De acuerdo con el comité, el proyecto no contaba con suficientes medidas de mitigación. Ahora los reclamantes podrán recurrir al Tribunal Ambiental para apelar la decisión.

En una votación dividida el Comité de Ministros rechazó este lunes el proyecto minera Dominga, por no contar con suficientes medidas de mitigación.

El comité estaba confirmado por los ministros de Medio Ambiente, que lo encabezaba, Energía, Minería, Salud, Economía y Agricultura.

«Los antecedentes son bastantes claros en que habían vicios en cuanto a la línea base que permitían que este proyecto no pudiera ser aprobador», señaló el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

Ahora los reclamantes podrán recurrir al Tribunal Ambiental para apelar la decisión del comité.

En marzo pasado la iniciativa de Andes Iron fue rechazada por el Consejo de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo.

Esto, luego de que el intendente de la región, Claudio Ibáñez, rechazara el proyecto haciendo uso de su voto dirimente.

Luego de eso, en mayo pasado, la empresa presentó el recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, en busca de revertir el rechazo por parte del Consejo de Evaluación de Coquimbo.

El proyecto de la minera Dominga estaba planificado en la comuna de la Higuera y contempla una inversión que rodea los US$ 2.500 millones.

Fuente:http://www.t13.cl/noticia/negocios/comite-ministros-mantiene-rechazo-minera-dominga

Se ha ordenado la reparación de sitios afectados por minería, vertederos o personas que perjudican ecosistemas. En total, han resuelto 13 causas.

Luego de las duras protestas de los vecinos de Tiltil, en la Región Metropolitana, por la instalación de un relleno que recibirá desechos peligrosos, se abrió el debate sobre la judicialización de este tipo de conflictos. Para ello, quienes se oponen al proyecto deben, por norma, recurrir a los tribunales ambientales. Estos fueron creados, entre otros fines, para resolver demandas por el presunto daño a los ecosistemas.

Los tribunales de Valdivia y Santiago se constituyeron en 2013, mientras que los ministros de Antofagasta fueron designados recién este año, aunque la entidad aún no inicia sus operaciones formalmente.

En cuatro años de funcionamiento, esta instancia ha dictado 13 resoluciones por daño ambiental. El balance indica que, a la fecha, cinco casos han tenido una sentencia en favor de los vecinos que se consideran afectados. El resto de las presentaciones ha sido rechazada. Estas instituciones también han tramitado un total de 37 demandas en la capital y otras 30 en Los Ríos. En tanto, las reclamaciones en análisis, que sirven para impugnar las decisiones de la autoridad en materia ambiental, alcanzan las 213.

De acuerdo al registro de los tribunales, las cinco causas acogidas fueron interpuestas por daños a la flora y fauna, por contaminación de metales o desechos en zonas cercanas a poblaciones. Los dictámenes emitidos contemplan la recuperación de los ecosistemas perjudicados, la restauración de la calidad de las aguas, suelo, aire o aguas, entre otros.

Los abogados que han participado en la tramitación de estas causas, junto a organizaciones ambientales, plantean que cuando han perdido las demandas se debe a lo complejo que resulta probar los daños al medioambiente en un juicio. Álvaro Toro, quien ha asesorado a comunidades que se han sentido afectadas, afirma que resulta “muy complejo o casi imposible ganar en causas como estas, pues se pide comprobar que la presentación tiene base”.

Es así como se deben entregar estudios científicos sobre las áreas afectadas, los que tienen un alto costo. En contraste, señala que las empresas aludidas poseen recursos para pagar diversos peritajes.

Sin embargo, para otros sectores, la creación de estas instituciones implica un avance en cuanto al acceso a la justicia en este ámbito. El ex subsecretario de Medio Ambiente Rodrigo Benítez señala que estas instancias son especializadas, por lo que “han permitido tecnificar la resolución de los conflictos ambientales. Si bien se ha reclamado respecto de los plazos que se toman en resolver, creo que eso poco a poco se ha ido ajustando de mejor manera, para lograr decisiones oportunas”.

Sin embargo, al igual que ocurre con los otros tribunales de primera instancia, los fallos de estos juzgados pueden ser apelados ante las instancias superiores. En caso de una resolución desfavorable para una de las partes, indica la normativa vigente, lo que corresponde es presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema.

Fuente:http://www.latercera.com/noticia/tribunales-ambientales-fallado-cinco-casos-favor-los-vecinos/

En nuestro país aún no existe una Ley de PAM (Pasivos Ambientales Mineros) ni norma de suelos. No obstante, Chile sigue mostrándose abierto a proyectos mineros de gran escala. Como éste! Río Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, persiste en su deseo de operar una mina en Chile. Para ello, la compañía anglo-australiana solicitó permisos para iniciar una campaña de exploración con miras, si los estudios tienen “éxito”, a desarrollar una faena a gran escala.

Rio Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, persiste en su deseo de operar una mina en Chile. Para ello, la compañía anglo-australiana solicitó permisos para iniciar una campaña de exploración con miras, si los estudios tienen éxito, a desarrollar una faena a gran escala.

La firma busca a nivel mundial yacimientos de tamaño relevante para poder explotarlos, y aunque en el pasado desarrolló programas de exploración sin mucho éxito, Rio Tinto continúa en su apuesta por nuestro país y espera recibir luz verde para un nuevo programa en Chile. Según una consulta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la compañía espera realizar sondajes a 58 kilómetros de Arica, en un terreno ubicado a 2.100 metros de altura, en un proyecto denominado Palmani.

Se trata de un primer paso para limitar los privilegios de la minería sobre las “aguas halladas” en sus exploraciones y explotaciones, obligándoles a informar en 90 días sobre los afloramientos, pudiendo usar solo las que justificadamente requieran, pero sin afectar la sustentabilidad de los acuíferos o los derechos de terceros, entre otras medidas.

Un primer paso para limitar los privilegios del sector minero sobre los recursos hídricos aprobó la semana pasada la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, en el marco de la reforma al Código de Aguas que se encuentra en su segundo trámite constitucional. Los senadores acordaron restringir el alcance de las “aguas halladas”, figura que en la legislación vigente permite a las empresas utilizar de facto y sin supervisión todos los caudales que afloren en sus faenas de exploración y explotación.

El proyecto que salió de la Cámara de Diputados obligaba a los mineros a informar y solicitar autorización sobre las también así llamadas “aguas del minero”, condiciones que eran resistidas por el Ejecutivo, la Sociedad Nacional de Minería, el Consejo Minero y una mayoría de los cinco integrantes de la comisión.  Fue en este contexto que en las últimas semanas el suspendido senador DC Jorge Pizarro se abrió a una propuesta alternativa, junto a sus colegas Adriana Muñoz (PPD, quien preside la instancia) e Isabel Allende (PS).  En contra se mostraron los senadores Francisco Chahuan (RN) y Víctor Pérez (UDI).

