Chile

Protección del medio ambiente y minería

El concepto medio ambiente definido legalmente desde 1994, corresponde a una definición de carácter amplia, comprensiva no sólo de sus componentes más generales como son, el suelo, el agua y el aire, sino que también el patrimonio cultural. En consecuencia, la evaluación ambiental de proyectos iniciada a contar de abril de 1997 a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental incrementó el hallazgo monumentos nacionales, entre los que se encuentran los restos arqueológicos y su correspondiente protección.

Entre las actividades sensibles en estos temas encontramos, los proyectos mineros, de infraestructura vial, en incluso la construcción de puertos, obligando al rescate vestigios de pueblos ancestrales. Sin embargo, por primera vez se originaría un conflicto en entre la explotación propia de la industria minera y la conservación del patrimonio cultural para el caso de que una sustancia concesible es a la vez sustancia fósil, por tanto de carácter paleontológico, de valor cultural y por tanto afecto a conservación. En este sentido, durante la década de los años 80, se otorgaron concesiones mineral sobre mantos de fosforita, sustancia minera que procesada es de mucha utilidad como fertilizante agrícola, proyecto ejecutado por una empresa de la III Región. Este proyecto había sido evaluado y aprobado por la Autoridad Ambiental de la época (Corema III Región).

Sin embargo, a mediados del año 2001, un informe paleontológico difundido en un Congreso Mundial de Paleontología realizado en la República Argentina, consideró a la Zona de los Dedos, localizada en la cercanía costera de Caldera, como un sitio único por su riqueza a nivel mundial. Consecuentemente, el descubrimiento de restos fósiles puso en conflicto intereses de producción y conservación.

Esto motivó una demanda por Daño ambiental del Consejo de Defensa del Estado, como garante de la protección ambiental y en juicio breve llego a una Transacción o acuerdo que hizo posible la conservación de restos fósiles – con más de 10.000 años de antigüedad-y la explotación resguardadas de otras áreas menos rica en restos paleontológicos compuestos, entre otros por dientes de megalodondes o Tiburones Gigantes que existieron petrificados en esta zona hace miles de años, entre otros.

Lo anterior da sentido a la gestión sustentable de actividades que perecerían contrapuestas

 

Fuente:http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=159908884

Chile

PDI investiga destrucción de fósiles de 20 millones de años en camino construido para una mina

Una serie de fotografías enviadas vía Facebook a la página de la Red Regional No + Mineras, difundidas el lunes 12 de noviembre, fueron la hebra que dio inicio a un procedimiento policial en manos ya del fiscal de Chile Chico, Alvaro Sanhueza. Se trata de la destrucción de fósiles marinos datados entre 19 y 20 millones de años, en el sector Pampa Castillo de la Meseta Cosmelli, en la comuna de Chile Chico, que se habrían producido en el proceso de construcción y/o mantención del camino que da acceso a la ex mina El Furioso de Cerro Bayo, controlada hoy por la canadiense Mandalay Resources.

Las pesquisas están en manos de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales (Bidema) de la PDI, efectivos de cuya sección intentaron llegar durante la semana pasada al sector sin poder acceder al lugar exacto.

Según relató en su ocasión la montañista que hizo el registro fotográfico, quien solicitó reserva de su identidad, el registro se obtuvo a principios de noviembre. “Con la intención de hacer un fin de semana diferente, quise salir y elegí esta montaña sin saber que era la mina El Furioso. El día 30 llegué al camino y dormí esa noche a orillas de éste” indicó. Al día siguiente procedió al último tramo para llegar a la cumbre, encontrando en el camino de acceso “gran cantidad de fósiles en él, muchos de ellos totalmente dañados, sin dejar de nombrar la cantidad de bosque nativo que dejaron a su paso destruido” puntualizó.

Al hacerse públicos los antecedentes la PDI contactó a integrantes de la Red Regional No + Mineras con el fin de recabar más antecedentes (fotografías, contexto y ubicación exacta), los cuales les fueron entregados para que se establezcan los hechos y eventuales sanciones.   

Según diversas fuentes, ese camino habría sido construido en el contexto de la operación de la mina El Furioso a mediados de la década pasada, aunque primero fue una huella de desplazamiento animal.

Consultado el paleontólogo especialista de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, profesor Enrique Bostelmann, quien además dispone de los permisos formales de excavación paleontológica en el área, señaló que “efectivamente, en ese tramo la ruta atraviesa por niveles fosilíferos de las formaciones geológicas Guadal, San José y Ligorio Márquez. Puntualmente, el área donde se encontraron los fósiles destruidos corresponde a afloramientos de la Formación Guadal, con una edad de entre 20 y 19 millones de años y que representan el fondo arenoso de un mar poco profundo durante un evento transgresivo del Océano Atlántico, tradicionalmente denominado ‘Mar Patagoniano’”.

Hoy se busca dilucidar “si la destrucción de dichos fósiles se produjo durante la construcción original del camino o si es producto de intervenciones nuevas para continuar operaciones, toda vez que su materialización no tuvo originalmente otro objetivo que dar soporte a operaciones mineras, dando empleo a unas personas durante dos veranos” señaló al respecto, Peter Hartmann, presidente de la Agrupación Aisén Reserva de Vida.

El dirigente ha alertado en varias ocasiones “el riesgo hacia yacimientos paleontológicos y arqueológicos por operaciones mineras, tanto en ese lugar como en los sectores donde prospecta Equus Mining (“Los Domos”) y Laguna Gold (Katterfeld en el área de Ñirehuao-Baño Nuevo), advertencias que suelen caer en el vacío”, recordando que los vestigios arqueológicos y paleontológicos, por el solo ministerio de la ley, son monumentos nacionales.

 

Fuente:https://laprensaaustral.cl/nacional/pdi-investiga-destruccion-de-fosiles-de-20-millones-de-anos-en-camino-construido-para-una-mina/?fbclid=IwAR0hJnWD6TETdbJA3dR27nxMf3INlVOzjmwXcg77J89T35QxBs5H04mzON4

Chile

Institucionalidad ambiental: sin fundamento válido no hay decisiones legítimas

El sistema no da garantías a la ciudadanía ni a los observadores independientes de la validez de los “fundamentos técnicos” de las decisiones que toma, las cuales, consecuentemente, resultan ilegítimas y terminan siendo resistidas.

