Hoy prestaron juramento 3 ministros titulares y 2 suplentes de la corte con sede en Antofagasta. Otros proyectos que podría revisar la nueva instancia son Pascua Lama y Cerro Casale. Instalación se realiza con 4 años de desfase.

Cuatro años después del plazo estipulado al principio, hoy quedó oficialmente constituido el Primer Tribunal Ambiental, que tendrá sede en Antofagasta, y al que le corresponderá ver distintos proyectos, entre ellos, eventualmente, Minera Dominga.

Hoy, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, tomó juramento a Daniel Guevara y Mauricio Oviedo, designados como ministros titulares del organismo ambiental en el cupo correspondiente a abogados. Además, prestaron juramento Marcelo Hernández, como ministro titular en el cupo de licenciado en ciencias, y Cristián Delpiano y Fabrizio Queirolo, ambos en calidad de suplentes.

Fuentes cercanas al Poder Judicial explican que, ya conformado el nuevo tribunal, sus ministros deberán convocar a una primera sesión, momento en que se definirá el plazo para la instalación física del mismo.

De igual manera, esas fuentes comentan que, tomando en cuenta la experiencia anterior con la conformación del Segundo y Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Santiago y Valdivia, respectivamente, el proceso de conformación podría tomar entre cuatro a seis meses. En este período se deberá definir el lugar donde sesionará el tribunal, además de la contratación del personal necesario para su funcionamiento e incluso el desarrollo del sitio web.

Retraso

El tribunal debía estar constituido en junio de 2013, luego de que en 2012 se promulgara la Ley N° 20.600 que creó tres tribunales-Antofagasta, Santiago, Valdivia (los dos últimos ya constituidos)- como parte del rediseño de la institucionalidad ambiental que comenzó en 2010 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), y de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Una de las razones del retraso fue la dificultad para encontrar integrantes sin inhabilidades.

Respecto de los ministros titulares del tribunal, Daniel Guevara fue ex seremi de Bienes Nacionales de la Región de Antofagasta, mientras que Mauricio Oviedo es un abogado ligado a materias ambientales. Cristián Delpiano y Fabrizio Queirolo son académicos, que han desempeñado labores en la Universidad Católica del Norte.

Una vez constituido, este tribunal podrá abordar diferentes causas correspondientes a su jurisdicción, que comprende las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Uno de ellos será el proyecto minero de hierro Dominga, emplazado en la Región de Coquimbo. Luego que la comisión de evaluación ambiental de la región decidiera rechazar la resolución de calificación ambiental (RCA), o permiso de construcción del proyecto, el caso quedó para ser visto por el comité de ministros. Sin embargo, y pese a que el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, señalara que el comité verá el caso durante este periodo de gobierno, los controladores del proyecto Dominga, la firma Andes Iron, señaló que podrían recurrir a tribunales ambientales en caso que los ministros no resuelvan prontamente.

En estos días pasados le han llovido las críticas a la Minera Cerro Bayo y a Edelaysen. Igual ocurre con las eléctricas de más al norte. Mientras se ven poco auspiciosas las perspectivas en la mina Delia II y encontrar con vida a Jorge Sánchez y Enrique Ojeda  sería un milagro, vale recordar que la Minera Cerro Bayo –ex Fachinal , tiene más de algún problema con el agua, inundando sus minas y contaminando la Laguna Verde.

Por cierto, expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los mineros, amigos y comunidad de Chile Chico. Y a ver si las propietarias de esas mineras, actualmente Mandalay Resourses (Canadá.) y antes Coeur D’Alene (USA) se hacen cargo de lo que ahí ocurre. Y no solo ellas, mal que mal existe una institucionalidad que debiera velar porque estas tragedias humanas y ambientales no ocurran. De verdad asombra cuando se lee que el Subdirector Nacional de Minería reclama que cuando se autorizó esa mina la empresa nada informó de que había ahí una laguna.

¿Y ellos porque no fueron a mirar lo que estaban autorizando?  No sería la única vez en que la autoridad no va a cerciorarse al lugar de los hechos; está claro que la ética empresarial últimamente deja harto que desear.

La Minera Fachinal inauguró el sistema de estudios de impacto ambiental en la región con su proyecto a comienzos de los 90’s. La entonces Directora de Conama asumió que el estudio no era muy bueno y en él se aseguraba que la Laguna Verde es endorreica y sin vida, por lo cual el que se filtrase los relaves a ella no tenía mayor importancia. Muchos años después, Andrés Gillmore asegura que en esa laguna sí había vida y se observaban patos y flamencos. La cuestión es que ahora sí que la laguna está muerta o más bien fue asesinada. Y si se filtra esa agua contaminada hacia el lago General Carrera nunca ha sido estudiado. Sin duda, una deuda ambiental.  Durante el funcionamiento de la Fachinal, años atrás, un colega en venganza de un contrato que perdió ahí, nos denuncio varios problemas graves que se estarían cometiendo, lo cual dimos a conocer con tono de escándalo en nuestro programa de radio “Explorando la Esperanza».

La empresa reaccionó y mediante otro colega nos invito a ir a constatar las denuncias, las cuales resultaron ser falsas. Sin embargo constatamos otra irregularidad, el traslado de un arroyo sin autorización, la que denunciamos. También constatamos que ninguna de las denuncias tuvo el más mínimo eco en la autoridad respectiva. Y también aprendimos que esa minera era muy amiga del entonces Senador Zaldívar, que un día que fuimos a conversar con él, se jactaba que venía volviendo de Estados Unidos bien invitado por la Coeur D’Alene.  La minera esa y su sucesora cumplen para los gobiernos de turno un importante rol de empleadores en una provincia con escasas fuentes laborales. A tanto, que para la mina El Furioso que tuvo 80 empleos durante dos veranos, la construcción del camino de acceso fue financiado con 600 millones de fondos regionales. Un subsidio regional a una empresa transnacional.  Y si bien es cierto que esa minera da empleo directo a unas 200 personas, apenas cae el precio del oro y la plata, suele finiquitarlos.  Igualmente, en Chile Chico se escuchan hartas críticas hacia esa empresa, de que ahí queda poco “chorreo” y provoca bastantes problemas sociales.  En resumen, la responsabilidad social empresarial deja harto que desear por ahí.

