Javiera Pizzoleo 24/12/2024
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien encabeza el Comité de Ministros indicó se inhabilitaron para una próxima sesión donde aborden nuevamente el caso que lleva más de 10 años.

“Los ministros que integran el Comité nos inhabilitaremos de participar en una próxima sesión que resuelva el proyecto Dominga». Así lo anunció la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, durante una sesión extraordinaria del Comité de Ministros realizada el día 23 de diciembre.

La ministra explicó que la decisión es «debido a que ya nos pronunciamos con nuestro voto en la sesión que revisó el proyecto del 18 de enero de 2023”.

Asimismo, mencionó que “se decidió realizar una consulta a la Contraloría para que nos ayude a resolver tanto la composición como la presidencia de un futuro Comité de Ministros que deba resolver este fallo”.
Recurso de casación por parte del SEA

Durante la jornada de ayer, el Servicio de Evaluación Ambiental presentó un recurso de casación en la forma y en el fondo a la Corte Suprema.

El objetivo de este recurso es impugnar la sentencia del tribunal y defender la legalidad de la resolución del Comité de Ministros que sesionó el 18 de enero de 2023.

Además, se solicitó al Tribunal Ambiental la suspensión de los efectos de la sentencia mientras el recurso se resuelve por la Corte Suprema.

“Estos recursos son parte de nuestra institucionalidad jurídica, son recursos que se pueden utilizar y estamos ejerciendo el derecho de utilizarlos para defender la decisión del Comité de Ministros del año 2023”, manifestó la ministra de Medio Ambiente.

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Agustín de Vicente 23/12/2024
Empresa minera contaba con un sancionatorio previo en 2014, donde una de las infracciones sancionadas corresponde a la no materialización de una solución permanente que resuelva la presencia de drenaje ácido al pie del depósito de estériles.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) anunció la formulación de cuatro cargos contra la empresa Anglo American Sur S.A., titular de la unidad fiscalizable Los Bronces, debido a incumplimientos en los permisos ambientales relacionados con los proyectos “Depósito de Estériles Donoso” y “Proyecto Desarrollo Los Bronces”.
Ubicación y características de los proyectos

La unidad fiscalizable Los Bronces se encuentra entre las comunas de Lo Barnechea y Los Andes. Sus actividades incluyen explotación y procesamiento de mineral, así como la depositación de relaves y estériles.

El Depósito de Estériles Donoso se localiza en una explanada de alta montaña, en la microcuenca del río Blanco, a una altitud aproximada de 3.900 metros sobre el nivel del mar. Este depósito tiene capacidad para almacenar 150 millones de toneladas de roca estéril provenientes de la extracción de mineral.

Por su parte, el Proyecto Desarrollo Los Bronces consiste en modificaciones a proyectos previos, incluyendo el área de explotación de Los Bronces, el tranque de relaves Las Tórtolas, y el sistema de transporte de pulpa.
Detalles de la fiscalización y cargos

La formulación de cargos se origina en inspecciones realizadas entre 2019 y 2024, las cuales identificaron diversas irregularidades en el cumplimiento de medidas ambientales. Los cuatro cargos formulados son:

Drenajes ácidos en el Depósito de Estériles Donoso: La empresa no implementó una solución definitiva para los drenajes ácidos, reiterando una infracción ya sancionada previamente. Este cargo fue clasificado como gravísimo.

Falta de restitución de aguas ácidas: No se implementó un sistema para restituir las aguas ácidas captadas aguas abajo del Depósito de Estériles, incumpliendo lo establecido en la evaluación ambiental. Este cargo fue clasificado como grave.

Control de infiltraciones en el tranque de relaves Las Tórtolas: No se implementaron medidas adicionales exigidas en la RCA N°3159/2007 para el control de infiltraciones. Este cargo también fue clasificado como grave.

Falta de transmisión de datos ambientales: La empresa no inició la transmisión de datos dentro del plazo establecido ni reportó la totalidad de la información requerida por la SMA. Este cargo fue clasificado como leve.
Sanciones y plazos

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), las sanciones para estas infracciones varían según su gravedad:

Leves: Amonestación por escrito o multa de 1 a 1.000 UTA.
Graves: Multas de hasta 5.000 UTA, revocación de la RCA o clausura.
Gravísimas: Multas de hasta 10.000 UTA, revocación de la RCA o clausura.

En este caso, Anglo American Sur S.A. enfrenta una multa potencial de hasta 21.000 UTA, equivalente a aproximadamente $17 mil millones de pesos chilenos.