La eventual modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) impulsada por el gobierno, a veinte años de su creación y a menos de ocho años de su modificación, invita a debatir si es necesaria o no su reforma, lo cual exige, como primer paso, evaluar su desempeño. De acuerdo con el “Mapa de conflictos socioambientales en Chile” que elabora el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de un total de 142 conflictos ocurridos en los últimos años en nuestro país, 115 (un 81%) se han producido en el marco del proceso de evaluación ambiental. Si tomamos como indicador la conflictividad suscitada por el SEIA (CELCO, Hidroaysén, Alto Maipo, Dominga, Isla Riesco, etc.), no cabe más que admitir que el sistema tiene problemas.

Esta conflictividad puede explicarse por varios factores. Uno de ellos, quizá el más importante, es que el sistema no da garantías a la ciudadanía ni a los observadores independientes de la validez de los “fundamentos técnicos” de las decisiones que toma, las cuales, consecuentemente, resultan ilegítimas y terminan siendo resistidas.

En lo medular, el SEIA tiene dos propósitos: identificar los impactos ambientales que provocará un proyecto y definir medidas idóneas para mitigar, reparar o compensar aquellos impactos que se consideren “significativos”. Visto desde este punto de vista, el SEIA es un sistema de producción de conocimiento que, a diferencia de la Ciencia, que también es un sistema de producción de conocimiento, adolece de un conjunto de errores de diseño, que hacen que sus resultados no puedan considerarse válidos.

La Ciencia confía en que los hechos que establece son verdaderos. Esa confianza no descansa en la sabiduría de los científicos ni en el uso del método científico, sino en el imperio de dos principios básicos que rigen la institución: el «desinterés» y la «evaluación de pares». Las y los científicos orientan su acción, en primer lugar, por un código ético que tiene entre sus principales valores, el desinterés. Esto significa que el científico debe investigar desinteresadamente. Cualquier resultado que obtenga en su trabajo le reportará la misma recompensa. Bajo esas circunstancias, el científico no se ve tentado a sesgar ni manipular sus resultados. El desinterés institucionalizado se convierte en garantía de libertad y honestidad científica. Por otra parte, el trabajo del científico está siempre sometido a la vigilancia de una comunidad científica. Los científicos que conforman esta comunidad son quienes juzgan si los resultados de una investigación son válidos o no. ¿Por qué? Porque sólo un científico está en condiciones de juzgar si las teorías, métodos y materiales usados en la investigación de otro científico son los idóneos. Ambas cosas combinadas e institucionalizadas dan garantía a la Ciencia de que el conocimiento que produce es verdadero y, por lo tanto, válido para tomar decisiones que aspiren a ser consideradas legítimas.

El SEIA no cumple ninguno de estos requisitos. En primer lugar, la investigación la lleva a cabo el propio interesado (el titular del proyecto), por medio de una consultora que contrata para estos efectos. Este esquema le concede al titular la facultad de determinar todos los elementos críticos de cualquier investigación: definir el área de afectación, seleccionar los parámetros para describir el ambiente, identificar los impactos “significativos” del proyecto, y proponer medidas de mitigación, reparación y compensación, entre otros aspectos. Los expertos de estas consultoras no tienen ninguna autonomía para definir nada de lo anterior. Todo lo deciden sus superiores y éstos lo negocian con el cliente. Y ya se sabe: el cliente siempre tiene la razón. En buenas cuentas, el proceso de producción de conocimiento está completamente supeditado al interés. Así, no es de extrañar que los impactos identificados en estos estudios sean relativamente pocos, que sólo una fracción de ellos tenga el carácter de “significativo”, que las medidas propuestas para hacerse cargo de esos impactos sean en su mayoría de compensación, en lugar de ser medidas de mitigación efectiva o reparación, y que, en general, esas medidas resulten irrisorias a los ojos de la ciudadanía o de cualquier experto independiente.

Por otra parte, las consultoras no tienen una contraparte científica que juzgue la calidad de su trabajo. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no actúa como un sistema de vigilancia científica. Se limita a llevar un registro de las consultoras (en lugar de acreditar su capacidad, como ocurre con la CNA en Educación Superior) y elaborar guías metodológicas que son de uso voluntario. Si estas guías no son usadas o son mal usadas, el SEA no puede hacer nada al respecto. La legislación establece sólo dos resguardos de la calidad científica de estos estudios. El primero es que las metodologías que se usen deben estar “justificadas”. Pero la justificación es algo que también queda en manos de los titulares, y no hay nada que impida al titular usar la metodología que más le convenga y luego justificarla de cualquier manera. El segundo resguardo es la participación de los distintos servicios públicos con competencia técnica (SAG, SERNAGEOMIN, CONAF, etc.), los cuales pueden hacer “observaciones” al Estudio de Impacto Ambiental. En la práctica, dicha tarea recae en un funcionario que es experto en una materia específica, y que se limita a hacer las observaciones que se siente autorizado a plantear de acuerdo a su especialización, absteniéndose de analizar el resto del estudio. Ninguno de estos servicios tiene una unidad de evaluación ambiental conformada por personas especialmente formadas, que puedan hacerse cargo de esta tarea integralmente. En la práctica, el sistema no tiene capacidad para revisar todas las variables ambientales del proyecto. Tampoco puede analizarlas de manera conjunta, porque los pocos expertos que participan en la evaluación trabajan separadamente, con lo cual la posibilidad de identificar los impactos sinérgicos de los proyectos es prácticamente nula. Como si esto fuera poco, el SEA ha desarrollado una práctica llamada en la jerga “reuniones de lobby”, en las que se sienta a negociar con la parte interesada los términos y límites en los cuales ésta se hará cargo de las observaciones hechas por los servicios públicos y la ciudadanía. Cómo es obvio, bajo estas condiciones no cabe esperar otra cosa que una lista mínima de impactos, todos de fácil solución para el titular.

Pero el asunto no termina ahí. Una vez que los proyectos son aprobados y entran en operación, empiezan a aparecer impactos ambientales no previstos y se hace evidente que las medidas de mitigación, reparación y compensación comprometidas resultan ineficaces. En ese punto, el sistema no tiene cómo remediar sus errores de procedimiento; la empresa opera conforme a la ley. El sistema tampoco tiene cómo incorporar esos aprendizajes, ni hacerlos exigibles a nuevos proyectos que se sometan a evaluación. Los nuevos proyectos pueden volver a incurrir en las mismas omisiones, errores e inconsistencias. El SEIA no tiene retroalimentación ni seguimiento de los impactos de los proyectos. A diferencia de la Ciencia, el SEIA no aprende, no es acumulativo ni autocorrectivo.

