Las empresas mineras se han convertido en una de las grandes amenazas para el medio ambiente en el Planeta, una problemática que en la Amazonía afecta de modo decisivo «la riqueza del bosque y de los ríos», como nos dice el Documento Preparatorio de Sínodo de la Amazonía, afectando también a varios pueblos en su modo de vida e inclusive siendo expulsados de sus tierras.

La Red “Justiça nos Trilhos”, que está presente en el denominado Corredor Carajás, es una de las voces en la defensa de los pueblos de la Amazonia y del medio ambiente en la región amazónica. El nombre viene de la línea férrea que une la mina de hierro de Carajás, estado de Pará, con el puerto de São Luis do Maranhão, que afecta directa o indirectamente, 27 municipios de la región. En ese sentido, el Padre Dário Bossi, en esta entrevista, relata situaciones degradantes para la vida del pueblo que vive en la región.

De hecho, la minería es una amenaza cada vez más presente en la Amazonía y, según el Padre Bossi, «tenemos que dejar de pensar en ella como proyectos puntuales que casualmente aparecen en un rincón o otro de la Amazonía». Todo está en función de un beneficio económico, facilitado por la flexibilización de las leyes brasileñas en referencia a la minería.

Para abordar esta problemática, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil – CNBB, vio la necesidad de crear un grupo de trabajo, llamado Grupo de Trabajo de Minería, «para crear una conciencia común», según Dário Bossi, «una estrategia de presencia, de control, pero también de enfrentamiento y de denuncia de la Iglesia frente a la minería«.

Desde la perspectiva del Sínodo de la Amazonía, es necesario «que la Iglesia se ponga a la escucha de los afectados por minería«, según el Padre Bossi, quien insiste en la necesidad de que «en todos los contextos donde haya alguien que sospeche que se vea amenazado de alguna manera, rápidamente generar cercanía de la Iglesia».

¿Qué es la red «Justiça nos Trilhos»?

Es un intento de articular entre sí a todas las comunidades que se encuentran afectadas por la minería y siderurgia en un territorio enorme, que es el corredor de Carajás, que va desde la mina de Parauapebas, en Pará, hasta el puerto de São Luis, en Maranhão. Atraviesa dos estados, 27 municipios, con cerca de 100 comunidades en estos municipios, la mayor parte que viven de la agricultura familiar, pero también hay comunidades de descendientes de esclavos, de pescadores, indígenas y comunidades de periferias urbanas.

Todas, sin saberlo, tienen en común el hecho de ser víctimas de un mismo sistema. Tiempo atrás, cada una enfrentaba los conflictos de manera aislada, y a veces ni percibía que las violaciones estaban afectando a los derechos que ellos tenían. La red nació para poner en articulación a esas comunidades y buscar resistencias comunes.

¿Cómo este ferrocarril afecta a la vida de la gente?

De muchas maneras. Hay impactos directos, el problema es de toda la infraestructura: mina, ferrocarril, puerto. Por lo tanto, cada una de estas tres infraestructuras tiene impactos diferentes, la mina es un impacto más a las poblaciones indígenas, expulsiones, creó deforestación, problemas serios de contaminación en la región. El puerto, en el otro extremo, expulsó poblaciones, y ahora, con la expansión del proyecto Gran Carajás está amenazando nuevas expulsiones. La gran infraestructura del ferrocarril, dos veces, una en el proceso de construcción y otra ahora, que estamos en proceso de duplicación del sistema entero, crea impactos que se deben a atropellos y accidentes, porque ese tren atraviesa o bordea muchas muchas de las comunidades donde las personas viven sin ningún tipo de protección.

Rara vez existe una infraestructura proporcionada por la empresa para atravesar las vías. Es un elemento extraño que interrumpe o bloquea, porque a veces los trenes se quedan parados, inclusive por mucho tiempo e interrumpe la vida. En el caso de las personas que atraviesan por debajo del tren o por encima de él, lo que es peligroso, pues cuando él arranca, acaba cortando algunos miembros a las personas o los animales. Además de los accidentes de tráfico, muchas personas o animales son atropellados por el tren cuando pasa. También hay problemas relacionados con las trepidaciones, porque cada vagón pesa 80 toneladas, llega a ser el tren más grande del mundo, son 330 vagones. Es una cantidad enorme de mineral que pasa, y las trepidaciones provocan grietas en las casas, sobre todo aquellas que tienen estructura más simple, desmoronamiento de los pozos, entre otros problemas.

