Solo diez años nos quedan para salvar al mundo como lo conocemos y evitar sufrir peores impactos. La explotación de la Mina Invierno en Magallanes implica más carbón, por tanto, más aumento del nivel del mar, más sequías y más ciudadanos impactados innecesariamente. Es fundamental que el tema climático y energético esté abordado seriamente en los programas de Gobierno, incluyendo el apagón fósil y la transición justa para los trabajadores de ese sector, que deberán relocalizarse en trabajos vinculados al desarrollo de energías limpias. De otra manera, deberemos enfrentarnos a un dilema existencial: o actuamos urgentemente, teniendo en cuenta el mundo que dejamos, o empecemos a armar las valijas para dejarlo antes de lo previsto.
Naciones Unidas estableció el 28 de enero, como el día Mundial por la Reducción de Emisiones de Co2, como un recordatorio de uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. El año que dejamos atrás estuvo marcado por eventos climáticos extremos como los incendios forestales en Grecia y California , olas de calor en Medio Oriente, inundaciones de Nigeria a Japón, o un súper tifón en Filipinas. Y Chile no se queda atrás. Según un estudio de la organización Germanwatch, está entre los 10 países más afectados por los impactos del cambio climático: mayores sequías, incendios forestales y riesgo por el aumento del nivel del mar.
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En la jornada de este miércoles, se registró la rotura de una cañería en instalaciones de Codelco Andina hacia el río Blanco, importante afluente del río Aconcagua. Efectivos de la PDI acudieron al lugar a realizar peritajes, al igual que personal del Sernageomin. Mientras tanto, la empresa distribuidora de agua en la zona, Esval, suspendió la utilización de agua del río para consumo humano hasta contar con datos de calidad de agua.
Según indicó La Tercera citando un comunicado de la empresa, la rotura del ducto ocurrió en el kilómetro 15 de su recorrido “Advertidos estos hechos, se activaron los protocoles de emergencia de la empresa: se detuvieron inmediatamente las operaciones de dichas instalaciones hasta no tener la certeza de que pueda operar en condiciones seguras; se informó a las autoridades regionales; las comunidades cercanas y a los regantes de la zona” indicaron.
Debido al derrame a las aguas de este afluente del Aconcagua, ESVAL (Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso) la cual realiza distribución de agua potable además del tratamiento de las aguas servidas en la Región de Valparaíso, indicó que suspendió sus operaciones en la planta de agua potable de Los Andes a la espera de muestreos de calidad de agua en el río. Mientras tanto dispusieron la utilización de fuentes subterráneas y reservas de agua según indicó la gerencia de la empresa, asegurando que el suministros en las comunas de Los Andes, Real Curimón y Calle Larga cumpliría con los parámetros de calidad establecidos por la normativa.
Por seguridad ESVAL suspende captación de agua del Rio Aconcagua, luego que en su afluente rio Blanco está tarde se vertió una cantidad indetermiada de relave minero al romperse cañeria de línea de trasporte de este material en las faenas de División Andina. pic.twitter.com/pTxM7WZU5R
#EsvalInforma ⚠Hemos suspendido preventivamente la producción en nuestra planta de agua potable de Los Andes, debido a derrame de relave minero en río Blanco. Gracias a nuestras reservas, el servicio se mantiene en normalidad y por el momento no habrá corte a nuestros clientes⚠ pic.twitter.com/9o0BjJ4fPk
Efectivos de la Brigada Investigadores de Delitos contra el Medio Ambiente (Bridema) de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladaron al lugar para realizar peritajes.
Además, funcionarios del Sernageomin se reunieron para evaluar la situación en terreno.
Según Alonso Barros, abogado de la comunidad indígena de Camar, la Superintendencia de Medioambiente no consideró importante argumentos que demostrarían la insuficiencia del Plan presentado por la empresa.
Según análisis realizados por la CORFO, la vegetación del Borde Este del salar de Atacama, sufrió disminuciones significativas de follaje verde, durante el período en el que se cometieron las infracciones.
El 7 de enero, la Superintendencia de Medio Ambiente, la autoridad chilena encargada de fiscalizar los permisos ambientales, aprobó el Plan de Cumplimiento (PDC) presentado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile Soquimich S.A (SQM), que busca compensar las infracciones ambientales que derivaron en un proceso sancionatorio en su contra. La empresa, que desde 1993, explota las reservas de litio en el salar de Atacama, al norte de Chile, había modificado, sin autorización, las variables que permiten la activación del Plan de Contingencia destinado a prevenir impactos ambientales producto de las actividades extractivas.
A esta infracción, considerada gravísima por la autoridad ambiental, se suman otras cinco entre las que destacan la extracción de salmuera por sobre lo permitido y la afectación progresiva de algarrobos, uno de los pocos árboles que sobreviven a las inclemencias del desierto.
El Plan de Cumplimiento fue criticado por representantes de las comunidades indígenas, por científicos expertos en el estudio de ecosistemas del desierto, por Albermarle, otra empresa minera que opera en el salar y por la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), la agencia de gobierno con la que SQM tiene el contrato para la explotación del litio. Sin embargo, cada uno de los argumentos presentados en contra del Plan de Cumplimiento fueron desestimados por la autoridad ambiental. Dicho plan fue aprobado y el proceso sancionatorio en contra de SQM detenido.
Alonso Barros, abogado representante de la comunidad indígena de Camar, aseguró a Mongabay Latam que apelarán ante la justicia.
La fragilidad del salar y las infracciones ambientales de SQM
El salar de Atacama, ubicado en el desierto que lleva el mismo nombre y el más seco del mundo, constituye un frágil sistema ecológico conformado por su área núcleo y por una serie de lagunas de agua dulce y bofedales que lo rodean.
Son los sistemas lacustres Soncor, Aguas de Quelana y Peine, declaradas sitio Ramsar, por ser hábitat de variadas aves acuáticas y el centro reproductivo de flamencos más importante del mundo. El flamenco Andino, el Chileno y el James son las tres especies que habitan este lugar estando el primero vulnerable y los otros dos cercanos a la amenaza, según la categorización de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
El sistema de vegetación Borde Este, que bordea el extremo oriente del salar, constituye la zona más sensible al recepcionar las aguas subterráneas y superficiales que vienen desde la Cordillera de los Andes y que confluyen en la cuenca del salar.
Es así como 18 comunidades indígenas han podido habitar, desde hace 6 mil años, esta zona del desierto, beneficiándose de los bofedales y de los acuíferos para el pastoreo de camélidos y el desarrollo de la agricultura.
