Comunidades del Valle del Huasco presentan recurso ante la Corte Suprema luego del fallo a favor de Pascua Lama que emitió el tribunal de Antofagasta. Según Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, este caso demuestra una confluencia de voluntades dentro del Estado para liberar las restricciones que el proyecto tiene para continuar.
El martes pasado las comunidades del Valle del Huasco apelaron ante el máximo tribunal chileno, luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazara un recurso de protección que solicitaba una medida cautelar para resguardar los derechos de los habitantes del lugar, que han sido vulnerados por el impacto ambiental causado por Pascua Lama.

En la actualidad, la minera se encuentra cerrada temporalmente desde el 2013 por una orden de la Superintendencia de Medioambiente, ratificada por la Corte de Copiapó. Sin embargo, las localidades cercanas siguen siendo afectadas debido a la contaminación de los ríos y suelos.

Constanza San Juan, vocera de las Comunidades del Valle del Huasco, señaló que en junio del año pasado, producto de unas avalanchas, se rompió la Planta de Tratamiento de Aguas Contaminadas que la compañía Barrick Gold utiliza para limpiar los desechos que la minera dejó y que han perjudicado gravemente al río El Estrecho.
Después, en agosto, la planta volvió a operar, pero de manera incompleta y sin las medidas que había solicitado la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). “La misma que había sido destruida comenzó a funcionar solamente con la disponibilidad de un módulo operativo y sin la planta de osmosis, que es un segundo tratamiento. Y esto ocurre justo cuando la empresa viene diciendo desde hace dos años que las aguas están tan sucias que necesitan la fase de osmosis reversa”, explicó la vocera.

San Juan comentó que los informes emanados desde la propia empresa confirman la contaminación de las aguas del lugar. “Nosotros tuvimos los análisis que hizo la compañía, que al compararlos con la línea base de la RCA del año 2006, había superado todos los parámetros de contaminación en el punto más cercano a la población. A parte de ser contaminados en junio, también lo fuimos en agosto cuando la planta se echó a andar”, enfatizó.

Desde las comunidades acusan que el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta es irregular porque desconoce los argumentos que ellos presentaron. Además, advierten que el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama (SEA) aumentó arbitrariamente los índices mínimos de contaminación para que la compañía no fuera sancionada.
“La modificación de la línea base se reconstituyó el 2 de junio de 2016, justo en el momento en que se estaba desarrollando este nuevo desastre en Pascua Lama. Entonces, finalmente viene a ayudar a que la empresa no quede con otro hito de contaminación”, declaró la vocera, agregando que “el fallo se sustenta en que la empresa está cumpliendo la línea base de la nueva resolución que aplicó la RCA este año, pero si nosotros estuviésemos regidos por la RCA con la que fue aprobado el proyecto, esto habría sido un hito de contaminación como el del 2013 o más”.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), señaló que la Corte de Antofagasta no hizo un análisis concienzudo sobre lo que realmente ocurre, basándose principalmente en la información que entregaron organismos que han sido cuestionados durante el proceso de fiscalización. Según el director del OLCA, “esto demuestra una confluencia de voluntades dentro del Estado para liberar las restricciones y los problemas que tiene Pascua Lama para continuar”.
Para Cuenca, la autoridad, junto a algunos tribunales, está buscando una manera de despejarle el camino al proyecto, reduciendo al máximo las incertidumbres de modo que Barrick Gold logre no solamente volver a explotar Pascua Lama, sino también conseguir un socio para hacerlo.

El director del Observatorio agregó que mientras se mantenga una comunidad movilizada y existan actores civiles que fiscalicen lo que está ocurriendo es difícil que el proyecto vuelva a operar.

Este año las comunidades cumplirán más de 17 años luchando contra Pascua Lama y exigiendo su cierre definitivo, debido a los graves daños que ha provocado en la salud de las personas, las plantaciones de los agricultores y el hábitat de los animales. Todo esto generado principalmente por el exceso de metales en los ríos.

La anulación del cierre temporal que la Corte Suprema esgrimió a Barrick Gold
En un fallo dictado el 13 de marzo, la Corte Suprema decidió revocar el cierre temporal de Pascua Lama, decretado por el Sernageomin en 2015. No obstante, esto no significa que la compañía pueda reanudar sus faenas, pues todavía está vigente la orden de la Superintendencia de Medioambiente.

Lucio Cuenca explica que esta resolución corresponde a un juicio paralelo al que están llevando las comunidades locales. Se trata de un recurso interpuesto por la Junta de Vigilancia del Río Huasco que agrupa a los regantes, es decir, a quienes tienen derechos de agua en dicho río.

Esta organización habría firmado un trato con Barrick Gold que permitió que el proyecto se viabilizara el año 2005. En ese acuerdo, la compañía se comprometía a entregarle tres millones de dólares anuales durante veinte años.

Cuando comenzó la crisis y el proyecto fue suspendido, la empresa, para dar tranquilidad a sus accionistas, comenzó a señalar que la suspensión de las faenas correspondía a una iniciativa propia, para lo cual presentó un plan de cierre al Sernageomin que fue aprobado el 2015. Esta medida le permitió a Barrick Gold dos cosas: dejar de pagar los tres millones y no cumplir con las obligaciones que tenía con la Resolución de Calificación Ambiental. Fue por lo primero que la Junta de Vigilancia del Río Huasco se dirigió a la Corte Suprema.

Según Cuenca, con esta acción lo que la compañía buscaba era evitar que el valor de las acciones se desplomara, dado que a nivel global, durante el 2013, cayeron en orden del 40 o 50 por ciento.