Y en cuanto a minas inundadas, unos días antes de aquella de la Delia II, cual premonición, Patricio Segura denunciaba la forma irregular en que pretendían sacar el agua de la mina Javiera en la zona de Bahía Jara, afectando un área de prioridad para la conservación de la biodiversidad. Tenemos entendido las minas Delia II y Javiera no son la únicas en que tienen problema con el agua. Y por nuestra parte tenemos nuestras aprehensiones respecto a la calidad esas aguas y a donde van a parar finalmente, que por lógica es el Lago General Carrera.

En cuanto a las eléctricas,  harto dramático se tornó para muchos el corte de suministro hasta por varios días a causa del precario servicio que entrega Edelaysén. Esta empresa no hace mucho, con la primera nevada y cortes, arrasó con cuanto árbol se encontraba cerca de sus líneas (los arbolitos siempre pagan el pato por todo) y sin embargo, con la próxima nevazón los cortes fueron mucho peores.  Pensar que hay quienes pretenden eliminar la leña como combustible, cuando en esta ocasión prácticamente todos los sistemas de su reemplazo no pudieron funcionar. La moraleja parece ser: diversidad, como en todo. Y en lo posible la autonomía.

A propósito del mal servicio de Edelaysen y posible explicación a la falta de prevención, un amigo encontró en la Wikipedia la información de que los accionistas dueños de Saesa-Edelaysen, el Fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario, Canadá, perdió en 1997 cerca de cien millones de dólares en una mala inversión en la minera Bre-X; todo un escándalo en esa época. O sea, esa AFP canadiense desde entonces necesita recuperar sus platas a como sea, por lo que no es bien visto que las empresas donde tienen sus fondos se los gasten o bajen sus tarifas.

Fuente:http://www.eldivisadero.cl/redac-43575

En 2017, después de la reunión anual de Antofagasta Minerals en Londres, matriz de la minera de la familia Luksic. Uno de los miembros del directorio Don Jorge Vande, me dio su tarjeta y me invitó a conversar, prometiéndome darme los antecedentes que yo solicitara para despejar mis dudas.

Esa noche le envié un correo solicitándole la reunión y las cosas que me interesaban para esa conversación. Él no podía reunirse en Londres pues regresaba a Santiago, pero prometió llamarme para una reunión cuando yo regresara a Santiago. Esa reunión nunca se concretó… y entiendo por qué.

Aquí va copia integra de nuestra comunicación, solo cambie los errores ortográficos pues escribí el mensaje en un teclado inglés. También borre parte de los correos electrónicos pues son privados.

Sr. Jorge Bande
Director
Antofagasta Minerals.

Estimado Jorge

Ayer al terminar la reunión te acercaste gentilmente y me diste tu tarjeta para tomar contacto para cualquier petición de información u otros que necesitara de tu parte.

Aceptando tu gentil invitación, tengo una petición concreta, que exijas como miembro del directorio de Antofagasta PLC, una investigación de los actos de corrupción en que han incurrido los hermanos Luksic, financiando la política, comprando parlamentarios, poniendo amigos y empleados en puestos claves del gobierno como el ministro de Energía y la ministra de minería, entre muchos otros… Eso es cooptación del Estado, un acto ilegal.

Estás consciente que el tranque El Mauro es un peligro para la gente de Caimanes y Los Vilos, esto fue declarado por la Corte Suprema, en este caso hay certeza jurídica. Solicita que se cumplan los fallos de la corte suprema y sin más dilación se restituya el libre escurrimiento del estero Pupio.

Solicita también una investigación libre e independiente de todas las violaciones legales que se han dado en el caso del Alto Maipo, muchas de las cuales fueron denunciadas en el informe del parlamento.

Te pido que me mandes un informe de todos los ex empleados de la minera que cumplen funciones en el gobierno y todos los actuales empleados de la minera que antes fueron funcionarios de gobierno, así podríamos saber cómo se estructura esta puerta giratoria.

Los antecedentes hoy existentes son más que suficientes para solicitar que los hermanos Luksic sean separados del directorio de Antofagasta PLC.

El directorio de Antofagasta PLC puede auto denunciarse ante las cortes inglesas, mediante el Brebary Act, así se podría investigar a fondo las irregularidades cometidas por quienes resulten responsables y proteger adecuadamente los intereses de sus accionistas.

Así en caso de derrumbe en El Mauro, quienes tendrían que pagar serían los hermanos Luksic y todos los que han cometido actos ilegales y no los accionistas que no tienen responsabilidad.

Si de verdad te interesa podemos reunirnos en Londres, yo estoy esta semana  acá y me quedo hasta el 30 de mayo en Inglaterra. Podrían asistir los miembros del directorio de Antofagasta PLC que no estén involucrados en actos ilegales y que tengan como objetivo proteger la empresa y los intereses de los accionistas.

A esta reunión podríamos convocar a las organizaciones en Londres interesadas en proteger a las comunidades contra actos de la mega minería y que nos han apoyado para llegar a Londres, War on Want, London Mining Network y Jaguar despierto.

También debieran estar presentes la representante de Alto Maipo y la firma de abogados que pueda presentar el caso por violación del Brevary Act, ante las cortes inglesas.

Sugiero que esté presente la Sra Vivian Blanlot, para que informe al gobierno de Chile, ella es funcionaria, y solicite a la presidenta de la republica que separe a todos los ministros y funcionarios que fuero de empleados de la minera, por los graves conflictos de intereses  que ello implica. Como gesto ella podría renunciar a su puesto en el gobierno, esto daría una señal muy potente al gobierno y a la presidenta. Esto evitaría que la presidenta se entere por l prensa de lo que ocurre al interior de su gobierno.

