Los trabajadores de la Empresa Minera Huanuni señalaron en octubre que no confiaban en el Gobierno para administrar sus ahorros para la jubilación.
Mineros: la vanguardia de una clase trabajadora que desconfía del GobiernoUn minero durante una vigilia en la ciudad de La Paz. APG
Manuel Filomeno

26/12/2022
El 11 de octubre de 2022, luego de enfrentarse a la Policía al intentar ingresar a la Plaza Murillo, los mineros de Huanuni tomaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).

Fue una toma pacífica, los dirigentes del ente rector de los trabajadores habían abandonado el edificio minutos antes, prevenidos de la llegada de los mineros.

En esa mañana, temprano, los mineros que peleaban contra la Policía levantaban carteles con dos demandas: la primera, la abrogación de un decreto que obligaba las empresas públicas a entregar parte de sus utilidades al Tesoro General de la Nación (TGN) y, la segunda, la paralización de la Gestora Pública.

“El Estado, por la historia, nunca ha sido un buen administrador. Necesitamos las garantías en este momento de que nuestros aportes van a estar seguros. Por eso estamos pidiendo la paralización inmediata de las Gestoras Públicas hasta que haya un consenso real con los trabajadores”, manifestó entonces el dirigente de los mineros de Huanuni, Ronald Mamani.

Semanas antes, los trabajadores de Colquiri llegaron a La Paz para demandar la paralización de la Gestora y por otras demandas.

“La asamblea general de los trabajadores de Colquiri ha rechazado totalmente, porque no confiamos en una administración del Estado cuando, obviamente, hemos visto en los pasados años que la administración del Estado va desviando los aportes económicos que hacemos como un sector productivo”, declaró el ejecutivo de Colquiri, Joaquín Mamani.

Sin embargo, los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri firmaron el acuerdo en el que el Gobierno se comprometía a atender sus otras demandas y la protesta se desactivó.

Un grupo de mineros de Huanuni tomó las instalaciones de la COB, durante las protestas contra la Gestora. APG
El 11 de octubre de 2022, luego de enfrentarse a la Policía al intentar ingresar a la Plaza Murillo, los mineros de Huanuni tomaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB).

Fue una toma pacífica, los dirigentes del ente rector de los trabajadores habían abandonado el edificio minutos antes, prevenidos de la llegada de los mineros.

En esa mañana, temprano, los mineros que peleaban contra la Policía levantaban carteles con dos demandas: la primera, la abrogación de un decreto que obligaba las empresas públicas a entregar parte de sus utilidades al Tesoro General de la Nación (TGN) y, la segunda, la paralización de la Gestora Pública.

“El Estado, por la historia, nunca ha sido un buen administrador. Necesitamos las garantías en este momento de que nuestros aportes van a estar seguros. Por eso estamos pidiendo la paralización inmediata de las Gestoras Públicas hasta que haya un consenso real con los trabajadores”, manifestó entonces el dirigente de los mineros de Huanuni, Ronald Mamani.

Semanas antes, los trabajadores de Colquiri llegaron a La Paz para demandar la paralización de la Gestora y por otras demandas.

“La asamblea general de los trabajadores de Colquiri ha rechazado totalmente, porque no confiamos en una administración del Estado cuando, obviamente, hemos visto en los pasados años que la administración del Estado va desviando los aportes económicos que hacemos como un sector productivo”, declaró el ejecutivo de Colquiri, Joaquín Mamani.

Sin embargo, los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri firmaron el acuerdo en el que el Gobierno se comprometía a atender sus otras demandas y la protesta se desactivó.

Esta declaración pasó inadvertida, ya que luego de una reunión con el Gobierno y el compromiso de cumplir sus otras demandas, la protesta quedó desactivada.

Sin embargo, en octubre, la declaración del dirigente de Huanuni fue el germen para muchas otras, de varios sectores, que se sucedieron en los días y semanas siguientes.

“En este momento (el Gobierno) pretende administrar la Gestora Pública sin un consenso. Los trabajadores no hemos decidido ese tema. Necesitamos conocer cómo y en qué sentido va a beneficiar a los compañeros trabajadores”, agregó Mamani.

