Una comisión de técnicos y asesores de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) explica el proyecto de Ley Minera en Norte Potosí.
Cooperativistas de la región recibieron ayer información sobre el proyecto de Ley Minera, con las preguntas en qué consiste, cuáles son sus alcances y qué beneficios le reportarán.
El evento contó con la participación de los afiliados a Fencomin y a la Federación Departamental de Cooperativas Auríferas de La Paz.
En la etapa de socialización del borrador de la ley minera que realizan los diferentes sindicatos afiliados a Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), los mineros advirtieron que esta norma favorecería en gran medida al sector de las cooperativas mineras.
El secretario de vivienda de la Fstmb, Teodoro Astete, manifestó que desde hace algunas semanas los diferentes sindicatos de trabajadores mineros se encuentran en la etapa de socialización del borrador del proyecto de ley minera.
Indicó que una gran parte de los sindicatos ya concluyeron el análisis de este documento y dieron a conocer sus observaciones, en la cual señalan que la ley estaría beneficiando más al sector cooperativo.
Pobladores de cinco comunidades indígenas cercanas a la ciudad de Potosí bloquearon desde este jueves la carretera Panamericana en cercanías de Cantumarca imposibilitando el paso entre la Villa Imperial y Oruro.
Las comunidades de Cantumarca, San Antonio entre otras exigen a las autoridades nacionales, acciones inmediatas ante la contaminación derivada de la actividad minera además de la delimitación entre el municipio de Potosí y el de Yocalla.
Guido Armando Cruz, corregidor del cantón Cantumarca, explicó que la decisión del bloqueo surgió en un cabildo, por lo que no existe posibilidad de retirar la medida de presión que ha generado perjuicios a transportistas y pasajeros.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) quiere una consulta previa para el consentimiento de la ejecución de megaproyectos en sus territorios, informó el Jiliri Apu Mallku de la esa organización indígena, Félix Becerra.
El CONAMAQ y el gobierno no llegaron a un acuerdo sobre este punto y al contrario el trabajo de debate sobre el tratamiento del borrador de la futura norma quedó una vez más en cuarto intermedio.
“Consulta previa para consentimiento y no se pudo insertar en el primer artículo, esto es muy importante para ejercer un derecho de libre determinación bajo un consentimiento para cualquier megaproyecto en un territorio indígena”, señaló Becerra a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) pide al gobierno conocer el proyecto de Ley de Minería porque aseguran los originarios que no fueron parte de la redacción del borrador que se anunció será presentado este mes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El Mallku de la Comisión de Tierra Territorio y Autonomías, Juan Guarayo, dijo que pese a la insistencia de su sector para
que el gobierno socialice el proyecto de Ley, éste hizo oídos sordos ante la demanda de los indígenas. Además invitaron al ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, a la Cumbre Minera, que organizaron los originarios la pasada semana en Achocalla, pero no se presentó.
La minería privada apoya que la consulta previa en el sector sólo se realice para tareas de explotación, tal como se establece en el proyecto de Ley de Minería, y no así en la fase exploratoria porque esto ahuyentaría las inversiones. Esta posición es apoyada por los asalariados del sector.
El presidente de la Asociación Nacional de Mineros Medianos, Humberto Rada, que representa al sector privado, informó ayer que en la actualidad sólo se hace consultas a los pueblos indígenas cuando ya se conoce el impacto que va a tener un proyecto por su tamaño o dimensión, ya que en la prospección uno no sabe si hay yacimientos.
“Si queremos tener minería hay que facilitar las cosas, si ponemos trabas y hacemos consultas para exploración muy difícilmente alguien se va a animar a hacer exploración”, dijo Rada, que ayer se reunió con el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, para manifestarle su posición sobre el proyecto de Ley de Minería.
Los días 18 y 19 de julio, en la localidad de Achocalla (La Paz), se organizó un encuentro a nivel nacional de las autoridades originarias que componen el CONAMAQ. Motivo para la reunión fue el anuncio de un personero (el Viceministro de Producción) del Ministerio de Minería y Metalurgia en sentido de que el anteproyecto de la Nueva Ley Minera se habría concluido y que el mismo estaría listo para que el Gabinete del Presidente Evo Morales lo revise. Una vez concluida esa tarea, pasaría a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su respectivo tratamiento por los legisladores nacionales.
El solo hecho de anunciar de la nueva Ley de Minería, -como no podía ser de otra manera,- ha movilizado a las autoridades originarias aglutinadas en la CONAMAQ. Por eso decidieron organizar una «Cumbre» para ver y analizar los verdaderos alcances de la referida ley.
