confirmó la resolución de la Superintendencia. Posteriormente, la minera recurrió de casación ante la Corte Suprema. La Tercera Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación en forma y fondo, confirmando así el actuar de la SMA. Al respecto, el superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz, afirmó que «con esta nueva sentencia favorable, esta vez, obtenida en la Corte Suprema, se confirma una vez más el alto nivel técnico y jurídico de las decisiones que hemos tomado a lo largo de estos años».

El contenido del fallo La SMA en su resolución sancionatoria incluyó 12 infracciones a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. Una de ellas generó un daño ambiental irreparable producto de la intervención a monumentos arqueológicos en una extensión de 15 hectáreas y la no recolección de restos líticos, que se encuentran emplazados en el sitio denominado «Salamanqueja 12-13». La acción de la minera causó la pérdida de una importante cantidad de dichos restos líticos, los que se encuentran protegidos por la Ley de Monumentos Nacionales, y corresponden a restos de antiguos asentamientos humanos, pertenecientes al período arcaico-costero, el cual data entre 9000 y 3500 años antes de nuestra era. El actuar de la empresa imposibilitará generar una investigación completa respecto de las condiciones de vida de los habitantes primitivos de ese sector. El Tribunal también consideró que la sanción aplicada por la SMA es proporcional y que la finalidad de la multa es «erigirse como un instrumento eficiente que tienda a disuadir incumplimientos». Asimismo, el fallo advierte que «la capacidad económica de la infractora ha sido suficientemente ponderada a través del examen de la documentación aportado por el titular del plan a solicitud de la SMA, sin que se observe el yerro jurídico denunciado a este respecto, razón que conduce a la conclusión que el recurso de casación en el fondo intentado por la reclamante carece de fundamento y deberá también desestimarse». Ahora la compañía deberá pagar la sanción interpuesta ante la Tesorería General de la República, dentro del plazo que establece la Ley.

Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/03/847728/Corte-Suprema-confirma-multa-cursada-por-la-SMA-a-minera-Pampa-Camarones-por-dano-ambiental.html

Benjamín Miranda 27-02-2017
La diaguita Amalia Robles Alcayaga obtuvo un triunfo frente a la transnacional canadiense que construyó irregularmente parte del camino hacia su mega proyecto minero en terrenos familiares. La Corte Suprema ordenó reabrir el juicio civil en que se busca probar el atropello de Barrick al derecho la propiedad de Robles.
Luego de presentar un recurso de casación que fue acogido por la Corte Suprema el pasado 22 de febrero, Amalia Robles Alcayaga (59) continuará su batalla legal contra la filial chilena de Barrick Gold, la empresa de origen norteamericano que emplazó Pascua Lama en 1997 sobre la Región de Atacama. La disputa entre ambas partes se inició luego de que un camino de entrada al proyecto se construyera sobre los terrenos de la familia Robles sin la autorización de las reparticiones públicas competentes, pasando a llevar un cementerio ancestral indígena, sepultando el canal Gárate que servía como fuente de agua para ellos y violando el derecho constitucional a la propiedad privada.

Tal como reveló The Clinic Online en un reportaje que detalla la extensa contienda, Amalia acudió a la justicia por primera vez el 18 de marzo de 2009, cuando presentó una querella contra la Compañía Minera Nevada S.A, en el Segundo Juzgado de Vallenar por los delitos de daños calificados y usurpación. Desde entonces, fue representada por el abogado Walter González, quien condujo el proceso legal hasta mediados del 2016, cuando se produjo el quiebre entre el jurista y su antigua clienta.

Esto, luego de que de la Corte de Apelaciones de Copiapó dictara el “abandono del procedimiento” el 14 de julio del año pasado, tras seis meses de inactividad judicial. Es decir, congeló la causa en contra de la empresa porque los demandantes no presentaron iniciativas legales durante medio año.

Según Amalia esta situación habría sido producida deliberadamente por su exabogado, a quien demandó ante el Colegio del gremio por no defender sus intereses y dejar de mostrar interés en la causa.

Ahora representada por un nuevo equipo de defensores, liderados por Óscar Briones y Ricardo Venegas, Robles logró probar que no tuvo responsabilidad en la inacción previamente señalada y el máximo tribunal falló en su favor, ordenando que se reabra el caso y continúe la investigación que iniciara ocho años atrás.

Así se corrobora en la sentencia emitida por la Corte Suprema, donde se refiere al abandono de procedimiento como una “errónea aplicación de la ley”, la que “ha tenido influencia substancial en lo dispositivo del fallo, pues en mérito de ella se acogió una incidencia que debió ser desestimada”.

A ojos del tribunal, por lo tanto, “corresponde hacer lugar a la casación en el fondo interpuesta”, invalidando lo ordenado a mediados del año pasado y reemplazando dicha decisión por la recientemente adoptada. Es decir, se reanuda el juicio civil.

BARRICK VA A APRENDER A RESPETARME

La primera acción que tomó Amalia en contra del proyecto de Barrick Gold fue el lunes 18 de agosto del año 2008, cuando aun faltaba poco más de un año para que se decidiera a llevar el caso ante la justicia.

Según consignó a este medio, aquel día cerró el camino que permite el acceso a Pascua Lama, cansada de advertirles a las autoridades regionales que Barrick Gold Corporation había construido hace más de una década, sin permiso alguno, una ruta sobre sus terrenos.