Además, hay problemas de contaminación sonora, porque los trenes pasan día y noche, justo al lado de las casas. Hay escenas simbólicas de profesores que tienen que interrumpir sus clases cada vez que pasa un tren. Y tarda cinco minutos y ahora con la duplicación pasara cada 25 minutos. Hay un secuestro del tiempo relativamente significativo para todas las comunidades que viven alrededor del ferrocarril. También, en los últimos cuatro o cinco años, se construyó un segundo ferrocarril de Carajás, porque la empresa Vale consideró rentable la inversión para duplicar el sistema. Creó una nueva mina, que va a extraer la misma cantidad que se estaba extrayendo, y una expansión del puerto.

Esta nueva construcción se está suponiendo la expulsión de familias y la división de las comunidades, porque la empresa tuvo que renegociar con las comunidades un contrato social, entre comillas, de ocupación de sus territorios a partir de toda la infraestructura necesaria para la construcción. Con eso hubo lo que la empresa llama agentes de integración con la comunidad, que sirven para conquistar personas dentro de las comunidades que sean favorables a los grandes proyectos y que poco a poco minen en el interior de la comunidad cualquier tipo de resistencia. Incluso se convierten en denunciantes de quién está organizando protestas.

Junto con esos impactos directos, ¿cuáles son los indirectos?

Eso está en la esfera de la criminalización, de la división de las comunidades, destrucción del proyecto colectivo de una comunidad en función de un proyecto mayor que viene imponiéndose de arriba a abajo y criminalizando a los líderes. Nosotros, en estos últimos años como red, hemos trabajado demasiado, lo que ha chupado demasiado nuestras fuerzas, en defensa de personas que han sido procesadas por la empresa, como mecanismo preventivo. Espanta a los líderes que se exponen más para calmar y subyugar al resto de la población.

Por último, yo diría también el impacto de una economía impuesta, toda una negación de la diversificación económica típica de cualquier territorio a partir de lo que se dirige en función de un proyecto. Un modelo de economía, funcionando exclusivamente la minería, incluso con todo un trabajo de propaganda y de pequeños beneficios para intentar inyectar en las personas, en los políticos, en la opinión pública que ese es el modelo que funciona, algo que en la crisis de 2008 se desmoronó totalmente.

Vemos una región entera, de dos millones de personas, extremadamente volátil, porque depende del valor del mineral en el exterior, que concentra el ingreso en un sólo actor, que es la empresa Vale, que se convierte en el padrino, algo típico de esas regiones, donde la política repitió el mismo sistema. La empresa Vale apadrinó a muchas personas que dependen de ella o de sus tercerizadas, esa es la gran lucha de cómo desmontar ese sistema.

¿Cuáles son los peligros de la minería en la región amazónica?

La minería tenemos que dejar de pensarla como proyectos puntuales que casualmente aparecen en un rincón o en otro de la Amazonía. Es muy importante comprender que la Amazonía está totalmente distribuida, ha sido todo estudiado y ya hay miles de proyectos potenciales a la espera de licencias. El mapeamiento de los recursos de la Amazonía y, por tanto, el control de los bienes comunes, que ya no son bienes comunes, porque están siendo visados para su privatización, ya está establecido.

Es necesario enfrentar la minería como un sistema económico que incluso los propios estados han asumido como un sistema ventajoso y prioritario para sus políticas económicas, lo que llamamos reprimarización de la economía de la Amazonía. Por tanto, volver a considerar la Amazonía como una gran fuente de materias primas para la exportación, excluyendo todo tipo de reflexión sobre la diversificación productiva, la valorización alternativa de los territorios y también la verticalización de la producción industrial.

El tema de la amenaza de la minería en la Amazonía se une mucho al tema de la flexibilización del licenciamiento ambiental, que es una estrategia del gobierno federal que está siendo fuertemente apoyada por los diputados ruralistas y de la minería, que es fuerte en la Amazonía. Muchos parlamentarios de diferentes partidos fueron financiados con el dinero de las empresas mineras. Ellas tienen una estrategia bastante común, que viene de lejos, de distribuir dinero para garantizar apoyo plural a nivel legislativo y en el sistema ejecutivo.

Actualmente Brasil está pasando por un proceso de renovación del marco legal de la minería, que ha sido obstaculizado por la sociedad civil organizada, que de una manera sorprendente logró bloquearlo en varias instancias. Pero para hacer frente a eso el gobierno Temer prefirió retirar el proyecto legislativo del marco legal y dividirlo en sectores temáticos menores e implantarlo a fuerza de decretos. Ya hubo una reforma de la Agencia Nacional de Minería, también todo un debate sobre nuevos royalties, para la distribución de dinero a los municipios, eso también es un elemento bastante delicado. Nosotros de “Justiça nos Trilhos” hemos hecho investigaciones exactamente sobre la distribución del dinero de los royalties y de otros fondos que la empresa beneficia a los municipios, demostrando que hay muchos mecanismos que acaban desviando ese dinero.

