La presidenta chilena Michelle Bachelet nombró este jueves al cuarto ministro de Hacienda de su mandato, tras la salida de Rodrigo Valdés, titular de esta cartera, que renunció junto al ministro de Economía y al subsecretario de Hacienda.

La fractura, a tres meses de las elecciones, se debe a un desacuerdo sobre un mega proyecto minero.

Hace diez días, un mayoría de ministros reunidos en un comité votaron en contra del proyecto ‘Dominga’ en la región de Coquimbo en el norte de Chile. Allí la empresa Andes Iron planeaba invertir 2.500 millones de dólares para la construcción de una minera a cielo abierto, de una planta desalinizadora y de un puerto, para la extracción y exportación de cientos de miles de toneladas de cobre y hierro.

Pero el gabinete de Michelle Bachelet consideró que la empresa no había presentado garantías suficientes en materia de protección del medio ambiente y vetó el proyecto.

Esto se iba a desarrollar «a 30 km de la reserva marina más importante de Chile», explicó a RFI Liesbeth Van der Meer, directora de la ONG ambientalista Oceana que combatía el proyecto minero portuario ‘Dominga’. «En este ecosistema vive el 80% de la población de pinguïnos de Humboldt, hay un transito muy importante de ballenas que vienen para alimentarse y descansar y hay también una población residente de delfines de botella», detalló.

La cancelación del proyecto minero Dominga en el norte de Chile causó la salida del ministro de Hacienda que lo defendía en nombre de la política de inversiones y del empleo. La presidenta Bachelet sin embargo zanjó a favor de su ministro de Medio ambiente que se opuso a la concesión minera.

La triple renuncia en el gobierno chileno sacude a la mayoria oficialista a tres meses de las elecciones presidenciales. En los últimos meses la presidenta Bachelet aceleró su calendario político con la legalización del aborto con tres condiciones y la puesta en marcha de emblemáticas reformas como la de las pensiones y más recientemente el proyecto de matrimonio igualitario.

Fuente:http://www.mendozapost.com/nota/70615-renuncia-el-equipo-economico-de-bachelet-por-diferendo-sobre-mineria/

Durante más de 20 años, Chile y su minería han sido envidiados por muchos países del continente, debido principalmente a un modelo económico que funcionaba con reglas claras para el inversionista y una política tributaria e institucionalidad que aseguraban y resguardaban la Inversión. Esto logró llevar a Chile a los primeros lugares como mejor plaza para invertir.

En el conocido ranking Fraser, ocupó el cuarto lugar en el mundo en el 2013, entre los países más atractivos para la inversión minera en el mundo, pero una estrepitosa caída de 28 puestos registró a Chile en el puesto número 39 de entre 104 zonas analizadas el 2016. Perú, en tanto, avanzó ocho lugares, ocupando la posición 28, superando a Chile por primera vez, transformándose en el mejor destino de la inversión minera en Latinoamérica.

Estas malas noticias se justifican por el inmovilismo de nuestras autoridades que no han sabido poner a la minería como prioridad, siendo la principal industria que Chile tiene de clase mundial.

En la última semana, el mundo de la industria minera miró con estupor el rechazo del proyecto Dominga. La decisión de rechazar este proyecto generó efectos negativos para la Región de Coquimbo, perdiendo aproximadamente una inversión local de US$2.500 millones, además de aproximadamente diez mil empleos, en una zona con una tasa de desocupación que ya bordea el 7,8 %.

Lo grave del rechazo a Dominga, es que se hace al final del proceso, después de 5 años, habiendo cumplido con lo que exige la institucionalidad, peor aún, es que una decisión política se superpuso por sobre una decisión técnica, que ya lo había aprobado.

Diversos candidatos a la presidencia se han referido a este rechazo como una aberración o un escándalo, entonces, conviene preguntarse qué paso en realidad. El país exige transparencia y mayor confianza, no se puede sacrificar el futuro de los habitantes de la Higuera y la región de Coquimbo por intereses mezquinos, con un gran proyecto bien concebido, y sobre el cual, la empresa presentó soluciones ambientales para las observaciones planteadas.

A través de una decisión política y no técnica, se sacrificó crecimiento y la posibilidad de más y mejores empleos, pues está demostrado que la minería, es la que mejores salarios de calidad paga. Esto fue un balde de agua fría para una alicaída minería chilena, que se encuentra estancada, habiendo perdido más del 48% de la inversión extranjera y descendiendo en el ranking mundial. Peor aún, existiendo una inercia inexcusable para un mayor crecimiento.

Esta decisión, es una pésima señal para los inversionistas, que ven a Chile y su minería caminar por el rumbo equivocado, nuestro país necesita de su minería para crecer, necesita nuevos proyectos mineros en regiones para descentralizar la riqueza.

Como lo dije hace un tiempo atrás, la política (esa con minúscula) y la minería, son mutuamente excluyentes.

“Uno de los grandes errores que comete la gente es tratar de forzar su interés. Tú no eliges tus pasiones; tus pasiones te eligen a ti”. Jeff Bezos. Presidente y CEO de Amazon.

En el 2007 Luis Jara se compró el 25% de las 111 mil hectáreas que tiene la Hacienda Cancosa, en pleno Desierto de Atacama. Cuando recorrió el territorio se encontró con una comunidad aymara y decenas de pozos y estanques de la Compañía Minera Cerro Colorado. Desde entonces lleva más de una década intentando expulsar a la empresa, pero no ha conseguido nada. La minera, propiedad de la multinacional BHP Billiton, ha argumentado que ellos le arriendan la servidumbre a la comunidad aymara, mediante un contrato extrajudicial firmado en el 2008 donde se comprometieron a transferir cerca de US$ 500 mil al año para el desarrollo de proyectos y becas de estudios. Por primera vez, sin embargo, las denuncias de Jara llegaron al Ministerio Público.

Luis Jara es un hombre tenaz. Es oriundo de Concepción, vive en Alto Hospicio, tiene 59 años, y los últimos diez se los ha pasado peleando contra la Compañía Minera Cerro Colorado (CMCC), de propiedad de la multinacional BHP Billiton. Su lucha es por el agua que la empresa utiliza para la producción del cobre, la que es extraída –según dice- desde un terreno que no le pertenece: “Yo soy dueño del 25% de la Hacienda Cancosa, donde la compañía tiene más de 40 pozos y solo 4 de ellos están autorizados”, explica.

Jara ha dado esta pelea desde el año 2007, luego de enterarse de la existencia de este territorio gracias a su nuera: “Ella es familiar de la sucesión Vilches Navarro, los herederos. Ubiqué a los dueños y los ayudé a regularizar el territorio, porque hasta ese momento no les habían reconocido sus títulos”, agrega.

Para lograr el reconocimiento, Jara se pasó una larga temporada buscando documentos que acreditaran la propiedad de la familia. Lo primero que halló fue un comprobante de contribuciones del año 1938, donde se establecía que el lugar quedaba exento del pago por la crisis del salitre. El documento tenía un rol asociado a la propiedad. Con ese número fue al Servicio de Impuestos Internos (SII) y se demoró cuatro años en el trámite, hasta que en el 2012 inscribió la propiedad en el conservador de bienes raíces de Pozo Almonte. En ese año le adquirió el 25% a Sergio Vilches Villanueva, uno de los herederos. Jara recuerda haber firmado más de ocho escrituras y pagar cerca de $70 millones por 27.500 hectáreas de desierto, en el límite con Bolivia.

Desde entonces se ha transformado en una molestia para la minera. Jara los acusa de realizar extracción de agua de su territorio y la compañía argumenta que su dominio es una superposición del territorio indígena, que pertenece a la comunidad aymara de Cancosa, con la cual han firmado dos acuerdos.

La defensa de la minera, sin embargo, no ha sido suficiente para detener sus motivaciones. La última pelea comenzó el 12 de junio pasado, cuando los denunció por extracción ilegal de agua y usurpación de terrenos. Tras un patrullaje por el desierto, en el sector denominado Pampa Penjamo, se encontró con dos trabajadores que extraían agua. Dos días después, un grupo de carabineros llegó hasta el lugar. Según el parte policial, los trabajadores dijeron pertenecer a la empresa AVT Construcciones y Servicios, y uno de ellos reconoció que estaban sacando agua para la faena: “El 40% está destinado al bofedal y el 60% a Cerro Colorado”, aseguró a los policías.

El bofedal que mencionó el trabajador se llama Lagunillas, y es un humedal de altura que hasta el año 2002 era un oasis, pero repentinamente se secó. Un desastre ambiental por el cual Cerro Colorado recibió una multa de $40 millones, que no impidió que siguiera operando, y menos que a fines de 2015 recibiera la aprobación para extender la producción por siete años más.

Aunque Luis Jara participó de aquella discusión, sus argumentos no fueron tomados en cuenta. Desde entonces se la pasa deambulando todos los meses por el desierto en busca de pozos. Cada vez que encuentra uno nuevo denuncia a la compañía: “Yo no me opongo a que exploten el mineral, pero que lo hagan con agua de otro lado. Esto le pertenece a todos los chilenos. Es agua dulce en la zona más árida del mundo. Debería estar protegida, pero a nadie le importa”, se queja.

LA DISPUTA POR CANCOSA

Antes de la Guerra del Pacífico, Cancosa era una hacienda peruana. Desde el año 1877, sus dueños han sido la sucesión de la familia Vilches Navarro, pero por diversas circunstancias el territorio quedó sin reclamar luego de la guerra. Estuvo en esa situación por varias décadas, hasta que a mediados de los 80, la comunidad aymara de Cancosa lo inscribió.

Por entonces, Cancosa era una aldea cordillerana compuesta por aproximadamente 80 familias, y Cerro Colorado un proyecto minero de la empresa canadiense Río Algom, ubicado a poco más de 50 kilómetros y en reciente implementación.