Además, Amalia había presenciado la destrucción del cementerio ancestral de su comunidad diaguita en los cerros de la provincia del Huasco y había observado cómo la poderosa empresa dejó bajo tierra el canal de regadío que permitía a su familia realizar cultivos.

Ese día se prometió que no iba a permitir más abusos. Cuando los funcionarios de Barrick intentaron transitar por la carretera, no la tuvieron fácil. Se encontraron con una barricada de piedras que Amalia y su familia montaron sobre la vía.

Durante una semana Amalia custodió la trinchera, volvió a ser dueña de sus tierras y frenó los camiones de la empresa.

Pero su porfía chocó de frente con la decisión de las autoridades de Atacama que buscaban despejarle el camino a Barrick.

-Llegaron los carabineros y nos llevaron a Alto del Carmen. Después de un rato nos devolvieron al lugar, cuando la caravana de camiones ya había pasado… Barrick es la reina de la Región- resume Amalia.

Desde aquél aquel lejano día en que se tomó la vía, Robles no ha desistido en su batalla contra la empresa. Tampoco ha cambiado su impresión acerca de la firma, a quien ha acusado insistentemente de no mostrar un interés real por solucionar el problema o reparar el daño causado. “Sigo en esto porque, aunque no lo crea, Barrick va a aprender a respetarme”, asegura. Hoy agrega que ha vuelto “a creer en la justicia en este país”.

Por su parte la poderosa empresa indicó que se ha buscado un pago justo a los Robles Alcayaga alcanza, el que alcanzaría “un máximo de $200 millones por permisos de servidumbre”.

Al ser consultados nuevamente por este medio, desde Barrick aseguraron que la última sentencia de la Corte Suprema “no implica un pronunciamiento de la causa, solo que se seguirá investigando”.

Juan Pablo Figueroa
27-02-2017
Cuando el entonces presidente Sebastián Piñera negoció en agosto de 2010 la bajada de la Central Termoeléctrica Barrancones, su familia era una de los principales accionistas de un negocio que pretendía instalarse en el mismo sector: Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga. Esta es la historia hasta ahora inédita de cómo la carta fuerte de Chile Vamos para las próximas elecciones presidenciales y su familia ingresaron al proyecto Dominga cuando recién se empezaba a gestar en 2009, de cómo siguieron ahí cuando él ya estaba en La Moneda y de cómo se retiraron en diciembre de 2010, tres meses y medio después de bajar Barrancones, en una operación por más de 6.765 millones de pesos.

Sebastián Piñera llevaba apenas seis meses como Presidente de Chile cuando el 26 de agosto de 2010 anunció que la Central Termoeléctrica Barrancones ya no iba más. Aunque sólo dos días antes la Corema de Coquimbo había aprobado el millonario proyecto energético que la empresa franco-belga Suez Energy (actualmente Engie) pretendía construir y operar en la costa de la IV Región, él, con sólo una llamada telefónica desde La Moneda, pactó con los representantes de la firma su retirada y la búsqueda de una nueva locación para reinstalarse.

Con eso Piñera pasó por alto toda la institucionalidad medioambiental vigente del país. Fue criticado, pero la jugada resultó como la planeó: eliminó de raíz una fuerte amenaza para los habitantes de la comuna de La Higuera y los ecosistemas de dos zonas bajo protección ecológica, la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

“Hemos enfrentado el tema de la central con responsabilidad, sabiduría y respetando nuestro estado de derecho (…) Puedo decir a todos los amantes de la naturaleza que, como Presidente, me siento feliz de poder preservar un santuario de la naturaleza que he podido disfrutar con mis propios ojos”, dijo ese día el entonces Mandatario.

Lo que no mencionó Piñera en esa oportunidad -ni en ninguna otra- es que él, sus cuatro hijos, dos de sus ejecutivos de mayor confianza y un amigo cercano, tenían profundos intereses comerciales en la zona donde se instalaría la termoeléctrica. Todos formaban parte de un proyecto que se venía gestando desde hacía más de un año, que por esos días agarraba fuerza y que sólo unos meses después empezaría a tramitarse en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).

Cuando el Presidente bajó Barrancones, su familia era uno de los principales accionistas de Minera Andes Iron, la sociedad matriz de Minera Dominga.

Nada de ello aparecía en sus declaraciones de patrimonio e intereses (descarga aquí su declaración de patrimonio en PDF).

Radio Bío Bío rastreó publicaciones en el Diario Oficial y distintos documentos en notarías y el Archivo Judicial que dan cuenta de que en la génesis del proyecto minero y portuario Dominga, Sebastián Piñera fue clave: no sólo tenía inversiones allí; él y su familia eran los socios mayoritarios.

La participación de los Piñera Morel era indirecta en una estructura de propiedad en forma de cascada. El vehículo que utilizaron fue el mismo que usaban en esos años para invertir en el extranjero: Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP), un fondo de inversión privado gestionado por Administradora Bancorp S.A., una de las empresas del Grupo Bancard, el family office del expresidente.

Fue a través de ese FIP que, al menos desde abril de 2009, tenían la posición predominante en Minería Activa Uno SpA, sociedad que cuando se creó Minera Andes Iron, se adjudicó el 99,9% de la propiedad.