Fuente: http://radio.uchile.cl/2017/03/16/comunidades-acusan-irregularidades-en-fallo-a-favor-de-pascua-lama/

El hecho se registró al interior de la oficina del municipio, cuando el encargado de proyecto Oscar Valenzuela de la empresa comenzara a dar conocer la descripción de las obras y actividades que se desarrollaran en las actuales áreas ocupadas por la Operacion Mantoverde, las cuales se localizan a 56 kilómetros al Sureste de la esta comuna y a 40 kilómetros al Este de Bahía de Flamenco.

La exposición tuvo una duración de más de tres horas, en donde grupos ambientalistas y vecinos del sector del balneario objetaban cada una de las presentaciones que se exponían, indicando que se generaba un daño indirectamente hacia la flora, fauna y el medioambiente.

(Un grupo de vecinos protestaron mientras que presentaba la descripción del proyecto minero Mantos Cooper en Chañaral.)

Mientras que la empresa señaló que se realizan trabajos y monitoreo en el lugar, por lo que no produciría daños como algunas personas señalan algunos señalan. Por lo que se comprometió el día 8 de abril volver a reunirse nuevamente con los vecinos el balnearia Flamenco con una mayor cantidad de antecedentes al respecto para clarificar las dudas de los asistentes.

Debido al enojo de los vecinos, se debió desalojar la oficina donde se realizaba la presentación, por lo que se quedaron sólo los posibles afectados por el proyecto.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Vecinos de Flamenco, Nilsa Guzmán, quien tuvo un intercambio de palabras con una asistente, señaló que «la verdad que me molesta tanta mentira ellos saben que estan contaminando las napas subterráneas y que como junta de vecinos presentaremos las observaciones por escrito y quienes viven en este balneario le entregaremos un formato para que también presente sus observaciones», explicó.

Mientras que el director regional del Servicio de Educación Ambiental, Marcos Cabello, fue criticado por uno de los asistentes, quien dijo que «como funcionario publico debería guardar silencio, ya que parecía más defensor de la empresa que de los intereses medioambientales».

Y Marcos Cabello señaló que «es bastante dificultoso lograr llevar una gran concurrencia como la que estamos en este instante y todo esto está en la vida republicana de un diálogo, consenso y discusiones y que si éste no se hubiese logrado no tendríamos porque realizar estas presentaciones. Ahora bien, tendremos otro encuentro, ya que el proyecto tiene que cumplir con todas las medidas de impactos ambientales y que la comunidad solo tienen que hacer llegar a calle Yerbas Buenas 295 hasta el día 24 de mayo sus observaciones», indicó.

En tanto, el encargado de proyecto Oscar Valenzuela al consultarle sobre las interrupciones indicó que esperaban que esto ocurriera ya que no es primera vez que la gente de Flamenco tiene dudas sobre el proyecto, pero tendremos una nueva ocasion para verlo y será en los próximos días.

Y con respecto a si este proyecto podría tener un fracaso agregó que aún queda todo un año para poder subsanar si es que existieran observaciones, pero mantenía la confianza que cumplirán con todas las normativas ambientales.

Fuente:http://www.soychile.cl/Copiapo/Sociedad/2017/03/15/452314/Vecinos-protestaron-en-presentacion-de-proyecto-Mantos-Cooper-en-Chanaral.aspx?utm_source=Interna+Arriba&utm_medium=Twitter&utm_campaign=Botones+Sociales

La empresa española Aguas Andinas también es cuestionada por los dineros entregados al mundo político.

Desde las 8 de la mañana del domingo 26 de febrero se cortó el suministro de Agua Potable en 33 comunas de la Región Metropolitana, debido a la turbiedad que mostraron las aguas del Río Maipo, obligando a la empresa distribuidora Aguas Andinas tomar esta medida.

Esta es la segunda vez en menos de un año que Aguas Andinas efectúa un corte tan masivo, con el agravante que este año la alerta se dio en horas de la madrugada lo que impidió que miles de personas estuviesen al tanto de la noticia y, por ende, despertaron sin el suministro de agua.

El gerente de la empresa de capitales españoles pidió comprensión a la ciudadanía e informó que no existe una hora específica para reponer el servicio. Así aseguró que trabajan para tener un suministro de agua alternativo, para evitar posibles problemas futuros.

El corte es muy similar al que se vivió en abril del año pasado, ocasión donde se emplazó a la empresa a invertir en soluciones que impidan que hechos de este tipo se repitan. En ese sentido, se anunció de un plan que recién en 2019 comenzaría a materializarse.

El Superintendente de Servicios Sanitarios, Rolando Bruna, aseguró “se van a evaluar los protocolos que usan las empresas”. Sin embargo, argumentó que los ajustes y las inversiones para mitigar los efectos del cambio climático “toman tiempo”.

El temor de las comunidades

Para las comunidades que habitan el Cajón del Maipo, este tipo de eventos van a ser cada vez más frecuentes, ya sea como aludes durante el verano o aluviones durante el invierno porque el país está en un contexto de cambio climático y particularmente la región Metropolitana, de acuerdo a diversos estudios, es la que más sufrirá estos efectos. En ese sentido recalcan que “el proyecto Alto Maipo hay que analizarlo desde ahí, desde el cambio climático”.

En ese sentido, María Jesús Martínez criticó que “el proyecto Alto Maipo, en su proceso de evaluación, no presentó estudios de cuál iba a ser su rol en este contexto de cambio climático, la autoridad tampoco lo advirtió, entonces, aquí hay una relación directa entre los eventos de hoy y el año pasado, con la construcción del proyecto Alto Maipo, porque, con el grado de intervención que tiene, que es altísimo, y por el lugar donde interviene, que es el sector de las altas cordilleras, acentúa los efectos del cambio climático en Santiago”.