El SEIA produce un conocimiento supuestamente “verdadero” y “fiable” y, sin embargo, carece de los mecanismos que podrían dotarlo de esas virtudes. Por el contrario, campean en él el sesgo y la manipulación. A ese tipo de investigación en Ciencia se le considera fraude. Y así es como se siente la ciudadanía sometida al SEIA: defraudada y atropellada por decisiones institucionalizadas, tomadas sin fundamentos válidos y que, en consecuencia, no pueden considerarse legítimas. El SEIA necesita ser modificado, sí, pero no como pretende el gobierno. El sistema necesita ser fortalecido y rediseñado profundamente. Replicar en él los mecanismos que controlan la producción de conocimiento en la Ciencia es una medida imprescindible, que ayudaría a tomar decisiones fundadas en conocimiento válido y, por lo tanto, más legítimas. Mientras eso no ocurra, las personas sometidas al SEIA seguirán impugnado y resistiendo sus decisiones, con toda razón.

Fuente:http://www.theclinic.cl/2018/11/21/columna-institucionalidad-ambiental-sin-fundamento-valido-no-hay-decisiones-legitimas/

Chile

Ellen Lenny-Pessagno, la CEO que enfrenta las complejas semanas de Albemarle en Chile

Salió de la embajada de Estados Unidos a los cuarteles locales de la minera no metálica en el país. Desde ese puesto, su misión número uno es seguir haciendo diplomacia y conversar con empresarios, gremios y autoridades para despejar cualquier duda que pueda haber sobre la permanencia y compromiso de la empresa con las inversiones en el país.

Un nuevo trato con las autoridades. Esa es la misión con la que Ellen Lenny-Pessagno llegó para hacerse cargo -como su nueva country manager, desde el 1 de octubre- de la operación de Albemarle en el país, la firma estadounidense que es una de las tres mayores productoras de litio en el mundo.

Claro que este aterrizaje viene precedido de una trayectoria en el terreno diplomático también en Chile, pues hasta septiembre Lenny-Pessagno fue consejera de asuntos comerciales de la embajada de Estados Unidos en el país.

Su debut en Albemarle no ha sido fácil. La primera semana de octubre se supo que la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Cchen) rechazó aumentar la cuota de producción de Albemarle (ex Rockwood) en el salar de Atacama por faltar información sobre el proceso de eficiencia que prometieron para aumentar su producción sin estresar más el salar.

Luego, el 18 de octubre, Corfo anunció que recurrirá a un arbitraje internacional por estimar que se está incumpliendo por parte de Albemarle el contrato que tiene con la estatal en orden a vender a precio preferente a la industria local el 25% de la producción (ver recuadro).

Y la semana pasada, el CEO mundial de la firma, Luke Kissam, informó en la entrega de resultados que suspendían las expansiones de carbonato de litio en Chile para enfocarse, por ahora, en la extracción de hidróxido de litio en Australia. La guinda de la torta ocurrió este martes, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental rechazó la Declaración de Impacto Ambiental de su Planta Mejillones, con la que pretendían producir 42.500 toneladas de carbonato de litio al año, a través de una inversión de US$ 583 millones. Estos últimos dos hechos -que el CEO global anunciara frenar la inversión en Chile y que la autoridad rechazara la expansión-, aunque pareciera que estuvieran sincronizados, no lo están.

Canales abiertos con la Casa Blanca

La carrera de Lenny-Pessagno, licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Wake Forest, con una maestría en Comercio Internacional y Políticas de la Universidad George Mason y un programa de dirección ejecutiva en la Universidad de los Andes, siempre ha estado ligada al relacionamiento entre las empresas y el gobierno de Estados Unidos. Hasta septiembre fue consejera de Asuntos Comerciales de la embajada en Chile, pero anteriormente trabajó en posiciones similares en Argentina, México, España y Colombia, por lo que su español es perfecto y se ha preocupado de entender la idiosincrasia de los empresarios chilenos para poder relacionarse con ellos de tú a tú. Asimismo, Ellen tiene el apoyo directo de la casa matriz de Albemarle, tiene excelentes relaciones con la embajada de Estados Unidos en Santiago y mantiene los canales abiertos con la Casa Blanca

“Es dialogante, es muy cálida como persona, es de aquellas que se nota que te está escuchando”, dice alguien que se ha relacionado con ella en estas semanas. Lenny-Pessagno (53 años) está casada con Alejandro Pessagno, comisionado de Comercio e Inversión para América Latina del estado de Queensland, Australia, con quien tiene dos hijos que estudiaron en colegios chilenos y ahora siguen sus estudios en Estados Unidos. Es profesora de kundalini yoga, practica la meditación y está en pleno proceso de instalación en Chile.

Al interior de la empresa quiso dar una señal de continuidad y hasta el momento no ha movido ningún cargo clave de la administración. Asimismo, su foco hoy es Chile y no la región y sus exploraciones de nuevos negocios.

Mayor protagonismo en la industria y con el Gobierno

Una de las misiones que personalmente se impuso en su estadía en el país es tener, como representante empresarial, un mayor protagonismo dentro de la industria. Para ello se juntó con la Asociación de Industriales de Antofagasta y se comprometió a trabajar en conjunto, incluso evalúa sumarse a su directorio. Su experiencia gremial partió siendo directora honoraria de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) cuando estaba en la embajada de Estados Unidos.

Cuando arribó en octubre a la empresa de capitales estadounidenses, lo primero que hizo fue ir a Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde están los cuarteles centrales de Albemarle. Allí tuvo un intenso proceso de inducción a la compañía, para alinearse con el mensaje y los objetivos de la firma a nivel global.

Luego se dedicó a conocer a las personas que trabajan en Santiago, así como en la planta La Negra en Antofagasta y en las operaciones en el salar de Atacama. En ese mismo viaje se reunió con autoridades regionales, tales como los seremis de Minería, Energía, Economía y Medio Ambiente.

Pero su cruzada política comenzará además por estos días cuando se reúna con los ministros de Desarrollo Social, Alfredo Moreno; de Minería, Baldo Prokurica, y con Juan José Obach, jefe de la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) del Ministerio de Economía.

Sobre todo con este último encuentro, quiere dejarle en claro al Gobierno que Albemarle está y seguirá invirtiendo en el país, más allá de cualquier contingencia que tengan con otro organismo del Estado, como Corfo. Además, quiere explicar que el anuncio de suspender las expansiones de carbonato de litio en Chile tiene que ver únicamente con el momento del mercado y la demanda por el hidróxido de litio de Australia, y no con una revancha por el arbitraje anunciado por la Corfo.

Y es que si hay algo que Ellen y todos los directivos de Albemarle entienden es que el litio para Chile, como para prácticamente todos los países productores, es un tema de Estado, y como tal, quiere abrir todas las redes políticas posibles.