El lago Uru-Uru se localiza en la parte oriental del departamento de Oruro a unos 15 minutos de la ciudad de Oruro. Se formó en 1955 causado por un desplazamiento de cauce del río Desaguadero. Tiene una superficie de 260 km2 (120 km2 mínimo, 350 km2 máximo), una longitud de 32 km máximo y una anchura de 11 km máximo. Su profundidad no supera 1 metro. Se encuentra a 3680 m sobre el nivel del mar. Juntos con el lago Poopó forma el mayor cuerpo de agua en el Altiplano, después del lago Titicaca.
El lago Uru-Uru, juntos con el lago Poopó, fue nombrado Sitio Ramsar en el año 2002, debido a las características ecológicas, botánicas, zoológicas, limnológicas e hidrológicas del lago y sus entornos. Como Sitio Ramsar de importancia internacional, tiene que ser conservado y protegido a través de acciones y políticas públicas de manejo integral y sostenible. Han transcurrido más de 10 años de la declaratoria de Sitio Ramsar, ¿se ha conservado y protegido este lago, se han implementado políticas públicas y proyectos a favor del lago?
El gobernador del departamento de Chuquisaca, Esteban Urquizu, en conferencia de prensa anunció hoy el fallo que anula el pago de 93 millones de dólares a la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) por las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA).
“Todos los procesos que estaba encarando en contra del gobierno departamental autónomo de Chuquisaca y al final en contra de todo el pueblo chuquisaqueño, hoy entiendo que se anula, y por tal razón sus procesos siempre eran mentiras para engañar al pueblo”, manifestó Urquizu.
El gobernador hizo un llamado a SOBOCE para entablar un diálogo que permita llegar a un acuerdo amistoso en el pago de las acciones que adeuda la gobernación a la corporación del cemento. “La gobernación siempre ha estado predispuesta a sentarnos, al diálogo, pero sin discursos de doble moral”, señaló.
Síndicos de oposición y oficialismo en FANCESA celebraron la determinación de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia. Consideran que ahora se deberá tomar todos los recaudos legales para evitar futuros conflictos.
“Como chuquisaqueño a mi me alegra que exista un mecanismo legal que impida que se pague a SOBOCE un dólar o cien millones de dólares, son recursos que indudablemente afectan a la región porque están circunscritos varios proyectos a los mismos”, señaló John Cava, directivo de FANCESA en representación de la alcaldía.
El síndico, Valerio Llanos, representante de la Gobernación y la factoría, anunció posibles procesos penales contra el juez del caso por delito de prevaricato.
“En este caso corresponde iniciar un proceso legal penal por prevaricato porque si una autoridad a sacado un fallo en una primera instancia alejado de la normativa legal, donde ni siquiera existía un apersonamiento correcto de una persona jurídica como es la Sociedad Boliviana de Cemento obviamente de manera institucional todo el equipo de abogados que tiene la Gobernación va tener que iniciar las acciones legales”, indicó.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Antonio Revilla, desestimó que en la emisión de la sentencia que fue anulada, haya habido cierta parcialización por lo cual dijo que no corresponde iniciar ningún tipo de demanda.
“El señor juez ha actuado en el marco de su actuación jurisdiccional y por consiguiente lo que corresponde a este tribunal es velar por la independencia de los jueces, y consiguientemente cualquier fallo que dicte un juez y que no sea conforme a alguna de las partes no nos corresponde intervenir sino en respetar la independencia de ese juez”, declaró.
Subrayó que “si hay algún cuestionamiento a ese juez, se vaya a la vía correspondiente sólo si hay argumentos sólidamente expresados”.
En abril de este año un juez comercial determinó multar a la gobernación de Chuquisaca con el pago de más de 93 millones de dólares en favor de la Sociedad Boliviana de Cemento por haber incumplido con el pago de las acciones revertidas en Fancesa de manos de SOBOCE para administración del gobierno departamental.
La Constitución garantiza este derecho sólo para actividades de explotación
El proyecto de Ley de Minería establece que los planes que comprendan prospección y exploración no requerirán de consulta previa a los pueblos indígenas que habiten en el área de la operación minera. La Constitución garantiza este derecho sólo en fase de explotación de recursos naturales.
La propuesta final de la normativa, entregada el 12 de julio al ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, determina en su artículo 186 que “las operaciones mineras que comprendan sólo prospección y exploración no requieren de consulta previa” (actualmente necesaria en todas las fases de cualquier proyecto minero).
“Esta medida es muy positiva” y si es aprobada en la Asamblea Legislativa “sería un gran paso” para el desarrollo del sector minero, afirmó el exministro de Minería Dionisio Garzón.