Chile

El oro del río Huasco: canadiense Barrick cierra arbitraje con pago de 20M$

La minera canadiense Barrick Gold Corporation tendrá que asumir el pago de 20 millones de dólares a la comunidad de regantes de la cuenca del Río Huasco, en Chile, como acuerdo en el arbitraje por el proyecto minero Pascua Lama que ambas partes mantenían desde 2016.

Aunque, la minera se encuentra cerrada desde 2013 por una orden de la Superintendencia de Medioambiente, ratificada por la Corte de Copiapó, las localidades cercanas denuncian la contaminación presente en ríos y suelos.

La comunidad de regantes recibirá 6 millones de dólares desde la suscripción del acuerdo y en un plazo de 15 días; a esa cantidad se sumarán más de 14 millones de dólares en nueve cuotas anuales. Cantidad a la que se agregarían cerca de 15 millones de dólares en el caso de que se reanude el proyecto, según la “Propuesta de conciliación”. Las comunidades locales apelan desde hace más de 15 años por el cierre definitivo de la mina.

Inicio del arbitraje
La Junta de Vigilancia de la Cuenca del Río Huasco inició en febrero de 2016 el arbitraje ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago), donde demandaba el incumplimiento de las aportaciones anuales de tres millones de dólares de Barrick -titular de Pascua Lama- al Fondo de Compensación Ambiental, tras la suspensión temporal del proyecto. En 2013 fue suspendida la actividad en la mina por la Superintendencia de Medio Ambiente.

Las comunidades locales apelan desde hace más de 15 años por el cierre definitivo de la mina.

La Junta de Vigilancia recurrio exitosamente, en marzo de este año, la resolución emitida por el Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), la cual autorizaba el Plan de Cierre Temporal Parcial del Proyecto Pascua Lama de agosto de 2015. El pasado 30 de agosto de 2017 ratificó el Plan de Cierre Temporal y Parcial de Pascua-Lama hasta agosto 2019.

La autorización del Plan de Cierre era el principal argumento expuesto por la Compañía Minera Nevada, filial chilena de Barrick, para suspender los pagos al Fondo de Compensación Ambiental. Estos pagos le permiten a la Junta de Vigilancia cumplir con diferentes obligaciones entre las que está el pago a proveedores.

La amenaza ambiental del proyecto de Barrick
Las acusaciones de contaminación ambiental y amenaza para la vida en el Valle del Río Huasco han acompañado al proyecto de minería de la canadiense y salpicado al Gobierno chileno, incluso acusándolo de elevar los “límites autorizados de metales pesados en el río” para permitir la viabilización del proyecto (ver comunicado de la Junta de Vigilancia del Río Huasco de julio de 2017).

Aunque, la minera se encuentra cerrada desde 2013 por una orden de la Superintendencia de Medioambiente, ratificada por la Corte de Copiapó, las localidades cercanas denuncian la contaminación presente en ríos y suelos.

Entre otros, se acusa a la minera de operar sin respetar la medidas debidas en relación con la gestión medioambiental.

El proyecto minero Pascua-Lama
Pascua Lama es un proyecto de desarrollo minero de explotación a cielo abierto de un yacimiento de minerales oro, plata y cobre. El yacimiento se ubica en la Cordillera de Los Andes, sobre el límite internacional chileno-argentino, unos 150 kilómetros al suroriente de la ciudad de Vallenar, en la Comuna de Alto del Carmen, Provincia de Huasco, III Región (Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales).

Fuente:http://ciarglobal.com/el-oro-del-rio-huasco-canadiense-barrick-cierra-arbitraje-con-pago-de-20m/

Chile

Barrick pagará US$20 millones a regantes para cerrar arbitraje

La minera canadiense Barrick cerrará uno de los flancos que mantenía su proyecto Pascua-Lama. Esto, tras alcanzar un acuerdo con la Junta de Vigilancia del Río Huasco, con la que estaba enfrentado en un proceso de arbitraje iniciado en 2016.

La asociación interpuso el recurso, puesto que tras la aprobación de la suspensión temporal de Pascua-Lama, Barrick cortó el pago de US$ 60 millones en 20 años (US$ 3 millones anuales) que acordaron las partes en 2005. Lo anterior, en el marco del Protocolo de Compensación Ambiental que regula la entrega de fondos para proyectos que beneficien a los regantes de la cuenca del Huasco.

Luego de varios desencuentros, hace algunos días las partes alcanzaron un acuerdo que implicó un desembolso relevante por parte de la canadiense.

Según la propuesta -que fue aprobada por los socios de la junta el sábado pasado-, Barrick comprometió un pago de US$ 6 millones en un plazo de 15 días, tras la suscripción del acuerdo, a lo que se suman US$ 14,1 millones que serán entregados en nueve cuotas anuales.

Los desembolsos, que suman US$ 20,1 millones, serán a todo evento, independiente de si el proyecto minero binacional supera sus trabas y comienza a operar o no. “El pago contemplado en este número será a todo evento, independiente del estado del proyecto Pascua-Lama, sus modificaciones y nuevos desarrollos”, se lee en el documento. Para obtener estos pagos, la junta de vigilancia acordó desistir de todas las acciones legales en contra de Pascua-Lama. “Estas acciones incluyen las ejercidas en este arbitraje así como todas las denuncias, recursos, acciones o solicitudes promovidas por la Junta de Vigilancia o en las que esta se haya hecho parte, sea en instancias judiciales o administrativas”, se indica.

