Un millonario y silencioso flujo de dinero transita desde empresas mineras a municipios donde tienen instaladas sus faenas. Muchas de esas donaciones coinciden con episodios de contaminación o periodos en que esos mismos municipios deben pronunciarse ante la autoridad ambiental sobre proyectos clave de las mineras. Ante el evidente conflicto de interés, la Contraloría dictaminó en 2010 que las municipalidades deben abstenerse de recibir donaciones de privados que comprometan su imparcialidad. Letra muerta: CIPER detectó más de $44 mil millones donados por mineras cuyo uso no siempre es transparente.

Letra muerta. En eso se han convertido los sucesivos dictámenes de la Contraloría General de la República que desde al menos 2005 prohíben a las municipalidades aceptar donaciones de privados que comprometan su imparcialidad a la hora de resolver asuntos en los que esté involucrado el benefactor.

En marzo de 2010, el ente contralor dictaminó que las municipalidades debían abstenerse de recibir aportes o firmar convenios de colaboración con empresas o personas naturales “que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por las entidades edilicias” (ver dictamen).

Si para usted resulta obvio que vulnerar esa normativa genera un conflicto de interés, la evidencia indica que para varios alcaldes no es así.

CIPER solicitó vía Ley de Transparencia a 41 municipios del norte, centro y sur del país un listado con todas las donaciones recibidas entre 2010 y 2016 de compañías mineras que operan en sus jurisdicciones territoriales. De esas 41 municipalidades, 22 reportaron donaciones, 15 señalaron no haber recibido aportes y cuatro –Freirina, Salamanca, Arica y La Higuera (donde se ubica el polémico proyecto minero Dominga, de Andes Iron)– desatendieron su obligación legal y no respondieron a la solicitud cumplido el plazo (vea el listado aquí).

CIPER cruzó la información de esos aportes con los oficios que los propios municipios han remitido al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pronunciándose sobre proyectos mineros en trámite en el mismo periodo de tiempo (2010-2016). En ese proceso, las municipalidades juegan un rol clave en determinar si los proyectos se ajustan a los planes de desarrollo comunal y si, entre otras cosas, presentan riesgos para la salud de la población o los recursos naturales, como el agua o el aire.

Producto de los cuestionamientos que arrastra el sistema de evaluación ambiental –y que escalaron recientemente tras el rechazo del Comité de Ministros al proyecto Dominga–, el gobierno se encuentra ad portas de introducirle modificaciones en base a una veintena de propuestas presentadas por los especialistas que conformaron la comisión asesora creada en 2015 para esos fines.

La indagación de CIPER detectó una zona gris que el Ejecutivo deberá mirar con lupa cuando implemente los cambios: una larga lista de municipios no se ha abstenido de recibir cuantiosas donaciones de compañías mineras con proyectos en pleno trámite ambiental ante el SEA.Varios de los pronunciamientos de las municipalidades –en su mayoría expresando “conformidad” sobre costosas iniciativas de instalación, mejora o ampliación de faenas– fueron presentados a la autoridad ambiental a solo días o meses de que esas mismas administraciones comunales aceptaran los dineros.

La lista de municipalidades que más concentran donaciones de mineras la encabeza Tierra Amarilla (Región de Atacama) con $15.767 millones; le sigue Calama (Región de Antofagasta) con $8.104 millones; Salamanca (Región de Coquimbo) con $7.200 millones; Lo Barnechea (Región Metropolitana) con $2.960 millones; Sierra Gorda (Región de Antofagasta) con $2.669 millones; Illapel (Región de Coquimbo) con $2.253 millones; Chañaral (Región de Atacama) con $1.363 millones y Andacollo (Región de Coquimbo) con $1.010 millones (ver todas las donaciones reportadas).

El monto total de los dineros traspasados por mineras a municipios que CIPER pudo rastrear a nivel nacional supera los $44 mil millones. Con esos mismos fondos los jefes comunales dicen financiar becas de estudio u obras de infraestructura, cortan cintas en actos públicos, pagan remuneraciones y deudas municipales, organizan carnavales y ofrecen celebraciones de aniversario, Año Nuevo o Navidad para los vecinos. Los fines son diversos y, en ocasiones, el interés del donante es explícito. En Machalí, por ejemplo, Codelco le traspasó al municipio de esa comuna $70 millones en 2014 para que se tramitara el cambio de uso de suelo donde opera la División El Teniente, propiedad de la estatal.

Los alcaldes, a su vez, pueden jugar un rol clave como mediadores entre las mineras y las comunidades, utilizando su capital político para desactivar conflictos sociales derivados de las crisis ambientales que las propias compañías benefactoras generan en los lugares donde operan.

Tal es la magnitud de la danza de millones, que municipios con presupuestos exiguos o deudas de arrastre terminan dependiendo de esos dineros para funcionar. Así sucedió en la Municipalidad de Salamanca, donde bajo la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas (PPD) se utilizaron buena parte de los millonarios recursos que le entregaba Minera Los Pelambres para pagar remuneraciones y cuentas básicas.

Pese a que ese municipio no entregó en el plazo legal la información solicitada por Ley de Transparencia sobre donaciones, CIPER pudo reconstruir los montos de los aportes y detectar que existen más de $2 mil millones de la minera del Grupo Luksic con los que se solventaron gastos municipales (ver reportaje de CIPER).

La revisión de la información da cuenta que los aportes de las mineras se dan bajo tres modalidades: donación con un fin específico; convenios marco para la ejecución de una línea de proyectos y fondos de libre disposición, una suerte de “cheque en blanco” para ser gastado en lo que el alcalde estime conveniente.

Sea cual sea la modalidad, en varios de esos acuerdos se estipula que las mineras buscarán obtener beneficios tributarios con las donaciones que realizan. Así ocurre con un convenio firmado por la Municipalidad de Tierra Amarilla y una minera, donde se establece que se buscará que los aportes “puedan rebajarse legítimamente como gastos tributarios y/o puedan imputarse como crédito en contra del impuesto de primera categoría”.