Así se avanzaría muy rápido creo que en una semana podríamos tener armado un caso, con los antecedentes que ustedes manejan y los nuestros, estaríamos presentando una denuncia contra todos los que resulten responsables en menos de una semana.

Se podría limpiar Antofagasta PLC y sus filiales en Chile, se podría hacer un negocio minero transparente, que cumpla todas las leyes nacionales e internacionales (que es lo mínimo que debe hacer una empresa), que asegure a sus accionistas que el dinero que invierten no es utilizado para dañar personas o al medio ambiente, que tampoco sirva para comprar políticos.

Así se podría asegurarles también que las ganancias que obtienen son legítimas y n producto de actos ilegales, inmorales o reñidos con la ética.

Le mando copia de este mensaje a Francisco Veloso que también fue muy amable al recibirnos al entrar a la reunión, también me invitó a conversar privadamente, lo cual creo es complejo en estas circunstancias.

Él me dijo que no podíamos estar en trincheras opuestas, y estoy de acuerdo, creo que la única trinchera en la que todos debemos estar es en la de hacer un negocio legal, que no dañe al medio ambiente y a las personas.

Finalmente te solicito algo que es bastante simple, el correo electrónico privado de Andonico Luksic y de Jean Pal Luksic para pedirle directamente información, e invitarlos a conversar con las organizaciones que hacen estas denuncias contra ellos, así si tienen antecedentes fidedignos que puedan demostrar que nuestras acusaciones son falsas, sería muy útil.

Deseo expresar mi agradecimiento al directorio a través tuyo, para mí fue una reunion muy interesante, aun cuando me sorprende la poca información que le entregan a sus accionistas respecto a temas altamente conflictivos como los que nosotros expusimos y que quien preside la mesa, Jean Pal Luksic les mienta respecto a cuestiones tan graves como la seguridad sísmica del tranque, la Corte Suprema ya señaló que el tranque no es seguro.

Quedo a tu disposición y a disposición del directorio para reunirnos cuando ustedes lo requieran, Así podemos aportarle los antecedentes que poseemos, El Sr Hayes podría adelantar mucho en su trabajo, que ahora mostró a mi juicio, deficiencias graves.

Perdón por los errores en el texto pero el computador que estoy usando tiene un teclado que me cuesta mucho manejar.

Un afectuoso abrazo y espero tu amable respuesta.

Patricio Bustamante.

Respuesta:

Estimado Patricio,

Estoy regresando a Chile mañana. Preferiría que conversáramos a tu regreso.
Dame tu teléfono y te llamo después que regreses.

Buena estadía en Londres.

Saludos,

Jorge

Enviado desde mi iPad

Fuente:http://piensachile.com/2017/06/la-epica-caimanes-la-reunion-nunca-concretada/

Si bien el 64% los permisos ambientales que requirieron revisión en los últimos cinco años fue validado, la autoridad ambiental ha resuelto caducar un 12% de las Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante los últimos dos años. Se trata 67 proyectos a los cuales el SEA resolvió caducar las RCA por no ejecutar obras durante un lapso de cinco años.

Viernes 09 de Junio de 2017.- Al cierre del primer semestre han ingresado a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un total de 574 solicitudes para acreditar el inicio de ejecución de proyectos. La acción es un paso clave para ejecutar los planes de las compañías y desde diciembre de 2013 sus resoluciones tienen fecha de caducidad.

Si bien el 64% los permisos ambientales que requirieron revisión en los últimos cinco años fue validado, la autoridad ambiental ha resuelto caducar un 12% de las Resolución de Calificación Ambiental (RCA) durante los últimos dos años. Se trata 67 proyectos a los cuales el SEA resolvió caducar las RCA por no ejecutar obras durante un lapso de cinco años. En términos de inversión, sumaban una cifra estimada de US$3.180 millones y diez de ellos concentran casi el 90% del monto.

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.417 en 2010, el Ministerio del Medio Ambiente estableció que los titulares de proyecto o actividades tienen la obligación de presentar los antecedentes al SEA que demuestren el inicio de la ejecución del proyecto en un plazo de cinco años tras la notificación favorable de RCA. Aquello fue complementado dos años después con el Decreto Supremo N° 40, que definió que el inicio de la ejecución de un proyecto o actividad se establece “cuando se realicen gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente”.

Las obras

La Central Termoeléctrica Energía Minera, Hacienda Topocalma de la Inmobiliaria General y el Proyecto de Recuperación de Cobre de Relaves Rougher de Minera Escondida son los tres mayores proyectos cuyos permisos ambientales fueron caducados. Sumados, se trata de de un inversión estimada en US$2.185 millones. Entre las otras iniciativas destacan proyectos de salmoneras. De hecho, un 62% de los proyectos o actividades ingresados y caducados en cinco años corresponden a este sector productivo, 8% son de la industria de la energía y 3% son del área de la minería.

La gran mayoría de las RCA revisadas por la autoridad ambiental terminaron siendo respaldadas. Del total de los ingresados, el Servicio de Evaluación Ambiental ha resuelto 78,6% de los expedientes ingresados.

La caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental para proyectos de inversión en Chile se encuentra regulada tanto por el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como también por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Certezas

Según el director subrogante del SEA, Juan Cristóbal Moscoso, la normativa de caducidad tiene como objetivo principal que los proyectos aprobados sean ejecutados en condiciones similares a aquellas a la vista durante la evaluación.

Sin embargo, expertos en derecho ambiental discrepan sobre los efectos que tiene esta figura. La caducidad “no es más que el traslado de una institución propia de otros tipos de derechos, como los procesales a una institución como la RCA que tiene una naturaleza totalmente distinta”, sostuvo Mario Galindo, abogado socio de Vergara, Galindo y Correa Asociados.

Sin embargo, admite que la figura de la caducidad busca evitar la especulación con los proyectos y la ejecución de proyectos ambientales que poseen una RCA muy antigua.

