Desde Calgary, Richard D. Downey, vice president, Investor Corporate Relations de Nutrien, mantiene absoluta discreción respecto de los detalles del proceso de venta del 32% que la firma -ex Potash- tiene del capital accionario de SQM. “Es un proceso confidencial, sólo puedo decirle que esperamos que la venta finalice antes de fin de año (2018)”.

Hace unos días, el presidente, CEO y director de Nutrien, Charles V. Magro, comentaba a analistas -en el marco de la entrega de resultados de la firma- que “de acuerdo con los valores de mercado actuales, creemos que la venta de estas tres participaciones de capital (SQM, Arab Potash e Israel Chemical) podría generar ganancias después de impuestos de entre US$ 4,5 mil millones y US$ 5 mil millones”.

Por el 14% de Israel Chemical, la firma recaudó US$ 685 millones, y se prevé que por el 28% de Arab Potash sumaría a sus arcas otros US$ 600 millones. Por tanto, las estimaciones es que por el 32% de SQM, Nutrien espera recaudar a lo menos US$ 4 mil millones, lo que le da a la minera no metálica un valor de mercado cercano a US$ 13.000 millones. La cifra podría ser aún mayor: SQM tenía una capitalización bursátil esta semana que rozó los US$ 15 mil millones.

Si el deal se concreta en esos niveles, se convertirá en la segunda mayor operación del mercado de los últimos 30 años, ubicándose tras los cerca de US$ 10 mil millones que pagó Enel a Endesa España por el 60,62% de Enersis en 2014. Las apuestas apuntan a más. Un informe de Inversiones Security pone a la acción de SQM un precio objetivo de $ 38.500, lo que da una capitalización de casi US$ 16 mil millones, niveles que no parecen tan alejados si se observa que a mediados de enero la acción llegó a cotizarse en $ 38.393.

El banco respalda sus apuestas en la alta y constante demanda de litio, cuyo crecimiento se estima entre 12% y 16%, “equivalente a 775 mil toneladas para 2025. Sólo en China se espera una demanda de 560 mil toneladas de carbonato de litio equivalente para esa fecha”, indica el informe.

Otro factor de optimismo es el déficit en la oferta de litio, que se mantendrá en 2018, “en un mercado altamente concentrado (…), SQM tiene actualmente casi el 25% del mercado, rango que podría mantener gracias a la ampliación de la cuota de extracción de litio del Salar de Atacama”.

El factor chino

A mediados de 2016, cuando Julio Ponce estaba en pleno proceso de búsqueda de interesados por Pampa Calichera, trascendió que uno de ellos había planteado la posibilidad de desembolsar cerca de US$ 3.000 millones por el 20% de SQM (Oro Blanco tiene el 88,6% de la propiedad de Pampa Calichera, la cual, a su vez, controla el 37,5% de las acciones serie A de SQM).

En ese minuto, los papeles de SQM estaban en cerca de la mitad de lo que están hoy ($ 32.489 al cierre del viernes), por lo cual los cálculos de Charles V. Magro, CEO de Nutrien, son incluso considerados “prudentes” por algunos analistas.

Actores del mundo financiero, que en estos días están siendo sondeados por eventuales interesados para que los asesoren en la compra del 32% de Nutrien, explican que hay tres grupos que están mirando la compañía.

El primero lo conforman los productores propiamente tales de litio, en particular, el Estado chino. “Las empresas chinas que están interesadas tienen el mandato de aglomerar material para el mercado de baterías y son ellos quienes están corriendo con mayor interés y con muchas ganas de pagar lo que sea necesario”, explica una fuente.

Según analistas, los inversionistas chinos ya tienen un track record en este tipo de transacciones. Basta ver lo que pasó hace unos años cuando Glencore y Xstrata decidieron fusionarse. En ese minuto, el Estado chino autorizó la operación con la condición de que vendieran activos. Uno de los más atractivos fue el proyecto Las Bambas, que Glencore tenía en Perú.

En un momento se habló de que la mina podría ser vendida en US$ 4 mil millones o US$ 5 mil millones. Para sorpresa del mercado, se vendió en US$ 7 mil millones a MMG, una empresa listada en Australia, pero cuyo accionista principal es el Estado chino.

El punto no es menor, porque el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, ha planteado abiertamente su preocupación si una empresa como Tianqi adquiere SQM. Tras la firma del acuerdo Corfo-SQM, en entrevista con La Tercera, fue enfático al señalar que “afecta el interés público que Tianqi o Albemarle compren las acciones de PCS en SQM”. A juicio de Bitran, esto daría una mayor concentración al mercado del litio, ya que ambas tienen un joint venture -Talison Lithium- que posee el 24% de participación en la producción mundial de carbonato de litio -al igual que SQM-, mientras que la posición en solitario de Albemarle llega al 17% a nivel global.

Las empresas chinas, a su vez, tienen el 14% de la producción mundial, excluyendo a Tianqi y su participación en Talison.

Ante este escenario, analistas que están atentos a “la operación del año” estiman que el Estado chino podría utilizar otros mecanismos para ingresar a la propiedad de SQM, por ejemplo, que una empresa que no esté vinculada a la extracción de litio o que esté listada en otro país sea quien haga la oferta.

“Hay mucha gente que documentándose sobre las compañías que estuvieron viendo SQM cuando Oro Blanco tenía a la venta su participación en Pampa se dieron cuenta de que algunas de las que aparecieron como interesadas no eran compañías de litio. En un momento había una compañía de plásticos y una textil, por ejemplo, que si uno miraba el perfil financiero de la empresa no hacía sentido que estuvieran interesadas en SQM, salvo por un elemento en común, que eran vehículos de inversión del Estado chino”, explica un analista.

A la fecha, han aparecido cuatro compañías chinas interesadas por el paquete de Nutrien: GSR Capital, Tianqi, Ningbo Shanshan y la gigante estatal Sinochem.

GSR Capital es un fondo con sede en Beijing, Hong Kong y Palo Alto, que se ha propuesto asegurar el suministro de litio en China para la producción de baterías. De hecho, en agosto del año pasado llegó a un acuerdo con Nissan Motor para comprarle las operaciones de producción de baterías eléctricas, operación que se realiza en Estados Unidos y Reino Unido.

“El mandato que tienen las empresas chinas es comprar todo tipo de commodities, porque están creando un nuevo polo de desarrollo de automóviles eléctricos”, explica un analista.

Paralelamente, hay tres firmas chinas que participaron en la convocatoria realizada por Corfo e Invest Chile para generar manufactura de litio en el país, y cuyo resultado se dará a conocer probablemente la primera semana de marzo. Estas son Sichuan Fulin Industrial Group, Gansu Daxiang Energy Technology, Jiangmen Kanhoo Industry y Shenzheng Matel Tech.

Esta posición de los chinos, a juicio de quienes siguen el proceso de desinversión de Nutrien en SQM, podría provocar que el valor del paquete sea aún mayor al que ha estimado el CEO de la firma, dejando así fuera de la carrera a otros interesados.

Las mineras

Otro grupo que ha intentado competir por el paquete de Nutrien son las empresas mineras.

Se trata de conglomerados mineros que buscan integrarse a este producto, el litio, porque ven que junto al cobre tiene un gran potencial en la elaboración de baterías.

Este es el caso de la anglo-australiana Rio Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, que ha mostrado su interés en explorar y desarrollar proyectos a gran escala en Chile. De hecho, ya ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un proyecto para realizar sondajes cerca de Arica, proyecto denominado Palmani.

Rio Tinto participa en Escondida, donde tiene el 30% de la propiedad.

Este año, trascendió que la firma volvió a la carrera por SQM, para lo cual estaría trabajando con dos asesores financieros: Credit Suisse y Rothschild.

También están en este grupo las mineras o firmas de la industria automotriz que buscan integrarse. Ejemplos ya hay dando vuelta. De hecho, en enero Toyota anunció la compra de la minera australiana Orocobre, para acceder a la producción de litio, lo cual golpeó el precio de la acción de SQM.