Tierra Amarilla ha sido precisamente una de las municipalidades beneficiadas con el formato de donación de libre disposición. En noviembre de 2015, Minera Candelaria (de Lundin Mining y Sumitomo) le transfirió más de $2 mil millones para ser utilizados bajo ese concepto. Para dimensionar hasta qué punto ese volumen de dineros impactó en las finanzas municipales, basta citar un dato: el presupuesto de salud aprobado por esa administración comunal para ese mismo año fue de $1.478 millones, $500 millones menos de lo que transfirió a la cuenta corriente municipal la minera controlada por capitales canadienses. Según informaron a CIPER desde la municipalidad, las autoridades de Tierra Amarilla utilizaron parte de los fondos de libre disposición de Candelaria para pagar deudas en dos áreas estratégicas de gestión: educación ($505 millones) y salud ($200 millones).

TRONADURAS EN ANDACOLLO

El 6 de agosto de 2013, una nube de polvo envolvió a varias localidades de la comuna de Andacollo (Región de Coquimbo). Pasadas las 10 de la mañana, el aire adquirió un tono amarillento y se hizo irrespirable. Ese día, la minera Teck Carmen de Andacollo realizó una tronadura en su faena. El viento esparció por varios kilómetros el polvillo tóxico que produjo la detonación. No era el primer episodio de ese tipo protagonizado por la cuprífera canadiense.

Entre 2010 y 2016 la Municipalidad de Andacollo –que desde 2008 es liderada por Juan Carlos Alfaro (PS)- ha recibido $1.010 millones en donaciones mineras (parte de esos dineros no pasaron por las arcas municipales y fueron directamente a organizaciones comunales). Más del 95% de ese monto fue desembolsado por Teck y el saldo restante por Dayton, compañía de capitales australianos que extrae oro desde una mina a rajo abierto.

En 2009, un Decreto Supremo declaró a Andacollo zona saturada por Material Particulado Respirable. Pese a ello, las tronaduras no autorizadas de ambas mineras siguieron causando estragos. Por esos hechos, en diciembre de 2014 y junio de 2015, Dayton y Teck respectivamente, fueron sancionadas por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Respecto de Teck, la SMA identificó cerca de 70 tronaduras ejecutadas en circunstancias desfavorables, “con condiciones de viento que evidencian un compromiso de afectación con polvo a sectores de la comunidad aledaña a la faena minera” (ver documento).

El informe sancionatorio de la SMA indica que las detonaciones se llevaron a cabo entre enero de 2013 y diciembre de 2014. En el transcurso de esos mismos 24 meses, la minera canadiense hizo donaciones al municipio por más de $117 millones, monto que esa municipalidad dice haber invertido en infraestructura e insumos educativos para liceos y escuelas de la comuna. Los fondos de Teck también han permitido financiar una de las actividades más emblemáticas de Andacollo: el festival “La Voz de la Montaña”, organizado cada año por el área cultural del municipio y que en su última versión contó con la participación de Luis Dimas, Manuel García y el trío Natalino. Todos fueron pagados con los $30 millones que la minera aportó para esos fines.

En octubre de 2014, la Contraloría cuestionó en duros términos el manejo que hizo el municipio de los dineros que le transfirió la minera Teck. “No fue posible obtener los convenios de colaboración u otros antecedentes que dieran cuenta de la naturaleza de los acuerdos entre la municipalidad y la empresa minera (…) razones por las que se desconocen, entre otros, los procedimientos establecidos para la selección de los proyectos, contratación, ejecución y pagos, además de no contar con la documentación fuente que permita efectuar el análisis de su pertinencia y legalidad” (ver documento).

ZONA ROJA: ATACAMA

En septiembre de 2016 se inauguró en Caldera la “Feria Entre Rieles”, un proyecto en el que se construyeron 28 módulos para que mujeres emprendedoras de la comuna comercializaran sus productos. “Estos son los compromisos que como alcaldesa entrego a mi comunidad, porque siempre estamos y estaremos al servicio de nuestra comunidad”, dijo en el acto de corte de cinta la entonces alcaldesa Patricia González (independiente, pacto Alianza).

La obra tuvo un costo de $152 millones, los que fueron aportados íntegramente por Minera Candelaria.Los dineros habían sido traspasados por la empresa al municipio en diciembre de 2015. Cinco meses antes, la administración edilicia se había pronunciado sobre un proyecto ingresado por Candelaria al Servicio de Evaluación Ambiental para extender su operación hasta 2030, con una inversión de US$400 millones. “Se revisó el informe consolidado de evaluación del proyecto (…) Este órgano de la administración del Estado no tiene observaciones que realizar”, se lee en el oficio municipal enviado al SEA.

Además de ese aporte, Candelaria registra otras siete donaciones a ese municipio por un total de $150 millones. No es la única minera que le ha transferido dineros. También lo han hecho la Compañía Minera del Pacífico (de CAP y MC Inversiones), Minera Casale (de Barrick Gold y Kinross Gold), Águila del Sur (vinculada a Gonzalo Vial Concha), Lumina Copper (de Pan Pacific Copper y Mitsui & Co) y Minera Santa Fe, ligada al empresario Leonardo Farkas. En total el municipio ha recibido más de $624 millones de empresas mineras entre 2010 y 2016.

En julio de 2011, ese municipio debió revisar un proyecto ingresado al SEA por la Compañía Minera del Pacífico para aumentar la capacidad de acopio y embarque de hierro y cobre en el Puerto Punta Totoralillo. La administración de la alcaldesa Brunilda González (PPD, estuvo en ese cargo entre 2002 y 2012 y fue nuevamente electa en 2016), se pronunció conforme. Tres meses antes, en abril de 2011, Caldera había recibido $50 millones de la minera para financiar su gestión en salud y educación. La donación se materializó luego de que en enero de ese año el municipio manifestara no tener observaciones sobre otro proyecto de la minera ingresado al SEA (“Uso temporal cancha acopio en Puerto Punta Totoralillo”).

La Municipalidad de Copiapó ha recibido más de $320 millones en donaciones de compañías mineras con intereses en esa comuna: Candelaria, Carola y Ojos del Salado (las tres de Lundin Mining y Sumitomo), Hierro Atacama (CAP), Barrick (Barrick Gold), Atacama Kozan (Nittetsu Mining), Punta del Cobre (Pacífico Quinta Región) y Kinross (Kinross Gold Corp.).