La contaminación del pulmón verde de la Región Metropolitana es una preocupación constante para los vecinos, quienes denuncian el silencio de las autoridades: Para María Jesús Martínez, esto no tiene otra explicación que “el tráfico de influencias y la corrupción de este país, donde Alto Maipo es el claro ejemplo entre el maridaje de la política con el empresariado. Es un proyecto que, a todas luces, perjudica a la ciudadanía, sin embargo, el Gobierno le da todo el apoyo y los permisos necesarios”.

Aguas Andinas y sus vínculos políticos

La empresa española es otra de las cuestionadas en este puzzle, sobre todo al ser una de las firmas investigadas en los casos de financiamiento irregular de la política: Por sus oficinas han desfilado una larga lista de nombres que circula por la puerta giratoria que une lo público con lo privado.

Por ejemplo, Juan Eduardo Saldivia, militante DC y ex superintendente de Servicios Sanitarios trabajó en la empresa entre 1996 y 2006, entre 2010 y 2015 recibió $55 millones de pesos de parte de la española. A él se suman varios camaradas demócrata cristianos: Guillermo Pickering, ex subsecretario de Obras Públicas, recibió 35 millones en 2012; Clemente Pérez, también ex subsecretario DC obtuvo $46 millones en aportes; el senador Andrés Zaldívar, quién recibió 150 millones por lo que él justificó como asesorías de “seguimiento legislativo”.

A estos dineros se suman los $430 millones de pesos entregadas a tres sociedades del abogado Pedro Yaconi, yerno de Eduardo Frei y gestionador del comité de finanzas de la campaña presidencial de 2009.

Para la Unión Demócrata Independiente también hubo ayuda: $27 millones de pesos a una sociedad de Pablo Longueira y $53 millones a una empresa ligada a Laurence Golborne.

Además, la contabilidad de Aguas Andinas registra pago $422 millones de pesos a centros de pensamiento asociadas a todos los sectores políticos: $117 millones de pesos al Instituto Libertad, vinculado a RN; $72 millones a Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI, al igual que la Fundación Jaime Guzmán que recibió $52 millones. Chile 21, ligado a Carlos Ominami, recibió $34 millones de pesos, mientras que Proyectamerica, relacionado a Ricardo Lagos, $66 millones.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2017/02/27/alto-maipo-y-aguas-andinas-las-responsabilidades-empresariales-que-se-cruzan-con-los-aluviones/

La moción ingresada por la organización hace menos de un mes, donde acusaban a sus antiguos defensores Ossa y Cía. de prevaricación, fue aceptada en tribunales y derivada a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad. Los querellantes esperan que tras una nueva revisión, Andrónico y Jean Paul Luksic sean citados para esclarecer el pago de $3.100 millones que Minera Los Pelambres destinó a la firma de juristas en 2016, a cambio de finalizar la histórica batalla legal que ha enfrentado a la localidad de la Cuarta Región con la poderosa empresa metalera.

La querella por prevaricación que presentó el Comité de Defensa de Caimanes el pasado 13 de febrero, contra sus exabogados Ossa y Cía., finalmente fue acogida por el Poder Judicial y traspasada a la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad. El documento firmado por 12 pobladores acusa que la compañía de juristas, antiguos defensores del colectivo, actuó en contra de sus intereses al pactar el “Acuerdo Marco de Entendimiento y Cooperación Recíproca” con Minera Los Pelambres, propiedad del grupo Luksic.

La negociación se selló en abril del 2016 y, entre otros puntos, estableció que la minera pagaría $2.400 millones a Ossa y Cía. por concepto de honorarios y 700 millones por los gastos incurridos en juicio, válido por los ocho años que duró su defensa. A cambio, Los Pelambres exigió “llevar al término los juicios actualmente existentes”, lo que fue aceptado por parte de la comunidad mediante sufragio. Sin embargo, el colectivo se mostró reacio a firmar el acuerdo desde el primer momento y se apoyó en Esteban Vilches, su nuevo representante, para emprender la querella que fue aceptada.

Junto con cuestionar este pago, uno de los principales aspectos de la acusación se centra en la empresa que desembolsó la suma. Es por esto que en la parte final del escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se solicita que Jean Paul y Andrónico Luksic sean citados a declarar como testigos para esclarecer el trato acordado con Ossa y Cía., que derivó en el cese de todas las iniciativas legales emprendidas en contra de Pelambres.

LA DEFENSA DE LOS QUERELLADOS

Desde la compañía acusada, Sandra Dagnino define la iniciativa en su contra como “una creación de problema artificial”, y se defiende asegurando que todas las decisiones tomadas por la firma contó con el debido apoyo de la comunidad.

Considera, además, que los 12 querellantes están en búsqueda de una retribución económica y que los alegatos presentados responden a intereses personales, desconociendo el beneficio de la mayoría de la comunidad. Respecto al millonario pago, sostiene: “Hicimos un cobro de honorarios por 8 años de trabajo, donde pusimos todo lo que podíamos exponer a nivel personal, donde mantuvimos la causa, donde fuimos perseverantes en demandar agua y seguridad”.

Más allá de estas palabras, sus dardos apuntan al presidente del Comité, Cristián Flores, como un dirigente que volcó la defensa comunitaria hacia una personal de un momento a otro. “Este discurso es nuevo, es distinto. Hoy día está orientado a plata. Antes, cuando fue un luchador admirable, nunca habló de plata (…) Su planteamiento con el de Vilches, es que nosotros debimos haber atendido los intereses de 12 personas”, argumentó.