En los días siguientes, el ejecutivo nacional del magisterio Rural de Bolivia Andrés Huayta también expresó sus dudas de que la Gestora se haga cargo de los aportes de los trabajadores para su jubilación. Dijo que los maestros están en emergencia.

“No quedaron claras todas las explicaciones que nos han hecho, sobre las inversiones, sobre la forma de administración. Hemos consultado sobre el directorio laboral, ellos no saben absolutamente nada (…). El magisterio nacional en el mismo sentido, rechaza que el Estado administre nuestros recursos”, indicó cuando el conflicto estaba en marcha.

El dirigente cuestionó entonces que en esa institución se paguen salarios elevados hasta 35.000 bolivianos, mientras los que aportan reciben rentas “miserables” de jubilación, después de tantos años de servicio.

De la misma manera, el sector del magisterio urbano de La Paz cuestionó el decreto 4783 y la creación de la Gestora del Estado. “Cuando cuestionan el hecho de que la Gestora Pública pase a la administración exclusiva del Estado, nosotros también ratificamos que es una forma de colocar en peligro nuestra jubilación”, señaló el dirigente del magisterio del departamento de La Paz, José Luis Álvarez.

La Confederación de Jubilados de Bolivia también rechazó que la Gestora administre sus aportes porque cree que el Estado no garantiza un buen manejo de sus recursos.

“El Gobierno tiene que hacer caso, los mineros tienen razón, tenemos que consensuar cualquier decreto o cualquier ley con los trabajadores aportantes y con los jubilados”, manifestó entonces el secretario general de la Confederación de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala.

A los maestros, los trabajadores universitarios, los médicos y los jubilados se unieron luego los trabajadores fabriles, que además exigieron ser parte de la administración de la Gestora.

“Nosotros tenemos que tener la mayoría, nosotros tenemos que definir la política”, dijo Vitalino Mamani, secretario permanente de la Confederación General de Trabajadores de Bolivia.

Los jubilados apoyaron el pedido y solicitaron que los trabajadores y su sector sean parte activa del directorio de la Gestora Pública, y sean quienes administren dicha empresa, con el fin de precautelar y garantizar aportes de los trabajadores y jubilados del país.

“Tenemos que consensuar cualquier decreto, cualquier ley con los directos aportantes (…), lo que queremos es que la administración sea por los trabajadores y por los jubilados, porque no puede ser que el Estado con un decreto se haga cargo, por eso es nuestra asistencia aquí como confederación”, indicó Ayala.

El dirigente de los jubilados señaló que el sector ya se opuso, con una huelga de hambre, desde la pasada gestión a que la Gestora sea administrada sólo por los funcionarios públicos y no haya participación de los trabajadores activos y el sector de jubilados.

El Gobierno respondió que las puertas de la Gestora estaban abiertas para los trabajadores; sin embargo, el gerente de la entidad aclaró que para entrar en el directorio los trabajadores debían estar cualificados para hacerlo.

El Gobierno también terminó desarticulando las protestas de los mineros de Huanuni, acordando retrasar la migración de sus datos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) a la Gestora Pública, medida que fue vista como una muestra de favotitismo por el resto de la sociedad, que expresó su miedo y preocupación por el paso de sus aportes al control del Estado, pero que no tuvo la fuerza para salir a las calles a reclamar.

Esta declaración pasó inadvertida, ya que luego de una reunión con el Gobierno y el compromiso de cumplir sus otras demandas, la protesta quedó desactivada.

Sin embargo, en octubre, la declaración del dirigente de Huanuni fue el germen para muchas otras, de varios sectores, que se sucedieron en los días y semanas siguientes.

“En este momento (el Gobierno) pretende administrar la Gestora Pública sin un consenso. Los trabajadores no hemos decidido ese tema. Necesitamos conocer cómo y en qué sentido va a beneficiar a los compañeros trabajadores”, agregó Mamani.