Una tajada importante de esa torta de recursos ha ido a financiar el “Gran Rodeo de la Minería”, evento que anualmente reúne a 300 colleras de distintas partes del país y que en 2014 fue catalogado como “Evento de Interés Turístico” por el Sernatur.

El 28 de febrero de 2012, la Municipalidad de Copiapó envió un oficio al Servicio de Evaluación Ambiental manifestando su conformidad con el proyecto “Prospecciones geológicas Mantos de Oro”, de la minera Kinross. La aprobación quedó condicionada, eso sí, a que la minera diera “cumplimiento a los compromisos establecidos” y a que generara “una instancia de participación e información a la ciudadanía respecto de los avances del proyecto y las medidas de mitigación”.

La información recabada por CIPER, indica que Kinross le donó $10 millones al municipio solo dos meses antes de ese pronunciamiento, los que fueron destinados al financiamiento de “actividades recreativas y culturales de Navidad y Año Nuevo”. La misma minera registra aportes al municipio en agosto de 2011 y agosto de 2012.

En marzo de 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló siete cargos contra la minera Mantos de Oro de Kinross, dos de ellos catalogados como graves y relacionados a contaminación de pozos de extracción de agua.

Los municipios de Chañaral y Mejillones también han beneficiado con donaciones mineras. El último registra más de $320 millones provenientes de las mineras Michilla y Esperanza (operadas al momento de los aportes por Antofagasta Minerals), y Minera Escondida (BHP Billiton).

Chañaral, en tanto, ha recibido más de $1.363 millones en donaciones y ha firmado una serie de convenios con mineras en los que no se detallan montos. En junio de 2017, por ejemplo, la Municipalidad de Chañaral firmó un convenio con la minera Manto Verde (Mantos Copper) en el que la cuprífera se comprometió a “aportar fondos que permitan financiar proyectos en beneficio de zonas cercanas a la operación”. Cuatro meses antes, la compañía había ingresado al SEA el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “Proyecto Desarrollo Mantoverde”, con una inversión de más de US$830 millones.

En marzo pasado, el municipio se pronunció conforme con  ese proyecto –que incluye la construcción de un tranque de relaves–, aunque pidió algunas aclaraciones. A fines de ese mismo mes, ratificó su aceptación, solicitando que la minera “realizara una invitación formal al evaluador del proyecto a una instancia de participación ciudadana a realizarse en el balneario de Flamenco”.

En reiteradas oportunidades los vecinos de Flamenco –localidad ubicada a unos 30 kilómetros de donde se planea construir el tranque de relaves–, se han manifestado en contra de la iniciativa de la minera. El proyecto aún está en trámite de evaluación ambiental en el SEA.

De todos los municipios de los que CIPER recibió respuesta a su solicitud de información, Tierra Amarilla (Región de Atacama) es el que concentra a nivel nacional el pozo mayor en donaciones mineras: $15.767 millones. Casi la totalidad de esos fondos tiene el mismo origen: Minera Candelaria (también han hecho aportes Minera Carola, Lumina Copper y Punta del Cobre).

En septiembre de 2013, Candelaria ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto de US$460 millones para extender la vida útil de sus operaciones hasta 2030 (inicialmente su cierre era 2018). Desde el primer momento, la administración del alcalde Osvaldo Delgado (PRO) se manifestó en contra del proyecto. Tenía razones de sobra: suelos contaminados con cromo, cobre y mercurio; la abrupta disminución del caudal del río Copiapó y la gigantesca montaña de estériles de la mina, ubicada a unos 30 metros del cementerio municipal, ya eran parte habitual del paisaje comunal (ver reportaje de CIPER).

Cinco veces el municipio rechazó ante el SEA ese proyecto. “El proyecto minero Candelaria ha afectado negativamente la calidad de vida de los habitantes”, se dice en uno de los oficios de respuesta del municipio al requerimiento de la autoridad ambiental.

El 23 de julio de 2015, el proyecto de Candelaria obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental. Un mes y medio más tarde, el alcalde Delgado firmó con la minera un convenio formalizando una donación de $11.386 millones. El 19 de noviembre, recibiría otros $2.070 millones como aporte de “libre disposición”.

Justo un año después, la Superintendencia de Medio Ambiente sancionó a Candelaria con una multa de $2.800 millones por graves infracciones ambientales: no rebajar el consumo de agua fresca tal como estaba comprometido en la RCA, situación que se mantuvo por 15 años; descenso en el nivel de agua de algunos pozos; utilizar para la faena una superficie de territorio mayor a la autorizada y disponer residuos líquidos en zona de playa (ver documento).

ANTOFAGASTA: EL FESTÍN DE SIERRA GORDA

De los $2.669 millones que ha recibido en donaciones mineras la Municipalidad de Sierra Gorda (Región de Antofagasta), $432 millones se han ocupado para celebrar fiestas diversas: comidas para el día de la madre, regalos para el de la mujer, colaciones para el del niño; fiestas para el aniversario de la comuna, pinos para Navidad, campeonatos de cueca, alojamientos y traslados para adultos mayores, obras de teatro y la semana de la minería, entre otras.

El caudal de fondos que ha recibido ese municipio ha sido alimentado por Antofagasta Minerals (AMSA) y filiales;  Sierra Gorda SCM (de la estatal polaca KGHM y los japoneses de Sumitomo); Minera Spence (BHP Billiton); y Lomas Bayas (de la suiza Glencore).

No todo ha sido fiesta en Sierra Gorda. Los dineros de las mineras también han ido a mejorar el sistema de luminaria pública de la comuna, arreglar plazas y comprar vacunas antigripales.

Ese municipio ha debido pronunciarse en varias ocasiones ante el Servicio de Evaluación Ambiental por proyectos en los que están involucrados los intereses de sus benefactoras. Debido a que la información entregada a CIPER por Sierra Gorda solo consigna el año de la donación –que coincide con los años de los pronunciamientos del municipio ante el SEA–, no se pudo establecer con qué distancia de los aportes fueron emitidos.

San Pedro de Atacama es otra de las comunas de la Región de Antofagasta que registra montos importantes en donaciones de mineras. Entre 2010 y 2016, Minera Escondida (BHP Billiton); Minera Gaby (Codelco); Soquimich y Rockwood Lithium (Albemarle) le han allegado recursos por más de $733 millones.