Por tanto, los integrantes de la compañía afirman que se sienten confiados respecto a la nueva etapa en que ha entrado el conflicto y el futuro actuar de Fiscalía: “Este proceso va a terminar estableciendo que hay gente que ha cometido delitos, y que no es Ossa y Cía.”

El actual abogado del Comité, Esteban Vilches, asegura que “el problema con Ossa es que de los $3.100 millones totales, 2.400 dicen que son de honorarios, que corresponderían a clientes, pero nadie sabe quiénes son ni sus contratos, por lo que se desconoce cómo llegaron a esa cifra. No tiene respaldo real, ellos dicen que tienen contratos con clientes pero nunca los han mostrado. En cuando al pago por los costes de los juicios, tampoco han demostrado cuáles son. No hay boletas ni transparencia”.

Su principal inconveniencia con el actuar de la firma, está relacionado a que -desde su punto de vista- el acuerdo pactado no favorece en ninguna medida a la comunidad de Caimanes. “Si Ossa y Cía. hubiese cobrado esa cifra, con un trato que fija 200 millones de pago a cada familia, estaría muy bien ganado. Pero lo negociado no alcanza para nada, (las personas) se gastarán los $28 millones que puso Pelambres dentro de un tiempo y ahí se darán cuenta que lo que firmaron nunca los favoreció”.

“Hoy día me querello en contra de los abogados porque son los que traicionaron a Caimanes”, finaliza.

EL ROL DE OSSA Y CÍA. EN EL CONFLICTO

La querella presentada por el Comité en contra de sus exabogados abre un nuevo capítulo dentro de la lista de polémicas que suma la compañía.

Desde su llegada en 2007 a la Cuarta Región, la misión de la firma fue guiar la batalla legal de toda la comunidad de Caimanes en contra de la poderosa empresa metalera. La defensa anotó una histórica victoria en octubre de 2014 cuando la Corte Suprema ordenó restituir el curso natural de las aguas del Estero Pupío, afectadas por el tranque de relave El Mauro emplazado por Minera Los Pelambres y considerado como “un peligro para la vida humana” por el máximo tribunal.

Si bien el magistrado del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos, Jairo Martínez, resolvió demoler el muro de contención del tranque en marzo de 2015, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la orden el 8 de agosto del mismo año, bajo el argumento de que la reposición del cauce podía llevarse a cabo sin tener que desmantelar la edificación. Lo planteado por el juez Martínez, entonces, nunca se realizó, y de ahí en más la relación entre el Comité y Ossa y Cía. se desintegró.

Ramón Ossa, Sandra Dagnino y Roberto Arroyo dejaron de representar oficialmente al Comité de Defensa de Caimanes en octubre de 2015, tras una irreparable “pérdida de confianza” por parte de sus exclientes, luego de que los abogados accedieran a negociar el referido “Acuerdo Marco” con Pelambres.

Tras la ruptura definitiva con el colectivo, Ossa y Cía. siguió representando a la población de Caimanes que no se cuadró con las demandas de la organización encabezada por Flores.

Con el apoyo del resto de la comunidad, tomaron las riendas del proceso de negociación del trato – el que contempló un presupuesto total de 24.700 millones de pesos, más un aumento de 30 millones de dólares si Minera Los Pelambres decidía construir un nuevo relave o bien, agrandar El Mauro- y llevaron a cabo una consulta ciudadana para determinar la adhesión a la propuesta.

La medición arrojó un saldo favorable para los intereses de los abogados y Minera Los Pelambres, aunque no cumplió con una premisa básica del trato: del 70% de quórum mínimo fijado, solo participó el 63,6% de la población habilitada para sufragar.

Tras la insistencia de la parte que votó a favor, que incluso envió una carta en enero de 2016 firmada por más de 400 personas para exigir el cumplimiento del acuerdo, un grupo de representantes legales de la empresa de Luksic y los “asesores legales de la comunidad” sellaron el pacto el 28 de abril del mismo año.

TESTIGOS PODEROSOS

Más allá de la responsabilidad que tuvo la firma en el cierre del acuerdo, la querella del Comité también apunta a la acción de Jean Paul y Andrónico Luksic como orquestadores del pacto. Para ganar esta pugna, aseguran, es necesario contar con sus testimonios en calidad de testigos.

Con la misma firmeza abordan la posibilidad de que la justicia así lo estime: “Yo no tengo muchas dudas de que vayan a citar a declarar a Jean Paul y Andrónico Luksic, por una razón simple: el acuerdo entre la minera y Ossa y Cía. es un muy importante para resolver un conflicto grave y que significa mucho dinero”, sostiene Vilches.

En tanto para el presidente del Comité, Cristián Flores, la relevancia de contar con los testimonios de ambos empresarios es “muy alta, debido a que ellos como dueños de la compañía deben estar al tanto del acuerdo que contrajeron”. Además, asegura que está confiado de que Fiscalía decida citar a los hermanos Luksic: “Nadie está por sobre la justicia y ellos no tendrían motivos para negarse a entregar una información tan relevante como esta”.

Desde Minera Los Pelambres, en cambio, definen esta pugna como una ajena al actuar de la empresa y planean mantenerse al margen hasta que sea estrictamente necesario.

Fuente:http://www.theclinic.cl/2017/03/09/fiscalia-alta-complejidad-investigara-acusacion-pobladores-caimanes-exabogados-millonario-acuerdo-empresa-luksic/

Ambientalistas solicitan a Contraloría revisar proceder del Ministerio Salud por no dictar norma que regule los niveles de arsénico respirable.