En el evento de que el proyecto minero entre en operación, el aporte aumentaría en US$ 14,8 millones, pagaderos en cinco cuotas anuales.

El presidente de la Junta, Nicolás del Río, valoró el convenio y destacó que gran parte de sus solicitudes fueron recogidas en el documento. El organismo fue representado en el arbitraje por el abogado Cristián Gandarillas, del estudio Gandarillas, Montt, Del Río & Krause.

Desde Barrick también valoraron el acuerdo y mostraron su satisfacción por el cierre del arbitraje. “La votación de la Asamblea de Regantes de la Junta de Vigilancia del Río Huasco que ratificó la decisión unánime de su directorio es una demostración del esfuerzo de ambas partes por llegar a un acuerdo”, dijo el director ejecutivo de Barrick Chile, René Muga.

El cierre temporal de Pascua-Lama está autorizado hasta septiembre de 2019.

Fuente:http://www.mch.cl/2017/10/04/barrick-pagara-us20-millones-regantes-cerrar-arbitraje/

Chile

“Un avasallamiento mediático”

Referentes de pueblos originarios, académicos y periodistas alertaron sobre los discursos discriminatorios y estigmatizantes expresados desde los medios hegemónicos de comunicación respecto de la comunidad mapuche, en el marco del caso Maldonado.

“Ayer salvajes, hoy nos dicen terroristas. Siempre justificando su violencia con mentiras”, canta el grupo de rock mapuche Puel Kona y resume el sentir de comunidades indígenas, periodistas y académicos sobre la campaña mediática contra el pueblo mapuche. Cuestionaron a diarios, radios y canales porteños por su posturas “racistas” y que estigmatizan a los pueblos indígenas. El fondo de la represión y su justificación mediática: el extractivismo (minero, petrolero, forestal, hidroeléctrico) que intenta avanzar sobre la Patagonia.

“Violencia, anarquía y apoyo externo. Grupos mapuches que tienen en vilo a Chile y Argentina” (Infobae). “Denuncian vínculos de grupos mapuches con las FARC” (Perfil). “Facundo Jones Huala, el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina” (Clarín). “Violencia mapuche en Chubut” (La Nación). Sólo algunos ejemplos de artículos publicados por diarios y portales porteños. Radios y canales de televisión tuvieron abordajes similares, donde nunca se mencionan los derechos vigentes de los pueblos indígenas y siempre se los acusa de violencia.

Ailín Pirén es werken (vocera) del Lof Puel Pvjv, de la Confederación Mapuche de Neuquén. Afirmó que es un momento de “gran preocupación por la represión y negación de derechos del Estado, pero también por el avasallamiento mediático” que legitima la avanzada contra los indígenas. “Es una práctica permanente de los medios de comunicación, en sintonía con el poder económico y político, contra los mapuches, pero ahora han redoblado una campaña de estigmatización y racismo”, afirmó la vocera.

Remarcó que se trata de una política de negación de derechos desde el Estado y que busca quedarse con los territorios indígenas. A modo de ejemplo, su comunidad, Lof Puel Pvjv, sufre la embestida del poder político (negación de personería jurídica) y del poder judicial (que ordena el desalojo por no contar con esa personería jurídica).

Ignacio Prafil es vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro y fue tajante: “Respetamos a los periodistas que nos respetan. Y en los grandes medios no hay muchos que respetemos”. Afirmó que a la mayor parte de la prensa comercial de la Patagonia y Buenos Aires le molesta el indígena que lucha, y en los últimos años “se hizo muy evidente el discurso racista y al mismo tiempo servil al poder económico y político”. También cuestionó que los periodistas escriben sin conocer la realidad de los territorios.

Entre los tópicos más comunes de los medios sobresale la supuesta chilenidad del pueblo mapuche. Desde hace décadas, distintas organizaciones indígenas aclaran que se trata de un pueblo preexistente a la conformación de los Estados nación. Y, de forma periódica, la academia intenta explicar lo ya sabido: “Los mapuches no son araucanos de origen chileno y no exterminaron a los tehuelches. Los mapuches no son ‘indios chilenos’, sino pueblos preexistentes. Esto significa que vivían en estos territorios antes de que existieran los Estados”, precisaron una veintena de investigadores del Conicet en enero pasado.

Prafil destacó que lo prioritario es la aparición con vida de Santiago Maldonado. Aclaró que decenas de comunidades mapuches tomaron distancia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y apuntó al fondo de la represión y la campaña mediática: “El Presidente, sus ministros y empresas amigas quieren nuestros territorios. Pero que sepan que la lucha va a seguir, responderemos con más organización indígena”.