El Servicio de Evaluación Ambiental registra pronunciamientos del municipio de San Pedro en cinco proyectos ingresados por Soquimich para su evaluación.

En marzo de 2010 la minera controlada por Julio Ponce Lerou traspasó $5 millones a San Pedro de Atacama bajo el concepto “Fondos concursables 2009”. En esos momentos la autoridad ambiental evaluaba la implementación de una nueva planta de cloruro de potasio de SQM. Luego de una resolución con observaciones, el 3 de septiembre de 2010 ese municipio manifestó su conformidad ante el SEA.

En noviembre de ese mismo año, la Municipalidad de San Pedro de Atacama volvió a pronunciarse ante el SEA por un proyecto de SQM Salar: “Aumento de capacidad de procesamiento de carnalita de Potasio”. Y solicitó que la minera aclarara tres puntos de su Declaración de Impacto Ambiental, entre ellos, si afectaba el valor de la zona como centro astronómico producto de una posible “interrupción lumínica”.

A pesar de ello, poco después, el 14 de diciembre el municipio declaró ante el SEA su aprobación. Nueve días más tarde, la minera le transfirió a la municipalidad $11,3 millones, que fueron consignados como “Fondos concursables SQM”.

En la Región de Antofagasta, la Municipalidad de Calama es la que concentra el monto mayor en donaciones de mineras entre 2010 y 2016: $8.104 millones. Casi la totalidad de esos dineros proviene de las operaciones que la estatal Codelco tiene en la zona: Ministro Hales, Gaby y Radomiro Tomic.

Los fondos han sido utilizados por la administración comunal para diversos fines: atención odontológica, recuperación de plazas, pavimentación de calles y espectáculos pirotécnicos, entre otros.

El cruce de las fechas de las donaciones con las ocasiones en las que el municipio se ha pronunciado ante el SEA evaluando proyectos de esas tres divisiones de Codelco, también da cuenta de la existencia de conflicto de interés.

El 15 de diciembre de 2011 el municipio recibió más de $300 millones de la División Radomiro Tomic para la construcción de una micro central hidroeléctrica. En esos momentos, la minera tramitaba ante el Servicio de Evaluación Ambiental un proyecto para ampliar el proceso de lixiviación de ripios. El municipio se pronunció en dos ocasiones ante el SEA, manifestando su aprobación definitiva en enero de 2012, casi un mes después de la donación.

Tres días antes de ese pronunciamiento, el 6 de enero, la División Radomiro Tomic había depositado otros $239 millones en la cuenta municipal para ejecutar una “cartera de proyectos” (diseño de parque, memorial e inspección de pavimentación).

En 2011, la División Ministro Hales ingresó al SEA un proyecto para optimizar el procesamiento de concentrado de cobre. El municipio se pronunció en dos oportunidades frente a esta iniciativa ante la autoridad ambiental: el 23 de diciembre de 2011 (con observaciones) y el 7 de agosto de 2012 (conforme). El 10 de abril de 2012, en medio de ambos pronunciamientos, la Municipalidad de Calama recibió de la División Ministro Hales $100 millones bajo el concepto “Fondos de inversión social”.

EL CENTRO-SUR MINERO

Cerca de Machalí (Región de O’Higgins), está el yacimiento de cobre subterráneo más grande del mundo: El Teniente (Codelco). Entre 2012 y 2014 el municipio de esa comuna ha recibido $314,5 millones de la empresa estatal. En ese lapso, la administración municipal se ha pronunciado tres veces ante el Servicio de Evaluación Ambiental sobre proyectos de la cuprífera.

El 8 de agosto de 2012 el alcalde de la comuna, José Miguel Urrutia (UDI), firmó un convenio para la “implementación de especialidad técnico profesional de explotación minera” con Codelco, el que no informa los recursos involucrados. Doce días después el municipio hizo observaciones al proyecto “Explotación Pacífico Superior” de la misma minera. El 26 de octubre volvió a pronunciarse a favor. Seis meses después el municipio recibió otras dos donaciones: $243 millones para la “adquisición e instalación de módulos liceo Machalí” y $1,5 millón para la celebración de actividades comunales.

Entre los traspasos de dinero de El Teniente a la administración del alcalde José Miguel Urrutia, figura uno por $70 millones realizado el 1 de diciembre de 2014. En rigor, no se trató de una donación, sino de un aporte con elástico. Lo que buscaba Codelco era que con esos dineros el municipio contratara una consultora para acelerar los trámites de cambio de uso de suelo (de rural a industrial) en la zona de Alto Coya, donde precisamente El Teniente tiene sus operaciones.

“División El Teniente ha buscado regularizar esta situación, de manera que se reconozca el carácter industrial del área en la que funciona”, informaron a CIPER desde la minera estatal. Agregaron que la transferencia se materializó luego de que el municipio les hiciera ver que esa gestión no estaba entre sus prioridades y que no contaba con recursos para llevarla a cabo (ver respuesta de Codelco).

Lo Barnechea (Región Metropolitana) es otro de los municipios que registra ingentes donaciones de mineras en el centro del país. Entre 2010 y 2016 ha recibido más de $2.960 millones de Anglo American, dueña de la faena minera Los Bronces, la que ha sido reiteradamente cuestionada por la destrucción de glaciares en Los Andes centrales. La empresa ha sido sancionada dos veces (ambas en mayo de 2015) por la SMA por diversas infracciones ambientales.

En distintas oportunidades el alcalde Felipe Guevara (RN) ha manifestado reparos a los proyectos presentados ante el SEA por la minera, aunque no se ha inhibido a la hora de recibir aportes de esa compañía en momentos cruciales. Un ejemplo: en pleno proceso de evaluación del proyecto “Fase 7 Los Bronces”, que involucra una inversión de US$112 millones para sostener sus niveles de producción, el municipio recibió aportes por casi $260 millones de Anglo American.

La nómina de municipalidades con aportes de mineras se extiende hasta el extremo sur del país. El 29 de mayo de 2010, el equipo de paramédicos de la posta de Río Verde (Región de Magallanes), recibió de regalo una camioneta 4×4 habilitada como ambulancia.

El vehículo costó $13 millones, los que fueron transferidos a la Municipalidad de Río Verde por la Sociedad Minera Isla Riesco –de los grupos Angelini y Von Appen– titular del proyecto de explotación carbonífera Mina Invierno.