El vicedecano de la Facultad de Derecho de la UC, Ricardo Irarrázabal, sostuvo que bajo la actual figura de caducidad “siempre estás con una incertidumbre durante cinco años en si alcanzas o no a materializar la ejecución del proyecto. Cuando ingresas un EIA dices cuál es el inicio del proyecto, pero siempre está supeditado a esa gestión”.

Mientras que Rodrigo Benitez, asociado senior de Jara Del Favero Abogados, se mostró conforme con la actual normativa. “Me parece bien que exista una fórmula de sacar del sistema RCA que son más especulativas. Más aún cuando los proyectos de inversión deben hacerse cargo de otros proyectos con RCA aunque no estén ejecutados. Permite ordenar el sistema y eso creo que es bueno para los proyectos que entran a evaluación”, afirmó Benitez.

Fuente:http://www.relaves.org/2017/06/12/los-grandes-proyectos-de-inversion-revocados-por-el-sea/

“Para Bachelet (PS) no hay vida ni principios que valgan en pos del poder”

Tras enterarnos por la prensa (ver links abajo) que la Presidenta Bachelet se reunió el recién pasado martes 6 de junio con los directores o principales ejecutivos (CEO,s) de importantes empresas de Canadá entre ellas con la Barrick Gold como parte de las actividades en su vista presidencial a ese país del norte, con plena convicción y repudio a nuestra clase política y a la Nueva Mayoría declaramos:

1- Entendemos este encuentro como una falta de respeto y una agresión hacia la población del Valle del Huasco y de todo el país. No puede ser que el Gobierno siga amparando y celebrando la inversión de empresas cómo Barrick Gold en territorio chileno, las que han violado reiteradamente las leyes medioambientales de nuestro país y los derechos humanos e indígenas, destruido glaciares, contaminado nuestros ríos con metales pesados incluso poniendo en riesgo a la salud a la población, lo cual ha sido confirmado por los propios entes del Estado. Y las que además han destruido nuestro tejido social dividendo familias y comunidades, y que están poniendo en riesgo la subsistencia económica de nuestros pueblos que en su mayoría viven de la agricultura, turismo a baja escala, criancería, venta de productos agrícolas procesados y otras actividades tradicionales.

2- Este encuentro no viene en más que corroborar el nivel de compromiso y amarra política que tiene el Gobierno de la Concertación, hoy Nueva Mayoría, y exclusivamente Michelle Bachelet, con la trasnacional Barrick Gold y el empresariado minero de Canadá y Estados Unidos, sobre todo con aquellos que cuentan con el apoyo de los Rockefeller, quienes habrían aportado importantes sumas de dinero para restablecer la “democracia” en nuestro país en manos de la Concertación a cambio del acceso a los recursos mineros sin barrera alguna, como afirman una serie de investigaciones [1]. Así como tampoco dudamos de que deben haber suculentos aportes de esta trasnacional a diferentes candidaturas tanto presidenciales como parlamentarias en estos últimos años que también deben ser pagadas de vuelta.

3- Hoy, 8 años después de la cena ofrecida por Barrick a Bachelet donde fue condecorada por el Consejo de las Américas con una medalla de oro en manos de David Rockefeller por su apoyo al proyecto Pascua Lama, la presidenta es nuevamente invitada y homenajeada por el mismo Consejo ahora en un almuerzo. Para nosotros este encuentro y el con Barrick, viene en confirmar que los favores se siguen debiendo y peor aún se siguen pagando y a cualquier costo, que es lo que lo que hemos venido diciendo y denunciando con fuerza tras haberse paralizado el proyecto por infracciones gravísimas medioambientales en el año 2013, en donde el Gobierno en vez de defender a las comunidades, su vida y la de sus ecosistemas, ha estado, a través de todos sus órganos (Superintendencia de Medio Ambiente, Sernageomin, Comisión de Evaluación de Atacama, Consejo de Ministros) haciendo todo lo posible para viabilizar un proyecto inviable, asesino y que infringe reiteradamente la ley ambiental y sus compromisos (más de 9 sanciones) con plena conciencia, todas razones por la cual cualquier otro proyecto ya habría sido cerrado. Sin embargo, en este caso, las autoridades son incluso capaces de modificar el Permiso Ambiental (RCA) del proyecto por medio de una Resolución ecocida y criminal (094) que permite hacer más permisivos los límites autorizados de metales pesados en el río al proyecto Pascua Lama, con lo que se legaliza la contaminación emitida por el proyecto (la cual ha sido constante estos años), quedando esta oculta y permitiéndose que la población y sus ecosistemas se contaminen y enfermen en silencio. Resolución que ha sido posible gracias a la enérgica aprobación tanto del Intendente de la Región de Atacama (Miguel Vargas) y el Consejo de Ministros, todos designados por la mismísima Bachelet.

4- La complicidad y unión entre Gobierno y empresa es innegable, y es a tal punto que no pueden disimular; juntos como amigos destruyen nuestras vidas, economías, sueños y cultura. Muestra de esto es que la misma empresa el día jueves festinaba con el encuentro entre Bachelet y la trasnacional en su página de Facebook (Barrick Chile), así como en la misma página se puede ver una foto reciente en donde aparecen abrazados y muy alegres el Director Ejecutivo para Barrick en Chile René Muga, su gerenta de Medio Ambiente Alejandra Vial y la Ministra de Minería Aurora Williams, recordemos ex trabajadora de Luksic en Antofagasta Minerals, empresa que hoy explora el proyecto El Encierro junto a Barrick y cuyo dueño ha sido asesor de la trasnacional.

5- Al revés que el gobierno, no podemos más que lamentar que empresas genocidas y criminales de Canadá, como Barrick Gold, sigan declarando que seguirán invirtiendo en nuestro país; y por cierto lamentamos que nuestros gobiernos sigan celebrando estos pronunciamientos que al final no son más que dictámenes de muerte para nuestro territorio. Declaramos una vez más que es urgente terminar con el extractivismo como nuestro principal y único eje económico; y ante las palabras de Bachelet en su discurso respecto del TLC entre Canadá y Chile tales como “La economía y el comercio fueron creados al servicio de las personas y no al revés” o “Nuestros estrechos lazos han sido edificados gracias a los valores comunes como (…) el respeto total de los derecho humanos”, no podemos hacer más que con rabia, reírnos. Los Gobiernos de la Concentración no han hecho justamente más que olvidar el componente y derecho humano más básico: el derecho a la vida, con tal de lucrar y permanecer en el poder, lo que ha quedado clarísimo tras el reciente reportaje “Inversiones del PS” de Ahora noticias.