Adrián Moyano es periodista de Bariloche, licenciado en Ciencias Políticas y autor de tres libros de historia mapuche. “La mayoría de los medios evidencian un gran desconocimiento sobre las formas de organización mapuche y sobre la historia. Son un pueblo originario, no pudieron venir de Chile porque algunos grupos pertenecientes a la gran cultura mapuche ya estaban en la actual jurisdicción argentina”, explicó. Afirmó que en los medios masivos de la Patagonia es recurrente el tratamiento racista de la lucha mapuche, pero sí es novedad una cobertura similar (y sostenida durante semanas) de los diarios porteños.

Moyano alertó que la campaña mediática antimapuche responde a que “se avecina una profundización del modelo extractivista, de la mano de la ‘lluvia de inversiones’ a la que apuesta el actual gobierno nacional”. Citó el ejemplo con la reactivación del proyecto hidroeléctrico La Elena (sobre el río Corcovado, para abastecer a la industria del aluminio). “Si los medios logran instalar el concepto de ‘enemigo interno’ en relación con el pueblo mapuche, es obvio que probables situaciones de represión serán toleradas o inclusive avaladas por el conjunto de la opinión pública”, advirtió Moyano.

Recordó que en la Patagonia viven más de 260 comunidades mapuches y no le parece inocente que por el accionar de una organización (RAM) se intente cuestionar a todo el pueblo mapuche.

La vocera Ailín Pirén, de Neuquén, aclaró que la política represiva (tanto del Estado como de los medios de comunicación) “no comienza ahora, lo hicieron todos los gobiernos” y recordó que el Estado argentino “tiene una deuda histórica” con los pueblos indígenas (por el genocidio cometido).

Por contraposición al accionar de los medios masivos, Pirén destacó el rol de los medios comunitarios, alternativos, cooperativos: “Son periodistas a los que les interesa escuchar nuestra voz, aún quizá sin estar de acuerdo. Son medios comprometidos con la verdad y la justicia, no con los negocios del poder”.

En Chubut, ocho comunidades mapuche-tehuelche se congregaron para analizar y expedirse sobre la situación local. Exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado, repudiaron el accionar represivo del Estado y también apuntaron al rol de los medios de comunicación: “Nunca convalidaremos el silenciamiento, la desinformación, la negligencia, el miedo, el agravio a la vida, las mentiras”.

Fuente:https://www.pagina12.com.ar/65228-un-avasallamiento-mediatico

Chile

Juan Claro, Julio Ponce y Pascua Lama, algunos de los casos más polémicos que esperan decisiones clave del Tribunal Ambiental

Los asesores de Dominga ponen sus fichas en que el recién creado tribunal de Antofagasta dé cabida a sus quejas por un proceso mal hecho. A la instancia llegará poco después la nueva multa a Pascua Lama, que superó en primera instancia los 16 millones de dólares. En Santiago, abogados de SQM se defenderán de una millonaria sanción y Canelo, la central del empresario Juan Claro, espera su resolución, a fin de ver si podrá pasarle por entremedio a un convento de carmelitas (ACTUALIZADA y ACLARADA).

Más de tres años de retraso tuvo la creación del Tribunal Ambiental de Antofagasta. El organismo es clave para regular los asuntos que afectan a las regiones mineras del país, pues tendrá potestad en los reclamos sobre faltas al medio ambiente en proyectos hasta la Cuarta Región.

Su creación no se habría ajustado a los tiempos que tenía en mente el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, ello porque el secretario de Estado habría preferido litigar en Santiago. La lectura oficialista es que casi 9 de 10 fallos presentados ante el organismo en el pasado han sido ratificados a favor de su postura. Estadísticas más, estadísticas menos, lo cierto es que ahora el trabajo se dividirá en dos jurisdicciones, que tendrán frente a sus estrados a caras conocidas del país y casos que generan impacto en la opinión pública.

Las discusiones aterrizan en la instancia que no está libre de críticas. El Tribunal de Santiago ya fue llamado a terreno (a inicios de 2017) por su supervisor director, la Corte Suprema. El máximo tribunal le llamó la atención por los excesivos tiempos de tramitación de sus decisiones.

La apoliticidad del organismo también se ha puesto en la palestra. En el recién creado tribunal del norte su presidente tiene un pasado de vínculos políticos con la DC y RN. En Santiago en tanto, mediante presentaciones a Contraloría, fueron criticadas algunas designaciones. La Fundación Terram acudió al organismo acusando la cercanía entre el ministro Alejandro Ruiz y el ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier (DC). El Comité de Defensa de la Patagonia, en tanto, señaló que Ruiz tenía relaciones que hacían poco parcial la evaluación de algunos de sus casos. Contraloría dijo que el nombramiento se ajustaba a la probidad.

Con todo, algunos litigantes observan que existe una influencia política en los tribunales, tomando en consideración que las ternas son presentadas por la Presidencia de la República y ratificadas por el Senado. “Sumémosle que después todos estos casos terminan en la Tercera de la Sala de la Corte Suprema, donde es ministro integrante el juez Sergio Muñoz. Es una Sala que mostró resistencia en primera instancia a darle espacio al Tribunal Ambiental, pero que con el tiempo ha validado su quehacer. Hay casos que se han presentado e incluso han terminado peor después de la Suprema, con multas mucho más altas”, dice un jurista de la plaza.

Abogados cercanos a la Corte agregan que, de todos modos, Muñoz hoy no tiene mayoría en la Tercera Sala, tras los cambios de jueces que se han realizado.