Private equity

El tercer grupo que ha estado mirando el desarrollo del proceso de venta de SQM son los fondos de inversión.

Habría varios de origen estadounidense sondeando el tema, pero que tendrían una limitante: al no ser operadores, sino inversionistas, no estarían dispuestos a pagar precios fuera de mercado.

A ellos se sumarían también fondos de origen árabe, que han estado mirando opciones de inversión en Chile, buscando empresas que les garanticen retornos futuros y que estén en mercados con alto potencial de crecimiento.

Las primas a pagar

Si bien Nutrien tiene plazo hasta abril del próximo año para desinvertir en SQM, por su acuerdo con autoridades de India y China, la apuesta es que los bancos de inversión que los asesoran en esta operación, Goldman Sachs y Bank of American Merrill Lynch, tengan una definición antes de que concluya el año, aproximadamente en septiembre. Si es así, será la operación de venta más relevante del año. “Las primas que se podrían pagar son difíciles de estimar, porque puede haber inversionistas que paguen lo que quieran. Aquí hay dos ángulos y esto vale distinto dependiendo de quién quiera comprar. Para un inversionista financiero, es lo que va a pagar el mercado y es el número que está dando Nutrien. Sin embargo, para alguien que le quiere dar desarrollo vale mucho más. El valor va a depender de lo estratégico que sea para quien compre. Y en ese sentido, el orden de prioridad parte por los chinos, luego las mineras y en tercer lugar fondos de inversión”, explica un estratega de inversión.

Un analista agrega que para quien más tiene valor esta compra es para un productor, “porque convertirán al litio en algo más y puede que ese productor tenga una situación comercial que hace el negocio aún más atractivo”.

En los próximos meses todos los ojos en Chile y el mundo estarán puestos en quien se quedará finalmente con el 32% de SQM. Tras el acuerdo con Corfo, varios bancos de inversión locales, así como internacionales, hicieron sus apuestas, indicando que el ADR de SQM puede llegar a los US$ 70. Veremos si aciertan.

Fuente:http://www.latercera.com/negocios/noticia/sqm-los-movimientos-tras-la-venta-del-ano/71431/

Actualmente, cada 36 horas se depositan en Chile relaves mineros equivalentes a un cerro Santa Lucía. Y el fenómeno crecerá: en solo 20 años igual volumen se logrará en 21 horas. La producción de relaves podría duplicarse al 2035, por lo que hoy debería ser un tema prioritario para el país.

“Hoy vemos que 47% de la producción de relaves en el país tiene algún tipo de judicialización o conflictos con comunidades”, advierte Mauro Valdés, presidente del Programa Nacional de Minería Alta Ley, iniciativa público-privada impulsada por Corfo y el Ministerio de Minería, que tiene entre sus metas a 2035 avanzar en soluciones en estas materias, además de otras.

El ejecutivo señala que hoy el país es el que genera más relaves, dado que produce el 30% del cobre mundial. Agrega que el tema toma cada vez más relevancia si se considera que la producción minera en el futuro se ubicará cada vez más en la zona central del país, donde hay más población y, por ende, una mayor competencia por el uso de suelo y el agua.

A través del programa que lidera Valdés desde la Fundación Chile, han identificado cuatro desafíos en el tema de estos desechos mineros. Según revela Valdés, el primero es enfrentar la creciente escasez de agua y superficie; el segundo, minimizar el impacto de las infiltraciones y asegurar la estabilidad de los depósitos; tercero, proponen promover la conversión de los relaves pasivos a activos, donde se utilicen esas zonas para, por ejemplo, producir energía solar o para propósitos deportivos; y cuarto, propiciar la inclusión y aceptación comunitaria, donde, por ejemplo, se busca desarrollar tecnologías que permitan tanto a las mineras como a las autoridades y comunidades ver el estado de los relaves. “Tenemos que fortalecer no solo nuestra capacidad de operar relaves, sino también las autoridades y el Estado tienen que hacerse cargo de los pasivos históricos que, efectivamente, cuando fallan o producen daños, se revierte contra toda la actividad minera y reduce nuestra competitividad como país”, señala.

Hoy existen 718 de estos depósitos, y solo 119 están activos, mientras que 443 están pasivos, 124 abandonados y 32 sin información sobre su estado.

Problema mundial

Los desafíos mineros en torno a los tranques no son solo chilenos, sino mundiales. Valdés explica que entre 2005 y 2015 a nivel global se produjeron 20 incidentes asociados a relaves, con un promedio de 20 muertos por año.

Pese a que en Chile desde 1970 -cuando el Sernageomin dictó los primeros decretos de operación y mantenimiento de estas instalaciones- no se han producido incidentes en los relaves, este es un asunto que preocupa a las comunidades aledañas. Ejemplo de ello es el caso de Caimanes, localidad cercana al tranque El Mauro de Antofagasta Minerals, a la que incluso la Justicia ordenó demoler ese depósito en su minuto. No obstante, recientemente la empresa y la comunidad lograron llegar a acuerdo.

Uno de los desafíos que conlleva la minería es que su crecimiento trae aparejada la necesaria expansión de los relaves. “Primero, por efecto de mayores proyectos, que se producirán igual, más rápido o más lento; pero también por temas de competitividad, ya que las mineras tienen que ampliar sus producciones”, recalca Valdés. Y agrega que los desechos van a ser cada vez mayores producto del envejecimiento de los yacimientos, la baja de la ley de los minerales y el aumento de la dureza de estos a mayor profundidad de la roca. “Hay que abordar el tema, tanto para solucionar los problemas que tienen las operaciones hoy como para habilitar el crecimiento de la minería futura”, afirma. Por lo mismo, dice que más que evitar que aumenten estos depósitos, el programa busca optimizar su crecimiento y minimizar su impacto.

El ejecutivo explica que hoy existen tecnologías que podrían facilitar en el futuro la minería sin relaves, o extender la opción de producir desechos en pasta, filtrados o espesados, que ocupan menos espacio y son más estables, aunque más caros.

“Los tranques de relave o los botaderos de los minerales del pasado son las minas del futuro, y ese es un tema continuo”, concluye. Añade que hoy existen empresas que reprocesan sus desechos.

Fuente:http://codexverde.cl/tranques-relaves-se-duplicarian-20-anos-47-los-depositos-existentes-enfrentan-conflictos/

“Pelambres va a seguir contaminando”, sostienen tras aprobación de ampliación de Minera de Luksic

Minera recibió un nuevo espaldarazo para ampliar su emblemática faena en el valle del Choapa, tras lo cual el investigador Patricio Bustamante criticó que pese a que aún hay recursos judiciales y administrativos pendientes, se les aprueban distintos proyectos que terminarán por empeorar las condiciones ambientales de la zona.

Desde La Higuera son enfáticos en señalar que no están por que se llegue a un acuerdo en favor de la cuestionada iniciativa, argumentando que ésta ya fue rechazada en sus primeras instancias. “No hay manera de mejorar este mega proyecto”, sostiene Rosa Rojas.
15-02-2018
Ante el proceso de conciliación que abrió el Tribunal Ambiental de Antofagasta en la polémica iniciativa minera portuaria Dominga, de Andes Iron, Rosa Rojas, del Movimiento de Defensa del Medioambiente de La Higuera (Modema), expresó a El Ciudadano que “la única solución es que no se haga el proyecto”, y aclaró que “nosotros no estamos por ningún tipo de conciliación”.

Modema es una de las nueve organizaciones que están como terceros interesados en el caso, y seis de las que están en contra de Dominga.
Rojas explicó que lo que corresponde es que no haya conciliación porque “este proyecto ya ha sido rechazado por los organismos del Estado”. En ese sentido, apuntó que mantienen la posición que han manifestado. “No hemos cambiado en absoluto nuestra postura de rechazo a esta empresa minera y portuaria Dominga”, señaló.