En los días siguientes, el ejecutivo nacional del magisterio Rural de Bolivia Andrés Huayta también expresó sus dudas de que la Gestora se haga cargo de los aportes de los trabajadores para su jubilación. Dijo que los maestros están en emergencia.

“No quedaron claras todas las explicaciones que nos han hecho, sobre las inversiones, sobre la forma de administración. Hemos consultado sobre el directorio laboral, ellos no saben absolutamente nada (…). El magisterio nacional en el mismo sentido, rechaza que el Estado administre nuestros recursos”, indicó cuando el conflicto estaba en marcha.

El dirigente cuestionó entonces que en esa institución se paguen salarios elevados hasta 35.000 bolivianos, mientras los que aportan reciben rentas “miserables” de jubilación, después de tantos años de servicio.

De la misma manera, el sector del magisterio urbano de La Paz cuestionó el decreto 4783 y la creación de la Gestora del Estado. “Cuando cuestionan el hecho de que la Gestora Pública pase a la administración exclusiva del Estado, nosotros también ratificamos que es una forma de colocar en peligro nuestra jubilación”, señaló el dirigente del magisterio del departamento de La Paz, José Luis Álvarez.

Protesta. Pidieron la abrogación de un decreto y la paralización de la Gestora, pero no lograron ninguno de los dos objetivos.

Victoria. Pudieron retrasar temporalmente la migración de sus datos a la entidad estatal.

Los trabajadores mineros
La Confederación de Jubilados de Bolivia también rechazó que la Gestora administre sus aportes porque cree que el Estado no garantiza un buen manejo de sus recursos.

“El Gobierno tiene que hacer caso, los mineros tienen razón, tenemos que consensuar cualquier decreto o cualquier ley con los trabajadores aportantes y con los jubilados”, manifestó entonces el secretario general de la Confederación de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala.

A los maestros, los trabajadores universitarios, los médicos y los jubilados se unieron luego los trabajadores fabriles, que además exigieron ser parte de la administración de la Gestora.

“ Lo que queremos es que la administración de la Gestora sea por los trabajadores y por los jubilados”.
“Nosotros tenemos que tener la mayoría, nosotros tenemos que definir la política”, dijo Vitalino Mamani, secretario permanente de la Confederación General de Trabajadores de Bolivia.

Los jubilados apoyaron el pedido y solicitaron que los trabajadores y su sector sean parte activa del directorio de la Gestora Pública, y sean quienes administren dicha empresa, con el fin de precautelar y garantizar aportes de los trabajadores y jubilados del país.

“Tenemos que consensuar cualquier decreto, cualquier ley con los directos aportantes (…), lo que queremos es que la administración sea por los trabajadores y por los jubilados, porque no puede ser que el Estado con un decreto se haga cargo, por eso es nuestra asistencia aquí como confederación”, indicó Ayala.

“El Estado, por la historia, nunca ha sido un buen administrador. Necesitamos garantías”.
El dirigente de los jubilados señaló que el sector ya se opuso, con una huelga de hambre, desde la pasada gestión a que la Gestora sea administrada sólo por los funcionarios públicos y no haya participación de los trabajadores activos y el sector de jubilados.

El Gobierno respondió que las puertas de la Gestora estaban abiertas para los trabajadores; sin embargo, el gerente de la entidad aclaró que para entrar en el directorio los trabajadores debían estar cualificados para hacerlo.

El Gobierno también terminó desarticulando las protestas de los mineros de Huanuni, acordando retrasar la migración de sus datos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) a la Gestora Pública, medida que fue vista como una muestra de favotitismo por el resto de la sociedad, que expresó su miedo y preocupación por el paso de sus aportes al control del Estado, pero que no tuvo la fuerza para salir a las calles a reclamar.
https://www.paginasiete.bo/especial01/mineros-la-vanguardia-de-una-clase-trabajadora-que-desconfia-del-gobierno-ED5775556

23/12/2022

Esfuerzos de reconstrucción en la presa de relaves Fundão de Samarco en 2017.| Crédito: BHP
Un juez británico ha fijado para abril de 2024 la fecha del juicio contra el grupo BHP por la catástrofe minera de Brasil, en el que los demandantes reclaman unos 10 000 millones de libras (USD 12 000 millones de dólares).