Faena Mina Invierno (Fuente: alertaislariesco.cl)

Cuando se materializó la donación, en mayo de 2010, el proyecto carbonífero de casi US$180 millones en inversión, buscaba su aprobación ante el Servicio de Evaluación Ambiental.

En febrero de 2011, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez Barrientos (UDI, en el cargo desde 1992), manifestó su conformidad con el proyecto ante la autoridad ambiental. Al mes siguiente, el SEA le otorgó a Mina Invierno la autorización para operar.

No fue el único pronunciamiento de la alcaldesa Vásquez. En marzo de 2015, Mina Invierno volvió a iniciar trámites ante el SEA para la aprobación de un proyecto para incorporar tronaduras como método de extracción de material estéril de la mina.

El proyecto, cuestionado por varios vecinos y agrupaciones sociales, fue aprobado por la Comisión de Evaluación del SEA, luego de que en abril de 2015 el municipio diera su visto bueno. Pero en marzo de 2017 la Corte Suprema obligó a abrir un proceso de participación ciudadana, el que había sido obviado en etapas de evaluación anteriores.

Entre la presentación ante el SEA del Estudio de Impacto Ambiental que autorizó la operación de Mina Invierno (2010) y el ingreso a evaluación del polémico proyecto de tronaduras (2015), la Municipalidad de Río Verde recibió otras tres donaciones por un total de $30,6 millones, monto que fue destinado a equipar la posta rural.

Fuente:https://ciperchile.cl/2017/09/20/caja-negra-bajo-sospecha-las-millonarias-donaciones-de-mineras-a-municipios/?fbclid=IwAR2sni_yJ8Dc7Apy0VXflBAt8Z9qbrCwqlGEkdgV-skw-qVZ0cazQe8YbKw

Durante esta jornada se realizarán en el Tribunal Ambiental de Antofagasta los alegatos por la reclamación contra la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que dictaminó la clausura definitiva del proyecto en enero de este año.

La reclamación fue interpuesta por Barrick Gold en Febrero con la intención de rebajar las sanciones y multas, buscando sobre todo que no se le dé el Cierre definitivo. Tanto la SMA como las comunidades se han hecho parte.

Las comunidades esperan que la SMA defienda con total fuerza su resolución, y éstas a su vez aportarán buscando la confirmación de dicha sanción, incluso pidiendo mayor rigor.

Dicha reclamación se realiza bajo el contexto del recientemente fallo sentenciado por el mismo Tribunal Ambiental, el cual habilitó a la SMA a realizar el cierre definitivo del proyecto, por el cargo N°7 que refiere a glaciares.

Una comitiva del Valle del Huasco se hará presente en el lugar, hasta donde esperan lleguen habitantes de la ciudad para apoyar la causa.

Fuente:https://www.radioagricultura.cl/nacional/2018/11/06/pascua-lama-efectuan-alegatos-contra-resolucion-de-sma-que-dicto-su-clausura.html

La minería en Chile parece entenderse en dos visiones, por una parte está el cuento del progreso, que dice que sin minería Chile no funciona, no hay dinero y la crisis se expande como epidemia. Por otro lado está la historia de las comunidades, el daño socio ambiental y a la salud de las personas, que están obligadas a compartir su territorio con mega proyectos industriales.

En el extremo sur de Chile el panorama no es diferente, la llegada de dos grupos internacionales amenaza a la tranquilidad de la región. Las mismas comunidades que en 2011 se levantaron para decir Patagonia Sin Represas hoy vuelven a ponerse de pie exigiendo Patagonia sin + Mineras.

Algunos sectores de las comunidades trabajan de forma organizada, a través de la red Anitmineria de la Patagonia, cuya labor se enfoca en detener los dos proyectos más controversiales:

La minera Canadiense Gold Corp y  la Australiana Equus Mining, esta última a través de la sociedad Southern Gold, habría obtenido derechos para desarrollar su proyecto “Los Domos”, el cual desafectaría cerca de 2 mil hectáreas a la reserva nacional Jeinimeni, que se encuentra dentro del futuro Parque Patagonia y también afectaría al desarrollo de una de las actividades productivas más importantes del sector, la ganadería. Además perjudicaría hitos de alto interés turístico, cercanos a Chile Chico.

Esta paradoja discursiva del Estado chileno, que por un lado ostenta la red de parques nacionales más grandes del mundo y por otro sigue sumando zonas de sacrificio de norte a sur, es comentada por el ex vocero de Patagonia Sin Represas, Bernardo Reyes.

“No solamente resulta paradójico, resulta preocupante que los ejes de la corrupción penetren tan profundamente en la política en Chile, de tal modo que no se pueda percibir el futuro de los territorios sin la industria del pasado, la industria del siglo XVIII, XIX y XX , de cara al siglo XXI. La minería al lado de la red de parque más grande del mundo es una tremenda contradicción, sino es un retorno al pasado. Ese que ha dejado vacíos ambientales en todo el territorio”, indicó.

La Red Antiminería está trabajando para detener el avance de la las mineras en su sector. Desde esta organización la vocera Pamela Díaz explica cómo el desarrollo del proyecto Domos, perteneciente a la empresa Australiana Equus Mining, afectaría a distintas áreas insignes para la región.

“Allí hay terrenos fiscales y dos mil hectáreas que se desafectarían del parque. En esta red de parques, este espacio es lo único que no quedó bajo su tutela, entonces eso nos hace sentir que hay una prioridad para la minería más que para el ganado, y también se ve perjudicado el tema del turismo. Ahí tenemos reservas que están muy cerca, tenemos un patrimonio, en la área específica en donde se quiere instalar el proyecto Domos, está muy cerca de áreas arqueológicas”, señaló.

La minería en la Patagonia ha existido desde hace décadas y esto ha generado impactos ambientales y sociales evidentes, la contaminación del lago General Carrera por el relave de mina Silva de Puerto Cristal o la desaparición y posterior muerte de dos trabajadores en Cerro Bayo en 2017, son claros ejemplos de esto. El desarrollo minero en la Patagonia tiene directa relación con los beneficios que obtienen los países que reciben nuestras materias primas, este proceso es cuestionado por el presidente de la ONG Ética de los Bosques, Bernardo Reyes.

