El primer estudio que muestra cómo está la relación entre las mineras y su entorno evidencia la necesidad de reforzar el diálogo con sus habitantes y la insatisfacción de éstos respecto de las expectativas. El informe, realizado por EY y Valor Minero en Sierra Gorda, también muestra las debilidades del Estado en la solución de los problemas.

El empeño de la minería nacional por fortalecer su acercamiento con las comunidades no está dando los frutos esperados por el sector. Es más, la industria, que es responsable de 7,7% del Producto Interno Bruto y que hace cinco años busca diseñar una buena forma de relacionamiento para impulsar sus proyectos de inversión, aún tiene muchas tareas por hacer para validar sus operaciones ante las poblaciones aledañas a sus instalaciones.

Eso es lo que dejó en evidencia el primer estudio local que muestra de manera empírica la valoración que hacen las comunidades al aporte social del sector minero. El análisis, que se realizó en junio de 2016 en Sierra Gorda, incluyó 133 entrevistas a habitantes y líderes locales. Esta comuna, ubicada en pleno Desierto de Atacama, está fuertemente ligada a la industria del cobre y en su entorno operan cinco empresas mineras y ocho faenas: Spence (BHP Billiton), Sierra Gorda (KGHM), Centinela (Antofagasta Minerals), Lomas Bayas (Glencore) y Gaby (Codelco).

“A partir del estudio realizado es posible concluir que, en general, las comunidades y líderes locales manifiestan una buena percepción de las mineras ubicadas en Sierra Gorda. Sin embargo, de los hallazgos obtenidos en el estudio se desprende que la inversión social de dichas mineras podría ser más pertinente a las necesidades del territorio y ser mejor comunicada, lo que generaría más oportunidades de un diálogo abierto y transparente”, sentencia el estudio “Visión de la comunidad sobre la inversión social de la minería – Caso Sierra Gorda”, realizado por EY (ex Ernst & Young) y presentado a inicios de diciembre del año pasado junto a Alianza Valor Minero (AVM) en una reunión cerrada, que contó con la presencia de ejecutivos de las principales operaciones que están en Chile y cuyos resultados no dejaron de sorprenderlos.

Pero, pese a esa falta de diálogo franco, en el gobierno reconocen el avance en el proceso que desde 2012 viene diseñando la industria extractiva para acercarse a su entorno. “La minería ha pasado por distintas etapas en cuanto a las relaciones con las comunidades, pasando de una relación casi inexistente, a una muy intensa, debido en gran medida a que las comunidades están más empoderadas y activas, y que tienen mucho que decir cuando un proyecto se instala en su zona”, explica el subsecretario de Minería, Erich Schnake.

Diálogo fluido

Hasta ahora, las mineras informan su inversión social en forma descriptiva, sin indicación de desempeño. También señala que las firmas realizan una comunicación corporativa anual dirigida al público en general y pocas comunican a la comunidad de forma específica.

Para AVM, esas conclusiones son vitales para el sector y serán incorporadas dentro del programa de Diálogo Permanente para Grandes Proyectos de Inversión, iniciativa en la que ha estado trabajando el equipo que lidera Álvaro García y con el que se pretende asegurar que el beneficio privado y el social pueden conversar entre sí, “contribuyendo al desarrollo del país”, dice García, quien adelanta que este proyecto será lanzado el martes 10 de enero en Antofagasta, ceremonia a la que asistirán los ministros de Minería y Economía, Aurora Williams y Luis Felipe Céspedes.

Por eso, para el abogado un diálogo fluido y temprano “augura un mayor éxito al instalarse con un proyecto”. Y ahí está el principal problema, pues una de las principales falencias que arroja el informe de EY es que las mineras no recurren a la primera fuente al momento de definir y priorizar la inversión social que esperan realizar.

El estudio evidenció que si bien todas las compañías reconocen como importante relacionarse con las comunidades, solo un tercio de éstas se asegura de considerar las preocupaciones reales de los habitantes de las zonas. De hecho, la mayoría de las veces son las propias compañías quienes deciden el foco de su inversión social.

Entre los temas que preocupan a la comunidad y que ésta considera labor de las compañías mineras, indica el documento, está darle trabajo a la gente de Baquedano y Sierra Gorda (54%), preocuparse de que haya médicos en la posta, ayudar al consultorio para cuidar la salud de la población (19%) y establecer un lugar donde la juventud se pueda entretener (19%), lo que se puede solucionar mediante la entrega de una cancha de patinaje o la instalación de una sala de cine en la zona.

“La definición de la inversión social debería partir de una buena caracterización del problema que se espera abordar, sus causas y efectos. Sin este trabajo, muchas veces nos encontramos con una muy buena solución, pero para otros problemas, con la consecuente frustración de ambas partes”, señala Alejandra Medina, líder de Consultoría en Sostenibilidad de EY Chile.

La recomendación para las compañías, subraya la experta, es conocer de primera fuente las preocupaciones y la visión de futuro que tiene la comunidad. “La identificación y priorización conjunta de los intereses y preocupaciones permitirá mejorar el foco de la inversión social y la relevancia de esta identificación y priorización disminuirá el riesgo de levantar falsas expectativas y le dará legitimidad a la inversión social”, dice.

Para Álvaro García, presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, el problema no es la inexistencia de diálogo con las comunidades, sino que las condiciones en que se está realizando ese acercamiento. “Por lo general, la atención ha estado puesta en la fase misma del diálogo y no en una anterior, que tiene que ver con la generación y habilitación de las condiciones para que este sea efectivo”, indica.

El ex ministro de Estado agrega que el estudio deja en evidencia la falta de “capital social”, condición básica para la efectividad de cualquier proceso de diálogo, dice. “Este estudio viene a confirmar, una vez más, la importancia de contar con procesos de diálogos robustos, que aseguren la representatividad y la habilitación de todos los actores, que se instalen desde las etapas tempranas de los proyectos y cuyo trabajo se oriente al beneficio compartido”, reflexiona.

Para Erich Schnake, avanzar en este punto es uno de los principales desafíos de la industria. A su juicio, “la comunicación tiene que realizarse antes, durante y después de la concreción de los distintos proyectos que impulsará la empresa en la zona”.

Visiones disímiles

Otras de las conclusiones relevantes del estudio es la distinta visión que tienen la comunidad y los dirigentes comunales respecto de las iniciativas de inversión social de las empresas, y en ese ámbito, también se distinguen dificultades en la atribución y/o identificación de quiénes son los desarrolladores de dichos proyectos.

Por ejemplo, el estudio muestra que para los líderes sociales, la principal preocupación que ven en Sierra Gorda es la falta de trabajo (53%) y luego está la contaminación de aire por las operaciones mineras; mientras que para la comunidad, el tema primordial es la contaminación del aire debido a las faenas mineras (69%), seguido de la falta de trabajo y el aumento de la cesantía (63%) y la mala calidad del agua potable (41%).

Esto evidencia, indica García, la necesidad de fortalecer el monitoreo y la evaluación. “Eso es lo que vuelve al diálogo en una conversación permanente. Sin monitoreo y evaluación no hay insumos para un diálogo permanente y sin un diálogo permanente crece la potencialidad de conflicto”, indica.

Para Alejandra Medina, una recomendación en esta materia sería ampliar el alcance del diálogo con la comunidad y tener una retroalimentación permanente con la gente en general y no sólo con los líderes sociales.

En términos de la identificación de las obras, el estudio indica que el desafío para las compañías radica en buscar nuevas estrategias de comunicación con la comunidad, la que debería realizarse antes y después de la ejecución de las iniciativas.