El principio en sí de redistribución del dinero que es generado por la renta de la minería no es suficiente para justificar la oportunidad de la minería en la Amazonía, porque fue uno de los fondos donde más se descubrieron desvíos. Hay todo un debate, que incluso los movimientos sociales están haciendo, sobre cómo reapropiarse de los bienes minerales. Hay una reflexión grande que hay que hacer, primero sobre los ritmos de extracción en la Amazonía, y en general en Brasil, en América Latina, porque no son ritmos que responden a las necesidades del mercado, del sistema productivo mundial, son ritmos que responden a las necesidades financieras del mundo.

En el caso de Mariana o Barcarena, es muy explícito, pues se debería llevar a cabo un plan de cierre de la mina y de gestión de desechos, sobre los planes de gestión de los desechos, una nueva legislación que respete los derechos de los trabajadores. La minería es uno de los campos que más mata, mutila y enferma a las personas. Es un campo sobre el cual la Amazonía tiene que estar con los ojos bien abiertos porque es profundamente amenazador.

¿Dentro de las Iglesias existen colectivos y personas que asumen esa lucha contra las mineras como una prioridad?

“Justiça nos Trilhos” nació con una inspiración eclesial y desde el principio insistió en mantener a la Iglesia involucrada. Las diócesis no se involucraron institucionalmente pero fueron interpeladas y siempre hacen referencia a “Justiça nos Trilhos” como el actor que les representa en el territorio de Pará y de Maranhão. Ellos nos reconocen como una instancia eclesial. Además, el Comité Nacional de Defensa de los Territorios frente a la Minería fue lanzado y agrega a más de cien entidades que se juntan para debatir la cuestión del marco legal y también la postura del gobierno frente a la minería con el fuerte protagonismo de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil – CNBB.

Desde el principio buscamos el apoyo de la CNBB, de la Orden de los Abogados de Brasil – OAB, tuvimos un apoyo significativo, tanto que aún hoy la sede de ese comité está en la CNBB. A partir de eso la CNBB sintió la necesidad de crear un grupo de trabajo, llamado GT de Minería, que se compone de una serie de asesores, yo hago parte también. Son tres obispos y cuatro laicos que estamos planeando un encuentro, que será en el primer semestre del próximo año, llamando a todos los obispos de Brasil que tengan actividades de minería, para comprometerse, para crear una conciencia común, quien tiene visiones más profundas y quien no sabe qué hacer, crear una estrategia de presencia, de control, pero también de enfrentamiento y de denuncia de la Iglesia frente a la minería.

Por último, eso ahí a nivel continental, pero en Brasil está bastante enraizado, la red ecuménica Iglesias y Minería que es una red que intenta articular las comunidades de base con inspiración cristiana o que buscan por la mística y espiritualidad plural una referencia en el enfrentamiento. Es una red que ofrece instrumentos a nivel de comunicación, de formación, de denuncia y también de articulación de red.

Una de las temáticas del Sínodo de la Pan-Amazonia es nuevos caminos para la ecología integral, que hace referencia a esa articulación. ¿Cómo el Sínodo puede ayudar a la Amazonía a tomar conciencia de los impactos de la minería?

Estamos muy contentos porque se ha publicado la Carta Pastoral de los obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana – CELAM, sobre el cuidado de la Casa Común, que sería una contextualización de Laudato Si en el contexto latinoamericano y del Caribe. En este texto, para el cual también contribuimos y eso fue sorprendente, sentimos una buena apertura con respecto a la participación en la redacción, en la reflexión sobre ese texto. Hay mucha referencia a la minería y extractivismo, yo diría que es quizás el punto más fuerte de la carta. La contextualización de la Laudato Si en América Latina no puede evitar afrontar desde el punto de vista eclesial, cristiano, el extractivismo, la minería, y los obispos de América Latina lo confirman con contundencia.

La primera cosa es que el Sínodo dé voz y rescate esa reflexión que viene de los propios obispos y de otro lado la gran insistencia que estamos teniendo y hemos tenido en los últimos años, incluso con el Vaticano, para que la Iglesia se ponga a la escucha de los afectados porque hay un movimiento estratégico de las mayores empresas y corporaciones mineras en el mundo de acercarse a la Iglesia institucional, tanto en el Vaticano como en la Iglesia anglicana, en Canterbury, como en las Iglesias locales hay acercamientos a los episcopados locales.

