Intervenciones en sitios arqueológicos, camino tropero y afectación a la flora y fauna, son algunos de los daños producidos por la minera transnacional Río Tinto en la construcción del camino para el proyecto minero “Trinidad” en el sector de Millune, Belén, comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota.

Así lo denuncia la comunidad de belén, quienes, en una visita al sector, realizaron una inspección a los trabajos que la minera desarrolla con el fin de llevar a cabo sondajes que, según información entregada por la empresa, se realizarían en agosto y septiembre de 2018.

De acuerdo a la comunidad, el camino minero atraviesa un asentamiento arqueológico, cercanías de antiguas habitaciones circulares, provocando un daño irreparable al patrimonio del pueblo.

Además, ocupa parte del camino tropero que une a Belén con Lupica, donde las y los antepasados se trasladaban en mulares o caballares con ganado ya sea para el pastoreo como comercio, lo que demuestra que no son “terrenos abiertos e incultos” como señala la empresa en las cartas que hizo llegar a la comunidad al consultarle por el proyecto.

Denuncian también que el camino al sondaje ha obstruido bajadas de agua, cortando el curso natural de las quebradillas, donde se evidencia que se pasa a llevar vegetación nativa y plantas medicinales como la quela quela, visibles a simple vista alrededor del camino.

“Estas intervenciones no sólo ponen en riesgo nuestra flora como patrimonio natural, sino que también nuestra fauna nativa, ya que la presencia constante del hombre y el ruido de las maquinarias han espantado a los animales silvestres propios del lugar como: zorros, perdices, tarukas, águilas y cóndores que viven en las cumbres de los cerros del sector, por nombrar algunos”, declaran en el reporte que la comunidad realizó, documento que será enviado organismos nacionales e internacionales con el fin denunciar el daño que la minera está produciendo, lo que califican como “un claro atropello a nuestros justos derechos como pueblo originario, dueños ancestrales de este territorio”.

Respecto al daño ambiental, el presidente del Comité Patrimonial de Belén, Edgardo Colque recalcó que “Belén se encuentra movilizado” y califica que la intervención de la minera “demuestra que no tiene respeto con los pueblos originarios, con nuestra naturaleza viva”, agregó.

“Belén dice no a la minería, para eso tenemos el respaldo del Convenio 169 de la OIT que en sus artículos siete, trece y catorce dice relación que el Estado debe salvaguardar los derechos de los pueblos, y conservar sus tierras y aguas de acuerdo a sus costumbres, esto ha sido complementado con la Declaración ONU sobre Derecho Humanos de los Pueblos Indígenas, en este caso Río Tinto ocasionó un tremendo daño al patrimonio de Belén”, sentenció el dirigente.

En tanto, Haylen Chang Cutipa, vocera del movimiento “Belén dice NO a la minería”, indicó que la llegada de la transnacional ha dividido al pueblo, generando expectativas laborales futuras que son inciertas. Sobre la afectación en los territorios donde se levanta el camino que usará la empresa para sus faenas de sondajes, explicó que “hay evidencia que el territorio intervenido ha sido de uso y propiedad del pueblo de Belén desde tiempo inmemoriales, por lo que no descansaremos hasta que nuestros derechos y decisión desarrollo, sean respetados”.

Masiva movilización

Cabe mencionar que el 21 de julio de 2018 la comunidad de Belén organizó y convocó a una masiva movilización en Arica donde llegaron hasta 500 personas aproximadamente, del pueblo de Belén, Socoroma, Putre, Saxamar, Chapiquiña, Lupica, Zapahuira, Guallatire, Caquena, Codpa, Pachica, comuna General Lagos, Azapa, Lluta. De Tarapacá de las localidades de: Miñe Miñe, Chiapa, Camiña.  Además, se sumaron activistas ambientales, feministas, estudiantes, medios de comunicación y ciudadanía en general que participaron, bajo la observación en terreno del INDH.

Además, la comunidad ha sostenido reuniones con parlamentarios de la Región y enviado cartas a diferentes instituciones nacionales e internacionales, junto con visitas al sector.

Fuente:http://programa-ayni.blogspot.com/

No queremos dejar pasar referirnos a dos publicaciones que leímos hace algunos días sobre la controversia acerca del Parque Nacional Patagonia.

La primera es una de esas notas emitidas seguramente desde la municipalidad de Chile Chico (“Vecinos validan consulta ciudadana sobre Parque Patagonia”) y la cual concluye diciendo que “continuarán trabajando y realizando gestiones por otros temas, por un bien común, no de forma mezquina y egoísta”.

En otras palabras: quienes objetan la consulta e insisten en estar a favor del parque serían mezquinos, egoístas y están contra el bien común. La otra, es una columna de Felipe Candia “Pensemos en Colores” en la cual opina que la controversia del parque es minería vs. turismo, que ambas actividades tienen sus contras (el turismo ocasionó los incendios en el Parque Nacional Torres del Paine) y que la disyuntiva no es blanco o negro ya que, entre otros, la industria minera tiene la posibilidad de hacer un cambio de paradigma “creando valor compartido”. Este columnista no deber ser el único en pensar de esa forma.

Por cierto que la controversia no es blanco/ negro, por más que a algunos esto les resulte más fácil. Para nosotros tampoco es una cuestión de quien se queda con la infantil Aisenia para abusar de ella, empresas de turismo o mineras. O sea, la prostitución económica, sacrificio, de un territorio, violento lenguaje y forma de pensar que parece ser lo único que se entiende en una sociedad del modelo neoliberal. Para nosotros el asunto es más profundo que eso. Cuando sabemos que los humanos estamos arrasando con la vida sobre el planeta, consiguiendo hasta que éste se haya enfermado, que los científicos nos adviertan que estamos cerca de un efecto invernadero irreversible con terribles consecuencias  y que nos estamos sobregirando en el abuso de los recursos ¿podemos insistir en el suicidio colectivo? Cuando sabemos que la vida es más valiosa que el oro y que más importante que algunos intereses particulares es el bien común, o sea lo que es de todos y para todos ¿Podemos seguir con más de lo mismo? Y en el caso del Parque Nacional Patagonia, se trata de un bien común nacional de propiedad de todos los chilenos, los de ahora y los del futuro, para restaurar la vida natural y cuidar el valiosísimo patrimonio natural y cultural que ahí existe y del cual recién estamos tomando conocimiento. De hecho, los chilenos incluso nos hemos dado leyes para proteger esos sitios patrimoniales, pero parecen ser insuficientes y además es necesario proteger sus inmediaciones y prevenir daños en aquellos aún por descubrir. De hecho, en esos lugares patrimoniales protegidos se han estado realizando prospecciones mineras y son esos lugares los que se pretende sacar del parque para beneficio de intereses particulares. Entonces ¿somos nosotros, quienes defendemos la vida, el patrimonio nacional y el bien común, los “mezquinos, egoístas y que no nos importa el bien común”? Francamente nos parece que quien piensa y escribe eso está en el mundo al revés o está desinformando de forma grotesca. Digno aprendiz de Goebels.

