Hace una semana, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, presidida por el intendente Jorge Flies Añón en el salón Nelda Panicucci, dio a conocer su rechazo para que Mina Invierno (controlada por los grupos Angelini y Von Appen) pueda hacer uso del método de tronaduras para extraer carbón desde su yacimiento en isla Riesco.

Cabe recordar, que en este intenso y polémico “voto a voto”, quienes se inclinaron por la negativa a esta idea fueron los seremis de Agricultura, Elisabeth Muñoz; Desarrollo Social, Claudia Barrientos; Transportes, Gabriel Muñoz; Mop, Ricardo Haro; Salud, Oscar Vargas; Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez y el intendente Jorge Flies. Por contraparte, los votos a favor fueron expresados por el director regional (s) del  Servicio de Evaluación Ambiental, José Luis Riffo Fideli y las seremías de Minería (Manuel Aravena), Vivienda (s), Atircio Aguilera; Energía (Alejandro Fernández) y Economía (Christian García).

De igual manera, esta determinación tomó por sorpresa a la compañía en mención, toda vez que en la mesa que se conformó el 26 de julio de 2016, 9 votos estuvieron a favor de las tronaduras y dos en contra.

En su visita ayer a Punta Arenas, el presidente del directorio de Mina Invierno, Marcos Büchi Buc, en entrevista concedida a La Prensa Austral, lamentó el rechazo al mecanismo de tronaduras y adelantó que están estudiando la situación para poder apelar a nivel central y así ejecutar el tan ansiado método de extracción de carbón. En la misma línea, criticó con dureza al director de Greenpeace Chile, Matías Asún por señalar que si la Comisión hubiese aprobado el proyecto “iba a ir en contra de los acuerdos ambientales que ha firmado Chile en este último tiempo”, y también al seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, quien manifestó en entrevista a este diario, que “estamos previniendo una eventual pérdida de patrimonio paleontológico único en Chile”.

– Hace una semana que la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó el uso de tronaduras. ¿Cuál es su primera mirada sobre esta decisión?

– “Lo primero es que hay que reconocer que nos impactó que se tomara esa decisión. Nosotros creíamos, que dado que se hizo un trabajo de muy buena calidad, por parte de los servicios y la empresa, entregando respuestas a las inquietudes, nosotros dábamos casi por hecho que iba a haber una aprobación de esta declaración de impacto ambiental que entró el año 2015 como solicitud. Entonces nos impactó porque las consecuencias inmediatas son que esa actividad que es poder explotar hacia el mediano-largo plazo no lo podemos realizar. Por lo tanto, tenemos que afrontar esto de una manera distinta mediante se pueda aprobar esta operación. Cuando una empresa minera usa o plantea que va a contratar a cien personas de forma directa, se tiene que 2,5 veces hay empleo indirecto que se genera. Entonces para nosotros era una muy buena noticia para empresa y como región, porque íbamos a tener un crecimiento, de volver a cierta capacidad productiva que significaba contratar a cien personas adicionales y sin duda es uno de los impactos inmediatos”.

– Con respecto a la Comisión de 2016 que mantuvo otra postura, ¿qué cree que pasó en este lapso y cuál es su lectura sobre lo ocurrido?

– “Nosotros no tenemos la explicación. En este momento estamos tratando de analizar qué pudo haber ocurrido, porque el informe consolidado de evaluación que se presenta ante este comité, es un informe que es muy laborioso; recoge todas las opiniones y consultas de los servicios, fue resuelto favorablemente, entonces si horas antes del comité nos hubiesen preguntado qué iba a pasar, hubiésemos dicho que iba a ser igual a lo ocurrido en el año 2016; incluso 5 minutos antes de la votación hubiese dicho que sí se va a aprobar. Esto, porque se cumplió con todo tipo de regulación, incluso lo que solicitó la Corte Suprema, quien nos dijo que es necesario que haya una participación ciudadana la cual se hizo con toda rigurosidad. Si se tiene acceso a la presentación que hizo el director del Servicio Medio Ambiental regional, es una explicación en la que recomendó aprobar”.

– El voto del intendente Jorge Flies fue determinante en esta resolución, ¿qué opinión tiene sobre este pronunciamiento concreto? ¿Cree que fue un voto político?

– “Yo nunca califico ni descalifico la opinión de nadie. A mí no me gustaría referirme al voto de alguien específico, pero la votación de la comisión en su total a mí me sorprende y creo que está equivocada. Yo creo que no siguió la recomendación técnica que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental. El comité debió haber aprobado esto, porque el informe técnico así se lo decía y porque la empresa quiere cumplir hasta el más mínimo detalle que la regulación le impone ante cualquier elemento de actividad dentro de su proyecto”.