6- Ante esta agresión y provocación le decimos a Bachelet, a su Gobierno y a toda la Nueva Mayoría, que no permitiremos que sus negocios, deudas y favores se superpongan a nuestro derecho a vivir y permanecer en nuestro Valle del Huasco. Seguiremos oponiéndonos al proyecto Pascua Lama así como a cualquier megaproyecto en nuestra cordillera, ya que son ellos o nosotros. No moriremos de sed ni contaminados como usted y su gobierno han decidido.

FUERA BARRICK GOLD DE CHILE Y VALLE DEL HUASCO

NO A PASCUA LAMA, NUEVA UNIÓN, EL ENCIERRO, AGUAS CLARAS Y LOS OTROS PROYECTOS EN LA CORDILLERA DEL VALLE DEL HUASCO

Alto del Carmen 12 de junio de 2017

ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO

Fuente:http://www.mapuexpress.org/?p=18424

Eduardo Gudynas

En el primer día, mirando hacia afuera por las ventanas, se veían las chimeneas, conductos, depósitos y todo tipo de estructuras que se inclinaban sobre las playas y aguas de Quintero y Puchuncaví, cerca de Valparaíso. Se podía ver y oler la devastación ecológica. Hacia adentro, un nutrido grupo de vecinos debatía bajo el empuje de mujeres que con mucho orgullo explicaban su resistencia a todas esas amenazas sociales y ambientales. Los ánimos rebosaban energía ciudadana.

En el segundo día, el foco pasó a la provincia de Petorca. Se sucedieron relatos sobre cómo, desde fuera, se impuso una apropiación del agua de tal intensidad que se dejó a los de adentro, a las comunidades locales, sin acceso a ella. Los testimonios fueron sobre ríos que casi han desaparecido, lagunas que ya no existen o personas que deben bañarse apenas con un paño húmedo; es el robo del agua.

Todas estas imágenes mostraban las distintas caras de los extractivismos, un concepto que se refiere a la apropiación intensiva de recursos naturales para servir a las corrientes exportadoras que nutren la globalización.

Estos relatos, unos promovidos por las Mujeres de la Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví (1), y los otros por los integrantes de Modatima (Movimiento de Defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente; 2),  dejan muy en claro la gravedad del problema. Son, además, muy semejantes a lo que se padece en los demás países sudamericanos.

Extractivismos, sus soportes y conexiones

En efecto, extractivismos como las explotaciones mineras y petroleras, o la agricultura intensiva, generan todo tipo de impactos (3). Unos son efectos directos, a nivel local, allí donde ocurre la extracción de los recursos naturales. En esas circunstancias se pueden enumerar la contaminación de suelos y agua de la megaminería, o el acaparamiento del agua para la agricultura intensiva.

Paralelamente, los extractivismos sólo son posibles si cuentan con lo que se denomina como “áreas de soporte” y “redes de conectores”. El primer aspecto alude a las áreas que proveen insumos indispensables como la energía y el agua, incluyendo por ejemplo las centrales termoeléctricas o represas, las que a su vez tienen serios impactos ambientales y sociales.

El segundo componente se refiere a las carreteras, ferrovías, oleoductos, mineraloductos o cualquier otra conexión entre sitios de extracción con sus áreas de soporte como con los puntos de salida de las exportaciones. Estos a su vez también originan efectos negativos sobre el ambiente y las personas.

Teniendo presente estos casos, lo que sucede en Petorca y otros sitios de Chile con respecto a la apropiación del agua, en muchos casos corresponde a los impactos directos de los extractivismos. A su vez, lo que se observa Quintero y Puchuncaví es impactante por concentrar en una superficie relativamente pequeña emprendimientos de soporte como de conexión, todo ellos con serios efectos. Allí se acumulan proveedores de energía (como las plantas que queman carbón), terminales petroquímicas y de procesamiento de mineral, junto a los conectores que permiten recibir insumos (como combustibles) y embarcar minerales. Los impactos son tantos, tan intensos y tan concentrados, que nadie puede desconocer: basta respirar para sentir el polvillo del carbón o advertir los colores sufridos de la poca vegetación que resiste en el área.

Estos casos dejan muy en claro una condición propia de todos los extractivismos: son insostenibles desde el punto de vista ecológico, dañan la salud humana, y son profundamente injustos bajo cualquier perspectiva de justicia. Distintas revisiones de la situación en Chile, como las que lleva adelante el Observatorio Latino Americano de Conflictos Ambientales (OLCA), confirman la gravedad de la situación (4). No es posible seguir insistiendo en esas estrategias, y es necesario promover alternativas.

Postextractivismos como alternativas

Ante esta situación, a inicios de la década de 2010 en los países andinos, sobre todo en Perú, a los cuestionamientos a los extractivismos se sumó la novedad de ofrecer alternativas. Esto ocurrió bajo condiciones muy similares a las que se observan en todo Chile, tales como la contaminación minera o la afectación de lagunas o ríos, y que sobre todo hostigaban a comunidades rurales pobres. Las críticas y resistencias no bastaban ya que inmediatamente se les reclamaba: “si no hay minería, ¿cuál es su alternativa?”, o bien “sin minería colapsaría la economía nacional”. Era necesario responder a esas preguntas desafiantes.

Además, estaba cada vez más claro que los impactos extractivistas eran de tal intensidad que no podían ser revertidos con meros ajustes tecnológicos, como mejores filtros en las chimeneas. La megaminería a cielo abierto es en realidad una amputación ecológica ante la cual las medidas de compensación planteadas, como mojar los suelos para que no se levante polvo, resultan ridículas.