Ahora, en cuanto al turismo, lo vemos como posibilidad de actividad económica no consuntiva comunitaria, y no la única, asociada al parque. Y está claro que no siempre se hace bien, aunque también de que es más fácil que sea sustentable que las actividades consuntivas de recursos. Y respecto a Torres del Paine, ese es un buen ejemplo de lugar donado por un particular extranjero al estado de Chile para crear un parque nacional, donde en su momento los ganaderos lugareños  también se opusieron y donde actualmente casi todos viven del turismo. ¡Vaya a Natales a constatarlo! Y eso llevado a varios extremos, como la sobrecarga del parque y problemas consecuentes. Aparte de que el Estado chileno gusta de recibir los beneficios económicos de las áreas protegidas, pero le cuesta invertir en ellas, entre otras, para evitar incendios. Y Torres del Paine no es el único lugar con ese riesgo. A propósito,  el sospechoso incendio de hace algunos años en el Valle Chacabuco, justo cuando estaba ahí Tompkins y el ex-presidente Lagos, que se sepa, no fue ocasionado por turistas.

Y en cuanto a la minería del paradigma “del valor compartido”, si bien hay mineras mas responsables y menos egoístas que otras, esta es una actividad consuntiva de recursos no renovables que es bastante difícil que sea sustentable. El más histórico ejemplo en nuestro país es el del salitre. Menos aún cuando acá prevalece una cultura minera a la antigua, donde sus políticos dejan que las transnacionales se lleven casi todo a cambio de algunos empleos y migajas.  En todo caso, ni Laguna Gold –El Toqui, ni Mandalay Resources – Cerrro Bayo, ni Equus Mining –Southern Gold, han mostrado algún mínimo intento siquiera de ser parte de algún nuevo paradigma de minería algo mas sustentable.

Fuente:http://www.eldivisadero.cl/redac-49131

La empresa Biolantanido proyecta explotar 500 mil hectáreas en la región del Bío-Bío. La experiencia de China es crítica por los profundos daños ambientales que han producido estas faenas. El alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa dice que Minera Activa propone un modelo limpio con cero impacto para el medioambiente.

Tras la decisión anunciada por la ministra de Medio Ambiente de Chile, Marcela Cubillos, de retirar el respaldo al proyecto de ley de glaciares de Bachelet, la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares no lamentaron su baja ya que se había convertido en una iniciativa que protegía la inversión y la minería en lugar de priorizar los glaciares. El gobierno actual promueve una norma de protección a través de instrumentos generales, incluyéndolos en el proyecto de ley de creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, lo que no garantiza que resuelva la inseguridad hídrica que sufre el país.

La Cámara de Diputados votará el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas para impedir el aprovechamiento en los glaciares. Esto, en medio de la polémica por el retiro del apoyo del Gobierno a la iniciativa original de protección de glaciares de la administración de Bachelet.

Los parlamentarios ya habían manifestado sus molestias durante el pasado 3 de julio, cuando no se alcanzó a tramitar el proyecto debido al alto número de expositores. Ese día, diputados acusaron a la minería de presionar para abortar la propuesta ingresada por el Gobierno anterior, tramitada durante cuatro años en la Cámara Baja.

La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, explicó que en La Moneda no están a favor de aprobar leyes específicas para salvaguardar ecosistemas fundamentales, sino a través de los instrumentos de conservación establecidos por el proyecto de Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. La decisión fue cuestionada por algunos y aplaudida por otros: por ejemplo, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín apuntó a la presión de la industria minera y señaló que seguirá “agravando la inseguridad hídrica que enfrenta el país”.

También se sumaron los parlamentarios a los cuestionamientos: “No hay ciudad de Chile que no esté asentada a orillas de un río o en un cuerpo de agua alimentado por glaciares. Si se destruyen los glaciares desaparecen varias ciudades, por eso el gobierno se equivoca cuando protege intereses económicos como la minería por sobre los glaciares”, sostuvo el diputado ecologista Félix González.

“No puede ser que el Ministerio de Medio Ambiente permanentemente esté siendo presionado para poder tener una visión mucho más laxa, mucho más flexible, en relación a los recursos naturales, y el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía permanentemente estén presionando en lo que tiene que ver con nuestros recursos naturales, que además es una visión cortoplacista y poco inteligente”, alegó la diputada Alejandra Sepúlveda.

Sin embargo, no todos comparten la misma visión sobre el proyecto fallido de Bachelet: de hecho, una buena parte de las organizaciones ambientales celebra su término, asegurando que la iniciativa nunca reflejó un interés real por la protección de los glaciares.

Desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, su vocera Stefanía Vega, explicó por qué celebraron el retiro del apoyo al proyecto presentado por la administración interior.

“Lo que pasa es que el proyecto tenía ciertas carencias que eran bastante importantes. Su historia de tramitación nos remitía a un proyecto que en general parecía bueno. Sin embargo, posteriormente, el gobierno de Bachelet, por medio del Ministerio de Medio Ambiente comienzan a ingresar ciertas indicaciones que, en lugar de mejorar el proyecto, comenzaron a convertirlo en una iniciativa que protegía la inversión y la minería”, sostuvo la activista.

Además, explicó que el proyecto de Bachelet constaba de una definición de glaciar “muy pobre, donde no se consideran aspectos importantes que finalmente son los que permiten que un glaciar se sostenga y se mantenga como tal”.

A la vez, Vega aseguró que la idea de prohibición del proyecto era bastante escueta. Por ejemplo, hablaba de proteger mil metros ladera abajo después de un glaciar: “Mil metros es nada. Los enemigos de los glaciares, lejos del cambio climático, es la minería, que levantan mucho polvo y ese polvo vuela, hasta llegar a los glaciares y hacer que su derretimiento ocurra mucho más pronto”, argumentó.

Desde la coordinadora que reúne a varias organizaciones de todo el territorio en defensa de los glaciares, Vega recordó que el proyecto presentado por el pasado Gobierno primero consideraba dentro de su protección la idea de zonas vírgenes, pese a que en Chile no hay glaciares en ninguna zona de tal categoría.

“Además son muy pocos los glaciares que están dentro de parques y reservas nacionales. En el norte la gran mayoría está fuera”, añadió la activista, cuestionando también el concepto de reserva estratégica, “donde los glaciares tenían que entrar en una suerte de concurso para demostrar volumen, tamaño y porcentaje de agua para ser considerado como tal. Todos los glaciares debieron ser considerados reserva estratégica”.

Además, cualquier persona podría cuestionar el carácter de reserva estratégica del glaciar: “No era un proyecto para la protección de los glaciares, sino para la protección minera. Para este proyecto y cada una de las indicaciones que se discutieron, los principales invitados fueron el Consejo Minero y Codelco. Las comunidades logramos ingresar pero porque lo exigimos”, enfatizó Stefanía.