– Pero aquí hay una comisión que está designada para decidir la votación…

– “No hay una predefinición que las comisiones no deben seguir el informe o la recomendación técnica. Yo no conozco el número de hojas que generamos de preguntas y respuestas pero son miles. Al fin y al cabo, lo que estás haciendo es hacer que la institución ambiental por parte de la autoridad y la empresa ocupen años para no optimizarlo. Es decir, hay una atribución de ir más allá del informe, pero cuáles son las razones que justifican ir más allá del informe técnico. ¿Cuál es la razón?”.

Próximos pasos

– ¿Cuál será el proceso que llevará adelante Mina Invierno en base a esta determinación?

– “Las institucionalidades indican que podemos apelar y estamos estudiando los pasos a seguir. Existe el recurso de reclamación que se hace ante el director del Servicio de Evaluación Ambiental a nivel nacional. Tenemos que considerar e indudablemente es el recurso lógico y lo estamos verificando porque hay un plazo. Creemos que los argumentos técnicos una vez más avalan lo que estamos planteando. Como respuesta definitiva, esto está en proceso de análisis”.

– ¿Pretenden llegar hasta las últimas instancias?

“Nosotros y en caso de los empresarios que hay detrás, las palabras no son llegar hasta las últimas instancias. Yo lo invierto. Hay una convicción de que es una actividad que genera valor y genera beneficios para la región y el país; la voluntad es hacer que esa operación se mantenga, se expanda la forma que está considerada en el proyecto y de volver a los cauces de producción que había originalmente. La convicción es que este proyecto sea lo que se definió en su momento y para eso mismo vamos a estudiar los recursos que existen dentro de la regulación. Para nosotros no es un conflicto, queremos que la operación se proyecte al máximo al cual fue definido en su origen porque genera bienestar, proyección y es necesario para el país”.

Greenpeace

– Según el director de Greenpeace Chile, Matías Asún, además de valorar la decisión que se tomó, señaló que el hecho que si la Comisión hubiese aprobado las tronaduras, iba a ir en contra de los acuerdos ambientales que ha firmado Chile en este último tiempo. ¿Qué le parecen sus declaraciones?

– “No estoy de acuerdo por una razón muy simple: la generación termoeléctrica, usando en algunos casos combustibles fósiles como el gas, petróleo o carbón, por ahora y algunas décadas, uno sabe que son necesarias las generaciones a partir de centrales termoeléctricas, por lo tanto el gran triunfo que ahí se menciona, es decir, van a generar igual pero van a usar carbón importado. Ni siquiera entiendo cuál es el mensaje que hay de fondo, si la producción de carbono en Chile no es que disminuya las emisiones de CO2 las centrales termoeléctricas, lo que estamos haciendo es darle trabajo a chilenos. Matías Asún, si usa un auto que utiliza combustible líquido produce CO2, pero quizás utilice auto eléctrico, pero ese vehículo requiere que genere energía y la verdad que soy muy cercano de los métodos renovables; estos son un tremendo avance y van cumpliendo más necesidades, pero requieren un balance de energías de base y eso aún no está resuelto. Lo de él es un planteamiento dicho desde el vacío, es muy bonito decirlo pero se requiere esa energía de base y además si no se produce con el carbón chileno, es porque la estás trayendo de otra parte. Prefiero favorecer el trabajo a los chilenos”.

– En la pasada edición de La Prensa Austral, el seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, planteó que se está previniendo una eventual pérdida de patrimonio paleontológico único en Chile.

– “Hay que cuidar ese patrimonio y estoy de acuerdo. Ese patrimonio hay que entender dónde está y por qué se cree que la región que se está trabajando es privilegiada. El suelo vegetal, la zona más cercana en tiempos de antigüedad, es la que contiene los restos arqueológicos, es la zona que habitantes hace miles de años dejaron vestigios de su sociedad. La obligación que nosotros tenemos y que la seguiremos teniendo si es que hay tronaduras, es inspeccionar las zonas que serán desplazadas de tierra vegetal, porque se saca para volverse a usar. Entonces hay una obligación de supervisar y entender para usar nuevamente ese terreno. Por otra parte, la parte de más abajo, son capas más antiguas y después vienen las otras capas de donde está el carbón.

“Yo no entiendo bien lo que planteó el seremi, por si bien se va a lo que fue el oficio del Consejo de Monumentos Nacionales, que fue un oficio emitido el 15 de diciembre, ese documento dice que estamos conforme con lo que se ha planteado. Entonces no se qué cosa del punto arqueológico podría estar perdiéndose si están todas estas salvaguardas”.