Así nació lo que se denomina postextractivismo. Este es un conjunto de posturas que sin dejar de señalar los impactos extractivistas busca opciones concretas para dejar de depender de ellos (5).

En Chile es imperioso abordar esta cuestión. En el país se acumulan todo tipo de impactos negativos en su territorio. Además el país sufre una verdadera adicción extractivista, expresada en la muy alta participación de las exportaciones de recursos naturales (pasaron de representar el 80% del total exportado en 2000, al 85,6% en 2015). Para agravar más la situación hay una enorme dependencia en un solo producto (el cobre, en refinados y concentrados da cuenta del 55% de las ventas externas). A contracorriente de las imágenes populares, eses es un perfil más semejante a Perú (país donde los bienes primarios representan el 85% de las exportaciones), que a un país emergente o industrializado, donde las ventas al exterior descansan sobre todo en manufacturas y servicios.

Los postextractivismos desean quebrar esa dependencia. Para el caso chileno, en forma preliminar podría plantearse que una primera etapa en estas transiciones buscaría reducir la dependencia de exportaciones de recursos naturales por debajo del 50% del total exportado. Además, que eso estuviera diversificado en diferentes commodities sin que ninguna representara más del 20% de las ventas externas.

Es posible señalar algunas ideas básicas sobre el postextractivismo que, lejos de agotar la temática, al menos pueden ser útiles para promover este debate en Chile. Comencemos por precisar que por un lado se busca detener los impactos más graves, allí donde destruye la naturaleza o afecta la salud pública. Los emprendimientos que no pueden ser reformulados para cumplir adecuados estándares sociales y ambientales deben ser clausurados. Aquí es importante advertir que esta no es una postura, por ejemplo anti-minera, ya que puede haber aprovechamientos mineros que no son extractivistas. Tampoco es el llamado a una naturaleza intocada, sino un mandato de responsabilidad en aprovechar los recursos naturales sin destruir esa base ecológica.

Para avanzar en este camino se deben cumplir las actuales normativas sociales y ambientales. Esto se debe a que muchos emprendimientos extractivos son posibles porque los propios estados no respetan sus exigencias en ambiente, ordenamiento territorial o salud pública, o por ser cómplices en esconder información clave. Entonces cualquier alternativa reclama su efectivo cumplimiento.

Paralelamente son necesarios ajustes en las políticas públicas, un amplio campo sobre el que se puede compartir algunos ejemplos. Como muchos sólo entienden el lenguaje económico, es imprescindible aplicar una contabilidad que incorpore los costos ambientales y sociales. Muchos extractivismos son buenos negocios porque no contabilizan los efectos económicos de la contaminación o de las enfermedades. Bajo la misma perspectiva, los precios de las materias primas deben ser corregidos buscando que su valor incorpore los costos totales, incluyendo sus componentes sociales y ambientales.

A medida que se reduce el peso de los extractivismos deben crecer otros sectores que lo reemplacen. Desde el punto de vista del empleo se observan muchas oportunidades ya que sectores como la minería o la agricultura intensiva en realidad demandan pocos puestos de trabajo. Desde el punto de vista económico, y en especial para las cuentas públicas, la cuestión aparece inicialmente más complicada porque se dispara el temor que una caída de las exportaciones extractivistas reduzca los ingresos económicos.

Sin embargo, las opciones postextractivistas ofrecen varias respuestas. Es necesaria una reforma tributaria ya que muchos emprendimientos mineros y petroleros tributan poco o nada. Una tributación justica y efectiva brindaría ingresos que podrían compensar en parte una reducción de las exportaciones, tal como muestran estudios preliminares para el caso peruano. De la misma manera, una reducción en los extractivismos significa ahorros en los dineros que el Estado o la sociedad dedica en pagar los costos de la contaminación y los impactos en la salud.

Finalmente, no olvidemos que los gobiernos otorgan enormes subsidios (explícitos u ocultos) para sostener a los extractivismos. Estos “subsidios perversos” deberían ser suspendidos, y esos fondos deben ser redirigidos a reconversiones productivas en sectores no extractivos. Dicho en forma más simple, el Estado cuenta con voluminosos recursos económicos que en la actualidad usa para promover los extractivismos cuando deberían destinarse a las alternativas.

Los postextractivismos dan un paso más reclamando la diversificación productiva. En ese sentido, en varios países se ha identificado el enorme potencial que en ese sentido tiene una reconversión agropecuaria. Otras prácticas, inspiradas en la agropecuaria orgánica, tienen menos impactos ambientales, consumen menos energía y requieren más empleo. Estas resultan en alimentos más sanos y abundantes, lo que permitiría terminar con distorsiones tales como la de exportar minerales para importar alimentos. Este tránsito postextractivista sin duda va en sentido contrario a las estrategias chilenas actuales que amparan sectores de alto impacto, como los cultivos de palta orientados a la exportación (con efectos denunciados por Modatima) o las plantaciones forestales.

No puede dejar de mencionarse que el postextractivismo requiere cambiar los comportamientos de intenso consumo dentro de nuestros países. Los hábitos de los sectores de mayores ingresos económicos en las grandes ciudades, son los que demandan por más y más extractivismos.

El postextractivismo además busca radicalizar la democracia, ya que cualquiera de sus alternativas parte de la participación ciudadana. Pero a la vez debe enfrentar las opacas redes de poder político y económico que amparan los extractivismos, sin olvidar sus componentes de corrupción como muestran los casos en Brasil o Chile.