A juicio de los activistas, para avanzar y garantizar una real protección de los glaciares es necesario proteger de forma integral a los sistemas de alta montaña, ya que de ese modo se protege todo el ambiente que posibilita la vida de un glaciar o de un conjunto de glaciares.

Respecto a la postura del actual Gobierno, Vega recalcó que “sabemos que sus intenciones y las nuestras son diferentes. Celebramos que lo hayan bajado porque era un mal proyecto”.

En la Cámara de Diputados se votará la iniciativa que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Sobre esto, los activistas opinan que se trata de un gesto valorable, pero que nuevamente cae en el mismo error: “Entregan una definición de glaciar que nuevamente es muy pobre y que probablemente sea así porque no existe una ley de glaciares que hable de ello. Nosotros apostamos porque se logre instalar una definición más completa para entregarles una real protección. Son territorios que habitamos y estamos próximos a las cuencas y también porque como país tenemos una responsabilidad, teniendo el 90% de los glaciares de América en contexto de cambio climático”, cerró.

La propuesta abordada hoy por los parlamentarios reconoce a los glaciares como parte del ciclo hidrológico de las aguas y prohíbe toda actividad que genere “impacto significativo o daño irreversible” sobre ellos.

Fuente:https://noalamina.org/latinoamerica/chile/item/41803-la-manipulacion-de-una-norma-para-proteger-los-glaciares-en-chile

Frente a la plaza de armas de la comuna de Penco se realizó la semana pasada una concurrida jornada de información y agitación en contra de un nuevo proyecto extractivista que se encuentra gestando en el Gran Concepción. Con una asistencia de cerca de 70 personas se desarrolló el foro conversatorio “Minería en Penco ¿Qué sabemos de Biolantanidos?” en el que expusieron Lucio Cuenca de parte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Técnico Medioambiental Constanza Flores, además de la Coordinadora Penco-Lirquén, organización socioambiental que hace varios años ha instalado la necesidad de oponerse al terminal de gasificación marítima tipo isla GNL en la bahía de Penco propiedad de la empresa Biobiogenera.

Hace años se viene gestando un proyecto caracterizado por la intención de reinstalar el rubro minero de magnitud industrial en la región del Biobío. El proyecto pretende ser emplazado en el Fundo “El Cabrito” en la comuna de Penco, contando hasta la fecha con infraestructura de investigación y pruebas con el apoyo de fondos públicos e instituciones como la Universidad de Concepción. De ser aprobado el presente proyecto se podrían generar graves consecuencias para los ecosistemas y comunidades que se encuentran en sus proximidades, ya que a escasos kilómetros se encuentra la ciudad de Penco y un parche de bosque nativo denominado “Queules de Tomé y Penco”.

Las “tierras raras”, material que pretende explotar la minera, es el nombre con el que se suele llamar un grupo de 17 elementos químicos del grupo de los Lantánidos. Estos minerales se han vuelto indispensables para el desarrollo de nuevas tecnologías marcadas por aplicaciones cibernéticas, desarrollo creciente de la inteligencia artificial, nuevos materiales para dispositivos bélicos por parte del complejo militar-industrial y de programas espaciales de las potencias imperialistas.

La actividad comenzó con la exposición de Lucio Cuenca, el cual inició su presentación con una panorámica de la minería en Chile, para luego dar paso a un análisis de la minería de tierras raras. Comenzó situando los altos impactos socioambientales que conlleva la minería, recordando que la presión no es solo contra el suelo y el subsuelo, sino también sobre los recursos hídricos y la matriz energética. Recordó además que no se puede entender la problemática minera en Chile sin abordar conceptos como la privatización y la pérdida de soberanía por parte de las comunidades.

Especial énfasis dio al concepto de “concesiones mineras”, con las cuales el Estado otorga facultades y poderes excepcionales a las mineras, muchas veces de forma gratuita y a perpetuidad a través de figuras como la “concesión plena”. Las concesiones mineras además se entregan a las empresas sin evaluación ambiental previa y prevalecen por sobre los derechos de territorios utilizados ancestralmente por pueblos originarios, campesinos o culturas locales. Las concesiones mineras son figuras extensamente otorgadas a las empresas en Chile, generando una potencial altísima expansión del negocio minero. Según Sernageomin las concesiones de exploración y explotación minera en Chile alcanzaron, para el año 2013, la impresionante cifra del 41% del territorio nacional, casi la mitad del país. Junto con estos datos el expositor enumeró 3 mitos que rondan a la minería en Chile, los cuales cuestionó. En primer lugar criticó aquella frase que pregona que “La minería es el sueldo de Chile”, al mostrar cifras que dan cuenta de la predominancia del lucro por parte de empresas transnacionales que concentran el 72% de la producción, frente al 28% estatal, lo que demuestra que hoy en día la minería es principalmente el sueldo de empresas extranjeras.

Respecto a que la minería es el “Empleo de Chile” se demostró mediante cifras que este rubro solo entrega 2,66% de la ocupación en el país. Y respecto al tercer mito que afirma que la “minería es sustentable” el expositor nombró una serie de trastornos como la destrucción y contaminación de fuentes de agua, el irremediable daño al suelo, la liberación de polvo y drenaje ácido de minas, el incesante ruido y transporte de sustancias tóxicas, además de la generación de relaves y liberación de sustancias toxicas. Pero la presión a los ecosistemas no termina ahí, se recordó que la mayor carga a la matriz energética en el país la constituye la minería que concentra el 37% del consumo eléctrico, superando a cualquier otra industria o el consumo domiciliario. La presión sobre los sistemas hídricos también es considerable al utilizar grandes volúmenes de agua que son muchas veces contaminadas con elementos altamente tóxicos, todo lo cual se encuentra amparado por el código de aguas de nuestro país aprobado en dictadura, el cual señala que las aguas son un bien económico.

A partir de este código, se le entrega al Estado la facultad de conceder derechos de aprovechamiento de aguas a privados, de forma gratuita y a perpetuidad generando un verdadero mercado del agua en Chile. Además, el expositor recordó que este código “separó la propiedad del agua del dominio de la tierra, y la dicotomía actual se expresa en que existen propietarios de tierra sin agua, y viceversa”. Así la minería se transforma en uno de los principales responsables de la crisis hídrica que vive una parte considerable del territorio nacional, además de ser una industria de manejo de residuos mineros masivos generando al día la impresionante suma de 1,4 millones de toneladas de desechos tóxicos en forma de relaves que muchas veces terminan contaminando otros cursos de agua y comunidades, señaló el expositor.

Con respecto al tema de la minería de tierras raras Lucio Cuenca abordó el estado de este rubro a nivel mundial para luego acercarse en detalle a la situación en la comuna de Penco. El expositor comenzó citando a MininngFeeds, que es el principal sitio web de información financiera sobre minería. En este sitio se afirma que existen 43 empresas a cargo de proyectos mineros de tierras raras en el mundo. De este total, 22 son canadienses, 20 australianas y 1 estadounidense, sin embargo no se incluyen en este catastro las empresas chinas, las cuales concentran cerca del 95% de la producción mundial.