Las empresas necesitan mucho a la Iglesia como una mediadora, como árbitro neutral que se ponga en el medio campo entre los afectados y los que afectan, que intente estipular acuerdos, pacificar los territorios. Ellos usan esa expresión, la Iglesia como agente de pacificación. Esto nos deja indignados, porque la Iglesia históricamente siempre tuvo su campo, su posición, que fue el campo de los pobres, de las víctimas y de los afectados por ese tipo de modelo. aún más después de Laudato Si.

Hace años que la Iglesia y la Minería está buscando motivar, sea el Vaticano, que ha acogido en varias ocasiones a los grandes jefes de las empresas mineras, en momentos de retiro, al menos dos o tres veces. Motivarla a bajar al campo y escuchar a las víctimas. Por una vez, las víctimas fueron escuchadas en Roma, pero se necesita un movimiento de descenso. Creo que el Sínodo es ese movimiento, una Iglesia que se pone a la escucha de las víctimas para entenderlas, porque ese modelo es insostenible. Hay mucho dinero que está siendo invertido para demostrar que la minería es sostenible, es virtuosa, preserva. Pero cada vez que se necesita invertir dinero para demostrar algo es porque ese algo no es tan evidente. Creo que tenemos que todos los días tenemos que ser testigos de la Iglesia.

También existe el tema de las víctimas. Varias personas de la Amazonía están siendo perseguidas, incluso asesinadas por defender todo lo hace referencia a la preservación ambiental. ¿Cómo ayudar con estrategias que ayuden a proteger a esas personas?

Uno de los motivos que hizo nacer la Red Iglesias y Minería, cuando en el 2012 comenzamos a reunirnos a nivel latinoamericano, el motivo era ese, están matando o están criminalizando y retirando de la resistencia activa a muchos líderes, sacerdotes, monjas, pero también catequistas, líderes de comunidades, que están menos protegidos por no tener la institución de la Iglesia detrás de ellos. El protocolo que la gente identificó fue el protocolo de la proximidad, insistir en que en todos los contextos donde haya alguien que sospeche que se ve amenazado de alguna manera, rápidamente generar proximidad de la Iglesia y de la Iglesia institucional, motivar cada vez más a los sacerdotes, obispos a no dejar de hablar, a no dejar de visitar, de manifestar esa vecindad.

Esto es una enorme diferencia porque devuelve seguridad a la propia persona, a la comunidad, pero también inhibe varias formas de agresión que podrían darse. Después otro canal que la Iglesia domina muy bien es el canal de la comunicación, tenemos un espacio enorme en ello y una capacidad que en algunos casos es esencial para salvación y recuperación de algunas situaciones de emergencia, para denunciar y hacer llegar en varios niveles esa denuncia, a nivel local, regional, estatal, nacional, internacional.

Otro protocolo que ya pusimos en marcha en algunos casos es la activación de las instituciones. Tanto la Red Eclesial Panamazónica – REPAM, como Iglesias y Minería tienen buenas relaciones con instituciones locales dirigidas a la defensa de los derechos y también a instituciones en defensa de derechos a nivel internacional. En varios casos fue necesario activar estos canales y esto ha demostrado que hemos visto sensibilidad. Los organismos internacionales consideran a la Iglesia un actor extremadamente relevante y serio, porque es uno de los pocos actores que está en los territorios de base y que permanecerá. Uno de los límites de las denuncias de violaciones o de criminalizaciones es el hecho de que después de la denuncia, cuando el caso aparentemente se ha resuelto, todo el mundo se retira, mientras la Iglesia, potencialmente, continúa en el territorio. Nosotros tenemos esa característica de ser un interlocutor de confianza con esos organismos internacionales, lo que puede venir a establecer nuevas formas más continuas de acompañamiento de los conflictos y de las denuncias.

La paralización de la RENCA (Reserva Extractivista Nacional de Cobre y Asociados), el año pasado, a partir de las luchas sociales. ¿Es un ejemplo que vale la pena la confrontación contra políticas injustas del gobierno?

Sin duda. Tenemos necesidad de identificar casos de éxito, que no siempre son evidentes como esa de RENCA. Incluso ni la RENCA es tan evidente porque ahora de forma silenciosa, más a pedazos o más de una forma subterránea, el proceso puede continuar. Por otro lado, sin embargo, así como nuestro adversario necesita símbolos, nosotros también necesitamos, poder decir que la sociedad civil de Brasil fue capaz de deshacer un decreto presidencial eso es muy importante, porque muestra que todavía somos fuertes.