En relación a la propuesta que estarían formulando desde el Tribunal Ambiental, en la que el proyecto podría ser “mejorado” para que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pudiera aprobarlo, manifestó que “no hay manera de mejorar ningún proyecto de esta índole, que es un mega proyecto”. Esto -argumenta- debido a que la magnitud de estas iniciativas Las transforma en “irreversibles”. “No pueden hacer el rajo más chico, por ejemplo, o no pueden dejar de sacar el agua del rajo sur, tampoco pueden dejar de afectar la biodiversidad con el paso de los barcos, por lo tanto, este tipo de proyecto no sé qué le tendrían que hacer… la única solución es que no se haga, no vemos ninguna otra solución al respecto”, postula la dirigente.

En definitiva, para Rosa Rojas este proyecto no solo destruiría parte del mar, sino también parte de la tierra, pues el rajo sur de esta mina, explica, “está arriba del reservorio de agua que nos provee del líquido vital a dos pueblos aguas abajo, por lo tanto, no podríamos estar bajo ningún punto a favor de esa conciliación”.
Que Piñera sea consecuente
www.elcomunal.cl
La conciliación tendrá que ser decidida por el SEA el próximo 14 de marzo, cuando el gobierno de Sebastián Piñera haya cumplido recién tres días en La Moneda. Sin embargo, Rojas sostiene que han estado luchando por la protección de su territorio en las diferentes administraciones y recuerda que les ocurrió algo similar cuando en el anterior mandato de Michelle Bachelet, se pretendía instalar la termoeléctrica Barrancones. Entonces asumió Piñera y detuvo su construcción “aduciendo que este era un lugar que no se puede destruir, y lo hizo de forma ilegal”, dice Rojas, quien explica que en el caso de Dominga les ocurre al revés.

Ahora ha sido el gobierno de Bachelet el que ha reconocido la importancia de proteger la biodiversidad de este lugar y ahora con la decisión del Tribunal Ambiental de realizar un proceso de conciliación, la decisión final recaerá en el próximo mandato de Piñera. En ese sentido, la dirigenta indica que no les importa la administración que esté porque “nos ha tocado esta pelea en ambos gobiernos, y casualmente de las mismas personas, entonces nosotros vamos a seguir luchando porque no vamos a llegar a acuerdo, de eso no me cabe la menor duda”.

Rojas explica que en ese escenario -en donde no prosperaría la conciliación- el Tribunal Ambiental deberá dirimir al respecto y tendrá que dar una resolución. “Si está a favor de la conservación vamos a estar felices, porque creemos que este tribunal se creó precisamente para eso; si no, vamos a seguir adelante con nuestra causa y no vamos a permitir bajo ningún punto este proyecto y seguiremos los cursos regulares de la institucionalidad y la ley para evitar cualquier iniciativa de este tipo”.

Finalmente, la dirigenta llama a Piñera a que mantenga la misma postura que tuvo cuando ocurrió lo de Barrancones, señalando que “él se la jugó por defender esta zona”. Por eso insiste en que el electo mandatario sea consecuente con esa postura porque -plantea- “no queremos que pase lo de Huasco o Quinteros”. Por último, reflexiona respecto de las condiciones en que están los puertos, los pescadores y los pueblos. “Nosotros no queremos que pase eso aquí en La Higuera”, concluye.

Javier Karmy Bolton
https://www.elciudadano.cl/politica/daniel-jadue-dispara-frente-amplio-esta-la-derecha-del-pc/02/15/

Si bien el titular de Medio Ambiente no quiso polemizar con José Ramón Valente, insistió en la decisión del Comité de Ministros.
Miércoles 14 de Febrero de 2018.- Luego de que el próximo ministro de Economía, José Ramón Valente, no descartó que el proyecto minero y portuario Dominga pudiera ser “rescatado” durante el próximo gobierno, la actual autoridad ambiental se mantuvo firme en la posición de rechazo de la iniciativa.

El proyecto de US$ 2.500 millones fue objetado por el Comité de Ministros en agosto del año pasado. Dominga pasará a un proceso de conciliación entre Andes Iron, propietaria de la iniciativa, y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que representa al Consejo de Ministros, ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Tras reunirse con el presidente electo Sebastián Piñera en Lago Ranco, Valente dijo que consideraba que el proyecto Dominga “es interesante” y que “lo que tiene que ocurrir ahora es que siga los cauces institucionales que le quedan, que está en el Tribunal Ambiental, y ver si es que pudiese ser rescatado”.

El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien encabezó el Comité de Ministros que en votación dividida le bajó el dedo a Dominga, declinó entrar en polémica con Valente. Y más allá de que el futuro ministro encontrara que el proyecto “es interesante”, envió un claro mensaje al futuro gobierno: mantenga el rechazo. “Nosotros tenemos nuestra posición clara con respecto al proyecto y por tanto vamos a mantenernos con esa posición hasta el final y eso no cambia el hecho que hoy día el proyecto tenga falencias en su evaluación ambiental.

Así que hay que continuar la evaluación tal cual lo ha dicho el ministro de Economía futuro, de que hay que continuar los cauces institucionales”, explicó Mena.

“Para nosotros el acuerdo que es aceptable es que se mantenga su rechazo, porque el hecho esencial no se corrige. El proyecto tiene una línea de base deficiente y por tanto esto no se parcela ni se negocia, sino que más bien se resuelve en la evaluación ambiental cualquier problema de línea de base y por tanto el proyecto no podría ser aprobado”, agregó.

Según Mena, si pudiera prosperar la conciliación a favor de Dominga aún la autoridad ambiental podría recurrir a instancias judiciales posteriores.

La ministra de Minería, Aurora Williams, coincidió en que lo dicho por Valente “es la opinión del futuro ministro, pero nosotros no vamos a opinar sobre ese tema (…) el proyecto en nuestra gestión fue evaluado y ahora continuará el proceso que corresponda dentro de la institucionalidad”.

Los caminos legales

En el Tribunal Ambiental, el gobierno es el reclamado, porque la autoridad fue la que rechazó el proyecto y lo que está apelando la empresa en esa instancia es que ese rechazo es injustificado e ilegal, explicó Eduardo Correa, del estudio Vergara Galindo Correa, que no participa del proceso.

Los abogados internos del Servicio de Evaluación Ambiental son los que defienden a la autoridad en este tipo de juicios y los que participan directamente. Por su parte, la empresa Andes Iron, dueña del proyecto, tiene sus propios abogados y el principal es Patricio Leyton, del estudio Ferrada Nehme.

“El tribunal puede llamar a la conciliación y ver si existe o no acuerdo. Si no existe, el proceso sigue y el tribunal debe decidir si darle la razón a la empresa o a las autoridades. Ante eso, se puede realizar un recurso de casación ante la Corte Suprema y, si bien no es común, eventualmente la Corte Suprema podría abrir un proceso similar de acuerdo”, dijo Correa.

Los parlamentarios de la IV Región, donde está proyectado Dominga, no participan en la conciliación. “Todos han opinado que es un proyecto importante, interesante para la zona y que tiene que cumplir con las exigencias medio ambientales. Si logran eso sería muy positivo”, dijo el senador DC Jorge Pizarro.

La Segunda

Un acuerdo entre CORFO y SQM acaba de ser anunciado en Enero del 2018. En la primera parte, se analizan las consecuencias ambientales sobre el Salar de Atacama. En la segunda parte, se discuten el costo de oportunidad de ampliar una cuota de extracción sin valor agregado. En la tercera, se cuestionan las cifras de recaudación tributaria difundidas por CORFO. En seguida, se desmiente que el nuevo contrato era la mejor opción legal frente a la falta de alternativas para el Estado; allí se revela que CORFO volvió a colocar al mismo árbitro actual, a pesar que argumenta que éste es un impedimento para otras alternativas. Finamente, se sugiere una nueva Política Pública.

LA SITUACION AMBIENTAL.

Una primera debilidad del acuerdo es que no se hace cargo de la fragilidad del Salar de Atacama. Se le permite a SQM triplicar la cuota de extracción de Litio en el mismo Salar de Atacama sin haber un estudio hidrológico previo integral del Salar y a pesar de encontrarse acreditadas múltiples infracciones ambientales acreditadas mediante informes oficiales Mayores antecedentes sobre este tema se puede encontrar en la investigación de la Dra. Ingrid Garcés y de Sergio Mantilla para su tesis de Magister en Medio Ambiente del CREA.