La primera vinculación entre ambos lugares data desde el 15 de octubre de 1982, cuando la Dirección General de Aguas (DGA) autorizó a la compañía a extraer 300 litros por segundo desde el subsuelo de ese lugar. Tres años más tarde, el 9 de julio de 1985, Augusto Pinochet y René Peri, ministro de Bienes Nacionales de ese momento, firmaron el decreto 321 en el que se autorizó a Cerro Colorado a construir un acueducto de 50 kilómetros. El documento establecía que la propiedad por donde pasarían las cañerías era fiscal, pero un plano confeccionado por la seremi de Bienes Nacionales en el año 1989 lo declaró territorio privado, sin especificar a quien pertenecía.

Luis Jara muestra esos papeles para decir que la propiedad no es fiscal y exhibe otros para demostrar que pertenece a la sucesión Vilches Navarro. Dice tener más documentación histórica que la que posee la comunidad, a quienes acusa de haber autorizado a la minera a extraer agua con fines lucrativos a través de dos acuerdos. El primero de ellos realizado en 1991, por medio del cual le arrendaron la servidumbre del territorio para que pudieran instalar allí los pozos, a cambio de un pago de 6 mil dólares anuales por 30 años, dinero que debía ser utilizado en proyectos de desarrollo. El segundo se concretó el 13 de noviembre de 2008, cuando la minera recibió varias denuncias por haber secado la laguna del bofedal, luego de dos décadas de drenaje: “Cerro Colorado tenía varias denuncias y con ese convenio salieron del paso. BHP se comprometió a pagar mucho dinero a los indígenas a cambio de que les siguieran arrendando el desierto para sacar agua. De esta manera le dieron un maquillaje de legalidad a toda la extracción”, se lamenta Jara.

LA SEQUÍA DEL BOFEDAL

Los bofedales están protegidos por la legislación chilena desde el año 1997, mediante la resolución 909 de la DGA, que estableció la restricción para extraer agua de ellos. Eso no evitó, sin embargo, que Cerro Colorado siguiera extrayendo agua. Hasta que en el 2002 tuvo los primeros problemas ambientales, cuando los aymaras denunciaron que las cinco vertientes que tributaban al bofedal se habían secado. Un par de años más tarde, todo el ecosistema corrió la misma suerte. La sequía trajo consigo la migración de la comunidad, que no tardó en denunciar a la empresa.

En el 2004 recurrieron a la Corema de Tarapaca, que luego de dos años de investigación determinó que Cerro Colorado había incumplido la Resolución de Calificación Ambiental y aplicó una sanción de $40 millones. La resolución establecía que la compañía no había protegido el bofedal. La minera optó por mitigar el impacto a través de una extraña operación: reponer el agua de la laguna a través de un sistema de riego permanente. Para ello, traerían agua desde las napas, las mismas que habían sobreexplotado, para luego verterlas en la superficie.

La Corema consideró que eso era una buena idea y no envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. La medida no dejó conforme a la comunidad y en abril de 2006 sus miembros los demandaron por US$ 40 millones. Al año siguiente, pusieron otra querella, esta vez por daño ambiental. Argumentaban perjuicio moral, psicosocial, y patrimonial.

La arremetida judicial obligó a Cerro Colorado a buscar una salida alternativa, la que finalmente llegó en noviembre de 2008 mediante una “Transacción extrajudicial”. El nuevo acuerdo mejoraba sustancialmente las condiciones económicas para los aymaras y hacía hincapié en que las partes habían decidido “entrar en una nueva etapa de relaciones, poniendo término a las diferencias que habían mantenido en el pasado”.

El ‘nuevo trato’ obligaba a la comunidad a terminar anticipadamente los juicios, a reconocer que Cerro Colorado tenía el derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas por un caudal de 300 litros por segundo, y autorizaba a la minera a realizar cambios en los puntos de captación de agua las veces que fuese necesario. Todo esto a cambio de la creación de tres fondos que la compañía depositaría directamente a la cuenta de la comunidad durante 22 años: US$ 350 mil anuales para financiamiento de programas de desarrollo, US$ 150 mil para becas, y US$ 105 mil para un plan de cooperación. El acuerdo, además, incluía US$ 575 mil para implementar los apoyos económicos, fondos que en total sumaban más de US$ 11 millones hasta el 2030.

El trato fue firmado en la misma época en que Luis Jara comenzó el trámite para inscribir la Hacienda Cancosa a su nombre y al del resto de los herederos: “A los aymaras les pagaron para que se quedaran callados”, asegura.

LOS POZOS DE CERRO COLORADO

Desde que compró parte de la propiedad, Luis Jara ha recorrido la hacienda decenas de veces. La ha explorado con un GPS y ha registrado cada una de las instalaciones que en ese lugar ha construido Cerro Colorado. Dice haber encontrado cerca de 40 pozos y asegura que la mayoría son ilegales. En sus diez años de pelea contra la minera, Jara los ha denunciado ante cuanto organismo ha podido: cuatro veces en la DGA, una vez en el Segundo Tribunal Ambiental, una ante la Superintendencia del Medioambiente, y ahora último en el Ministerio Público de Pozo Almonte, donde acude cada vez que encuentra un nuevo pozo.

En la DGA sus reclamos han sido rechazados continuamente, pero en todas las otras instancias los procedimientos continúan abiertos. Hace dos años hizo sus descargos ante la comisión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que analizó la solicitud de la minera para extender sus faenas hasta el 2023. Allí presentó todas sus objeciones y argumentó que su lucha no era por dinero, sino que por la protección del medio ambiente. Sus reclamos, sin embargo, no fueron acogidos por las autoridades. A fines de 2015, los seremis de la región aprobaron la continuidad de Cerro Colorado.

Para compensar el daño ambiental, aceptaron que la minera continuara regando el bofedal hasta el 2100. Jara cree que eso es absurdo. El punto más cuestionable –agrega- es que Cerro Colorado riega la laguna con la misma agua que está debajo de ella, un proceso circular que no augura buenos resultados: “cuanto deje de hacerlo, todo nuevamente quedará seco”, explica.

Fue precisamente eso lo que denunció ante el Ministerio Público hace algunos meses, cuando descubrió un pozo cuyo 40% de agua se iba al bofedal y el resto a la faena minera. Desde la Compañía Minera Cerro Colorado dijeron estar al tanto de la denuncia y que ya se pusieron a disposición de la fiscalía para realizar las diligencias. Aclararon que “efectúan sus labores en el marco de la legalidad y que poseen todos los derechos y permisos ambientales necesarios para la extracción de agua y el monitoreo del acuífero”. Aseguraron que ninguna de las acciones interpuestas en su contra por Luis Jara ha tenido éxito, porque su dominio “se trata de una inscripción superpuesta sobre otras inscripciones de titulares que detentan la posesión de los terrenos”.

Aquellas otras inscripciones corresponden a las de la comunidad aymara con los cuales la minera aún mantiene vigente la “Transacción extrajudicial”. Antonio Mamani, exdirector regional de la Conadi y expresidente de la comunidad que firmó el trato, aseguró que la compañía ha ido cumpliendo con la reparación del daño y que los dineros recibidos se han ocupado en proyectos de desarrollo y fomento cultural. Actualmente –dice- en Cancosa hay cerca de 20 personas establecidas, la misma cantidad que determinó el Censo del año 2002, quienes hacen soberanía en el territorio pretendido por Jara: “Él no ha poseído nunca eso, ni conoce este lugar. Lo único que tiene es una escritura que dice que esto era herencia de la sucesión Vilches Navarro, pero sólo quiere sacar plata”.

Luis Jara desmiente que aquella sea su motivación. En el 2011 -cuenta- los ejecutivos de Cerro Colorado le ofrecieron dinero para que firmara un acuerdo por el uso de la servidumbre del acueducto, pero él se negó: “Me iban a pagar $120 millones al año y querían meter en ese acuerdo todos los pozos que tienen. Les dije que esas instalaciones eran ilegales y me mandaron a la cresta”. Jara asegura que su pelea hoy se ha vuelto personal: “Yo soy obsesivo compulsivo y jamás abandonaré esta causa. Este bofedal está destruido, mataron el medio ambiente, y aun así continúan dándole permisos a Cerro Colorado. Lo que ha ocurrido es que el Estado se ha prostituido por una transnacional”, concluye.

Fuente:http://www.theclinic.cl/2017/08/27/hombre-persigue-cerro-colorado/

Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, desliza que se actuó de manera improvisada y dijo que “lamento que se hayan tomado algunas decisiones en forma apresurada». La postura del ministerio es un claro apoyo a las críticas del titular de Economía, Luis Felipe Céspedes. Los ministerios de Energía y Minería votaron a favor del proyecto minero, pero este fue rechazado con los votos de Salud, Medio Ambiente y Agricultura.

Esperó hasta el miércoles, pero finalmente el Ministerio de Hacienda entró de lleno en la polémica por el rechazo del comité de ministros al proyecto minero Dominga.

Ayer, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, salió a respaldar las críticas del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, en el sentido de que se actuó de manera improvisada y con premura.

En el marco del Encuentro Regional de Empresas, Micco dijo lamentar «que se hayan tomado algunas decisiones en forma apresurada. Sin duda alguna, el crecimiento del país es fundamental para satisfacer las necesidades de la población; sin duda alguna, la inversión es fundamental para la nueva realidad que está enfrentando Chile”.

Añadió que “en las últimas decisiones nos ha faltado tomarnos el tiempo necesario para ver el equilibrio que necesitamos tener entre la inversión y el mantener la sostenibilidad tanto medioambiental como en la relación con las comunidades”.

La intervención del subsecretario tiende a confirmar la grieta que se ha creado en el corazón del Gobierno por la decisión de rechazar un proyecto que involucra inversiones por US$ 2.500 millones.

La reunión donde se votó el proyecto habría vivido momentos de alta tensión, de acuerdo a un reportaje de La Tercera.

El ambiente ya estaba tensionado por la decisión del titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena, de poner en tabla el proyecto para la sesión del comité de ministros del lunes pasado. Y, de acuerdo aLa Tercera, el ministro Céspedes pidió aplazar la votación por 72 horas. Luego, al no contar con el respaldo para esa medida, solicitó que la fiscal del ministerio se mantuviera en la sala y que, además, su petición quedara consignada en el acta correspondiente.