Fue un caso que nos enseñó el camino de las piedras. En primer lugar no aislar fuerzas, fue importante que la Iglesia se puso en diálogo con los movimientos sociales, buscaron alianzas de los actores de la opinión pública, hubo un fuerte llamamiento internacional con una buena solidaridad. Aprendimos que esas victorias se dan cuando hay esa capacidad de juntar fuerzas. El problema es que no siempre vamos a tener la fuerza de dar una visibilidad tan grande como se dio al caso de la RENCA.

Esto recomienda un trabajo de hormiguita para conseguir mantener en los territorios a la población movilizada, porque esa es la otra gran fuerza. Si por un lado la RENCA gano relevancia por la visibilidad mediática, por otro lado, otras resistencias, que tal vez quedaron menos conocidas, vencieron y consiguieron mantener la defensa de sus territorios porque la comunidad permaneció unida e indignada, no se dejó seducir, comprar, dividir. Estos son los dos campos que me parece que tenemos que saber actuar contemporáneamente. A veces, en la mediatización del modelo de comunicación de hoy, la tentación es la de migrar al campo de la denuncia más formal o más virtual, pero cómo es importante ese enraizamiento de la Iglesia en los territorios, exactamente para mantener al pueblo movilizado, porque allí es donde se da la escucha y la resistencia más eficaz.

Fuente:http://blogs.periodistadigital.com/luis-miguel-modino.php/2018/10/03/padre-dario-bossi-el-sinodo-debe-provoca

En Brasil, las comunidades indígenas están luchando por sus tierras frente a la amenaza de las grandes empresas, la minería y la destrucción del medio ambiente. En algunos casos, su propia supervivencia está en juego.

el 7 al 11 de agosto tuvo lugar en Brasilia el Encuentro con representantes de las comunidades víctimas de la minería de América Latina. Este evento fue coorganizado por el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM (DEJUSOL), El Grupo de Trabajo sobre Minería de La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), La Alianza Internacional de Instituciones por la Justicia Global (CIDSE) y la Red Iglesias y Minería.

“Hemos compartido con mucho dolor los graves y muchas veces irreversibles daños y violaciones a los derechos humanos y los derechos de la naturaleza que provoca el actual modelo minero extractivista… nuestros pueblos son condenados a un presente y futuro de destrucción y muerte. Es urgente poner límites a este modelo de desarrollo extractivista, como nos señala el papa Francisco” Afirman los participantes en el Encuentro.

Durante el encuentro, se lee en la carta pública difundida al final del evento, “tuvimos la oportunidad de compartir con las víctimas de la minería y con defensores y defensoras de Nuestra Hermana y Madre Tierra[1], constatando como los gobiernos de América Latina no están exentos de responsabilidad en las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en contra de la humanidad. En nuestro continente, por ejemplo, el 60% de los asesinatos corresponde a defensores y líderes comunitarios”.

Resuena en nuestros oídos y en nuestros corazones el desgarrador grito de “socorro” de don Ireneo, un poblador de la Comunidad de Santa Rita, Paracatu, Brasil, quien lleva en su cuerpo un elevado porcentaje de arsénico, como resultado de la contaminación por la mina cercana a su comunidad. Este grito de “socorro”, resuena cada vez con más fuerza y con mayor frecuencia en nuestro continente. Frente a esta desgarradora y avasalladora realidad, como nos lo recuerdan, el papa Francisco[2] y la Conferencia Episcopal Latinoamericana, No podemos seguir respondiendo como Caín: “¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?”. [3]

Las orientaciones que nos hicieron llegar tanto Monseñor Bruno-Marie Duffé (Secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano), como el Cardenal Pedro Barreto Jimeno (Arzobispo de Huancayo y Vicepresidente de la REPAM), fueron fundamentales para afirmar que como iglesias estamos llamados a dar razones y caminos de fe y esperanza de que otro mundo es posible, un mundo donde impere el respeto y el cuidado a la vida natural de la cual forma parte la humanidad. En esta línea:

• Reafirmamos nuestro compromiso de denunciar estas prácticas de muerte y demandar cambios estructurales tanto en la forma abusiva, destructiva e irresponsable de un extractivismo desenfrenado, como en la tolerancia cómplice de nuestros gobiernos que niegan reiteradamente el acceso a la justicia a las víctimas, fomentando prácticas de impunidad y corrupción.