Se nombraron algunas empresas de tierras raras como Lynas Corp Ltd en Australia que han tenido problemas con comunidades en contra de sus proyectos mineros, también la empresa Mitsubishi Chemical de Japón ha tenido denuncias de contaminación y casos de leucemia en la población expuesta a la contaminación generada por su planta en Bukit Merah de Malasia. Otro caso relevante es el de los altos niveles de contaminación radiactiva (que se acercan a los de Chernobyl y Fukushima) que quedaron en Steenkampskraal, Sudáfrica, cuando una filial angloamericana abandonó una mina en los años sesenta. Entrando en materia sobre el proyecto minero en Penco el expositor recalcó que la empresa BioLantánidos que pretende explotar las tierras raras en Penco es una empresa privada chilena que opera bajo el nombre de REE (Rare Earth Extraction) UNO Spa y es 100% propiedad del fondo privado FIP Lantánidos, administrado por la firma de capital privado Mineria Activa, propiedad del grupo financiero Larraín Vial.

Ubicación de la planta piloto del proyecto minero El Cabrito de Minera Biolantánidos.

Además el proyecto ha sido beneficiado por el financiamiento del Programa Fenix (exploración minera) de Corfo el cual le otorgó USD 4.828.401. En cuanto a la magnitud del proyecto, afirmó que se esperan al menos entre 500 y 700 Toneladas de producción al año, lo cual necesitaría del procesamiento de la impresionante cantidad de 210 Ton/Hora (1.839.600 ton /año). Este gran volumen se debe a la baja concentración de estos elementos en la tierra que determinan que para obtener 1 tonelada se deban procesar 2.628 Toneladas. Por su parte los Esteros Penco y Cabrito tendrían que suministrar cerca de 35 m3 de agua por hora, lo cual constituye 850.000 litros de agua fresca por día. Pese a estos enormes volúmenes que se pretenden explotar, se han hecho anuncios que hablan de aumentar la producción a 3.000 ton/año, lo cual acrecentaría aún más la carga socio-ambiental sobre los territorios.

Concesiones mineras de explotación de la empresa REE Uno Spa en Penco. Fuente: OLCA

Concesiones mineras de exploración de la empresa REE Uno Spa en la Cordillera de la Costa de la región del Biobío. Fuente: OLCA

Entre las comunas que se ven más afectadas por las concesiones mineras a esta empresa se encuentran Penco, Tomé y Coelemu. Para terminar su ponencia el expositor planteó una serie de conclusiones entre las que se cuenta la estrecha relación entre la expansión de la minería, el crecimiento de la demanda energética y la crisis hídrica en los territorios. Por otro lado, existe una sobrevaloración en torno al aporte económico de la minería para la población del país, mientras que existen grandes perjuicios para las comunidades y ecosistemas en torno a estas empresas. También vemos como la minería se expande a territorios donde antes no existía abarcando en esta ocasión el territorio centro-sur del país, específicamente la región del Biobío. Al mismo tiempo presenciamos una cada vez mayor cantidad de conflictos entre comunidades y empresas mineras en toda América Latina, al evidenciarse la relación entre el modelo económico extractivista y la degradación de diversos ecosistemas y comunidades.

Concesiones mineras de exploración (en hectáreas) de la empresa REE Uno Spa en la Cordillera de la Costa de la región del Biobío. Fuente: OLCA

Posteriormente expuso la Técnico Medioambiental Constanza Flores, la cual apuntó varios datos técnicos en relación al proyecto. En primer lugar que estamos frente a una iniciativa de desarrollo minero de tajo abierto que procesará sobre 5.000 ton/mes, la cual alterará diversos esteros y cuerpos de agua del sector, además de instalar zonas de desechos. El monto de inversión del proyecto serían USD 25.000.000 y su vida útil 16 años. Constanza precisó que las tierras raras provienen de los minerales Bastnasita, Monacita y Xenotima y se dividen en tierras raras pesadas y tierras raras livianas, se puede decir que son más abundantes en la corteza terrestre que el cobre, el plomo, el oro, la plata, sin embargo su extracción se dificulta por la baja concentración en que se encuentra el material, por eso se habla de una abundancia relativa de estos elementos. Las principales reservas se encuentran al norte de China (35%), Brasil (15%), EEUU (10%), Rusia (10%), entre otros. Se caracteriza en su procesamiento la liberación de elementos radioactivos como el Torio y el Uranio. La expositora también recalcó la importancia de estos elementos en la última revolución tecnológica ligada a los dispositivos de telecomunicaciones virtuales, industria bélica y aeroespacial, etc. Además nombró algunas de las compañías involucradas en su desarrollo como Apple, BMW, Chevron, Exxon Mobile, General Motors, Honda, Nissan, Nokia, Sony, Volksvagen, entre muchas otras. Por otro lado recalcó el casi monopolio que tiene China de este material concentrando cerca del 95% de la producción mundial, así como el interés de otras potencias imperialistas por tener autonomía en el mercado de tierras raras. La profesional también habló del proceso productivo que la empresa en conjunto con autoridades han publicitado como sustentable el cual tiene el nombre de “Proceso Cerrado de Desorción Continua de Tierras Raras” (CCLP), y dijo que no existe evidencia de que este método tenga menor impacto que otros utilizados en la minería que se caracterizan por su nocividad. También llamó la atención sobre la cercanía del proyecto con las comunas de Penco, Tomé, Florida y Concepción.

Concesiones mineras de explotación y exploración en la región del Biobío. Fuente: Sernageomin

Para finalizar la actividad los y las integrantes de la organización convocante realizaron un llamado a seguir organizándose en defensa de las comunidades y los territorios a través de movilizaciones, educación popular, y la búsqueda de modos de vida que permitan que las comunidades puedan enfrentar un eventual futuro con su ambiente altamente degradado por los impactos del sistema capitalista en la biosfera.

Mina de tierras raras Molycorp Mountain Pass en el desierto de Mojave, California, Estados Unidos. Fuente: theatlantic.com

La actividad cerró cerca de las 9 de la noche tras realizarse una ronda de comentarios y preguntas que dejaron como conclusión la imperante necesidad de que la comunidad de Penco y el Gran Concepción en general se oponga a este gran proyecto minero que amenaza los ecosistemas de la región del Biobío, ya altamente intervenidos por otros rubros extractivistas como el negocio forestal, pesquero y energético.

Fuente:https://resumen.cl/articulos/realizan-conversatorio-mineria-penco-sabemos-biolantanidos-ante-amenaza-megaproyecto-minero-tierras-raras

Un nuevo golpe recibió ayer Andes Iron -firma que busca desarrollar el proyecto minero-portuario Dominga.

Ayer, la Corte Suprema admitió el recurso de casación presentado por la ONG Oceana y otras organizaciones, que buscan dejar sin efecto la sentencia del Tribunal.