El 22 de marzo cuatro niños del Complejo Educacional Sargento Aldea se desmayaron en medio de un fuerte olor. Quienes estaban ese día en el colegio dicen que era gas, sin embargo, las autoridades aún no logran determinar cuáles son las causas de la crisis de los menores. La emergencia que afectó a diecinueve niños empalma con una discusión que tiene a un grupo transversal de parlamentarios enfrentados a la nueva norma de emisión de azufre, que debería ratificar Bachelet y pone en el centro del debate la inequidad e injusticia con quienes viven en zonas de sacrificio ambiental.

El Complejo Educacional Sargento Aldea, en Ventanas, es grande: tiene 200 metros de largo y 760 alumnos. Por eso es que ni los estudiantes ni el director, Tomás Opazo, pensaron que fuese casual el fuerte olor que el día 22 de marzo empezó a marearlos a todos y que entraba por cada rincón del edificio.

El olor, que ellos describen como emanaciones de gas, se empezó a sentir cerca de las dos de la tarde, pero ya a las tres se tornó insoportable. Un niño se desmayó. A este le siguieron tres desmayos más. Los cuatro alumnos más afectados eran de entre 3° básico y 1° medio.

–Habíamos sentido olores, pero jamás de esta dimensión –cuenta Opazo, quien lleva más de 20 años al frente del colegio y ese día se preocupó de que los niños estuvieran bien.

Aunque cuatro se desmayaron, fueron diecinueve los que llegaron hasta el policlínico con náuseas, vómitos y dolores de cabeza.

Opazo dice que hay claros protocolos de evacuación interna, aunque es obvio que después de esta emergencia deberían tener algunos equipos especiales, como oxígeno y máscaras. Pero ellos no estaban preparados más que con un protocolo de traslado, hacer que los menores entren a las salas de clases y cerrar las ventanas.

La alcaldesa de Puchuncaví, Eliana Olmos, comentó ese día que hasta el colegio llegaron, además, unidades de emergencia y decidieron adelantar la salida de clases de forma preventiva.

Todos quienes debieron enfrentar la emergencia recordaron el caso de la escuela La Greda, en la misma localidad. Una bruma espesa, similar a los gases lacrimógenos, que el 23 de marzo –pero de 2011– entró por esa escuela, afectando especialmente a niños, alarmó a los vecinos que se organizaron para contar cómo la contaminación los estaba aplastando.

Un informe elaborado en octubre de 2011 por la Seremi de Salud y encargado por la Subsecretaría de Educación, revelaba contaminación en todos los colegios de Puchuncaví. El informe detallaba análisis de polvo y suelos y abarcaba a los establecimientos en la zona, comparándolos con La Greda. Entonces, según el ranking de la calidad de los suelos, el primer lugar de los colegios afectados lo ocupaba La Greda. Después seguían La Laguna, Escuela Básica Campiche, Colegio Maitencillo, Escuela Básica La Chocota y Escuela de Pucalán.

Ese mismo documento señalaba que, si se analizaba el ranking de exposición a elementos carcinógenos en cuanto a polvo, los resultados eran alarmantes. Los catorce colegios de la zona estaban expuestos a riesgos, una reacción que, según los especialistas, solo podrá ser visible a largo plazo.

Zona de sacrificio

La bahía de Ventanas fue declarada zona saturada por anhídrido sulfuroso y material particulado el año 1993 y las autoridades comenzaron a hacer seguimientos a su plan de descontaminación.

Un estudio del año 2014 respecto a la zona, elaborado por la Fundación Terram, señaló que, en cuanto a las normas secundarias, se observaba entonces un incumplimiento en la calidad de aire relativo a la presencia de SO2 (dióxido de azufre), material sumamente dañino para la vida humana. “A la fecha los altos índices de SO2 se han mantenido, con un peak de 2.100 microgramos por metro cúbico en mayo de 2012. La autoridad propuso como recomendación, en el Informe de Plan de Seguimiento, mantener las normas de calidad ambiental; sin embargo, no se proponen medidas más de fondo que propendan al cuidado”, indicaba el documento.

Entonces la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, creada con el fin de investigar los episodios de contaminación en el sector de Ventanas señaló en su informe que “la población afectada por la contaminación de Puchuncaví y Quintero ha sido objeto de una discriminación ambiental al soportar cargas ambientales desproporcionadas, siendo deber del Estado y de la sociedad responsabilizarse por décadas de abandono”.

El año 2012 se dictó la norma de emisión de Centrales Termoeléctricas, que impactaba a la zona, pero la impresión de Flavia Liberona, de la Fundación Terram, es que las cosas no han cambiado mucho:

–Efectivamente hay mayores normativas, pero hay poca información disponible con la que pueda constatar que ha disminuido la contaminación en la zona. El 2012 se dictó la norma, sin embargo, todo ese proceso ha sido complejo, porque las empresas deben validar equipos y se ha atrasado. En la Superintendencia de Medio Ambiente no hay información de que haya cumplimiento de la normativa.

De acuerdo a Liberona, por otro lado, está la fundición de Codelco Ventanas. “Contra esta la Superintendencia del Medio Ambiente ha hecho varios procesos condenatorios, pero están en proceso. Han encontrado distintas cosas, pero aún no hay una sanción”, dice, y agrega que, a pesar de las cifras, puede opinar respecto a lo que ha recogido visitando el lugar, al cual la fundación acude frecuentemente. “Las empresas, sobre todo las termoeléctricas, siguen emitiendo humo. Hay olor y la percepción que uno tiene es que no hay cambio. Al principio de este Gobierno, a raíz de que existía esta zona de sacrificio, se hizo un plan de recuperación ambiental. Han tenido comités y también han participado organizaciones sociales, sin embargo, hay algunas que se han retirado porque no se abordaron los problemas que existen y aún no hay un plan de recuperación”, advierte.

Norma de inequidad

La nube tóxica que afectó a la escuela Sargento Aldea el 23 de marzo y que según las autoridades aún no tiene una causa definida, ha empalmado con una discusión que otra vez expone la vulnerabilidad e inequidad a la que están sometidos los habitantes de zonas contaminadas.

Hace unas semanas, el senador Guido Girardi reveló que, entre enero y febrero, se reunieron los ministros de Medio Ambiente –entonces Pablo Badenier–; Economía, Luis Felipe Céspedes; Minería, Aurora Williams y, unilateralmente, cambiaron la propuesta hecha por el Ministerio de Salud flexibilizando y rebajando los estándares de la norma de azufre.

“Por ejemplo, la norma anual de 60 miligramos la dejaron en 70 µg/m3; la norma de 24 horas de 150 µg/m3 que proponía Salud la llevaron a 200 µg/m3. La norma propuesta por la OMS son 20 µg/m3, es decir, 1000% más exigente, que lo que se está proponiendo. Esto expondrá a la comunidad y los niños a gravísimos problemas de salud”, explicó Girardi, una situación que reiteró ayer en una de las salas del Senado que recibió al nuevo titular del Medio Ambiente, Marcelo Mena, y al encargado de políticas públicas del Ministerio de Salud, Tito Pizarro, justamente para entender la flexibilidad de la norma que debe ser ratificada en un paso siguiente por Michelle Bachelet.

Pablo Ruiz, académico de la Universidad de Chile y doctor en Salud Ambiental por la Universidad de Harvard, revisó las estaciones de monitoreo en el momento de la emergencia que vivió la escuela Sargento Aldea para El Mostrador y si bien señala que, al analizar las concentraciones de las cinco estaciones cercanas a Ventanas, no se observan aumentos importantes de SO2 durante el período de las intoxicaciones, sí llama la atención que una de las estaciones constantemente indica lecturas de más de 20 ppb (partes por billón). “Esto es preocupante, pues indicaría que posiblemente este instrumento no ha sido adecuadamente seteado en su línea base, y uno se pregunta si no pudiera haber también problemas en su sensibilidad”, explica.