De esta forma se aprobó la modificación al artículo 56 del Código de Aguas, estableciendo que las concesionarias mineras deberán “informar sobre las aguas halladas  para su registro, dentro de noventa días corridos desde su hallazgo, a la Dirección General de Aguas (DGA)” y podrán utilizar tales afloramientos “en la medida que sean necesarias para las faenas de explotación y no afecten la sustentabilidad de los acuiferos o los derechos de terceros”. Para ello deberán consignar ubicación, volumen y unidad de tiempo, además de las actividades que justificarían su uso. Adicionalmente, la utilización y goce se extinguirá por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la concesión, porque dejen de ser necesarias para la faena o porque se destinen a un uso distinto.

En particular, y al contrario de lo que ocurre hoy, se estableció que el uso de y goce las aguas “no podrá poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5ºbis, o los derechos de terceros.  La Dirección General de Aguas limitará dicho uso si hubiere grave afectación de los acuíferos o de derechos de terceros a consecuencia de estos aprovechamientos”.

Se determinó además que el servicio establecerá “un procedimiento simplificado para la minería artesanal o pequeña minería”.

Caudal Ecológico

El martes pasado, luego de aprobar los cambios al artículo 56, se comenzó el debate sobre la figura de caudal ecológico para derechos ya constituidos.

Hoy la disputa se centra en la presión que gremios energéticos como la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (APEMEC) están realizando sobre el Ejecutivo para ser eximidos (en sus centrales de hasta 20 megawatts) de la obligación de mantener caudales ecológicos, incluso en áreas protegidas.  Esta excepción, que ha sido apoyada por el gobierno, constituiría un factor de dumping ambiental que privilegiaría a empresas, en su mayoría extranjeras y con una capacidad de inversión de hasta unos  60 millones de dólares, (es decir unos 40 mil millones de pesos),  permitiéndoles en los hechos secar los ríos y sacrificar cuencas en pos de sus intereses económicos.

A esto se suma que en el artículo 129 bis 1 el Ejecutivo, mediante indicación, intenta eliminar la condición de caudal ecológico en los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en las áreas amenazadas y degradadas, manteniendo su existencia solo al interior de parques nacionales, santuarios, reservas y monumentos naturales, además de humedales protegidos por la Convención de Ramsar.

Producto de esta ofensiva, desde la sociedad civil se ha difundido un video que alerta a los parlamentarios  y a la ciudadanía sobre tales cambios.

La importancia del caudal ecológico es que permite evitar el desecamiento de los ríos, asegurar el mantenimiento y funciones de las cuencas hidrográficas y la integridad de los ecosistemas que estas sostienen. Esto entrega seguridad hídrica a todas las actividades que requieren de la mantención de cuencas y caudales, tales como el agua potable, la agricultura, la industria y la sostenibilidad de las ciudades, entre otras.

Fuente:http://www.elciudadano.cl/economia/senado-aprueba-cambio-del-uso-del-agua-en-proyectos-de-mineria/08/07/

La Argentina y Chile acordaron trabajar en la puesta al día de los protocolos comunes firmados hace 20 años en el marco del Tratado sobre Integración y Complementación Minera y en la confección de un cronograma de trabajo para el relanzamiento de esa herramienta jurídica.

Así se acordó en el encuentro del Grupo de Trabajo, liderado por las Secretarías Técnicas de Argentina y Chile, que se realizó en el Palacio San Martín -sede de la Cancillería-, donde los equipos técnicos de ambos países estuvieron encabezados por el secretario de Política Minera, Juan Biset, y por el integrante de la Comisión Chilena del Cobre Rodrigo de Urquiza.

«En este primer encuentro se resaltó la vocación común de potenciar y de relanzar un régimen jurídico único en el mundo que sobrevuela el territorio fronterizo de ambos países, y que toma a la Cordillera como un espacio de potencialidad minera», explicó Biset a Télam tras los encuentros que se concretaron tras cuatro años de inactividad del Grupo de Trabajo.

Si bien el Tratado bilateral se encuentra vigente, en la práctica cotidiana no está siendo aplicada. El objetivo es que esto ocurra cuando con la aparición de proyectos de exploración o explotación binacionales que puedan surgir en el futuro, de manera de activar los beneficios recíprocos de transnacionalidad que caracteriza a esta herramienta.

El Grupo de Trabajo que se reunió esta semana en Buenos Aires, la autoridad menor creada por el Tratado, volverá a encontrarse en Santiago de Chile los días 4, 5 y 6 de septiembre, en tanto que la Comisión Administradora que encabezan las Subsecretarías de Minería y de Relaciones Exteriores por Chile y sus símiles en Argentina, lo hará en fecha a

determinar.

Para el encuentro de septiembre, la Secretarías Ejecutivas invitarán a las empresas mineras a que actualicen el inventario de proyectos con potencial de desarrollo común y manifiesten cómo desde ambos estados se puede colaborar en el mejor desarrollo de los mismos, con las consecuentes propuestas de actualizaciones, modificaciones y ampliaciones normativas que requiere un instrumento firmado en 1997.

En principio el Tratado tiene dos sub-grupos de trabajo que serán reconformados y que están orientados a los temas tributarios y de medio ambiente, en los cuales se buscarán aggiornar, poner en valor y homogeneizar aspectos vinculados a la compatibilidad normativa que evite desequilibrios e inequidades.

En similar sentido, se acordó la puesta al día de los protocolos que acompañan al Tratado de Integración Minera y de los principios generales que se proponen lograr ambos gobiernos con el relanzamiento de un instrumento conocido internacionalmente inédito para países con fronteras mineras comunes.

Es que el tratado compromete a ambos países a la denominada facilitación fronteriza que, de modo de fomentar el desarrollo del negocio minero, habilita el acceso y salida de las áreas de operaciones desde ambos territorios y permite el uso de toda clase de recursos naturales, insumos e infraestructura sin discriminación de nacionalidad.

«Una vez aprobada la aplicación del tratado sobre un proyecto, se delimita un área que se considera territorio común para ambos países, lo que permite la entrada y salida hacia cualquiera de los dos países de acuerdo a las necesidades operativas», explicó Biset en referencia a la facilitación impositiva, aduanera, logística, laboral y de recursos energéticos.

Para el funcionario de la cartera energética a través de este mecanismo «hay mucho terreno para explorar de forma de presentar al Cono Sur como una gran región minera, con beneficios mutuos, para lo cual hay que encontrar un modo de trabajo que permita atraer a los grandes inversores globales».

En ese sentido, respecto de la complementariedad entre los dos países, Biset consideró que «el punto de partida encuentra a la Argentina como aportante de abundantes recursos sin explotar y ventajas comparativas vinculadas a las condiciones que requiere la actividad, como la disponibilidad de agua y energía, mientras que el vecino país cuenta con una enorme industria de producción de bienes y servicios».