“Esta idea de que la globalización es el mejor futuro para Chile, hay que volver a repensar esto porque lo que estamos mirando es cómo nosotros somos parte de un gran orden económico internacional en el cual, en el mejor de los casos podemos seguir produciendo más celulosa, más salmones y más concentrados de minerales, llenando al país de zonas de sacrificio”, sentenció.

Actualmente el mensaje de las comunidades es claro “Patagonia sin + Mineras”. No se está exigiendo terminar de un día para otro con este sector productivo, solo se pide que no sigan avanzando hacia otros territorios. Sin duda el principal problema de esta actividad es que no puede ser sustentable, ya que los recursos que extraen no se renuevan. El daño de las mineras afecta directamente a uno de los ejes económicos de la región, el turismo, así también lo entiende vocera de la Red Antimineria de la patagonia, Pamela Díaz.

“Nosotros estamos completamente seguros que el camino al desarrollo pasa por el turismo, que tiene muchos matices, acá hay muchas cosas que se pueden hacer, eso si hay un turismo estacional, pero apostamos por el turismo, que es una actividad que tiene una connotación de sustentabilidad, que podemos trabajar”, comentó.

La minería llena los bolsillos de algunos y destruye los territorios de todos. La promesa eterna de mejorar la calidad de vida gracias al dinero que genera las mineras, es repetido como mantra por los gerentes de estas empresas, pero ¿Cómo puede mejorar la vida de las personas una actividad que destruye los ecosistemas y los espacios en los que se desarrolla la vida?

Fuente:https://radiojgm.uchile.cl/comunidades-organizadas-exigen-patagonia-sin-mineras/?fbclid=IwAR3q3glk_0GJ-ffLmhhT8DiJdde897pR_zVuPiW3vB7MSo7jTp2Ga6wnKmE

La bahía de Chañaral es uno de los problemas de contaminación marina más serios en el mundo, consignó hace unos años el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Ahora, la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Playa Verde, que busca extraer cobre de los relaves de la Playa Grande de Chañaral.

La iniciativa tiene una inversión de US$ 95 millones y limpiará un sector donde hay 35 millones de toneladas de arenas mineralizadas y se pueden obtener 8.640 toneladas anuales de cobre en siete años. La extracción de cobre comenzará en el segundo semestre de 2019.(ElMercurio)

Fuente:http://www.revistatecnicosmineros.com/2018/10/aprueban-plan-para-sacar-relaves-de-playa-grande-de-chanaral/

Minera fue sancionada luego que se indicara a la minera Kinross secó 70 hectáreas de un humedal de la tercera región.

La Corte Suprema desestimó los recursos presentados por la minera y confirmó la sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente para recuperar el agua de los humedales del complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa.

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación de parte de la empresa y confirmó la sanción de la Superintendencia de Medio ambiente (SMA) en contra de la empresa canadiense Kinross por no cumplir con prever y hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos a 70 hectáreas de humedales provocando su desecamiento en la Región de Atacama.

El daño ambiental realizado por la minera ocurrió en el Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, el cual además corresponde a un sitio protegido por la Convención Relativa a los Humedales conocida como Ramsar, que tiene por objetivo la conservación y el uso racional de estos sitios naturales.

La decisión de la corte hace efectiva la sanción de la SMA de clausurar parcialmente la extracción de agua de los pozos del proyecto minero “El Refugio”, desarrollado por la minera Maricunga, filial de Kinkross. Desde ahora en adelante, la empresa tendrá una cuota mensual de extracción que considere la recirculación en las pilas de lixiviación, que permiten la humedad, y el agua fresca para los trabajadores, que deben permanecer en la faena de forma preventiva.

El argumento de la empresa minera fue que se habían cometido errores técnicos e ilegalidades en la resolución que implicaron el cese de funciones del proyecto minero. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó lo argumentado por Kinross.

Fuente:https://www.relaves.org/post.php?id=26

En el marco del Séptimo Encuentro de la Red por los Ríos Libres, representantes de organizaciones sociales, ONGs y fundaciones de todo el país se reunieron del 19 al 21 de octubre en Antofagasta, instancia que giró en torno a la problemática y consecuencias del extractivismo del litio en el Salar de Atacama. Esto, sumado a la situación de grave contaminación que se vive en el río Loa y la intervención por parte de las mineras que han hecho que el río San Pedro pierda más de la mitad de su caudal.

Un conflicto que se suma al grave escenario de intervención y el deterioro inminente de las cuencas y recursos hídricos que se vive en los ríos de todo Chile y que amenaza la forma de vida de las comunidades del país.

Desde Fundación Tantí, Ramón Morales, uno de los organizadores del Encuentro, sostuvo que “lo que se esconde detrás de estos conflictos es un modelo y ese modelo en el fondo está afectando el resto de nuestras vidas independiente de si estamos en el norte, en el centro, en el sur”. De ahí que el dirigente valorara que la reunión se realizara allá, en una zona abandonada y estigmatizada del país, agregando que “en este encuentro se consolida un proceso de articulación nacional entre movimientos”.

La Senadora Ximena Ordenes planteó su preocupación por el hecho de que el Ministerio de Bienes Nacionales habría dado luz verde a modificar los límites del Parque Patagonia, en la Región de Aysén, beneficiando a proyectos mineros que buscan instalarse entre las reservas de agua más importantes del país.

Tras conocerse la información sobre un eventual acuerdo entre el Gobierno de Sebastián Piñera –a través del Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward- y distintos representantes de la comunidad de Chile Chico para reducir los límites del Parque Patagonia y delimitar un polígono destinado a la minería, la senadora Ordenes dijo que “han actuado otro tipo de intereses en esta decisión”.

Añadió que “si como Estado hemos resuelto dar el máximo de protección a este territorio, elevando su categoría de reserva a Parque Nacional, resulta una contradicción instalar como vecino una labor de extracción minera que, sin duda, causará un daño irreparable a este territorio”.

“No es preciso decir que la iniciativa del Parque Patagonia afectaría fuentes de trabajo, porque el proyecto minero que se ve directamente beneficiado con este supuesto acuerdo aún no se construye, y lo que está haciendo el Gobierno es actuar en función del lobby minero, que está presionando fuertemente en la Región de Aysén”, aseguró.