El Salar de Atacama es un sistema ecológico que alberga vegetación y especies animales que dependen del agua. De allí surgen actividades económicas agrícolas importantes para la autosuficiencia alimentaria de los pueblos originarios y para el turismo. No es por tanto de extrañar la movilización en contra del Acuerdo por parte del Consejo de los Pueblos Atacameños.

El agua que se utiliza se encuentra en la salmuera que contiene el Litio. Hace unos meses ya se había acordado con Rockwood Litio triplicar la cuota de extracción sin tampoco un estudio previo. Entre estas dos empresas, había un tope de extracción de 135.000 toneladas, ahora, con estos dos acuerdos, la extracción en el Salar aumentaría a 570.000 toneladas.

De acuerdo a CORFO, los acuerdos que citamos no obstruyen las obligaciones ambientales de las empresas, incluso, los nuevos contratos, aparentemente las refuerzan. Sin embargo, la información de consumo de agua, seguirá a cargo de las mismas empresas. El Estado no cuenta con mediciones propias o de organismos independientes. Tampoco está en los nuevos contratos.

Asimismo, en el mismo Salar, gozan de derechos de agua gratuitos, otras grandes empresas mineras: Escondida y Zaldívar entre ellas. Fácilmente, entre todas podrían diluirse las responsabilidades. Sobre todo, considerando que cuando existen recursos naturales compartidos, existen todos los incentivos para una carrera olímpica por consumir el recurso antes que lo hagan los competidores.

Sin embargo, el Salar es un sistema ecológico integrado donde el sobreconsumo de agua en cualquiera de sus partes afectará a otra zona. Los estudios tienen que abarcar al sistema completo. Actualmente, sin línea de base, no hay argumentos que avalen mantener el actual ritmo de extracción y mucho menos multiplicarlo por tres. Parafraseando a Nicanor Parra, el acuerdo se hace sobre un Salar de Atacama imaginario.

GANANCIA IMAGINARIA.

Una segunda debilidad del acuerdo es la generación de valor agregado. Las 240.000 toneladas adicionales de materia prima entregadas a SQM, tienen un elevado costo de oportunidad. Por cada tonelada exportada de materia prima se pierde la oportunidad de multiplicar su valor en varias veces agregando valor de la materia prima. Como se trata de un recurso no renovable, esta pérdida es irremediable. A éstas 240.000, deben agregarse las 195.000 recientemente entregadas a Roockwood-Albermarlie, más las 135.000 ya entregadas en el pasado a estas empresas.

Curiosamente, a este proceso de ampliar la producción dilapidando recursos no renovables, vendiéndolos como materia prima, CORFO le llama “mantener el liderazgo de Chile en el mercado del Litio”. Mientras tanto, la provincia argentina norteña de Jujuy, tiene en funcionamiento un Centro universitario de alta tecnología para crear valor agregado cerca de sus Salares y un acuerdo para instalar una planta de baterías de Litio. El Gobierno de Bolivia tiene en operación una planta piloto de baterías de litio.

En lugar de promover acuerdos entre países productores vecinos para agregar valor, estimula una competencia perversa. Si otros grandes productores, imitando la política chilena, multiplicaran su oferta por tres, crearían un sobrante de materias primas que haría descender su precio Se trata de una invitación al suicidio colectivo de los países que detentan las mayores reservas: Chile, Argentina y Bolivia.

Es cierto que los nuevos contratos reservan un 25% de la venta de litio a productores que a futuro puedan generar valor agregado. Sin embargo, el país no tiene un plan de desarrollo industrial que a corto plazo, pueda garantizar la industrialización del Litio de ese 25%. Por mientras, el otro 75% de exportación de materia prima, ahora se transforma en un 75% multiplicado por tres con los nuevos contratos.

También es verdad que CORFO se encuentra en proceso de seleccionar a un grupo de empresas postulantes a ocupar ese 25% donde se creará valor agregado. Aunque a ellas muy poco se les exige. El Estado no participa en su Directorio, pueden emplazarse lejos del Salar de Atacama, no se pretende formar una cadena industrial entre ellas, no se conectan con la cadena que pretenden crear nuestros países vecinos. Con todo, en este 25% se puede resumir el avance en estos últimos cuatro años. ¿Cúal será la brecha de formación de valor agregado al año 2030 respecto a los países que se disponen a hacer grandes inversiones en la cadena en los próximos años?

Pero además, al firmar un contrato hasta el año 2030, la pérdida es creciente. En la actividad minera se parte por explotar los yacimientos de más fácil acceso y se van postergando los yacimientos más costosos. Esto significa que si el Estado pretendiera estatizar el Litio a futuro se encontraría con recursos desvalorizados. El grueso de la renta que proviene de yacimientos de menor costo, la capturan los primeros entrantes. Cuando el Estado pretenda hacerlo y además agregar valor, el costo de la materia prima y los avances tecnológicos de las empresas que agregan valor, será mayor.

En el intertanto, el país perderá la oportunidad de sacar valor a miles de toneladas de litio que se habrán dilapidado exportándolas como materia prima. Aquello se podría evitar apoyando una Empresa estatal de Litio que capture la renta de los yacimientos que están en manos de SQM y que mediante ella financie nuevas industrias.

Mientras tanto, nuestros países vecinos y otras naciones avanzan rápidamente en cada una de las etapas de la movilidad eléctrica, ninguna de las cuales se realiza en Chile. El Cuadro siguiente muestra estos segmentos. Para los próximos años estos mercados crecerán a una tasa exponencial ya que en las próximas décadas se pretende reemplazar totalmente los vehículos actuales por vehículos eléctricos.

Es decir, en el mundo comienza la cadena industrial de valor agregado donde en Chile termina, con el carbono y el hidróxido de litio, que deben ser refinados para ser parte de la primera etapa, la de componentes de celdas para baterías, la primera línea del cuadro de valor agregado.

IMPUESTOS IMAGINARIOS.

De acuerdo a CORFO, el Estado recaudaría una suma acumulada de cerca de US$9.000 millones de dólares con los nuevos contratos hasta el año 2030. Se trata de un monto tan importante que “se estaría recuperando el Litio para Chile”. Además una parte iría a parar a la Región extractiva de Antofagasta.

Sin embargo, la proyección tributaria de CORFO no parece verosímil. En la proyección de CORFO, se omiten los múltiples mecanismos que existen para eludir y evadir impuestos. La literatura técnica muestra que la minería es uno de los sectores privilegiados. En su alocución ante la Cámara de Diputados, el mismo Vicepresidente Ejecutivo de CORFO lo reconoce involuntariamente. Señaló que las diez empresas privadas más grandes del cobre actualmente tributan en conjunto no más de U$1000 millones de dólares al año, cifra que según este personero sería el valor a tributar en el nuevo contrato por una sola empresa: SQM. La primera cifra está basada seguramente en recaudación efectiva. La segunda, en recaudación teórica. En tal caso, ambas no son comparables.

CORFO no detalla cual es la base tributable del acuerdo. Solo se indica que depende del precio. ¿Se trata de un royalty sobre Ventas o de un impuesto sobre ventas menos costos? No hay un Proyecto de Ley que pueda aclarar estas dudas. Si fuera necesaria una Ley, habría que esperar las modificaciones que puedan hacer el Ejecutivo y el Parlamento; ya se cuenta con el ejemplo de la “cocina” que preparó la reciente reforma tributaria. Otro ejemplo, fue la reforma del año 2005. Esta otorgó un nuevo período de estabilidad tributaria por 12 o por 15 años según el caso, a cambio de someterse al Impuesto Específico a la Minería (IEM) de 5%. Sin embargo, el Estado rebajó la tasa adicional, que, es más gravosa que el IEM, sin que la opinión pública lo notara.