Aparentemente el diálogo entre los ministros habría sido áspero. Céspedes estaba molesto con los plazos en los que se realizaría la votación que decidiría el futuro del proyecto, tras considerar que no estaba toda la información disponible para tomar una decisión. Y fue ese su argumento para explicar su razón de no votar.

El rechazo a la iniciativa fue por 3 votos a 2 y 1 abstención. Los ministerios de Energía y Minería votaron a favor del proyecto minero, pero este fue rechazado con los votos de Salud, Medio Ambiente y Agricultura.

La Moneda ayer seguía forzada a defender el proceso. La vocera Paula Narváez salió a respaldar la institucionalidad y el actuar del ministro Mena, y agregó que «el Gobierno apoya la institucionalidad ambiental y que las decisiones se tomen bajo ese orden institucional, y eso es lo que ha ocurrido, él (Mena) ha actuado bajo sus atribuciones y, por lo tanto, lo que ha ocurrido es una decisión que está contemplada en nuestra institucionalidad ambiental, por lo que el Gobierno ha estimado que lo que de ahí ha resultado es legítimo».

Andes Iron, la sociedad que controla la mina, estaría planeando acudir a los Tribunales Ambientales y eventualmente el caso podría arribar a la Corte Suprema.

Ayer miércoles seguían lloviendo las críticas de parte del ex Presidente Sebastían Piñera y del empresariado, que acusan que la decisión del tribunal es otro factor que posterga el repunte de las confianzas y la economía.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/08/24/hacienda-entra-de-lleno-en-polemica-por-rechazo-a-dominga-y-confirma-grieta-en-el-corazon-del-gobierno/

Del total de la cartera de proyectos que maneja Cochilco, 18% presentó la documentación requerida, pero no cuenta todavía con la resolución. Minera Dominga representa el 24% de este grupo.

El rechazo que sufrió en el Comité de Ministros el proyecto de Dominga abrió el debate en torno a la tramitación ambiental de las iniciativas. Mientras que en el empresariado hubo llamados a simplificar los pasos (ver nota relacionada), desde el Gobierno insistieron en que el sistema actual funciona.

Al margen de esta discusión, la cartera de iniciativas que aún no cuenta con aprobación ambiental es cuantiosa. El catastro de proyectos de inversión minera publicada ayer por Cochilco, arrojó que existe una cartera por un total de US$64.855 para los próximos diez años. De éstos, 18% o US$11.782 millones presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), pero todavía no cuenta con una resolución. Entre ellos se encuentra justamente minera Dominga, que con una inversión proyectada de US$2.888 millones según Cochilco, representa el 24% del grupo de proyectos de la cartera sin luz verde de la autoridad. La obra es la única de la minería no cobre que se planea realizar en la región de Coquimbo y representa el 4,5% del total del catastro.

Minera Dominga es propiedad de Andes Iron, firma ligada a las familias Délano y Garcés, entre otros. El proyecto busca emplazarse en la comuna de La Higuera y contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro. Según recogió Cochilco, se calcula que la iniciativa cree 9.800 empleos en su etapa de construcción y otros 1.450 durante su operación.

Aunque la iniciativa cuenta con su EIA aprobada, Dominga ha sido frenada en medio de los ruidos por una supuesta participación de Sebastián Piñera en la propiedad, cuestionamientos a los actuales accionistas por el caso Penta, la propiedad de los terrenos aledaños de parte de la hija de la Presidenta y manifestaciones de ambientalistas. La empresa ha desmentido lo primero, asegurando que la única relación con el ex mandatario ocurrió en 2009, cuando uno de los fondos ligados al candidato presidencial fue accionista de la minera.

En este escenario, la iniciativa fue rechazada en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, lo que llevó a Andes Iron a acudir al Comité de Ministros. Esta entidad rechazó Dominga con tres votos a favor y dos en contra, con la abstención del ministro de Economía Luis Felipe Céspedes. Así, la sociedad anunció que acudirá al Tribunal Ambiental y -de ser necesario- a la Corte Suprema.

Críticas y defensa

La resolución del Comité de Ministros ha provocado el rechazo del empresariado y de la oposición. Ayer, el candidato presidencial de este último bloque Sebastián Piñera se sumó a las críticas. “Chile tiene que compatibilizar el necesario desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Para eso necesitamos actuar de forma seria, responsable y no en la forma errática del actual Gobierno”, dijo el abanderado.

El Gobierno salió ayer a respaldar la decisión del Comité de Ministros. “Lo que ha pasado aquí es que ha funcionado nuestra institucionalidad, y lo que ha pasado aquí es que las decisiones se han tomado sobre base de consideraciones de carácter técnico y siempre ha sido así, no todos los sectores tienen las mismas visiones respecto de los mismos proyectos ni las mismas consideraciones porque evalúan dimensiones distintas de cada uno de los proyectos”, dijo la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez.

El ministro de Medio Ambiente, en tanto, se refirió a la polémica generada por la abstención de Céspedes, quien pidió postergar la reunión debido a que consideraba que no había existido tiempo suficiente para evaluar el proyecto. “Hay una diferencia de criterio de que él no tenía el tiempo disponible para poder analizar el proyecto,pero cinco de los seis ministros sí tuvieron disponibilidad y su posición no habría alterado necesariamente el resultado”, dijo Marcelo Mena en una escueta conversación con Radio Duna (la dio por terminada abruptamente).

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/proyectos-mineros-us11-782-mills-no-cuentan-aun-aprobacion-ambiental/

El viernes 18 de agosto de 2017, la sección Economía y Negocios de El Mercurio celebra la decisión de BHP Billiton de invertir 2 mil 460 millones de dólares en el yacimiento Spence, en la Región de Antofagasta. Por su parte, Cochilco celebra desde hace días, en su página web, que la inversión minera proyectada para el período 2017-2026 llegue a 64 mil 856 millones.

Se trata del mismo Cochilco que, al reportar la tributación de las 10 mayores mineras privadas en el ejercicio 2016, informa que alcanzó la ridícula suma de US$ 18,8 millones.

Cochilco precisa que la tributación de Codelco alcanzó a 942 millones de dólares, y que la de Enami fue de 8,8 . Esto quiere decir que Codelco tributó 515,5 dólares por tonelada de cobre, Enami 60,9 dólares, y las mineras extranjeras solo 5 pijoteros dólares, una limosna lo mires como lo mires. Traducido a moneda local, la gran minería extranjera pagó unos  3.250 dólares por tonelada de cobre: el equivalente de una mediocre botella de vino.

Esta es la inversión extranjera que celebran El Mercurio, Cochilco, el gobierno, el Consejo Minero y la Sonami. Unos, los menos, por ignorancia. Otros, los más, en virtud del aromático aceite fenicio.

Calificar la inversión extranjera de ignominiosa puede parecer indulgente y lo es: también podríamos decir que es nefasta, oprobiosa, escandalosa, abyecta, inicua, despreciable, malsana, delincuencial y una larga lista de adjetivos calificativos similares.

En un informe al Senado del año 2003, el SII confirmó que practicamente ninguna minera había pagado un solo dólar de impuesto a la renta en Chile, por la sencilla razón de que no declaran utilidades. ¡Declaran pérdidas!

En ese momento acumulaban cerca de 2 mil 700 millones de dólares de pérdidas. Pobres  mineras: hasta ese año se habían llevado unas 30 millones de toneladas de cobre por un valor de 170 mil millones de dólares, –sin contar el oro, la plata, el molibdeno, etc.–, de puro generosas que son porque nunca ganaron un pinche dólar, razón por la que jamás dejaron un solo peso de impuesto en Chile. Solo falta que pidan ser integradas al Gasto Social…

En la Comisión de Medio Ambiente, el alcalde, concejales, dirigentes de la comunidad y de la agrupación ambientalista de Andacollo, Región de Coquimbo, denunciaron el alto grado de contaminación producto de la actividad minera y graves consecuencias para la salud de sus habitantes. Ello, pese al Plan de Descontaminación que se aplica en la comuna, que según argumentan no cuenta con recursos.

Andacollo, comuna conocida por la fiesta religiosa de la Virgen del Rosario, que reúne a miles de feligreses en octubre y diciembre, vive una crítica situación. Es zona saturada por contaminación ambiental de partículas en suspensión producto de la actividad minera relacionada a la extracción de cobre y oro.

El presidente de la Agrupación de Control del Medio Ambiente de Andacollo, Elvis Ruiz, explicó que no perciben como comunidad la efectividad del plan de descontaminación que se aplica desde 2015. Además, denunció que los recursos comprometidos de 80 mil dólares para su aplicación no han llegado a la zona, y que no existe fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente respecto a las denuncias realizadas. «Actualmente, hay un Plan de Descontaminación, del cual no estamos de acuerdo con su ejecución, ya que no hemos visto cambios reales. Solicitamos que se eleven las exigencias a las mineras. A su vez, existen temores, vemos que las mineras se acercan cada vez más, al sector urbano de Andacollo, donde se va a generar más polución, más problemas con los efectos de las tronaduras y más daño a la salud de todos los habitantes».

Por su parte, el alcalde de Andacollo, Juan Carlos Alfaro, explicó que no se oponen a la actividad minera, pero las compañías deben mejorar sus estándares de calidad para no contaminar y afectar a la población. «Somos una comuna de aproximadamente 12 mil habitantes, pero el mayor problema es que las empresas mineras están haciendo tronaduras a 150 metros de las casas. Por lo tanto, es muy molesto, muy complejo. Yo no creo que haya otra ciudad en el mundo que tenga tanta cercanía con las tronaduras. Ese es el mayor problema, pero eso no significa que no exista la minería. Nosotros entendemos que la minería es importante, que genera un sinnúmero de empleo, pero también queremos que se trabaje en forma sustentable, con respeto a la comunidad».