Ambiental (TA) de Antofagasta, que decretó una nueva votación del proyecto en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, invalidando el rechazo a la iniciativa decretado por el Comité de Ministros de la administración Bachelet.

Lo anterior significa que el Máximo Tribunal definirá si el fallo del Tribunal Ambiental se ajustó o no a derecho, por lo que los escenarios son inciertos.

La iniciativa, que se ubicará en la Región de Coquimbo, demandará una inversión de US$ 2.500 millones si se concreta.

“Si dice que sí (se ajusta a derecho), entonces el proyecto tiene que volver a evaluarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, como lo mandó el TA.

Si dice que no, el proyecto se mantendrá rechazado”, indicó el abogado de Oceana, Ezio Costa.

“Expondremos que los vicios formales identificados por el TA no tenían la entidad para invalidar las decisiones de los órganos de la administración que rechazaron el proyecto”, dijo la directora ejecutiva de Ocena Chile, Liesbeth van der Meer. Mientras que no fue posible obtener una versión de la compañía.

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/suprema-admite-recurso-la-ong-oceana-proyecto-dominga/276454/#

CAP funcionó en ilegalidad desde el 2010 al 2018 vertiendo millones de toneladas de relaves tóxicos y contaminantes al mar bajo el amparo de las autoridades e instituciones.

Pero este no es el único tema de debate, ya que son 20 los incumplimientos de normas ambientales de diversa índole por lo cual hoy CAP Minería se encuentra acusada, lo cual denota el desprecio que siempre ha tenido esta empresa al creerse dueña del Valle instaurando relaciones clientelistas desde el primer momento.

Son décadas de contaminación acumulada en los suelos, aire, costa, cultivos y en todos los habitantes de Huasco y buena parte del Valle. La generación de puestos de trabajo no da derecho a contaminar.

El funcionamiento de CAP sin respetar normas ambientales que son bastante laxas, ha afectado por décadas diversas áreas de producción como agricultura, pesca y turismo, las cuales pueden llegar a ser formas de producción, que no amenacen la vida y permanencia en el Valle del Huasco. Por este motivo, solidarizamos con nuestros vecinos agricultores quienes también han emitido un comunicado a este respecto.

Denunciamos que CAP y el gobierno encabezado por el Ministro de Minería Baldo Prokurica  solo pretenden dilatar y otorgar tiempo a una empresa para seguir contaminando y anular en los hechos las sanciones o exigencias que haga la SMA.

En este sentido, es inaceptable que autoridades del Estado critiquen el trabajo de la institucionalidad ambiental, que a pesar de la débil y laxa normativa existente, está intentando hacer cumplir el derecho a la vida de los seres humanos y resguardar el medioambiente en que estos se desarrollan. Seguramente para la autoridad las enfermedades y muertes de los habitantes del Valle del Huasco solo son parte de las externalidades negativas del tan anhelado progreso.

Numerosos estudios desarrollados en nuestro territorio uno tras otro han definido los riesgos de habitar una zona saturada de contaminación, siendo el más reciente el que plantea la excesiva presencia de mercurio en mujeres del Valle del Huasco en edad fértil.

Somos una zona de sacrificio, condenada por el Estado y sus autoridades a la destrucción y el saqueo.

Nosotros creemos que un nuevo modelo de desarrollo y sociedad es posible, en donde comunidades completas no tengan que ser exterminadas o desplazadas, en donde la dignidad humana sea un imperativo por sobre el mercado.

Ver comunicado agricultores: (ver: http://verdadahora.cl/agricultores-del-valle-del-huasco-rechazan-criticas-de-ministro-baldo-prokurica-a-la-sma.html)

MOVIMIENTO SOCIOAMBIENTAL VALLE DEL HUASCO

Contacto: Soledad Fuentealba +56 9 6399 4101

movimientovalledelhuasco@gmail.com

Pampa Colorada se ubica en la cercanía de los poblados de Peine, Socaire y Toconao, al sur este del pueblo de San Pedro, en el altiplano de la comuna de San Pedro de Atacama, a 4 mil metros sobre el nivel del mar y cerca de la frontera con Argentina.

Este conflicto enfrentó, durante los años 2006 y 2007, a las comunidades indígenas atacameñas de la zona, contra Minera Escondida, empresa que pretendía extraer agua subterránea desde acuíferos en las cuencas alto andinas ubicadas en la zona de Pampa Colorada. La resolución de este conflicto marca un importante precedente, pues constituye uno de los pocos casos en que el Estado negó a la empresa minera los permisos para la explotación de los recursos hídricos locales. Constatándose con ello un rol distinto del Estado, que ejerció como garante de los derechos territoriales ancestrales y los recursos hídricos atribuidos a las comunidades indígenas.

Para la ampliación de sus faenas, Minera Escondida requería un total de 648 millones de metros cúbicos de agua adicional en la comuna de San Pedro de Atacama, para lo cual solicitó una tasa de extracción media anual máxima de 32,4 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a un caudal de extracción medio anual máximo de 1.027 litros por segundo. El proyecto de ampliación de la minera implicaba una inversión aproximada de 300 millones de dólares para extender en 20 años su vida útil. El inicio de la fase de construcción de este proyecto estaba previsto para el segundo semestre de 2008, pero finalmente no sucedió.

La empresa pretendía extraer recursos hídricos desde napas subterráneas en la zona cercana a Peine y Socaire, para llevarla por 190 kilómetros hasta sus faenas mineras a través de un sistema de tuberías, por una ruta con centenares de sitios arqueológicos prehispánicos. El proyecto contempla una inversión de 300 millones de dólares, valor que implica un quinto del costo si se utiliza agua de mar para la faena.

Este proyecto de explotación de recursos hídricos generó muchas dudas desde el momento mismo en que fue presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el estudio de la empresa reducía el área de influencia de los impactos del proyecto, ya que se iban a extraer los recursos hídricos de las lagunas Miscanti y Miñiques, y un poco más abajo del Salar de Atacama, ambos sitios protegidos por la Reserva Nacional Los Flamencos; pero estas lagunas no estaban consideradas dentro del área de influencia del proyecto que la empresa presentó en su Estudio de Impacto Ambiental. Por ende el estudio no reflejaba, en su línea de base informativa, los verdaderos impactos del proyecto.

Actualmente existe consenso en que la explotación hídrica de Pampa Colorada habría provocado el mismo impacto irreversible que ocurrió en Pichincha, donde la extracción de agua destruyó irreversiblemente el Salar de Michincha, y degradó gravemente el Salar de Coposa. El importante triunfo de la comunidad de Socaire al impedir la explotación del agua en Pampa Colorada, marcó un importante precedente para el futuro de los recursos hídricos en el país.

Pampa Colorada pertenece al área de desarrollo indígena «Atacama La Grande», que presenta importantes atractivos paisajísticos y gran potencial turístico. Destacan como sitios de interés en esa área el salar de Aguas Calientes II y la Laguna Tuyaito. Si el proyecto de extracción hídrica de Minera Escondida se hubiese materializado, se habría comprometido gravemente la existencia de importantes ecosistemas de la Puna alto andina, las actividades de etnoturismo que desarrollan las comunidades indígenas de Peine y Socaire, y la continuidad de su economía y cultura en el frágil desierto de Atacama.