La propuesta aprobada en el consejo de ministros para la sustentabilidad, en febrero pasado, propone una norma de una hora de 191 ppb. “Como se aprecia es más alta que la norma de la EPA (agencia de protección de medioambiente de EE.UU.). Si se compara con la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es del mismo orden en términos concentración, pero, muy importante, la OMS la sugiere para 10 minutos, y Chile la deja en 1 hora. De esta forma, se podría pensar que pudiéramos superar la guía de la OMS en 6 veces (6 veces 10 minutos en 1 hora) sin superar la norma chilena”, detalla Karla Yohannessen, académica del programa de Salud Poblacional de la U. de Chile.

Un segundo punto importante para el académico y que, según él, la hace excesivamente permisiva, es que esta norma incluye un percentil 99 para la cantidad de mediciones de 1 hora en un año. “La idea de un percentil es que, no por superar una sola vez el valor de la norma, en forma excepcional, se está realmente superando la norma y se necesita un plan de descontaminación. Entonces, cuando se incorpora un percentil como el 99, decimos que, si el 1% de todas las mediciones son más altas que el valor de la norma, entonces estamos superando esta. En otras palabras, cuando se supera sistemáticamente. El problema es que es con solo una exposición en un día se generan problemas en salud, entonces se esperaría que la regla del percentil se aplique al máximo horario en un día, tal como lo hace EE.UU.”, explica.

Así como está, la norma que debería aprobar Bachelet permitiría tener hasta 87 excedencias en un año sin que se rompa tal normativa.

Los indicadores a los que apunta Ruiz no son solo números, también dicen relación con la calidad de vida y la justicia social de quienes son expuestos a mayor contaminación: “La carga de exposición desigual es de preocupación política, independientemente de si se puede demostrar que las personas con mayores exposiciones difieren de otras en términos de nivel socioeconómico. Sin embargo, si los niveles bajos coinciden con la proximidad de las fuentes, el argumento moral para reducir la carga ambiental sobre los grupos que experimentan varios tipos de desventajas sería aún más fuerte”, concluye.

El Mostrador se comunicó con la Superintendencia de Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente y la Seremi de Salud de la Quinta Región, para conocer el curso de la investigación de la emergencia en el colegio Sargento Aldea, las multas y las mejoras en el sistema de descontaminación de la zona, pero no conseguimos una respuesta.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/04/05/zonas-de-sacrificio-ambiental-los-ninos-de-puchuncavi-otra-vez/

El pasado martes 14 de marzo, la Dirección Regional del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) de la región de Atacama, invitó a la comunidad a participar del proceso de “Participación Ciudadana” sobre el “proyecto de desarrollo de Mantoverde” (Mantos Copper) y su Estudio de Impacto Ambiental que está en evaluación.

El proyecto de ampliación busca prolongar la vida útil del proyecto minero hasta el año 2037 (20 años más), lo que significaría un aumento en la explotación de minerales que alcanzaría 76 mil toneladas de cobre fino y 28 mil onzas de oro al año.

De esta manera, las comunidades invitadas llegaron a la reunión con un claro objetivo: protestar contra esta ampliación. Con pancartas, poleras blancas y listos sus argumentos, pescadores artesanales y juntas de vecinos de la región llegaron a la Municipalidad de Chañaral para entregar su opinión al respecto.

“Queremos a Flamenco Limpio”

La bahía de Flamenco está ubicada al sur de Chañaral, y posee una playa reconocida como uno de los balnearios favoritos de la región. En efecto, es la única playa apta para el baño en la provincia. Por lo mismo, uno de los polos de desarrollo es el TURISMO, que atrae a visitantes al menos 7 meses al año. Se practica pesca y buceo recreativos, además de natación, kayak de mar, surf, windsurf, fotografía y contemplación de flora y fauna.

Nilsa Guzmán, Presidenta de la Junta de Vecinos de Flamenco y que conversó con Relaves.org, cuenta que otros polos son la pesca artesanal y la recolección de ALGAS, “que genera ganancias de al menos 500 millones de pesos al año”, afirma.

A sólo 40 kilómetros al interior de esta maravillosa playa (y que gracias a la corriente de Humboldt, se generan condiciones ideales para asentamientos de pingüinos, nidificación de aves y presencia de una amplia diversidad de especies marina) se encuentra la Quebrada de Guamanga. “Es una reserva de agua con importantes napas subterráneas. Actualmente, la minera está drenando ácidos en estas tierras, lo que ya significa alta contaminación”, explica Nilsa.

Esto, porque la empresa ha funcionado desde hace muchos años dentro de la quebrada, con la explotación de minerales a través de las pilas de lixiviación, proceso de carácter hidrometalúrgico y que consiste en la obtención de cobre desde minerales oxidados, separados a través de la aplicación de una disolución de ácido sulfúrico y agua.

En qué consiste la ampliación

Los vecinos han planteado su preocupación por que el proyecto de ampliación espera construir un TRANQUE DE RELAVES en la Quebrada Guamanga, además de multiplicar a 3 veces el funcionamiento de la Planta Desaladora que ya existe. “Imagínate que nuestro mar aún se mantiene limpio, y es donde se desarrolla la pesca artesanal, los deportes náuticos y la recolección de Algas. Con esta planta desaladora funcionando al triple, tememos que todo esto desaparezca”, relata Nilsa. Por otro lado, siempre está el peligro de un derrame de relaves por distintas causas, que contaminarían irremediablemente la zona, además de drenar metales pesados tóxicos a las tierras donde se instalaría el tranque.

Es así como, tras presentar el proyecto por parte de Mantos Copper con varias interrupciones y acaloradas manifestaciones de los vecinos, se informó que el próximo 8 de abril se realizará, esta vez en Flamenco, una nueva reunión para -según la empresa minera- aclarar las dudas sobre el Estudio de Impacto Ambiental. A la salida de este primer encuentro, Nilsa comentó a la prensa que “me molesta tanta mentira, ya que ellos saben que están contaminando las napas subterráneas. Como Junta de Vecinos presentaremos las observaciones por escrito, y a quienes viven en este balneario, les entregaremos un formato para que también presente sus observaciones”.

Observaciones Ciudadanas

Desde la autoridad medioambiental se informó que los interesados pueden hacer llegar a sus oficinas (ubicadas en Calle Yerbas Buenas 295, Chañaral) todas las inquietudes respecto al desarrollo del proyecto minero, con fecha tope el próximo 24 de mayo, donde se tramitarán las respuestas.

Por otra parte, en abril la diputada Daniella Cicardini visitará la Minera Mantos Copper para ver en terreno cómo funciona y si es real que contaminan drenando ácidos a las napas subterráneas.

Finalmente, es una realidad que este sector, con la actual Planta Desaladora, Pilas de Lixiviación y funcionamiento de Mantos Copper, está tomando un carácter industrial. Y eso es precisamente lo que se quiere frenar desde las comunidades: que se transforme en una zona netamente industrial, porque conocen los impactos y contaminación que generaría.

FUENTE-.http://www.relaves.org/2017/03/17/flamenco-y-mineria-porque-las-comunidades-se-oponen-a-ampliacion-de-mantos-copper/

Las mineras están volviendo a realizar transacciones después de años de austeridad que paralizaron las inversiones en producción futura. Los presupuestos de exploración están aumentando y las mineras buscan adquirir activos a través de asociaciones o compras directas. Goldcorp seguirá buscando oportunidades, dijo Garofalo en la entrevista el lunes, aunque señaló que los grandes depósitos son cada vez más difíciles de encontrar. Inversión inicial sería de US$ 260 millones.

Las dos mayores mineras de oro de Canadá, Barrick Gold Corp. y Goldcorp Inc., se están uniendo para desarrollar un depósito de oro y cobre en Chile como parte de una compleja cadena de transacciones.