– ¿Cuáles son sus conclusiones con respecto a lo sucedido?

– “Quiero rescatar cuatro ideas muy importantes. Lo primero es que creo que hay que entender que la energía en base a lo termoeléctrico es base por algún tiempo y ese tiempo puede ser algunas décadas. Si se ven las proyecciones de la Comisión Nacional de Energía o a nivel mundial, los fósiles son necesarios. Por lo tanto, si bien nos gustaría a todos que terminen mañana, hay que ser realistas, porque requieren plazos de tiempo. Lo segundo, ese carbón y esos combustibles fósiles, son necesarios en un país como el nuestro que está en desarrollo y tiene que tomar una decisión. Yo creo que esa actividad bien hecha, se realice aquí o si se quiere importar esos productos, si nuestras regulaciones es exigente y nos exige altos estándares de operación y medio ambiente, mi respuesta es categórica: hagamos esto aquí y démosle empleo a chilenos para que tengan un nivel socioeconómico que les permita proyectarse.

“Lo otro es entender que es una operación minera como lo hay en el norte. Tal vez en su origen se consideró que el tipo de capas iba a ser posible enfrentar de una manera distinta. Hoy en día que estamos con los frentes abiertos es claro que se necesitan tronaduras, las mismas que usa la minería pero con una capacidad de carga muy baja y por lo tanto es necesario incorporar; no es un capricho o una alternativa.

“Finalmente, nuestra propuesta a la comunidad magallánica y al país, es que nosotros queremos llevar el proyecto a nivel que se pensó principalmente, si no hay posibilidad de usar tronaduras, nos quedan pocos espacios para seguir produciendo. Entonces, cuando se habla de amenazas, hay un tiempo para enfrentar las areniscas o se deja de producir. Nosotros estamos convencidos que en un plazo más corto, seremos capaces de revertir esa decisión, porque es una empresa que tiene estándares altísimos a nivel ambiental, esto tiene un impacto medido por la autoridad y por lo tanto no se justifica rechazar el uso de tronaduras”.

Fuente:https://laprensaaustral.cl/cronica/presidente-del-directorio-de-minera-invierno-tras-rechazo-a-la-utilizacion-de-tronaduras-si-no-hay-posibilidad-de-usar-tronaduras-nos-quedan-pocos-espacios-para-seguir-produciendo/

También se resolvió aplicar una sanción de 12.360 UTA, equivalente a $7.000 millones aproximadamente, debido a múltiples incumplimientos relativos a descargas de aguas ácidas, destrucción de flora, monitoreos incompletos tanto sobre variables ambientales como sociales y daño ambiental provocado en zonas de vegas altoandinas, entre otros. Estas sanciones son el resultado de dos procedimientos sancionatorios (2013 y 2015), que fueron acumulados en un único expediente.

Santiago, 17 de enero de 2018. La Superintendencia del Medio Ambiente finalizó el procedimiento sancionatorio y dictó sanción contra Compañía Minera Nevada SpA, titular de las RCA´s “Pascua Lama” (RCA N°39/2001) y “Modificaciones Proyecto Pascua Lama” (RCA N° 24/2006). El procedimiento sancionatorio comprende un total de 33 cargos, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves; cuatro cargos fueron absueltos debido a que no pudo determinarse su configuración con los antecedentes disponibles. Con respecto a las sanciones, cinco de los incumplimientos (dos de los cuales produjeron además daño ambiental irreparable) merecen la sanción de clausura total y definitiva. A su vez, se aplicaron diversas multas a un total de 24 infracciones, las que sumadas alcanzan a la cifra de 12.360 UTA, equivalentes a $ 6.973 millones.

Este procedimiento sancionatorio significó un enorme esfuerzo de investigación y análisis llevado adelante por un equipo multidisciplinario de la SMA, incluyendo la revisión de miles de páginas de documentación e informes, fiscalizaciones en terreno, visitas del fiscal instructor al sitio, solicitud de informes especializados a diversos peritos y solicitudes de información a servicios públicos tales como la DGA, Sernageomin y Conadi, entre otras diligencias.

Entre los incumplimientos que motivaron la aplicación de la clausura definitiva de la faena minera se encuentra la intervención de vegas altoandinas; la afectación de diversas especies de fauna y flora nativa (entre ellas, algunas protegidas por categorías de conservación), el monitoreo incompleto de glaciares y glaciaretes; la descarga de aguas ácidas al río Estrecho sin cumplir con las normas de calidad del agua, entre otros. Esta sanción toma en cuenta la importancia del daño causado, como también la criticidad, extensión y duración del efecto generado.