Fuente:http://www.diariobae.com/article/details/189614/argentina-y-chile-relanzaron-el-tratado-sobre-integracion-y-complementacion-minera

A continuación, extendemos una crónica que da cuenta una grave situación que afecta a comuneros del Pueblo Colla que son objeto de una criminalización a causa del resguardo de su patrimonio arqueológico, en medio de un territorio sagrado afectado por la minería.

CRÓNICA DE CÓMO USAR LA LEY DE MONUMENTOS CONTRA LOS INDÍGENAS, O CÓMO EL LADRÓN PUEDE DEMANDAR AL DUEÑO Y METERLO EN LA CARCEL.

El drama de los pueblos originarios dice relación con el robo de su patrimonio. Un robo actual e impune. Ese robo va aparejado con sanciones criminales que se aplican a los indígenas cuando quieren recuperar ese patrimonio, o simplemente por el hecho de vivir de acuerdo a sus costumbres. El caso que sigue es ejemplar y común:

Doña Ercilia Araya Altamirano, es presidenta de la Comunidad Indígena Colla, denominada “PAI-OTE”, cuyo territorio ancestral se ubica en el sector cordillerano de Copiapó, en la región de Atacama.

Es del caso que en el mes de Marzo del año 2014, doña Ercilia, a nombre de la comunidad, realizó una denuncia a la Policía de Investigaciones, relativos a la contaminación producida por relaves mineros perteneciente a la empresa Yámana  Gold.

Los funcionarios de la Policía de investigaciones, se contactaron con doña Ercilia, a efectos de realizar una visita al lugar de los hechos. Por desperfectos mecánicos del vehículo institucional, el grupo no pudo subir al lugar indicado, por lo que fueron recibidos en el rancho de propiedad de doña Ercilia, ubicada en el sector rural de Vega Redonda.

En este lugar, donde distintas familias de la comunidad Colla tienen residencia, la que utilizan para labores de pastoreo trashumancia y otras labores tradicionales, propias de los indígenas de la zona, se encuentra rancho de doña Ercilia, el cual se ubica a menos de 3 metros del cementerio indígena de la comunidad.

Es del caso que los funcionarios de la policía de investigaciones, denuncian a los indígenas Colla de haber encontrado en su domicilio artefactos arqueológicos y fósiles, que se encuentran protegidos por la ley de monumentos nacionales número 17.288

Es decir, la PDI, en vez de investigar la denuncia por daño ambiental presentada por los indígenas colla, denunció a los colla que viven al lado y protegen un cementerio indígena, por robo de patrimonio. No sólo eso, sino que detuvieron e interrogaron al hijo menor de edad de la Presidenta de la Comunidad, en violación expresa de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que señala que sólo el fiscal, en presencia de un defensor, puede interrogar a un menor de edad.

La comunidad de PAI-OTE, tal como lo han hecho muchas comunidades indígenas, se han encargado de custodiar el patrimonio arqueológico de sus ancestros, durante muchos años. Por ejemplo han denunciado a la gobernación de Atacama, particularmente al ex gobernador Antonino Prado, el año 2006, de los saqueos perpetrados por huaqueros, del patrimonio de la comunidad.

Asimismo, el 7 de marzo de 2013 la comunidad indígena, representada por doña Ercilia, han firmado junto a Guillermo Cortés, Director del Museo Regional de Atacama, un acta de visita e inspección patrimonial en el territorio de la comunidad, que debía ser base de un acuerdo de colaboración para resguardo patrimonial.

Para los comuneros colla, su territorio es sagrado, y quien viole las tumbas de sus ancestros, será severamente castigado por ellos y por sus deidades. Estas normas son parte de su derecho consuetudinario o derecho propio, el cual subsiste en organizaciones constituidas, estables, y que tienen permanente relación con el Estado, como ocurre con la comunidad indígena de PAI-OTE.

Es natural que los territorios  indígenas tengan gran valor arqueológico y paleontológico, pues esas son tierras “antiguas”, habitadas por sus ancestros. Es normal que los  indígenas conserven alfarería de sus abuelos, y piedras labradas o fósiles que verdaderamente abundan en sus tierras. No hay dolo o intención de “robo” en eso, pues ellos conviven y conservan esos elementos como parte de su historia. En definitiva, con estas denuncias desproporcionadas, se les persigue por ser indígenas, más que por hechos delictuales.

Por ejemplo, se ha acusado a miembros de la comunidad RapaNui, de daño patrimonial, por el hecho de utilizar, como siempre lo han hecho, de manera respetuosa, su patrimonio en ceremonias ancestrales que son vitales para la supervivencia de su cultura. Hay un caso paradigmático en que se encausó a Rapanui por robo de arqueología, al excavar un pozo de agua, vital elemento que hoy escasea en la isla. Asimismo se ha acusado de huaquerismo (robo de tumbas) a personas indígenas que han realizado el rescate urgente de artefactos patrimoniales, cuando se ven amenazados por verdaderos huaqueros o ladrones de tumbas, o incluso por desastres naturales como derrumbes o bajadas de agua.

La Ley de monumentos nacionales no sólo merece ser perfeccionada a la altura de los tiempos, sino que su aplicación debe ser realizada con criterio. Actuar sin criterio, resulta en la criminalización del inocente e impunidad de los verdaderos huaqueros o ladrones de patrimonio.

Si bien la legislación chilena dispone que el patrimonio arqueológico y paleontológico es de propiedad del Estado por el solo ministerio de la ley, en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, tales como el convenio 169 de la OIT, de la Declaración de Derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas del año 2007, y del Pacto de San José de Costa Rica, el patrimonio arqueológico, y aún paleontológico, ubicado en territorios indígenas, es propiedad ancestral de tales pueblos, que por lo demás son quienes los han custodiado, resguardado, y salvaguardado por eficacia durante cientos y aún miles de años.

La comunidad Colla de PAI-OTE ha hecho un trabajo de resguardo patrimonial absolutamente comprobable y nos parece un exceso que se los encause por violación de la ley de monumentos, respecto de un patrimonio propio.

Después de tres años de los hechos, los comuneros recibieron citación de la fiscalía local, en virtud de la denuncia realizada por la Brigada de delitos medioambientales de la Policía de Investigaciones. Se desarrolló el procedimiento correspondiente ante el Tribunal de Garantía, con un Defensor local a cargo.

Ante los abrumadores antecedentes en su favor, la comunidad recibió el apoyo de diversos sectores durante la investigación, de quienes suscriben, del Partido Comunista de Atacama, y del Senador Alejandro Navarro. Finalmente la Fiscalía entendió que no había ningún hecho que revistiera carácter de delito y aplicó el denominado “principio de oportunidad”, en virtud del cual cesó la persecución penal, decisión que fue aprobada judicialmente.