Tampoco aparece en la proyección tributaria de CORFO, el agotamiento progresivo de las reservas de aquí al 2030. Si bien, aparentemente Chile dispone de cerca del 40% de las reservas mundiales, las utilidades de SQM y el impuesto de primera categoría, deberían disminuir como resultado del aumento progresivo del costo de producción.

En realidad, mientras no se conozcan mayores antecedentes técnicos y las bases de la proyección CORFO no es posible validar sus cifras. Menos aun conociendo la conducta tributaria de SQM y los variados instrumentos con que cuentan las empresas mineras para minimizar el pago de tributos. Este punto se vincula a la conducta de los actuales propietarios, tema que se analiza a continuación.

NUEVOS DUEÑOS IMAGINARIOS.

CORFO argumenta que no existía la alternativa para el Estado de recuperar SQM. De acuerdo al Contrato vigente, el árbitro no impondría más que una modesta multa. Sin embargo, en el acuerdo actual, se opta nuevamente por dejar la solución de futuros conflictos, en manos de la misma entidad que actualmente oficia de árbitro por libre decisión de las partes: El Tribunal de la Cámara de Comercio de Santiago que regirá hasta el año 2030 (Ver CORFO, 2018, acápite 2C5).

Por otra parte, Ponce Lerou habría aceptado perder la Presidencia, perder el control y pagar una mayor tasa de impuestos a pesar que el Estado no con contaba con contratos que le favorecieran, según la versión de su Vicepresidente Ejecutivo de CORFO. ¿Cómo se justifica esta buena voluntad del controlador? Es la pregunta que hace la diputada Alejandra Sepúlveda al rechazar el acuerdo junto a otros 37 diputados que conformaron mayoría.

Parte de la respuesta la tiene la teoría financiera. El valor de una empresa es el valor de sus flujos futuros. En realidad, la sola expiración de la licencia significaba la agonía económica para SQM. Una empresa que depende de un producto que no podrá vender a futuro verá escapar a sus financistas, sean estos accionistas, proveedores, bancos, socios futuros. El precio de sus acciones depende de los dividendos futuros. Importantes recursos humanos, alianzas estratégicas también se verán afectadas.

Otra respuesta tiene el académico de la Universidad de Santiago, Roberto Mayorga (2018). Este Doctor en Derecho, señaló a Radio Cooperativa que las conducta de SQM » está condenada por la Constitución con la prohibición, intervención y confiscación de los bienes», y que «todo lo que ha hecho Soquimich y la CORFO es de nulidad absoluta, imprescriptible, porque es una violación constitucional».

Vale la pena recordar que en la larga de infracciones de SQM se cuenta: incumplimiento de impuestos, falsificación de lo exportado, venta de salmuera sin autorización, constitución de propiedades mineras encima de las que posee CORFO, constitución de Derechos de Agua que imposibilitan el cambio de concesionario, infracciones ambientales. A esta lista se agrega el cohecho a funcionarios públicos, la falsificación de boletas y la infracción a las normas laborales que motivó una carpeta en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Una explicación de acceso público se encuentra en Daza (2017), Arellano y Carvajal (2016)

Por otro lado, resulta ingenuo suponer que con los nuevos Contratos se previenen las conductas ilícitas. Ni Ponce Lerou ha perdido el control ni tampoco ello garantiza gran cosa.

Si Ponce Lerou perdió el control de su empresa, esta sería administrada por lo que queda de los nuevos controladores que ya estaban en la propiedad y que tenían Directores. Resulta inverosímil suponer que el resto de los controladores desconocían larga lista de infracciones y que no podían hacer nada. Tan poco creíble como atribuir los manejos turbios en la directiva de la ANFP exclusivamente a la conducta de sus ex presidentes.

Finalmente, se puede dudar que Ponce Lerou vaya a perder el control de la empresa. Según el acuerdo, retendría cerca de un tercio de la propiedad hasta el año 2030. La literatura técnica, indica que este porcentaje es suficiente para seguir controlando la empresa. Existe la posibilidad para el dueño de conformar alianzas con otros propietarios de menor tamaño para influir en las decisiones estratégicas de SQM. Sobre todo si la propiedad restante se encuentra atomizada en pequeños inversionistas, lo cual es frecuente en Sociedades que transan acciones en Bolsa. Además, a nivel internacional, son frecuentes los acuerdos en vendedores y compradores a través de empresas relacionadas. Existe una extensa literatura sobre los precios de transferencia, triangulación de ventas, directores entrelazados.

UN MODELO DE DESARROLLO ALTERNATIVO

En lugar de lo anterior, se sugiere una nueva política para el Lito:

1. Una evaluación hidrológica del Salar de Atacama por organismos independientes de las empresas para evaluar su capacidad máxima de explotación. En esta evaluación debería tener una participación importante el Centro especializado en Medio Ambiente de la U. de Antofagasta (CREA).

2. Dado el conjunto de ilegalidades en las que ha incurrido la empresa SQM, su licencia debe ser removida. Debe hacer cargo de sus yacimientos, una empresa del Estado., con lo cual el Estado podría capturar cerca un tercio de la producción y renta mundial de litio. El proyecto de ley fue presentado el 7 de Junio de 2017 en la Cámara de Diputados.

3. Con un porcentaje de las ventas del litio, el Estado debe financiar la inversión en plantas piloto de bienes industriales en la Región de Antofagasta. La principal aplicación del litio son las baterías y los cátodos de litio para baterías de litio. La tecnología es conocida. Por ejemplo, la Universidad de Antofagasta cuenta con un centro piloto donde se fabrican baterías de litio. Este centro puede trabajar en red con investigadores localizados en Chile, Argentina y en Bolivia (el ABC del Litio). Debería recibir financiamiento directo del Estado.

4. El Estado debe crear una empresa mixta para desarrollar parte creciente de la cadena de valor del litio. Esta empresa mixta debería estar coordinada con los Estados de Argentina y de Bolivia, que también poseen reservas de importancia mundial. Entre ellos cabe acordar una división de tareas a lo largo de la cadena de valor. Esta alianza ABC debe descansar sobre la Planificación Industrial conjunta de bienes que utilizan litio y también de bienes sencillos que necesitan baterías y cátodos de litio para baterías. Esto permitiría la venta de las baterías. La demanda final incluye las bicicletas eléctricas y las baterías para acumular energía solar en viviendas. Esta coordinación permitiría romper con las cadenas verticales integradas, especialmente asiáticas.

5. La empresa mixta podría incorporar capitales extranjeros de empresas ya instaladas en esta cadena que le puedan proporcionar acceso a los canales de distribución internacionales y asegurar el abastecimiento de algunas sustancias químicas que son parte de las baterías de litio ( separadores, aglutinantes, grafito para el ánodo, solución electroquímica) .

6. Las empresas participantes de esta alianza, deben establecerse preferentemente en el Norte de Chile, Norte de Argentina y Sur Este de Bolivia, es decir cerca de los Salares. Esto lograría descentralizar y diversificar las economías de estas regiones que actualmente dependen de pocos productos. En estas zonas existen las capacidades tecnológicas suficientes, gracias a la presencia de Universidades regionales que operan en conjunto con los países vecinos. Un espacio industrial de colaboración conjunto permitiría también fomentar un área de paz y amistad.

REFERENCIAS:

Arellano, Alberto y Carvajal Víctor (2016):”Litio Las escandalosas fallas de la Comisión de Energía Nuclear que beneficiaron a SQM”. Recuperado de:

http://ciperchile.cl/2016/03/10/litio-las-escandalosas-fallas-de-la-comision-de-energia-nuclear-que-beneficiaron-a-sqm/

CORFO (2018): “Bases de Conciliación Proceso Arbitral Corfo|Sqm”. Recuperado de: file:///C:/Users/INGECO/Downloads/Ppt+Consejo+12.01.2018+(FINAL)+ebc+16.01.2018.pdf

Daza, Mauricio (2017). “Novedades del caso SQM con Mauricio Daza YouTube”. Programa Cadena Nacional Canal Vía X. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=VnG0yXLU_-U

Garcés Millas, Ingrid (2018) “¿Está Chile preparado para mantener la actual extracción de salmueras que requiere la industria del litio?