El diputado por la comuna, Sergio Gahona (UDI), expresó que preocupa la salud de los vecinos, que se está viendo afectada por altos índices de contaminación. «El programa de descontaminación de Andacollo se ha quedado chico, se ha quedado corto, necesita necesariamente un mejoramiento y una elevación de los estándares. Por otra parte, inquietan todas las dificultades en la salud, por la existencia de polvo en suspensión. Nosotros entendemos que la compañía minera tiene todo el derecho a trabajar, pero también la comunidad tiene derecho a una mejor calidad de vida y a una salud mucho más adecuada».

Según estadísticas expuestas en la Comisión, en la comuna existiría un aumento en las muertes por enfermedades respiratorias.

Por su parte, el parlamentario por la región de Coquimbo, Luis Lemus (PS), dijo que esperan que la instancia parlamentaria pueda realizar una visita a la zona y evaluar la situación, «de tal manera de poder sesionar en la comuna de Andacollo, hacer una visita inspectiva de fiscalización. Y por otro lado, sesionar y citar a las autoridades correspondientes de medio ambiente para revisar este plan de descontaminación que afecta a la comuna, que es netamente minera, pero hoy día la actividad que se desarrolla es de gran envergadura, es mediana minería, está muy cerca de la ciudad y eso hace complicada la relación entre la comunidad y la minería».

Por el momento, preocupa a los habitantes de Andacollo la expansión del rajo de la Mina El Carmen, de la empresa canadiense Teck, que va a estar a 50 metros de las casas del sector Chepiquilla, que ya se ven afectadas por las vibraciones y los ruidos día y noche.

Por el momento, la Comisión evalúa citar al ministro de Medioambiente y al Superintendente del ramo, y a las ministras de Salud y de Minería, para evaluar qué ocurre con la resolución de calificación ambiental, que permitiría la ampliación de las faenas de la Mina El Carmen.

Fuente:http://www.eleconomistaamerica.cl/empresas-eAm-chile/noticias/8562709/08/17/Denuncian-alto-grado-de-contaminacion-en-Andacollo-al-norte-de-Chile.html

Un comité ministerial se muestra en contra de una explotación de hierro y cobre en la región de Coquimbo donde viven los pingüinos de Humboldt.

Un comité ministerial de Chile rechazó el lunes 21 de agosto el proyecto de construcción de una gran mina en la región de Coquimbo debido a su gran impacto medioambiental en una zona donde habita el 80 % de la población mundial de los pingüinos de Humboldt.

El comité, integrado por los ministros de Energía, Minería, Agricultura, Economía, Medio Ambiente y Salud de Chile, se pronunció en la misma forma en que ya lo había hecho en marzo la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA), que desaprobó el proyecto Dominga de la firma Andes Iron.

Al término de la reunión, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, dijo que «creo firmemente en el desarrollo, pero esto no puede ser a costa del patrimonio ambiental ni causar riesgos a la salud de las personas. Más aún en zonas de valores ecológicos únicos en el mundo».

Desde hace años los habitantes de Coquimbo y los científicos buscan frenar este proyecto argumentando que afectaría a una zona de rica biodiversidad.

En las aguas costeras de la localidad de La Higuera, en la región de Coquimbo, se emplazan las reservas marinas Isla Choros-Damas, Isla Chañaral y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que ocupa más de 888 hectáreas y alberga una gran cantidad de especies endémicas marinas y terrestres. Alberga alrededor del 80 % de la población mundial del pingüino de Humboldt, el chungungo (nutria marina), la ballena azul y la ballena fin, entre otras especies en peligro de extinción.

Beneficio económico, daño ambiental

La propuesta de Andes Iron supondría la construcción de una mina de hierro y cobre, además de un puerto en el norte de la región de Coquimbo, en el municipio de La Higuera. Tendría una producción anual de doce millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, y supondría una inversión de 2.500 millones de dólares.

Después de ser rechazada por la CEA, los ejecutivos de la compañía habían recurrido al comité ministerial para que revirtiera ese fallo, argumentando que Dominga cumple la normativa y «se hace cargo de sus impactos» medioambientales. La sentencia de hoy se basó en aspectos técnicos, basados en los pronunciamientos de 14 servicios, «sin consideraciones políticas», aseguró Mena.

El ministro chileno dijo que los reclamantes pueden recurrir al Tribunal Ambiental o a la Corte Suprema «si quedaron insatisfechos» con el fallo. Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) criticó la decisión del comité de ministros, que calificó de «política» y «sin justificación». JEC – EFE.

Fuente:http://www.lavanguardia.com/vida/20170821/43727528965/gobierno-de-chile-rechaza-un-megaproyecto-minero-por-impacto-medioambiental.html

Salamanca es un hervidero: la municipalidad está en quiebra con un hoyo financiero de más de $5 mil millones. En el centro de las acusaciones: Gerardo Rojas (PPD), alcalde por 12 años hasta 2016. CIPER descubrió que el forado se tapó por años con millonarios aportes de Minera Los Pelambres, la que carga con un prontuario ambiental en la zona. Contraloría cuestiona este tipo de aportes por conflicto de interés. CIPER estableció que entre 2010 y 2016 la empresa del Grupo Luksic traspasó al municipio más de $7 mil millones. Al menos $2 mil millones fueron desviados al pago de sueldos y gastos corrientes.

En mayo pasado las sirenas de peligro en la faena de Minera Los Pelambres volvieron a sonar. Esta vez no se trataba de derrames de desechos, ni tampoco de cortes de caminos provocados por opositores a la mega faena de cobre y molibdeno del Grupo Luksic. A principios de ese mes, los ejecutivos de la minera fueron notificados por la nueva administración de la Municipalidad de Salamanca, comuna ubicada a 45 kilómetros de Los Pelambres (Región de Coquimbo), que un monto significativo de los más de $5.200 millones que transfirió a las arcas de la entidad entre 2015 y 2016 se habían esfumado.

La búsqueda de esos dineros –que hoy ha dado paso a una exhaustiva investigación en Los Pelambres, la Municipalidad de Salamanca y la Contraloría– es solo la superficie de una caja que esconde el destino de otros millonarios traspasos desde la minera al municipio. La indagación de CIPER arroja que entre 2010 y 2016 Minera Los Pelambres inyectó a la Municipalidad de Salamanca $7.200 millones en donaciones. Para graficar el impacto de ese monto en las finanzas municipales, basta citar un ejemplo: los $3.255 millones que Los Pelambres traspasó a la administración edilicia en 2016 representaron más del 16% del presupuesto municipal, superando en $1.200 millones el monto disponible para la gestión de salud en toda la comuna.

El protagonista central de los más de $2 mil millones investigados es uno de los históricos aliados de Minera Los Pelambres: Gerardo Rojas Escudero (PPD), quien fue desde 2004 y hasta 2016 alcalde de Salamanca. Rojas, con estudios de Derecho, también ocupó el sillón edilicio entre 1992 y 1994. Versiones recogidas para este reportaje indican que entre ambos periodos el ex alcalde trabajó algunos años para la propia minera como asesor jurídico.

Pese a la danza de millones que recibió el gobierno local bajo el mandato de Gerardo Rojas, hoy la Municipalidad de Salamanca arrastra un hoyo financiero que sobrepasa los $5 mil millones. Eso no es todo. El arqueo que hizo la nueva administración edilicia arroja que, del total de dineros que Los Pelambres depositó en las arcas municipales entre 2015 y 2016 –y que debían ir en beneficio de los vecinos–, hay al menos $2 mil millones que fueron desviados al pago de remuneraciones de funcionarios y a cubrir la operación del municipio.

En otras palabras: la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas ha dependido en buena medida de los recursos de Los Pelambres. Los traspasos también le han permitido a la minera obtener beneficios tributarios en virtud de la Ley de Donaciones.

No solo beneficios tributarios ha conseguido Los Pelambres con sus aportes millonarios a Salamanca. Los traspasos de dinero están estrechamente ligados a los sucesivos problemas medioambientales protagonizados por la minera y que han sacudido a sus más de 25 mil habitantes.

PRONTUARIO MEDIOAMBIENTAL

El año 2008 fue fatídico para los habitantes de Salamanca. El 28 de noviembre, la rotura de un ducto de Minera Los Pelambres originó el derrame de 12 mil litros de petróleo. No era el primer episodio de contaminación de la mega operación controlada por Antofagasta Minerals (AMSA), el brazo minero del Grupo Luksic. En agosto de ese mismo año, aguas residuales de la faena minera habían escurrido al río Cuncumén y al estero Las Camisas. Un año después, 13 mil litros de concentrado de cobre cayeron al río Choapa.

Por esos eventos Los Pelambres fue multada por la autoridad ambiental en 2009 con $82,5 millones, el 0,02% de sus utilidades de ese año que, en el atardecer del “superciclo” del cobre, sobrepasaron los $480 mil millones.

El prontuario socio ambiental de Los Pelambres incluye la remoción de glaciares rocosos, estrés hídrico, polvo en suspensión y la construcción de El Mauro, uno de los tranques de relaves más grandes de Sudamérica, a pocos kilómetros del pueblo de Caimanes. La lista se engrosó con nuevos episodios de derrame en 2012, 2015 y con los cargos que presentó en su contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2016 por varias infracciones calificadas como graves.

Lo anterior no ha sido obstáculo para que la minera se haya granjeado el férreo apoyo de autoridades de Salamanca y de la región, entre ellas el del ex alcalde Gerardo Rojas, cuya gestión municipal está hoy bajo la lupa de la Contraloría General de la República.

El default del municipio es vox populi en Salamanca y hace algunos meses la noticia llegó a las oficinas de la minera que, en mayo pasado, encargó una auditoría a Pricewaterhouse Coopers (PWC) para conocer el destino de las platas entregadas al municipio en los dos últimos años de gobierno del ex alcalde. El informe ya está terminado y será presentado a las autoridades de Salamanca en el transcurso de esta semana.

Alertas anteriores por el mal uso de los aportes de la minera por parte de la administración de Rojas eran conocidas. En 2009, por ejemplo, la Contraloría advirtió que desde al menos 2007 la municipalidad había destinado fondos de la minera al pago de remuneraciones y cuentas del municipio. Esos hechos “podrían revestir carácter de delito”, concluyó la investigación.