Pero al mismo tiempo, uno de los cometidos que tiene la exdiplomática es dar un toque de realidad al gobierno: el bautizado como “oro blanco” no va a reemplazar al cobre en importancia en la economía chilena, ni tampoco va a ser el motor principal del sistema productivo del país. Asimismo, aunque sí se puede industrializar una parte de la producción nacional del litio -y ella está convencida de que es una buena idea-, en ningún caso eso, por sí solo, va a hacer que Chile supere a otros países líderes en el desarrollo de baterías, como Corea, Estados Unidos o China. “El litio no va a ser para Chile como el petróleo de Arabia Saudita”, dice un analista que sigue la acción de Albemarle en Nueva York.

Ellen quiere ampliar el diálogo, sacarlo del foco del contrato con Corfo y hacer ver las cosas en perspectiva, mostrar los aportes en investigación y desarrollo que realizan en el país y la colaboración histórica que entregan a las comunidades locales en sus operaciones, así como las buenas relaciones que mantienen. “Quiere posicionar la marca Albemarle en Chile y contar toda la historia que ha tenido la empresa con el país”, agrega un colaborador.

Lo que Ellen Lenny-Pessagno quiere es que cuando se hable de litio en Chile, se piense en Albemarle. Y lo hará con pura diplomacia.

Fuente:http://www.latinomineria.com/2018/11/19/ellen-lenny-pessagno-la-ceo-enfrenta-las-complejas-semanas-albemarle-chile/

Chile

Tribunal revierte permiso de tronadura en Isla Riesco y pone en jaque Mina Invierno

En su resolución, el Tribunal Ambiental de Valdivia señaló que “se considera que la medida solicitada resulta idónea para impedir que exista el riesgo de destrucción de hallazgos paleontológicos”.

(Pulso) Nuevo revés tuvo Mina Invierno -ligada a grupos Angelini y Von Appen- este sábado, luego que el Tribunal Ambiental de Valdivia decretó la medida cautelar de suspensión de los efectos de la Resolución de Calificación de Impacto Ambiental (RCA) del proyecto “Incorporación de tronadura como método complementario en la extracción mecánica de material estéril en Mina Invierno”, en la Región de Magallanes, según se detalla en un comunicado.

La medida fue solicitada por Gabriela Simonetti Grez y otros en la reclamación presentada contra la resolución del
Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que revocó la calificación desfavorable de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de dicho proyecto, por lo que estaba en condiciones de iniciar su ejecución.

De acuerdo a los reclamantes, el método autorizado para la explotación de Mina Invierno podría afectar al componente paleontológico, tal como lo habrían advertido en el proceso de participación ciudadana de la DIA.

Según la reclamación, la Tronadura se ejecutaría en el yacimiento ubicado en la Formación Loreto, que constituye un
sitio de alto valor paleontológico y la DIA no lograría descartar el riesgo de alteración de dicho sitio.

En su resolución, el Tribunal Ambiental de Valdivia señaló que “se considera que la medida solicitada resulta idónea para impedir que exista el riesgo de destrucción de hallazgos paleontológicos que podrían tener un valor de singularidad.”

Respecto de la proporcionalidad de la medida, el Tribunal agregó que “la resolución reclamada que se pretende suspender cautelarmente, es un acto administrativo que permite un modo especial y adicional —tronaduras para facilitar el proceso de extracción del mineral— del proceso productivo de la faena minera. Quedando a salvo la autorización ambiental que tiene el titular sobre la totalidad del proyecto minero, en ningún caso se paralizará por completo la actividad extractiva allí desarrollada. Por tanto, no parece desproporcionada la medida solicitada”.

La resolución tuvo los votos a favor de los Ministros Michael Hantke Domas y Sibel Villalobos Volpi y el voto en contra del Ministro Iván Hunter Ampuero, quien estuvo por rechazar la solicitud, por estimarla desproporcionada.

Este es un nuevo revés para la minera Invierno, ya que en enero de este año la Comisión de Evaluación Ambiental había rechazado las tronaduras en Isla Riesco.

Cabe destacar además que el pasado 25 de septiembre, la aprobación de las tronaduras provocó un amplio rechazo en diversos sectores. Una de las principales críticas que se realizaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) fue la incongruencia respecto al compromiso en disminuir el uso del carbón, y por otra parte aprobar estas tronaduras en la mayor mina de este mineral en el país.

Fuente:http://www.latinomineria.com/2018/11/19/tribunal-revierte-permiso-tronadura-isla-riesco-pone-jaque-mina-invierno/

Chile

Aysén: Presentarán estudios sobre el impacto de la minería en la salud de las personas

Una serie de encuentros sostendrá el próximo fin de semana en la región de Aysén el Dr. Andrei Tchernitchin, presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, invitado por organizaciones socio ambientales de Coyhaique, Puerto Ingeniero Ibáñez y Chile Chico.

Esto, con el fin de exponer los resultados de sus investigaciones relacionadas con los efectos en la salud de comunidades expuestas a actividades industriales de alto impacto como la minería y las termoeléctricas.

Tchernitchin es un destacado toxicólogo ambiental y como integrante del Colegio Médico ha participado en estudios y denuncias en casos de salud pública como la intoxicación masiva en Quintero-Puchuncaví.

En Aysén, investigó la contaminación por metales pesados de las aguas y suelos del sector de Alto Mañihuales, lo que causó la muerte de animales e intoxicación de pobladores.  De esa investigación se dedujo que la responsable fue la mina El Toqui, hoy controlada por la compañía australiana Laguna Gold.

La jornada principal, será el sábado 24 de noviembre en Puerto Ingeniero Ibáñez, ocasión en que será el orador principal del seminario “Minería vs. Calidad de Vida: Experiencia nacional y regional de sus impactos en salud”.

En forma especial se referirá al caso de Alto Mañihuales, considerando que Laguna Gold el 30 de octubre obtuvo el visto bueno por parte del gobierno para realizar sondajes mineros (101 plataformas) a unos 3 kilómetros del pueblo.

La actividad se iniciará a las 14:30 en el auditorio de la escuela Aonikenk.

Para Marlina Orellana, presidenta de “Puro Ibáñez”, “es una gran oportunidad para nuestro pueblo, informarse con este nivel de especialistas sobre lo que no informan las compañías mineras cuando se acercan a las comunidades”.

“Tenemos una gran expectativa con este seminario, ya que la gente no tiene grandes conocimientos con respecto a los efectos de las mineras en los pueblos aledaños. Aunque son las prospecciones solamente, creemos que estamos a tiempo para informar a la comunidad” indicó Orellana.