Bajo los términos de acuerdos separados anunciados el martes, Goldcorp comprará el 25 por ciento de Kinross Gold Corp. en el proyecto Cerro Casale en el cinturón mineral de Maricunga por un pago adelantado de US$260 millones, así como otros pagos diferidos y regalías. La minera adquirirá otro 25 por ciento de Barrick, reduciendo la participación de este último en la mina al 50 por ciento, convirtiéndose en socio igualitario con Goldcorp

Mientras tanto, a través de la adquisición de Exeter Resource Corp., Goldcorp comprará el proyecto Caspiche ubicado a sólo 10 kilómetros de Cerro Casale.

Al combinar Cerro Casale y Caspiche, Goldcorp cree que puede reducir la carga de capital para desarrollar el área, y finalmente generar un mejor rendimiento, dijo el máximo ejecutivo David Garofalo en una entrevista el martes.

«Pasará mucho tiempo antes de que pongamos una pala en el suelo en estas propiedades», dijo Garofalo por teléfono. «Pero si no los incluimos en nuestras carteras y las avanzamos nunca vamos a llegar a un punto en el que realmente podamos hacer un caso de inversión».

Coqueteando

Las mineras están volviendo a realizar transacciones después de años de austeridad que paralizaron las inversiones en producción futura. Los presupuestos de exploración están aumentando y las mineras buscan adquirir activos a través de asociaciones o compras directas. Goldcorp seguirá buscando oportunidades, dijo Garofalo en la entrevista el lunes, aunque señaló que los grandes depósitos son cada vez más difíciles de encontrar.

«Me encantaría mucho comprar más de ellos. Simplemente no están disponibles. Y me encantaría hacer más de estos acuerdos de colaboración con empresas puras como Barrick», dijo Garofalo. «Estamos hablando con todos nuestros compañeros sobre este tipo de transacciones porque la industria ha estado sufriendo una trayectoria descendente en sus reservas durante cinco años».

Goldcorp invertirá US$260 millones en la porción de Barrick de los costos iniciales de desarrollo durante cinco años, US$85 millones de los cuales serán cubiertos dando a Barrick la mitad de Caspiche una vez que cierre el acuerdo y se añada al activo.

Desde la perspectiva de Barrick, esto concreta el acuerdo sin ningún costo adicional para sus accionistas, dijo el presidente Kelvin Dushnisky en un comunicado. «Este acuerdo nos permitirá dirigir capital a otras partes de nuestra cartera, a la vez que aseguramos que los accionistas mantengan la exposición a la facticidad asociada con uno de los depósitos de oro y cobre no desarrollados más grandes del mundo».

Dushnisky y el presidente ejecutivo de Barrick, John Thornton,

han dicho que considerarían las asociaciones como una forma de desarrollar activos en Chile y en otros lugares.

Como parte de su acuerdo con Kinross, Goldcorp también adquirirá el 100 por ciento de la participación de Kinross en el proyecto de exploración de Quebrada Seca adyacente a Cerro Casale y le dará a Barrick una participación de regalías sobre los ingresos brutos derivados de ambos proyectos.

«Especialmente en Chile y Perú, tiene sentido trabajar en grupos mineros donde las operaciones puedan unirse para compartir infraestructura», dijo César Perez-Novoa, analista de BTG Pactual, por teléfono desde Santiago. «Veo una tendencia de las asociaciones que suceden durante la próxima década.»

Fuente:http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/03/28/goldcorp-se-une-a-barrick-para-compartir-riesgos-proyecto-en-chile/

Teniendo como base empírica la alta vulnerabilidad actual de los océanos, en que solo el 4 por ciento de los mares del orbe posee algún tipo de protección, la pregunta para el mundo de la ciencia es si proyectos industriales como Minera Dominga, que promete la creación de 9.800 empleos, pueden implementarse sin poner en riesgo el delicado equilibrio natural de los ecosistemas.

El 9 de abril se vence el plazo para que la empresa Andes Iron, operadora de Minera Dominga, presente la apelación ante el Consejo de Ministros contra la decisión que rechazó, en una estrecha votación, el proyecto minero en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Con una inversión aproximada de US$2.500 millones, este proyecto minero-portuario calificado por sus impulsores como la «Nueva Minería», debido a las consideraciones ambientales en su planteamiento, dejó de ser hace unas semanas la simple colisión entre dos fuerzas: el criterio económico que aprecia el beneficio de las grandes inversiones que en estos últimos años han sido difíciles de concretar, versus la conservación del medioambiente.

La dimensión política –que en definitiva es la consideración determinante a la hora de aprobar o rechazar un proyecto– pasó de ser la preocupación de autoridades regionales (Coquimbo) a un choque frontal entre visiones contrapuestas al interior del Gobierno de Bachelet, convirtiéndose en un conflicto político inesperado, en un año electoral complejo y lleno de sorpresas.

Si ocurre un derrame, primero todas las aves que están alimentándose quedarían empetroladas, y después el petróleo se desplazará hacia el norte, quedando retenido en la reserva, tendiendo a un impacto adicional en el sector más productivo de la zona centro norte de Chile, al afectar los nutrientes y las larvas que flotan en las aguas superficiales. Para la pesca sería nefasto», advierte Luna

A la consabida colisión de opiniones entre el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, y el senador Guido Girardi, ambos PPD, se suma la dilación a la hora de tomar una decisión definitiva –sin perjuicio de la eventual judicialización de esta–, que podría a lo menos llegar al mes de septiembre, coincidiendo con el IV Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas, que en la versión 2017, Chile es su anfitrión.

En dicho congreso, en el que estarán presentes la comunidad científica internacional, políticos y activistas ambientales, la dimensión política del conflicto se complejizará aún más, toda vez que nuestro país se verá enfrentado a los compromisos internacionales en el marco de Naciones Unidas y en el que se comprometió, de aquí a tres años, a proteger el 10 por ciento de su zona económica exclusiva, el mar patrimonial.

La revisión del estado de cumplimiento de estos compromisos pondrá en evidencia que Chile está al debe, ya que solo en la Región de Coquimbo y, más específicamente en el área donde se pretende instalar Minera Dominga, que coincide con el sector de mayor riqueza en biodiversidad marina del centro norte del territorio, el país ha protegido actualmente menos de uno por ciento.

La conflictividad política que reaparece periódicamente en esta zona, sitúa también la discusión en una escala superior –aunque no tenga impacto directo en el decurso de la contingencia política chilena–, en donde la controversia alcanza un nivel ético: teniendo como base empírica la alta vulnerabilidad actual de los océanos, en que solo el 4 por ciento de los mares del mundo posee algún tipo de protección, la pregunta que se busca responder es si proyectos industriales como Minera Dominga, que promete la creación de 9.800 empleos, pueden implementarse sin poner en riesgo el delicado equilibrio natural de los ecosistemas.

Aquí la discusión sale de la arena política y se vuelve una cuestión de evidencias, donde la unanimidad de la comunidad científica tiene una respuesta clara y tajante: el impacto en la biodiversidad marina de cualquier proyecto industrial que pretenda instalarse en una zona tan particular del Sistema de la Corriente de Humboldt, será catástrófico e irreparable.

Áreas de influencia

El Sistema de la Corriente de Humboldt y específicamente la zona marina comprendida entre la Isla de Chañaral, en la Región de Atacama, y Caleta Hornos, en Coquimbo, es una de las áreas en donde existe mayor investigación científica y numerosa documentación. Científicos nacionales e internacionales, como Maritza Cortés, Guillermo Luna-Jorquera, Francisco Cárcamo, Carlos Gaymer, Úrsula Ellenberg, Katrin Ludynia y Alejandro Simeone, entre muchos otros, han documentado que todo el circuito marino comprometido –que es precisamente donde estará emplazado el proyecto minero-portuario y además se encuentra la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH)– es una sola unidad ecológica.