La organización Dunas de Ritoque solicitó a Contraloría General de la República que se pronunciara sobre el actuar del Ministerio de Salud, por eventual incumplimiento de deberes, luego que no se dictara una norma de calidad atmosférica para arsénico en la zona.

El 18 de abril de 1994 , el  Ministerio de Salud mediante el  D.S. N°477  dictó una   “Norma Primaria de Calidad del Aire para Arsénico”,  cuya duración fue de 4 meses,  la que  fue eliminada mediante  el D.S. 1364.  El Ministerio de Salud justificó  su decisión  de eliminar  dicha norma debido había que dictar previamente un Reglamento Específico para Elaboración  de Normas Primarias” señalando  que “una norma de tanta importancia como la de calidad del aire para arsénico debe ser dictada en el marco de las nuevas disposiciones legales permanentes”. No obstante  que este Reglamento fue publicado  el 26 octubre del año 1995, y que a la fecha  han pasado 21 años, el Ministerio de Salud todavía  no ha dictado la norma  arsénico.

El   Decreto Supremo N°  185 de año 1992,  decretó que el  Ministerio  de Salud  en un  plazo de  180 días debía decretar una norma  primaria de calidad para arsénico a nivel nacional con el fin de proteger la salud de la población, y que dentro de sus funciones y tareas, contempla la protección de la salu8d humana, para lo cual posee facultades políticas y programas.

El aire de Puchuncaví, Quintero, Calama, Copiapó, Tierra Amarilla   entre otras, contiene altos niveles de arsénico respirable emitido por fundiciones, los que  superan ampliamente  la norma máxima de  la Unión Europea y lo máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en el  año 2015 el límite máximo se sobrepasó en 23 veces en Puchuncaví, 13 veces en Quintero por lo que es urgente incorporar norma de calidad que proteja a la población.

Fuente:http://www.ucvmedios.cl/ucv-radio-noticia.php?nid=33809

Satisfacción causó entre las organizaciones ambientalistas la decisión que tomaron las 12 autoridades técnicas de rechazar el proyecto minero-portuario Dominga, cuya construcción se emplazaría en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo. «Hoy día la institucionalidad sí dio frutos porque los Seremis y el intendente, bajo una exhaustiva revisión al proyecto y a la evaluación ambiental, determinaron que no se puede llevar adelante el proyecto», manifestó la directora ejecutiva de Oceana, una ONG que vela por la protección de los océanos, Liesbeth van der Meer.

Asimismo, señaló que «esta fue una de las instancias en donde nos damos cuenta que las personas que hoy día gobiernan sí están tomando las decisiones correctas». Y agregó que «son pocas estas instancias y por eso hoy día hay que celebrar la decisión del intendente de Coquimbo (Claudio Ibáñez) optó por un desarrollo sostenible de la pesca y del turismo, actividades que van a estar por el resto del tiempo, y no optó por aquellas medidas cortoplacistas». Por su parte, desde el movimiento ciudadano de investigación y creatividad para la conservación, Chao Pescao, indicaron que «estamos bastante conformes con lo que ocurrió. Era de esperarse que esto debería haber sido así debido a que este proyecto era completamente ilegal, con varias irregularidades y también era un proyecto que pretendía ser emplazado frente a reservas marinas y una reserva nacional frente al desierto florido. Era completamente incompatible con el desarrollo de la mega minería».

«Esto recién comienza porque este es un lugar que debemos proteger y debemos desarrollarlo de manera sustentable y ser un ejemplo a nivel mundial. Las condiciones y las características que tiene la comuna de La Higuera debido a su riqueza y recursos naturales dan el escenario perfecto para desarrollarse como la primera comuna sustentable del país», aseguró uno de los directores de la agrupación, Cristóbal Díaz de Valdés. Con respecto al anuncio que dio Andes Iron de apelar al Comité de Ministros, el activista dijo que no cree que sea del todo efectiva ya que el gobierno no cambiará de parecer al respecto.

Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Economia/2017/03/10/848734/Organizaciones-ambientalistas-por-rechazo-a-Dominga.html

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó ayer –miércoles 8 de marzo–  el recurso de protección presentado en contra de la compañía minera Nevada SpA, la Superintendencia de Medio Ambiente y la Comisión de Evaluación Ambiental de la Tercera Región, tras establecer que no existen actos concretos de los recurridos que afecten los derechos de las comunidades indígenas y de los habitantes de la cuenca del río Huasco, los que solicitaron el cierre definitivo del proyecto minero Pascua Lama.

En fallo unánime (causa rol 4147-2016), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Manuel Díaz Muñoz y el fiscal judicial Rodrigo Padilla Buzada- estimó que no existe acción u omisión arbitraria o ilegal que justifique acoger el recurso incoado u actos concretos que afecten los derecho de los recurrentes por la aprobación del proyecto minero.

El recurso de protección solicita en primer lugar, la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental –RCA- otorgada a Pascua Lama en 2006 y el cierre definitivo de complejo minero.

«En relación a dicha pretensión, no puede dejar de tenerse presente que la Resolución de Calificación Ambiental N° 24/2006, otorgada al proyecto minero Pascua Lama, constituye la culminación de un proceso de evaluación ajustado a lo preceptuado en la ley 19.300 relativa a las bases Generales del Medio Ambiente, y es un acto administrativo con el que pueden concordar o discrepar las personas, teniendo estas últimas, la posibilidad de hacer valer su oposición y por ende, pretensiones como las sustentadas por los recurrentes en esta causa, judicialmente, en un proceso de lato conocimiento, en que todos los involucrados a favor o en contra, puedan hacer valer y aportar todos los elementos que los apoyen o los desvirtúen», establece el fallo.