Los empresarios y el señor juez

Con esas consideraciones a la mano, no solo los abogados de Dominga deberán desfilar ante el Tribunal Ambiental. Otros importantes empresarios cruzan también los dedos para que sus proyectos salgan lo más ilesos posible de la instancia.

En la puerta del horno está el fallo que podría darle viabilidad a la central que planea construir el empresario Juan Claro en San José de Maipo. A través de eléctrica Coyanco y luego de meses de litigio, espera zanjar sus diferencias con sus principales opositoras, las hermanas del convento Carmelitas Descalzas.

Las monjas han hecho de todo por detener el proyecto, hasta rompieron el claustro cuando en febrero llegaron a protestar –por medio de rezos– a la audiencia pública del Tribunal Ambiental. No es todo, pese a que se esperan novedades hace varias semanas, efectuaron una última movida hace solo unos días, con miras a que el empresario no pueda construir la central, que tendrá parte de su servidumbre en los terrenos del convento. Presentaron un escrito de más de 80 páginas, realizado por el sacerdote Francisco Astaburuaga Ossa, doctor en Derecho Canónico, quien señaló que “es de competencia de la autoridad eclesiástica y no civil” autorizar cualquier cambio en el convento. En resumen, plantean que hay que pedirle permiso al Papa.

No es el único apellido de peso que alega sus intereses en la instancia. Recién iniciando la batalla, los abogados de SQM, firma controlada por el empresario Julio Ponce, ingresaron el 20 de julio una reclamación en contra de una millonaria multa que les cursó la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por su proyecto Pampa Hermosa, una iniciativa que hace rato saca chispas en materia medioambiental.

Ubicada en las cercanías del Salar de Llamara, la planta de yodo y nitratos fue sancionada por una serie de incumplimientos medioambientales. Algunas faltas fueron consideradas gravísimas y les pasaron una boleta por 25.000 UTA (sobre US$ 20 millones). Además de ser una de las multas más altas de la historia cursada por la SMA, en el peor de los casos, la empresa arriesgaría al cierre de su operación. La pelea tiene para largo.

Otro de los casos que tendrá atenta a la opinión pública será el nuevo proceso sancionatorio contra Pascua Lama.

Es un caso de larga data, pero que debería tener avances significativos en lo que queda del año. En 2014, el Tribunal Ambiental ordenó a la Superintendencia de Medio Ambiente rehacer todas las sanciones que le había imputado y que sumaban unos US$ 16 millones. En palabras sencillas, la superintendencia consolidó algunas faltas, pero el tribunal le ordenó desagregar cada una de las sanciones, con lo que la multa se elevaría significativamente.

Respecto a Pascua Lama, persiste la duda sobre si el caso será revisado en la instancia de Antofagasta –el tribunal donde por ubicación geográfica le correspondería litigar– o de Santiago, el cual podría reclamar que, como revisó el caso en el pasado, quiere darle seguimiento.

La estrategia de Dominga

La pelea más álgida en el recién creado Tribunal Ambiental de Antofagasta vendrá de la mano de Dominga. Cercanos al proceso explican que la contundencia del fallo que defina el futuro del proyecto de Andes Iron será clave para “leer la mano” de los jueces del organismo. Según la estrategia de sus asesores, la base de los alegatos no estará en argumentos a favor o en contra de su sustentabilidad ambiental, sino en mayor porcentaje en razones técnicas del debido proceso.

“El proceso abiertamente parece tan irregular y tan parcial que esta será netamente una pelea por el debido procedimiento. Es decir, del total de la discusión, dos tercios van a dirigirse a lo político-técnico y un tercio a argumentos técnicos del proyecto. La influencia de los órganos políticos en la discusión parece tan evidente, que desvía la discusión de los argumentos de las supuestas faltas medioambientales”, señala un conocedor.

Con todo, los casos que serán prontamente fallados y revisados por los tribunales ambientales revelarán qué tanta contundencia tienen sus decisiones y si estas les ponen un freno a aquellos proyectos que abiertamente se han pasado de la raya ambiental.

Fuente: http://www.ecosistemas.cl/2017/09/13/juan-claro-julio-ponce-y-pascua-lama-algunos-de-los-casos-mas-polemicos-que-esperan-decisiones-clave-del-tribunal-ambiental/

Chile

Organizaciones exigen renuncia de ministro Rodríguez: “Su objetivo será patrocinar proyectos irresponsables como Alto Maipo o Dominga”

Agrupaciones aseguran que el nuevo encargado de la cartera de Economía es “hombre de confianza de empresas privadas transnacionales y nacionales, e impulsor de proyectos nocivos”.

Durante la jornada de este jueves, las organizaciones ciudadanas Coordinadora No Alto Maipo y el movimiento Chao Pescao – Salvemos La Higuera han exigido la renuncia inmediata del recién asumido ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, por considerar que “este cargo público no puede ser desempeñado por una persona incompatible con los intereses de la nación y su bien común”.

Las agrupaciones argumentan que junto con ser “un conocido político democratacristiano, neoliberal y pro empresariado”, el secretario de Estado es un “hombre de confianza de empresas privadas transnacionales y nacionales, e impulsor de proyectos nocivos, que llega al gobierno para destrabar inversiones desde la práctica de la ‘silla giratoria’ con el consiguiente tráfico de influencias y desacato a las decisiones institucionales”.