Está previsto que la audiencia, de ocho semanas de duración, se celebre casi nueve años después de que el derrumbe de una represa desatara un torrente de residuos que causó 19 muertos y contaminó los cursos de agua de dos estados brasileños.

“Dada la escala y la naturaleza del litigio, no es sorprendente que haya habido impugnaciones, apelaciones y cambios en las demandas”, escribió la juez Finola O’Farrell en una sentencia publicada el miércoles. “Sin embargo, ha llegado el momento de evitar más retrasos y hacer progresos sustantivos en la resolución del litigio“.

Ejecutivos actuales y anteriores de BHP, que cotiza en Londres, se enfrentarán a un interrogatorio cruzado sobre su papel en el desastre, según Pogust Goodhead, el bufete que lleva el caso en nombre de más de 400 000 demandantes brasileños. Se trata del mayor litigio colectivo de la historia de los tribunales civiles ingleses, según estimaciones del bufete.

BHP dijo en un correo electrónico que la audiencia no considerará ningún pago de indemnización y que no ha habido ninguna decisión con respecto a la supuesta responsabilidad de BHP o si habrá alguna determinación de pagos a los demandantes y cuándo.

“BHP refuta plenamente las alegaciones de los demandantes ingleses y continuará defendiéndose en el caso, que consideramos innecesario ya que duplica cuestiones ya tratadas por el trabajo existente y en curso de la Fundación Renova – bajo la supervisión de los tribunales brasileños – o son objeto de procedimientos judiciales en curso en Brasil”, dijo la compañía.

BHP solicitó recientemente que la minera brasileña Vale SA comparta la responsabilidad en caso de que pierda la demanda colectiva del Reino Unido. El caso no nombra a Vale a pesar de que la represa era gestionada por Samarco, una joint-venture entre las dos empresas mineras. Vale declaró que sus asesores jurídicos estudiarán detenidamente los detalles y presentarán su respuesta en el momento y la forma adecuados.
Fuente: Reuters

BHP se enfrenta a una demanda de USD 12 000 millones por caso de una represa en Brasil

06/12/2022
Fuente: Colectivo CASA. Marcha en rechazo a la Minería y Represa de Tacagua. 2022

Ministerio de Minería dispone No continuar con trámite para explotación cerca de la Represa de Tacagua

(Colectivo CASA 04/12/2022).- Mediante Resolución del Ministerio de Minería y Metalurgia se da razón a las comunidades de Acallapu, Tolapujro Cepeda, a la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riego Nº2 Tacagua, al gobierno Municipal de Challapata, a los siete ayllus y a la población en general de Challapata quienes ratificaron su “NO” a la minería, y sumaron otro triunfo en su cruzada medioambiental que lleva 30 años para evitar contaminación de las aguas puras de la represa que sirven a la producción agroganadera y lechera de 1500 familias.

El Ministerio de Minería y Metalurgia dispuso la “no continuidad” del tramite de contrato administrativo para explotación minera de una cuadricula solicitada por la “Empresa El Buen Samaritano” SRL en las comunidades de Acallapu y Tolapujro del municipio de Challapata por poner en riesgo una cabecera de cuenca que alimenta a la represa de Tacagua y a la misma Represa de Tacagua embalse de agua vital para la economía agroganadera de la región.

La dirigencia de los regantes celebró esta disposición que escucha el clamor de las y los regantes de Challapata que buscan mantener su actual equilibrio con la madre tierra, además de garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía de Challapata, Oruro y poblaciones cercanas de Potosí. De la misma manera las Mujeres Defensoras de la Madre Tierra – RENAMAT que tambien son regantes expresaron que la lucha de Challapata es una esperanza para todas las comunidades que defienden el agua y sus derechos frente a la minería.