Desde Administradora Bancorp señalaron a Radio Bío Bío que dicho negocio se realizó como parte “de sus inversiones en capital de riesgo” y estuvo “orientado a promover la inversión y desarrollar una industria relevante para nuestro país”. Además, aseguraron que “Sebastián Piñera Echenique no participa ni ha participado nunca en la administración de Administradora Bancorp S.A. y, por tanto, no participó en la decisión de inversión en Minería Activo Uno SpA”.

De acuerdo a registros que revisó este medio, aunque no estaba en la administración, Sebastián Piñera sí participaba en la propiedad del FIP y la sociedad que lo gestionaba a través de Inversiones Odisea (bajar a recuadro 1). Y si bien no tenía poderes de gestión sobre Administradora Bancorp, éstos seguían en su núcleo íntimo: su hermana María Teresa y su hijo Juan Sebastián, su amigo y socio José Cox y cuatro de sus ejecutivos más cercanos, Ana María Délano, Nicolás Noguera, Santiago Valdés y José Ignacio Bravo.

Como gerente general de Bancard y hombre fuerte en los negocios del entonces Presidente, Nicolás Noguera era quien representaba al FIP en sus inversiones. Y él también invertía por su cuenta en Minería Activa Uno SpA. Lo hacía a través de Asesorías e Inversiones Larraín y Noguera, más conocida como Átomo Ltda., una sociedad que compartía en partes iguales con Juan de Dios Larraín, hijo del senador y ex presidente de la UDI, Hernán Larraín.

Otro ejecutivo cercano a Piñera que invertía por cuenta propia en Minería Activa Uno SpA y tenía poderes de administración sobre el FIP, fue su exadministrador electoral y exgerente de administración de Bancard, Santiago Valdés. El participaba con su sociedad Inversiones Calatrava. Hoy Valdés está formalizado en el Caso SQM por haber emitido 16 facturas de Bancorp a la minera no metálica controlada por Julio Ponce, por asesorías sin respaldo que suman un total de $340 millones.

Aunque inicialmente había más de 30 socios tras Dominga, siempre se presentó como la incursión minera de Carlos Alberto Délano, controlador del Grupo Penta, amigo cercano y socio histórico de Piñera y parte de su grupo informal de asesores cuando era Presidente, el llamado “tercer piso” (bajar a recuadro 2). Por esto cuando se detectaron pagos irregulares del holding que Délano controlaba junto a Carlos Eugenio Lavín por $42 millones al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el Ministerio Público los interpretó como un soborno para eventualmente favorecer la tramitación de Minera Dominga. Los tres serán reformalizados el próximo 1 de marzo por el posible cohecho y por una serie de delitos tributarios en el marco del Caso Penta.

Los documentos que recopiló Radio Bío Bío revelan que al principio la participación de Délano en el proyecto Dominga era menor que la de la familia Piñera, y que entre ambos concentraban cerca del 55% de las acciones de Minería Activa Uno SpA. También dan cuenta del millonario negocio que había detrás.

La que sigue es la historia hasta ahora inédita de cómo la carta fuerte de Chile Vamos para las próximas elecciones presidenciales y su familia ingresaron con su FIP al proyecto Dominga cuando ya había anunciado su candidatura en 2009, de cómo siguieron ahí cuando él ya estaba en La Moneda y de cómo se retiraron en diciembre de 2010, tres meses y medio después de bajar Barrancones, en una operación por más de $6.765 millones.

La semilla de Dominga
Las primeras huellas que unen a Piñera con Dominga aparecen en abril de 2009. Por entonces, el empresario dejaba parte de sus negocios en manos de cuatro administradoras de fondos que los gestionarían discrecionalmente, con la única condición de no informarle nada al respecto. Eran sus denominados fideicomisos ciegos. Todas las inversiones en el Mercado de Valores nacional que tenía a través de Inversiones Santa Cecilia S.A. y Bancard Inversiones Ltda. quedaban sujetas a ese régimen. No así sus otros negocios, entre los que estaba el FIP Mediterráneo.

Las cuatro firmas seleccionadas por Piñera para gestionar sus fideicomisos fueron Moneda, Celfin (hoy BTG Pactual), BICE y LarrainVial. Al menos tres han estado fuertemente ligadas con él y sus negocios.

Moneda, por ejemplo, cuenta entre sus principales socios a Juan Luis Rivera, ex hombre fuerte de Piñera y antecesor de Noguera en la gerencia general de Bancard. Bajo su administración, la cartera de inversiones del family office del exmandatario se quintuplicó, pasando de US$ 250 millones a unos US$ 1.300 millones. Celfin era la empresa que fundó y por entonces controlaba Jorge Errázuriz, un viejo amigo de Piñera y hermano de uno de sus abogados. LarrainVial en tanto, ha sido uno de los operadores históricos de Bancard en la Bolsa. De hecho, dos de sus principales ejecutivos defendieron a Piñera en el proceso que derivó en una multa en su contra por no abstenerse en 2006 de comprar acciones de LAN cuando era director de esa compañía y tenía acceso a información que no estaba abierta al mercado.

LarrainVial fue también la firma que puso la primera piedra de lo que después sería el proyecto Dominga.
Sólo unos meses antes de firmar los fideicomisos, en enero de 2009, LarrainVial creó junto a una sociedad del geólogo Iván Garrido, el ingeniero en minas Félix Susaeta y la familia Laso Bambach, un private equity llamado Minería Activa S.A., con un capital de $60 millones.