• Ratificamos nuestra vocación y decisión de seguir promoviendo la vida, acompañando los esfuerzos y las luchas de las comunidades afectadas por la minería y otros proyectos extractivistas que afectan gravemente la vida y el futuro de la madre tierra y de todos los seres a quien ella sustenta. Invitamos a otras organizaciones y movimientos sociales a unir fuerzas en estas luchas a favor de las comunidades, sus territorios, culturas y espiritualidades.

• Llamamos a las jerarquías y demás responsables de nuestras iglesias a asumir un mayor compromiso junto a quienes sufren las consecuencias de este modelo económico de producción desenfrenada, consumismo voraz y depredación sin límites de la naturaleza. Las orientaciones de la Encíclica Laudato SI y de la Carta Pastoral del CELAM sobre Ecología Integral deberían servir para impulsar un nuevo tipo de iglesia, un nuevo tipo de sociedad, una nueva Economía y una nueva forma de relación con el conjunto de la Creación.

• A las comunidades y pueblos que resisten los embates del extractivismo, exponiendo sus propias vidas, les agradecemos su ejemplo, valentía y profetismo. Sus luchas y acciones exigen y demuestran al mundo que otra economía y otras relaciones son necesarias, posibles y urgentes. Queremos aprender de ellos, caminar con ellos, ser evangelizados por sus acciones y propuestas, construir juntos alternativas que garanticen el Buen Vivir armónico en nuestra tierra.

• Requerimos de nuestros Estados, una mayor responsabilidad en la administración del Bien Común, una lucha frontal contra la corrupción, la implementación y el control riguroso de normas y leyes que garanticen los derechos humanos individuales y comunitarios, los derechos de la naturaleza y el derecho fundamental de los pueblos a decidir sobre su propio desarrollo, garantizando efectivos procesos de Consulta, Libre, Previa, Informada y de Buena fe, así como el respeto a las decisiones de los pueblos surgidas de estos procesos.

• Llamamos también al mundo empresarial a eliminar sus prácticas de explotación criminal, irresponsable y depredadora de vidas, territorios y culturas que nos están llevando a convertir nuestra Casa Común en un “inmenso depósito de porquería”[4], tal como lo indica el papa Francisco.

• Ha llegado la hora en que cada persona asumamos la responsabilidad de construir otros modelos de producción que garanticen la vida de las futuras generaciones y respeten a la madre tierra, de impulsar un consumo básico y responsable y de apostar por nuevas formas de entender el desarrollo integral.

  Fuente:https://iglesiasymineria.org/2018/08/29/el-extractivismo-acelera-la-destruccion-de-la-casa-comun-afirman-entidades-eclesiales/

¡Socorro! Socorro Argentina, socorro Colombia, socorro Perú, socorro Europa, socorro Canadá, Socorro todos, ayúdennos a resistir y lograr que la empresa y el gobierno nos indemnice, nos reubique, sea responsable de la salud de nuestros hijos, de nuestros padres y de todos nosotros. Necesitamos de su solidaridad. Nuestros derechos tienen que ser respetados. Nuestro Dios no nos puede abandonar y nos manda sus ángeles para darnos fuerza.”

Quien levanta sus gritos es don Irineo, poblador de Santa Rita, ubicada en Paracatu, en el estado de Minas Gerais. Irineo tiene unos 50 años y ha sido afectado gravemente por la minería. No solo ha quedado con su territorio completamente dañado, sino que además los minerales tóxicos que toma y que respira día y noche, le han generado un cáncer que ya le quitó el ojo derecho.

“Hace unos 20 años, era una zona llena de vida. Ésta fue una tierra buena donde crecía y producía todo lo que se sembraba. Teníamos gallinas, vacas, frutas, maíz, frejol, verduras y sobre todo agua limpia en nuestro río”, dice doña Geralda, una anciana de 87 años, que también vive en Santa Rita y vio cómo la minería acabó con ese su hermoso paraíso.

“Nuestras casas han quedado circuladas por grandes represas donde la minera arroja, todos los días, toneladas de desechos minerales, venenos poderosos llenos de cianuro, arsénico, plomo y muchos otros metales pesados. A quinientos metros está ubicada una represa totalmente llena, cuyos líquidos mortales han penetrado en la tierra y contaminado todas las aguas subterráneas y tierras a su alrededor. A mil metros, por este otro lado una represa que ya está llena con miles de toneladas de desechos tóxicos de la minería.”, cuenta Geralda.