Es por ello que la senadora de Aysén solicitará “conocer los atributos que se le otorga a este nuevo territorio de acuerdo al Informe Técnico Justificatorio que debió elaborar CONAF con los nuevo límites, y señalar los pronunciamientos tenidos a la vista por la DIFROL y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad frente a esta nueva definición de límites para el Parque Nacional Patagonia, tan esperado por Chile y la comunidad internacional”.

“El Ministro Ward también debe aclarar cuánto se disminuye la superficie en Jeinimeni para entregarla a Eqqus Mining, y decir cuánto se disminuyó la destinación al Ejército en Valle Chacabuco para destinarla a “compensar” tal disminución”, agregó.

Asimismo, la senadora Ordenes dijo que tal acuerdo es “peligroso y preocupante para el patrimonio hídrico del país: lo que hace el Gobierno es dar luz verde para un proyecto minero que producirá residuos tóxicos en medio de las principales reservas de agua con las que cuenta nuestro país y eso sería un error estratégico”.

“Pareciera ser que el principal interés de las autoridades que abogan por instalar la minería en la Patagonia no es precisamente la generación empleo”, señaló la parlamentaria.

Además, Ximena Ordenes dijo que “si el preocupación del Gobierno fuera la generación de empleo en la zona, se habría tomado el camino de invertir en las capacidades naturales y turísticas que tiene la Región de Aysén, que tiene proyecciones internacionales de primer nivel y que es nuestra propuesta de desarrollo para esa zona, pero no tomar el camino del extractivismo, que dejará residuos ambientales que destruirán nuestra riqueza”.

Fuente:http://aysenlinea.cl/gobierno-da-luz-verde-a-la-extraccion-minera-en-medio-de-las-mayores-reservas-de-aguas-del-pais-ubicadas-en-la-region-de-aysen/?fbclid=IwAR2Z8QAh8X78fwjYT_BCIxr0e-SNPcQhyzR3Ld01SeBHfqZIlZIv3rXQnKo

Poco a poco, el fondo marino de la Ensenada de Chapaco comenzó a cubrirse con un manto arenoso. Héctor Zuleta ya no podía mariscar entre las cuevas, los cerros y los bosques, que “al igual como existen en la tierra, existen en el mar” porque “todo eso quedó tapado” y los pescadores y mariscadores tuvieron que ir a buscar otros lugares donde trabajar. Cuando Héctor Zuleta escuchó decir a la autoridad ambiental que “tal disminución de recursos puede ser atribuible a la permanente descarga de relaves recibida en dicho sector marino, proveniente de la actividad de la planta de pellet”, él solo confirmo algo que ya sospechaba.

Desde 1978 que la Compañía Minera del Pacífico (CMP), miembro del grupo CAP Compañía de Acero del Pacífico, vierte sus relaves mineros al mar en la ciudad portuaria de Huasco, al norte de Chile. Un pedazo del desierto más árido del mundo que, en 2012, fue declarado zona de sacrificio por sus altos índices de contaminación.

Para nadie nunca fue un secreto que el mar de Huasco recibe los desechos de la minera. Pero lo que los habitantes no sabían era que la empresa —la principal productora de minerales de hierro en toda la costa oeste americana, la mayor productora siderúrgica en Chile y la más importante procesadora de acero del país— lo hacía sin autorización ambiental.

Cuando, en agosto del año pasado, la organización de conservación marina Oceana denunció los hechos, ante la Superintendencia de Medio ambiente, esta autoridad ambiental inició un proceso sancionatorio en contra de la empresa por veinte infracciones. CMP arriesga hoy el cierre de sus faenas, pero mientras se desarrolla el procedimiento para acabar con la contaminación de 50 años los relaves estos continúan siendo arrojados al mar.

La toxicidad de los relaves

Los relaves mineros son el residuo resultante de procesos industriales, donde son utilizados métodos químicos, para extraer el metal de interés —en este caso el hierro— de la roca. Debido a la toxicidad de los relaves mineros, el vertimiento de estos desechos al mar está prohibido en gran parte de los países del mundo con excepción de Noruega, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, Francia, Turquía y Chile.

Asfixia de organismos bentónicos —como las estrellas y soles de mar— y la alteración física del hábitat; la reducción en la abundancia de especies y biodiversidad de las comunidades marinas; toxicidad directa por el contacto de metales pesados; riesgo en la salud de las personas por consumo de peces contaminados por bioacumulación de metales son los principales impactos. El Senado de Chile los enumeró todos en un proyecto de ley ingresado en 2012, que busca prohibir los relaves marinos.

En 1993 empezó a operar el emisor submarino mediante el cual CMP deposita los relaves, hasta el día de hoy, a 350 metros de la costa y a 35 metros de profundidad en la Ensenada de Chapaco.

En 2010, la autoridad de evaluación ambiental aprobó un proyecto presentando por CMP para ampliar su planta aunque con la condición de presentar, en un plazo de 18 meses, “una propuesta de mejora técnica y ambiental de la disposición de sus relaves”. Ese sistema, una vez que fuera aprobado, debía además comenzar a operar en un plazo máximo de dos años.

Tres años más tarde, CMP presentó, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto que se le había solicitado. Tras ser estudiado, la autoridad evaluadora hizo 490 observaciones a las que la empresa debía entregar soluciones. Pero en 2017, CMP desistió del proyecto y lo retiró del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. De esa manera, el requisito que se le había exigido dejó de ser evaluado y se dio por cerrado el capítulo.

Las ilegalidades del relave

Sin un nuevo sistema de depositación de relaves, CMP continuó vertiendo sus residuos al mar de la misma manera en la que venía haciéndolo desde 1993. Ello, a pesar de que el permiso que se le había otorgado estaba “condicionado al cumplimiento de todos los requisitos, exigencias y obligaciones establecidas”. Juan Pablo Sanguinetti, abogado de la Fundación Relaves explicó a Mongabay Latam que “el permiso de CMP es un permiso con condiciones. Si estas no se cumplen, el permiso no existe”.

Al mismo tiempo, el efluente que CMP vierte en el mar, tampoco cumple con las condiciones especificadas en el permiso que se le otorgó en 2010.