Lebedeva, Natalia; Franco Di Persio y Lois Boon-Brett (2016): “Lithium ion battery value chain and related opportunities for Europe”. European Commission.

Mayorga, Roberto (2018). Entrevista a Radio Cooperativa en http://www.cooperativa.cl/noticias/economia/empresas/fisico-de-la-corfo-el-acuerdo-con-sqm-es-un-insulto-para-el-desarrollo/2018-01-28/145735.html

Fuente:  JAN CADEMARTORI, Doctor en Desarrollo Económico.

Escribe Julián Alcayaga O. – Economista y abogado – Febrero 2018
Desde hace 2 años el precio del litio aumentó casi al doble, pasando de menos de US$ 6.000 la tonelada de carbonato de litio, a más de US$ 11.000, que es el precio al cual lo ha exportado la minera chilena SQM, una de las tres principales productoras de este metal en el mundo.

Las proyecciones apuntan a un aumento de la producción y del precio del litio, en razón que en el mediano y largo plazo, en muchos países del mundo ya no se producirán autos convencionales, y solo se podrá circular en autos eléctricos, los que obligatoriamente usarán baterías en las que el litio será uno de sus componentes principales. Según el Wall Street Journal, en la actualidad los automóviles eléctricos representan solo 2% de las ventas globales, pero el año 2025 ese porcentaje alcanzará el 10% y 30% el año 2030.

Además de los automóviles, también ya se están produciendo buses e incluso camiones eléctricos, todo lo que augura una demanda creciente en las baterías de litio. La electromovilidad creciente del parque automóvil mundial, es en la actualidad el principal factor del aumento de la demanda y del precio del litio.

Si bien las baterías y pilas de litio, es el principal impulsor del actual crecimiento del consumo y del precio del litio, existen además, otros sectores de la industria que también utilizan diferentes derivados del litio, como es el caso de la industria del aluminio, de las cerámicas, vidrios, grasas y lubricantes, aire acondicionado, cauchos sintéticos y es conocido desde años el uso del litio en el tratamiento de algunas enfermedades psiquiátricas.

Pero la carrera por apoderarse del litio comenzó hace más de 40 años, cuando se descubrió que el litio enriquecido o litio 6, podría ser muy importante en la posibilidad de crear plantas de fusión nuclear, sin la contaminante radioactividad, lo que vendría a solucionar definitivamente el problema de la generación eléctrica en el mundo. En diferentes países se desarrollaron proyectos experimentales, pero sin resultados comerciales, lo que hizo disminuir el interés por el litio en la década de los ochenta del siglo pasado

A partir de los años noventa, varios países comenzaron a elaborar un proyecto científico común, con el objeto de llegar a la fusión nuclear de carácter comercial. Después de algunos desencuentros respecto del lugar y país para la construcción del reactor y la planta, el año 2003, se llegó al acuerdo que este se construiría en el sudeste de Francia, en Cadarache.

Este proyecto se llama ITER, (International Thermonuclear Experimental Reactor), en el que participan la Unión Europea, EEUU, Rusia, China, India, Japón y Corea del Sur. Según las últimas informaciones, la planta ya habría alcanzado el 50% en su construcción, y esta podría estar operativa en la producción de electricidad a partir del año 2025.

Si el proyecto ITER llega realmente a funcionar comercialmente, el interés por el litio sufriría un salto cualitativo, por lo que, se podría sostener, que en el mediano y largo plazo, el litio tiene un futuro luminoso tanto en la demanda como en su precio.

Tanto el aumento de la demanda como del precio del litio, tienen una gran importancia para Chile, donde se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, en diferentes salares del norte de Chile.

Dentro de ellos, de lejos el más importante es el Salar de Atacama, donde se concentra una de las mayores reservas de litio del planeta, y además de las mejores por la calidad del salar, su rápida evaporación y su bajo costo de producción y de transporte. Las pertenencias mineras sobre el litio del Salar Atacama, desde 1977, pertenecen casi en su totalidad a Corfo, (Corporación de Fomento de la Producción) entidad del Estado chileno.

Por otro lado, a raíz de la importancia que se auguraba para el litio desde los años sesenta del siglo pasado, en las futuras plantas de fusión nuclear, la Junta Militar de Gobierno de Chile, en octubre de 1979, en virtud de su poder constituyente, dictó el DL 2.886, que en su artículo 5° dispuso lo siguiente:

“Por exigirlo el interés nacional, desde la fecha de vigencia de este decreto ley, el litio queda reservado al Estado”.

El mandato es claro, por exigirlo el interés nacional, a partir de ese momento, solo el Estado puede explotar el litio.

Posteriormente, el nuevo Código de Minería, de 1983, en su artículo 7° declaró que el litio no es concesible, y la Constitución de 1980, en el inciso décimo del N° 24 del art. 19, dispuso que:

“La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo”.

La Constitución de 1980, dispone perentoriamente que solo el Estado o sus empresas pueden explorar, explotar o beneficiar los yacimientos con sustancias no concesibles, entre las que se encuentra el litio, con la sola excepción que se podrían otorgar concesiones administrativas o contratos especiales de operación, pero solo el Presidente de la República lo puede hacer, por decreto supremo.

En resumen: primero, desde 1977 los yacimientos de litio del Salar de Atacama pertenecen a Corfo entidad del Estado; segundo, desde 1979 el DL 2.886 reserva el litio al Estado; tercero, en 1983, el nuevo Código de Minería, declara no concesible el litio, que es similar a reservarlo al Estado; cuarto, la Constitución de 1980, establece que solo el Presidente de la República puede permitir que terceros otros que el Estado puedan explotar el lito chileno, mediante decreto supremo.

Es una verdadera coraza jurídica que defiende al litio chileno y en particular al del Salar de Atacama, que impide su explotación por empresas privadas nacionales o extranjeras. Además, nunca un Presidente de la República ha firmado un decreto supremo para otorgar derechos de explotación en el litio a alguna empresa privada, sin embargo, dos son las únicas empresas que en la actualidad explotan el litio en Chile, y ninguna es del Estado: Ellas son Rockwood-Albemarle, empresa estadounidense que lo explota desde 1980, y SQM, empresa de capitales nacionales y extranjeros, que lo explota desde 1993.

Que sean dos empresas privadas sean las únicas que exploten el litio, es un contrasentido y es inconstitucional e ilegal, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales que expusimos anteriormente.

Pasar por sobre la ley solo se puede hacer mediante contratos secretos fuera del alcance de la opinión pública, y porque a la vez deben existir enormes coimas para conseguir esos contratos. El secretismo y la completa ausencia de prensa independiente era la realidad con la dictadura militar, y ello hizo posible que en 1980, solo meses después que se reservara constitucionalmente el litio al Estado, se firmara un contrato entre Corfo y Foote Minerals Company, de EEUU, hoy Rockwood-Albemarle, para formar la “Sociedad Chilena del Litio Ltda.” –sugestivo nombre de chilena–, para explotar el litio del Salar de Atacama, sociedad en la que Foote tendría el 55% del capital, aportando tecnología e inversión, y Corfo quedaba con el 45% del capital, aportando 3.344 de su pertenencias en el litio del Salar de Atacama. El contrato era por la producción de 200 mil toneladas del equivalente de litio metálico, con vigencia hasta el año 2014.

Este contrato es ilegal, porque ya estaba vigente la reserva al Estado del litio, y por tanto Corfo no podía aportar pertenencias mineras reservadas al Estado, a una empresa privada extranjera, por más que Corfo participe en dicha empresa. Pero quién y cómo podría denunciar u oponerse a esta ilegalidad, cuando esta dictadura tenía a su haber miles de desaparecidos, miles de asesinados, y decenas de miles de presos y exiliados, todo lo cual se hizo también en la más completa ilegalidad y violación de los derechos humanos.

La dictadura terminó en 1990 y fue reemplazada por el gobierno de Patricio Aylwin, quien asumió en marzo de 1990. En lo que respecta al litio, se podría haber llegado a pensar que el contrato entre Corfo y Foote Mineral sería anulado, precisamente por ser ilegal e inconstitucional. Bien por el contrario, este gobierno democrático volvió a entregar el litio de manera ilegal e inconstitucional a otra empresa, Soquimich.