Los gritos de Irineo, los gritos de Geralda, los gritos de la comunidad, de la tierra, del aire y el agua, han calado para siempre el corazón de hombres y mujeres, unas treinta personas, provenientes de más de 10 países latinoamericanos que han llegado a Brasilia para participar en el “Encuentro de Afectados y Afectadas por la Minería”, coorganizado por el CELAM, DEJUSOL, CNBB, CIDSE y la Red Iglesias y Minería.

En la ciudad de Paracatu, ubicada en el noroeste de Minas Gerais, se encuentra la mayor mina de oro de Brasil y la más grande a cielo abierto del mundo. Muy cerca de la ciudad y en medio de comunidades agrícolas y ganaderas. La empresa minera es la canadiense KinrossGold Corporation. La proximidad con la ciudad y las comunidades son una de las principales causas de preocupación por la gran cantidad de residuos tóxicos, minerales pasados y polvo que invaden las casas, los terrenos, los ríos y toda la región.

Los afectados/as por la minera en Santa Rita, aseguran, que para producir 15 toneladas de oro al año, la empresa debe remover más de 500 toneladas de terrenos y utilizar prácticamente toda el agua de la zona. Además de almacenar los desechos tóxicos en gigantescas represas que están también a cielo abierto. Como asegura el papa Francisco, en su encíclica Laudato si, en nombre del desarrollo y del progreso “hemos convertido a la hermana tierra en un gran depósito de porquerías.”

Al finalizar, la visita a la comunidad de Santa Rita, cada uno de los delegados/as latinoamericanos, sacudidos por los gritos de Irineo y Geralda, comentaron sobre el impacto de estos testimonios durante la visita y diálogo con los moradores de dicha comunidad, para sus vidas y luchas cotidianas. El padre Dário Bossi, miembro del equipo de coordinación de la Red Iglesias y Minería, hizo un resumen de estas impresiones y emociones.

“Una experiencia de lucha que me motiva a seguir luchando. Siento mucha impotencia, tristeza, indignación, coraje, rabia, angustia. Todo lo que genera la ambición al poder, al dinero. Nos cuestiona. Nos habla de la urgencia de defender la vida. Tenemos que seguir construyendo comunión entre las organizaciones que resisten. Hay un abandono total del gobierno. Doña Geralda y don Irineo son todo un símbolo de las personas abandonadas, de las personas desechadas por este sistema que descarta y acaba con la gente y la madre naturaleza. Debemos ayudar a que este caso sea conocido por el mundo.”

Fuente:https://iglesiasymineria.org/2018/08/08/comunidad-de-santa-rita-en-minas-gerais-reclama-solidaridad-de-las-iglesias/

Logramos hacer una reflexión sobre los impactos de la minería desde los afectados, especialmente para que como Iglesia podamos dar una respuesta articulada en el continente, en la defensa de los territorios y de las poblaciones afectadas.”, manifestó el ambientalista brasileño y franciscano Fray Rodrigo Peret, miembro también de la red Iglesias y Minería.

“Tenemos una tarea muy importante, de sensibilizar las diferentes realidades de la Iglesia para esta realidad que tiene que ver con nuestra vida cristiana y también con un compromiso de Laudato si, para con la vida y el cuidado de la creación.”, agregó.

El encuentro que se desarrolla desde este 8 al 10 de agosto en Brasilia, cuenta con la participación de representantes de comunidades y organizaciones afectadas por la minería en América Latina y la presencia de los obispos de Brasil -CNBB, CELAM, CIDSE y de la red latinoamericana Iglesias y Minería.

El evento analizará la coyuntura de la minería y la realidad eclesial en América Latina, desde una escucha de las realidades de ocho países del continente. Entre otros temas, los participantes debatirán los contenidos, potencialidades y perspectivas de la Carta Pastoral del CELAM: Discípulos Misioneros Custodios de la Casa Común. Así también la dimensión de la comunicación y la formación local, y la presentación de estrategias de CIDSE relativo a la incidencia política de la Carta Pastoral.

De esta manera el Encuentro de Brasilia, en diálogo con la Iglesia institucional, dará continuidad a las iniciativas tomadas en el encuentro de víctimas de la minería, organizado por el Vaticano en julio de 2015. Al finalizar el encuentro está previsto la presentación de la Campaña de Desinversión en Minería por parte de las iglesias.

El Encuentro, forma parte de búsqueda de soluciones radicales que plantea la Iglesia y el papa Francisco en la Laudato si, de suprimir los impactos nocivos de la minería en las personas, en las comunidades, en los territorios y en la naturaleza.