Analizar la posible afectación a la biodiversidad desde esta perspectiva –de acuerdo a la documentación científica–resulta determinante, porque obliga a revisar el impacto de la minera en la llamada zona de influencia.

En el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa Andes Iron, se ha hecho hincapié en que en el área de influencia del Proyecto Dominga, es decir, el espacio marino que se vería directamente impactado, «no existen áreas bajo protección oficial o sitios prioritarios», por lo que el impacto de la actividad minera y la operación portuaria, que incluye el tránsito de hasta seis buques de gran envergadura, no provocaría mayor daño, siendo posible su mitigación.

Lo que no incorpora el proyecto portuario en su análisis, como lo ha hecho saber la Conaf en numerosos oficios ordinarios al Servicio de Evaluación Ambiental de la Cuarta Región, es que en las cercanías del proyecto existen tres áreas bajo protección oficial y dos sitios prioritarios. Se trata de Punta Teatinos, hasta Quebrada Honda e incluyendo isla Pájaros, Área Marina Punta de Choros, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH), Reserva Marina Isla Choros-Damas e Isla Gaviota.

Carlos Gaymer, investigador del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte, explica que pensar que, por no estar dentro de las reservas el proyecto no generará impactos negativos en todo el sistema, es no solo no comprender los sistemas marinos, sino que también es simplemente descartar toda la evidencia recogida en años de investigación. «Cuando se caen los proyectos es porque no consideran la mejor ciencia», dice.

«Toda el área de influencia entre caleta Hornos y Punta de Choros, pasando por Totoralillo Norte y Chungungo, donde se supone que están las áreas de influencia de la minera, están en el corazón de una gran área de importancia mundial para la biodiversidad. Eso hay que dejarlo claro. Se dice que las reservas están más al norte y que la minera no las afectaría, pero no es cierto, la reservas son parte de este gran sistema», detalla.

Extinción de especies protegidas

A diferencia de lo expresado por fuentes de Minera Dominga, que –tras ser consultada por El Mostrador sobre cuáles eran los argumentos científicos que respaldaban su visión sobre la ausencia de impacto en las reservas– sostuvo que no era posible entregar la información, ya que, al ser tan extensa «no era viable simplificarla para el artículo», los biólogos marinos, por el contrario, señalaron que existe documentación específica que confirma que, aun cuando la minera no pase directamente por las reservas, el daño a las especies protegidas es altamente significativo, debido a que se interviene el espacio marino donde estos animales, como el pingüino de Humboldt, se alimentan.

«Los principales objetos de conservación de la RNPH, además del pingüino, son numerosas otras especies de aves y ninguna de esas aves se alimenta en la reserva», apunta Gaymer.

«Las aves marinas, por ejemplo, nidifican en tierra sobre las islas protegidas, pero se alimentan en el mar. Y la zona donde se concentra el alimento de ellos, el krill y las anchovetas, es justamente la zona donde se piensa poner este puerto. Eso es súper importante porque, cuando uno habla de la zona de influencia, por lo general se piensa en la superficie terrestre de la RNPH y en una milla náutica alrededor de ellas, pero lo que se está buscando hace décadas es que se proteja toda la zona sur. Si usted interfiere la zona sur, que es donde se alimentan, lo que ocurre es que las aves van a morir igual y no van a seguir nidificando, porque no tiene alimento», señala.

Guillermo Luna, investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y especialista en aves marinas, agrega que «hay que considerar que el hábitat de un ave marina tiene dos componentes: el terrestre, en donde ubica sus colonias de reproducción, y el marino, en donde busca su alimento. Así, ambos componentes se verían fuertemente amenazados por los efectos de una actividad industrial, lo que a su vez tendría consecuencias negativas para todas las poblaciones de animales, incluyendo el ícono de la protección, que es el pingüino de Humboldt”.

En lo que también coinciden los científicos es en remarcar que, si bien el 80 por ciento del pingüino de Humboldt de Chile y Perú está en esa zona, hay muchas otras especies con serios problemas de conservación, algunas en peligro crítico y que viven allí; más 14 especies de cetáceos, incluidas ballena azul, jorobada y otras que se alimentan en esta área.

Hace unos años –refuerza Luna–, se hizo un estudio en el cual se demostró que cada una de las islas contiene combinaciones específicas de plantas, aves y mamíferos terrestres. «Y esto es muy importante para los fines de conservación de la biodiversidad, porque nos enseña que no basta con proteger tres islas, como ocurre en la actualidad», puntualiza.

«El ejemplo más claro es el islote Chungungo, que queda a solo unos cuantos metros del lugar en que se construiría el puerto, expuesto a un alto nivel de perturbación producto de la actividad propia de un puerto, tales como luminarias y ruido de máquinas operando de día y noche. Resulta que este islote es el único lugar conocido del Pacífico Sur en el que nidifica la Golondrina de Mar chica, una especie acerca de la cual sabemos muy poco de su biología y de su rol en el ecosistema marino. Los efectos de la actividad industrial sobre esta exclusiva colonia no son conocidos y además son muy difíciles de prever, dado el bajo nivel de conocimiento científico que aún tenemos de esta especie en particular», sostiene Luna.

Derrames: un daño para la pesca artesanal e industrial.

Además de las aves, la aceleración en los descubrimientos científicos ha determinado con toda certeza que precisamente en la zona de influencia del proyecto, que dirige el geólogo Iván Garrido de Andes Iron, se ubica uno de los dos focos de surgencia más importantes del país. Se trata de un fenómeno oceanográfico que produce que las masas de aguas que vienen de las profundidades suban a la superficie. Estas, explica Gaymer, «son aguas frías que vienen del fondo del mar y que por los vientos afloran a la superficie, es como si estuvieran fertilizando el océano. Eso hace que esta sea una de las zonas más productivas del norte, porque, al ser fría el agua con gran cantidad de nutrientes, hace que exista mucha vida, desde el fitoplacton hasta todos los niveles superiores, el zooplancton, los peces, etc.”.

Esa riqueza que fecunda la superficie del mar también hace que esta área sea la más productiva de todo el centro norte de Chile en recursos bentónicos, vale decir, de aquellas especies que yacen en el fondo marino, como lapa, loco y erizo.

Según coinciden Gaymer y Luna, el gran peligro para los recursos bentónicos –que constituyen el principal sustento para la pesca artesanal– es la probabilidad de derrame de hidrocarburos por parte de los buques que van a transitar, cinco o seis mensuales, por el Sistema de Corrientes de Humboldt. Todo derrame en cualquier parte de este sistema, tendrá un impacto directo sobre el fondo marino donde habitan las especies adultas y juveniles.

Pero esto no afectaría solo a la pesca artesanal. Gaymer detalla que en las cinco millas que son exclusivas para la pesca artesanal, están autorizadas las operaciones de las flotas arrastreras de pesca industrial, como la langostinera y la camaronera. «La zona de influencia directa de Minera Dominga es justamente donde, producto de la surgencia, se acumulan las larvas y adultos de estas especies. Eso quiere decir que la pesca industrial de arrastre también se verá afectada por el impacto específico en la población de camarones y langostinos», apunta.

Aun cuando el proyecto minero ha especificado que, para controlar un posible derrame de hidrocarburos, Dominga contará con implementos y equipos de acción rápida en el terminal de embarque, los científicos explican que esta zona en particular tiene un singular sistema de corrientes que hace que cualquier eventual derrame tenga impactos nocivos en toda el área que se desea conservar.