Globalización y regionalismos de otro modo

Pero más allá de los cambios nacionales, de todos modos los extractivismos son dependientes de las demandas globales. Por ello, los postextractivismos enfrentan esto postulando una desvinculación selectiva de la globalización y un regionalismo de nuevo tipo, que sea autónomo ante los mercados globales y permita articular sectores productivos dentro del continente. No se postula el aislacionismo, sino una recuperación de las capacidades nacionales para poder decidir volúmenes, precios y tipo de recursos naturales a exportar. Debemos admitir que esto difícilmente puede lograrlo un país aisladamente ya que basta que una nación esgrima mayores regulaciones ambientales o correcciones de precio para que un país vecino, competidor, opere en sentido contrario para atraer más inversores y proyectos. Esto hace que necesariamente las transiciones postextractivistas requieran coordinaciones entre países acordando los mismos estándares y exigencias sociales y ambientales. Podrá decirse que esto es una fantasía pero recordemos que, en un pasado reciente, en el marco de Naciones Unidas avanzaban propuestas de coordinación del comercio internacional en materias primas que fueron derribadas por el vendaval neoliberal y las presiones de las corporaciones transnacionales.

La reconversión hacia otros sectores productivos no-extractivistas también se potencia bajo acuerdos con países vecinos. Existen muchas opciones en la agropecuaria, y sus encadenamientos con la industria alimentaria, pero también en sectores manufactureros convencionales. Se deben organizar cadenas industriales regionales, donde Chile coparticipe junto a países vecinos, por ejemplo fabricando componentes automotores. De esta manera se puede salir de la trampa actual, donde los recursos económicos ganados con exportar minerales o celulosa, pongamos por caso a China, luego se gastan en comprar automóviles chinos. Sin duda que esas industrias regionales tendrán otras prioridades (siguiendo con el ejemplo, se enfocará en medios públicos de transporte antes que en fabricar autos personales).

Este tipo de reformas se organizan en lo que se ha llamado un “regionalismo autónomo”. O sea, un proceso por el cual el vínculo con las naciones vecinas permita organizar redes productivas regionales, bajos otras condiciones sociales y ecológicas, mientras se gana autonomía para romper con la dependencia y subordinación con los mercados globales.

Las alternativas son posibles

Estos son apenas algunos ejemplos que muestran que hay muchas oportunidades para comenzar a diseñar salidas a los extractivismos en Chile. Todos buscan romper con el fatalismo de entender que el país sólo puede ser exportador de materias primas, para siempre y sin otras opciones.

En realidad la actitud debe ser inversa, ya que los extractivismos actuales son insostenibles no sólo ecológica y socialmente, sino también para las economías nacionales. Ni Chile ni el planeta toleran más este estado de situación. Es en este cambio de actitud donde está posiblemente uno de los mayores aportes del postextractivismo, al volver a abrir las puertas a pensar alternativas.

Notas

1. Mujeres de la Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero y Puchuncaví, más informaciones en: https://www.facebook.com/Mujeres-de-Zona-de-Sacrificio-Quintero-Puchuncav%C3%AD-908094075974874/
2. Modatima (Movimiento de Defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente), más información en: www.modatima.cl
3. Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismos, incluyendo sus definiciones e impactos, se puede encontrar en: www.extractivismo.com
4. Dimensión socioambiental de los conflictos territoriales en Chile, OLCA, Santiago, 2016.
5. Una biblioteca con textos y otros recursos sobre postextractivismo está disponible en: www.transiciones.org

Este artículo es posible gracias a la invitación de la profesora Paola Bolados, del programa en ecología política, feminismos y poscolonialidad en la Universidad de Valparaíso, lo que me permitió conocer las experiencias que se comentan. Las fotografías son del autor; abril 2017.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Montevideo.

• El 10 de febrero presentó declaración de impacto ambiental para rehabilitar instalaciones.
• Proyecto se ubicaría al interior del Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni – Lagunas de Bahía Jara, considerado “un área con valor ambiental relevante” cuyos cuerpos hídricos “como la mayoría de los humedales, corresponden a sistemas frágiles de carácter temporal, muy sensibles a cualquier intervención antrópica, al poder provocar desequilibrios en el ecosistema”.
• La presentación de una declaración contradice lo que estipula la legislación ambiental, que obliga a presentar estudios para toda actividad localizada en o próxima a “poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados”.
• Un total de 580 mil metros cúbicos de agua pretende retirar la Compañía Minera Cerro Bayo (CMCB) desde los túneles abandonados de la mina Javiera y depositarlos en la laguna Salitrosa, a unos 12 kilómetros de Chile Chico y dos Bahía Jara, como una forma de rehabilitar dichas instalaciones para la extracción de oro.   Las faenas se localizarían a ocho kilómetros del límite de la Reserva Nacional Jeinimeni.

  Así se desprende de la declaración de impacto ambiental (DIA) presentada por la empresa el 10 de febrero de este año, la cual deberá ser resuelta por la Comisión Regional de Evaluación Ambiental (CEA), que preside la intendenta regional Karina Acevedo e integran los seremis de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes, Minería, y Planificación.

  Actualmente los organismos técnicos se encuentran realizando observaciones al proyecto, que ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por corresponder a “obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otra área colocada bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”.

• Aunque la propia compañía reconoce que sus operaciones se realizarían en áreas “bajo protección oficial”, dada su ubicación en el Sitio Prioritario de Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni – Lagunas de Bahía Jara, para este caso no se aplicó el artículo 11 letra D) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que obliga a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (y no solo declaración) para toda actividad localizada en o próxima a “poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”. Según el Sistema Nacional de Información Ambiental el área es “un ecosistema frágil con poca representación en el sistema de protección, con presencia importante de especies en categorías de conservación”.

  Además, la tramitación se ha llevado adelante sin un proceso institucional de participación ciudadana con la comunidad local. El artículo 30 bis de la ley establece que para el caso de DIAs esta podrá realizarse por decisión del director del SEA si, dentro de los 10 días de publicado el proyecto en el Diario Oficial (2 de mayo), es solicitada por dos organizaciones sociales o por 10 ciudadanos directamente afectados. Plazo que para este proyecto ya se habría cumplido.

  Sin embargo, el Estado cuenta con otra herramienta para corregir tal omisión dado que el inciso segundo del mismo artículo estipula que “si durante el procedimiento de evaluación de la DIA, ésta hubiese sido objeto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente los impactos ambientales del proyecto, el organismo competente deberá abrir una nueva etapa de participación ciudadana, esta vez por diez días, período en el cual se suspenderá de pleno derecho el plazo de tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental”, lo cual es una prerrogativa de la CEA, según estipula el artículo 96 del Reglamento del SEIA.