SQM extrae, desde el núcleo del salar, 1700 lts/s de salmuera, agua con sal, rica en litio. A partir de ella obtiene sulfato de potasio, ácido bórico y cloruro de potasio. La producción de este último producto requiere de agua dulce por lo que SQM tiene, también, derechos de aprovechamiento de agua sobre cinco pozos en los bordes del salar.
Las aguas dulces de los sistemas lagunares y las salobres del salar interactúan por canales subterráneos conformando un mismo sistema hidrológico. Es por ello que “las extracciones de salmuera desde el salar pueden afectar las lagunas”, asegura Ingrid Garcés, investigadora de la Universidad de Antofagasta y doctora en ciencias geológicas.
Para evitar cualquier impacto ambiental, derivado de la operaciones de SQM, elpermiso con el que opera la empresa está sujeto a una serie de medidas, entre las que destaca la implementación de un Plan de Contingencia. Este, se activa cuando el nivel de las lagunas que bordean el salar alcanza cierto umbral. Para ello, el permiso otorgado a la empresa establece pozos de monitoreo y reglillas de observación para los sistemas Aguas de Quelana, Soncor, Peine y el sistema vegetación Borde Este. Cuando el umbral de dichos pozos llega al mínimo histórico registrado, se activa una alerta temprana para aumentar la frecuencia de monitoreo, a fin de anticipar un potencial efecto. En una segunda fase, se reduce el caudal de bombeo de salmuera y/o de agua dulce, según corresponda.
Pero en noviembre del 2016, la Superintendencia de Medio Ambiente inició un proceso sancionatorio en contra de SQM por haber, entre otras cosas, modificado sin autorización los niveles de activación del Plan de Contingencia. Según detalla el documento, se modificaron los pozos a monitorear, las cotas de terreno de los pozos de monitoreo y se alteraron los umbrales de activación de los niveles del Plan de Contingencia.
Además, el documento detalla que la empresa retiró dos pozos de monitoreo. Es decir, desactivó los indicadores de alerta.
Otras cinco infracciones ambientales fueron cometidas por la empresa. Entre ellas, se cuenta la extracción de salmuera por sobre lo autorizado, entre agosto del 2013 y agosto del 2015. La “afectación progresiva del estado de vitalidad de los algarrobos —uno de los pocos árboles que sobreviven a las extremas condiciones del desierto— sin suspender la operación del proyecto, ni alertar a las autoridades desde el año 2013 a la fecha”. Además, se le acusó de entregar información incompleta respecto a la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales, “lo que no permite contar con información de control trazable que permita una verificación de las variables” señala el documento de la Superintendencia.
El Plan de Cumplimiento
Para dar respuesta al proceso sancionatorio, SQM presentó a la Superintendencia de Medioambiente un plan de cumplimiento que busca reivindicar cada una de las infracciones y comprometerse a cumplir con el permiso que le fue otorgado.
Representantes legales de la comunidades indígenas y científicos manifestaron desde un principio sus reparos al plan de cumplimiento. Ello, debido principalmente a que la empresa, si bien reconoce las infracciones, niega que estas hayan podido provocar un efecto negativo al medioambiente.
La bióloga ambiental Carolina Díaz, gerente general de la consultora Amakaik, que se encuentra desarrollando un modelo ecológico para el Salar de Atacama, señala que “un programa de cumplimiento, que niega la responsabilidad de generar impacto producto de las infracciones, no puede ser un buen programa. Esto, dado que desconoce si las medidas propuestas serán realmente efectivas, ya que los impactos no están bien identificados y mucho menos están cuantificados.”
Para demostrar que la manipulación de las variables del Plan de Contingencia no produjeron impactos en el medioambiente, la empresa realizó una evaluación retrospectiva de los niveles del acuífero, medidos mensualmente, desde el inicio del proyecto. Estos fueron comparados con los umbrales definidos en el permiso ambiental, sin las modificaciones que luego fueron objetos de cargos. El resultado fue que “en ninguno de los tres pozos de monitoreo se detectó un registro de nivel bajo el valor del umbral”. Esto habría sido corroborado por la Dirección General de Aguas (DGA) quien realizó también un análisis, aunque a partir de los datos entregados por SQM.
Para los opositores al Plan de Cumplimiento, la propuesta de la empresa no es válida por tener una “estructura circular”. Es decir, que para descartar los efectos negativos de las infracciones, se utilizaron antecedentes que están cuestionados debido a la alteración de los datos y reportes de información incompleta.
La autoridad ambiental, sin embargo, consideró que el anterior argumento no se encuentra fundado puesto que en los análisis, tanto de la empresa como de la DGA, “se han utilizado los umbrales e indicadores de estado vigentes para el proyecto de SQM y no aquellos modificados sin autorización ambiental”.
En opinión de CORFO y las comunidades indígenas, lo anterior no bastaría para asegurar la fidelidad del análisis. “Se debiera contar con datos independientes, no procesados por la empresa, ya que (la información) carece de imparcialidad y perpetúa la situación actual en la empresa”. La autoridad sin embargo, también desestimó dicho argumento asegurando que “esta aseveración no puede ser compartida, en la medida que, pese a la comisión de infracción, la empresa continúa estando a cargo de la gestión ambiental de su proyecto y sigue siendo la responsable de informar a la autoridad de las condiciones ambientales”.
La bióloga Carolina Díaz puntualiza que, en efecto, “si bien es muy probable que la empresa esté provocando daños, los estudios los tienen ellos y una cosa es la opinión y otra es la prueba”.
Cada uno de los argumentos presentados en el intento de demostrar la insuficiencia del Plan de Cumplimiento fueron desestimados por la Superintendencia de Medioambiente. En opinión de Alonso Barros, dicha autoridad ambiental no consideró importantes argumentos que demostrarían la insuficiencia del Plan. Entre ellos, la afectación a los flamencos y el desecamiento del Borde Este del Salar.
Los hallazgos
Con el objetivo de confirmar si es que efectivamente, durante el período en el que se cometieron las infracciones ambientales, no hubo afectación al medioambiente, tal como asegura SQM, la CORFO realizó un análisis paralelo.
El resultado, según indica el alegato de la comunidad de Camar, fue que en la vegetación del Borde Este del Salar de Atacama, se observaron disminuciones significativas de follaje verde. “La relevancias de estas pruebas aportadas por CORFO, permiten constatar (…) lo que, en definitiva, corresponde al efecto negativo no deseado”, señala el documento. Alonso Barros asegura que se trata del mayor impacto visible en el salar, pero que este argumento técnico no fue considerado por la Superintendencia de Medioambiente a cargo del proceso sancionatorio.