Estos hechos nos remecen profundamente, pues costó probar la inocencia de la comunidad, y revelan la vulnerabilidad de los pueblos originarios ante las leyes que protegen el patrimonio cultural y natural, usurpado por privados y por el mismo Estado, quienes promueven la aplicación del derecho penal contra población vulnerable, por el uso inocente y aún justificado de su propiedad ancestral, avalada por el derecho internacional.

Desde ya creemos que es necesario ajustar los criterios de aplicación de los delitos patrimoniales. En términos simples, ni la PDI ni las fiscalías, deberían perseguir tales delitos “a lo bestia”. Debe haber un criterio, el cual es materia de los instructivos generales de la Fiscalía Nacional. De lo contrario, nuevamente el ladrón (el Fisco) podrá denunciar al legítimo dueño (los indígenas) y llevarlo a la cárcel.

Fuente:http://www.mapuexpress.org/?p=19628

Poco se había escuchado hablar del Túnel de Agua Negra, hasta que la Presidenta Michelle Bachelet se refirió a él en su última cuenta pública como “el mayor proyecto de interconexión con Argentina” entre la IV Región de Coquimbo y la provincia de San Juan. El vínculo de esta iniciativa con proyectos minero-portuarios como Dominga, Puerto Cruz Grande y la “ampliación” del Puerto de Coquimbo, posicionan a Aguas Negras como piedra angular de grandes intereses económicos y políticos con redes en la UDI y la DC, y que amenaza con devastar el equilibrio medioambiental, ya que los tres puertos estarían ubicados en las zonas de influencia de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

El transcurso de la intensa noche del pasado 9 de marzo demostraba, quizás como nunca antes, lo que significó la llegada del proyecto Dominga a la comuna y al pueblo de La Higuera. Mientras algunos higuerinos se dirigían a hacer barricadas en la Ruta 5 Norte, otros protestaban en la plaza del pueblo justo frente a la Casona Dominga, el centro estratégico de la minera en la zona, desde el cual pretende acercarse amigablemente a los más de 4.000 habitantes que hoy componen la comuna. ¿La razón? La reñida votación de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Coquimbo, que terminó con el rechazo de Dominga gracias al voto decisivo del intendente de la región, Claudio Ibáñez.

Las manifestaciones en la plaza del pueblo enfrentaron a los simpatizantes de Dominga con sus detractores.

Hasta ahora, Minera Dominga ha sido el blanco de constantes críticas por parte del mundo medioambiental, dado el impacto que tendría su emplazamiento en esta zona costera que es bañada por las frías y nutritivas corrientes de Humboldt. Sin embargo, en la actualidad, Minera Dominga no es el único proyecto industrial que pretende instalarse en el lugar.

En la zona comprendida entre la localidad conocida como Barrancones y Totoralillo Norte, están contemplados otros dos grandes proyectos portuarios que han pasado prácticamente inadvertidos y que, sumados a Dominga, supondrían un impacto medioambiental sin precedentes, debido a su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH). Se trata de Puerto Cruz Grande, propiedad de la CAP Minería, y de un nuevo proyecto de la Empresa Portuaria de Coquimbo (EPCO), iniciativa industrial de propiedad del Estado, aún en carpeta, pero cuya construcción –según distintos actores– se encuentra rodeada de incertidumbre sobre si será un nuevo puerto o una “ampliación”, como se ha dicho públicamente.

Los tres proyectos están unidos entre sí por una gruesa trama de vinculaciones político-empresariales, que en su conjunto conforman un verdadero complejo de infraestructura portuaria, insólito en una zona de preservación marina.

¿Cómo Coquimbo pasó de caracterizarse como una región comprometida con la preservación del medioambiente a una con vocación industrial portuaria?

Más allá de los cuestionados procesos de calificación ambiental, fuentes aseguran que el instrumento de planificación urbana conocido como Plan Regulador Intercomunal (PRI) de la Provincia del Elqui fue vital para la consolidación de este tránsito entre los intereses de la región. La historia de dicho plan parece tan sospechosa como estratégica: se formuló en 2005, bajo otros parámetros, que permitían la protección de la biodiversidad, pero en el transcurso de 10 años se modificó de tal forma, que terminó consolidando un nuevo complejo portuario en la comuna de La Higuera.

El panorama coincide justo con la licitación y construcción de un meganegocio de infraestructura que asoma desde la cordillera: el Túnel de Agua Negra, un proyecto bioceánico que pretende mejorar la conectividad e integración entre Chile y Argentina, cuya construcción se estima aproximadamente en diez años. Para esa fecha, los proyectos portuarios de la región estarían ya completamente operativos. Se abren así nuevas y estratégicas conexiones.

¿Existe algún vínculo directo entre Agua Negra y los puertos que actualmente pretenden instalarse en el sector costero de Coquimbo?

Preparando la zona

Ubicado a 64 kilómetros al norte de La Serena, el pueblo de La Higuera se encuentra prácticamente en medio de la nada. Rodeados de numerosos cerros color marrón que componen un constante y agotador paisaje para quien no sea de la zona, algunos higuerinos ven hoy en Dominga una importante fuente de creación de empleos, no solo para sus habitantes sino también para una comuna donde el 23,25% de su población se encuentra en situación de pobreza, según datos de la encuesta CASEN 2011-2013.

Precisamente el que La Higuera sea considerada una zona con indicadores de pobreza ha sido uno de los principales argumentos por parte de los distintos defensores e impulsores de las iniciativas industriales- portuarias en la IV Región, quienes valoran sus oportunidades laborales y de desarrollo.

La Higuera forma parte del Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui, junto a las comunas de La Serena, Coquimbo, Vicuña, Paihuano y Andacollo. Este instrumento se trabajó durante años en la zona y fue aprobado el 28 de julio de 2014 por el Consejo Regional, pero que se encuentra objetado en la Contraloría General de la República.

Antes de asumir como intendente por la IV Región, Sergio Gahona –ex rector de Inacap por La Serena, Copiapó y Calama– decidió renunciar en 2009 para lanzar su candidatura a diputado por la UDI. Sin embargo, tras no ser electo, recibió la oferta del entonces Presidente Sebastián Piñera de asumir como máxima autoridad en Coquimbo, cargo que ocupó hasta el 12 de noviembre de 2012.

Durante ese período, el hoy ex intendente fue uno de los principales impulsores del Plan Regulador Intercomunal, que incluye la posibilidad de instalar tres puertos en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, lo que a la postre implica convertir a la Región de Coquimbo de una zona con vocación medioambiental a una zona netamente industrial. “Busqué darles posibilidad a los grandes motores o palancas del desarrollo de la zona: la minería, agricultura, turismo, los servicios y también la pesca y la acuicultura”, dice.