Su objetivo: administrar recursos de terceros para invertir en el sector minero. En marzo, la sociedad creó una filial: Minería Activa Uno SpA. Fue ahí que, seis días después de firmar los fideicomisos, el FIP de la familia Piñera y sus colaboradores se embarcaron en el proyecto.

De eso da cuenta el primer pacto de accionistas de la sociedad (ver documento en PDF), donde figuran 31 socios distintos. Con el 33,4% de las acciones, el FIP Mediterráneo -representado por Nicolás Noguera- quedaba al tope de la lista de mayores accionistas, seguido por Inmobiliaria Duero Ltda., de Carlos Alberto Délano y su familia, con el 22,8% de los títulos.

Pasó un año. Piñera ganó las elecciones presidenciales de 2009 y el 11 de marzo de 2010 asumió el cargo. Cuatro días después, Minería Activa S.A. (0,0001%) y Minería Activa Uno SpA (99,9%) crearon la Minera Andes Iron Ltda., con un capital inicial de $576 millones compuesto es su mayor parte por concesiones mineras. Empezaba a tomar forma Minera Dominga y lo que más adelante se convertiría en una nueva amenaza ecológica para los santuarios naturales y los ecosistemas marinos y terrestres de La Higuera.

Salvo los montos involucrados, poco había cambiado a junio de ese año (ver documento en PDF). La estructura de propiedad de Minería Activa Uno SpA, y por ende, de Minera Andes Iron, seguía Igual: los Piñera Morel a la cabeza, seguidos por Délano y éste por la familia Larraín Cruzat (uno de los dueños de LarrainVial).

Allí estaba el 70% de un capital que ya se alzaba por sobre los $8.786 millones. Poco después empezarían a preparar el terreno para desarrollar el proyecto, aunque todos esos movimientos pasarían desapercibidos: por esos días toda la atención estaba puesta sobre la Central Termoeléctrica Barrancones.

Barrancones, la amenaza
Felipe Camiroaga aún estaba vivo y conducía el matinal de TVN. Era el 25 de agosto de 2010, un día después de que Suez Energy obtuviera la autorización para construir en La Higuera su proyecto energético alimentado por carbón. En una entrevista en vivo con Rodrigo Hinzpeter, por entonces ministro del Interior, le dijo: “Quiero pedirle a título personal, pero sé que represento a la gran mayoría de los chilenos, que por favor el Presidente, el gobierno y su equipo se opongan con toda la fuerza que sea necesaria a esta termoeléctrica que quieren poner en un santuario maravilloso mundial”.

Camiroaga se refería a Barrancones.
El proyecto había desencadenado una fuerte oposición ciudadana en todo el país por el impacto ambiental que tendría sobre la zona costera de Punta de Choros y sus islas colindantes (Choros, Damas y Chañaral), todos parte de uno de los 36 sitios de prioridad internacional para la conservación de la biodiversidad biológica.

Allí, a sólo 25 kilómetros de donde se instalaría la termoeléctrica, están la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, zonas protegidas donde habita el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt en un ecosistema que comparte con colonias de delfines, lobos marinos y chungungos, además de distintas especies de plantas, peces, aves y mamíferos marinos.

Mientras eso sucedía, las gestiones para darle forma a Minera Dominga prosperaban. A comienzos de ese mes, Minería Activa Uno SpA -aún con el FIP de la familia Piñera como socio mayoritario- adquirió siete concesiones mineras en la comuna de La Higuera por US$ 300.000. Tres semanas después, al día siguiente del llamado de Camiroaga, todas esas concesiones fueron vendidas a Minera Andes Iron en $104 millones. Fue esa misma jornada que el Presidente comunicó que Barrancones no iba más.

Es difícil determinar si la paralización de Barrancones terminó allanando el terreno para el proyecto minero y portuario de Andes Iron. Consultado por Radio Bío Bío, el exseremi de Medioambiente de Coquimbo durante el gobierno de Piñera, Cristian Felmer, señaló que se trataba de proyectos de distinta naturaleza, que se tramitaron bajo leyes distintas y que si bien tendrían efectos sobre la misma zona geográfica, no eran necesariamente excluyentes.

“Para ver si el impacto sumado de ambos proyectos sobrepasaba la norma, habría que medirlo en forma sinérgica. Y eso es especular. Sería irresponsable afirmarlo o descartarlo. Lo real es que cuando ingresó Dominga al SEA, Barrancones ya no existía hacía tiempo”, señaló Felmer.

No está claro si la decisión de Piñera de parar Barrancones benefició a Dominga. Pero sí llama la atención que el ex Mandatario nunca haya transparentado que al tomar la decisión, su familia tenía profundos intereses comerciales en la misma zona donde se instalaría la termoeléctrica, en un proyecto que ya estaba casi listo para ingresar al SEA y que también tendría un alto impacto ambiental en los ecosistemas protegidos cercanos a Punta de Choros. El mismo que sólo unos meses después dejarían en medio de una multimillonaria transacción.

Una salida millonaria
El 12 de agosto de 2010, sólo días antes de que Barrancones desapareciera del mapa, aterrizó en Chile una sociedad de la familia Délano constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas: Andes Iron Ltd. Su llegada cambió el mapa de propiedad de Dominga. Con un aporte de $5.500 millones, esa sociedad se hizo del control de Minera Andes Iron, adjudicándose el 90,5% de la propiedad. El 9,5% restante seguía en manos de Minería Activa Uno SpA, donde el FIP de los Piñera Morel mantenía su posición dominante.