Por otro lado, la CORFO analizó las poblaciones de flamencos e identificó aumentos del flamenco andino en el sector de Soncor, mientras que el flamenco chileno presentó “disminuciones llamativas en Aguas de Quelana”. Según señalan las alegaciones judiciales, levantadas por la comunidad indígena de Camar, la empresa no se hace cargo del impacto en la distribución de las especies producto de la creciente fragmentación del sistema de lagunas y “la gravísima desaparición de los canales y ríos que las unía previamente”. “La mejor prueba de ello, es que ahora la base alimenticia del conjunto de las lagunas está empezando a cambiar, de tal modo, que donde antes convivían especies diferentes, hoy las lagunas se han “especializado” con grave afectación a las interacciones biodiversas históricas y con consecuencias insospechadas”. Por último, agrega que la gravedad se acentúa no solo por tratarse de especies vulnerables sino de especies tope en la cadena trófica de los sistemas lacustres del salar de Atacama.
Ingrid Garcés, asegura que el salar “evidentemente está siendo mal intervenido, especialmente en la zona este, donde hay áreas que simplemente se secaron”. Además dice estar sorprendida puesto que “no pensamos que el Plan de Cumplimiento iba a ser aprobado”.
La experta explica que, durante el proceso productivo de la empresa, parte de la salmuera extraída es reinyectada al sistema. Sin embargo, “es una salmuera que no tiene las mismas condiciones” puesto que de ella fue extraído el litio que la empresa requiere. La reinyección de salmuera podría estar así alterando el ecosistema del salar puesto que los microorganismos que viven en él, lo hacen de acuerdo a ciertas condiciones, explica Garcés. “La empresa dice que la reinyección de salmuera no tiene ningún impacto, pero no existe ningún estudio científico que lo demuestre”, agrega.
Las comunidades indígenas aseguran que el salar continúa degradándose y que cada vez está más seco. Impotentes, lo que ellos perciben, no encuentra eco en los estudios a cargo de la empresa. Los científicos y representantes indígenas que buscan demostrar técnicamente los impactos de la industria minera en el salar, deberán continuar sus alegatos. Alonso Barros asegura que la comunidad de Camar apelará la decisión de la Superintendencia de Medioambiente y que Albemarle también lo hará.
La discusión sobre el impacto de la actividad minera cobra fuerza en el sur de Chile ante la ausencia de los municipios de Río Ibáñez y Chile Chico en los procesos de evaluación de nuevos proyectos extractivos que pretenden desarrollarse en sectores costeros al Lago Carrera, el segundo más grande de Sudamérica.
Recientemente, un poco difundido informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), financiado por el Gobierno Regional de Aysén, confirmó que producto de la actividad minera que se desarrolló durante décadas en Puerto Cristal, el lago General Carrera podría estar recibiendo una importante carga de metales pesados. El estudio, denominado “Investigación Geológica Minera Ambiental en Aysén”, fue elaborado en 2012.
El lago General Carrera/Buenos Aires es un lago localizado en la Patagonia. A cada lado de la frontera tiene nombres diferentes, ambos reconocidos a nivel internacional: en Chile es conocido como lago General Carrera mientras que en Argentina se le denomina lago Buenos Aires. También es conocido con el nombre autóctono de Chelenko, que significaría “aguas tormentosas”.
En la ribera chilena hay registros de faenas mineras desde 1931 y es a partir de la década del 40 que se extrae plomo y zinc. Actualmente, en la región de Chile Chico hay dos empresas mineras presentes: la primera, propiedad de la compañía minera estadounidense El Toqui y la segunda es Delia NW, a cargo de la empresa Cerro Bayo.
Recientemente, un poco difundido informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), financiado por el Gobierno Regional de Aysén, confirmó que producto de la actividad minera que se desarrolló durante décadas en Puerto Cristal, el lago General Carrera podría estar recibiendo una importante carga de metales pesados. El estudio, denominado “Investigación Geológica Minera Ambiental en Aysén”, fue elaborado en 2012.
La localidad se ubica en la ribera norte del lago, 15 kilómetros al este de Puerto Sánchez en la comuna de Río Ibáñez. En dicho sector operaba “una planta de procesamiento de minerales, botaderos y relave, así como de dos minas (Mina Silva y Mina Rosillo) que, entre otras minas del sector, abastecían a la planta de concentrados localizada en dicho poblado”, consigna el reporte de Sernageomin.
En este se señala que las “instalaciones mineras no cuentan con un debido cierre para el resguardo de visitantes y medio ambiente en general, ante la posible presencia de contaminantes, ni con medidas de mitigación por remociones en masa que podrían afectar al relave en la ribera del lago General Carrera”.
La gravedad de la situación queda de manifiesto al establecer que “el color ocre del relave oriental, los datos químicos y mineralógicos, así como el test de lixiviación indican que este relave es una fuente potencial importante de metales pesados, los que podrían estar siendo liberados bajo condiciones de drenaje ácido”
Luego de una recolección de muestras en un botadero ubicado al norte de la cancha de fútbol, se descubrieron concentraciones de plomo de un 42,2 por ciento, zinc de un 20,5 por ciento y cobre de un 0,38 por ciento. “En dicha zona se observó lixiviación por aguas superficiales. Estos líquidos podrían, bajo circunstancias favorables, aportar metales pesados al lago General Carrera” apunta.
En este sentido, el informe concluye que en el área existen “diversas remociones en masa, actuales, en la desembocadura del estero Rocillo y, antiguas, registradas entre las colas del relave. Estas observaciones indican que el relave de Puerto Cristal podría ser afectado de manera significativa, en el futuro, por remociones en masa canalizadas en el Estero Rocillo, del tipo flujos y caída de rocas, provenientes de los cerros aledaños”.
Aunque se han realizado trabajos para la contención del talud del tranque de relave, estos “no asegurarían la protección del lago General Carrera frente un eventual colapso”. Más aún, “el relave está afectado por erosión eólica, lo cual indica una constante polución por partículas con altas concentraciones de plomo y zinc hacia el lago General Carrera y el poblado abandonado de Puerto Cristal”
La discusión sobre el impacto de la actividad minera en Aysén cobra fuerza en estos días ante la ausencia de los municipios de Río Ibáñez y Chile Chico, dirigidos hoy por los alcaldes Marcelo Santana y Ricardo Ibarra, en los procesos de evaluación de nuevos proyectos extractivos, precisamente en sectores costeros del lago, el segundo más grande de Sudamérica. Una decisión que, en opinión de parte de la comunidad, está al debe de lo que debiera ser su responsabilidad para el cuidado de la salud de las personas y la sustentabilidad de lo ecosistemas bajo su administración.