Historia del proceso sancionatorio

Cabe recordar que en junio de 2016 se acumularon en un único expediente dos procedimientos de sanción contra la minera. El primero, Rol A-002-2013, fue iniciado el año 2013 y concluyó con una sanción de 16.000 UTA, pero luego de reclamaciones ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, éste determinó que la resolución sancionatoria de la SMA del año 2013, adolecía de diversos vicios que la hacían ilegal y le ordenó dictar una nueva resolución sancionatoria que se ciñera estrictamente al marco legal. Entre las ilegalidades detectadas por el tribunal, se identificaron la falta de fundamentación de la sanción y la utilización de la figura del concurso infraccional, todo lo cual fue posteriormente ratificado por la Corte Suprema en diciembre de 2014.

De esta forma, la SMA reabrió el referido procedimiento en abril de 2015. El mismo mes, y producto de una serie de nuevas denuncias y fiscalizaciones se abrió un segundo proceso, Rol D- 011-2015, con cargos relacionados a incumplimientos a las obligaciones establecidas en las RCA del proyecto respecto de flora y vegetación, monitoreo de glaciares y monitoreo de variables socio-culturales, entre otros.

En junio de 2016 ambos procesos de sanción se agruparon en un único expediente, el cual incluyó a más de 100 interesados y/o denunciantes, entre los que se incluyen asociaciones de regantes, comunidades indígenas, personas naturales, ONG, además de la propia empresa minera.

Cabe mencionar que las partes interesadas en este proceso, realizaron todo tipo de presentaciones, solicitudes y requerimientos ante la SMA los cuales de acuerdo a la ley, obligaron a la institución a examinar y ponderar cada una de ellas en detalle y tener que pronunciarse pormenorizadamente a su respecto en la resolución sancionatoria que hoy se ha dictado.

El Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz afirmó que, “dada la naturaleza y envergadura de las infracciones cometidas por la empresa, y luego de un proceso altamente complejo, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, y en el cual se garantizó en todo momento los derechos de todas las partes intervinientes, se ha llegado a la convicción de que la clausura total y definitiva más la imposición de una multa en dinero, es la sanción más adecuada y proporcional en este caso”.

El Superintendente Franz subrayó además, que “esta resolución es el fruto del trabajo de un gran equipo de profesionales de distintas áreas, el cual con dedicación exclusiva durante muchos meses, examinó y analizó en detalle cada una de las infracciones, cada una de las pruebas y cada uno de los antecedentes recabados durante el proceso, para arribar, en definitiva, a una decisión contundente, pero sobretodo objetiva y proporcional, a los incumplimientos cometidos, tal y como ha sido la tónica de nuestra institución en estos años”.

Fuente:http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/comunicados/911-sma-sanciona-a-pascua-lama-2018

Como se ha hecho público en los medios, CORFO ha anunciado el fin del conflicto que desde 2014 mantiene con la minera no metálica SQM (Soquimich). Esto, a través de un convenio en el que, a cambio de la salida del accionista controlador Julio Ponce Lerou (ex-yerno de Pinochet, y quien dirigiera Soquimich cuando ésta pertenecía al Estado para luego adquirirla a un precio irrisorio en plena dictadura militar) se extendería el arrendamiento del Salar de Atacama en favor de la minera hasta 2030, lo que se traduciría a su vez en un aumento en la cuota de extracción del mineral equivalente a 180.000 toneladas anuales.

Los términos de este acuerdo se dan a conocer a la opinión pública sólo a pocos días de su firma, y en un contexto de dudas y desconfianzas respecto a los efectos que la extracción sistemática de salmuera (agua con alta concentración de sal) del Salar de Atacama, tendría sobre el ecosistema y las comunidades que en ella habitan. Estas dudas se fundan principalmente en los informes de la Comisión Investigadora del Litio y en una serie de trabajos académicos que dan cuenta de la falta de fiscalización tanto de las actividades extractivas como de los convenios firmados entre CORFO, Albemarle y la misma SQM. A lo anterior se suma el hecho de que la multinacional Albemarle, aún bajo el nombre de Rockwood Lithium, consiguió triplicar sus derechos de extracción de salmuera gracias a un convenio firmado con el Consejo de Pueblos Atacameños en 2016, y que, entre otras cláusulas, estipula una participación de las comunidades en las ventas de la empresa.