La empresa tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y 22 días hábiles para formular sus descargos, contados desde la notificación de los cargos.

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09/12/2024 Cooperativa.cl
El pronunciamiento del Comité de Ministros, conocido en enero de 2023, fue declarado ilegal y quedó sin efecto.

La empresa Andes Iron dijo que la resolución confirma que su iniciativa minero-portuaria «cumple con la normativa vigente y con todas las exigencias necesarias».
Foto: ATON
Greenpeace puntualizó que el fallo del Primer Tribunal Ambiental «no implica la aprobación del proyecto, sino que anula la decisión del Comité de Ministros que lo rechazó en 2023, y ordena emitir una nueva resolución».

El Primer Tribunal Ambiental, asentado en Antofagasta y con jurisdicción para causas desde la Región de Arica hasta la de Coquimbo, anuló la decisión del Gobierno que, a inicios de 2023, dio un portazo al muy bullado megaproyecto minero y portuario Dominga.

El 18 de enero de aquel año, el Comité de Ministros -liderado por la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado también por sus pares de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- resolvió de manera unánime calificar desfavorablemente la iniciativa que hace más de una década pretende desarrollar la empresa Andes Iron en la comuna de La Higuera (Provincia de Elqui, Región de Coquimbo).

Ahora, en otra decisión unánime, la justicia ambiental dejó sin efecto el pronunciamiento del Ejecutivo, al declararlo «ilegal» por haber incumplido una «sentencia dictada en causa Rol R N° 1-2017, la cual ya se encontraba firme y ejecutoriada»; acción que infringe principios fundamentales como la cosa juzgada, la imparcialidad y la confianza legítima.

El tribunal apunta además que algunos ministros que habían emitido opiniones previas no se inhabilitaron en la revisión del caso, comprometiendo la legitimidad del proceso; y hubo además «pronunciamientos contradictorios y carentes de coherencia», entre otras infracciones que afectaron derechos de la compañía.

«La resolución impugnada perjudica al reclamante al dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N° 161/2021, que calificaba favorablemente el proyecto Dominga. Esto ha llevado a que se declare el proyecto ambientalmente desfavorable e inviable, sin cumplir con las exigencias legales», señala el fallo.

Finalmente, el Tribunal Ambiental subrayó el peso obligatorio de su resolución respecto del resto de los órganos públicos: «El control judicial no solo invalida o sustituye decisiones administrativas, sino que también impone el respeto a valores jurídicos sustantivos».

Satisfacción en Andes Iron
Mediante una declaración escrita, la empresa Andes Iron Spa celebró la noticia, que le da la razón respecto al reclamo que interpuso en agosto del año pasado.

«Estamos muy conformes con el categórico y unánime fallo del Tribunal Ambiental, que anula lo resuelto por el Comité de Ministros y restablece nuestra RCA (Resolución de Calificación Ambiental). Este fallo confirma que Dominga cumple con la normativa vigente y con todas las exigencias necesarias para una evaluación ambiental adecuada», dijo la firma en un comunicado.

Greenpeace: «Sentencia preocupante»
En tanto, la organización Greenpeace Chile apuntó que «este fallo de la justicia no implica la aprobación del proyecto minero portuario Dominga, sino que (sólo) anula la decisión del Comité de Ministros que lo rechazó en 2023, ordenando emitir una nueva resolución».

«Esto significa que aún quedan instancias administrativas y judiciales pendientes para la definición de la operación del proyecto. Desde Greenpeace, en conjunto con otras organizaciones ambientales agrupadas en la Alianza Humboldt, la ciudadanía y las comunidades, seguiremos trabajando para mantener a salvo esta zona, y exigir el cumplimiento de nuestra legislación y estándares ambientales», señalaron los activistas.

En cualquier caso, «esta sentencia nos resulta preocupante, ya que el eventual avance de este proyecto representa un grave riesgo para las especies que habitan en el sector de La Higuera, un área de reconocimiento mundial por albergar fauna marina en peligro, como la ballena azul y diversas aves costeras».

«Además, en esta zona se encuentra la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, uno de los santuarios más importantes del norte de Chile», de modo tal que «un ecosistema tan frágil no puede ser puesto en peligro por los impactos de un proyecto de esta envergadura, que considera intervenciones en mar y tierra».