Soquimich era una empresa minera e industrial que explotaba salitre, yodo, potasio, bórax, etc. en el norte de Chile y que pertenecía al Estado, pero que en 1987 la dictadura la privatizó por un valor muy inferior a su valor comercial, en favor de Julio Ponce Lerou, yerno del General Pinochet, empresa a partir de la cual ha formado un verdadero imperio, aliándose con empresas extranjeras.

En 1993, Corfo le entregó en arriendo a Soquimich, llamada ahora SQM, sus pertenencias en el Salar de Atacama, para extraer el equivalente a 180 mil toneladas de litio metálico, con vigencia hasta el año 2030. Al ritmo actual de producción ya casi no le queda especio a SQM para completar la cuota de 180 mil toneladas, por lo que necesita obligatoriamente un nuevo contrato.

Ante el término del contrato con Rockwood-Albemarle, el año 2014, y el casi término del contrato con SQM por agotamiento de la cantidad autorizada, todo daba a pensar que por fin el Estado se haría cargo de la extracción e industrialización del litio en Chile, ahora que la demanda y el precio del litio no paran de crecer, y como en cierta manera lo está haciendo el Estado boliviano.

Pero nada de eso ha ocurrido por un lado porque “poderoso caballero es don dinero”, que consiguió a a fines de 2016 Corfo hiciera un nuevo contrato con Rockwwod-Albemarle para extraer 262 mil toneladas, hasta el año 2044. Y hace unas semanas se dio a conocer que Corfo concedía a SQM una nueva cuota de extracción de 350 mil toneladas, hasta el año 2030.

Varios parlamentarios, dirigentes sindicales y de organizaciones civiles se han manifestado completamente contrarios al nuevo contrato entre Corfo y SQM, sin embargo, nada han dicho respecto del nuevo contrato entre Corfo y Albemarle. No nos parece aceptable y más bien sospechoso que no se pronuncien contra el contrato con esta empresa estadounidense, y solo se opongan al contrato con SQM.

Fuera del hecho que es el dinero que ha conseguido estos nuevos contratos en los que Corfo entrega a empresas privadas nacionales y extranjeras, el litio que dictador Pinochet reservó al Estado, también existe una operación política a solo 2 meses que asuma el nuevo Presidente de derecha Sebastián Piñera, de esta manera liberarlo a él, del estigma de entregar a extranjeros lo que dictador Pinochet reservó para todos los chilenos.

Lo lamentable, es que esto se realiza en las postrimerías del gobierno de la “socialista” presidente Michelle Bachelet.

El análisis de la firma nace luego de la sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente y el estudio de una opción de desarrollo minero subterráneo.
Jueves 08 de Febrero de 2018.- La resolución de clausura total y definitiva que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) decretó sobre el proyecto minero binacional Pascua-Lama reforzó la idea de la canadiense Barrick de explorar una alternativa de desarrollo subterráneo.

Por esto, y según comunicó la minera a través de un comunicado, está reclasificando las reservas probadas y probables de Pascua-Lama de aproximadamente 14 millones de onzas, que se basan en un plan de mina a cielo abierto, como recursos medidos e indicados.

Como resultado de este análisis y de la clausura de las actuales instalaciones, la firma realizará una pérdida contable de US$ 429 millones antes de impuesto.

Sin embargo, mantiene la esperanza de poder desarrollar el proyecto y reforzó la opción de asociarse con la firma china Shandong para seguir adelante con una iniciativa subterránea.

“La resolución no afecta la evaluación continua de la compañía de una operación subterránea de excavación en bloques de Pascua-Lama, que requeriría permisos adicionales y aprobaciones regulatorias tanto en Argentina como en Chile, independientemente de la reciente decisión de la SMA. En cualquier escenario subterráneo, Barrick también cerraría las instalaciones del sitio y las alteraciones de la superficie en Chile, que no son necesarias para una mina subterránea”, señaló.

Agregó que “un cambio a una operación subterránea resolvería una serie de inquietudes de la comunidad al reducir significativamente los impactos ambientales generales del proyecto, en comparación con una operación a cielo abierto”.

Recalcó que “además, una operación subterránea sería menos susceptible a los impactos en la producción relacionados con el clima durante el invierno”.

La iniciativa ya había sido sancionada por la SMA en 2013; sin embargo, el tribunal ambiental decretó que la agrupación de infracciones que se utilizó en el fallo no se ajustaba a la ley, por lo que instruyó un nuevo proceso en donde se considerara cada falta de manera independiente.

Así, y luego de años en tramitación, la Superintendencia del Medio Ambiente emitió su resolución que incluyó un total de 33 cargos, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves. Asimismo, se aplicaron diversas multas a un total de 24 infracciones, las que sumaron US$ 11,5 millones.

Dos personas que se presentaron como abogados llegaron a la sede del Peñón de Semita, en la comunidad del río Colorado en el Valle del Limarí, región de Coquimbo, a informar a las personas de la Asociación de Comunidades Agrícolas del Limarí, que tenían que autorizar la instalación de plataformas de sondaje en su territorio a cambio de 10 millones de pesos.

Además, les dijeron que no tenían derecho a negarse, porque el Gobierno estaba apoyando las gestiones y la Dirección General de Aguas (DGA) tenía arrendada las aguas necesarias para realizar el cometido.

La situación causó extrañeza en algunos comuneros que hicieron averiguaciones, porque en la reunión les informaron además que el sábado 10 de febrero debían concurrir todos para firmar el contrato que posibilitaría los sondajes. Entre las irregularidades que hasta ahora han constatado los comuneros, figura el hecho de que es inviable que la DGA esté arrendando aguas, porque esa no es facultad del organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

Además, los presuntamente abogados dijeron representar a las comunidades agrícolas, sin embargo la Asociación de Comunidades Agrícolas del Limarí, informó que la comunidad del río Colorado, no está afiliada a la organización y que no tienen antecedente alguno de abogados que estén trabajando para comunidades agrícolas, menos imponiendo una negociación, engañando y fijando unilateralmente las condiciones.

También en dicha reunión se informó que los sondajes que llevan tres años en la cordillera no han arrojado resultados concluyentes, lo que resulta sumamente extraño, porque en noviembre de 2017 se publicó en el diario El Montepatrino que se había suscrito el protocolo adicional específico para el Proyecto Los Azules, en el marco del Tratado Binacional Minero entre Chile y Argentina. Esto quiere decir que las autoridades chilenas y argentinas por solicitud de la transnacional minera canadiense Mc Ewen consideraron que había mérito suficiente para crear un distrito minero en la cordillera de Tulahuén, contrario a lo que expresaron los abogados en la reunión.

Por último, los vecinos indagaron con dirigentes de la Junta de Vigilancia de la cuenca del Río Grande, y se les informó que nadie se ha acercado a la Junta para solicitar permisos para sondajes en el Río Colorado, ni hay antecedentes de que algún canal esté arrendando aguas para una minera, por lo que sería falso que estén disponiendo, al menos legítimamente, de aguas para realizar faenas en la alta cordillera.

El sábado en la sede comunitaria del Peñón de Semita está fijada una nueva reunión, donde esperan que los comuneros y los vecinos del territorio aclaren la situación y no se dejen engañar por estas malas prácticas.
https://www.elciudadano.cl/mineria/denuncian-enganos-malas-practicas-minera-canadiense-valle-del-limari/02/09/

… y que operadores ambientalistas recibieron millonarias sumas de la minera
Una serie de irregularidades y dudas quedaron dando vueltas en el Valle del Huasco tras la firma del Memorándum de entendimiento entre Barrick Gold y comunidades diaguitas. ¿Cuánto dinero quedó? El Ciudadano presenta una lista con los gastos de 2014, donde aparece Alonso Barros y Patricio Rodrigo involucrados.
09/02/2018
El año 2014, Barrick Gold logró firmar un Memorándum de entendimiento con comunidades diaguitas del Valle del Huasco, cuya rúbrica creó una figura sui géneris en la fiscalización de la iniciativa minera de oro y plata Pascua Lama. La idea era que la transnacional canadiense entregara dineros a través del Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto (asociación creada por comunidades que firmaron el memorándum) que tenía la misión de administrar la plata, contratando consultoras y asesoría legal para la fiscalización del proyecto.