Múltiples fuentes apuntan, sin embargo, al actual diputado UDI como uno de los actores que tuvo injerencia directa en el PRI, patrocinando la vocación portuaria de la zona.

Pero no solo huellas de la UDI han estado presentes en la defensa del Plan Regulador que permite el emplazamiento de los proyectos portuarios en las zonas de preservación. La Democracia Cristiana también ha jugado un rol protagónico. Una de sus figuras clave y reconocida en la zona es el diputado Matías Walker, reconocido defensor de los proyectos portuarios en la IV Región, y también de un viejo camarada de la zona, Francisco Villalón, ex seremi de Economía en el primer Gobierno de Michelle Bachellet, ex gerente de la Empresa Portuaria de Coquimbo (de la que depende el tercer puerto en carpeta) y actual Gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, propietaria de Minera Dominga.

Matías Walker, si bien considera que este es un buen plan regulador, no duda en trasladar la responsabilidad –sobre la destinación de espacios para la eventual construcción de tres puertos en el sector costero de La Higuera– al actual intendente y a quienes trabajaron en la zonificación. “Si el intendente propone que en la comuna de La Higuera existan tres puertos, obviamente que cualquier titular puede presentar un proyecto que proponga la habilitación de un puerto en la zona que está dibujado en la zonificación que necesita un puerto, por eso se aprobó el proyecto Cruz Grande”, afirma.

En los hechos, Cruz Grande se va a emplazar en el sector de Chungungo que, al igual que Totoralillo Norte, son zonas preferentemente de extracción de recursos bentónicos –aquellos organismos que habitan en los ecosistemas acuáticos– y de caletas pesqueras, según el documento “Zonificación de los usos del borde costero de la Región de Coquimbo”, elaborado en 2005 por el gobierno regional.

Si bien existen instrumentos de seguimiento y monitoreo promovidos por el señalado gobierno regional en torno al uso del borde costero, extraña que un documento tan relevante como este no sea considerado seriamente por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como primera instancia evaluativa de estos proyectos minero-portuarios.

Pese a que el Plan Regulador de la Provincia del Elqui fue aprobado por la Comisión Regional de Coquimbo a mediados de 2014, el documento ingresó a la Contraloría Regional el 22 de noviembre de 2016 y en abril de este año a Santiago, pues –de acuerdo a un oficio de Contraloría obtenido vía Transparencia– el organismo fiscalizador se abstuvo en 2015 por distintas consideraciones erróneas del documento, razón por la cual aún está siendo estudiado. Sin embargo, pese a las correcciones realizadas a dicho documento, fuentes aseguran que su aprobación está lejos de concretarse, debido a los errores aun mayores que presenta actualmente (ver documento de Contraloría).

La Higuera dividida

“¡Chupamedias!”, gritaban los simpatizantes de Dominga a sus detractores esa noche del pasado 9 de marzo en la plaza del pueblo de La Higuera. Personas que estaban allí afirman que, de un momento a otro, los insultos entre ambos bandos se incrementaron y que los simpatizantes de la minera comenzaron a tirar piedras provocando la dispersión de aquellos que se oponen tajantemente al proyecto.

En medio de la oscuridad del lugar, fuentes que piden reservar su identidad cuentan haber divisado a un hombre y a una mujer con cargos públicos en la comuna gritando consignas en contra de los detractores de Dominga: el concejal UDI Roquer González y la concejala Beatriz Hernández de la misma colectividad, ambos electos en 2016. Asimismo, aseveran que el alcalde UDI, Yerko Galleguillos, ha estado desde siempre a favor de Dominga y que, tal como si fuera su propia casa, ese día funcionarios de la Municipalidad de La Higuera izaron una bandera negra en señal de apoyo a la minera.

Su paso por las diferentes etapas de evaluación ambiental que aún mantienen a Dominga expectante respecto de la decisión del Comité de Ministros del próximo 10 de agosto, no ha sido impedimento para que la empresa organice estratégicas actividades que acerquen el proyecto a la gente de la comuna de La Higuera. Aliro Zarricueta, dirigente del gremio de pescadores de Los Choros y presidente de la federación de la comuna, cuenta que Dominga ha organizado onces en el restaurante Los Troncos, donde la gente puede disfrutar de “deliciosas churrascas y tortas”. Gente que, según Zarricueta, no es representativa de la comuna, al tratarse de aquellos “ancianitos que ya han vivido su vida, unos solterones también que están acá. Esa es la gente que los sigue”.

Además de la instalación de WiFi gratis en la plaza del pueblo, las fuentes también aseguran que Dominga actualmente fabrica chaquetas bordadas con el logo de la minera y que el trabajo en el colegio Pedro Pablo Muñoz ha sido “escalofriante”. Tanto así que a Karol Escobar Gómez, ex profesora del establecimiento que en una ocasión les informó a los niños sobre los beneficios y perjuicios de Dominga, terminó siendo inhabilitada para hacer clases por parte de las autoridades del colegio (lea aquí la denuncia).

Una de sus últimas polémicas actividades se realizó el pasado fin de semana en La Serena, donde la compañía organizó la feria laboral “Prepárate para Dominga”, como principal salida publicitaria de los 9.800 puestos de trabajo que pretende ofrecer de lograr su completa aprobación. El evento causó el rechazo total por parte de organizaciones medioambientales y vecinos del sector, quienes acusan una “falta de ética y moral” tremenda por parte de la empresa, al ser Dominga un proyecto que aún está en “veremos”.

Para lograr un vínculo entre la comunidad y Dominga se necesitaron de personas clave que impulsaran tanto la curiosidad como las ganas de la gente de asistir a las distintas actividades de la minera en la zona. Según publicó El Mostrador, durante el año 2013 el diputado DC asistió a una reunión para conversar de Dominga:  el lunes 18 de marzo de ese año, Walker se presentó en las oficinas de Andes Iron para conversar del proyecto junto a los empresarios Carlos Alberto Délano y Mario Livingstone.

Nancy Duman, representante de la organización medioambiental Sphenisco, cuenta que en enero de este año, en la Universidad Pedro de Valdivia, Matías Walker se reunió con los representantes de Dominga y con la gente que integra la mesa del Acuerdo Marco, instancia que “formaliza y regula la relación entre el proyecto Dominga y la comunidad de La Higuera”, según documentos de Andes Iron. Lo curioso es que, solo un mes después, Walker rechazó una reunión con dirigentes de pescadores y organizaciones medioambientales, antes de la sesión de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Coquimbo.

Duman asegura que, después de la reunión del Acuerdo Marco, Walker “invitó a la gente a asistir a la sesión especial de la Cámara y también les hizo sugerencias de cómo debían organizarse. Posteriormente, él fue muy explícito en su intervención del día 8 de abril, que tuvo lugar en la sesión especial en la Cámara de Diputados”, evidenciando una vez más su total apoyo al proyecto.