En esta zona existe un sistema insular, el sistema insular costero de Coquimbo, con islotes como Pájaro1, Pájaro 2, más Choros, Damas y Gaviota. Este sistema de islotes, según explican los científicos, hace que lo que se va al norte quede retenido por el sistema de islas. «Lo que está claro es que, por el régimen de corrientes y vientos, cualquier tipo de derrame que ocurra en la zona estaría incluso ya sobre el sector de nidificación de las aves, por lo que constituye un riesgo gigantesco», dice el doctor Gaymer.

Tanto este investigador como su colega Luna sostienen que es evidente que estos son accidentales y que nadie está interesado en perder combustible, sin embargo, los accidentes ocurren y las consecuencias para las aves marinas son dramáticas. «Y no solo para las aves, sino que para el resto de la biota marina también, por lo cual no es prudente ni aconsejable desarrollar tal nivel de actividad portuaria en un área de tanto valor para la biodiversidad de Chile y el mundo», asegura el investigador de la Universidad Católica del Norte.

«Si ocurre un derrame, primero todas las aves que están alimentándose quedarían empetroladas, y después el petróleo se desplazará hacia el norte, quedando retenido en la reserva, tendiendo a un impacto adicional en el sector más productivo de la zona centro norte de Chile, al afectar los nutrientes y las larvas que flotan en las aguas superficiales. Para la pesca sería nefasto», advierte Luna.

El paisaje del sonido y la luz

Hay otro punto sumamente novedoso, aclaran los biólogos marinos, pero sumamente crítico también: la contaminación de los sonares y el peligro para las especies bentónicas.

Junto con la elevada probabilidad de colisiones de buques con especies cetáceas que llegan a buscar el krill en esta zona y los riesgos también para la única colonia residente de delfines nariz de botella que viven en isla Choros, pero se alimentan en la zona de influencia de Dominga, existe asimismo numerosa evidencia de que la interacción de los sonares genera problemas de orientación de los cetáceos, que muchas veces provocan varazones o emigración a otras zonas, porque no soportan el ritmo de visitación de estas embarcaciones de gran calado. Pero además de este peligro, los sonares y el ruido que produce el puerto, estaría afectando a las larvas de los locos y las lapas, entre otras, que se dispersan flotando en la columna de agua como si fueran sus semillas.

Para que esas semillas puedan ser extraídas cuando se convierten en adultos o juveniles, requieren señales que son estudiadas por una ciencia muy novedosa: la Ecología del Paisaje del Sonido. Lo que se ha demostrado es que los arrecifes temperados, donde viven los locos y las lapas, emiten sonidos. Esos sonidos son emitidos normalmente por los padres, para atraer a las larvas al lugar donde tienen que apegarse al fondo y poder transformarse en recurso.

«Ese es un tema del que hasta hace poco no se tenía idea. Genera problemas serios, enmascara el sonido del arrecife y las larvas que no son capaces de encontrar los lugares para asentarse, se mueren. Eso significa que no solo se va a afectar a los adultos, sino también a las larvas que están flotando en el placton. Y eso sería una catástrofe no solo para los recursos como los locos y las lapas, sino también para todos los que tienen fase larvaria», plantea Gaymer.

Otro tema que se ha mencionado muy poco –interviene Luna– es el relativo a los efectos de las luminarias sobre petreles (aves que se alimentan de los huevos de los peces y las larvas de moluscos y crustáceos) y otras especies de aves marinas.

«El efecto de las luminarias lo hemos estudiado y podemos decir que tanto las luminarias del puerto como de los barcos van a ocasionar la muerte incidental de un número no determinado de petreles que son atraídos por la luz y mueren debido a los impactos con los focos o postes. Hay que mencionar que, en el caso del Yunco, hablamos de una especie endémica con estado de conservación en peligro y poblaciones en descenso. La mortalidad incidental debido a las luminarias es un problema crónico, es decir, que es permanente en el tiempo, lo que podría ocasionar un agravamiento del estado de conservación de la especie en todo lo que dura el proyecto, o sea, durante 26 años», señala el profesional.

Compromisos internacionales

Chile es uno de los pocos países en la región que ha hecho grandes esfuerzos por proteger áreas marinas, especialmente en las islas oceánicas. Respecto a los sectores costeros, es allí donde se encuentra la principal deuda, especialmente cuando se trata de dar cumplimiento al Convenio para la Diversidad Biológica, ratificado por Chile en 1995 y que establece que al 2020 los países firmantes se comprometen a proteger el 10 por ciento de la zona económica exclusiva.

Además de ese convenio, los científicos opinan que cualquier proyecto industrial estaría además poniendo al país en el incumplimiento del Convenio ratificado para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas naturales, y el Convenio Sobre la Conservación de Especies Migratorias y Fauna Salvaje.

Fuera de lo que podría ser una violación de tratados que, cuando se adscribe a ellos, asumen dimensión de ley, la comunidad científica cree que, ante la abundante evidencia existente a nivel internacional, no parece recomendable que una zona tan particular del Sistema de la Corriente de Humboldt pueda verse amenazada por este u otro tipo de proyecto industrial.

Para la ciencia, el Sistema Costero de Coquimbo es una muestra única, de valor mundial, de la rica biodiversidad de la costa continental del Pacífico del Sur.

«No cabe duda alguna de que, si hay un lugar que se debe proteger, es este. Esta zona debe ser protegida, permitiendo un desarrollo sustentable que garantice y extienda sus beneficios presentes y futuros a la población local y al resto del mundo», concluye Gaymer, que con Luna son dos de los expertos con mayores publicaciones científicas sobre la materia.

Fuente:“http://www.elmostrador.cl/cultura/2017/03/27/catastrofe-ambiental-irreparable-el-duro-diagnostico-de-la-comunidad-cientifica-sobre-minera-dominga/

Al menos 20 denuncias por incumplimientos e irregularidades ambientales y un proceso sancionatorio tardío por parte de la autoridad gubernamental, es parte del resumen de años de resistencia a un proyecto hidroelèctrico que -según coinciden vecinos, agrupaciones y representantes políticos- pone en riesgo el ecosistema del Cajón del Maipo, así como el abastecimiento de agua para la Región Metropolitana.

“Nuestro objetivo es que la autoridad ambiental aplique la sanción máxima a este proyecto, y esto es la revocación del permiso ambiental”. Con esas palabras Anthony Prior, vocero de la Red Metropolitana No Alto Maipo explicaba a concejales, dirigentes, autoridades y vecinos del Cajón del Maipo y de Santiago la nueva etapa que se abre en el conflicto con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de la transnacional estadounidense Aes Gener. Todos están en la calidad de “denunciantes interesados” en el nuevo proceso sancionatorio abierto.

Prior explicó en la reunión de este 27 de marzo en las dependencias del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) que tras las casi 20 denuncias que se hicieron comunitariamente a lo largo de casi tres años, recién en enero de 2017 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) había iniciado un proceso sancionatorio. Y tal como se establece en la institucionalidad, la empresa había presentado un plan de cumplimiento, que significa que el proyecto, de aprobarse ese plan, no va a recibir ninguna sanción. “Y lo que nos interesa es que se sancione, pues si llegara a cometer otro incumplimiento, se consideraría como reincidente, y eso ya es mucho más grave, lo que le podría costar la revocación del permiso”, sostiene el dirigente. Sin embargo, como se está evaluando el Plan de Cumplimiento, la estrategia deberá ser de mayor control comunitario en la institucionalidad ambiental del país.

La SMA abrió el primer proceso sancionatorio contra Alto Maipo el 30 de enero de 2017, luego de tres años de denuncias de la comunidad sobre incumplimientos y graves irregularidades a sus compromisos ambientales establecidos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Este proceso se inició una vez que Antofagasta Minerals, brazo minero del Grupo Luksic, saliera del proyecto tras llegar a acuerdo con Aes Gener.