El día previo, el viernes 23 el doctor Tchernitchin estará en Coyhaique exponiendo sobre los impactos de la minería, particularmente de oro y plata, en las aguas, el suelo y la salud de las personas.

La actividad, organizada por Codesa y la Agrupación Aisén Reserva de Vida, con la colaboración de la Comisión Justicia y Paz del Vicariato, se desarrollará desde las 18:30 horas en Horn 48, en el segundo piso del restorán Chelenko.

Al respecto, Guido Jaramillo de la Comisión Justicia y Paz señaló que “es importante informarse, muchas veces se nos dice que la minería trae progreso, bienestar para los territorios y que es sustentable.  Pero no se dice nada del daño a la salud, al medio ambiente, que ocasiona o el daño a la tierra, con sustancias tóxicas que son muy perjudiciales para la vida y eso ya lo hemos vivido ya en nuestra región.

“Es importante participar en esta charla que dará el doctor, quien tiene una dilatada trayectoria en el país donde ha hecho muchos estudios que demuestran el daño que ocasionan la minería y estas empresas contaminantes, el daño a la salud, especialmente de los niños” puntualizó Guido Jaramillo.

Y el lunes, en Chile Chico, el médico conversará con la comunidad en el centro comunitario de Freire 24.

La integrante de la organización Antukulef, Corina Ainol, expresó que “pocas veces tenemos esta posibilidad de personas que han estudiado y conocen el tema y tienen datos duros.  Es la oportunidad de asistir y consultas, y también de exigir a las autoridades”.

Agregó Ainol que “esperamos que también haya concejales y concejalas pendientes en la actividad, porque tenemos muchas demandas y tenemos muchas dudas. Y ese día va a ser el puntapié de poder exigir estudios, para saber cómo estamos los chilechiquenses”.

Todas estas actividades se enmarcan en el trabajo de la “Red Regional No + Mineras”, que integran diversos ciudadanas y ciudadanos de distintas localidades de Aysén y que ha organizado ya múltiples acciones de visibilización del problema.

La visita del presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico se da en un momento sensible para Aysén porque durante, los últimos meses se ha hecho visible una fuerte ofensiva minera de cuatro empresas australianas y canadienses en la cuenca del lago General Carrera.

Además de Laguna Gold (que tiene declaraciones de impacto ambiental aprobadas cerca de Ñirehuao y Villa Amengual, para cientos de plataformas de prospección), la también australiana Equus Mining en el área de “Los Domos”, y las canadienses Mandalay Resources (que controla ya Cerro Bayo y quiere rehabilitar la abandonada “Mina Javiera”) y GoldCorp con concesiones de exploración a pocos kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez.

En el caso del lago General Carrera, esta es la principal reserva de agua dulce de Chile (y segunda de Sudamérica), dependiente del Campo de Hielo Norte, que, junto al Campo de Hielo Sur, es la tercera más importante del mundo.

Y en un momento en que se ha informado la ocurrencia de dos casos del poco frecuente cáncer pediátrico de tiroides en Chile Chico, que el experto informado que en algunos casos se ha asociado a la actividad minera del oro.

 

Chile

¡No más Zonas de Sacrificio!: La ciudadanía se levanta y protesta este 15 de noviembre

El desastre ambiental ocurrido en Quintero y Puchuncaví ha derivado en una jornada solidaria de movilización nacional para este jueves. Miles de personas, en diferentes localidades del país, protestarán por la contaminación y proyectos mineros extractivistas que afectan a sus territorios.

Originado a partir de la catástrofe socio – ambiental que ocurre en Quintero y Puchuncaví, diferentes organizaciones ciudadanas y medioambientales del país se han coordinado para concretar una jornada de movilización nacional programada para este jueves 15 de noviembre.

La idea, según los dirigentes, no es solo solidarizar con los habitantes de las localidades de la región de Valparaíso, sino que también, denunciar los problemas que han originado las termoeléctricas a carbón en el norte y los diferentes proyectos que ponen en peligro latente a los territorios y su hábitat.

La dirigenta del cabildo de Quintero, Priscila Pacheco, precisó que en el caso de su localidad, el Estado ha privilegiado al empresariado, castigando a la comunidad, a niños y adultos mayores, afectado drásticamente el turismo y la economía de la zona.

“Hacemos el llamado con toda la voz de la fuerza y con todo el ímpetu de la gente que está luchando acá en Quintero y Puchuncaví, para que se levanten este 15 de noviembre, que tomen de la mano a este territorio en sacrificio, que luchen, que ejerzan soberanía y que nunca más, en ninguna parte del país, se tengan que repetir los episodios ocurridos acá. Acuérdese que la vida se defiende, la vida no se vende”, afirmó.

A la convocatoria se espera que distintos habitantes de las llamadas “Zonas de sacrificio” como Coronel, Huasco, Mejillones, entre otras, adhieran a la jornada de movilización.

También, en la zona austral del país se están organizando para protestar. Esta vez, por los más de siete proyectos mineros que en la región de Aysén están avanzando sin que la comunidad local se entere de lo que la actividad extractivista podría generar en las aguas y en el hábitat que rodea al territorio.

El integrante de “Patagonia sin + mineras”, Fernando Castañeda, precisó que, recientemente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobó tres planes de prospección cercanos a zonas pobladas, y donde se ubicarían yacimientos de oro y plata.

“Para el proceso de extracción de oro se ocupa un químico altamente contaminante como es el cianuro. Acá las compañías trasnacionales están tratando de apoderarse del agua y de los territorios. Recordemos que la minera belga El Toqui fue responsabilizada por la presencia de metales pesados en la comunidad de Alto Mañihuales, una localidad rural de la Región de Aysén donde han fallecido gente y animales, debido a enfermedades propias de la contaminación por metales altamente tóxicos presentes en el agua de caudales que se ocupaban para consumo y regadío”, subrayó.
En Santiago la marcha está convocada por la Coordinadora Metropolitana por Quintero y Puchuncaví y la cita es en Plaza Italia a las 18:30 horas.

La integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios Zona Centro, Francisca Fernández, indicó que la idea es solidarizar con las localidades que cargan con problemas de contaminación, y con un llamado a cambiar de una vez la matriz energética del país.

“Estamos ante un modelo extractivista que hace que claro, ojalá, en algún momento se cierre el parque industrial de la zona costera de la provincia de Valparaíso, pero bajo la lógica de la matriz productiva energética que tiene este país, porque sin eso, hace que en otro momento se levante otro proyecto similar en otro sector de Chile. Entonces nuestra lucha también es por la desprivatización de los bienes comunes, por el cambio de la matriz energética productiva, que es imperiosa, porque o sino vamos a seguir sacrificando territorios a costa de ganancias, a costa de la acumulación”, subrayó.