El proyecto Dominga todavía estaba en su etapa inicial. En el futuro, sus gestores pretendían instalar y explotar en la comuna de La Higuera dos minas de hierro a rajo abierto que además produjeran cobre como subproducto, con sus respectivas plantas de procesos y depósitos de lastre y relaves. A eso sumarían ductos que irían desde la faena hasta la costa para transportar agua y mineral en ambas direcciones y un gran puerto ubicado en el pequeño pueblo de Totoralillo Norte, apenas un kilómetro y medio de donde se iba a instalar la termoeléctrica.

Allí calarían las naves en las que se embarcarían las cerca de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre que produciría anualmente la mina. Todo eso implicaría una inversión por unos US$2.500 millones por un período de, a lo menos, 22 años.

Para concretar esos planes aún faltaba un paso previo: la exploración y prospección en las cerca de 60 concesiones mineras que ya a fines de 2010 poseía Minera Andes Iron. La idea era que cuando se diera el vamos a esa etapa, Minera Activa Uno SpA ya no estuviera vinculada al proyecto.

En su junta de accionistas del 1 de diciembre de 2010 (ver documento en PDF), Minería Activa Uno SpA ya daba cuenta de que la venta de su participación en la matriz de Minera Dominga era inminente. Fue ahí que se determinó que el 9,46% de los ingresos provenientes de esa operación se repartirían entre los titulares de las acciones serie C. Un tercio de esa clase de títulos estaba en manos del FIP Mediterráneo, es decir, de la familia Piñera Morel.

Sólo unos días después se concretó la venta (ver escritura en PDF). El comprador: el FIP Rucapangui, un fondo de inversión creado sólo un mes antes y controlado por la familia Délano Méndez. Pagó más de $6.675 millones por el 9,5% de la propiedad de Minera Andes Iron.

Como el FIP Mediterráneo poseía un tercio de las acciones de Minería Activa Uno Spa, su parte luego de esa operación debió haber sido millonaria. Sólo sus más de 996 millones de acciones de clase C le daban derecho a unos $213 millones. Radio Bío Bío consultó a Administradora Bancorp S.A. por los ingresos que obtuvo en esa oportunidad el FIP de la familia Piñera Morel, sin embargo no obtuvimos respuesta.

Tampoco quiso dar respuestas el expresidente Piñera, quien declinó dar una entrevista por este tema a través de su encargada de prensa.

Quedaron sólo dos socios a cargo de Dominga, ambos vinculados a la familia de Carlos Alberto Délano: Andes Iron Ltd., basada en las Islas Vírgenes Británicas, y el FIP Rucapangui. Fueron ellos quienes ingresaron en febrero de 2011 al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) el proyecto de exploración y prospección, que en sólo cinco meses fue aprobado (ver registro en el SEA). Serían 300 sondajes en tres años, a un costo de US$ 30 millones. Dominga ya entraba en tierra derecha.

No todos los colaboradores de Piñera se bajaron del proyecto con la millonaria venta al FIP Rucapangui. A fines de 2011, la matriz del proyecto se transformó en una sociedad por acciones dominada por los Délano Méndez (84,8%), pero donde también eran socios la familia del empresario y director de Consorcio y Embotelladora Andina, José Antonio Garcés Silva (15%), y Átomo Ltda., la sociedad del gerente general de Bancard, Nicolás Noguera (0,2%).

Aunque la inversión de este último era minoritaria, equivalía a unos $31,3 millones, monto que iría aumentando con el tiempo.

La etapa de exploración y prospección se desarrolló sin problemas bajo el gobierno de Sebastián Piñera, al tiempo que Andes Iron SpA -nombre que adoptó la matriz de Dominga tras su última transformación- abultaba su capital. Para septiembre de 2013, cuando ingresaron al SEA su proyecto minero y portuario, el monto ya se alzaba por sobre los $63.803 millones. Sin aumentar el porcentaje de su participación, lo invertido por Noguera se había cuadruplicado.

Fue recién entonces que Dominga se convirtió en una amenaza real y las localidades de La Higuera y organizaciones ambientalistas encendieron sus alarmas, y con razón. En su estudio de impacto ambiental, Andes Iron omitió información clave para medir el real impacto en la zona, sobre todo respecto a los efectos que tendría el tráfico marítimo y la actividad portuaria en los ecosistemas protegidos.

Tampoco presentó planes claros de mitigación ni consideró cómo su impacto se sumaba al de otro megaproyecto minero y portuario que se tramitaba en el sector -y que ya fue aprobado-: Puerto Cruz Grande, a cargo de la Compañía Minera del Pacífico (CAP). De eso dan cuentan los duros informes que emitieron Conaf, el Servicio Nacional de Pesca y la seremi de Medioambiente de Coquimbo.

“Los proyectos deben tener una línea base, que es la información que se levanta para conocer el impacto que tendrán sobre una determinada zona y poder mitigar, compensar y reparar. Pero Dominga no tiene línea base: luego de más de tres años de tramitación, aún no se sabe el real impacto que va a tener esta minera sobre el medioambiente, y eso es lo que tiene que buscar el SEA hoy en día”, acusa la directora ejecutiva de la ONG Oceana Chile, Liesbeth Van der Meer, en conversación con Radio Bío Bío.