Además, la representante de Sphenisco explica que no solo han intentado reunirse con Walker sino también con Sergio Gahona y el senador democratacristiano Jorge Pizarro. Este último, convocado con Walker a la reunión de marzo para la cual excusó su asistencia. En relación con Gahona, Duman afirma que en diversas oportunidades se le ha solicitado una audiencia vía Ley de Lobby  y que no han recibido respuesta alguna.

Además del nulo interés de ambos diputados por las valoraciones medioambientales que sostienen organizaciones y trabajadores de la comuna, Gahona y Walker presentaron el pasado 4 de abril una propuesta de trabajo en Sala, respecto a las “medidas por la excesiva politización de las fases administrativas vinculadas a la evaluación ambiental de proyectos mineros como el denominado Dominga”, lo que para muchos es contradictorio.

Dominga no está sola

“A nosotros nos están dando como bombo en fiesta, pero nadie habla de Cruz Grande. Hay una inconsistencia. Pero eso no me lo tienes que preguntar a mí, tienes que ir a preguntarle a Oceana, a Modema, ¿por qué no alegan contra Cruz Grande? Si, en rigor, les interesan las especies protegidas”, dice Iván Garrido, gerente general de Andes Iron, con un dejo de risa, pero también de molestia.

Si bien organizaciones medioambientales como Oceana, Modema y Sphenisco han venido realizando un arduo trabajo en torno al Puerto Cruz Grande, desde que entró al SEA en 2012, es quizás la audaz estrategia comunicacional de bajo perfil de CAP Minería –empresa que desarrolla sus negocios a través de la CMP– la que ha hecho que este proyecto pase casi inadvertido tanto en los medios como en la misma zona.

Al igual que Dominga, Puerto Cruz Grande pretende ubicarse en la comuna de La Higuera, pero mucho más cerca de las zonas de preservación, específicamente en la localidad de Chungungo, a 10 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

A diferencia de Dominga, que plantea una circulación de entre 3 a 4 barcos mensuales de gran calado en las cercanías de la Reserva Pingüino de Humboldt, Cruz Grande proyecta atender anualmente 75 naves graneleras, vale decir, entre 6 y 7 buques mensuales, de hasta 300.000 DWT (siglas en inglés de tonelaje de peso muerto), con una capacidad promedio de 180.000 toneladas por buque.

Esta enorme circulación de buques por las zonas de preservación ecológica transforma a Cruz Grande en una amenaza potencial a la biodiversidad de la zona, de mayor envergadura que la representada por Dominga. Ahora, en el caso de que ambos proyectos se instalen en la zona, las consecuencias serían de proporciones.

El propósito inicial de Cruz Grande es “brindar los servicios de recepción, acopio y embarque de graneles minerales de hierro requeridos por el ‘Proyecto Tofo’” –también de CAP Minería– y, eventualmente, por otros proyectos mineros o de infraestructura, dentro de los cuales podría incluirse el Túnel Agua Negra. La instalación portuaria tendrá una vida útil de al menos 50 años, contará con una inversión de USD $250 millones y permitirá el embarque de 13,5 millones de toneladas de minerales a granel al año.

El silencio de Cruz Grande

A diferencia de Dominga, el proceso de evaluación ambiental de Cruz Grande ha sido silencioso, pero no menos polémico. En 2012, CAP Minería ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto Puerto Cruz Grande, mediante la presentación del Estudio de Impacto Ambiental. Luego de dos años y medio de tramitación, el 30 de enero de 2015, en el salón Prat de la Intendencia Regional, la comisión de evaluación de la época votó la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto. El resultado fue 11 votos a favor y uno en contra, este último del entonces seremi de Agricultura, Francisco Rojas. Inmediatamente después de esta oposición, el seremi fue despedido de su cargo.

Fue la misma senadora PPD por Coquimbo Adriana Muñoz quien firmó una declaración pública expresando su “profundo malestar por una decisión que consideramos inadecuada y, fundamentalmente, inoportuna. Resulta imposible separar este repentino alejamiento,  de  la votación negativa de nuestro Compañero Francisco Rojas respecto de la reciente evaluación ambiental del proyecto Puerto Cruz Grande”.

Tras esta votación, distintos actores ingresaron reclamaciones en contra de la iniciativa, cuyos esfuerzos no lograron frenar que el Comité de Ministros –tercera instancia de evaluación– aprobara Puerto Cruz Grande. Por ello, el 17 de marzo de 2016, los mismos reclamantes acudieron a la siguiente instancia: el Tribunal Ambiental de Santiago. El documento emitido por este en relación con el caso, señala que la causa “queda en acuerdo”, es decir, con sentencia ya definida por los magistrados, pero sin que se haya aún redactado el fallo en poco más de un año.

Sin embargo, el 31 de mayo de 2017, un día antes de la última cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet, donde a la vez se dio a conocer el Túnel de Agua Negra, el Tribunal Ambiental aprobó Puerto Cruz Grande, pese a los recursos de reclamación de Modema y a la presión de distintas organizaciones medioambientales.

“Cruz Grande no tiene proyecto minero, es un puerto sin flujo. No tienen ninguna mina ahí funcionando, ellos no tienen estudios de factibilidad ni nada”, afirma Garrido en la oficina de Andes Iron. Sin embargo, según el sitio web de Minería Chilena, CAP Minería presentó en 2014 una cartera de proyectos, dentro de los cuales destaca su iniciativa más costosa: Proyecto minero El Tofo, “una mina greenfield –desarrollada desde cero– ubicada en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, y que tiene potencial para producir 13,5 millones de toneladas de hierro por año. Costará, según las estimaciones actuales, US$2.900 millones”, detalla el portal minero. Aunque el mercado del hierro ha pasado de un boom en años anteriores a un equilibrio crítico entre costos y precio.

A diferencia de Andes Iron, CAP no quiso dar declaraciones tras ser consultado para este reportaje. Pese a que el argumento fue falta de vocería, ya es parte de su habitual estrategia comunicacional: el silencio total en prensa. La incertidumbre en torno a este gran proyecto minero portuario continúa en el cerrado círculo de una de las empresas mineras privadas más grandes de Chile.

Puerto de Coquimbo en carpeta

En términos de proyección, el Puerto de Coquimbo busca superar las 832.754 toneladas de carga transportadas durante 2016. Aspiración digna de la que se constituye como la principal salida marítima de la IV Región.

Actualmente el puerto es administrado por la Empresa Portuaria Coquimbo (EPC); una empresa del Estado de corte empresarial, con autonomía administrativa y financiera, constituida en 1998. Luego de concluir la licitación por el frente de atraque del puerto de Coquimbo, el 9 de marzo de 2012, EPCO firmó un contrato de concesión con Terminal Portuario Coquimbo (TPC), empresa perteneciente al holding Ultramar que, a partir del 1 de abril de 2012, comenzó a operar dicho frente de atraque por los siguientes 20 años, comprometiendo asimismo un programa de inversiones para la construcción de un tercer sitio de atraque (embarques de graneles) y de un terminal de pasajeros.