 No Alto Maipo y Chao Pescao destacan que como triministro de Economía, Energía y Minería durante el gobierno de Ricardo Lagos, Rodríguez se relacionó con el megaproyecto Alumysa, una planta procesadora de aluminio que pretendía instalarse en Aysén y que contemplaba la construcción de un puerto y tres centrales hidroeléctricas. Junto con ello, recuerdan que en 1997 asumió la gerencia general de la empresa eléctrica Guacolda, de AES Gener, luego de lo cual integró su directorio. Finalmente, añaden, en abril de 2014 se integró a la dirección de Alto Maipo, del mismo grupo. Actualmente, concluyen, formaba parte de los directorios de British American Tobacco Chile y Australis Seafoods.
Las organizaciones medioambientales se refieren también a las declaraciones realizadas por Rodríguez Grossi en entrevista con El Mercurio tres días después de haber sido nombrado en el ministerio de Economía, en el marco del cambio de gabinete que sacó a Rodrigo Valdés de Hacienda por sus diferencias con la presidenta Bachelet por el proyecto Dominga. Rodríguez puso en duda que la decisión del Consejo de Ministros que había rechazado la iniciativa minera fuera la última palabra en este conflicto. “No conozco el proyecto Dominga. Sin duda, habría querido que esto hubiese sido un poco más fácil y ojalá hubiese habido inversión . Todavía puede hacerse; nadie ha matado el proyecto, y podría llevarse a cabo”, señaló el ex presidente del BancoEstado.

En ese sentido, No Alto Maipo y Chao Pescao sostienen que los dichos de Rodríguez Grossi “no son sólo irresponsables, sino que además de irrespetar la institucionalidad ambiental, representan un peligro para el desarrollo y el crecimiento sustentable de Chile, de acuerdo con los estándares éticos y el bien común que deben anteponerse ante el privilegio económico de unos pocos”. Del mismo modo -agregan- “no dudamos en que su objetivo será patrocinar proyectos irresponsables como la Hidroeléctrica Alto Maipo o Dominga en diferentes diseños”. Es por ello que -concluyen- “reiteramos la solicitud de su renuncia inmediata y el fin del tráfico de influencias y la corrupción público-privada”.

“Usará su cargo para el lobby empresarial y extractivista”

Quienes también critican el  nombramiento del nuevo ministro de Economía son los miembros de la Red Metropolitana No Alto Maipo, organización que en el documento Dime quién gobierna y te diré quién contamina: Prontuario de Jorge Rodríguez Grossi rechaza de forma categórica esta designación. Lo anterior -argumentan- “por ser totalmente incompatible con su ‘prontuario’, tanto como académico, político y como empresario, toda vez que es una nítida muestra de lo que denominamos como puerta giratoria entre el mundo privado y el público a favor de la profundización del extractivismo”.

Al igual que las otras agrupaciones, la Red destaca que durante su periodo como triministro de Lagos, “Chile y sus territorios fue sometido a una fuerte presión para destrabar proyectos industriales y con ello reactivar la macro economía, en lo que se denominó la Agenda Pro Crecimiento”. En ese sentido, añaden que “hoy sabemos de la existencia de fuertes vínculos con AES Gener y, por ende, sospechamos que el proyecto Alto Maipo será favorecido con su designación”, considerando -apuntan- que la iniciativa “está en su peor momento”.“En el proceso de Evaluación Ambiental del proyecto hidroeléctrico Rodríguez Grossi estaba a la cabeza de Aes Gener y era el presidente ejecutivo de Alto Maipo. Casualmente, uno de los servicios del Estado que omitió pronunciarse fue el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) que no se pronunció respecto al túnel que el proyecto necesita hacer bajo los glaciares San Francisco y El Morado. Quien encabezaba el Sernageomin en esos momentos era Alejandro Vio Grossi, primo hermano de Jorge”, cuestiona la agrupación.

Junto con ello, se critica que durante la administración Lagos impulsara la utilización del Pet Coke, “un residuo del proceso de refinación del petróleo que se utiliza para generar energía eléctrica y que está prohibido en otros países pues emana dióxido de azufre, níquel y vanadio entre otros compuestos que, liberados a la atmósfera en altas concentraciones son altamente dañinos para la salud, especialmente en los grupos etáreos más vulnerables como los niños y los ancianos”, explican.

Respecto al apoyo del secretario de Estado al proyecto Dominga, la Red Metropolitana Alto Maipo declara que “vemos con peligrosa claridad para dónde se inclinará la balanza en lo que queda del mandato de Bachelet con este nuevo flamante ministro de Economía en lo que respecta a la discusión entre desarrollo y protección del medioambiente”.