Dominga sigue en tramitación. Ya tres veces el SEA ha solicitado que Andes Iron aclare las dudas respecto a su real impacto y en las tres oportunidades la respuesta ha sido insatisfactoria. De hecho, recién en la tercera Adenda, entregada en octubre de 2016, los gestores del proyecto reconocieron que su impacto sobre las zonas marinas será mayor al presupuestado y se abrió una etapa de participación ciudadana que acabó en enero de este año, con una cuarta solicitud de información, el ICSARA Nº 4. La respuesta llegó el pasado 10 de febrero.

Desde la ONG Oceana Chile denuncian supuestas ilegalidades por parte del SEA en el proceso: haber extendido la tramitación más de lo que permitiría el reglamento, eliminar en el último ICSARA las observaciones de Conaf por considerar que no tiene atribuciones -algo que desde la misma institución reclamaron formalmente (ver documento en PDF)- y haber solicitado una nueva línea base a Andes Iron. Es por ello que solicitaron al SEA de Coquimbo invalidar esa cuarta oportunidad para que Andes Iron aclare las dudas que aún persisten (ver solicitud en PDF).

Aunque después de que estallara el Caso Penta la familia Délano Méndez anunció que intentaría vender su participación en Dominga, el proyecto sigue bajo su control. Ya no a través del FIP Rucapangui, que se disolvió en marzo de 2014, sino a través de dos sociedades de inversiones que poseen el 75% de sus acciones. Según el sitio web de Andes Iron, sigue con ellos la familia Garcés Silva (14%) y algunos ejecutivos de la firma (11%). Nicolás Noguera se mantuvo en el negocio al menos hasta fines de 2014. Su inversión en la sociedad superaba los $177 millones.

http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/02/27/los-desconocidos-intereses-de-la-familia-pinera-en-minera-dominga.shtml

27-02-2017
Así lo reveló un sondeo realizado por el Consejo Minero a más de 200 personas relacionadas al rubro.
(El Mercurio) La productividad ha estado en el centro del conflicto de Minera Escondida. La empresa dice que la productividad debe aumentar y el sindicato movilizado responde que ellos ya son los más productivos de la industria y se les debe remunerar por ello. Pues bien, este debate no solo se da en Escondida, operada por la angloaustraliana BHP Billiton, sino que cruza toda la gran minería.

Así lo reveló un sondeo realizado por el Consejo Minero a más de 200 personas relacionadas al rubro el pasado 10 de enero, en el marco del seminario “Turbulencias políticas, sociales y económicas. A qué nos enfrentamos”, organizado por este gremio e Icare. Los consultados definieron los principales desafíos que enfrenta esta industria, y en el primer lugar empatan tres: la productividad, la escasez de agua y la relación de las mineras con su entorno.

Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero, señala que el desafío es elevar la productividad laboral, del capital y de los recursos geológicos. Y si bien hay acciones que pueden hacer las propias compañías, “para implementar estas mejoras tienen que sortear la rigidez de las normas laborales o de sus resoluciones de calificación ambiental”. También, sostiene, hay otras medidas que requieren “mejorar la calificación del capital humano a todo nivel, desde los ejecutivos a los operadores, pasando por los supervisores”.

En relación al agua, este tema surge por la sequía que afecta a algunas zonas del país, la mayor exigencia de usar agua desalada en la actividad minera y también por el debate relativo a la reforma al Código de Agua, señala el Consejo Minero.

Respecto a los vínculos con el entorno, Carlos Urenda sostiene que la industria minera chilena trabaja para que la actividad sea “cada vez más virtuosa, inclusiva y sustentable”. Más allá de las palabras bonitas, esto implica varias cosas concretas, detalla Urenda, como: reconocer los impactos positivos y negativos de una faena o actividad minera, gestionarlos y ser transparentes en este proceso; profesionalizar las relaciones comunitarias y gestar alianzas territoriales.

http://www.mch.cl/2017/02/27/productividad-escasez-agua-relacion-entorno-los-problemas-mas-importantes-la-gran-mineria/

20-02-2017
Minería Chilena
Acción de la minera responde a la no aprobación de su solicitud para actualizar el plan maestro de esta operación por parte del Sernageomin.
La compañía minera Anglo American decidió suspender temporalmente las operaciones de su mina El Soldado debido a que no recibió la aprobación, por parte del Sernageomin, de su solicitud para actualizar el Plan de Mina de esta operación.
Mediante una declaración pública, la empresa detalló que “ha decidido suspender temporalmente y en forma inmediata las operaciones de la mina, mientras analiza en detalle el informe emitido por el organismo y decide las próximas acciones respecto del futuro de dicha operación, incluyendo la apelación a la resolución y/o la presentación de un nuevo plan minero a la consideración del Sernageomin”.

La empresa minera manifestó su “absoluta confianza en la calidad técnica del proyecto presentado, especialmente en los aspectos de seguridad, y manifiesta su disposición a continuar trabajando con Sernageomin, para alcanzar una solución que responda a la expectativa de la autoridad y sea viable para El Soldado”.

Anglo American suspende temporalmente operaciones en mina El Soldado

Proyecto Dominga apura el tranco y responde a cuarta tanda de preguntas
Publicado el 16 de febrero del 2017
Desde Oceana criticaron a la autoridad por dar espacio a nuevas aclaraciones, aunque la legislación lo permitiría.
(Diario Financiero) Andes Iron, minera controlada por la familia Délano, tenía un plazo de 45 días hábiles para dar respuesta a las dudas planteadas por las autoridades ambientales sobre Dominga, proyecto de hierro que pretenden desarrollar en la Región de Coquimbo. Pese a que había tiempo decidieron reaccionar con rapidez y el viernes -en la mitad del plazo- entregaron la denominada Adenda.