El proceso de fiscalización y sanción de Pascua Lama ha sido largo y lento. Actualmente se encuentra aún pendiente a la espera de que el Primer Tribunal Ambiental se pronuncie en relación a la reclamación presentada por la empresa infractora contra la resolución de la SMA, y en particular contra los cargos que mantienen la sanción de clausura definitiva. Hace más de tres meses que la causa (Rol R-5-2018) se analizó y debatió en la audiencia de alegatos del tribunal, donde actuamos como coadyuvantes de la Superintendencia, solicitando que se deseche la reclamación de Barrick.
Todos los recuentos y evaluaciones socioambientales de hitos del 2018, consideran la Resolución Exenta Nº72 del 17 de enero de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que impuso más de 30 sanciones administrativas, incluidas cinco que decretaban la “clausura definitiva y total” de la faena minera del Proyecto minero Pascua Lama de la Compañía Minera Nevada SpA, filial de la trasnacional canadiense Barrick Gold, como uno de los hechos más importantes del año. Ha transcurrido un año desde que se emitiera la trascendental sanción, sin embargo esta aún no logra materializarse.
Como organización que ha colaborado y acompañado a la comunidad del Valle del Huasco por casi 20 años en este conflicto nos parece relevante hacer un análisis a este proceso, desde una mirada de los Derechos Ambientales y sobre la capacidad preventiva y reparatoria de la institucionalidad ambiental, proceso aún pendiente de solución.
El resultado de todo este proceso de búsqueda de justicia ambiental para las comunidades afectadas por el avasallador proyecto de Pascua Lama sólo confirma que nuestra institucionalidad, pese a declararse como un modelo que propicia el “desarrollo sustentable”, está al servicio de concepciones extractivistas de nuestros territorios y sus ecosistemas. Y en este caso, específicamente, en lo referido a la fiscalización y sanción de mega emprendimientos empresariales mineros.
Aquí se demostró el fracaso completo de la concepción institucional que enarbola el principio de autocontrol de las empresas como eje de la evaluación y fiscalización de los proyectos. Esto se expresa en todo lo referido a la Auto Denuncia, al denominado Programa de Cumplimiento que suspende la investigación sancionatoria o a las solicitudes de pertinencia, entre otros mecanismos.
Se debe agregar, la falta de capacidad, recursos y voluntad del Estado para fiscalizar y sancionar los reiterados y gravísimos incumplimientos a nuestra normativa ambiental, que además es débil y permisiva.
Por tanto, llegar a este punto de clausura definitiva ha significado un camino largo y dificultoso. El procedimiento ambiental (A-002-2013) sancionó incumplimientos de la empresa a los permisos ambientales, algunos acaecidos hace ya seis años. Tuvieron que transcurrir cinco periodos presidenciales (Ricardo Lagos, ambos gobiernos de Michelle Bachelet, ambos gobiernos de Sebastián Piñera), desde el otorgamiento de la primera Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el año 2001, tiempo en que incluso se introdujeron cambios en la ley ambiental y sus instrumentos de evaluación y fiscalización, y donde siempre hubo mucha acogida a consultoras y lobistas que buscaron debilitar y doblegar la demanda ciudadana de mayor protección ambiental por parte del Estado. Solo la voluntad, convicción y movilización comunitaria hizo posible el establecimiento de este ejemplar castigo para una faena tan contaminante y destructiva de la naturaleza y de la comunidad que históricamente ha habitado el territorio.
Lamentablemente, en este mismo sentido, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (TA), es otro órgano que está cumpliendo un rol dilatador y relativizado de las sanción de clausura total y definitiva. Cabe consignar que la instalación misma de los TA fue fruto de la petición efectuada por el Consejo Minero, en el marco de la tramitación y negociación legislativa para aceptar la instalación de la SMA, siendo clave la gestión de Julio Ponce Lerou, en coordinación con parlamentarios de derecha, entre ellos la diputada UDI Marcela Cubillos (2009), que fue la primera Ministra de Medio Ambiente del actual gobierno.
Lo arriba indicado se demuestra a través del tortuoso procedimiento de denuncia, investigación y sanción de las sistemáticas y reiterativas ilegalidades cometidas por la trasnacional canadiense, y que podemos sintetizar de la siguiente manera:
A pocos días de puesta en marcha la nueva institución fiscalizadora, en enero de 2013, se abrió un proceso administrativo ambiental sancionatorio (Rol A-002-2013), que formulaba una serie de cargos por incumplimientos de Barrick Gold en la construcción del proyecto minero Pascua Lama. Por cierto, esta empresa ya había recibido multas de diversos órganos públicos por trasgredir sus compromisos los años anteriores, antecedentes que no fueron considerados en este proceso.
El 24 de mayo de 2013, la Superintendencia de Medio Ambiente por Resolución Exenta Nº 477 sancionó al titular del proyecto con una multa de 16.000 UTA (US$ 16,4 millones de dólares), incluyendo una medida cautelar de paralización total que se ha mantenido hasta hoy.
Ante una sanción tan débil, irrelevante y pro minera, colaboramos con las organizaciones de agricultores y crianceros en la elaboración, presentación y tramitación de un reclamo ciudadano ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago (único en funciones a esa fecha).
Finalmente, el tribunal acogiendo nuestra demanda, anula la resolución de la SMA ya que “no es suficiente para comprender de qué forma se concretaron las seis sanciones … tanto la elección de la multa como sanción específica y en el monto de ella”, determinando una falta de motivación y profundidad en la actuación del Superintendente Juan Carlos Monckeberg, que la hacia “arbitraria al no contener los razonamientos suficientes que expliquen la ponderación de la conducta anterior del infractor en la determinación de la sanción”.
Reabierto el expediente sancionatorio el 22 de abril de 2015, la SMA lo fusionó con un segundo proceso de sanción (D-011-2015), que incorporó una numerosa cantidad de nuevos incumplimientos del proyecto Pascua Lama. Los nuevos cargos fueron, en buena parte, producto de constantes denuncias comunitarias. Las más de diez denuncias comunitarias, interpuestas, entre los años 2013 y 2016, se referían a irregularidades y colapso en las obras de construcción de los canales perimetrales, del sistema de manejo de aguas, de captación y manejo de drenaje acido; a la contaminación y alteración de las aguas y cuencas de los ríos Estrecho y El Tránsito, con alto contenido de sedimentación, turbidez, aparición de gran cantidad de espuma, sustancias químicas y olores molestos, con incluso detección de parámetros elevados de metales pesados (aguas que son utilizadas para riego, consumo de animales y humano); y de los canales de los valles del Carmen y El Tránsito de la comuna de Alto del Carmen; a descargas ilegales desde la cámara de captación y restitución (CCR); a la afección de vegas cercanas con sedimentos; a la filtración de aguas contaminadas a las napas subterráneas por vertimiento de camiones aljibe de la compañía en los caminos contaminando el subsuelos; al incumplimiento de obligaciones de resguardo a glaciares emplazados en el área de influencia del proyecto, entre otros. Todas estas denuncias fueron antecedentes claves a la hora de ampliar los cargos, especialmente los cinco que fueron sancionados con la clausura definitiva del proyecto a principios del 2018
En febrero de 2018, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dentro del proceso de consulta que debe hacer la SMA establecido en la ley (Causa S-5-2018), primero resolvió efectuar una inspección personal al proyecto, y finalmente con fecha 12 de octubre de 2018 falló la consulta legal, eliminando cuatro de las cinco sanciones de clausura definitiva de Pascua Lama, pero confirmando la clausura total y definitiva en uno de ellos.