 Por último, la agrupación concluye que Rodríguez Grossi “usará su cargo para el lobby empresarial y extractivista, y que atentará gravemente contra los derechos humanos, como es el vivir en un ambiente libre de contaminación”, escenario en donde -aseguran- “uno de los eventuales beneficiados será el nefasto proyecto Alto Maipo”.
Fuente: http://www.ecosistemas.cl/2017/09/07/organizaciones-exigen-renuncia-de-ministro-rodriguez-su-objetivo-sera-patrocinar-proyectos-irresponsables-como-alto-maipo-o-dominga/
Argentina, Chile

Los gobiernos de Argentina y Chile más cerca de las empresas mineras que de los pueblos

Pese a la oposición de las comunidades, las empresas mineras que aspiran a desarrollar proyectos en el área cordillerana ratificaron hoy a las autoridades de Argentina y Chile el interés en avanzar en ellos según las condiciones jurídicas y ambientales dispuestas por ambos países y del Tratado sobre Integración y Complementación Minera que fue suscripto en el año 1997, un eufemismo para no hablar de la profundización del modelo extractivista altamente repudiado por los pueblos. La ratificación fue transmitida por las compañías mineras durante el plenario de trabajo del tercer Encuentro Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas que se realizó en la ciudad de Viña del Mar, en el que participó el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

“Creemos que esta área fronteriza será un lugar de competitividad común y de desarrollo futuro conjunto, porque tenemos una columna vertebral llena de recursos minerales y naturales que ambos países necesitan cuidar, y eso significa trabajar juntos, no hay otro camino”, dijo el secretario de Minería argentino, Daniel Meilán, en la reunión del tratado binacional que se realizó en la sede de la Comisión Chilena del Cobre.

En el encuentro, del que también participó el subsecretario de Política Minera, Juan Biset, se mantuvieron sucesivas reuniones con los directivos de las empresas con proyectos vigentes en el área cordillerana, las cuales pusieron al día a los funcionarios sobre sus perspectivas para el desarrollo de las inversiones y las alternativas que enfrentan a uno y otro lado de la frontera.

Así, se presentaron las autoridades de los proyectos Pascua Lama de Barrick Gold; Constelación de NGEx Resources; Filo del Sol de Filo Mining; Los Pelambres, de Antofagasta Minerals y El Pachón de Glencore; Vicuña también de NGEx Resources y Pan Pacific Copper y Los Azules de McEwen Mining.

Meilán también participó hoy junto a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams, y al viceministro de Minas de Perú, Ricardo Labó, en la exposición Metal Bulletin donde se expuso acerca de la actualidad del sector y los desafíos que enfrenta en cada país de la región.

Allí, Meilán explicó que en la Argentina “existen 32 proyectos en factibilidad” y destacó el Acuerdo Federal Minero, sobre el que señaló que “es un mandato constitucional de cómo hacer una política minera en un país en el que los recursos naturales, minerales, pertenecen a las provincias”.

“Con esto se logra una base homogénea de distintos aspectos de la actividad que sea común a las 23 jurisdicciones, respetando las diferencias y las necesidades de cada una de ellos”, agregó al también abordar la minería del futuro, respecto de la cual indicó que las nuevas tecnologías, principalmente las energéticas, requerirán de mayor disponibilidad de insumos minerales, entre otros.

La visita de los funcionarios argentinos se dio en momentos en que aún se registraban repercusiones por el rechazo del gobierno de Michelle Bachelet del proyecto minero Dominga, lo que generó la disidencia y la renuncia de dos de sus ministros del área económica que defendieron el emprendimiento de concentrados de hierro y de cobre en la región de Coquimbo, valorado en 2.500 millones de dólares.

Funcionarios de la cartera energética admitieron en diálogo con Télam que si bien no fue el contexto ideal para los encuentros, se pudo ratificar el interés de ambos gobiernos por “poner en movimiento” los proyectos de carácter binacional mediante políticas y decisiones de complementación e integración.

“Compartimos la preocupación y la necesidad de generar entre los dos países un modo de abordar las políticas públicas para el sector minero que las separe de la coyuntura electoral inmediata”, enfatizó la fuente al resaltar “la búsqueda de una institucionalidad que permita reconocer a la región por presentar un esquema común”.

El Tratado sobre Integración y Complementación, que cumplirá 20 años en diciembre, constituye un marco jurídico para el negocio minero y tiene por objeto permitir a los inversores de cada una de las partes participar en el desarrollo de la integración, con amplias áreas de aplicación delimitadas a ambos lados de la Cordillera.

En el Acuerdo, uno de los puntos relevantes es el referido a la facilitación fronteriza, para lo cual los países se comprometen a realizar acciones de coordinación de modo de fomentar el desarrollo del negocio minero, el acceso y salida de las áreas de operaciones desde ambos territorios y permitir el uso de toda clase de recursos naturales, insumos e infraestructura sin discriminación de nacionalidad.

También se especifica que las prohibiciones y restricciones vigentes en las legislaciones de cada parte, referidas a la adquisición de la propiedad, el ejercicio de la posesión o mera tenencia o la constitución de derechos reales sobre bienes raíces, o derechos mineros, establecidas en razón de la calidad de extranjero y de nacional chileno o argentino, no serán aplicables a los negocios mineros regidos por el Tratado.