Los principales actores confrontados en este conflicto son la Compañía Minera Escondida, sociedad anónima de propiedad de BHP Billiton (57,5%), Río Tinto PLC (30%), Jeco Corporation (consorcio japonés liderado por Mitsubishi Corporation) (10%) y la Corporación Financiera Internacional, filial del Banco Mundial, (2,5%). El proyecto Pampa Colorada, fue presentado por la empresa, para posibilitar la expansión de sus faenas extractivas, como estrategia para aprovechar el auge del precio internacional de los metales en general, y del cobre en particular, en el mercado mundial.

Dicha pretensión de la empresa motivó la confrontación con las comunidades atacameñas de Peine, Socaire, Toconao y San Pedro, que subsisten de la agricultura, la ganadería y el turismo; además de las repercusiones culturales y sociales por emplazarse el proyecto en territorios ancestrales reclamados por las comunidades.

Entre los actores directamente involucrados en este conflicto entre las comunidades indígenas y Minera Escondida, destaca el Consejo de Pueblos Atacameños, el cual reúne a 27 comunidades indígenas del Alto Loa. Los miembros de este Consejo manifestaron en diversas instancias su malestar contra el proyecto de Pampa Colorada. Por ejemplo, la presidenta de la comunidad indígena de Peine, María Barrera, una de las responsables de la campaña contra el plan de expansión de la minera, señalaba en ese entonces «No queremos que nos saquen el agua», «El proyecto es descabellado y las cantidades de agua son espantosas. Nosotros captamos 1,5 litros por segundo para consumo y no nos alcanza. ¿Y ellos quieren sacar esa cantidad?» (1.027 litros por segundo) se preguntaba con indignación.

Sandra Berna, alcaldesa de San Pedro de Atacama, comuna a la que pertenecen las localidades de Peine, Socaire y Toconao que se oponían al proyecto, también exigió rechazar la extracción de agua. «Si en San Pedro escasea el agua, ¿cómo es posible que de un día para otro digan que van a sacar mil litros por segundo para hacer funcionar una minera? Son millones de metros cúbicos que van a usar por 20 años”. Ella y las comunidades cuestionaban además, “que nadie les podía explicar si esos recursos se iban a recuperar.

¿Quién les aseguraba que iban poder seguir viviendo en esta región?». La alcaldesa señaló que en San Pedro la carencia de agua es del 40% y recalcó que «Estamos con 12 litros por segundo y necesitamos 20. Nosotros no usamos ni un pelo de lo que ellos quieren sacar y sin embargo, no tenemos los recursos para sacar agua».

La alcaldesa también hizo notar su desconfianza en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Minera Escondida. «De las mineras sólo quedan los hoyos», comentaba en ese entonces. «Dicen que se van a preocupar de no impactar, pero lo dudo. Los resultados no son los mismos que quedan en el papel. El papel aguanta mucho». Refiriéndose al desequilibrio e inequidad del sistema de evaluación ambiental, que les impide como comunidad, por falta de recursos, hacer un estudio de impacto ambiental paralelo para presentar como contraparte al que realizan las empresas mineras, denunció que por esta razón el sistema de evaluación se va viciando, al considerar el estudio de impacto de un sólo sector, es decir la posición de quien quiere que se le apruebe el proyecto.

Para las comunidades atacameñas es crucial conservar los bofedales, base de la ganadería altiplánica, además de preservar el respetuoso culto que le rinden al recurso, explicó la alcaldesa. «Para ellos el agua no tiene precio, es de las comunidades de San Pedro y no hay ningún negocio que hacer, sólo cuidarla». Lo exitoso de esta cruzada fue que las comunidades y el municipio se unieron, ya que ellos manifestaban que “no necesitaban plata, sino la seguridad de que iban a vivir muchos años más en sus tierras”.

Entre los actores ciudadanos también cabe destacar al Programa Chile Sustentable, que junto con asesorar al Consejo de Pueblos Atacameños, participó en el proceso de observaciones contra la viabilidad ambiental del proyecto. Su fundamento principal, además de las prohibiciones que establece la ley vigente sobre protección de vegas y bofedales del Norte Grande, fue que la autoridad debía rechazar el proyecto, porque el titular no se hizo cargo de los efectos, características y circunstancias establecidas en el Artículo 11 de la Ley 19.300 de Bases del Medioambiente:

a) El proyecto afecta a acuíferos protegidos mediante la Ley 19.145 de protección de vegas y bofedales de la I y II Región, y la Resolución Nº87/2006, Dirección General de Aguas9, que establece explícitamente que la protección de estos acuíferos tiene como propósito la protección de los humedales ubicados en las zonas delimitadas, pues ellos sustentan ecosistemas únicos y frágiles que se hace necesario conservar y preservar.

b) La intervención en ecosistemas únicos y frágiles contradice lo especificado en la Convención de Protección de la Diversidad Biológica, suscrita por Chile en la Cumbre de Río en el año 1992, y ratificada por el país en mayo de 1995 (D. S. Nº1963/1995, Ministerio de Relaciones Exteriores); y también contradice lo expresado en el Plan de Acción País para la Implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, en cuya Línea de Acción 1.2 se refiere al establecimiento de Programas para la Conservación y uso Sostenible de los Humedales de Alto Valor Biológico.

c) La realización del proyecto contradice lo comprometido en la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (ratificada mediante D. S. Nº2065/1997 del Ministerio de relaciones Exteriores) y la Convención Relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de las Aves Acuáticas (Convención de Ramsar), que establecen como obligación la conservación de ecosistemas frágiles de alta relevancia para la diversidad biológica; alimentación y anidamiento de aves migratorias.

Entre los actores públicos, los más relevantes, por sus atribuciones sectoriales y su participación en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), de este proyecto fueron: la Dirección General de Aguas (DGA), que decide directamente sobre la viabilidad de utilización de los recursos hídricos; la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), encargada de velar por la legislación indígena y los derechos de las comunidades existentes en el Area de Desarrollo Indígena Atacama la Grande; el Ministerio de Bienes Nacionales, bajo cuya tutela fiscal están los territorios de esta área, a pesar de la reclamación ancestral por parte de las comunidades; la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a cargo de resguardar el territorio de la Reserva Nacional los Flamencos, parte constitutiva del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE); SERNATUR, institución encargada de velar por la Zona de Interés Turístico (ZOIT) establecida en la comuna de San Pedro de Atacama; y finalmente la CONAMA, que coordina el proceso de evaluación ambiental pública del proyecto y las instancias de participación ciudadana.

Relación con el marco jurídico vigente.