En definitiva, el proceso de fiscalización y sanción de Pascua Lama ha sido largo y lento. Actualmente se encuentra aún pendiente a la espera de que el Primer Tribunal Ambiental se pronuncie en relación a la reclamación presentada por la empresa infractora contra la resolución de la SMA, y en particular contra los cargos que mantienen la sanción de clausura definitiva. Hace más de tres meses que la causa (Rol R-5-2018) se analizó y debatió en la audiencia de alegatos del tribunal, donde actuamos como coadyuvantes de la Superintendencia, solicitando que se deseche la reclamación de Barrick.
El fallo aún está pendiente, pero sería inconcebible que se acogieran los argumentos de la minera reclamante que principalmente se sustentan en los recursos ya invertidos en la construcción del proyecto (según la empresa se han materializado US$ 5.000 millones) y las consecuencias que para el Estado pudiere implicar la clausura de un proyecto que está acogido al Tratado Bilateral Minero de Chile y Argentina, y también en el marco de protección que le entrega el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Canadá.
Ahora, este último argumento que no tiene ningún contenido ambiental, pudiere tener algún nivel de acogida en el Tribunal Ambiental de Antofagasta que está conformado por jueces, donde algunos de ellos tuvieron un estrecho vínculo como asesores de la gran minera durante años (Ejemplo fallo a favor del proyecto minera Dominga).
En todo caso, sabemos que cualquiera sea lo que resuelva el Tribunal Ambiental, debido a su trascendencia, la causa terminara siendo vista, vía casación, en la Tercera sala de la Corte Suprema, donde sus nuevos integrantes han mostrado una flexibilidad para poner sobre los derechos ambientales los grandes intereses económicos empresariales.
Concordando con lo sostenido por la SMA, pues si se recogieran los sólidos argumentos jurídicos ambientales, por los que se establecieron las sanciones de cierre total y definitivo se debiera mantener la clausura como la sanción adecuada ante tan flagrantes y reiterados incumplimientos. Pero, eso con la intervención de tantos lobistas y presiones de poderes fácticos está en peligro.
El precedente que se sentaría en caso de revertir la clausura para la institucionalidad y la protección del medio ambiente y de las comunidades, luego de tan largo proceso, sería catastrófico y dejaría claro que la protección del medio ambiente es solo letra muerta. Lamentablemente, es un escenario posible bajo la enorme presión de los capitales extractivistas mineros que cuenta con estrechos vínculos de cooptación en los diversos estamentos del Estado.
Como OLCA, seguiremos apoyando los procesos comunitarios y de defensa de los territorios, dando la pelea para exigir, en este caso, el respeto a la sanción ejemplificadora de clausura, además de buscar la responsabilidad y reparación a los daños ambientales causados.
Canadiense asegura que comunidad colla de Atacama ha actuado bajo “mala fe” y acudió a tribunales para exigir la restitución de $285 millones. Mientras que la agrupación se defiende y acusa usurpación de aguas.
Son vecinos, pero hoy prácticamente no se pueden ver. Por estos días las comunicaciones entre la Comunidad Colla Río Jorquera y sus Afluentes, y la Compañía Minera Maricunga, filial de la minera canadiense Kinross Gold Corporation, están totalmente cortadas en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.
Al conflicto por el derrame de petróleo en el sector de Quebrada del Carrizo en el Campamento del Rancho del Gallo, de propiedad de Maricunga, ocurrido el 20 de mayo de 2017, se suma ahora un nuevo foco de divergencia entre la minera y la agrupación indígena.
El pasado 13 de diciembre, la minera presentó en el 3º Juzgado de Letras de Copiapó una demanda de restitución de dineros pagados en el marco de un proceso de servidumbre minera que se encontraba sujeto al visto bueno de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). La minera asegura que comunidad colla -integrada por poco más de 100 personas- le adeuda la suma de $285.000.000.
Pero el conflicto tiene su origen mucho antes. A mediados del año 2011 entre la comunidad colla y compañía minera surgieron una serie de controversias respecto a la titularidad de Maricunga para acceder, ocupar y transitar, por parte de los predios de la comunidad. A ello se suma la construcción por parte de la minera de un by-pass en el camino público de acceso al campamento de su propiedad, denominado Rancho del Gallo; y una serie de denuncias de la agrupación indígena sobre una supuesta usurpación de agua por parte de la minera.
Con el objetivo de poner fin a las disputas, el 30 de diciembre de 2013 las partes acordaron una millonaria transacción por medio de un contrato. En el documento las partes convinieron la constitución de servidumbres de ocupación y tránsito sobre el ancho de la ruta C-611. Además del avenimiento respecto de la denuncia efectuada por la comunidad en el año 2011 en la Fiscalía Regional de Copiapó, por la imputación del delito de usurpación de aguas.
Pero pese a las gestiones realizadas ante la Conadi, llegado el día 26 de julio de 2016, las condiciones no se cumplieron, ya que nunca logró obtenerse las autorizaciones correspondientes; y las partes tampoco acordaron una nueva prórroga.
Para Maricunga, -representada por el abogado Rodrigo Díaz de Valdés-, los dineros deben ser restituidos “íntegramente, reajustados y con intereses”. Más aún, la minera acusó “mala fe” de parte de la comunidad colla al retener los fondos percibidos e insistió en que el tribunal debe aplicar los intereses corrientes a la deuda desde el momento en que venció la condición suspensiva.
Según el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial (Sigpa) “los kolla son un pueblo andino prehispánico que ha habitado históricamente un gran zona del terreno andino, ocupado hoy por Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Es un pueblo de pastores trashumantes que recorren los territorios cordillerano en busca de alimento y agua para sus animales”.
Kinross es una compañía minera aurífera internacional con base en Canadá y operaciones mineras en Brasil, Chile, Ghana, Mauritania, Rusia y los Estados Unidos.
“Ellos usaron clandestinamente una propiedad”
Roberto Carlos Salinas, presidente de la Comunidad Colla Río Jorquera y sus Afluentes confirmó la recepción de los dineros, que se llevó a cabo en “bienes inmuebles” por medio de una transacción.