 

Fuente: http://noalamina.org/argentina/item/37693-los-gobiernos-de-argentina-y-chile-mas-cerca-de-las-empresas-mineras-que-de-los-pueblos

Chile

Comité de Ministros incorpora aspectos medioambientales al proyecto minero Cerro Casale

El comité de ministros encabezado por el titular del Medio Ambiente, Marcelo Mena, en conjunto con las carteras de Economía, Minería y Energía revisó hoy el proyecto “Optimización Proyecto Minero Cerro Casale”.

Esto tras la determinación del Tribunal Ambiental de Santiago que ordenó en junio pasado dictar al comité una nueva resolución al respecto que justifique de manera más óptima la operación del proyecto y su impacto en el acuífero Piedra Pómez.

En la reunión, los asistentes al comité de ministros acordaron complementar la fundamentación de la aplicación de la regla de operación. Además aclararon que la actualización del modelo hidrogeológico deberá considerar, entre otras cosas, la recarga, consideraciones hidrogeológicas y volumen almacenado.

Lo anteriormente mencionado, podrá dar lugar a un nuevo modelo conceptual y numérico que deberá cumplir los requerimientos establecidos en la Ley de Bases del Medio Ambiente.

El proyecto minero Cerro Casale fue aprobado el año 2013 por la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, mientras que en 2015 el Comité de Ministros determinó su aprobación con condiciones tras revisar siete recursos de reclamación de particulares y organizaciones de la zona donde se ubica el proyecto.

Las condiciones exigidas por el Comité fueron reclamadas frente al Tribunal Ambiental de Santiago, lo que motivó el pronunciamiento de este.

Fuente:http://www.t13.cl/noticia/negocios/comite-ministros-incorpora-aspectos-medioambientales-al-proyecto-minero-cerro-casale

Chile

Evaluación socioambiental de los proyectos mineros: el desafío que viene

El sector minero fue pionero en Chile en establecer un sistema de evaluación ambiental de sus proyectos. En 1992, dos años antes de la promulgación de la ley de bases del medio ambiente y cinco años antes de la publicación del primer reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), el Sector Minero, en acuerdo con el Ministerio de Minería, decidió someter a todos sus nuevos proyectos a un proceso de Evaluación Ambiental, motivado por la necesidad de presentar garantías de viabilidad ambiental y social de estos proyectos para obtener el financiamiento por parte de instituciones financieras adscritas al International Financial Council (IFC).

La sociedad ha tomado el rol de un actor cada vez más activo en el proceso de toma de decisión respecto a la aprobación y ejecución de proyectos de desarrollo productivo en general y minero en particular. El avance de las comunicaciones y las redes sociales hacen que sea ahora más fácil organizarse y coordinar acciones que permitan manifestar inquietud y/o rechazo por parte de la comunidad. Al menos en este ámbito, la sociedad es políticamente activa y esa actividad, lejos de disminuir, se incrementa día a día. Hoy, con el rechazo del Proyecto Dominga, precedido por el rechazo a varios otros proyectos mineros por parte de las instituciones a cargo del SEIA, cabe preguntarse si la institucionalidad asociada a la aprobación de proyectos está preparada para este nuevo escenario en que ya no basta con cumplir con una lista de requerimientos técnicos en el contexto de la normativa legal para que un proyecto llegue a ser ejecutado, o si es necesario revisar dicha normativa a fin de incorporar apropiadamente el componente social (activo),

además de las exigencias ambientales y políticas. ¿O se trata acaso de dificultades que surgen como consecuencia de proyectos mal diseñados, no sustentables o mal presentados?

El Sistema de Evaluación Ambiental pretende asegurar y garantizar la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos, previo a su desarrollo. Para ello, el titular del proyecto debe presentar los estudios pertinentes que permitan asegurar o demostrar que el proyecto va a cumplir con todas las normas y exigencias ambientales vigentes. Los titulares de los proyectos confían en que un estudio bien hecho es garantía de una resolución ambiental favorable. Pero, en la práctica, esto no está ocurriendo. El SEIA no es un instrumento de optimización que busque la mejor solución desde un punto de vista ambiental y social, ni menos un instrumento de ordenamiento territorial. Este último punto es importante en el contexto actual de Chile donde existen importantes vacíos que salen a la luz durante el proceso de evaluación ambiental. Muchos consideran que diversas actividades son inaceptables e incompatibles con recursos ambientales, culturales y sociales en algunas zonas del país, sin que exista una declaración explícita de ello, respaldada por estudios multidisciplinarios y por un consenso político y social. Una definición y delimitación muy clara de zonas de exclusión y de las actividades consideradas compatibles en las diferentes regiones del territorio nacional sería de gran ayuda.Eso es el objeto del ordenamiento territorial, respaldada por la Evaluación Ambiental Estratégica, hoy en mano de los municipios y de las regiones pero que sin lugar a dudas está en déficit y muy atrasada. Al final de los años 90, SERNAGEOMIN impulsó un interesante programa piloto de cartografía temática, con registros de las zonas de riesgos geológicos y ambientales

y que derivó en la publicación de mapas que deberían servir de base a la planificación territorial pero que, lamentablemente, son desconocidos para muchos de los actores. Es fundamental avanzar en este proceso de planificación estratégica para sentar las bases de un modelo o sistema de ordenamiento territorial que efectivamente sirvan de pauta y de marco para la evaluación ambiental de cada proyecto específico, y no forzar el SEIA a cumplir un papel que no le corresponde.