Adicionalmente, surgen dudas y cuestionamientos a la forma en que este “fin de conflicto” ha sido socializado al interior de las comunidades, toda vez que el propio Eduardo Bitrán habría sostenido reuniones por separado con algunas de las comunidades que se encuentran geográficamente más cercanas a las operaciones de SQM, para luego sostener reuniones con el Consejo de Pueblos Atacameños y el Municipio, como consta en la cuenta twitter de la CORFO. Los argumentos giran en torno al tono autoritario de las intervenciones de vicepresidente ejecutivo del organismo estatal, quien además habría comunicado a dirigentes sobre el proyecto de creación de una fundación que canalizaría los dineros que SQM pondría a disposición, como parte de una cláusula de “Responsabilidad Social Empresarial”, al más puro estilo BHP Billiton – Fundación Minera Escondida.

Esto pone en evidencia no sólo la urgencia con que el gobierno busca asegurar la salida de Ponce Lerou del control de SQM antes del fin de mandato de Bachelet, sino que también la nula consideración tanto del efecto que estas intervenciones están generando en el tejido social de las comunidades, como de las devastadoras consecuencias que la extensión de las operaciones de SQM tendrían sobre el frágil y ya amenazado ecosistema del Salar de Atacama. Al respecto cabe recordar que el turismo no regulado ya está generando desabastecimiento de agua entre la población, y que los ríos San Pedro y Vilama, principal fuente de agua para la agricultura, han sido declarados agotados.

Frente al anuncio de que la firma de este acuerdo se materializaría este miércoles 17 en las oficinas del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, las reacciones desde diversos sectores tanto del propio territorio como del resto del país no se han hecho esperar. Desde las propias comunidades, agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños, a Organizaciones Socio-Ambientales del Salar y del Norte Grande, el rechazo es total, ya que para ellos este acuerdo redactado entre cuadro paredes estaría, una vez más, hipotecando la supervivencia del ecosistema de la Cuenca del Salar de Atacama.

Fuente:http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107111#.Wl6OHiEwFFI.twitter&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=1a15f2fefa2d42f1829b3eed1dbb4d17&uid=576512048&nid=244+289476616

Se espera que la sanción sea millonaria y marque un precedente en el país, sin embargo lo que los vecinos y ambientalistas buscan es el cierre definitivo del proyecto.

Cada cierto tiempo aparecen informaciones en la prensa sobre nuevos fallos, resoluciones y controversias alrededor del proyecto Pascua Lama, armando un entramado de datos que suele ser difícil de seguir.

En días recientes la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) notificó la resolución que da por cerrada  la investigación que lleva hace más de cuatro años, lo que supone que la sanción al proyecto es inminente. De inmediato el diario La Tercera auguró la multa más alta de la historia para Nevada SpA, filial de Barrick Gold en Chile, obviando la demanda territorial más sentida, dada la gravedad de las infracciones, de  la anulación del permiso ambiental.

El expediente del caso es grueso y da cuenta de  más de 30 infracciones a las Resoluciones  de Calificación Ambiental (RCA) de un proyecto que por las mismas irregularidades, quedó a medio construir desde comienzos de 2013, y está paralizado por medidas cautelares de la autoridad fiscalizadora que fueron confirmadas por los tribunales, sin poder terminar la construcción para entrar en operación. La empresa ha buscado mañosamente minimizar las faltas, que en la mayoría de los casos fueron relevadas por la comunidad, no por el Estado, pues en Chile opera el auto-control de las empresas, por lo tanto la fiscalización es indirecta y estatalmente deficitaria.

Sin embargo,  las presiones de una minera sobre gobiernos extractivistas, rinden fruto: por ejemplo, logró que se acumularan  los dos procesos de sanción en curso (A 002-2013 y D 011 – 2015), por eso cuestiones que ocurrieron hace más de cuatro  años están siendo vistas con otras que ocurrieron en fechas posteriores a 2013, esto impide que un proceso constituya precedente del otro, evitando que la reincidencia agrave las faltas que se han seguido produciendo, sobre todo en lo referido a la contaminación de las aguas y el daño irremediable a los glaciares.  Sobre este mismo punto, a mediados de 2016, Barrick logró que se modificara la RCA del proyecto cambiando el sistema de monitoreo de las Aguas,  fijando una nueva línea base de éstas, con parámetros de concentración de metales pesados  más altos que lo que tenía el río antes de la llegada de la minera al Valle del Huasco, por lo tanto eximiendo de responsabilidad a la empresa de la contaminación que ha traído consigo y estableciendo que ésta es un fenómeno natural.

Es decir, estamos ante un proyecto inviable, mal evaluado, que ha violado sus escuálidos compromisos ambientales lo que ha tenido que ser denunciado y fiscalizado por las propias organizaciones territoriales porque no hay personal suficiente ni voluntad política para dar seguimiento a estas materias. Ante esto, lo normal sería que se encendieran las alertas en el gobierno y se revisara qué está mal, partiendo por el Tratado sobre Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, que constituye la ley marco que posibilita despropósitos como estos. Y de hecho, las alertas se encendieron, pero no para frenar tanta locura y aprender de los errores, sino que para perpetuarlos y profundizarlos.