«El proyecto Dominga lleva más de 10 años en tramitación y ha sido rechazado sistemáticamente por los diferentes actores y organismos involucrados, porque nunca dio respuesta de elementos técnicos para su evaluación: insuficiencia de información en la línea base, falta de evaluación sinérgica de impactos en la flora y fauna local, subestimación de los impactos en aves de la zona, especialmente del pingüino de humboldt, entre otros. En este tiempo, además, la situación ambiental ha cambiado, por lo cual la línea base de proyecto se encuentra obsoleta», agrega Greenpeace, que cierra abogando por que «de manera definitiva, el proyecto Dominga sea rechazado, manteniendo protegida esta invaluable área natural».
https://cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/justicia-ambiental-anulo-el-no-del-gobierno-al-megaproyecto-dominga/2024-12-09/205250.html

Javiera Pizzoleo 18/11/2024
Greenpeace realizó un show de drones al cierre del primer día del festival Ladera Sur con un mensaje para proteger la cordillera de Los Andes, los glaciares y al gato andino.
Bajemos Los Bronces, fue la frase que iluminó el cielo en Las Condes al cierre de la primera jornada del Festival Ladera Sur. La protesta ambiental, realizada por Greenpeace, contó con una flota de más de 200 drones acrobáticos que pudieron ser vistos por los asistentes al festival y en un radio de más de 5 kilómetros a la redonda.

La protesta pacífica se enmarca dentro de su campaña “Subamos la voz, Bajemos Los Bronces”, que busca sumar miles de voces para detener el proyecto minero Los Bronces Integrado, que se ejecutará en la Cordillera de Los Andes, en la Región Metropolitana.

“El propósito de esta acción, que podemos considerar nuestra primera protesta ambiental aérea, es llamar la atención sobre la importancia de cuidar nuestra cordillera de la expansión minera», indicó Matías Asún, director de Greenpeace Chile, al finalizar el show de luces.

“Las obras de Los Bronces Integrado nos afectarán a todas y todos”
Asimismo, el director de Greenpeace Chile agregó que “esta industria amenaza con transformar paisajes y destruir recursos esenciales como los glaciares, que garantizan nuestro suministro futuro de agua”.

«Estudios han demostrado que el polvo y las vibraciones de esta actividad aceleran su derretimiento hasta en un 80%. En un contexto de sequía como el que vivimos, no podemos permitir que esto continúe”, explicó Asún.

En tanto Victoria Uranga, de la Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho, que agrupa vecinos aledaños al proyecto minero, valoró que se realicen este tipo de llamados de atención. “Muy cerca de aquí, a sólo 50 kilómetros de la ciudad, las obras de Los Bronces Integrado nos afectarán a todas y todos, especialmente la vida en el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, que es el hogar de especies únicas como el gato andino, y cuya población adulta se estima en apenas 1.400 ejemplares».

«Con registros recientes se confirmó que habita en esta zona, lo que hace indispensable proteger su hábitat del impacto del proyecto Los Bronces Integrado. Se hace urgente visibilizar estas amenazas y detener la ampliación de esta mina”, aseguró.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2024/11/protesta-contra-los-bronces-cierre-ladera-sur

María del Mar Parra 16/10/2024
Polvo contaminado con metales tóxicos se dispersa desde minas de cobre por largas distancias en el desierto, y se deposita en la superficie exponiendo a comunidades rurales lejanas, no contempladas en planes de descontaminación o monitoreo. Esta es la conclusión de un nuevo estudio.
Por sus características únicas, el desierto de Atacama es un territorio con presencia naturalmente alta de metales como el arsénico o el cobre. Pero un nuevo estudio sugiere que la minería del cobre incide en la dispersión de polvo contaminado con metales pesados, haciéndolo viajar hasta 70 km viento abajo y poniendo en riesgo la salud de comunidades no tan aledañas a las minas, y territorio indígena.

Se trata de un análisis de investigadores de Chile y Alemania que encontraron metales relacionados con la minería en superficies muy lejanas a las zonas inmediatamente cercanas a las minas, y estudiaron las concentraciones de algunos contaminantes.

El estudio detectó un fuerte aumento en la concentración de cobre, molibdeno y sobre todo de arsénico, en áreas que se extendían hasta 50 km desde la actividad minera en el caso de los primeros dos, y hasta 70 km viento abajo en el caso del arsénico. El estudio devela una dispersión de los contaminantes a una distancia mayor de la que se suele considerar, donde los estudios sobre impacto ambiental se centran en zonas más cercanas a la actividad minera.