El objetivo principal del proyecto Pampa Colorada, de Minera Escondida, era la explotación de recursos hídricos en la provincia del Loa. Por ello, uno de los cuerpos legales centrales en el estudio y evaluación de dicho proyecto tenía relación con el Código de Aguas y la Ley 19.145 (de 1992) que protege vegas y bofedales de la I y II Región.

Al momento de la presentación del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la comunidad de Socaire tenía derechos de aguas ya constituidos sobre el río Socaire y las vertientes Quepe; mientras que la comunidad de Peine tenía constituidos los suyos sobre las vertientes Tulán, Chasquesoque, Ossa y Viste, y sobre el río Tarajne. Por ello, la DGA solicitó a Minera Escondida indicar, si había conexión y afectación del proyecto sobre esas fuentes y sobre los derechos de agua de las comunidades.

En la misma fecha, la empresa contaba con varias fuentes de extracción de aguas. Dos subterráneas -los pozos de Punta Negra y Monturaqui- y una planta desalinizadora en Antofagasta que permitía a la minera bombear 500 litros por segundo desde el océano.

El principal argumento jurídico, utilizado por la DGA contra la explotación de agua por parte de Minera Escondida, es lo establecido en la Ley 19.145 (que protege vegas y bofedales de la I y II Región), en el sentido de prohibir la realización de nuevas explotaciones en zonas que corresponden a acuíferos que alimenten vegas y bofedales del Norte Grande. Razón por la cual consideró legalmente improcedente autorizar un proyecto que afectaría las vegas de Aguas Calientes II y laguna Tuyaito, sistemas que de ser intervenidos podrían afectar a otros 6 humedales, ubicados en la precordillera de la misma cuenca.

Un segundo problema legal que enfrentó la empresa, fue que los terrenos en donde se pretendía realizar la extracción de aguas estaban siendo saneados por las comunidades atacameñas de Peine, Socaire, Talabre, Camar y Toconao, en virtud de los artículos 12, 63 y 3 transitorio de la Ley Indígena, para oficializar su propiedad. Por ello la CONADI de la Región de Antofagasta argumentó que, antropológica y sociológicamente, esas tierras les pertenecían a las comunidades atacameñas, pues las han ocupado el lugar ancestralmente, aunque jurídicamente son fiscales. «En el futuro esas tierras serán legalmente de esas comunidades con un título. Es un trabajo lento y complejo. Y aunque no sean dueños legales de esos terrenos, la aprobación del proyecto debería serles consultada igual, tal como lo dice los artículos 34 y 35 de la Ley indígena».

En consecuencia, en la evaluación del proyecto se consideró prioritariamente la Ley Indígena como marco legal de los derechos indígenas, la propiedad y soberanía sobre los territorios que pretendía intervenir la empresa; en segundo término el Código de Aguas, dada la regularización de derechos de agua ya realizados por las comunidades atacameñas, y finalmente la Ley 19.145 de Protección de Humedales. Aunque los aspectos vinculados a impactos sobre biodiversidad y áreas protegidas fueron también parcialmente incorporados, particularmente por CONAF, no tuvieron la misma fuerza vinculante para fundamentar el rechazo en la tramitación ambiental.

Finalmente cabe destacar que el marco legal establecido en la Ley Indígena, y la Ley de Protección de Humedales en territorios indígenas, hoy ha sido reforzado por la vigencia del Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Posición y acción del Estado.

En este conflicto el Estado jugó un rol distinto del comportamiento habitual de privilegiar los intereses de los inversionistas en desmedro de los derechos e intereses de las comunidades locales. La denegación del permiso para la extracción de aguas de Pampa Colorada, significó una resolución favorable a las comunidades atacameñas, con fundamento en la Ley Indígena en el caso de la CONADI, actuando el Estado como garante de los derechos territoriales e hídricos sustentados por la comunidad.

La DGA a su vez fundamentó su rechazo del proyecto, señalando que el Código de Aguas no permite efectuar nuevas explotaciones en zonas de acuíferos que alimentan vegas y bofedales del Norte Grande12, por lo que, según ese servicio, el proyecto era legalmente improcedente. En su afán por relativizar la postura de la DGA, la empresa respondió que “esa es una discusión jurídica que hay que resolver con la DGA para ver qué significa afectación de vegas y bofedales. Creemos que con las adecuadas medidas de mitigación no se van a afectar».

La CONAF también recomendó el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental realizado por Minera Escondida expresando lo siguiente, «Hemos evaluado estudios de impacto ambiental de estas características desde hace 10 años, y se requiere mayor control y monitoreo para manejar la disponibilidad del recurso hídrico en condiciones de explotación porque son proyectos invasivos. Sería ingenuo pensar que un proyecto así no dañe el entorno. Este proyecto pondría en peligro el ecosistema».

En paralelo, conocida la opinión negativa de los servicios públicos sobre el proyecto de explotación hídrica en Pampa Colorada, 16 parlamentarios, liderados por el diputado de la zona Marcos Espinosa (PRSD), firmaron, el 9 de octubre de 2007, un Proyecto de Acuerdo Nº 473, ”Rechazo al EIA de Suministro de Agua Pampa Colorada”, mediante el cual llaman a la COREMA de Antofagasta a rechazar el proyecto en los siguientes términos:“A pesar de lo que indica el Estudio de Impacto Ambiental encargado por Minera Escondida, la oposición de diversos entes del gobierno y de la misma comunidad cercana de Pampa Colorada, los diputados que suscribimos tenemos la impresión de que la extracción afectaría el maravilloso y frágil ecosistema altiplánico, como la vida de las comunidades indígenas”.

Los parlamentarios aludieron en su “Acuerdo” a la posición de rechazo de la Dirección General de Aguas (DGA), del Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad de San Pedro de Atacama, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), expresados durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

En base a estos antecedentes y pronunciamientos técnicos, el día 24 de octubre de 2007, la COREMA de Antofagasta rechazó el proyecto de suministro de agua Pampa Colorada de Minera Escondida, que pretendía la extracción de mil veintisiete litros por segundo (1.027 lt/seg.) durante 20 años, desde la cuenca alta del Salar de Atacama.

Posición, acción y propuestas de la comunidad en torno al conflicto.

La posición de la comunidad fue de rechazo al proyecto. Desde que tuvo conocimiento de éste, comenzó a movilizarse para poder resguardar los recursos que permiten su subsistencia y estilo de vida. Organizada a través del Consejo de los Pueblos Atacameños, y con la asesoría de organizaciones ambientales, mantuvo la posición de que la extracción de agua en Pampa Colorada provocaría un daño irreversible a los acuíferos del salar.

Según la comunidad indígena, los acuíferos de la cuenca estaban interconectados y por tanto su función de recarga de las vegas de Aguas Calientes II, de la laguna Tuyaito y del Salar de Atacama no podían reemplazarse con medidas de mitigación. Sostenían que de prosperar el proyecto, se afectaría la biodiversidad de la zona, que por la existencia del agua permitía la supervivencia de especies de flora y fauna del altiplano; y por tanto la mantención de las comunidades indígenas.