Actualmente, los gobiernos están relanzando este instrumento bi-nacional a través de un proceso rápido de renegociación, otra vez a espaldas de la ciudadanía y sin que se conozca evaluación alguna de sus impactos, pero sosteniendo en los medios de prensa que ha sido positivo, tanto que aunque en 20 años las comunidades hayan impedido la operación del primer proyecto que se pretendió realizar porque se emplaza en la zona de frontera, es decir en las nacientes de las aguas y de ecosistemas glaciares de los valles transversales de Chile, el gobierno aseguró que 32 nuevos proyectos similares a  “Pascua Lama” estarían en carpeta.

En este sentido, lo que resuelva la Superintendencia de Medio Ambiente SMA en los próximos días, será clave para determinar la autonomía de la principal autoridad de fiscalización ambiental de Chile,  en un país entregado en bandeja a las transnacionales mineras, en este caso. Sin duda en esta devastación ecosistémica y territorial a la que están sometiendo a los territorios, son los gestos honestos, valientes y comprometidos, los que hacen la diferencia. Como hiciera la ex SEREMI de salud de la Región de Atacama, Pilar Merino en el Caso de Termoeléctrica Castilla, cuando se negó a decir que las emisiones de la termoeléctrica más grande de América Latina eran solo molestas y no contaminantes, lo que supo ser aprovechado por la comunidad de Totoral. Esperamos que el Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, esté a la altura y revoque la autorización ambiental de un proyecto inviable, que de mantenerse con vida sentaría un precedente nefasto para la cordillera, que en nuestro país, alberga un 91%  de los glaciares existentes en  Sudamérica.

Fuente:http://radio.uchile.cl/2018/01/11/pascua-lama-y-el-afan-de-borrar-los-limites/

Una serie de nuevos proyectos de desalinizadoras para la minería impulsarán con fuerza el consumo de agua de mar en los próximos años, según datos entregados por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). De acuerdo al informe “Proyección de Consumo de Agua en la Minería hacia 2028”, el uso de este recurso crecería 187% al 2028 en relación al cierre de 2017, llegando a los 11,2 m3 por segundo.

Al contrario, el uso de agua continental bajaría 4,9% al 2028, alcanzando los 11,5 m3 por segundo. De este modo, el consumo total de agua subiría 41,87% entre fines del año pasado y 2028, totalizando para esa fecha 22,7 m3 por segundo, según estimaciones de Cochilco. “Lo que esperamos es que de una relación actual, de un 85% de agua territorial y 15% de agua del mar, al 2028 prácticamente tengamos una relación de uno es a uno”, dijo la ministra de Minería, Aurora Williams, durante la presentación del informe.

El aumento del consumo de agua de mar se explicaría por la inauguración de una serie de nuevas plantas desaladoras que se planea construir. Dentro de ellas destacan las plantas de BHP, Escondida Water Supply y Spence Growth Project para el 2017 y 2019 respectivamente; la de Codelco Norte, Distrito Norte, para el 2021; y la de Teck, Quebrada Blanca fase 2 para el 2021.

“Si bien el uso de agua de mar soluciona en parte la escasez de agua en el Norte Grande de Chile, no resuelve el problema de la calidad del agua por los residuos mineros, por lo que es necesaria una buena gestión y eficiencia en el uso de agua, independiente de su origen”, comentó el director de estudios y politcas públicas de Cochilco, Jorge Cantallopts.

En relación al consumo eléctrico esperado, desde Cochilco comentaron que la demanda crecería desde 21,1 TWh hasta 29,2 TWh al año 2028, principalmente por una mayor cantidad de material tratado, mayor producción de concentrados de cobre, y mayor demanda de energía de las plantas desaladoras.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/uso-agua-mar-la-mineria-chilena-se-triplicaria-al-2028/

La inversión tendrá un costo de 250 millones de dólares, y tiene como objetivo alejar las operaciones mineras de las zonas con presencia de glaciares.

Este martes, la División Andina de Codelco presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) «Adecuación de Obras Mineras DAND para Continuidad Operacional Actual», proyecto que asegura su funcionamiento, manteniendo los niveles autorizados de producción, de uso de agua y vida útil, pero alejando las operaciones mineras de las zonas con presencia de glaciares.

El proyecto sometido a estudio trata sólo de adecuaciones a la mina rajo ubicada a solo 80 kilómetros de la capital, y a su depósito de lastre, manteniendo sin variación el resto de las operaciones y procesos productivos de División Andina. En efecto, no implica aumentos de producción ni de consumo de agua, ni tampoco modifica la vida útil actual de la división.