Este es el cuarto documento elaborado por la compañía para aclarar las interrogantes planteadas por diversos servicios públicos, en el marco de la tramitación ambiental de la iniciativa en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En la Adenda, que tiene una extensión de 82 páginas, la firma acoge las recomendaciones de la autoridad, muchas de ellas referentes a la realización de monitoreos de especies animales como el pingüino de Humboldt.

También la autoridad solicitaba mayores antecedentes sobre el resguardo del medio marino mediante barreras o el número de viajes máximos de concentrados al puerto, todo también aceptado por la compañía.

Una vez recepcionadas las precisiones, los servicios con competencia ambiental deberán pronunciarse si aceptan las propuestas hechas por la empresa o no. Hasta ayer, por ejemplo, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Coquimbo comunicó su pronunciamiento conforme respecto al proyecto Dominga.

La iniciativa de hierro pretende ubicarse en la comuna de La Higuera y contempla una inversión superior a los US$ 2.000 millones.

Es por eso que, en paralelo, la compañía buscaba alternativas de financiamiento en caso de ser aprobados los permisos ambientales para ejecutar el proyecto.

El mes pasado, cuando se conoció que la autoridad presentaba por cuarta vez interrogantes sobre la iniciativa -en un documento denominado ICSARA- la compañía comentaba que esperaban que esto no modificara sus planes.

“En nuestra opinión, el ICSARA fortalece el proceso institucional y robustece nuestro Estudio de Impacto Ambiental (EIA)”, declararon en su minuto.

Según comentó el presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, a medios locales, esperaban concretar el financiamiento para desarrollar la mina durante el primer trimestre de este año.

Asimismo, tampoco se alterarían las estimaciones de la empresa de comenzar las obras tempranas de la iniciativa en agosto de este año, de ser aprobado ambientalmente.

Las objeciones de Oceana

La organización de conservación marina, Oceana, criticó que la evaluación ambiental haya considerado una cuarta instancia de consultas y aclaraciones.

“En los procedimientos de evaluación ambiental actuales, no se encuentra contemplada una Adenda 4, de modo que si no se logra ajustar un proyecto previamente, este debe ser rechazado”, opinó la directora ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth van der Meer.

Añadieron que “en el caso de Dominga, las observaciones de los servicios públicos han sido contundentes y muchas de las preguntas todavía no han sido respondidas por el titular. A pesar de eso, el SEA abre un nuevo ICSARA, omitiendo gran parte de estas preguntas”.

Para el abogado de Jara Del Favero, Rodrigo Benítez, “no existe ningún problema legal en emitir un cuarto ICSARA ya que el proyecto se evalúa de acuerdo al reglamento antiguo porque ingresó al SEIA en septiembre de 2013”.

“Por ello, existiendo aún plazo para evaluar el SEA ha actuado dentro de sus atribuciones”, agrega el también ex subsecretario de Medio Ambiente.
http://www.mch.cl/2017/02/16/proyecto-dominga-apura-el-tranco-y-responde-a-cuarta-tanda-de-preguntas/

…Tras nuevos episodios de contaminación
Los alegatos se efectuarán el próximo miércoles 15 de febrero
Una intensa tramitación ha tenido un nuevo recurso de protección interpuesto por comunidades del Valle del Huasco, del cual forman parte más de 60 habitantes de la cuenca del Río Huasco que llevan más de 15 años resistiéndose al proyecto Pascua Lama y sus funestos impactos alegando su inviabilidad, así como dos comunidades diaguitas, que cabe esclarecer no han trabajado con Lorenzo Soto ni  firmaron el tan cuestionado Memorándum de entendimiento Diaguita Barrick.

Dicho recurso se interpuso el 15 de Septiembre del año 2016, con posterioridad a conocer un Informe de la Junta de Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes, que daba cuenta de nuevas contaminaciones a las aguas tras las avalanchas ocurridas en junio y que eran realmente gravísimas, lo que les dio la convicción para recurrir con toda responsabilidad a esta instancia cautelar.

En el Recurso se denuncian una serie de acciones e ilegalidades cometidas por parte de la empresa una vez ocurridas las avalanchas y que se destruyó la Planta de Tratamiento de Aguas de contacto, así como de contaminaciones en el Patio de Residuos Peligrosos y Patio de Combustibles y la amenaza de una afectación nuclear tras la afectación de dos densímetros nucleares en las faenas. Disciernen también las comunidades con una serie de pruebas la imposibilidad que finalmente tiene el proyecto de tratar las aguas de contacto (contaminadas) y por tanto de no contaminar finalmente este vital elemento, demostrándose con ello la inviabilidad del proyecto así como nuevos incumplimientos a la RCA que quedaron a la luz. Todo ello, empalmándose con responsabilidades de organismos del Estado. En este caso la Superintendencia del Medio Ambiente por no cumplir con su misión de resguardar el medio ambiente y la salud de las personas, ya que tras el inicio de su primer proceso sancionatorio en el año 2013 al proyecto, no ha sido capaz de resguardar de contaminación y riesgo a la salud de la población del Valle del Huasco; y la Comisión de Evaluación de Atacama, la cual presidida por el Intendente de la Región de Atacama, Miguel Vargas y el Director del Sea Atacama, Marcos Cabello, aprobó la modificación de la Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto Pascua Lama por medio de la Resolución N° 094 la cual ha elevado los parámetros de metales pesados y químicos autorizados en el agua, legalizando la contaminación de Pascua Lama y permitiendo que los episodios de contaminación queden ocultos. Por medio del recurso las comunidades han comprobado cómo es que efectivamente este cambio realizado sirvió para esconder la contaminación provocada tras la destrucción de la Planta de Tratamiento, ya que tanto los organismos públicos como Barrick declararon que no hubo contaminación porque no se superaba la nueva línea de base de calidad de las aguas.