Para el dirigente, la compañía omitió revelar en su demanda la garantía que estableció la Conadi que exigió $500.000.000 a favor de la propia comunidad demandada y que, a ojos suyos, la minera no estuvo dispuesta a entregar. Esto último es refrendado por medio de un oficio enviado por Claudio Araya, encargado de la Oficina Regional de Conadi de Atacama al Director Nacional (s), Rodrigo Bustos, que data del 21 de noviembre de 2014.
“Ellos usaron clandestinamente una propiedad que no era de ellos. Se lucraron de tierra indígena. Ellos usurpan y contaminan tierras indígenas. Son meros arrendatarios y más encima vienen ahora a demandar”, sostuvo Salinas.
Mientras que la minera respondió que “entregó los fondos a la comunidad de buena fe y de acuerdo a nuestro compromiso de construir buenas relaciones con las comunidades”.
“Nuestra convicción como compañía es que nuestra prioridad es y será siempre establecer estrechos lazos con las comunidades, para que en conjunto, trabajemos mirando hacia el futuro y logremos acuerdos y relaciones fructíferas. De la misma manera, como ha sido nuestra tradición, nuestras puertas siempre estarán abiertas para que, sobre la base a la transparencia y claridad en las relaciones, se puedan encontrar las mejores soluciones conjuntas”, remató la minera.
El sector minero se dispone a utilizar agua de mar y construye plantas desaladoras en Chile. El consumo de agua continental mantendrá una tasa de crecimiento anual promedio cercana a 1% y el uso de agua de mar se incrementará a una tasa promedio del 12,2% anual. Con ello, el consumo de agua total por parte del sector será del 56% para 2029.
Un estudio desarrollado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), evidenció que la demanda de agua de mar del sector pasará desde 3,28 m3/seg en 2018, a 10,82 m2/seg en 2029, alcanzando con ello el 43% del agua total requerida. El informe también evidenció que el consumo de agua de origen continental (dulce) esperada para 2029 alcanzará los 14,53 m3/s, un 12% más que lo estimado para 2018.
El consumo de agua continental mantendrá una tasa de crecimiento anual promedio cercana a 1%versus el agua de mar con una tasa promedio del 12,2% anual. Con ello, el consumo de agua total por parte del sector se incrementará en 56% en el período analizado.
El aumento del 230% (7,06 millones de toneladas de cobre fino) en la producción de cobre estimado para 2029 y la escasez de agua continental empujan a las empresas a utilizar agua de mar y para ello construyen plantas desaladoras.
Se resalta el cambio de la matriz de producción, ya que en los próximos años se vuelca a los minerales de sulfuros lo que implica uso más intensivo del agua: “La producción de concentrados pasa de una participación del 71,2% al 88,4% en el periodo 2018-2029. Los minerales sulfurados deben ser procesados a través de flotación, proceso que es mucho más intensivo en el uso de agua”, explicó.
Situación regional
Cochilco también demostró que al analizar el consumo de agua de mar por región se observó una fuerte participación de la región de Antofagasta, seguida en menor medida por las de Atacama y Coquimbo.
En ese sentido, algunos de los proyectos que podrían concretarse en estos diez años son la ampliación de la desalinizadora de Escondida, inaugurada a principios de 2018; la planta desaladora Distrito Norte de Codelco; la ampliación de tuberías para Distrito Centinela de Antofagasta Minerals; el uso de agua de mar para la expansión de Sierra Gorda de KGHM y la puesta en marcha progresiva para el proyecto de hierro Dominga a partir del 2020, entre otras.
Así, se espera que el uso de agua de mar a nivel regional para el 2029 sea de un 32% para la región de Tarapacá, un 64% para la región de Antofagasta, un 32% para Atacama y de un 51% para la región de Coquimbo.
“En los próximos años, Antofagasta será la región que más consuma agua de mar, lo que permite una disminución importante en el uso de agua continental, pues es en esta región donde se concentra la mayor cantidad de actividad minera del cobre.
En el caso de la región de Coquimbo, el 50% de las operaciones mineras del cobre serán abastecidas por agua de origen marino al 2029.
Es importante destacar que empresas mineras que operan en Atacama, región que atraviesa una severa sequía, también están realizando un importante esfuerzo por incrementar el uso de agua de mar, el que llegará a un 33% al año 2029”, concluyó Cantallopts.
Congresistas recorrerán el salar y se reunirán con los representantes de las comunidades, para conocer los efectos de la explotación de litio en la cuenca.
Analizar la explotación del litio desde sus distintas dimensiones es lo que plantea la Comisión de Minería del Senado para la sesión del viernes 11 de enero, cuando el organismo parlamentario se reúna en San Pedro de Atacama con el Consejo de Pueblo Atacameños (CPA), que integran 18 comunidades de la cuenca del salar donde SQM y Albemarle tienen sus operaciones.
“Esta reunión tiene como primer objetivo que los senadores conozcan el salar, hay otros salares, pero el de Atacama es el principal. En segundo lugar, conversar con las comunidades para ver cuál es el impacto local de la extracción del litio y cuáles son los derechos que están en juego, como el de agua”, explicó el senador por la región de Antofagasta, Alejandro Guillier.
Debate pendiente
El parlamentario dijo que dentro de las conversaciones y el debate que se tiene que dar con las comunidades y la ciudadanía en general, está el integrar el litio en las cadenas de valor, y para eso no se tiene que nacionalizar el recurso, recalcó, pues pertenece al Estado. Sin embargo las concesiones, dijo, han sido negativas, como en el caso de SQM que además vinculó en la corrupción de la clase política.
En esto contexto, agregó el congresista, “hicimos (en la Comisión) un montón de gestiones, ante todos los organismos: Superintendencias, Contraloría, Fiscalía, Impuestos Internos, pedimos todos los antecedentes para tener un pronunciamiento y ni siquiera la Fiscalía Nacional Económica dijo tener facultades reales y Corfo dijo que no estaba en condiciones de administrar el salar, es decir, estamos en el peor de los mundos”, lamentó Guillier sobre la falta de fiscalización en la industria.
Para Vecinos por Andacollo no es comprensible que el Párroco y Rector del Santuario, Adam Bartyzol, haya otorgado un reconocimiento de la Iglesia Católica a la transnacional Minera con la serie de antecedentes públicos que la hacen responsable directo de la contaminación ambiental y daños a la salud, contradiciendo de esta forma la Carta Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco.