El 5 de enero de este año, el TPC nombró como directores para un nuevo periodo estatutario a los titulares Jan Vermeij, Fernando Reveco y Andrés Elgueta, y los suplentes Richard von Appen, Álvaro Brunet y Fernando Elgueta. Von Appen junto a Andrés y Fernando Elgueta son personajes conocidos en la zona.

El primero, por ser parte del linaje de los Von Appen, e integrante de la empresa familiar Ultramar, que actualmente controla la sociedad Inversiones Neltume Limitada, una de las grandes accionistas del TPC.

Los Elgueta, por su parte, han mantenido su presencia en la zona y a lo largo de Chile por sus negocios con la sociedad Inversiones y Construcciones Belfi Limitada, otra de las principales accionistas de TPC. Dicha sociedad está controlada actualmente por Enrique Elgueta Gálmez, Héctor Elgueta Gálmez, Andrés Elgueta Gálmez y Óscar Guillermo Cisternas Sánchez.

El vínculo de los Von Appen no se ha reducido al Puerto de Coquimbo sino que también han incursionado administrativamente en otra grande del rubro: CAP Minería. Sven Von Appen fue director de la compañía desde 2002 hasta 2009. Ese mismo año pasó a ser vicepresidente de la firma, hasta 2012, para en 2013 volver a ser director, según las actas de las memorias anuales de la CAP.

Sin embargo, su vínculo es tan administrativo como comercial, puesto que todo el mineral proveniente de las minas El Romeral –también propiedad de CAP Minería–  tienen su salida por el Puerto Guayacán que, a su vez, es propiedad de Ultramar.

Pero más allá de los proyectos en curso, Nancy Duman cuenta que la empresa contempla un nuevo puerto, que en términos técnicos le denominan “Proyecto de ampliación del Puerto de Coquimbo”, pero que en realidad se trataría de un nuevo complejo, que se instalaría en la zona de Barrancones.

Pese a señalar que es una iniciativa que actualmente “está en carpeta”, es decir, que no se encuentra en el sistema, sí ha sido discutida en algunas reuniones donde participan instituciones públicas como el MOP. Además, asegura que el proyecto ha estado en presentaciones de Sernapesca y Conaf.

En este punto, Walker sostiene que “está dibujado en el Plan Regulador Intercomunal, aprobado por el gobierno regional, cuáles son las zonas donde pueden permitirse puertos, y entiendo que en la comuna de La Higuera están aprobados tres lugares para emplazamientos portuarios; uno corresponde al proyecto Cruz Grande ya aprobado, otro al futuro puerto de Dominga y otro pensando precisamente en que el Puerto de Coquimbo no pueda quedar abajo, no pueda dar abasto y se necesite un puerto adicional”, explica.

Lo cierto es que, de ubicarse este nuevo proyecto en el sector de Barrancones, se convertiría en un amenaza igual o incluso peor que Dominga y Cruz Grande para la zona, y quedaría emplazado precisamente en el sector donde iba a construirse la Termoeléctrica Barrancones antes de que Sebastián Piñera interviniera en “favor de la naturaleza” el año 2010.

El Mostrador intentó contactar a Empresa Portuaria Coquimbo (EPCO), para consultarle sobre si esta nueva proyección del Puerto de Coquimbo al norte de Cruz Grande corresponde a una iniciativa de la compañía. Sin embargo, luego de constantes insistencias, no obtuvimos respuesta.

Todo conduce al Túnel de Agua Negra

Dos túneles de 7 kilómetros de diámetro y 13,9 de largo cada uno. Con esas medidas el Túnel de Agua Negra pretende atravesar la Cordillera de los Andes con el fin de mejorar la conectividad y el traspaso de mercancías entre Argentina y Chile, específicamente entre la provincia trasandina de San Juan y la Región de Coquimbo.

Este megaproyecto se enmarca dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un foro de diálogo que desde 2010 reúne a los 12 estados que actualmente conforman la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y cuyo objetivo es “la planificación y desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones”.

El IIRSA establece diez Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) a lo largo de Sudamérica, delimitando franjas transversales entre países donde se concentran espacios naturales, zonas productivas, asentamientos humanos y flujos comerciales. Sobre la base de dichos ejes, esta iniciativa plantea una serie de proyectos que van desde la construcción de carreteras, líneas férreas y aeropuertos, hasta túneles de gran envergadura, como Agua Negra, enmarcado dentro del área de influencia del eje Mercosur.

Además del apoyo de los diferentes gobiernos de turno, que desde 2009 vienen impulsando el túnel en ambos países, un megaproyecto como Agua Negra necesita de una entidad sólida capaz de sostener el diálogo y coordinación entre sus representantes. Para ello se creó la Entidad Binacional para el Proyecto de Túnel de Baja Altura del Paso de Agua Negra (EBITAN) en 2010, cuya última principal decisión fue la precalificación de los grandes consorcios que desean adjudicarse la licitación del túnel, muchos de ellos conformados por grandes empresas argentinas cuestionadas por su vínculo con personajes políticos del país trasandino, acusados de corrupción y lavado de dinero.

Para que un proyecto de la envergadura de Agua Negra funcione, la Región de Coquimbo debe contar con un nivel de desarrollo que permita el tránsito y exportación de los diferentes productos que llegarán desde Argentina.

Según el documento del PTI del Túnel de Agua Negra, su importancia radica en que “el área de influencia y los impactos tomados en consideración exceden a los que se incluyen en la evaluación estándar de este proyecto”, específicamente en su estudio de impacto ambiental.

Las etapas de elaboración del PTI incluyen planes, programas y proyectos que permitan su implementación, además de estratégicos ejes de acción en la Región de Coquimbo que van desde la conectividad física y actividades económico-productivas, hasta la identidad de la sociedad local y protección del patrimonio cultural.

El eje de la conectividad física abarca desde la mejora de la conectividad vial y ferroviaria donde, por ejemplo, se incluyen proyectos de pavimentación de rutas, hasta la mejora de la oferta portuaria de la Región de Coquimbo.

La página 58 del documento señala a Dominga, Cruz Grande y el proyecto de ampliación del Puerto de Coquimbo como parte de la mejora de dicha oferta portuaria.

En términos concretos, esto significa que la EBITAN considera como un elemento fundamental de su megaproyecto la construcción de los tres proyectos en la zona.

El presidente de la EBITAN por nuestro país y representante del Ministerio de Obras Públicas en esta materia, Enrique Álvarez, asegura que en ambos lados de la Cordillera –Región de Coquimbo y provincia de San Juan– están siendo preparados para lo que va a ocurrir después de la construcción de este túnel.