La comunidad siempre señaló que con una intervención como la de Minera Escondida, sobre las vegas y bofedales de la zona, éstos podrían desparecer; lo cual además habría afectado la supervivencia de llamas, guanacos, vicuñas, ñandúes y flamencos. Como antecedente de este tipo de impactos, presentaron el caso de la destrucción de los salares de Michinca y Coposa, a consecuencia de la extracción hídrica de las mineras, en la provincia de Iquique.

Las comunidades adujeron que los recursos naturales, bosques, tierra, agua, tienen un doble estatus para los pueblos indígenas. Por una parte, constituyen dones que confieren identidad cultural y simbolizan la relación con la divinidad, los antepasados o los héroes fundadores. Por otro lado, son los proveedores del sustento material y espiritual de la comunidad. El uso de los recursos para estas comunidades se regula no por la apropiación, sino por medio de la imposición de ritos. En tal sentido las comunidades criticaron la falta de una visión antropológica de las distintas leyes sectoriales, que privilegian el acceso y extracción de “recursos naturales” para beneficio de las empresas, ignorando el valor cultural y la visión integrada de la naturaleza que poseen las comunidades ancestrales.

En el marco de las propuestas las comunidades atacameñas fundamentaban que el sistema de riego de las comunidades indígenas era solidario con los ecosistemas. Ello, porque desde tiempos ancestrales, el sistema de aplicación de riego ha sido gravitacional y de eficiencia a nivel predial; como las aguas derramadas superficialmente y su escurrimiento aflora aguas abajo, alimentan la cuenca y pueden ser captadas por otras personas que las utilizan nuevamente para riego, lo que se traduce en que la eficiencia global a nivel de la cuenca y sector es muy alta.

Los métodos de riego utilizados por los atacameños son por surco, que se emplea principalmente en el maíz, orégano, papas y verduras en general. Por inundación, para regar pequeñas áreas, ubicadas en forma escalonada de terrazas a través de la ladera de los cerros, en las que se cultivan verduras en general; y por tendido, usado para riego de alfalfa y en superficies mayores de siembras de orégano15.

Entre las principales propuestas de la comunidad destacan:

– Ampliar el catastro de bofedales protegidos por la Ley 19.145 de Protección de Vegas y Bofedales del Norte Grande, debiendo el Estado proteger el agua que las sustenta.

– Realizar un acabado análisis del río Loa, con el fin de restaurar su caudal ecológico, y con ello preservar los ecosistemas que nacen y subsisten en base a su caudal.

– Prohibir la expansión extractiva de aguas subterráneas de las mineras, ya que como ocurrió en Michinca y Coposa, las aguas subterráneas alimentan las cuencas superficiales de los ríos, las que al ser extraídas indiscriminadamente ponen en riesgo la supervivencia de los diversos ecosistemas, como también de las comunidades indígenas.

– Establecer la obligación de impulsar agua de mar para las faenas y el uso de espesaje profundo por parte de las compañías mineras. Ambas tecnologías implican sustitución y ahorro en el uso de agua dulce, lo que permitiría devolver agua a las cuencas en la Región de Antofagasta, zona en donde este recurso es escaso y se están poniendo en riesgo las diversas actividades productivas y haciendo más vulnerables a las comunidades indígenas y a la población en general.

– Destacan que una de las tareas urgentes de Chile -a la hora de enfrentar el cambio climático- es incrementar la protección y eficiencia en el uso de los recursos hídricos. Por eso es necesario que las mineras trabajen para el uso y desalinización del agua de mar u otras técnicas, para evitar el uso de agua de las cuencas para traslado de minerales o para la instalación de tranques de relaves. Lo anterior, no sólo por el proceso de desertificación que afecta norte y centro del país, sino porque se sabe que la falta de agua será aun más crítica con el cambio climático.

– Demandan que el Estado debe garantizar recursos fiscales para que las comunidades locales cuenten con asesoría técnica y puedan contrarrestar los estudios presentados por la parte interesada en la realización de proyectos de inversión.

– Manifiestan que la implementación y profundización de la Estrategia de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas es una política que debe ser desarrollada en plenitud, pues aunque no es una herramienta de ordenamiento territorial, sí colabora en la protección del agua y ayuda a compatibilizar el uso de los recursos hídricos entre los sectores, y puede atenuar los conflictos que surgen entre las diferentes actividades productivas por el uso del recurso hídrico en una misma cuenca. Así, la Estrategia de Cuencas contribuiría al uso coordinado y equitativo del recurso hídrico de manera de no comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas.

– Finalmente manifiestan que a mayor avance minero, menor cantidad de agua para la población. Muestran el caso de San Pedro de Atacama como un ejemplo claro al respecto: a las 10 de la noche se corta el agua hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. Algunas veces, el corte de suministro se extiende por todo el día y puede ser mayor en verano. Por tanto, es necesario recuperar la gestión democrática del agua para evitar que el suministro para la población y los ecosistemas dependa de privados que tienen su propiedad.

Fuente:http://www.derechoalagua.cl/mapa-de-conflictos/pampa-colorada-intento-de-mayor-extraccion-de-aguas-por-minera-escondida/

Una histórica Marcha por la Vida de Putaendo reunió a más de dos mil personas el pasado sábado 28 de julio en el centro de la Capital Patrimonial de Aconcagua. Masiva caravana familiar que manifestó el rechazo de todo un pueblo al megaproyecto Vizcachitas de la compañía minera Los Andes Copper.

Para el alcalde Guillermo Reyes, el Concejo Municipal y las agrupaciones medioambientalistas de la comuna, la alta convocatoria conseguida en la II Marcha por la Vida de Putaendo demuestra el sentir de los putaendinos. Fueron organizaciones sociales, comités de Agua Potable Rural, agrupaciones de arrieros, campesinos, crianceros, motoqueros, profesores y niños de Putaendo, quienes marcharon masivamente para defender su derecho a vivir en un medio ambiente sin gran minería.

Nuestra gente lamentablemente no va a tener oportunidad laboral». Ex miembros de Mesa Comunal de La Higuera explican porqué Dominga ha actuado de forma ambigua y contradictoria, y porqué están desilusionados al respecto.

Sólidos argumentos presentaron vecinos de La Higuera que ahora son ex miembros de la Mesa Comunal, planteando su rechazo al proyecto minero-portuario Dominga. Cuentan que las personas que asistieron a reuniones de apoyo al proyecto eran pagados con 30 mil pesos cada vez, y que -aunque el acuerdo Marco firmado el 2016 pretendía mejorar el diálogo con la comunidad- su representación fue puesta en duda por parte de sus integrantes. Es así como no todo lo que brilla es cobre. Y en este caso, Minera Dominga ha actuado de forma ambigua y muy contradictoria.

Recordemos que el pueblo de La Higuera esta construido sobre un antiguo relave, considerado uno de los 13 más peligrosos de Chile, y sus habitantes no lo saben.

Fuente:http://relaves.org/Posts/2018-07-12.html