Sin embargo, tanto la firma del documento, como la utilización de los dineros, se manejaron con mucho celo. Tanto así que una vez que dieron término al contrato en 2016, los montos usados quedaron sin ser aclarados. Producto de este acuerdo, dirigentes del Valle del Huasco dieron cuenta del quiebre comunitario que produjo, además, denuncian que Barrick usó a comunidades diaguitas del Huasco.

El Ciudadano accedió a parte de los montos que Barrick entregó al Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto por medio de un archivo Excel que da cuenta de los pagos realizado por la empresa el año 2014, que ascienden en total al menos a $684.563.979 al Consejo Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto, y a $52.527.948 millones a Alonso Barros quien hizo de honorable componedor. Además, obtuvo otro documento que da cuenta de pagos entre septiembre y octubre a Patricio Rodrigo que ascienden a $173.275.351 millones de pesos y por último al el número de tres facturas comerciales donde se menciona a Patricio Rodrigo y Alfonso Barros (ligados al mundo ambientalista e indígena) y un archivo Excel donde se aclaran las cifras mensuales.

En la factura 7017029 por Asesoría Jurídica, Barrick (Compañía Minera Nevada Spa) pagó $26.263.974, el 6 de junio de 2014 al abogado Alonso Barros Van Hovell Tot Westerflier por honorarios de “amigable componedor PL–Diaguitas”. Con la factura comercial 7017692, la minera canadiense pagó $86.122.500, el 7 de octubre por los trabajos realizados a Patricio Rodrigo con las comunidades. Finalmente, la factura comercial 7017017, fechada el 4 de junio, de $163.079.436 del mes de mayo a la Asociación Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto, corresponde a la entrega de la segunda cuota a las comunidades según MOU (Memorandum de Acuerdo), y se describe como “CSR Due dilligence”.
“El negocio del vivo”

Para Sebastián Cruz, de la comunidad diaguita Patay Co, esta información es muy relevante pues esto se sabía, pero no tenían cómo demostrarlo, y recuerda que este memorándum de entendimiento entre Barrick y comunidades indígenas fue gestado por Alonso Barros, abogado cuestionado por realizar este tipo de convenios, y Lorenzo Soto, quien el año 2012 interpuso un recurso de protección contra la transnacional canadiense e intentó crear las condiciones para generar indemnización económica y como no le resultó por esa vía, también impulsó el memorándum de entendimiento.

Sin embargo, este memorándum fue supuestamente creado bajo fraudulentas condiciones, tal como denuncia Susana Campillay, quien no pertenece a comunidad alguna pero que asistió representando a su padre a la reunión de la comunidad indígena Placeta, justo el día en que presentaron el memorándum y solicitaron las firmas. Hoy tiene una demanda contra este Memorándum en Vallenar. “Ellos utilizaron mi firma, lo que fue un delito, porque gracias a mí y a tres personas más que firmaron dos veces en mi comunidad al momento de repartir el dinero, lograron reunir el quórum mínimo”, recuerda.

Campillay narra que el Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto ha sostenido que el dinero que Barrick entregó por concepto del memorándum“se ocupó en pagarle a la gente que estaba investigando lo que hacía y dejaba de hacer en Pascua Lama”. Entre ellos, estaba efectivamente Barros, que en el fondo hacía de mediador y Patricio Rodrigo, quien supuestamente iba a hacer un “trabajo muy selecto, con gente internacional, y el estudio que entregaron acá es para reírse… Entonces uno se pregunta, ¿para eso le pagaron a Patricio Rodrigo? No sé si es para reír o llorar”, sostiene Campillay.

La denunciante sostiene que este fue “el negocio del vivo”, porque en el fondo la plata era de Barrick pero la traspasaban a través de los diaguitas, “o sea, Barrick pagó y utilizó a las comunidades”, quien agrega que sospechaban que los montos eran más o menos los que se mencionan en los documentos recibido por El Ciudadano, pero nunca tuvieron ese documento. Por eso insiste en que a las comunidades diaguitas del Valle del Huasco fueron utilizadas “porque entraba plata a las comunidades y después se les pagaba a ellos (Soto, Barros y Rodrigo) y el asunto quedaba arreglado, y como ellos hicieron esto que las comunidades son totalmente autónomas, es poco y nada lo que se puede investigar. Hicieron muy bien el trabajo”, espeta.

Sin embargo, en los documentos recibidos por El Ciudadano no aparece mencionado Lorenzo Soto.
Memorándum de entendimiento

Este memorándum de entendimiento firmado el 2014 y que estuvo vigente hasta el año 2016, cuando Pascua Lama enfrentó el cierre temporal del proyecto, se manejó con mucho celo de parte de Alfonso Barros, Lorenzo Soto y las comunidades. La idea fue iniciada en las alturas de la ONU con James Anaya que al poco tiempo apareció como parte del directorio de Barrick Gold y proponía que las comunidades realizaran una supervisión del proyecto por medio de la entrega de dineros al Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto para contratar a consultoras y empresas que realizaran estudios y así pudieran fiscalizar el proyecto en las nacientes de la cordillera.

Así fue como llegó al Valle del Huasco a realizar una consultoría ambiental Patricio Rodrigo, quien en un principio se presentó como profesor titular de la Universidad de Chile, pero que por la rápida gestión de algunas comunidades y organizaciones del Valle del Huasco, fue desacreditado por el mismo rector de la Casa de Bello.

Sebastián Cruz, de la comunidad Patai Co, denuncia que fueron muy herméticos con este convenio y que incluso, en un momento fueron expulsados de una reunión, por lo tanto, “nunca tuvimos acceso a la información respecto a qué se hacía con el dinero de Barrick”.

Lo que sí percibieron, fueron los conflictos que se comenzaron a generar al interior de las comunidades derivados de la entrega de dinero. “Nos comentaban que se entregaban plata a los dirigentes por concepto de viáticos y diferentes cosas, entonces mucha gente integrante de las comunidades que estaban dentro del memorándum nos dijeron que estaban en desacuerdo, porque querían saber dónde estaban las platas”, expresa Cruz, quien agrega que “eso generó muchos problemas y al final, crearon este conflicto al interior de las comunidades que a la vez se fueron desintegrando”.

Esto lo reafirma Susana Campillay, quien asegura que las comunidades se rompieron y ya no se organizan. Lo que hacían antes, reuniéndose dos veces al año o en el Año Nuevo con la Fiesta de la Challa en febrero, ya no se hace. Porque “las comunidades quedaron quebrantadas”.

El memorándum se mantuvo de forma tan hermética que incluso Susana Campillay, representante de su padre en la comunidad de Placeta, logró obtener solo parcialmente el documento pues nunca le hicieron llegar los anexos. “Fue manejado totalmente oculto y nunca tuvimos acceso a las platas ni nada”, afirma.

Una vez que Barrick dejó de entregar el dinero al Consejo Comunal Diaguita del Guascoalto, “nunca aclararon qué pasó con el dinero entregado o si lo entregaron todo o si quedaron debiendo, nunca se aclaró”, expresa Campillay, quien también cuestiona la labor de CONADI de Copiapó, pues “no fue capaz de quemarse las manos por este tema”. Pese a que les informaron del menorándum, nunca ayudaron. “Nos dieron vuelta la espalda hasta el día de hoy”, dice y agrega que también pidieron ayuda a ciertos políticos.

Finalmente, Susana cree que tarde o temprano toda esta información va a salir a la luz, que las comunidades van a tomar conciencia y “van a tomar en serio lo que es cuidar su tierra y la Pachamama porque con la naturaleza no se juega”.

El Ciudadano intentó acceder a la versión del Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.