“El análisis que presentamos urge a una examinación crítica de la normalización de la contaminación en el desierto de Atacama. Más allá de la presencia innegable de metales de fuentes naturales, este trabajo delinea claramente el rol significativo de la minería en su dispersión”, se lee en el estudio.

Ante la evidencia, llaman a expandir los protocolos de monitoreo para entender los efectos combinados de múltiples fuentes y para establecer límites aceptables de concentración de contaminantes en el suelo, el polvo depositado y otras matrices. Esto como primer paso para disminuir la exposición a riesgos de salud en zonas históricamente mineras.

Polvo contaminado
“El polvo con contaminantes se deposita en la superficie y por eso nosotros lo encontramos en los sedimentos. Si está en el suelo, también podría estar depositándose en poblados, en cultivos o en cuerpos de agua”, comenta uno de los investigadores del estudio, Nicolás Zanetta, que recuerda otros dos estudios que realizó en la misma línea, donde encontraron metales depositados en techos y ventanas de comunidades indígenas del Alto el Loa, en el desierto al norte de Calama, o incluso en los anillos de los árboles.

Mientras que las intoxicaciones agudas por arsénico incluyen vómitos, dolor abdominal y diarrea, la exposición prolongada puede generar lesiones cutáneas, cáncer de piel, vejiga y pulmón. La exposición a arsénico se vincula a problemas en el embarazo, mortalidad infantil y problemas de desarrollo cognitivo, de inteligencia y memoria.

La exposición prolongada al cobre o el molibdeno también se ha asociado a aumento en el riesgo de distintos tipos de cáncer, problemas de desarrollo, daños al hígado o al riñón.

Los investigadores argumentan que esta contaminación puede estar afectando localidades rurales y comunidades indígenas que no son frecuentemente monitoreadas ni incluidas dentro de planes de contaminación, los que por lo general se centran en ciudades.

El investigador destaca la falta de límites aceptables o permitidos en Chile para la concentración de metales y metaloides en suelos. “Las normativas que nosotros consideramos, como la italiana o alemana, establecen límites muy por debajo de las concentraciones que hemos encontrado en estas zonas del desierto”, comenta.
https://eldesconcierto.cl/2024/10/16/develan-que-polvo-con-arsenico-de-minas-de-cobre-viaja-hasta-70-km-y-contamina-el-desierto

30/09/2024

Durante la audiencia celebrada en Antofagasta, los ministros Sandra Álvarez, Marcelo Hernández y Alamiro Alfaro escucharon los alegatos de los abogados de los reclamantes, del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la empresa involucrada.

El Primer Tribunal Ambiental dejó en estudio las reclamaciones interpuestas por vecinos de Huasco, Vallenar y Freirina contra la aprobación ambiental del proyecto de depósito de relaves de la planta de pellets de la Compañía Minera del Pacífico (CMP).
Durante la audiencia celebrada en Antofagasta, los ministros Sandra Álvarez, Marcelo Hernández y Alamiro Alfaro escucharon los alegatos de los abogados de los reclamantes, del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y de la empresa involucrada. Se trata de dos reclamaciones, presentadas por pobladores de Huasco, Vallenar y Freirina, que cuestionan la resolución del SEA que aprueba el proyecto. Los vecinos argumentan que la evaluación de impacto ambiental presentó diversos vicios de legalidad y que no se consideraron debidamente sus observaciones ciudadanas.
En a ocasión, los abogados de los reclamantes, Marcos Emilfork y Santiago García alegaron que las modificaciones sustantivas realizadas al proyecto durante la tramitación requerían un segundo proceso de participación ciudadana y que la evaluación debió considerar una consulta indígena debido a la existencia de susceptibilidad de afectación a personas pertenecientes a los pueblos Diaguita y Chango

Además, destacaron que el proyecto se ubica en una “zona de sacrificio”, de manera que la evaluación debería haber considerado este aspecto, así como la situación específica de las personas de Huasco. Entre sus objeciones, resaltaron la falta de análisis sobre los efectos acumulativos y sinérgicos de los contaminantes, así como la evaluación insuficiente de los impactos en la flora (no considerando correctamente el fenómeno del desierto florido), los vestigios arqueológicos y la compatibilidad territorial del proyecto.