Resolución que agrega: «El recurso de protección en esta causa no reviste la calidad de proceso de lato conocimiento, al no constituir un juicio, sino solamente un medio para amparar derechos y garantías constitucionales debidamente especificados, que se ven turbados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, ejecutados por personas determinadas en casos de urgencia e inequívocos, por lo que el mismo, no es la vía idónea para hacer valer el desacuerdo a lo resuelto en un acto administrativo, contra el que, el artículo 20 de la ley 19.300 contempla recursos, primero ante el Comité de Ministros y luego, en contra de lo decidido por el Comité, ante el Tribunal Ambiental, en la forma que regula el artículo 60 del texto legal ya indicado y la ley 20.417».

Contaminación de las aguas
Asimismo, los recurrentes solicitaron que se declarara ilegal la resolución N° 094, o, en subsidio, no se la tome en cuenta para verificar la contaminación de las aguas. Con relación a dicha pretensión, el tribunal de alzada sostiene que «es dable reiterar que el recurso de protección es el medio idóneo para amparar derechos y garantías constitucionales específicos, que se ven turbados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales, ejecutados por personas determinadas, por lo que no es la vía idónea para hacer valer el desacuerdo a lo resuelto en un acto administrativo, contra el que, el artículo 20 de la ley 19.300 contempla recursos, primero ante el Comité de Ministros y luego, en contra de lo decidido por el Comité, ante el Tribunal Ambiental, en la forma que regula el artículo 60 del texto legal ya indicado y la ley 20.417, por lo que la solicitud de declarar ilegal la resolución 94/2016, no puede ser acogida en este recurso».

Tampoco resulta procedente, «vía el presente recurso, la petición subsidiaria de no considerar la Resolución N° 94/2016 en la verificación de la contaminación de las aguas, habida consideración que conforme al inciso final del artículo 24 de la ley 19.300, el titular del proyecto o actividad, durante la fase de construcción y ejecución del mismo deberá someterse estrictamente al contenido de la indicada Resolución de Calificación Ambiental, en lo que se refiere la línea de base de las aguas la que, además, deben ajustarse a lo previsto en la Norma de Calidad de agua potable que fija la NCH 409, aprobada por Decreto Exento N° 446, de 16 de junio de 2006, del Ministerio de Salud».

En tercer lugar, los recurrentes solicitaron que se ordenara la entrega agua potable para el consumo humano, animales y siembras a todos los habitantes de la cuenca del río Huasco «hasta el fin de los deshielos o hasta que se acredite que las aguas no están contaminadas».

«En los motivos séptimo, octavo y noveno precedentes se ha concluido que las aguas que provienen del rajo de la mina se descargaron al río Estrecho luego de haber sido tratadas, y por ende, que ellas no resultaron contaminadas, situación por la que resulta improcedente la tercera petición formulada por los recurrentes, y que se base en una estimación infundada de su parte», resolvió la Corte de Apelaciones.

Riesgo nuclear
Como cuarta petición, los recurrentes solicitaron se tomen las medidas necesarias para acreditar, «si la población está bajo riesgo nuclear».

«Dicha pretensión la basaron los recurrentes en la circunstancias de haber densímetros nucleares en el proyecto Pascua Lama, los que, como se indicó en el considerando decimoprimero, están autorizados por el Servicio de Salud, lo que conlleva a que solo lo operan personas que tienen los conocimientos y competencia que requieren esos instrumentos, lo que impide concluir que ponen en riesgo a todos los habitantes de la Cuenca del Río Huasco, por lo que no resulta procedente acoger la petición en análisis», establece el tribunal de alzada.

Finalmente la Corte de Antofagasta analizó la petición de los recurrentes en orden a que se «verifique la contaminación que venga de lugares no descritos en la emergencia, de diversas plantas y por petróleo de los camiones accidentados».
«De acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 24 de la ley 19.300, la Compañía Minera en la ejecución del Proyecto Pascua Lama debe someterse estrictamente al contenido la resolución de calificación ambiental, y por su parte la Superintendencia del Medio Ambiente, conforme a la letra d) del artículo 3° de la ley Orgánica del mismo, debe «exigir, examinar y procesar los datos, muestreos, mediciones y análisis que los sujetos fiscalizados deben proporcional de acuerdo a las normas, medidas y condiciones definidas en sus respectivas Resoluciones de Calificación Ambiental o en los planes de Prevención y o de descontaminación que les sean aplicables, de lo que se desprende que corresponde a dicha autoridad controlar que la Compañía Minera en la ejecución del proyecto o en la etapa actual de paralización, no infrinja lo previsto en la Resolución 24/2006, y por ende debe verificar que no se produzca contaminación o si la hay, se realicen obras tendientes a la descontaminación, por lo que resulta innecesaria lo pedido por los recurrentes a este respecto, ya que ello ha sido establecido como obligación legal, con anterioridad a la fecha de interposición del presente recurso», sostiene el fallo.

Resolución que agrega sobre el punto que: «Por lo demás, no resultó demostrado que los camiones Copec arrastrados por las avalanchas del 31 de mayo al 05 de junio de 2016, cargaban petróleo, por lo que la alegación de los recurrentes, que así ocurría, aparece infundada, debiendo rechazarse esta quinta petición, máxime si se considera que ella y todas las anteriores se basan en que por actos arbitrarios e ilegales de los recurridos, se atentó contra el derecho a la vida y a la salud, así como al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación que detentan los habitantes de la Cuenca del Río Huasco, afirmación, cuya efectividad no resultó demostrada».