Los desechos mineros que son vertidos al mar deben tener al menos un 50 % de solidez puesto que “si el efluente es demasiado líquido, en lugar de decantarse en el fondo marino, se dispersa en el agua provocando mayores efectos contaminantes” dice Victoria Caroca, química de Fundación Relaves. Pero, según el proceso sancionatorio, CMP vierte sus desechos “con un porcentaje de sólidos inferiores al 50 % y por un caudal superior al que fue aprobado ambientalmente correspondiente a 4,700 m3/día. Los monitoreos especifican, por ejemplo, que entre el 6 y 7 de septiembre del 2016, el caudal promedio fue el doble de lo permitido.

Por otro lado, Sanguinetti señaló que se autoriza verter al mar “siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones, como que el material vertido sea inocuo” es decir que no sea dañino. Pero un estudio del 2015, encargado por la Subsecretaría de Pesca, revela que los óxidos de hierro, contenidos en el relave de CAP, son disueltos en el mar al entrar en contacto con ciertas materias orgánicas. En ese proceso de disolución, se liberan elementos trazas a la columna de agua. Específicamente Magnaneso, Cobre, Arsénico, Vanadio y Galio.

Actualmente, la Superintendencia se encuentra evaluando el Plan de Cumplimiento que presentó la empresa, en respuesta al proceso sancionatorio que se abrió en su contra.

CMP se comprometió a que si dicho plan es aceptado por la autoridad, dejará de arrojar relaves al mar en un plazo de 12 meses. Si el Plan, en cambio, no es aceptado, el proceso sancionatorio continuará su curso y la autoridad podría determinar el cierre de las faenas. Ello, al menos, durante el tiempo que tome construir una infraestructura para dejar los relaves en tierra.

Mientras todo eso se resuelve, los relaves continúan siendo arrojados al mar.

Fuente:http://www.terram.cl/2018/10/chile-relaves-mineros-son-arrojados-al-mar-en-huasco/

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, viajó hasta Chile Chico, en la región de Aysén, para anunciar a la comunidad que el conflicto de los límites de la futura Red de Parques Nacionales de la Patagonia, ya está solucionado.

A finales de enero de este año, la expresidenta Michelle Bachelet firmó los decretos que permiten la creación de la Red de Parques Nacional de la Patagonia para proteger el ecosistema y su conservación, así como también fomentar el turismo.

La Red de Parques Nacionales de la Patagonia, consiste en ocho parques nacionales que suman un total de 4,3 millones de hectáreas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, tras la donación de las fundaciones del fallecido empresario Douglas Tompkins.

Sin embargo esta iniciativa afectaba directamente las fuentes de trabajo de los habitantes de Chile Chico. Entre los parques se encuentra el Parque Nacional Patagonia que, en su decreto original, incluyó terrenos fiscales  donde se practican actividades ganaderas como el uso de veranadas y la minería.

De esta forma el ministro Felipe Ward, informó el día de ayer que se logró “firmar un acuerdo muy emblemático e histórico” luego de “una labor muy profunda” en la que se recorrió la provincia para ver qué familias se veían afectadas por la propuesta que se efectuó durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Esta solución consiste en excluir de la superficie del Parque las actividades esenciales para la subsistencia de los habitantes de la zona, reemplazándolas por otras áreas. Así, de las 4.279.760 hectáreas (aprox.) de la Red de Parques de la Patagonia, el Parque Nacional Patagonia contará con una superficie total de 305.712,15 hectáreas.

El ministro aseguró quedar “muy contento” ya que “suscribimos un acuerdo donde fuimos capaces de representar como Gobierno a todas las fuerzas viva de la comuna”.

La minera australiana Equus Minig realizó exploraciones cerca del Parque Patagonia, el cual ha sido fuertemente cuestionado.

A fines de enero de este año, a menos de dos meses de dejar su cargo como Presidenta, Michelle Bachelet firmó los decretos que permiten la creación de la Red de Parques Nacionales de la Patagonia, consistente en ocho parques nacionales, que suman 4,3 millones de hectáreas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, y que son fruto de un aporte de las fundaciones del fallecido empresario Douglas Tompkins en conjunto con el Estado.

Entre ellos, se encuentra el Parque Nacional Patagonia (Aysén), que en su decreto original incluyó terrenos fiscales donde hoy existen zonas de actividades ganaderas llamadas veranadas y, además, un área aledaña a la Reserva Jeinimeni, donde una minera (la australiana Equus Minig) realizó exploraciones para un nuevo proyecto minero.

Fuente:https://www.vcchile.com/es/noticias/nacional/gobierno-de-pinera-reduce-limites-del-parque-nacional-patagonia-para-permitir-las-exploraciones-de-mineras/15/10/2018/29067.shtml

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputado aprobó un proyecto de ley para declarar de interés nacional a las empresas privadas que explotan litio.

“Ello en el fondo implicará que estas compañías son expropiables por el Estado, como una forma de recuperar el litio para Chile”, explicó la presidenta de esta instancia, diputado Marcela Hernando (PRSD).

Este proyecto de autoría del diputado Daniel Núñez (PC) concitó 7 votos a favor y 3 en contra de los diputados Diego Paulsen (RN), Nicolás Noman (UDI) y Sofía Cid (RN), tres de los 6 representantes de Chile Vamos que estaban presentes en la instancia.

“Esperamos que la próxima semana se ponga en tabla en la Sala. Necesitamos mayoría simple para que sea aprobado”, indicó Hernando.

La diputada comentó que el Ejecutivo manifestó que el proyecto no era necesario porque actualmente la Constitución establece que el litio no es concesionable, pero los parlamentarios fundaron el proyecto en que los contratos actuales de arrendamiento no se cumplen a cabalidad por la empresa privada. Citaron los problemas de pago de SQM y las desaveniencias sobre el precio preferente de venta de litio con Albemarle.

“Hoy no hay cómo controlar los contratos de arrendamiento, y las empresas faltan en el cumplimiento, y no nos referimos sólo a SQM sino también a Albemarle. Hasta en una concesión el Estado tiene más herramientas para resguardar su parte. Por eso queremos que el Estado recupere esas pertenencias y después determine si quiere explotarlas o concesionarlas”, explicó.

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/comision-mineria-aprueba-expropiacion-empresas-litio/364801/#