El EIA contempla dos elementos centrales. Por una parte, modifica la forma del actual rajo de Andina, manteniendo su tamaño aprobado, pero redireccionando la explotación minera hacia zonas sin presencia de glaciares. Por otro lado, habilita la capacidad aprobada del depósito de lastre (Lastre Norte), adecuando su forma para no afectar glaciares de roca y reforzando sus sistemas de captación, conducción y acondicionamiento de las aguas que entran en contacto con zonas mineralizadas.

Según la cuprífera, la inversión de estas obras será de 250 millones de dólares y durante los 36 meses que tomará su construcción, se crearán 450 puestos de trabajo en promedio.

La empresa destacó que la aprobación de este EIA «permitirá mantener el actual aporte de División Andina al Valle de Aconcagua y al Estado de Chile, teniendo como eje central de su gestión la sustentabilidad de sus procesos, de forma de compatibilizar la actividad minera con el cuidado del medio ambiente».

Fuente:http://www.24horas.cl/economia/codelco-modificara-mina-andina-por-amenaza-a-glaciares-2609469#

La Comisión de Evaluación Medioambiental de la Región de Magallanes rechazó el uso de tronaduras por parte de la Mina Invierno con el fin de utilizarlas como método de extracción en la Isla Riesco. Esto, pese a que existía un Informe de Consolidación que era favorable para las pretensiones de la mina ligada a las familias Angelini y Von Appen.

La votación había arrojado un empate entre los seremis que aprobaban el uso de explosivos y quienes la rechazaban. Finalmente, fue el intendente Jorge Flies quien tuvo la decisión final y rechazó el proyecto.

Esta decisión fue celebrada por la senadora por la zona y ex candidata presidencial, Carolina Goic, quien señaló que el “rechazo a tronaduras en Mina Invierno para la extracción de carbón por parte de la comisión de evaluación ambiental de Magallanes, es una buena noticia porque resguarda un ecosistema y porque apunta en la dirección correcta. Apostemos por energías limpias!”.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/comision-ambiental-magallanes-rechaza-uso-tronaduras-parte-mina-invierno/

La estatal ingresará a tramitación ambiental un proyecto por US$250 millones que si bien mantiene en 358 hectáreas el rajo autorizado de la minera, redirecciona su explotación hacia zonas sin presencia de glaciares.

Codelco decidió adelantarse a la Ley de Glaciares. Es que para hoy a las 12 horas está previsto que la estatal presente los estudios pertinentes ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para alejar las operaciones de División Andina de las zonas con presencia de glaciares, según información a la que accedió PULSO.

El proyecto denominado “Adecuación de Obras Mineras DAND para Continuidad Operacional Actual” se ingresará a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y trata de adecuaciones a la mina rajo y a su depósito de lastre, manteniendo sin variación el resto de las operaciones y procesos productivos de División Andina.

En concreto, la iniciativa mantiene en 358 hectáreas el rajo autorizado de Andina, pero redireccionando la explotación minera hacia zonas sin presencia de glaciares. Por otro lado, habilita la capacidad aprobada del depósito de lastre, adecuando su forma para no afectar glaciares de roca y reforzando sus sistemas de captación, conducción y acondicionamiento de las aguas que entran en contacto con zonas mineralizadas. Para ello se contará con una nueva planta de pasada de 600 litros por segundo a 2.350l/s.

La iniciativa no implica aumentos de producción ni de consumo de agua, ni tampoco modifica la vida útil actual de la división.

“El diseño de este estudio de Evaluación Ambiental ha considerado las variables ambientales a través de medidas efectivas para resguardar la calidad del río y los glaciares adyacentes al rajo y depósito. La aprobación de este EIA permitirá asegurar la continuidad operacional de División Andina, la mantención del empleo y su aporte actual al valle del Aconcagua y al Estado, para que los chilenos y chilenas puedan beneficiarse con los recursos naturales del país”, explican desde Codelco.

La inversión que requerirán estas obras es de unos US$250 millones y su construcción tomará 36 meses. Durante ese período se crearán 450 puestos de trabajo en promedio, se indica.

¿Por qué hacer esto?. Según señalan en la estatal, esta iniciativa busca anticiparse a una eventual regulación sobre la actividad minera en glaciares, al tiempo de hacerse cargo de las inquietudes de los ambientalistas. Esto considerando que hoy hay varias iniciativas en el Congreso que abordan este tema.

El primer paso en esta dirección fue tomado por el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, a poco andar al interior de la organización, cuando en 2015 anunció la reformulación del proyecto de más de US$6.000 millones Andina 244, que incluía la afectación sobre seis glaciares.