Convenio 169 de la OIT
Además, los recurrentes, en su calidad de diaguitas, invocan el Convenio 169 de la OIT para fundar el recurso de protección «en la circunstancia de resultar afectados los derechos de los numerales 1° y 8° del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, respecto de todos los habitantes de la cuenca del Río Huasco, por lo que es dable concluir que no hay una afectación especial, exclusiva para la calidad étnica ya indicada».

«En suma, según se ha venido razonando, no existe una acción u omisión arbitraria o ilegal que justifique acoger este recurso y en lo esencial, actos concretos que afecten los derechos invocados como conculcados por los recurrentes, al punto, que necesariamente deberá rechazársele», concluye.

Fuente:http://www.elclarin.cl/web/noticias/medios-y-periodismo/22-medio-ambiente/21715-corte-rechaza-recurso-de-proteccion-contra-proyecto-minero-pascua-lama.html

La magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Daniela Guerrero, rechazó el recurso de reposición que presentó la defensa del ex Presidente Sebastián Piñera en el marco de los casos Bancard y Barrancones-Dominga.

El abogado Juan Domingo Acosta, representante del ex mandatario, solicitaba revocar la admisibilidad de la ampliación de querella que interpuso el diputado Hugo Gutiérrez (PC) respecto a los negocios del family office de Piñera en la minera.

Justificaba en su escrito el hecho de que no había hechos constitutivos de delito.

Sin embargo, la jueza Guerrero decidió respaldar el recurso de reposición presentado por el diputado comunista, argumentando que «la acción ejercida contiene imputaciones penales precisas dirigidas contra el ex Presidente Sebastián Piñera sobre el supuesto uso de información concreta que habría conocido en razón de su cargo para obtener un beneficio económico, constitutivas eventualmente del delito sancionado en el artículo 247 bis del Código Penal, a propósito de su intervención en el repliegue del Proyecto de la Central Termoeléctrica Barrancones, que habría afectado una zona en la que tenía interés económico».

«Ahora bien -agrega- aunque es cierto que el querellante no señala el contenido preciso de la conducta que habría cometido el querellado, falta que alega la Defensa para demostrar que los hechos denunciados no encuadran en tipo penal alguno, baste recordar el requisito de toda querella que exige el artículo 114 letra c) del Código Procesal Penal, a saber: la relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se hubiere ejecutado, si se supieren».

«Así, entonces, no es de extrañar que el actor no enuncie en el escrito de querella el contenido exacto de la acción que estima desplegada, pues bien puede no conocerlo, más si se trata de hechos de evidente complejidad como los descritos. En este escenario, no es posible desechar de plano la comisión de algún delito. Necesariamente habrá de estarse a las conclusiones que arroje la investigación que ahora se inicia», concluye.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/03/09/tribunal-rechaza-solicitud-de-pinera-y-acepta-incluir-dominga-en-querella-de-hugo-gutierrez/

Entre el 4 y el 8 de septiembre se llevará a cabo en nuestro país el IV Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, en La Serena y Coquimbo. Sin embargo, habría fuertes rumores de que el evento –que se realiza cada 4 años y convoca a comitivas de 80 países– se trasladaría a Viña del Mar, debido a que dentro de los próximos días podría aprobarse el controvertido proyecto minero-portuario en la IV región. Celebrarlo allí, en medio de los fuertes cuestionamientos que han hecho grupos ambientalistas, es lo que el Ejecutivo estaría tratando de evitar.

Un eventual e inminente “sí” del regulador medioambiental al proyecto minero y portuario Dominga en los próximos días podría complicar al Gobierno.

No tan solo por los reclamos de diferentes organizaciones sociales de la zona y medioambientalistas que han criticado el proyecto –lo han tildado de ilegal”– por encallarse en una zona de rica biodiversidad de especies y no cumplir con los procesos, sino también por un tema organizativo.

Este año Chile organizará IMPAC4, el IV Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, cita a la que se comprometió en 2013 y que este año confirmó que se llevaría a cabo entre el 4 y el 8 de septiembre.

El evento, que moviliza a 1.500 representantes del mundo político, científico, y organizaciones no gubernamentales como la WWF, del ámbito artístico e intelectual de más de 80 países, ya tenía afiches alusivos al evento y la organización preparada, sin embargo, las polémicas que se han generado por el proyecto minero habrían posado un manto de dudas sobre la sede de este “mundial” de las conservación marina, que se realiza cada 4 años y cuya última edición fue en Francia en 2013

Las interrogantes se dispararon luego de que la página web del evento apareciera caída (situación que permanece hasta el día de la publicación de esta nota) y algunos proveedores del evento indicaran la posibilidad de que se traslade a otro lugar.

De hecho, desde la intendencia de Coquimbo explicaron que el evento ya estaría en vías de ser trasladado a Viña del Mar.

Por el momento, ya hay varias licitaciones adjudicadas de parte de prestadores de servicios en la zona y los hoteles ya estarían reservados. En el caso de Enjoy, uno de los hoteles más grandes de Coquimbo, sus 111 habitaciones ya están reservadas del 4 al 9 de septiembre.

De trasladarse el evento, significaría un alto costo para el estado tanto de hotelería como de servicios en el sector.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron de forma escueta a este medio de que no hay cambios y que el lugar del evento es Coquimbo.

De aprobarse Dominga, se descartaría la posibilidad de que La Higuera se transforme en un área marina protegida, y eso impactaría directamente en la imagen que daría Chile al organizar un evento que precisamente busca ampliar la zonas marinas protegidas en el país.