Pese a lo lapidario del informe, los dineros remesados por Los Pelambres a las arcas municipales aumentaron vertiginosamente año a año. En 2016, cayó una nueva advertencia de Contraloría sobre el desvío de fondos de la administración del ex alcalde PPD.

“Pelambres ayudaba a la Municipalidad de Salamanca con recursos porque el alcalde le paraba los conflictos, gestionaba con los vecinos que no se le opusieran, entonces por ahí partieron esos proyectos”, señaló una autoridad de la región que pidió reserva de su identidad.

Históricamente, Gerardo Rojas ha jugado un rol clave como mediador entre la comunidad de Salamanca y la minera. “Si se cierra Minera Los Pelambres los indicadores económicos se van a las pailas”, señaló a la prensa en marzo de 2015 tras el fallo de primera instancia que ordenó la demolición de El Mauro, el gigantesco contenedor donde la minera deposita sus relaves. Las últimas estimaciones indican que el índice de pobreza en la comuna de Salamanca alcanza 19%, casi cinco puntos arriba de la media nacional.

Bajo el mandato de Rojas la alcaldía ha tenido que pronunciarse formalmente sobre los planes de expansión de la faena del Grupo Luksic. Así ocurrió en 2012, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le pidió a ese municipio analizar la compatibilidad territorial de un proyecto para aumentar la capacidad productiva de Los Pelambres. La entidad edilicia se manifestó “conforme” (ver documento). No debió hacerlo.

Un dictamen de Contraloría del 5 de marzo de 2010 instruye que las municipalidades tienen la obligación de no suscribir convenios o recibir aportes de empresas o personas que “tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia”. Ese dictamen se hizo para efectos de impugnar las donaciones a municipios de Aysén realizadas por empresas que controlaban dos proyectos hidroeléctricos en esa región que en ese momento eran evaluados por el SEA (ver documento).

Desde Antofagasta Minerals negaron que Minera Los Pelambres haya vulnerado alguna vez ese dictamen de Contraloría y agregaron que están avanzando en un modelo de gestión en el que quienes reciban los aportes no sean los municipios, sino terceros expertos en ejecución de proyectos.

DERRAME DE PLATA

CIPER pudo rastrear parte importante de los montos traspasados por la minera a la cuenta del municipio desde 2010 en adelante: son al menos $7.200 millones en los últimos siete años. Aunque no se pudo conocer con exactitud la cifra total de aportes anteriores a esa fecha, hay evidencias de traspasos de dineros desde al menos 2007.

Más de la mitad de los $7.200 millones inyectados desde 2010 por Los Pelambres fueron transferidos en los dos últimos años de la gestión de Gerardo Rojas, quien después de 12 años en el cargo fue derrotado en las elecciones de octubre de 2016. A partir de abril de 2015, la mayoría de las donaciones comenzaron a ejecutarse al alero del programa “Vive Salamanca”. El acuerdo, firmado entre el municipio y la minera, debía formalizar y canalizar los cuantiosos aportes en proyectos que prometían “mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

“Vive Salamanca” es parte de un proyecto más amplio de Los Pelambres llamado “Somos Choapa”, a través del cual desde hace un par de años se gestionan las donaciones de la minera a todas las comunas de esa provincia. La metodología de “Somos Choapa” fue diseñada a la medida de Los Pelambres por la empresa de comunicaciones del sociólogo Eugenio Tironi.

El acuerdo que selló el programa “Viva Salamanca” en abril de 2015 es explícito en que los fondos de la minera debían ser usados “única y exclusivamente para los objetos mencionados (…) y, por ende, no pueden ser destinados para fines que no estén indicados en el presente convenio”.

Pero eso no ocurrió. Según los antecedentes que CIPER tuvo a la vista, de los $5.258 millones que entre 2015 y 2016 la administración edilicia recibió de la minera, al menos $2.103 millones no figuran en la cuenta corriente municipal y no cuentan con documentación de respaldo. Esos millonarios fondos no se han traducido en ninguna obra que vaya en beneficio de los salamanquinos.

POZO SIN FONDO

La investigación de CIPER arroja que una tajada considerable del dinero que históricamente ha fluido desde Los Pelambres a la alcaldía, ha ido a tapar los hoyos de la escuálida caja municipal. Con esos fondos se montó una bicicleta financiera que hace poco colapsó. Lo que sí está claro por ahora, es que por años ese flujo de dinero le permitió a  Gerardo Rojas solventar los gastos operacionales de su administración.

El edil electo de Salamanca, Fernando Gallardo (Independiente por Chile Vamos), reconoció a CIPER que la deuda municipal asciende actualmente a $5.080 millones.

El descalabro financiero que afecta a la alcaldía de Salamanca quedó registrado en el acta del Concejo Municipal del 12 de junio pasado. Allí, el jefe de Finanzas del municipio y quien fuera brazo derecho de Rojas,  Rodrigo Muñoz, reconoció ante los concejales que “durante largo tiempo la administración anterior funcionó con fondos del convenio Viva Salamanca” (ver acta).

Según expuso Muñoz, a medida que llegaban las platas de Minera Los Pelambres, estas se iban utilizando para cubrir otros gastos. Y entregó detalles: $654 millones para el pago de honorarios; $312 millones usados como “aporte a educación”; $599 millones en “gasto corriente”; $181 millones en actividades municipales, entre otros.

Esto continuó, relató Muñoz, hasta que “fue imposible revertir el saldo a estado positivo”. El jefe de Finanzas municipal no titubeó cuando una concejala consultó sobre el conocimiento de la administración anterior sobre la precaria situación de la entidad: “La unidad de Finanzas siempre mantuvo informado de este déficit de caja al ex alcalde Rojas (…) todos los días le entregábamos el estado de fondos para que tomara conocimiento”, dijo.

El alcalde Gallardo transparentó a CIPER que aún no ha sido posible determinar con exactitud el destino de parte de las donaciones de la minera: “Yo creo que aquí hay una malversación clarísima, porque los aportes de Los Pelambres eran para hacer proyectos, pero esos proyectos no se hicieron. Entonces, ¿dónde quedó la plata?”, se pregunta.

El alcalde se refiere a obras inexistentes, como la construcción de una plaza en el barrio Santa Rosa de la comuna; la pavimentación de caminos en el sector de Tranquilla; cuatro plazas en la localidad de Chillepín y la habilitación de un centro cultural.

Uno de los mayores problemas que deberá resolver el alcalde Fernando Gallardo en los meses venideros es cómo pagarle a proveedores que fueron contratados por el municipio con platas de la minera:

-En el proyecto de soterramiento de cables en la Avenida Infante, una de las arterias principales de la ciudad, hay un avance de un 95%, pero le debemos a la empresa constructora unos $1.150 millones -señaló Gallardo a CIPER.

El nuevo alcalde espera que el municipio siga recibiendo aportes de Minera Los Pelambres. Consultado respecto del tratamiento que en adelante le dará la nueva administración a estas donaciones, el alcalde fue categórico: “Los aportes de la minera no me amarran”.

CIPER intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, aunque sin éxito, con el ex alcalde Gerardo Rojas para conocer su versión. El jueves 17 de agosto se logró contactar a su esposa, la que señaló que Rojas devolvería el llamado. Al cierre de esta edición eso no ocurría.

OÍDOS SORDOS

Antes que se hiciera público el colapso financiero que hoy tiene a la Municipalidad de Salamanca sin fondos, hace ocho años la Contraloría ya había hecho reparos al uso que el municipio hacía de los recursos que le donaba Los Pelambres.

Un informe de la Contraloría de 2009 constató que casi la mitad de los $226 millones traspasados por la minera en 2007 para la compra de un terreno y el diseño de construcción de un liceo técnico profesional, habían sido ocupados por la alcaldía para el pago de remuneraciones de funcionarios. La situación se repitió en 2008 y 2009 (ver informe).

Fueron los años en que Los Pelambres protagonizó una decena de incidentes medioambientales: vertimientos de aguas de proceso, petróleo y hasta concentrado de cobre que en ocasiones escurrieron a esteros y al mismo río Choapa, la arteria de la economía agrícola de la zona. No solo las aguas del río se vieron afectadas por la extracción minera. En 2008 se dio a conocer un informe de la Universidad de Waterloo (Canadá) que denunció que Los Pelambres había removido glaciares rocosos cercanos a su operación, los que contenían reservas de agua de entre 1,89 y 2,84 millones de metros cúbicos. Esa cantidad equivale a entre 48 y 72 veces el total de agua potable facturada por la sanitaria Aguas del Valle en toda la Región de Coquimbo en 2015.

“Las intervenciones de glaciares rocosos no fueron anunciadas por Pelambres en ninguno de lo estudios ambientales presentados a la autoridad entre 1997 y 2004. Sin embargo, se conocía de su existencia (…) por causas que desconocemos se omitió esa información”, señalaron los expertos de Waterloo (ver documento).

En medio de la seguidilla de episodios de daño ambiental protagonizada por Los Pelambres, la preocupación del entonces alcalde Rojas estaba puesta en responder a los cuestionamientos de la Contraloría por los desvíos de dinero. Su argumento fue uno solo: el municipio arrastraba una deuda estructural. Y el mal uso de los recursos de la minera se debía a situaciones “urgentes” y que “una vez que se contaba con los fondos suficientes, estos se reponían”.

Para el organismo contralor la respuesta fue insuficiente: “Además de vulnerar la normativa sobre donaciones, constituye una falta a las obligaciones del alcalde (…) Considerando que los hechos podrían revestir carácter de delito, la Contraloría formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público”, consignó.

Por razones que se desconocen la vía penal fue desestimada. CIPER contactó a la Fiscalía de Coquimbo donde afirmaron no haber recibido antecedentes sobre esta situación, ni de Contraloría ni de ningún otro organismo público.