En Quintero la jornada de protesta se realizará a las 11 de la mañana en el sector de “El Buzo”. A la misma hora se manifestará Puchuncaví en el cruce con La Greda.

Además, Valparaíso, en Plaza Sotomayor, buscará repletar las calles a las 18:30 horas. Al sur, en Temuco y Concepción se reunirán en la “Plaza Hospital” y la “Plaza de Tribunales”, respectivamente.

Fuente:https://radio.uchile.cl/2018/11/11/no-mas-zonas-de-sacrificio-la-ciudadania-se-levanta-y-protesta-este-15-de-noviembre/?fbclid=IwAR3GWXmctXxQVjdzs1C9scj78yewk_KrvOYNnc6Gs4VvOOVwr-Dute-wiKc

Chile

El agua del salar de Atacama enfrenta a Minera Escondida con el grupo Luksic

EL déficit hídrico detectado hace pocos meses en la cuenca del salar de Atacama y la conservación del balance del lugar, mantienen con preocupación a las cuatro mineras que extraen agua subterránea y salmuera en dicha zona, justo en momentos en que dos de ellas gestionan en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), extender sus permisos para la extracción del recurso vital.

Lo anterior, dado los efectos que las extracciones podrían implicar, tanto para el medio ambiente como para los procesos productivos de las cuatro firmas: las mineras no metálicas SQM y Albemarle; y las iniciativas de cobre: Escondida, de BHP -que podría estar menos complicada por poseer una planta desaladora- y Minera Zaldívar, de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic.

Precisamente, son estas dos últimas las que se han presentado ante el SEA. Escondida solicitó la extensión de la operación de extracción de aguas subterráneas por 11 años, en vista de que su actual permiso caduca en 2019. Así, según su estudio de impacto ambiental (EIA), pidió una tasa de extracción de agua que equivale al 46% de que posee actualmente y que implica 640 litros por segundo (l/s).

Minera Zaldívar, por su lado, posee derechos de agua en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo por 556,5 l/s, de los cuales extrae como máximo el 38%, es decir, hasta 212,75 l/s promedio anual. Ahora solicitó mantener la actual tasa efectiva de extracción desde mediados de 2025 hasta el 2029 y disminuirla a 30 l/s entre el 2029 y el 2031, lapso en el que desarrollará su plan de cierre si su petición logra la luz verde.

En este contexto, cabe recordar que se mantiene un proceso sancionatorio en contra de SQM en la Superintendencia de Medio Ambiente, luego de que el organismo detectara una mayor extracción que la permitida en el salar. En ese sentido, la minera ligada a Julio Ponce, presentó un plan de cumplimiento que ha sido criticado por Albemarle, las comunidades aledañas y particulares, en diversas presentaciones ante el ente ambiental.

El proceso ambiental

Así las cosas, los trámites ambientales en el SEA no han estado exentos de la opinión de las otras compañías, quiénes se han manifestado a través de la participación ciudadana, siendo la única excepción SQM.

En el caso del proyecto de Escondida, Albemarle criticó 14 puntos de la iniciativa, entre los cuales mencionó que existe un equivocado planteamiento del proyecto, una deficiente definición del área de influencia y deficiencias en la caracterización de la línea base. La minera de los Luksic, por su lado, presentó un escrito de 38 páginas en el que hizo observaciones respecto de la evaluación de los impactos, frente al plan de alerta temprana y sobre los compromisos ambientales voluntarios del proyecto de Escondida, la mayor productora de cobre a nivel mundial.

En ese sentido, también participaron distintas comunidades, como el Consejo de Pueblos Atacameños y la Comunidad Atacama de Coyo.

En cuanto a la iniciativa de Zaldívar, también presentaron sus opiniones Escondida, Albemarle y las comunidades.

“De la revisión del EIA surge una serie de dudas en relación al contenido que permite evaluar el impacto ambiental de un proyecto como este”, indicó Albemarle en su escrito presentado ante el SEA, en que además desarrolló otros ocho puntos en los que acusó que el plan de alerta temprana presentado por minera no es preventivo; que las herramientas de evaluación de impactos presentan incertidumbres y no poseen fundamentos técnicos; y sostuvo que la iniciativa puede afectar los compromisos de terceros que también extraen recursos del salar.

Por su lado, Escondida, en una presentación de 17 páginas, señaló que el proyecto de la minera de los Luksic, considera condiciones de línea base distintas a la que ella presentó en su iniciativa y también la acusó de omitir acompañar antecedentes, que resultan necesarios para la comprensión tanto de la línea base del proyecto, como de los impactos que éste genera en el medio ambiente.

La urgencia de Zaldívar

Al ser consultadas las cuatro compañías que operan en la zona, sólo estuvieron dispuestas a responder Zaldívar y Albemarle.

Así, el vicepresidente de asuntos corporativos y sustentabilidad de Antofagasta Minerals, René Aguilar, especificó que Zaldívar extrae agua del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, ubicado al sur de la cuenca del salar y que a la vez, es responsable del 7% de la recarga hídrica del salar.

“A diferencia de otras compañías mineras de la zona, Zaldívar es una operación más pequeña, donde no es viable económicamente construir una planta desaladora y un sistema de impulsión, como ya lo han hecho operaciones de Antofagasta Minerals en esta misma región”, comentó, añadiendo que sin agua la compañía no puede seguir operando después del 2025, por lo que tendría que iniciar prontamente su proceso de cierre.

“La realidad de Zaldívar es otra y, por eso, esta autorización es esencial para su existencia. En este caso no es un tema de reducir costos”, expresó, puntualizando que Zaldívar sólo utiliza el 12% de los derechos de agua otorgados en el acuífero.

“Con estos derechos de agua, gracias al trabajo de más de 2.400 personas, la compañía mantiene negocios con 240 empresas proveedoras locales (…), de una manera plenamente compatible con la conservación del medio ambiente”, aseguró, adelantando que en el primer semestre del próximo año, presentarán la primera adenda del proyecto, documento mediante el cual se responde al Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara).

Por su lado, Albemarle indicó que desarrolló el concepto de la Nueva Minería del Litio, que, entre otros puntos, vela por la sustentabilidad del salar de Atacama. Asimismo, puntualizó que tiene autorizado el uso de 442 l/s de salmuera y que cuenta con derechos de agua por 23,5 l/s, de los que no utiliza más de 6 l/s para el lavado de equipos menores y la producción de potasio.