La resolución de la cartera de minería surge tras informe de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera donde emite informe de la posición de las comunidades en su rechazo tajante al ingreso de operaciones mineras, y su negativa de acudir a la consulta previa con la empresa minera.

Cabe recordar que en la última semana de octubre, centenares de regantes se movilizaron a Oruro exigiendo la anulación del proceso administrativo minero en respeto a su vocación productiva

CABECERA DE CUENCA
Fuente: Colectivo CASA. Represa de Tacagua en Challapata . 2022

La represa de Tacagua se encuentra a 3.97 kilómetros del área minera solicitada para explotación minera. Entre Acallapu y Tolapujro se encuentra una quebrada donde se encuentra una cabecera de cuenca de agua que es otra vertiente clave para las comunidades aledañas y el mismo embalse.

La Ley de Minería y Metalurgía en su parágrafo 1 del artículo 208, establece prohibiciones para la explotación en estas áreas como también en lagos, ríos, vertientes y embalses. Este aspecto fue considerado por el informe de la misma institución gubernamental.

La resolución también tomó en cuenta la Ordenanza Municipal 45/2011 del Honorable Concejo de Challapata que declara “…protección hídrica y ambiental de un perímetro de 5 kilómetros a la redonda de la represa de Tacagua…”.

Asimismo, se consideró como informes la presencia de los sembradíos de los comunarios que dependen del agua pura de la zona para sostener su economía sentada en la producción lechera.

REAFIRMAN SU NO A LA MINERIA

Los representantes del municipio de Challapata, la Organización de Autoridades Originarias “Siete Ayllus”; la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra; el Colectivo “CASA”, las autoridades municipales de Challapata, consideran un triunfo de la lucha del pueblo de Challapata y de los Regantes de Tacagua, en el respeto a su derecho a la vida libre de contaminación, al agua y la valoración productiva porque Challapata es la capital agrícola, ganadera e industrial lechera del Occidente Boliviano

Fuente: Colectivo CASA. Marcha en Rechazo a la Minería. 2022

Colectivo CASA
www.colectivocasa.org.bo
Colectivo CASA
Oficina Oruro
La Plata N° 1768 entre Murguía y Sucre
Telefono fax: 591 (2) 5253641
Oruro – Bolivia

Redacción Diario Página Siete

06/12/2022
En el aniversario de la Armada Boliviana, el presidente Luis Arce instruyó ayer a esa fuerza a fortalecer el combate contra la explotación ilegal de oro. Se comprometió -además- a reforzar el equipamiento.

“Hoy más que nunca la Armada Boliviana debe ayudar a eliminar la exportación ilegal del oro y otros recursos naturales. Debe contribuir a un uso más eficiente de nuestros ríos y lagos para fortalecer la economía del país; el Gobierno seguirá equipando de todo lo que sea necesario para que cumpla ese objetivo”, afirmó el mandatario.
https://www.paginasiete.bo/economia/arce-pide-luchar-contra-explotacion-ilegal-de-oro-KE5521491

 

02/12/2022

Las organizaciones indígenas, sociales e instituciones de la sociedad civil durante dos días trazaron una hoja de ruta hacia el Foro Social Panamazónico, que en su versión XI el 2024 se llevará a cabo en Bolivia, la sede será Rurrenabaque y San Buenaventura.

0f7e491b-2629-49c4-afb9-52f4a01c508f Participantes del Encuentro Nacional rumbo al Fospa en el ingreso a San Buenaventura. Foto y video: ANF
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(ANF).- Las organizaciones indígenas demandaron, desde la Amazonía que las autoridades frenen la contaminación de los ríos y de los peces con mercurio producto de la actividad minera de explotación de oro, que paren los avasallamientos, los nuevos asentamientos humanos, los ataques a las áreas protegidas y la deforestación. Anuncian una lucha permanente.

Las palabras de las instituciones de la sociedad civil y de las organizaciones indígenas se escucharon en el lanzamiento del Encuentro Nacional camino al XI Foro Social Panamazónico (Fospa), acto que se realizó en el río Beni, entre los municipios de Rurrenabaque, Beni, y San Buenaventura, La Paz.