El terremoto que en 2015 remeció al norte del país originó un nuevo cuestionamiento. En noviembre de 2016 la Contraloría impugnó que el municipio utilizara $43,4 millones donados por la minera en la reparación de viviendas. El problema: el compromiso era hacerlo con 47 casas y solo “alcanzó” para 18.

Rojas explicó entonces que “al momento de la suscripción del convenio se entregó una propuesta estimativa del costo de las soluciones, sin un proyecto de respaldo que las justificara”.

El informe volvió a desnudar el caos en las arcas edilicias: el municipio llevaba siete meses sin hacer una conciliación de sus cuentas y había diferencias de más de $214 millones entre los registros contables vigentes. También se constató la inexistencia de documentación que respaldara algunas compras y servicios prestados al municipio (ver documento).

Llama la atención que las alertas de Contraloría sobre el mal uso de los millones aportados por Los Pelambres a Salamanca no tuvieran ningún efecto ni en el municipio ni en la minera. Y ello, porque  entre 2009 y 2016, años del primer y último informe del organismo, el flujo de recursos de la minera no hizo más que aumentar. Las cifras que CIPER pudo pesquisar indican que las donaciones alcanzaron $1.075 millones en 2013; $1.132 millones en 2014; $2.151 millones en 2015 y $3.255 millones en 2016. Dependiendo del año, los montos representan entre el 0,2% y el 2% de las utilidades de Los Pelambres.

–Nosotros no conocíamos el informe de Contraloría de 2009. No teníamos información respecto de su existencia. Si lo hubiésemos tenido a la vista, algo hubiéramos hecho en esa época –indicó a CIPER el gerente de Asuntos Públicos de Antofagasta Minerals, Andrés Morán.

Cristina Farías, presidenta de la Junta de Vecinos Arboleda Grande de Salamanca, ha sido crítica de los aportes de Los Pelambres y de la relación del ex alcalde Rojas con la minera:

–Gerardo Rojas jamás hizo un levantamiento del impacto de las operaciones de la minera. Cuando las comunidades tenían conflictos con Los Pelambres el municipio jamás estuvo a la cabeza apoyando.Tampoco se preocupó de exigirles el cumplimiento de la resolución de calificación ambiental ante los servicios competentes, para disminuir el impacto que produce su actividad extractiva en la población –dijo a CIPER.

Casi un mes antes del pronunciamiento de Contraloría sobre la gestión de recursos del municipio tras el terremoto, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) había emitido un lapidario informe. Su destinatario: Minera Los Pelambres.

En ese documento, fechado el 13 de octubre de 2016, la SMA formuló a la minera nueve cargos –cinco catalogados como “graves”– por diversas violaciones a las resoluciones de calificación ambiental que le dieron luz verde a su operación. Entre las infracciones se detectaron bombeos desde pozos donde la minera no contaba con derechos de agua establecidos, lo que podría “estar afectando los derechos de terceros” en la cuenca del estero Pupío, e incumplimientos de medidas de compensación asociadas a la reforestación de especies arbóreas (canelos, guayacanes y algarrobos), todas ellas diezmadas por la construcción del tranque de relaves El Mauro (ver documento).

La profesora Ana Leyton, directora del Centro Cultural del Choapa en Illapel, ha sido testigo de las transformaciones que introdujo en la década de los ’90 la actividad minera en toda la provincia. También es crítica respecto de los métodos que ha empleado Los Pelambres para implantar su faena e insertarse en la región:

–Nosotros somos sacrificados ambientales y esto fue decidido por las propias autoridades regionales de Coquimbo. Pelambres destruyó la vida agrícola en gran parte del valle. Dígame usted, ¿por qué tendría uno que estar agradeciéndole sus donaciones a una empresa extractivista que destruye el valle? –cuenta en conversación con CIPER.

MÁS ALLÁ DE SALAMANCA

Los históricos aportes de Minera Los Pelambres a la Municipalidad de Salamanca no son los únicos cuestionados por Contraloría. En mayo de 2015, el organismo emitió un informe que indagó en la relación entre la Gobernación de Choapa y la minera. En su investigación, el ente fiscalizador detectó que el gobernador, Álex Trigo Rocco (PS), había suscrito entre 2010 y 2014 diversos convenios de colaboración con la compañía sin tener las facultades legales para hacerlo, pues ese rol le corresponde al intendente.

En dos convenios se centraron los reparos del ente contralor: un programa de “seguridad pública” y otro de “seguridad ambiental”. Para ambos Los Pelambres allegó recursos a la gobernación con el propósito de que se contratara personal a honorarios para su funcionamiento, entre otros ítems. Entre las irregularidades detectadas por la Contraloría figura un abogado remunerado con dineros de la minera realizando labores distintas a las estipuladas en el convenio. También, obras de “ampliación y mejoramiento” del edificio de la gobernación. No hubo licitación para la ejecución de esas obras.

“Minera Los Pelambres busca coordinar sus acciones con los diversos organismos públicos y privados y comunitarios preocupados del desarrollo y crecimiento de la provincia del Choapa, motivo por el cual otorgó el financiamiento de las obras ejecutadas en el inmueble de la gobernación con el objeto que los recursos humanos contratados con cargo al convenio de colaboración, tuvieran los equipamientos y espacios físicos necesarios para la ejecución de las tareas propias del convenio”, fue la respuesta del gobernador consignada en el informe (ver documento).

Los aportes financieros y nexos con políticos en las zonas donde Antofagasta Minerals (AMSA) tiene sus inversiones, han sido motivo de cuestionamientos y polémicas. La más bullada fue la renuncia a su cargo que debió presentar en junio de 2015 el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza (PPD), tras conocerse que mientras era diputado le vendía a la minera del Grupo Luksic informes a cambio de un pago mensual de $2,2 millones. Insunza, quien presidió además la Comisión de Minería de la Cámara, reconoció que el trabajo que hacía para la minera a través de una consultora, venía desde antes de 2014, cuando asumió como diputado precisamente por el Distrito 9, correspondiente a las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos, entre otras.

La minera también se ha involucrado en el financiamiento de campañas políticas en la región. Así lo reconoció el ex gobernador de Choapa, Iván Cisternas (RN), a una radio de Salamanca a principios del año pasado. Cisternas acudió a las oficinas centrales de la minera en Santiago a pedir apoyo financiero, cuando se presentó en 2013 como candidato a diputado por el Distrito 9.

El gerente de Asuntos Públicos de AMSA, Andrés Morán, dijo a CIPER que la minera nunca ha recibido a candidatos en sus oficinas:

–Nosotros efectivamente hacíamos aportes a campañas políticas bajo la norma vigente en la época. Se hacían como aportes reservados de modo estrictamente legal. No me puedo hacer cargo de lo que dijo Iván Cisternas, porque no nos reunimos con candidatos para escuchar sus necesidades de financiamiento de campaña.

Pero Cisternas insistió en sus dichos en conversación con CIPER: “A mí me dieron $10 millones, por la vía legal a través del Servel”. Consultado respecto de cómo supo la identidad del donante de esos dineros si se trata de aportes reservados, afirmó:

-Cualquiera que te diga que no sabe de dónde vienen los millones te está mintiendo. Nadie los regala, llegan de algún lado de donde tú fuiste a pasar el sombrero. Yo fui a Pelambres, pedí plata, me dijeron ok, te vamos a depositar tanto, tal como le vamos a dar al resto”.

Iván Cisternas perdió la elección parlamentaria en 2013. Los dineros de la minera, esa vez, no bastaron.

Fuente:http://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-mineros-i-los-millones-de-la-minera-los-pelambres-que-se-esfumaron-en-salamanca/

Un intenso lobby desplegó Dominga en los últimos tres años. Pero una declaración de Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería, da cuenta de dos reuniones más que se hicieron en pleno gobierno de Piñera y mientras éste aún tenía intereses económicos en el proyecto. Correos de Iván Garrido y Nicolás Noguera también revelan que el precio de Dominga subió en $4.500 millones, mientras en paralelo se bajaba la central Barrancones. Ninguna de esas relaciones, de acuerdo al expediente del llamado caso Bancard, fueron indagadas a fondo por la fiscalía. La trenza política de la minera hoy se mezcla con la ambiental, luego que nueve de 14 servicios públicos convocados por el Comité de Ministros que dirimirá hoy el futuro del proyecto, pusieran el foco sobre las omisiones e inconsistencias que impedirían conocer a cabalidad el real impacto de Dominga sobre el medio ambiente y la vida de las comunidades.

Fue una movida casi de último minuto, porque hasta el miércoles pasado, lo de Minera Dominga ni siquiera estaba considerado para ser visto por el Comité de Ministros en su sesión de este lunes 21 de agosto. La cita fue programada a comienzos de mes, pero la tabla original contemplaba como tema único a tratar otra cosa que nada tenía que ver: la optimización del proyecto Cerro Casale, una faena en la Región de Atacama del gigante minero canadiense Barrick. Pero del polémico y millonario proyecto minero-portuario que la empresa Andes Iron aún pretende instalar en la comuna de La Higuera, al extremo norte de la IV Región, y que en marzo fue rechazado en una estrecha votación en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, la convocatoria no decía nada.

La omisión era extraña, pero al parecer premeditada. El plazo de 60 días hábiles para que los ministros resolvieran sobre la viabilidad de Dominga venció el 10 de agosto, por lo que la empresa ya estaba en condiciones de recurrir a los tribunales ambientales aduciendo silencio administrativo. Su presidente ejecutivo, el geólogo Iván Garrido, ya había anunciado en una entrevista que si el comité no revisaba el tema en agosto, seguiría esa vía. Fuentes que han conocido el proceso interno que lidera el ministro del Medioambiente, Marcelo Mena, señalaron a Radio Bío Bío que la omisión no fue casual y que como cualquier decisión que se tomara sobre la materia sería políticamente incómoda, la estrategia inicial del gobierno apuntaba a postergar lo más posible su revisión. Incluso aseguran que una opción real era dilatarla hasta que la resolución final pasara a ser responsabilidad de la siguiente administración.