  CMCB ya había presentado una DIA a principios de este año, pero esta fue declarada inadmisible por carecer de información relevante para ser evaluada.   Así lo consigna la resolución exenta del 23 de enero pasado.

   

  Elementos clave

  Según la DIA, actualmente la laguna Salitrosa (conocida en el sector como Salmonosa o Escondida) cuenta con un volumen de 330 mil m3, por lo cual depositar en ella 580 mil m3 prácticamente triplicaría su caudal, aumentaría su cota en 4,5 metros e inundaría unas cinco hectáreas de superficie aledaña. A esto se agrega que las aguas del interior de la mina presentan “parámetros excedidos tales como boro, fluoruro, manganeso, molibdeno, sulfato, sodio”, tema no menor considerando que los propios pobladores expresaron durante una reunión en diciembre su preocupación porque esta se encontraría “contaminada por aceites y petróleo de la antigua operación”, con el consiguiente riesgo de que el agua depositada escurra (o inunde) el estero El Baño que pasa por Bahía Jara y confluye hacia el lago General Carrera.

• El proyecto contempla pasar por sobre este curso hídrico una tubería con el caudal extraído desde la mina Javiera, con el riesgo de filtración, según alertaron la Dirección General de Aguas, las seremis de Desarrollo Social y Salud. Incluso este último organismo requirió “proporcionar información relativa a las captaciones de agua para consumo humano (ubicación, cota, habitantes atendidos) existentes en toda el área aledaña a la mina Javiera, la laguna Salitrosa y el estero El Baño de tal manera que se pueda establecer que ninguna contingencia podría afectar dichas instalaciones, así como también en lo relativo al agua para el riego agrícola”.

  El informe final de la consultoría “Lineamientos de un Plan de Gestión para el Sitio Priorizado Estepa Jeinimeni – Lagunas Bahía Jara”, realizada en 2009, determinó que las lagunas de dicho sector son “un área con valor ambiental relevante”, ya que “como la mayoría de los humedales, corresponden a sistemas frágiles de carácter temporal, muy sensibles a cualquier intervención antrópica, al poder provocar desequilibrios en el ecosistema”. Aclara que “son hábitat de una gran variedad de aves, como flamencos chilenos (Phoenicopterus chilensis), cisnes de cuello negro (Cygnus melancoryphus), cisnes coscoroba (Coscoroba coscoroba), taguas (Fulica armillata), varias especies de patos, etc. Cabe destaca que no existían registros de cisnes coscoroba en la zona, y es una especie en peligro de extinción”. Durante la visita que el 19 de mayo realizara la empresa a la laguna, junto a algunos servicios públicos, se constató efectivamente la presencia de cisnes de cuello negro, “lo cual no fue considerado en la línea base de la declaración de impacto ambiental”, según consigna el acta oficial levantada.

  En la región existe creciente preocupación sobre los efectos de las actividades productivas sobre la calidad de las aguas del lago General Carrera, fuente de agua potable para gran parte de las localidades ribereñas y el principal atractivo turístico de la proyectada Zona de Interés Turístico del Territorio Chelenko. Se trata, además, de un lago binacional sobre el cual existe un Tratado de Medio Ambiente y un Protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos suscrito entre Chile y Argentina.

  A esto se agrega que la DIA reconoce que “existe una gran cantidad de asentamientos arqueológicos cercanos al sector sonde se localiza el proyecto, sin embargo, todos a más de 2 kilómetros al este del área del proyecto”. Ante esto, el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales solicitó una tabla que detalle estos hallazgos y su distancia a las operaciones.

  En el proceso, tanto la municipalidad de Chile Chico como Sernatur y Conaf, entre otros servicios, decidieron excluirse de participar en la evaluación.

   

  Reinicio de operaciones

  Las instalaciones corresponden “a una operación de minería subterránea que se mantuvo en funciones entre los años 2003 y 2008”. Producto de “la falta de recursos y los precios de la plata y el oro de dicha época”, en 2008 CMCB (subsidiaria de la multinacional Mandalay Resources) paralizó sus operaciones, ubicadas en el sector de Cerro Bayo. En estos años de inactividad, los túneles se inundaron, por lo cual el proyecto de extracción de agua se considera necesario para reiniciar las operaciones de esta sección.

  La compañía ha informado que las 250.000 toneladas de mineral presentes en el sector, son “necesarias para la continuidad operacional de CMCB en Chile Chico, dado el requerimiento de explotar simultáneamente desde múltiples vetas, para abastecer la planta de procesos en Laguna Verde y mantener la viabilidad de la operación”.

  Fuente:https://elecowebtivista.wordpress.com/2017/06/06/cerro-bayo-verteria-en-humedal-mas-de-medio-millon-de-metros-cubicos-de-agua-extraidos-de-tuneles-de-mina-abandonada/

La organización Dunas de Ritoque presentó escritos para solicitar la clausura de instalaciones de Codelco Ventana, que datan del 2014 y que aseguran, se habrían construido sin las fiscalizaciones correspondientes.

Andrés León, vocero de la organización señaló que se entregaron las solicitudes en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y en la Superintendencia de Medio Ambiente, solicitando la clausura de estas instalaciones que catalogan como ilegales.

A juicio de León, la situación es más grave, porque se trata de bodegas que se utilizan para almacenar productos peligrosos al interior de una empresa, que incluso ya tiene un informe sanitario desfavorable.

Desde La Radio contactamos al departamento de comunicaciones de Codelco Ventanas y se nos indicó que no han recibido ningún documento oficial al respecto, por lo que no se van a referir a esta situación por el momento.

Fuente: http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2017/05/27/organizacion-dunas-de-ritoque-solicita-clausura-de-codelco-ventana-acusa-ilegalidades.shtml