Sorpresa causó el pasado 26 de diciembre del 2018 entre los presentes en la liturgia de celebración de la fiesta grande de la Virgen de Andacollo, que dentro de los reconocimientos a laicos e instituciones que a lo largo de los años han destacado por su compromiso con la Iglesia de Andacollo -y que fueron otorgados por el Misionero Claretiano, Párroco y Rector del Santuario, Adam Bartyzol-, se haya destacado a la Transnacional Minera TECK.
El galvano de reconocimiento fue recibido por Paulo Barraza, Gerente de Gestión Comunitaria de Teck Carmen de Andacollo, hecho que fue difundido por el medio impreso y digital “Andacollo Conectado” de propiedad de la minera y dirigido por el propio Barraza. El “reconocimiento” también incluyó a representantes de otras instituciones públicas, sociales y eclesiásticas, como el alcalde de la comuna y al Arzobispo de La Serena, René Rebolledo.
La polémica se suscita ya que en el marco de esta festividad religiosa, la agrupación “Vecinos por Andacollo”, así como religiosos, laicos e integrantes de organizaciones sociales de la comuna, hicieron un llamado público previo al inicio de la festividad por la Virgen del Rosario (del 23 al 27 de diciembre del 2018), invitando a tomar conciencia frente a las condiciones de contaminación causadas por la mega industria minera y que ha venido afectando severamente la calidad de vida de la población
En efecto, referentes de organizaciones sociales de la comunidad andacollina habían manifestado que las autoridades religiosas no pueden guardar silencio ni complicidad frente a la gravedad que se vive en esta comuna a causa de la contaminación provocada por el extractivismo minero y recordaron la Carta Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco, sobre el “Cuidado de la Casa Común”, la que se dirige en primer orden a los fieles católicos, cuya propuesta de la Encíclica es la de una «ecología integral», que incorpora claramente las dimensiones humanas y sociales, inseparablemente vinculadas con la situación ambiental.
Responsabilidad de transnacional minera en contaminación de Andacollo
Recordemos que el Estado chileno declaró como “zona saturada” en 2009 a la comuna de Andacollo, a causa de la grave contaminación por polución, que incluye diversos componentes de metales pesados, y cuyos planes de descontaminación (2015) han sido insuficientes para asegurar vivir en un medio ambiente libre de contaminación y proteger la integridad de los habitantes de manera efectiva, según han denunciado Vecinos por Andacollo.
Desde la organización han argumentado que la principal causa de esta situación es la extracción industrial de minerales en las inmediaciones de zonas pobladas, explotadas por dos empresas transnacionales: Teck y Dayton, todo, bajo la responsabilidad estatal que involucra a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI).
Cabe señalar que en el período del 2010 al 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubicó a Andacollo entre las 20 ciudades con mayores problemas de Latinoamérica en materia de contaminación, y que durante el año 2018 se registraron varios casos de contaminación por polución a causa de las tronaduras con explosivos efectuadas por la empresa canadiense Teck, ocurridas en agosto y marzo del año pasado, generando varios problemas en las zonas pobladas.
Para Vecinos por Andacollo, existen datos epidemiológicos oficiales, pero insuficientes, discontinuos y precarios, que confirman una descoordinación por parte de instituciones públicas competentes, con datos parciales y algunos acomodados a los intereses de la industria minera.
Sin embargo, en varios aspectos dan cuenta de una realidad alarmante con respecto a la calidad de vida y salud de la población y que se arrastran hasta el presente, dando cuenta a modo de ejemplo, que la mortalidad infantil pasó de 6,1% en 2002 a 26% y 24,8% en 2004 y 2006.Asimismo, ya se lideraba las estadísticas de tasa de muertes por enfermedades respiratorias en Chile, considerando que la tasa de mortalidad anual por enfermedades respiratorias en la región de Coquimbo fue de 48.5 por cada 100,000 habitantes entre 1997 y 2005, mientras que en la comuna de Andacollo esa cifra sube a 95.9 por cada 100,000 habitantes, según datos proporcionados por la Secretaria Regional Ministerial de Salud el año 2014.
Para los vecinos, frente a esta realidad, el plan de descontaminación que partió el año 2015, se hace bajo un marco normativo local insuficiente y permisivo, que no atiende el estándar internacional de derechos para medidas de reparación y que no cumple con las exigencias establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), agregándose además que no se ha regulado eficientemente la explotación minera en este territorio, por el contrario, “se sigue expandiendo con mayor peligro a zonas urbanas, bajo criterios irracionales e insaciables de lucro”.
Reiteran llamado a autoridades religiosas
Para Vecinos por Andacollo no es comprensible que el Párroco y Rector del Santuario, Adam Bartyzol, haya otorgado un reconocimiento de la Iglesia Católica a la transnacional Minera con la serie de antecedentes públicos que la hacen responsable directo de la contaminación ambiental y daños a la salud, contradiciendo de esta forma la Carta Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco.
“Existen numerosas pruebas, documentos, fotografías, testimonios de afectados, filmaciones del avasallamiento y de los accidentes que producen las empresas mineras, aquí mismo, en las inmediaciones donde está la Virgen del Rosario de Andacollo y no es posible que un representante de la Iglesia en esta comuna no haya visto esta situación”, señalaron desde la agrupación, adelantando que están dispuestos a compartirle esos antecedentes de manera personal al sacerdote.
“En caso que aún no tenga conocimiento de lo que ocurre en este territorio, incluyendo los numerosos impactos generados por los incidentes relacionados con la sismicidad inducida por la minería -las tronaduras-, percibidas a kilómetros de distancia y que progresivamente siguen generando deterioros de inmuebles, poluciones y constantes fenómenos de eventos de gran magnitud y estallidos de roca”, indicaron.
“La fe es incompatible con este tipo de negocios”, agregaron desde Vecinos por Andacollo, quienes agregaron que, contrariamente a la posición pasiva o de complicidad de autoridades religiosas en la Región de Coquimbo, varios sectores de la Iglesia Católica han denunciado activamente la explotación irracional y las violaciones a los derechos humanos cometidos por el extractivismo.
La Iglesia Católica Latinoamericana ya denunció la expansión acelerada de las actividades extractivas, de forma irracional, que afectan negativamente al medio ambiente y a las poblaciones, lo que fue expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco del 154 período de sesiones y las audiencias públicas.
Asimismo, en esa línea, el arzobispo de San Salvador impulsó un proyecto legislativo de prohibición de explotación minera metálica en su país con el objeto de protegerlo contra la grave contaminación del medio ambiente. En países como Ecuador, Costa Rica y Perú, entre otros, representantes de la Iglesia han manifestado su preocupación por los efectos ambientales de la minería.
El Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), también perteneciente a la Iglesia Católica, en un documento oficial, señala: “Las actividades extractivas mayormente son realizadas por empresas privadas transnacionales y, frente al poder económico de éstas, se observa un debilitamiento de los estados nacionales y de su soberanía sobre todo en los niveles de gobierno local”.