Sin embargo, en los últimos días eso cambió y el pasado jueves 17, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) envió a los seis ministros miembros del comité un nuevo oficio donde incorporaba a Dominga en el programa de su siguiente reunión. Allí tendrán que analizar los argumentos que les enviaron los 14 organismos públicos que participaron en la evaluación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de los cuales al menos nueve insisten en que debe ser rechazado (ver expediente).

La decisión que deberán tomar igual no será fácil y mucho menos inocua. Si el comité compuesto por los ministros de Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Energía, Minería y Salud decide mantener el rechazo a la calificación ambiental del proyecto, el gobierno tendrá que asumir el costo de paralizar una inversión estimada en US$ 2.500 millones y la promesa de casi 10.000 nuevos puestos de trabajo en una región donde, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se registra la cuarta mayor tasa de desocupación de Chile (7,7%).

En cambio, si lo revierte, daría luz verde a un proyecto ampliamente cuestionado por no aportar todos los antecedentes necesarios para medir correctamente su real nivel de impacto ambiental en una zona de alta sensibilidad ecológica, poniendo en riesgo, dicen los informes, los ecosistemas de dos importantes áreas bajo protección: la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Y lo haría apenas un par de semanas antes de oficiar como anfitrión del 4º Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4, por sus siglas en inglés), un evento que se realizará precisamente en La Serena y Coquimbo entre el 4 y 8 de septiembre.

Pero hay también otros factores en juego que van más allá de lo ambiental, y entremezclan intereses políticos con posibles delitos que investiga la justicia.

Cuando en 2014 se supo de los pagos irregulares por parte del Grupo Penta al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el Ministerio Público de inmediato lo interpretó como un posible soborno para favorecer a Dominga. De hecho, una de las primeras gestiones que hicieron ejecutivos del proyecto ante alguna autoridad, fue con Wagner a mediados de 2010. Como aún no existía la Ley de Lobby, no quedaron actas ni registros de ese primer encuentro –como sí pasó con otras 23 reuniones con distintas autoridades entre mayo de 2015 y junio de este año–, pero sí ocurrió. Fue él mismo quien lo reconoció escuetamente en un interrogatorio ante la Policía de Investigaciones (PDI), no en la indagatoria aún abierta en su contra por el supuesto cohecho, sino que en otra que la fiscalía abrió para perseguir una eventual negociación incompatible del ex Presidente Sebastián Piñera cuando ese mismo año mandó a bajar arbitrariamente y por fuera de toda formalidad la Central Termoeléctrica Barrancones, al tiempo que su familia era la mayor accionista de la sociedad matriz de Dominga. Una relación que para entonces y por los siguientes siete años, se mantuvo completamente oculta.

En esa última investigación, y a pesar de las escasas diligencias ordenadas, el fiscal Manuel Guerra obtuvo datos importantísimos que permiten dimensionar cuánto realmente ganó la familia Piñera Morel con la venta de su participación en Dominga. La mayor parte de esas acciones las poseían a través de Andes Iron Ltd., una empresa creada en un paraíso fiscal especialmente para llevar a cabo esa millonaria operación.

Los nuevos antecedentes no sólo elevan al menos 11 veces el tamaño del negocio que se jugaba por esos días, sino que además podrían dar cuenta de que la decisión de eliminar Barrancones pudo eventualmente haber incidido a favor del precio final de venta de Dominga. Aun así el fiscal optó por omitir esos y otros antecedentes clave, anunciar por la prensa al menos tres veces que no tenía nada que comprometiera penalmente a Piñera y dar por cerrado todo el proceso sin formalizaciones.

Las omisiones de Guerra

Pudo haber sido una casualidad, pero el momento en que se bajó Barrancones por gestiones directas desde La Moneda, no fue cualquiera en la historia de Minera Dominga. Justo por esos días, a fines de agosto de 2010, los gestores del proyecto minero-portuario estaban en plena negociación para vender el 100% de la propiedad a la familia de Carlos Alberto Délano, uno de los controladores del Grupo Penta. Miles de millones de pesos estaban puestos sobre la mesa. Y quienes más tenían por ganar con la oferta eran los miembros de la familia del entonces Presidente, Sebastián Piñera.

Todo aparece ampliamente detallado en una serie de correos electrónicos que figuran en la investigación judicial que llevó a cabo el fiscal Guerra sobre las inversiones del hoy candidato presidencial de Chile Vamos en la pesquera peruana Exalmar y el proyecto Dominga, y que fue sobreseída el pasado jueves 3 de agosto por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Los mails no son de Piñera, de sus hijos ni de su esposa, porque ninguna de sus cuentas fue indagada: el fiscal consideró que “habría sido arbitrario” hacerlo, según dijo a La Tercera.

Los únicos mensajes que sí se incluyeron en la carpeta provienen de la cuenta institucional de Nicolás Noguera, gerente general del Grupo Bancard y representante de los intereses de los Piñera Morel en todas sus inversiones que no estaban sujetas a los fideicomisos ciegos, tanto en Chile como en el extranjero. Los entregó de forma voluntaria en abril pasado, casi cinco meses después de haberse abierto la investigación, en un disco duro que ese mismo mes analizó la Policía de Investigaciones (PDI). Allí aparecieron 1.158 archivos respecto a la compra de acciones en Exalmar y 625 sobre la participación del family office del ex mandatario en Dominga.

Es precisamente en esos últimos correos que aparecen datos clave para entender cómo se negoció y cuánto realmente ganó la familia Piñera al salirse del proyecto minero en diciembre de 2010. Las escrituras públicas que dieron cuenta de esa venta se referían a una transacción cercana a los $6.765 millones, una operación millonaria que se mantuvo oculta hasta que una investigación de Radio Bío Bío la reveló casi siete años después. Sin embargo, los mensajes de Noguera desnudan la real dimensión del negocio: las verdaderas cifras involucradas son al menos 11 veces más de lo que se sabía hasta ahora.

Pero hay otro dato que podría ser aún más importante, que se relaciona con los tiempos en que se dio la negociación, y que incluso podría poner en duda la aseveración que hizo el Grupo Bancard en un comunicado el 27 de febrero pasado, luego de que se hiciera pública su antigua inversión en Dominga: “El proyecto no tuvo relación alguna ni se vio afectado directamente por el proyecto de central termoeléctrica Barrancones. Es más, el hecho de que este proyecto no se llevase a cabo, de manera indirecta pudo haber perjudicado al proyecto Dominga, al privarlo de una fuente de energía cercana”.

Lo cierto es que la oferta inicial de la familia Délano para adquirir Dominga, con Barrancones aún en el horizonte y ad portas de ser aprobada por la institucionalidad de la época, era de US$ 130 millones. Pero una vez que el Presidente movió sus fichas para bajar la termoeléctrica, el precio que se negociaba no bajó, sino que al contrario, aumentó en otros US$ 20 millones. Y de todo ese dinero, a la familia Piñera le correspondía una tercera parte.

Los antecedentes, en todo caso, no fueron considerados por el Ministerio Público, que se negó a indagar y llevar a cabo más diligencias porque a juicio del fiscal Guerra “no se ve ninguna relación lógica entre Barrancones y Minera Dominga”. Pero son varios los hechos que entrelazan los intereses de ambos proyectos y que la fiscalía simplemente omitió en su investigación. Los nexos van mucho más allá de la mera coincidencia geográfica y del impacto ambiental sobre la misma área de preservación ecológica, en las inmediaciones de Punta de Choros. De hecho, otra investigación que publicó Radio Bío Bío el pasado 10 abril dio cuenta de que todos quienes participaron en la bajada de Barrancones tenían en ese momento negocios cruzados con Dominga. Y que el factor común en la mayoría de esos vínculos era precisamente el nombre de Sebastián Piñera.

Dicha investigación periodística da cuenta que el terreno donde se instalaría Dominga es en gran parte propiedad de una comunidad agrícola, denominada CALCH, donde forman parte un hermano de Piñera, un par de amigos, un socio y los dueños de una de las empresas que le manejaban sus fideicomisos ciegos. También que el empresario Juan Claro, el emisario que el mismo Presidente mandató personalmente para negociar informalmente la bajada de Barrancones, además de su amigo, es junto a su familia el principal poseedor de derechos en esa comunidad y, por lo tanto, el comunero más influyente. Y que ya en ese entonces tenían millonarios contratos firmados con Minera Andes Iron para preparar su instalación.

De todo eso no aparece ni una sola palabra entre las casi 6.000 páginas que componen la carpeta del fiscal.

Los correos de Noguera: “Para contar los billetitos…”

La cadena de correos electrónicos partió con un mensaje que escribió el geólogo y presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, el 11 de agosto de 2010. Era una convocatoria urgente a los directores de Minería Activa Uno SpA (MA1) para una sesión extraordinaria al día siguiente. Uno de los cuatro destinatarios era Nicolás Noguera, representante en el directorio de los principales accionistas de la sociedad, los Piñera Morel. Decía el asunto del correo: “Oferta Proyecto Santa Dominga”.

En el texto, Garrido se refería a la primera propuesta seria que hacía la familia de Carlos Alberto Délano (a través de Inmobiliaria Duero) para adquirir el 100% de Minera Andes Iron, la sociedad que el grupo de inversionistas reunidos en MA1 había creado unos meses antes para desarrollar el proyecto Dominga. Los Délano ofrecían US$ 130 millones, que por entonces equivalían a unos $66.747 millones, sujeto a un due dilligence de 90 días.

La propuesta era altamente conveniente: el capital que pusieron los 31 accionistas que dieron origen al proyecto se alzaba por esos días a poco más de $6.000 millones, y la oferta de los Délano equivalía a 11 veces esa cifra y más. Como los Piñera poseían un tercio del negocio a través de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP), les correspondía la mayor parte de ese pozo. Pero la oferta sólo estaría vigente por tres semanas. De ahí la urgencia de la cita.