“Esto es lo que las empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas están queriendo destruir”, señaló la vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), Miriam Pariamo, en dirección al paisaje verde que imponen los parques naturales del Madidi y Pilón Lajas.

Pidió apoyo a toda la población para que se sumen a su lucha “Queremos hacer conocer al país, estamos en la lucha por los territorios, la Amazonía y los pueblos indígenas. Ya no queremos más los ríos contaminados con mercurio, no queremos más pescado con mercurio, no queremos más atropello a los derechos de los pueblos indígenas”, alzó la voz.

La preocupación de los líderes sociales, indígenas e institucionales es coincidente sobre los problemas que la región amazónica debe enfrentar por el modelo y las políticas extractivas del Gobierno del Estado plurinacional.

Durante dos días (30 de noviembre y 1 de diciembre) instituciones de la sociedad civil, defensores sociales, representantes indígenas, guardaparques, organizaciones de Rurrenabaque y San Buenaventura, representantes de ambos gobiernos municipales, discutieron una agenda y hoja de ruta rumbo al Fospa 2024.

El director de Fundación Solón, Pablo Solón, dijo a la ANF que en julio del próximo año se realizará el “preFospa” que será parte del proceso preparatorio al Foro Social Panamazónico que se realizará en los dos municipios el 2024.

“El Prefospa se realizará en julio, será un encuentro con diferentes actores a favor y en contra del Gobierno, del Estado para discutir a partir de qué se hace con este grave problema que afecta a la región que es la contaminación minera que es el tema mercurio”, sostuvo.

“Esperamos que en este escenario podamos debatir y definir estrategias para una defensa real ante las amenazas que están pasando en los territorios con relación a proyectos del gobierno central y de las actividades mineras. En este río, donde nos encontramos, hace 10 años era limpio, pero hoy, en la cabecera del río, se explota minería”, dijo el vicepresidente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), Lino Illimuri.

En las mesas de trabajo donde se plantearon los diferentes temas de preocupación en la Amazonía, salió de manera recurrente que es tiempo de que los foros den resultados concretos y que no se constituyan solo en espacios de debate y reflexión.

Solón manifestó que las instituciones y organizaciones que plantearon el tema “tienen toda la razón” y que por ese motivo el Fospa convocará “a los actores estatales y no estatales, convencidos y no convencidos para discutir sobre la base de propuestas y no solo quejas, alternativas a los grandes problemas que afectan a la región.

Así como el tema minero, la deforestación, la titulación de tierras, las áreas protegidas que están en permanente ataque y agresión de diferentes actores, requieren “resultados concretos” para frenar la contaminación de los ríos, la deforestación, el avasallamiento, entre otros.

Insistió que es tiempo de hacer “incidencia” y no solo debates o reflexiones, por esa razón se invitará a los mineros y cooperativistas para discutir sobre los impactos del mercurio, de la explotación del oro con los afectados, con los que sufren el impacto y daño de esa actividad.

“No podemos seguir hablando entre convencidos, sino tenemos que hablar con aquellos que están generando grandes impactos y daños bore la Amazonía”, dijo Solón, al señalar que el espacio fue “muy productivo” para seguir avanzando en la defensa del medio ambiente y de los territorios indígenas.

Precisó que otra de las propuestas es salir de las aulas, dejar los seminarios y visitar los territorios donde se sufren los impactos ambientales y sociales y los daños. “Llegar a los lugares donde hay graves problemas de agua, en áreas protegidas (…) Se harán denuncias, pero también construcción de propuestas».

El encuentro tiene el fin de planificar los preparativos para el Fospa, versión se realizará en Bolivia, precisamente en las ciudades amazónicas de Rurrenabaque y San Buenaventura, en julio de 2024. Del XI Fospa participan delegaciones de los nueve países amazónicos: Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Bolivia.
/NVG/
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/el-clamor-de-los-indigenas-no-queremos-mas-los-rios-contaminados-ni-el-pescado-con-mercurio-419347