Por su parte, los representantes del SEA y de la empresa defendieron la aprobación del proyecto. El abogado del Servicio de Evaluación Ambiental, Juan de Dios Montero, explicó que esta iniciativa se sometió a un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) dado que la compañía reconoció que generaría impactos, pero subrayó que también se hace cargo de un problema preexistente, ya que la planta de pellets carecía de un sistema de relaves. Además, aseguró que los riesgos para la salud fueron adecuadamente evaluados, incluyendo los efectos sinérgicos, así como los impactos sobre la flora y el patrimonio arqueológico.

Del mismo modo, el abogado de la CMP, Rodrigo Benítez, también defendió el proyecto al mostrar imágenes de su funcionamiento y destacar que las reclamaciones carecen de fundamento. Sostuvo que las acciones interpuestas presentan varios vicios formales, debido a que algunos de los reclamantes no tienen legitimación al no residir en Huasco. Además, comentó que la invalidación es improcedente y que se han presentado argumentos que no fueron expuestos durante el proceso de participación ciudadana ni en la reclamación administrativa.

En cuanto al fondo, Benítez expuso que, a su juicio, los reproches sobre el proceso de evaluación ambiental son infundados, constando en el expediente todos los antecedentes que dan cuenta que el proyecto no genera un riesgo para la salud de la población, haciéndose cargo debidamente de sus impactos sobre la flora y el patrimonio arqueológico. Asimismo, explicó que el proyecto es compatible con los instrumentos de planificación territorial aplicables en la zona.

El proyecto
El proyecto de la CMP se ubica en la comuna de Huasco, Región de Atacama, y consiste en la construcción, operación y cierre de un depósito de relaves filtrados en tierra. Este se encuentra en terrenos propiedad de la compañía y está compuesto por tres sectores: filtrado, transporte y depósito.

La causa se encuentra en estudio del Tribunal Ambiental tras la audiencia en la que se analizaron los argumentos de las partes y de la empresa.
https://www.mch.cl/negocios-industria/aprobacion-de-proyecto-minero-genera-reclamos-ante-el-primer-tribunal-ambiental/

25/09/2024
[resumen.cl] Hasta adentrada la noche de este martes fueron cientos de observaciones ciudadanas las que se ingresaron al proyecto minero impulsado por Aclara que pretende instalarse en la comuna de Penco, las cuales se suman los cuestionamientos que presentaron diversos organismos públicos en una de las primeras etapas de tramitación.

Este 24 de septiembre terminó el plazo para el ingreso de observaciones en el contexto de la participación ciudadana del proyecto minero que busca explotar tierras raras en los cerros de Penco.

Si bien la semana pasada el Servicio de Evaluación Ambiental publicó el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA), donde recopila cientos de observaciones de los organismos públicos que se pronunciaron sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, fue este martes el plazo para que organizaciones, comunidades e incluso empresas -como fue el caso de CEMARC- ingresaran las dudas y cuestionamientos que deberá responder el titular REE UNO SPA -hoy en manos de Aclara Resources-.

Así las cosas, durante los próximos meses la empresa minera debería dar respuesta a cada una de las observaciones mediante un documento consolidado (llamado Adenda), por lo que el proceso de tramitación ambiental continuará en curso.

Esto, en un contexto de progresiva presión para acelerar el cuestionado proyecto minero, más aún a partir del Plan de Reconversión impulsado por el Ministerio de Economía tras el proceso de cierre que vive la siderúrgica Huachipato -de la cual el Grupo CAP es propietaria, al igual que de parte del proyecto de tierras raras-.
https://resumen.cl/articulos/proceso-de-participacion-cerrado-cientos-de-observaciones-fueron-ingresadas-al-proyecto-minero-de-tierras-raras-en-penco

26/09/2024
La investigación, entre la regulación chilena y el estándar minero IRMA, establece que las principales brechas están asociadas a la conducta empresarial responsable, gestión de impactos ambientales, mecanismos de participación y de reclamación.

De la mano del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el estudio jurídico peruano Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, el Proyecto MinSus de la GIZ lanzó un estudio comparativo que identifica las principales brechas entre el Estándar IRMA y la normativa de Chile y de Perú relacionada a la minería.
El documento, elaborado por 10 expertas y expertos chilenos y peruanos, analiza las complementariedades entre la legislación chilena y peruana, con cada uno de los 426 criterios de IRMA, identificando que más de la mitad de estos no están cubiertos en la normativa nacional.
La Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA por sus siglas en inglés) es uno de los estándares voluntarios más completos de la industria minera, según un estudio comparativo del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) del 2022, y fue fundado en 2016 por varias organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas compradoras de minerales y metales, inversores, comunidades afectadas, sindicatos y empresas mineras. Su objetivo es establecer un sistema de evaluación de la minería responsable, verificado de manera independiente a través de auditorías de terceros.