Álvaro Toro, abogado ambientalista del OLCA  y asesor a la Red, sostiene que la normativa ambiental “nos parece débil”, aún más si se considera que “la información que tenemos no oficial es que la SMA va a aceptar el Plan de Cumplimiento”. Y si a eso le sumamos que “este mismo superintendente, Cristián Franz, tiene hartas ganas de dilatar esto porque como sabemos que se mezcla con lo electoral, van a tratar de que no florezca mucho”.

En ese sentido, el dirigente Prior sostiene que el objetivo de la Red es la sanción del proyecto, y que “queremos la revocación del premiso ambiental y no dar ‘segundas oportunidades’, sino que, si Alto Maipo no es capaz de cumplir la ley, entonces que se retire del territorio, porque en Chile somos todos iguales ante la ley ¿o no?”.

Tres concejales y una parlamentaria

A la reunión asistieron tres concejales, un representante de la diputada Camila Vallejo (PC), dirigentes de la comuna e integrantes de la Unión Comunal de Puente Alto, además de miembros de otras organizaciones. Todos apoyan la gestión de la Red Metropolitana No Alto Maipo, tanto en la defensa ambiental como en el seguimiento que ha hecho al proyecto hidroeléctrico.

Los concejales coincidieron en la necesidad de apoyar el proceso social de resistencia tanto como lo administrativo de la SMA, porque están convencidos de que Alto Maipo está trayendo consecuencias nefastas para toda la región Metropolitana.

En ese sentido Maite Birke, concejala que en las últimas elecciones sacó la primera mayoría en san José de Maipo, expresó que seguirá participando de las estrategias ciudadanas pues “sé que va a producir mucho daño” y llamó a que quienes son autoridades trabajen de forma consciente.

Además, la edil explicó que la comunidad se ha visto tensionada por la presencia de Alto Maipo, ya que San José existe un problema de empleabilidad, “y cuando llegan estos megaproyectos ofrecen trabajo, pero, en este caso, de 4 mil solo 600 son para la comunidad, lo que equivale al 15%”. Y agrega: “No es que tengan a toda la comunidad trabajando, ganando plata y saliendo adelante, sino que es una cantidad pequeña de personas”.

Sin embargo, confiesa que ha estado conversando con algunos trabajadores de Alto Maipo y que “están con el corazón dividido, porque saben que lo están haciendo mal y que va a haber un daño al medioambiente”.

Por su parte, Orlando Vidal Duarte, concejal de La Florida, manifestó que “el proyecto Alto Maipo es un atentado a la naturaleza, a la vida y a la sobrevivencia de la ciudad”, y expresó que ha estado en la lucha administrativa, judicial y en la calle, “porque estoy convencido que es justa”.

El edil manifestó que “no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que este proyecto sí va a generar impactos negativos en un amplio sector del Cajón que todavía sigue siendo un pulmón para esta ciudad tan contaminada”, y agregó que Alto Maipo va a afectar a toda la Región Metropolitana, pues “el agua va a terminar siendo un tema de la ciudad”.

Si bien hace tiempo que ha manifestado su apoyo a la defensa del Cajón del Maipo, ahora Rosario Carvajal participó como concejala por Santiago, antes era presidenta de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. En la ocasión expresó que Alto Maipo “pone en riesgo el abastecimiento del agua de toda la Región Metropolitana”, por eso es necesario que desde Santiago la ciudadanía participe.

Carvajal explicó que este proyecto causará “un impacto para toda la región y el país y es inconcebible que un recurso vital como el agua esté en función de un proyecto hidroeléctrico”.

El acuerdo incluye la adquisición por parte de Goldcorp de un 50% de Cerro Casale y un 100% del proyecto Caspiche.

GoldCorp anunció este martes que suscribió un acuerdo con Barrick Gold Corporation con el objeto de aprovechar potenciales sinergias en el Cinturón de Oro Maricunga, ubicado en la Región de Atacama, a través de un joint venture dividido en parte iguales.

La transacción se llevará mediante una serie de acuerdos incluyendo: la adquisición por parte de Goldcorp de un 25% de participación en Cerro Casale y un 100% de participación en el proyecto de exploración Quebrada Seca, ambas de propiedad de Kinross Gold Corporation, en contraprestación a un pago inicial en efectivo de $260 millones; el otorgamiento, por parte de Goldcorp, de una regalía de un 1,25% sobre el 25% de los ingresos brutos obtenidos por ventas de metal proveniente de Cerro Casale y Quebrada Seca, renunciando Kinross a los primeros 10 millones pagaderos; un pago contingente de $40 millones, pagadero desde una decisión de construcción en Cerro Casale, y la asunción de una obligación de pago a Barrick ascendiente a $20 millones, pagadera con el inicio de la producción comercial en Cerro Casale.

La adquisición, por parte de Goldcorp, de un 25% de participación adicional en Cerro Casale, de propiedad de Barrick, en contraprestación a una obligación de pago diferido de $260 millones, a ser satisfecha mediante el financiamiento del 100% de los gastos en Cerro Casale; el otorgamiento, por parte de Goldcorp en favor de Barrick, de una regalía de 1,25% sobre el 25% de los ingresos brutos obtenidos por ventas de metal proveniente de Cerro Casale y Quebrada Seca; un pago contingente de $40 millones, pagadero desde una decisión de construcción en Cerro Casale; y la transferencia a Barrick de un 50% de participación en Quebrada Seca, seguida de la contribución conjunta por parte de Goldcorp y Barrick de un 100% de participación en Quebrada Seca al joint venture.

Además se contempla la adquisición por Goldcorp de Exeter Resource Corporation y el 100% del proyecto Caspiche de su propiedad ubicado en el Cinturón de Oro Maricunga en Chile, aproximadamente 10 kilómetros al norte de Cerro Casale, por un precio accionario de aproximadamente $185 millones (sobre una base totalmente diluida) y el aporte de Caspiche al joint venture, siendo un 50% de su costo de adquisición, o aproximadamente $85 millones, utilizado para reducir la obligación de pago diferido de $260 millones.

Fuente:http://www.latercera.com/noticia/goldcorp-barrick-anuncian-acuerdo-explotar-yacimientos-auriferos-chile/

La comunidad Atacameña de Peine, que desde el 2013 se ha opuesto al proyecto minero de extracción de cobre “Delfín”, protestan durante la mañana de este lunes afuera del Ministerio del Medio Ambiente.

El proyecto que ya fue rechazado en la Comisión de Evaluación Ambiental regional, busca ser aprobado en el Consejo de Ministros.

Los manifestantes reclaman que el proyecto minero puede afectar directamente el tema medioambiental y patrimonial del lugar donde habitan.

Sergio Cubillos, presidente de la comunidad de Peine, explicó a Radio Bío Bío que llegaron a Santiago para decirle no a la minera Delfín que quiere instalarse a 7,3 kilómetros al sur del lugar, afectando directamente la vida de sus habitantes.

“Esta minera pretende instalarse con piscinas de relave, piscinas de ácido y dañar nuestras aguas y aire, nuestra rutina, quiere afectar también nuestro patrimonio cultural que está entre cuatro a cinco kilómetros de esta minera”, dijo.

Asimismo, agregó que durante esta jornada en el Consejo de Ministros tienen la intención de apelar a que las autoridades los puedan escuchar.

Asimismo, manifestó que los daños directos respecto de la implementación de la iniciativa cuprífera a la comunidad, tienen relación con las vibraciones realizadas al momento de dinamitar, lo que afecta al patrimonio.