“Como empresa, nuestras acciones siempre han ido en pos de asegurar un bombeo de salmuera respetuoso con el medio ambiente, con las comunidades y que cuide la sustentabilidad del salar por muchos años, ya que nuestra operación es de largo plazo. Para ello, implementamos el más alto estándar en la medición de los niveles hidrogeológicos del salar y particularmente, un sistema de monitoreo en línea de los caudales de extracción de salmuera y agua”, concretó.

Fuente:https://www.latercera.com/pulso/noticia/agua-del-salar-atacama-enfrenta-minera-escondida-grupo-luksic/397204/

Chile

Cierre definitivo de Pascua Lama evidenciará independencia y poder de institucionalidad ambiental en Chile

No solo esta en juego el proyecto Pascua Lama sino como la Institucionalidad sancionadora y fiscalizadora tiene poder e independencia para enfrentar este tipo de proyectos.

 A pesar de ser rechazada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), por la comunidad local y organizaciones sociales, el proyecto minero Pascua Lama que intenta extraer oro debajo de los glaciares andinos, sigue presionando para poder operar en Chile.

Este martes (06.11.2012), el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, realizó la audiencia de las reclamaciones presentadas por la Compañía Minera Nevada SPA, titular de Pascua Lama, propiedad de Barrick Gold, en contra de la (SMA), que en octubre pasado exigió clausura definitiva de las faenas del proyecto minero por 5 sanciones en su proceso de construcción.

La SMA alegó en el tribunal de Antofagasta que este es el “el primer caso, el primer infractor y el primer proyecto que recién en su etapa de construcción, ha sido objeto de cinco sancionatorios ambientales, referida al cumplimiento parcial del compromiso de monitorear los glaciares y glaciaretes emplazados en el área de influencia del proyecto.

El abogado de la SMA, Emanuel Ibarra, afirmó que además “los máximos tribunales de justicia calificaron el actuar de Pascua Lama como contumaz, además de dos procesos sancionatorios de la SMA en los que se determinó un daño ambiental en el ecosistema andino, afectando la flora y fauna, la calidad de las aguas y puesto en riesgo la salud de la comunidad”.

La Superintendencia argumentó que Nevada SPA recibió la multa más grande contemplada en el ordenamiento jurídico chileno, sin embargo siguió con faltas a sus planes declarados y omisión de entrega de información. Por lo tanto, esa sanción no tuvo efectos “disuasivos” en el actuar de la minera, informó radio cooperativa.cl.

Barrick contra la Institucionalidad Ambiental

El abogado Alvaro Toro que representa a las comunidades locales defiende las decisiones de la Superintendencia de Medio Ambiente, pues señala que no solo está en juego este multimillonario y contaminante proyecto minero, sino que además la institucionalidad ambiental esta en la mira de la ciudadanía nacional e internacional.

La unica sanción aceptable para un proyecto tan invasivo y contaminante como es Pascua Lama es la clausura total y definitiva, tal como lo señala la SMA, dijo el abogado Toro a radiodelmar.cl:

– ¿Porque barrick sigue reclamando e intenta operar…?

– Barrick logro que 4 de las 5 sanciones establecidas por la SMA fueran anuladas y ayer se discutió la reclamación de esta empresa sobre esta última reclamación. La SMA defendió su decisión respecto a que están acordes a la gravedad, reiteración y magnitud de las faltas.-

– Y que quiere Barrick, seguir pagando multas?

– Pagar la multa más grande es un costo insignificante en relación a todos los beneficios que obtienen al no cumplir sus obligaciones ambientales. Sin embargo, aunque el Tribunal Ambiental apoye a la SMA, creemos que Barrick recurrirá a la Corte Suprema porque ahí piensa que con sus contactos y sus influencias podría lograr un fallo a su favor. Pero si este Tribunal ratifica su decisión, creemos que es muy difícil que la Corte Suprema cambie esta decisión.

¿Cuál fue la estrategia de Barrick en esta discusión en Antofagasta?
– La empresa trata de victimizarse. Intenta falsamente hacer ver que la decisión de la SMA, sería una muerte civil para Barrick, pero eso es ridículo e impresentable. Ellos solo quieren multas económicas, son multas elevadas para la gente, pero para una empresa que invirtió 10 mil millones de dólares, es irrelevante.

– ¿Y qué pasa si el Tribunal acepta el criterio de Barrick?
– Si eso ocurre, quiere decir que nuestra Institucional Ambiental no sirve. Podrá servir para defender una plaza de un pequeño proyecto inmobiliario, pero para defender el Medio Ambiente en casos como este, de este tipo de inversiones , no va a servir. Entonces no solo esta en juego el proyecto Pascua Lama sino como la Institucionalidad sancionadora y fiscalizadora del Estado tiene poder e independencia para enfrentar este tipo de proyectos.

Fuente:http://www.radiodelmar.cl/2018/11/cierre-definitivo-de-pascua-lama-evidenciara-independencia-y-poder-de-institucionalidad-ambiental-en-chile/?fbclid=IwAR3RYFQw4NZlIk7NN9e6aJCbVA_ctSVYGriULVNpaIYKREsfi-YbUYpQPoc

Chile

Mineras podrían transformar a Aysén en la primera “Zona de Sacrificio” en La Patagonia

Muchas son las empresas interesadas en los minerales de Aysén. Especialmente son compañía de origen canadienses y Australianas las que se allegan a la región, porque en nuestro territorio pueden hacer todo lo que no pueden hacer en sus países, sin las respectivas y adecuadas fiscalizaciones que Sernageomin hace caso omiso de hacer ante la presión de La Moneda.

Según las estadísticas del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) indican que existen 635.802 hectáreas entregadas a la minería en la actualidad y que son miles las concesiones mineras que están entregadas a un grupo reducido de particulares, que no buscan explotar esos derechos, sino que transarlos a otros interesados.

El tema de las concesiones mineras ha entrado al escenario regional y se transformo en un par de semanas en la gran problemática ambiental del momento, como lo fue en su momento HidroAysén y Energía Austral, que pretendían represar los ríos más emblemáticos de la región, como el Baker y el Pascua en el sur y el Cuervo y el Blanco en el centro costero y destruir la calidad escénica y ambiental de la región como un todo.