Sólo José Jiménez, gerente de Activa, la filial de LarrainVial que dio origen a todo el proyecto, no pudo ir a la reunión porque estaba fuera de Chile. Los otros directores de MA1, Aníbal Larraín, también vicepresidente de Watt’s, y el abogado Juan Paulo Bambach, confirmaron su asistencia. Noguera también lo hizo con un mensaje escueto y sarcástico frente a la oferta de los Délano: “Ok. Entre broma y broma…”, escribió.

Al día siguiente se reunieron y al mismo tiempo la estructura de propiedad de Minera Andes Iron se modificó: pasó a ser controlada por Andes Iron Ltd., una sociedad creada poco antes en las Islas Vírgenes Británicas especialmente para concretar una eventual venta. No se trataba de nuevos dueños, sino sólo de una movida, posiblemente tributaria, de los mismos actores. Todos los derechos sobre esa sociedad offshore estaban en manos de MA1, y ahí el accionista mayoritario seguía siendo el FIP del family office de los Piñera.

Una semana antes de que venciera el plazo puesto por los Délano, Barrancones fue aprobado y en sólo un par de días, desahuciado. Días después, Garrido volvió a escribir a los directores y les pidió prolongar la vigencia de la oferta una semana más. Aunque no está explícito, de los correos se desprende que a esa altura los compradores ya habían recibido una contraoferta que Pedro Ducci, yerno de Carlos Alberto Délano, respondió positivamente en un correo que envió a los otros directores el 8 de septiembre de 2010. El monto sobre la mesa ya había aumentado a US$ 150 millones, es decir, más de $4.500 millones que cuando aún existía Barrancones. La respuesta de Noguera fue:

“Estimados,

¿Podríamos tener para el directorio de mañana una estimación de cómo se distribuyen los flujos de la oferta de Duero (en sus dos modalidades) para las diferentes de acciones de Minería Activa Uno (para contar los billetitos…)?

Saludos,

NN”

En los días siguientes todo se fue afinando para un trato que se cerró los primeros días de octubre, y que a pesar de la venta total, permitía que algunos inversionistas pudieran seguir siendo parte del proyecto. Noguera sería uno de los que aprovechó esa opción, a través de su empresa personal Átomo Ltda. La fecha de la venta sería el 10 de diciembre de ese año, y de los US$ 150 millones el 93,3% se debería pagar al contado. Los US$ 10 millones restantes se pagarían a MA1 un año después, siempre y cuando no se determine que el lugar donde se instalaría Dominga está “emplazado en una zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural, impidiendo de forma insubsanable el desarrollo de la actividad minera o la instalación de un puerto a 50 kilómetros de las concesiones mineras”. Como eso no ocurrió, el acuerdo se concretó en la fecha estipulada. La familia Piñera se retiró de Dominga y se adjudicó en esa operación más de $21.683 millones.

Ese día, Iván Garrido los invitó a todos a un almuerzo para festejar.

Nueve oficios para un rechazo.

Aunque en lo formal poco y nada tuvo que ver en la decisión del Comité de Evaluación Ambiental de Coquimbo el negocio que hizo la familia Piñera con Dominga, Garrido ha asegurado que una vez que se supo de esas inversiones, el proceso se politizó y desde ahí poco importó el proceso de evaluación ambiental.

“El conflicto de interés está cuando él (Piñera) tenía algunos intereses económicos en el mismo territorio. Es evidente que hay un conflicto de interés, pero ¿de qué manera afecta eso al proyecto Dominga? Ahí hay una situación que desliga a Dominga, el problema es otro”, declaró en una entrevista a La Tercera.

Cuando en marzo se rechazó el proyecto, y aunque el SEA había recomendado aprobar y algunos servicios no manifestaban objeciones, la votación fue dividida: seis votos a favor, seis en contra. Quien dirimió fue el intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez. “Aunque se manifiesta la voluntad, no necesariamente se advierte un desempeño responsable y equilibrado, justo y armónico y terminamos sufriendo las consecuencias que empañan el gran desafío de lograr un desarrollo sustentable”, dijo tras votar y firmar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) negativa a Dominga.

Casi dos meses después, Andes Iron recurrió al Comité de Ministros argumentando que “ninguna de las causales de rechazo invocadas en la RCA guardan relación con el mérito del procedimiento de evaluación ambiental, siendo aquellas manifiestamente infundadas y arbitrarias”. El comité solicitó a los 14 servicios y organismos públicos que participaron en la evaluación un informe donde justifiquen su voto. Y a lo menos nueve vuelven a poner el foco sobre las omisiones e inconsistencias que impedirían conocer a cabalidad su real impacto sobre el medio ambiente y la vida de las comunidades.

El seremi de Energía, Marcelo Salazar, se había manifestado conforme en la previa a la votación, pero en último minuto votó en contra. Dijo que durante el proceso anterior siempre respondió desde una lógica sectorial, pero que recién al final, con el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) en sus manos y las consideraciones de todos los demás organismos del Estado involucrados, se dio cuenta de que quedaban dudas respecto a los efectos que Dominga produciría en su área de influencia y cómo los mitigaría para cumplir la ley.

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) respondieron con algo muy específico y breve: que los titulares del proyecto no consideraron el impacto de las pantallas eólicas sobre las aves de la zona. En el Servicio Nacional de Pesca enumeraron varias inconsistencias: que los muestreos para determinar la línea base del medio marino eran insuficientes; que no permitían evaluar impactos sobre las aves, mamíferos y recursos bentónicos; que la evaluación sobre la descarga de la planta desalinizadora de agua al mar era deficiente; y que lo mismo pasaba con los efectos de la salmuera que se depositaría en la bahía de Totoralillo Norte. También dicen que el estudio no contiene antecedentes claros que permitan descartar o reconocer impactos sobre áreas productivas pesqueras. Para todas esa observaciones, el servicio había propuesto medidas compensatorias o de mitigación, pero el SEA simplemente las omitió y en el informe final no estaban incluidas. Por eso decidieron rechazar.

Los otros servicios que insistieron en las causales de rechazo fueron las subsecretarías de Evaluación Social, de Medio Ambiente, de Salud y de Agricultura, además de la Conaf y la Intendencia de Coquimbo. La mayoría apelaba a falta de información que permitiera y evaluar correctamente los efectos adversos del proyecto sobre el ambiente, su flora y fauna, la calidad de vida de las comunidades que habitan la zona y la salud de la población. Uno de los más duros fue Ibáñez, quien adjudicó esas fallas a “la cadena de errores que emanan de las etapas iniciales del proceso de evaluación, al estar mal determinada el área de influencia y la línea base” y a la “arbitrariedad de la empresa” al excluir totalmente a las zonas de conservación y protección ecológica de su área de influencia, siendo que hay informes que ratifican su impacto sobre esas áreas.

Los informes, en todo caso, no son vinculantes y los ministros pueden decidir algo distinto de quienes ya votaron. Pero otro factor que podría influir es el fuerte lobby que ha implementado la empresa a cargo de Dominga desde que el proyecto se puso en carpeta, y que sólo en los últimos dos años ya registra 23 reuniones con diferentes autoridades. Tras el rechazo sólo figuran en los registros públicos dos reuniones para hacer lobby: una con el senador Jorge Pizarro (DC) en abril, y otra en junio con el director regional del Sernageomin. Lo extraño es que para su última ofensiva, Andes Iron contrató los servicios de Azerta, de Cristina Bitar, una de las mayores y más importantes empresas de lobby y comunicación estratégica del país. Desde entonces que no aparecen en ningún registro público.

Las reuniones que no aparecen en el registro de lobby

“A mediados del año 2010, los ejecutivos de Minera Activa me solicitaron una reunión para hablar de los diferentes mercados de capitales mineros”, dijo Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería de Piñera, al fiscal Guerra. La reunión se concretó, pero Wagner omitió en su declaración que el FIP Mediterráneo, de la familia Piñera Morel, todavía tenía intereses con Minera Activa, los cuales recién desaparecerían en diciembre de ese año, cuando se produjo la venta a Délano. Guerra, en todo caso, tampoco le preguntó sobre la relación de Piñera con esa sociedad.

“Con posterioridad, durante ese mismo año, los accionistas de la familia Délano, en una reunión muy escueta ya que esta era más bien de corte protocolar, me hablaron del interés de éstos por comprar a Minera Activa una proyecto minero de hierro en la IV Región, desconociendo mayores detalles al respecto. Con el pasar del tiempo y con las noticias que salían a la luz pública, pude asociar la denominación ‘Dominga’ al proyecto que habían mencionado los accionistas de la familia Délano”, agregó Wagner.

La declaración de Wagner es clave para entender los intereses cruzados en este proyecto minero mientras el FIP Mediterráneo aún tenía un tercio de las acciones de Dominga y Piñera se desempeñaba como Presidente. Esas dos reuniones no están bajo ningún registro de lobby y sólo se conocen porque Wagner se vio obligado a revelaras ante la fiscalía.

A fines de 2014 fue cuando el lobby comenzó a ser medido a propósito de la entrada en vigencia de la ley que regula esa actividad. Y fue en mayo de 2015 cuando Dominga comenzó su despliegue de relaciones públicas ante el gobierno y otras autoridades, el cual recién se detuvo el mes pasado y totalizó 23 reuniones privadas.

Todas esas citas han sido encabezadas por Iván Garrido, el ideólogo de Dominga. Pero no ha ido sólo. Junto a él han participado asesores comunicacionales y legales, como Gabriel Witt, Mauricio Campusano, Javier Vergara, Marcela Alday, Alejandro Contreras, Fernando Valenzuela, Patricio Leyton, Marcelo Olivares y Francisco Villalón, el ex asesor del gobierno y militante de la Democracia Cristiana (DC).

Garrido fue recibido tres veces por dos ministros y otras 19 por subsecretarios y jefes de servicio. La mayor parte de esas reuniones fueron catalogadas como presentación del proyecto Dominga, aunque en otras se habló sobre la tramitación ambiental. En ninguna de esas reuniones aparecen funcionarios de Azerta, pese a ser una agencia de lobby contratada por Dominga.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2017/08/21/minera-dominga-el-lobby-los-vacios-ambientales-y-los-nexos-con-pinera-sin-investigar.shtml