“Lo que se nos ha informado desde ambos estados son proyectos que están de la mano con la construcción del túnel por la implicancia que tiene. Tienen que ser los gobiernos regionales y los propios estados los que definan cuáles proyectos. Nosotros, es información que recibimos en cuanto a idea, en cuanto a proyección, pero como entidad binacional estamos a cargo de la construcción y fiscalización del Túnel de Agua Negra», dice Álvarez.

Sin embargo, no solo se incluyen los puertos sino también la aprobación del PRI del Elqui, específicamente en el eje estratégico “riesgos de origen natural y antrópico”. Esta tarea está asignada, según el propio documento, al gobierno regional de Coquimbo y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Una de los problemas que enfrentan los complejos portuarios con la vinculación a Agua Negra, es que cada uno ha presentado los estudios de impacto ambiental por separado, y no como parte de un gran complejo de infraestructura que tendrá un impacto sin igual en la región.

Pese a que el documento del Túnel reconoce a Dominga como parte de la finalidad que tendrá Agua Negra, Garrido, de Andes Iron, se desmarca del gran proyecto: “Nadie se nos ha acercado ni hemos tenido ninguna conversación respecto al Túnel de Agua Negra. Por lo tanto, nuestro estudio de impacto ambiental es solamente para sacar el mineral de Dominga, es decir, si fuéramos aprobados, habría que hacer otro estudio para ver si es posible usar ese puerto para otros fines. Por lo tanto, no tenemos ninguna relación formal con Agua Negra. Nunca nos han invitado, y es raro que nos nombren”.

“Lo encuentro notable… eso a mí me indigna. Y créeme, de buena fe, no tenemos idea, y te puedo dar pruebas de que nunca se ha acercado una autoridad a hablarnos sobre esto a nosotros. Yo no tenía idea (…). Pero lo que te quiero decir yo, como ciudadano, si eso está escrito, eso debería haber sido socializado en la región, discutido en miles de paneles, en los diarios, en editoriales, en opiniones, debería ser súper transparente, toda la gente de la Región de Coquimbo debería conocer eso”, sostiene Garrido.

En este contexto de contradicciones y desinformación entre las autoridades de Gobierno, de la región y empresarios en la zona, los trabajadores y vecinos de la comuna de La Higuera viven hoy en un escenario de desconfianza, divisiones e incertidumbre frente a lo que pasará en una de las zonas más importantes del centro-norte del país, cuyos terrenos se encuentran ya en manos de algunos empresarios.

El Túnel de Agua Negra y sus funcionales proyectos Dominga, Puerto Cruz Grande y la “ampliación” del Puerto de Coquimbo planean ser los pilares esenciales del que será el complejo portuario más grande de Chile. Si bien promete ser el corazón del desarrollo industrial que las autoridades pregonan, las implicaciones de su asentamiento impactarán no solo en las reservas marinas y zonas de biodiversidad que los distintos gobiernos de turno se han comprometido a defender, sino también en la calidad de vida de la que hoy es una de las comunas más pobres del país.

Fuente:http://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/27/tunel-de-agua-negra-el-meganegocio-de-infraestructura-y-su-desconocido-vinculo-con-los-proyectos-dominga-y-cruz-grande/

WADALAFQUEN, Los Molinos; PÜKEM 2017
En el marco del encuentro por la Defensa del Lafken Mapu realizada en la ciudad de Valdivia y en
la localidad de Los Molinos los días 22 y 23 julio, las organizaciones que firmamos estas
declaración queremos declarar lo siguiente:
Queremos unirnos y complementarnos en la defensa de nuestra ñuke mapu ante el avance de las
empresas extractivista en nuestros territorios y específicamente en la región de Los Ríos.
Este avance se sitúa de cordillera a mar, centrales y minicentrales hidroeléctricas, forestales,
mineras, agroindustria, celulosas, mega parques eólicos y salmoneras; proyectos que vulneran los
derechos al buen vivir, a la identidad cultural como Pueblo-Nacion mapuche. Invocamos el respeto
por nuestros derechos colectivos expresados en el convenio 169 OIT y en la declaración
UNIVERSAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
Es por esto que hacemos un llamado a construir y gestar colectivamente entre los territorios,
organizaciones, colectivos y personas una coordinación de trabajo para defender nuestros bienes
comunes.
Desde este encuentro por la defensa del Lafken mapu, queremos expresar nuestra profunda
preocupación por lo que se vive actualmente en la costa valdiviana, ante las concesiones de
explotación minera aprobadas por Sernageomin y localizadas en los sectores de Las Minas y
Cutipay.
La ejecución de estos proyectos impactaría gravemente el patrimonio cultural y natural de la
Costa Valdiviana; afectando directamente la calidad de vida de las comunidades y localidades que
la habitan, especialmente en cuanto a la contaminación y disponibilidad de agua, elemento
esencial para el Kume Mongen o Buen Vivir
Estas futuras explotaciones mineras afectaran directamente sitio ceremeniales y de alta
significación cultural quebrando el equilibrio espiritual y el itrofill mongen o biodiversidad de
nuestro territorios ancestrales en la costa valdiviana.
Nuestras organizaciones y comunidades llamamos a impulsar procesos de construcción de
alternativas de soberanía territorial de las comunidades, en ámbitos como la energía, la
alimentación y las economías locales y comunitaria, para lograr el buen vivir.
Finalmente queremos llamar pu lamngen Ka pu wenuy que están en la lucha y defensa de los
territorios y aguas a la Marcha por la Defensa de los Territorios a realizarse el 28 de octubre en
Valdivia.Suscriben y adhieren
Kiñe Rakizuam
Lof Michillanka
Lof Coliñir Huapi
Comunidad Quinan Chicuy
Lof Newen Mapuche Punta Niebla
Comunidad Fey tañi Mapu
Parlamento de Koz Koz
Red por la defensa de los Territorios los Rios
Red de Defensa de los Territorios Zona Sur
Coordinadora por la Defensa de los Territorios Bio Bio
Colectivo Viento Sur
Pichi Newen
Red por la Defensa de Infancia Wall Mapu
CDDC Agua y Bosque
Comunidad Chanlelfu
Movimiento Ñuble Libre
Centro de Estudios Antropológicos Comunitarios Valdivia
Coordinadora Tomecina
SEPAAP- ANAMURI
Red Defensa Territorios/ Red Economias Territoriales
CODECIAM
Estudiantes Mapuche Valdivia Weche Ke Kawiñ
ONG AYNI
El Puelche Comunicaciones
Red Organizaciones Sociales y Ambientales de Panguipulli
MapuexpressRed de Medios de los Pueblos
Red de Defensa de los Territorios y los Rios Libres Melipeuco
Geografía Construyendo Territorio
Red de Estudiantes por la Sustentabilidad de Chile