La investigación, titulada “Estudio comparativo entre la normativa chilena y peruana con los requerimientos auditados por el estándar IRMA”, revela que las brechas en ambos países se presentan principalmente en normas vinculadas a: 1) la Conducta Empresarial Responsable (CER); 2) la gestión de impactos ambientales; 3) los mecanismos de participación ciudadana; y 4) las exigencias de los mecanismos de reclamación.

Para el caso chileno, el estudio concluye que un 53% de los 426 de los requisitos de IRMA son categorizados como “más exigentes” que la normativa chilena, un 11% no está cubierto en la ley, solo un 29% del total son “igual de exigentes” y un 2% “menos exigentes”.

Para medir el cumplimiento de las empresas mineras de gran escala, IRMA evalúa el nivel de cumplimiento en cuatro principios fundamentales: 1) integridad empresarial, 2) planificación y gestión de legados positivos, 3) responsabilidad social, y 4) responsabilidad ambiental. Al analizar el cumplimiento entre la normativa chilena y estos principios, el estudio reveló que la legislación chilena cubre menos del 3% del primer principio, un 38% del segundo y tercero, y un 26% del cuarto.

Sin embargo, al enfocarse en los requisitos críticos del estándar (los 40 aspectos más relevantes y necesarios para obtener la certificación), el cumplimiento de la normativa chilena sube a un 40%, registrando nuevamente las mayores brechas en el primer principio “Integridad empresarial” y en el cuarto principio “Responsabilidad ambiental”, con un 14% y 13% de correspondencia respectivamente. Destaca el alto nivel de cumplimiento con los requisitos críticos de la “planeación y gestión de legados positivos” y “responsabilidad social” con un 75% y 70% de correspondencia respectivamente.

Al examinar el análisis cualitativo, el estudio concluye que la normativa chilena muestra un alto nivel de alineación con los requisitos de IRMA en temas ambientales y laborales, incluyendo la evaluación y gestión del impacto ambiental y social, el reasentamiento, las condiciones de trabajo justo, la salud y seguridad laboral, el patrimonio cultural, y la calidad del aire. Pese a ello, existen capítulos en materia socioambiental que simplemente no están contemplados en la normativa chilena como lo son el ruido y vibraciones; emisiones de gases de efecto invernadero; biodiversidad; servicios del ecosistema y áreas protegidas; gestión de cianuro; y gestión del mercurio. Se espera que algunas de estas brechas se acorten cuando entren en vigencia la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

En términos prácticos, el estudio informó que, en Chile, hasta noviembre de 2023, dos operaciones mineras habían sido auditadas por IRMA (con resultados publicados), correspondientes a la empresa chilena SQM y la estadounidense Albemarle, cuyas instalaciones de extracción de litio se ubican en el Salar de Atacama. Cada una alcanzó los niveles 75” y 50” respectivamente.

Al respecto, Juan Eduardo Ibáñez, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Universidad Católica y uno de los autores del estudio, comentó que “la obtención de estos niveles refleja un esfuerzo por parte de las empresas en cumplir con los rigurosos requisitos de IRMA, demostrando un trabajo serio y profundo en mejorar sus estándares de conducta empresarial responsable y de sostenibilidad. Esto considerando que la normativa chilena aún presenta importantes brechas en comparación con el Estándar”.

Ibáñez agregó que estas auditorías son una oportunidad para que las empresas mineras comprueben el desempeño socioambiental de sus operaciones y se adelanten a posibles cambios normativos en la legislación nacional o de los mercados donde exportan sus productos.

Finalmente, el estudio entregó recomendaciones para avanzar en una mejor gobernanza minera y concluye que, pese a los avances en las legislaciones de Chile y Perú, que recientemente han incorporado mejores estándares en gestión socioambiental, aún existen brechas por cerrar que, para Juan Eduardo Ibáñez “pueden motivar una reflexión pública y privada sobre la conveniencia y la factibilidad de reducirse progresivamente con el objeto de que la normativa nacional alcance una mayor correspondencia con las normas internacionales de Conducta Empresarial Responsable”.
https://www.mch.cl/negocios-industria/estudio-identifica-brechas-y-recomendaciones-para-promover-una-mineria-responsable/