Estas mismas transnacionales energéticas, fueron las que solicitaron concesiones mineras en el tendido eléctrico para transportar la energía al norte del país como parte del proyecto y lo solicitaron bajo cuerda como medida de defensa y inversión futura y que sabían les otorgaría grandes dividendos económicos estas concesiones mineras del subsuelo, que abarca todo el tendido eléctrico que pasaría por Aysén si se hubieran concretado los proyectos energéticos. Tema que en su momento tuvo muy preocupados a los habitantes de la superficie y que era un tema que entendian sobre la problemática minera que se venía a la región y se estudiaba como llegado el momento se podría enfrentar de manera profesional a estas grandes empresas transnacionales mineras, por el posible uso indiscriminado del subsuelo, que le provocaría en un futuro no tan distante, un daño invaluable al patrimonio ambiental y social y de paso afectando la proyección de las comunidades involucradas, que se sustentan en la calidad ambiental y escénica que se desarrolla en la superficie, en las actividades agrícolas, ganaderas y turísticas.

Las explicaciones entregadas por las transnacionales a los pobladores en algunas reuniones que se han realizado no han sido satisfactorias y más que nada todo se ha posicionado al lobby descarado y descarado que ha realizado el senador UDI por Aysén, David Sandoval Plaza, que esta vez se ha sacado la careta totalmente y se ha transformado en el representante de las transnacionales mineras y salmoneras en la región y por lógica a futuro de las forestales no tengo duda alguna. Segun fuentes de Sernageomin, han prometido liberar algunas concesiones que rigen el subsuelo regional en la actualidad, pero los dichos no han sido confirmados en forma oficial y sin ningún documento que avale la intención y dado el escenario actual lo dudo mucho.

La situación es complicada para la región porque se entiende -y en esto estamos claros-, que existen una gran cantidad de empresas transnacionales mineras que tienen como objetivo intervenir el subsuelo de la región a como dé lugar para extraer sus recursos naturales, sin tomar en cuenta a los pobladores, las comunidades y sus emprendimientos y que además cuentan con un poderoso aliado como lo es el gobierno y un senador UDI para ir por el subsuelo regional.

Esta realidad significa en la práctica, que si algún emprendedor turístico, agrícola o ganadero que está hace décadas estaba trabajando y sustentándose en sus respectivas actividades, pretendiera emprender un nuevo proyecto o aumentar el que tiene, tendría que amoldarse a las concesiones mineras y no a la inversa, simplemente porque la ley no lo permitirá, al poner los intereses del subsuelo antes que el de las actividades que se realizan en la superficie.

De acuerdo con las prioridades actuales bajo el marco jurídico que nos rige, las comunidades y los emprendedores tienen todas las de perder ante el poder de las mineras y se transforma en una tremenda injusticia en una región como Aysén, que vive y se proyecta históricamente de lo que se realiza en la superficie y que depende de la calidad escénica y ambiental del territorio regional.

La ley de concesiones mineras es abusiva en todo sentido, dando prioridad a sus procesos en una fase previa de exploración de muy alto rango, para después utilizar los recursos. Amparadas en la ley minera, estas empresas transnacionales tienen la facultad de congelar un sin número de proyectos que puedan tener los dueños del terreno en la superficie en cuestión y por consiguiente y dado el espíritu regional que no se entrega ante las arbitrariedades que tengan que ver con el territorio; el choque de intereses es de relevancia, si consideramos que la minería destruye y contamina todo lo que toca, en una región como Aysén, habitados por pobladores que aman su región por sobre todas las cosas.

Hace unos años hablábamos de desarrollar la capacidad de anticipar el movimiento de las transnacionales mineras para proteger la superficie regional de los innumerables emprendimientos que se desarrollarían las mineras y que obstaculizarian a los habitantes del mundo rural; pero como sucede siempre en estos casos, fue solo una conversación luego de la gran batalla ganada en contra de HidroAysén y todo pasó al olvido y de sopetón nos encontramos con la triste realidad, que este gobierno quiere transformar la región y la cuenca del lago General Carrera, en una Zona de Sacrificio minero y eso en si mismo es una aberración.

El código minero actual tiene un peso legal muy fuerte y le entrega mucha prioridad, que no duda en utilizar todo su poder para aplastar a las comunidades que se interponen en sus intereses y utiliza a senadores como Sandoval Plaza que son afines a sus intereses para lograr sus objetivos a como de lugar. Basta con ver el tema del agua y el desarrollo minero en el norte del país y sus nefastas implicancias para esas comunidades y lo que realizan estas empresas mineras para asegurar determinados emprendimientos y que cuentan con la capacidad de frenar proyectos que no se relacionen con sus intereses.

El ex-senador por Aysén Antonio Horvath Kiss (RN) al final de su mandato, estaba muy consciente y preocupado por el choque que se desataría en Aysén ante los intereses de las comunidades por la llegada de las transnacionales mineras y ni corto ni perezoso, presentó en el Congreso nacional una reforma a la ley del código minero, para proteger las zonas turísticas, ganaderas y agrícolas que caracterizan a Aysén de norte a sur y de cordillera a mar. Entendiendo que las zonas mineras no solo abarcan el norte del país como lo fue en el pasado histórico de Chile y que en la actualidad esos intereses han llegado a los territorios australes como Aysén y Magallanes ante la destrucción y la contaminación del norte de Chile por esta industria y se hacía urgente mejorar la ley, para hacerla armónica y sustentable con la realidad regional y su proceso de desarrollo.

Muchas son las empresas interesadas en los minerales de Aysén. Especialmente son empresas de origen canadienses y Australianas las que se allegan a la región, porque en nuestro territorio pueden hacer todo lo que no pueden hacer en sus países, sin las respectivas y adecuadas fiscalizaciones que Sernageomin hace caso omiso de hacer ante la presión de La Moneda. En la actualidad tenemos a la empresa Gold Corporation, que tiene una concesión de 21 mil hectáreas en las comunas del sur de Aysén, Chile-Chico y Cochrane. La Anglo-Canadiense Patagonia Gold, que explora desde el año 2006 20.500 hectáreas cerca de la capital regional Coyhaique, en el sector del lago Pólux, Castor y Thompson; tenemos a la empresa Red Hill que compró la Mina El Toqui y que explora 5 mil hectáreas en el río Ibáñez en la cuenca del lago Carrera, sumándose a la Compañía de aceros del Pacifico (CAP), que cuenta en la actualidad con más de 60 mil hectáreas para explotar hierro en sectores cercanos al litoral aysenino.

Fuente:http://www.radiodelmar.cl/2018/10/mineras-podrian-transformar-a-aysen-en-la-primera-zona-de-sacrificio-en-la-patagonia/?fbclid=IwAR1rzcs0QL6VxikB6-XCi6a5Q9ZZ1yklpj16-f4gYlbkR74UmDJ7KzC_kQI