En definitiva, el recurso exige la revocación de la RCA del proyecto Pascua Lama, ya que el valle y sus habitantes están en riesgo por contaminación permanente, ahora tras el episodio de la destrucción de la planta de tratamiento pero sobre todo porque está comprobado que el sistema de manejo de aguas y su Planta de Tratamiento son incapaces de tratar las aguas contaminadas por el proyecto. A la par se piden una serie de medidas cautelares y dejar sin efecto la nombrada resolución N°094 de la Comisión de Evaluación de Atacama por ser ilegal y arbitraria, así como estar llena de ilegalidades de fondo y forma, una de ellas es no haber respetado la consulta indígena y por tanto el Convenio 169 de la OIT.

La tramitación de este recurso ha sido intensa y en las discusiones procesales relativas a su admisibilidad incluso se ha llegado a la Corte Suprema, quien ha decidido que el recurso cumple con todos los requisitos legales para que sea tramitado conforme a la ley.  Actualmente se tramita ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta pues la Corte de Copiapó se declaró incompetente para conocerlo. Es así, como desde el 2 de diciembre prospera este recurso de protección en la segunda región del país (Rol 4147-2016), del cual de manera sorpresiva hace una semana la corte decidió ponerlo en tabla a pesar de que faltan oficios; es así como los alegatos se efectuaran sin falta este próximo miércoles 15 de febrero.

Por su parte, las comunidades al ser consultadas por dicho recurso y con miras al alegato han declarado estar tranquilas ya que están muy seguras de los argumentos que sostienen y de las pruebas que los afirman, incluso muchas entregadas por las propias partes recurridas, “sabemos que tanto la empresa como el estado han violado nuevamente nuestros derechos fundamentales, y esperamos que la Corte pueda resguardarlos y hacer su trabajo cautelar y preventorio ya que estamos en el mismo punto de riesgo a la salud que estuvimos en el año 2013, lo cual demuestra que estamos en estado de permanente contaminación por culpa de este proyecto, sobre todo si se recuerda que en 2014 y 2015 también contaminó, así como lo lleva haciendo desde que comenzó a intervenir la zona. Además efectivamente se han cometido irregularidades con los densímetros nucleares así como graves contaminaciones con sustancia peligrosas, aceites y combustibles, y cómo si fuera poco está comprobado que el sistema de manejo de aguas no logra limpiar las aguas y no lo hará porque como hemos dicho incansablemente este proyecto es inviable, no pueden manejar el complejo sistema hídrico en esas alturas y con ecosistema glaciar. Ya basta de que los servicios le sigan dando chance a esta empresa dolosa y gravosamente infractora, basta de que nos sigan contaminando y que mas encima ahora lo hagan con permiso tras ser legalizada su contaminación por el Gobierno criminal”.

Y agregan; “Nosotros ya sentimos una gran victoria con respecto de este recurso, ya que por medio de su interposición, nos ha permitido acceder a una gran cantidad de información y documentos oficiales a la cual de otra manera no hubiésemos logrado adquirir. Hemos podido comprobar como las diversas instancias de gobierno nos han mentido y sabemos que no podemos confiar en las informaciones que nos presentan cada vez que se producen las contaminaciones… Es lamentable que tengamos que recurrir al poder judicial para lograr esta información y pedir el resguardo de nuestros derechos humanos, pero sin duda que gracias a este proceso hemos logrado valiosa información que lo único que hace es confirmar vulneraciones permanentes por culpa de este proyecto minero así como nuevos  incumplimientos u al menos nuevas irregularidades; todo lo que nos permite seguir apuntando hacia la exigencia imperativa del cierre definitivo de este proyecto y la Revocación de su Permiso Ambiental en pos del resguardo de la vida del Valle del Huasco y su población, lo cual seguiremos exigiendo pase lo que pase con este recurso”.

“Como comunidad nos parece importante recurrir a las acciones de protección de derechos humanos, porque lejos de lo que dice la empresa o el gobierno, la actual existencia de jurisdicción especializada en el ámbito ambiental, no excluye la importancia del recurso de protección para obtener una cautela rápida a los derechos humanos que han sido violados. Porque el proyecto Pascua Lama incumple normativa ambiental, contamina nuestras aguas, destruye nuestras comunidades y todo ello comprende violaciones de derechos humanos que como comunidades cada vez estamos más preparadas para denunciar”.

Por último llaman a todos quienes quieran acompañarlos en este importante momento así como en los alegatos, a juntarse a las afuera de la Corte de Apelaciones de Antofagasta el día miércoles 15 de Febrero a las 8:00 de la mañana. Ver evento en facebook: https://www.facebook.com/events/226999787763749/

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