“Muchas veces los gobiernos nacionales no cumplen satisfactoriamente su función de generar y exigir el cumplimiento de las normas nacionales de protección del ambiente, permitiendo la flexibilización de los marcos regulatorios y usando los vacíos legales a favor de las empresas, en lugar de defender y proteger los derechos de la población, responsabilidad fundamental de todo Estado”, concluye la declaración de Vecinos por Andacollo.
El Valle del Juncal se encuentra hoy en peligro, pues un proyecto de introspección minera de la empresa Nutrex SPA que se está realizando colindante al Parque Andino Juncal, en terrenos de la Ganadera Tongoy; el cual hasta ahora ha destruido gran cantidad de flora y modificado e invadido el hábitat de toda la fauna del lugar.
El Parque Andino Juncal, declarado Sitio Ramsar para la conservación en el año 2010, es un área protegida gracias a la intervención del Estado; por lo que cualquier proyecto al interior de este o que genere afectación a las formas de vida que se cobijan al interior del Parque, requiere una evaluación de impacto ambiental (EIA).
Es por esto es que organizaciones sociales agrupadas como “Raíces de Aconcagua” exigen a la ministra de medio ambiente Carolina Schmidt un EIA, ya que ella debe dar las garantías de protección a los glaciares debido a que son patrimonio ambiental protegido por mandato constitucional; además de garantizar el cumplimiento de los compromisos ambientales con la comunidad internacional, referidas a la convención Ramsar, siendo en ella en quien recae dicho mandato en la ley.
La comunidad del valle de Aconcagua y amigos del Valle del Juncal manifiestan su profundo rechazo a todo proyecto que amenace y ponga en peligro el patrimonio natural del sector, que posibilita la primera y última afluente de agua limpia que alimenta al río Aconcagua.
El valle el Juncal da vida a cinco humedales, hábitat indispensables para la diversidad biológica que se deben proteger: Vega La Roca, Vega de la Paz, Vegas de Nacimiento, Vega Mardones y Vega Las Canchitas. Entre estos humedales y al interior del Parque Andino Juncal, de acuerdo a un catastro realizado entre el año 2002 y 2003, se albergan 68 especies vegetales; entre ellas dos tipos de astromelias, añañucas, lirios del campo, chuquiragas y soldaditos de cordillera. Además se desarrolla la vida de 42 tipos de pájaros; como el chorlito cordillerano, el chirihue cordillerano y el pato cortacorriente, junto a la de 10 mamíferos y 5 especies de reptiles. Un total de más de 100 tipos de formas de vida, entre flora y fauna, cuya existencia está en peligro hoy.
Solo diez años nos quedan para salvar al mundo como lo conocemos y evitar sufrir peores impactos. La explotación de la Mina Invierno en Magallanes implica más carbón, por tanto, más aumento del nivel del mar, más sequías y más ciudadanos impactados innecesariamente. Es fundamental que el tema climático y energético esté abordado seriamente en los programas de Gobierno, incluyendo el apagón fósil y la transición justa para los trabajadores de ese sector, que deberán relocalizarse en trabajos vinculados al desarrollo de energías limpias. De otra manera, deberemos enfrentarnos a un dilema existencial: o actuamos urgentemente, teniendo en cuenta el mundo que dejamos, o empecemos a armar las valijas para dejarlo antes de lo previsto.
En la jornada de este miércoles, se registró la rotura de una cañería en instalaciones de Codelco Andina hacia el río Blanco, importante afluente del río Aconcagua. Efectivos de la PDI acudieron al lugar a realizar peritajes, al igual que personal del Sernageomin. Mientras tanto, la empresa distribuidora de agua en la zona, Esval, suspendió la utilización de agua del río para consumo humano hasta contar con datos de calidad de agua. 
El 7 de enero, la Superintendencia de Medio Ambiente, la autoridad chilena encargada de fiscalizar los permisos ambientales, aprobó el Plan de Cumplimiento (PDC) presentado por la empresa Sociedad Química y Minera de Chile Soquimich S.A (SQM), que busca compensar las infracciones ambientales que derivaron en un proceso sancionatorio en su contra. La empresa, que desde 1993, explota las reservas de litio en el salar de Atacama, al norte de Chile, había modificado, sin autorización, las variables que permiten la activación del Plan de Contingencia destinado a prevenir impactos ambientales producto de las actividades extractivas.
La discusión sobre el impacto de la actividad minera cobra fuerza en el sur de Chile ante la ausencia de los municipios de Río Ibáñez y Chile Chico en los procesos de evaluación de nuevos proyectos extractivos que pretenden desarrollarse en sectores costeros al Lago Carrera, el segundo más grande de Sudamérica.
Todos los recuentos y evaluaciones socioambientales de hitos del 2018, consideran la Resolución Exenta Nº72 del 17 de enero de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), que impuso más de 30 sanciones administrativas, incluidas cinco que decretaban la “clausura definitiva y total” de la faena minera del Proyecto minero Pascua Lama de la Compañía Minera Nevada SpA, filial de la trasnacional canadiense Barrick Gold, como uno de los hechos más importantes del año. Ha transcurrido un año desde que se emitiera la trascendental sanción, sin embargo esta aún no logra materializarse.
Son vecinos, pero hoy prácticamente no se pueden ver. Por estos días las comunicaciones entre la Comunidad Colla Río Jorquera y sus Afluentes, y la Compañía Minera Maricunga, filial de la minera canadiense Kinross Gold Corporation, están totalmente cortadas en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.
El sector minero se dispone a utilizar agua de mar y construye plantas desaladoras en Chile. El consumo de agua continental mantendrá una tasa de crecimiento anual promedio cercana a 1% y el uso de agua de mar se incrementará a una tasa promedio del 12,2% anual. Con ello, el consumo de agua total por parte del sector será del 56% para 2029.
Congresistas recorrerán el salar y se reunirán con los representantes de las comunidades, para conocer los efectos de la explotación de litio en la cuenca.
Para Vecinos por Andacollo no es comprensible que el Párroco y Rector del Santuario, Adam Bartyzol, haya otorgado un reconocimiento de la Iglesia Católica a la transnacional Minera con la serie de antecedentes públicos que la hacen responsable directo de la contaminación ambiental y daños a la salud, contradiciendo de esta forma la Carta Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco.
El Valle del Juncal se encuentra hoy en peligro, pues un proyecto de introspección minera de la empresa Nutrex SPA que se está realizando colindante al Parque Andino Juncal, en terrenos de la Ganadera Tongoy; el cual hasta ahora ha destruido gran cantidad de flora y modificado e invadido el hábitat de toda la fauna del lugar.