Por otra lado, existe sin dudas errores en la forma como las empresas mineras siguen abordando el proceso de evaluación ambiental y social de sus proyectos. No se trata, una vez definido y diseñado el proyecto, de contratar a una empresa consultora y asesores especializados para tratar de demostrar que el proyecto es ambientalmente y socialmente aceptable, ni una ONG que les haga el «relacionamiento comunitario» o les sugiera acciones de «buena

vecindad». Es indispensable entender la evaluación ambiental y social como un instrumento preventivo e incorporar estas dos dimensiones en el diseño mismo del proyecto, desde una etapa muy inicial. Un proyecto sustentable, ambientalmente y socialmente exitoso, es un proyecto que busca optimizar todas sus componentes desde el punto vista ambiental y social, lo cual supone ir mucho más allá de las exigencias legales, y de las instancias formales de participación; supone incluso redefinir lo que hasta ahora se ha entendido como «negocio minero». Buscar con las comunidades locales las alternativas de ubicación y diseño de las instalaciones y selección de tecnologías que mejor se ajustan a lo que quieren y están dispuestas a aceptar estas comunidades, integrar al proyecto las necesidades y modalidades del desarrollo local, reconocer en forma temprana las componentes ambientales sensibles y vulnerables y adaptar el proyecto para garantizar su protección, otorgar a los habitantes del territorio la posibilidad de decidir sobre aspectos críticos del proyecto, son hoy las nuevas maneras de abordar el proceso de evaluación ambiental y social.

El futuro de la minería en Chile depende entonces de como avanzamos en forma exitosa en estas dos direcciones. Por un lado, mejorando nuestra política y nuestros instrumentos de planificación territorial y por otro lado, adoptando desde el sector minero una actitud mucho más proactiva, al igual como ocurrió a principios de los años noventa, y cambiando nuestra forma de desarrollar los proyectos hacía un diseño más consensuado.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/09/06/evaluacion-socioambiental-de-los-proyectos-mineros-el-desafio-que-viene/

Chile

Tras rechazo a Dominga, comité de ministros revisa proyecto minero Cerro Casale

La iniciativa de las compañías canadienses Barrick Gold y Kinross Gold explotará una mina de oro y cobre en la Región de Atacama.

Tras el polémico rechazo al proyecto minero portuario Dominga, el Comité de Ministros se reúne este miércoles para analizar el megaproyecto Cerro Casale de las compañías canadienses Barrick Gold y Kinross Gold, el cual explotará una mina de oro y cobre en la Región de Atacama.

El proyecto minero ya había sido analizado en 2015 y fue aprobado con algunas condiciones, pero la firma Barrick fue al Tribunal Ambiental que en junio pasado determinó que el Comité de Ministros reevaluara antes de 100 días.

La instancia está compuesta por los ministros de Agricultura, Carlos Furche; de Salud, Carmen Castillo; de Economía, Jorge Rodríguez Grossi; de Energía, Andrés Rebolledo; de Medio Ambiente, Marcelo Mena; y de Minería, Aurora Williams, pero ella se encuentra en China y llegó el subsecretario Erich Schnake.

La fecha original de la sesión era el 21 de agosto pasado, pero en ese instante se decidió revisar el proyecto Dominga que pretendía instalarse en la comuna de La Higuera.

Fuente:http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/contaminacion/tras-rechazo-a-dominga-comite-de-ministros-revisa-proyecto-minero-cerro/2017-09-06/093042.html

Chile

CHILE Y ARGENTINA SE REUNIRÁN LA PRÓXIMA SEMANA PARA RENOVAR ACUERDO MINERO

La cita tiene como objetivo renovar un acuerdo binacional firmado hace dos décadas
Jueves 31 de Agosto de 2017.- Los gobiernos de Chile y Argentina se reunirán en la primera semana de septiembre como parte de los esfuerzos de los dos países para renovar el acuerdo minero binacional de 20 años.

Según consignó BN Americas, el secretario de minería de Argentina, Daniel Meilán señaló que “Este documento cumple dos décadas el próximo año y ha demostrado ser un documento innovador, porque dos países llegaron a un acuerdo que cubre una frontera de 5.000 km”.

“Por supuesto que Chile ha avanzado más en el materia (minería), porque ese es su punto fuerte, así como la agricultura y la ganadería lo son para nosotros”

El funcionario señaló que la reunión, que se llevará a cabo durante la próxima semana, servirá para reactivar el acuerdo, así como también para evaluar la lista de empresas que tienen intereses y proyectos a ambos lados de los Andes.

“Creemos que ésta área (fronteriza) será un lugar de competitividad común y de desarrollo futuro conjunto, porque tenemos una columna vertebral llena de recursos minerales y naturales que ambos países necesitan cuidar, y eso significa trabajar juntos, no hay otro camino”.

En la actualidad, los proyecos situados a lo largo de la frontera incluyen el de oro y plata Pascua Lama de Barrick Gold, Constelación de NGEx Resources y Filo del Sol, propiedad de Filo Mining. Además está Los Pelambres, de Antofagasta Minerals y Glencore El Pachón.

Fuente:http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=144900792