“La minería es una de la principales actividades del capital que afecta la vida y viola los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Como cristianos(as), todos, tenemos un compromiso con la vida, la vida en todo sentido, de las personas, la vida que existe en el planeta. Un compromiso de luchar por la vida, por la dignidad de las personas y de la naturaleza.” Afirmó el franciscano Rodrigo Peret.

Fuente:https://iglesiasymineria.org/2018/08/07/encuentro-de-afectadosas-por-la-mineria-en-al-debera-dar-una-respuesta-articulada-como-iglesia-en-defensa-de-las-poblaciones-y-territorios/

Del 7 al 10 de agosto, en Brasilia, Brasil, se llevará a cabo el Encuentro de Comunidades Afectadas por la Minería en América Latina, cuyo objetivo será escuchar a las comunidades afectadas a causa de las prácticas de la minería ilegal y profundizar la solidaridad de la Iglesia con las víctimas de tales prácticas. El Encuentro, coorganizado por la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil (CNBB), Dejusol-Celam, Cidse y la Red Iglesias y Minería es la continuación del primer encuentro con los afectados por la minería realizado en el Vaticano, en 2015.

“Sentimos y vivimos también la necesidad urgente de mayor articulación en el fortalecimiento y defensa de las comunidades que están bajo grave amenaza, por la completa falta de respeto a la legislación, incluso donde ya existían leyes, tanto ambientales como sociales”, afirma Moema Miranda, socióloga brasileña, una de las coordinadoras del Encuentro e integrante del grupo impulsor de la Red Iglesias y Minería.

Para Miranda, estas comunidades afectadas por la minería esperan “una Iglesia solidaria, peregrina y amorosa que escucha este clamor, que se hace defensa, que se hace solidaridad. Que abre sus puertas para que las comunidades puedan juntas construir alternativas. Una Iglesia que se pone al lado, que se pone en camino. Necesitamos una alternativa a la economía que tenemos hoy, aunque no es un camino a corto plazo”.

Sobre el desarrollo del encuentro, Miranda explicó que “la elaboración de nuevas estrategias se desarrollará a partir de la reflexión pastoral y teológica de los casos de comunidades afectadas en América Latina, en sintonía con las acciones emprendidas por el grupo de trabajo sobre minería de la Conferencia Nacional de Obispos del Brasil y la experiencia de incidencia política de CIDSE (Una alianza internacional de Organizaciones Católicas para el Desarrollo), iluminados por la Carta Pastoral del Celam sobre ecología integral. Asimismo, el encuentro buscará también vincular estas nuevas estrategias a las del proceso del Sínodo de la Amazonía en territorios afectados y amenazados por la minería”. +

Fuente:http://www.aica.org/34785-encuentro-de-comunidades-afectadas-por-la-mineria-en-america-latina.html

El gigante minero BHP y su socio en la empresa conjunta Vale llegaron a un acuerdo con el gobierno brasileño para extinguir una demanda por 20.000 millones de reales ($ 5.300 millones) relacionada con la falla de la presa 2015 en la operación Samarco, que cobró 19 vidas.

El acuerdo les permite a las compañías mineras más tiempo para resolver un reclamo civil mayor de 155 mil millones de reales ($ 41.5 mil millones), presentado por los fiscales federales de Brasil en mayo de 2016, en busca de acciones sociales, compensación ambiental y económica por el peor desastre ambiental del país.

El acuerdo de gobierno entre Samarco, BHP, Vale, el gobierno federal y los estados de Espirito Santo y Minas Gerais, anunciado el lunes, prevé la suspensión del reclamo de 155.000 millones de reales durante dos años.

Durante este período, las partes acordaron diseñar un proceso único para la renegociación del acuerdo marco de marzo de 2016 y avanzar en la resolución del reclamo civil.

El acuerdo recomienda mejoras en el gobierno de la Fundación Renova, que se estableció para llevar a cabo programas ambientales y socioeconómicos para proporcionar una compensación por los daños causados ​​por la falla de la presa.

Las partes también acordaron una mayor participación de la comunidad en las decisiones relacionadas con los 42 programas de remediación y compensación que se desarrollaron después de la falla de la presa, que destruyó varias comunidades.

A pesar del acuerdo, el destino de la operación de Samarco sigue siendo incierto, ya que requiere dos permisos para reanudar las operaciones.

Las operaciones se suspendieron en noviembre de 2015, luego del colapso de la presa de relaves de mineral de hierro.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/06/bhp-y-vale-llegan-a-un-acuerdo-con-los-fiscales-brasilenos/