“El objetivo de los Congresos IMPAC es implementar una red global, duradera y ecológicamente representativa de áreas marinas protegidas, efectivamente manejadas. IMPAC tiene como objetivo, de cumplir con las metas globales de conservación marina, convenidas por los signatarios de la Convención de Biodiversidad (CBD), de proteger el 10% de los océanos de aquí al 2020, siendo la creación de AMPs una forma efectiva de conservar los ecosistemas marinos”, señala una nota alusiva al evento en el sitio web del Ministerio del Medioambiente.

Complicados por Dominga

Dominga, que involucra una inversión de 2.500 millones de dólares, generaría unos 10 mil puestos de trabajo en el transcurso de su construcción y 1.450 durante su operación, de acuerdo a la compañía, pero el proyecto y el proceso no han estado exentos de polémicas.

De hecho, este miércoles la Cámara de Diputados citó a sesión especial para tratar las posibles irregularidades en la evaluación ambiental de Dominga. Esto, luego de que el pasado 27 de febrero el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo recomendara aprobar el proyecto minero portuario Dominga en la comuna de La Higuera.

Pero hay otro problema latente respecto al proyecto: en los últimos días se reveló que hasta 2010 la familia del ex Presidente Sebastián Piñera era una de las principales inversionistas a través de un Fondo de Inversión Privado (FIP).

De acuerdo al reportaje de Radio Bío Bío, ingresaron al proyecto cuando recién se empezaba a gestar en 2009, y permanecieron ahí cuando Piñera ya estaba en La Moneda, hasta que se retiraron en diciembre de 2010, tres meses y medio después de bajar la central termoeléctrica Barrancones.
Fuente:http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/03/08/inminente-aprobacion-de-proyecto-dominga-ruboriza-al-gobierno-en-organizacion-del-mundial-de-proteccion-de-areas-marinas-a-realizarse-en-chile/

El Movimiento Social por la Recuperación y Defensa del Agua y la Vida trabaja para organizar su II Foro Social por el Agua y los Territorios, instancia desde donde saldrán las definiciones para la 5ta Marcha Plurinacional en Defensa del Agua y la Vida. “Hay una propuesta para recuperar la idea de realizar marchas paralelas en todo Chile”, señala la vocera de la organización.

Este sábado 4 de marzo se realizó, en el centro de Santiago, una reunión del Movimiento por la Recuperación y Defensa del Agua y la Vida – Zonal Centro, para coordinar el Foro y la Marcha Plurinacional que se realizan cada año como respuesta y propuesta de los territorios en su defensa ambiental.

Estas dos instancias constituyen hitos claves para el trabajo de las diversas organizaciones que son parte del Movimiento que cumplirá su quinto año este 2017 y cuyo principal propósito es y ha sido desprivatizar la gestión del agua en Chile.

Para este 25 de marzo se proyecta la realización del II Foro Social por el Agua y los territorios: “Nos estamos articulando como eje en torno a la marcha anual que es el 22 de abril, y el Foro se considera como la otra instancia principal del año porque es el momento en que nos reunimos a analizar cómo hemos estado funcionando y cuál es el camino a seguir”, explica Pablo Schnake, miembro del Bloque Andino por la recuperación de las aguas y los territorios.

Francisca Fernández, vocera del Movimiento, asegura que es en el Foro donde se tomará la decisión más definitiva del carácter y del lugar de la marcha, sin embargo, adelanta que “hay una propuesta para recuperar la idea de realizar marchas paralelas en todo Chile”. Y agrega que “va a ser un momento para repensarnos como Movimiento, la orgánica, las demandas centrales y el plan de trabajo para el 2017, así como pensar en cómo reposicionar el conjunto de demandas y reivindicaciones en pro de la derogación del Código de Aguas, que se vincula directamente con los territorios”.

Discusión, demandas y marcha

El Foro Social por el Agua y los territorios se realizará este año en el Cerro Blanco, en la Región Metropolitana. Según el programa preliminar, se iniciaría a las 9 de la mañana con un desayuno comunitario y a las 10 comenzarán las mesas de discusión. “Lo principal es analizar nuestro funcionamiento como Movimiento zonificado, ver su orgánica; y, en la tarde, analizar las estrategias y las demandas que, si bien siguen siendo las mismas, se van a ratificar y actualizar para la marcha del 22 de abril”, sostiene Schnake. Añade que en la noche se realizará una fiesta andina con Manka Saya y el Grupo Huari, pues “como bloque andino estamos muy contentos de que se haga en nuestra casa y estamos trabajando para que las condiciones sean óptimas para el desarrollo del Foro y recibir a los compañeros y compañeras del norte y del sur”.

reunión del pasado 4 de marzo, además, se decidió apoyar la lucha del Pueblo Mapuche en la recuperación de su territorio, para lo cual el Movimiento participará en el Primer Encuentro de Redes que se realizará los próximos 11 y 12 de marzo en Panguipulli. En dicho espacio convergerán la Red por la Defensa de los Territorios, la Red de Economías Territoriales, la Red de Medios de los Pueblos y la Red de Salud y Territorios.

Francisca Fernández explica que esta decisión se tomó para apoyar a las organizaciones que han sido criminalizadas en el Wallmapu, y que constituyen una parte esencial del Movimiento Social por la Recuperación y Defensa del agua y la vida.

Fuente:http://www.elciudadano.cl/2017/03/06/364247/movimiento-por-el-agua-a-paso-firme-hacia-el-foro-social-y-la-marcha-plurinacional/