“Diría que hay dos o tres hechos que han restringido la forma de hacer minería, un montón de políticas públicas que emergen con mucha fuerza, sobre todo la ley de glaciares, el cambio climático, la sequía del Norte, el tema de las comunidades, el tema ambiental, son situaciones relativamente nuevas, que le ponen un marco bastante más estrecho para desarrollar minería, y eso se superpone al natural envejecimiento o deterioro de los minerales”, comentó Pizarro en una entrevista con PULSO en noviembre pasado.

Si bien este proyecto que se ingresará hoy no está relacionado con la expansión que se deberá llevar adelante en Andina para asegurar su sustentabilidad a futuro, denominado Desarrollo Futuro Andina -hoy en prefactibidad- desde la estatal anuncian en su página web que para llevar adelante dicha iniciativa están apostando por “una nueva alternativa de desarrollo que equilibre la necesidad de aprovechar el mayor recurso mineral que poseemos, con un caso de negocio de menor inversión, menor tiempo de construcción y que se ajuste a la realidad del escenario medioambiental actual y de la industria”.

La división Andina, ubicada en la V región, tiene el 38% de los recursos mineros de Codelco.

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/codelco-se-anticipa-ley-glaciares-e-ingresa-hoy-modificaciones-division-andina/

El llamado “legado ambiental” de la Presidenta Michelle Bachelet, no puede sostener esta enorme contradicción al terminar su mandato. Aprobar las tronaduras de la Mina Invierno, de propiedad del grupo Angelini y Von Appen, en Isla Riesco, significaría un subsidio a la extracción de carbón, perpetuando el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, lo que se contradice con todos los acuerdos que ha firmado el país para reducir el cambio climático.

Este miércoles 10 de enero del 2018, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes votará si aprueba o no el uso de tronaduras en la mayor mina de carbón de la historia de Chile, Mina Invierno, en Isla Riesco. Ante ello, declaramos que es imperativo rechazar el uso de explosivos para la explotación del carbón.

El llamado “legado ambiental” de la Presidenta Michelle Bachelet, no puede sostener esta enorme contradicción al terminar su mandato; aprobar las tronaduras, significaría un subsidio a la extracción de carbón, perpetuando el uso de combustibles fósiles para la generación eléctrica, lo que se contradice con todos los acuerdos que ha firmado el país para reducir el cambio climático.

Durante el mandato de la Presidenta Bachelet, el Gobierno ha firmado acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y la Alianza contra el Carbón en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático-COP23, que buscan la eliminación de los combustibles fósiles de nuestras sociedades y economías, y que destaca el impacto que este ha generado en la pérdida de la biodiversidad y en la salud de la población.

En este sentido, el Gobierno ha impulsado la Agenda de Energía, con su hoja de Ruta 2050, que pretende asegurar una matriz energética que contenga un 60% de energías renovables para el año 2035, eliminando así gradualmente el carbón de la matriz eléctrica. Según cifras oficiales del 2016, el parque termoeléctrico a carbón en Chile está compuesto por 29 centrales, produciendo el 44% de la generación bruta total del país, las cuales están concentradas en cinco comunas, llamadas zonas de sacrificio, generando graves daños en la salud de la población, ecosistemas y en las economías locales.

Asimismo, con el objetivo de valorar y conservar nuestro patrimonio ambiental, este año se materializará el protocolo de acuerdo para la creación de la Red de Parques de la Patagonia, que abarcará 4,5 millones de hectáreas de áreas protegidas, en donde el futuro Parque Nacional Kawésqar aportará con 2.800 millones de hectáreas, parte de la cuales están en Isla Riesco.

Sin embargo, en la misma Isla Riesco se vive una enorme contradicción: mientras se protege gran parte de su territorio, otro es destinado como polo extractivo de carbón. Mina Invierno es la primera mina a cielo abierto de cuatro minas más proyectadas en Isla Riesco, por los grupos económicos Angelini y Von Appen.

Durante sus ocho años de operación ha incumplido sistemáticamente diversos compromisos adquiridos con el Estado de Chile y ha sido multada y sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente en dos oportunidades, por contaminar Isla Riesco desde el comienzo de sus operaciones. Hoy, a pesar de que Mina Invierno fue aprobada bajo una explotación eminentemente mecánica, ya que el titular negó en reiteradas ocasiones que usaría tronaduras, la empresa pretende incorporarlas por 15 años más, con el único objetivo de abaratar sus costos de operación, a costa de incrementar los impactos socioambientales.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2018/01/09/tronaduras-en-isla-riesco-la-mayor-contradiccion-medioambiental-de-chile/