“Es un sector patrimonial que está hace miles de años, el cual también es frágil y las piscinas de ácido, cuando llueve en Peine los caminos quedan intransitables, un claro ejemplo es Collahuasi, y también nuestro sistema de vida donde nuestra principal actividad es la agricultura que es de lo que nosotros vivimos”, manifestó.

La marcha se realiza de manera pacífica y no ha complicado mayormente el tránsito ni tampoco el trabajo del ministerio durante esta jornada.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2017/03/27/comunidad-de-peine-protesta-afuera-del-ministerio-del-medio-ambiente-por-proyecto-minero.shtml

Barrick Gold intentó superponer dos cierres ambientales a través de dos servicios del Estado diferentes para abaratar costos del proyecto Pascua Lama. Sin embargo, en un juicio de dos años, la Corte Suprema dio la razón a la Junta de Vigilancia y obligó a la gigante del oro a seguir con el pago anual de 3 millones de dólares a la organización, y con la vigencia de las condiciones ambientales para el valle del Huasco. Las comunidades valoran el fallo, pues dejaba a todos los habitantes con menores resguardos ambientales.

La minera canadiense Barrick Gold ha continuado presionando a la comunidad del Valle del Huasco para dividirla, aún cuando Pascua Lama sigue detenido por graves incumplimientos ambientales que tienen al proyecto con procesos sancionatorios. La Junta de Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes, una de las organizaciones que hasta el año 2005 fue parte de la oposición al mega proyecto, ha recibido desde el año 2006, 30 millones de dólares.

Barrick solicitó al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) que decretara el cierre temporal de Pascua Lama, pese a que el proyecto ya estaba paralizado. Así pretendía abaratar costos, ya que de aprobarse dicha solicitud, conseguirían por una parte reducir el cumplimiento de las exigencias ambientales vigentes en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y, por otra, dejarían de pagar los tres millones de dólares anuales convenidos con la Junta de Vigilancia conformada por los accionistas de agua del Valle del Huasco.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), irónicamente manifiesta que esta era “una leguleyada de la Barrick”, pues intentaba superponer resoluciones de cierre de faenas de diferentes servicios del Estado. Agrega que “es un cierre sobre un cierre, pero desde el punto de vista legal, es distinto”, pues estando paralizada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), Barrick “no suspende la vigencia de los compromisos de la empresa, todo lo contrario”. Cuenca explica que, además de continuar entregando el monitoreo de glaciares, “también tenía que seguir pagándole los tres millones de dólares a la Junta de Vigilancia”.

Nicolás del Río, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Huasco y sus Afluentes informó en una conferencia de prensa en Vallenar el nuevo golpe que le habían dado recientemente a Barrick Gold. El regante afirmó que la Corte Suprema, este 13 de marzo, les había dado la razón “al acoger por un fallo unánime (5-0) un recurso de protección interpuesto en contra del Sernageomin y la Compañía Minera Nevada (nombre de fantasía de la internacional canadiense en Chile), dejando sin efecto el Plan de Cierre Temporal del Proyecto Pascua Lama”, decretado el 29 de septiembre de 2015.

Sernageomin tuvo una conducta “arbitraria”

La historia del conflicto con Barrick Gold es larga. El año 2005, antes de que el ex Presidente Ricardo Lagos aprobara el proyecto Pascua Lama, la Junta de Vigilancia firmó lo que se conoció como el Protocolo de Acuerdo entre Barrick y la organización de regantes. Entre otras cosas, comprometía a la minera canadiense a desembolsar 60 millones de dólares en 20 años, entregados en cuotas de tres millones anuales. Esta fue una estrategia para dividir a los agricultores, principal grupo opositor al proyecto hasta ese año.

El acuerdo se cumplió hasta el mes de septiembre del año 2015 debido a que entonces el Sernageomin aprobó la solicitud de Barrick, mediante la Resolución Exenta N°2418, de acogerse a un Plan de Cierre Temporal.

Según la multinacional aurífera, de esta forma se hacía cumplir el párrafo quinto de la cláusula octava del Protocolo de Acuerdo, donde se sostenía que si las faenas de Pascua Lama se paralizaban por motivos económicos, podía cesar el pago de los tres millones de dólares anuales. Entonces, la Junta de Vigilancia presentó un Recurso de Protección contra esta resolución del Sernageomin, puesto que existían procesos pendientes en la SMA que hacían que el proyecto en la práctica ya estuviera detenido.

Si bien el recurso fue rechazado en agosto de 2016 por la Corte de Apelaciones de Santiago, en marzo de 2017 fue acogido por la Corte Suprema que declaró que el Sernageomin “se apartó del principio de imparcialidad” y que su conducta había sido “arbitraria”, dándole la razón a la organización de regantes.

Por eso, en la conferencia de prensa realizada el 20 de marzo recién pasado en Vallenar, Nicolás del Río, presidente de la Junta de Vigilancia, hizo un llamado explícito a los ejecutivos de Barrick “a concurrir con el pago de las cuotas suspendidas que tienen en una difícil situación a nuestra organización de usuarios”.

“Para Barrick este fallo es un golpe”

Constanza San Juan, vocera de la Asamblea del Guasco Alto, expresa que era “muy extraño” que el Sernageomin aprobara el Cierre Temporal del proyecto Pascua Lama cuando “la empresa estaba paralizada (anteriormente), con dos procesos sancionatorios abiertos por parte de la SMA”.

Para San Juan “la Junta de Vigilancia interpuso el recurso de protección porque, entre otras cosas, ponía en peligro el medio ambiente, pero también porque hay un tema de dineros con Barrick”. Agrega que quien más ganaba era Barrick, pues “el cierre temporal (del Sernageomin) le ayudaba a la empresa a ahorrarse mucho dinero”, ya que reducía significativamente el cumplimiento de las exigencias ambientales que están establecidas en la RCA.

Lucio Cuenca manifiesta que “el Sernageomin excedió sus atribuciones legales, pues debió haber considerado las condiciones ambientales del proyecto”. Además, afirma que este fallo beneficia a la comunidad en la medida en que “se restablecen los compromisos ambientales relacionados con la RCA”. Y espeta: “Para el conflicto, es una buena medida; para Barrick, este fallo es un golpe”.

Para San Juan, en tanto, este fallo “devela y demuestra que los servicios públicos están corruptos y funcionan para las empresas”.

Fuente:http://www.elciudadano.cl/2017/03/25/369423/la-ultima-leguleyada-de-barrick-gold-con-su-proyecto-pascua-lama/

Desde la compañía indicaron que «se sujetará a todas las instancias que disponga el Servicio de Evaluación Ambiental para llevar a cabo el proceso».

Este viernes y en fallo dividido, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por organizaciones ciudadanas y ordenó la realización de una consulta ciudadana sobre el proyecto de extracción de carbón de la mina Invierno, ubicada en la Isla Riesco, Región de Magallanes.

Teniendo en cuenta la normativa, el máximo Tribunal determinó que “debe otorgarse a los recurrentes la cautela requerida, en razón que, para la aprobación del proyecto “Incorporación de Tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en la Mina Invierno” es necesario se contemple un procedimiento de participación ciudadana”.

De esta forma, se consideró arbitraria la resolución de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, por cuanto no abrió dicho proceso participativo.

Al respecto, desde Mina Invierno aseguraron que “es importante precisar que la decisión adoptada no cuestiona la calidad de los estudios que formaron parte de la evaluación ambiental, los que en su oportunidad fueron calificados favorablemente por los organismos técnicos competentes”.

“La Compañía se sujetará a todas las instancias que disponga el Servicio de Evaluación Ambiental para llevar a cabo el proceso de participación ciudadana y posteriormente implementar tronaduras como método complementario en la extracción de estéril”, agregaron.

Fuente:http://www.latercera.com/noticia/suprema-ordena-realizar-consulta-ciudadana-proyecto-minero-isla-riesco/